Óscar Contardo's Blog, page 19

Elección

El 7 de diciembre se realizó el debate radial entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera. Mientras en dicha confrontación las diferencias programáticas entre ambos candidatos quedaron al descubierto, en el posterior debate de Anatel se notó un claro esfuerzo -mejor logrado por parte del representante de Chile Vamos- de atraer, en el eje de izquierda a derecha, al votante de preferencias medianas. Es este votante, poco ideologizado, que en definitiva determinará el resultado de la elección.

No obstante, el gobierno luego tenderá a reflejar las preferencias del Presidente, por lo que vale la pena indagar por lo menos algo sobre los principios del ordenamiento social que subyacen a las prioridades de ambos candidatos.

Alejandro Guillier concluyó su participación en el debate radial esbozando una sociedad de derechos. Agregó posteriormente que los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda -que sabemos le gustaría den origen a servicios de calidad- tienen que estar acompañados de las gratuidades universales correspondientes. Debiera ser evidente para todos que tal ofertón no puede ser más que un anhelo. Es importante señalar que si bien se mostró definitivamente partidario de la provisión estatal de los nombrados servicios, manifestó que su producción podía ser mixta, es decir, al menos parcialmente privada.

Sebastián Piñera, en cambio, reafirmó en el debate radial su preferencia por una economía social de mercado, el sistema económico-social imperante en Chile y en la mayor parte de los países desarrollados. Más realista que su contendor, enfatizó que era necesario tomar las medidas necesarias para retomar el crecimiento de modo de apoyar a los chilenos en la solución de sus problemas, para que así puedan desarrollar en plenitud sus potencialidades. Destacó además que el Estado tiene que ayudar a los ciudadanos en esa tarea, pero no asfixiarlos ni pretender controlarlos. Fue un mensaje a favor de la libertad individual, en que sin embargo el Estado debe velar por igualar, en la medida de lo posible, las oportunidades para todos. En particular, Piñera se mostró partidario de un Estado que sea un efectivo sostén para una amplia clase media recién emergente.

Sin embargo, en la dura realidad una cosa son los objetivos finales -la grandiosa utopía de la sociedad de derechos por parte de Guillier, y la próspera sociedad de libertades con un importante rol subsidiario del Estado por parte de Piñera- y otra cosa son las medidas concretas que se proponen para lograr esos fines. En ese sentido, Guillier ofrece -en el mejor de todos los casos- más de lo mismo que hemos tenido bajo el actual gobierno de Michelle Bachelet, en cambio Piñera -conocido por lograr los objetivos que se propone- se ha comprometido a buscar los consensos necesarios para hacer las reformas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y más próspera para todos.

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Cárcel sin ley: propuestas de Piñera y Guillier en materia penitenciaria

Esta columna fue escrita junto a Jörg Stippel, académico Facultad de Derecho Universidad Central de Chile.

Las cárceles en Chile todavía son lugares sin ley. Se ha insistido en varios gobiernos en la elaboración de una Ley de Ejecución de Penas y en propuestas para crear juzgados especializados en materia penitenciaria. En los 90, el proyecto de reforma procesal penal iba acompañado con un anteproyecto de Ley de Ejecución. Pero se decidió que no se podía avanzar en dos reformas estructurales al mismo tempo. Perseguir a delincuentes parecía políticamente más rentable y el anteproyecto de Ley de Ejecución fue olvidado. Una vez implementada la reforma procesal penal, se retomó el trabajo de dotar de una base legal al sistema penitenciario, pero la necesaria reestructuración de Gendarmería de Chile generó resistencia. Los oficiales temían perder poder. Recordemos que antes del golpe de estado existía un servicio de prisiones cuya primera planta estaba compuesta por profesionales. A nivel comparado se entiende que dirigir una cárcel es una tarea gerencial con fuerte connotación legal y social. Se requieren profesionales con estudios superiores, como abogados, sociólogos o psicólogos, para asumir estos desafíos, aunque no sepan marchar y cuadrarse (o justamente por ello). En fin, el nuevo intento de reforma penitenciaria quedó frustrado, pues a nivel político se optó por no enfrentar el problema, no prometía votos. Esperamos ahora que el hecho que una Ley de Ejecución Penal esté en los programas presidenciales de ambos candidatos, sea una buena señal.

Sebastián Piñera propone en su programa de gobierno (2018-2022) modernizar a Gendarmería de Chile con “un foco especial en la reinserción, avanzando hacia una mayor segmentación de los reclusos”. Propone “enviar un proyecto de ley sobre ejecución de penas”, sin profundizar la orientación de dicho proyecto. A su vez quiere incorporar a Gendarmería a una “comunidad de inteligencia confiable” bajo la dependencia de la Presidencia de la República, con las FF.AA., Gendarmería, Carabineros y la PDI. También desea “incentivar la educación y trabajo de los reclusos como instrumentos de rehabilitación“.

Si Alejandro Guillier gana la presidencia, pretende dictar un Código de Ejecución de Penas que “establezca los derechos de las personas sometidas a una pena privativa de libertad”. A su vez propone crear una justicia especializada para “regular las formalidades del control de la ejecución de penas” para que “esto no quede sometido a la mera actividad administrativa”. Por otra parte, señala nueve medidas para “implementar un nuevo sistema de gestión en la administración penitenciaria”.

Vemos que el enfoque de ambos programas es diferente. Piñera quiere, por un lado, fomentar actividades de reinserción, y por otro convertir a Gendarmería de Chile en un agente de inteligencia. La misma institución que debe ganarse la confianza de las personas recluidas para incidir en su futura inserción fuera de la cárcel, debe espiarles. Así puede entenderse la idea de avanzar hacia una mayor segmentación. Mientras más información se tenga sobre cada sujeto, mejor se le puede agrupar y controlar. Es una visión que ve en cada persona privada de libertad a un enemigo. Asimismo, la educación y el trabajo en el contexto penitenciario son esencialmente derechos fundamentales que deben ser garantizados, y no “instrumentos de rehabilitación”.

La propuesta de Guillier está redactada desde una visión pro homine. Se propone fortalecer las garantías individuales de cada sujeto, aunque esté recluido. La propuesta coincide con lo que la comunidad internacional espera de Chile. En abril del 2016 el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (en adelante SPT) visitó Chile. En su informe recomienda crear en Chile un sistema que “atribuya la labor de control y dirección sobre la ejecución de la pena privativa de libertad a un órgano jurisdiccional especializado” (punto 38), como Juzgados de Ejecución de Penas, tal como existen en casi todos los países de la región. El SPT critica la falta de legislación “que regule de forma orgánica y comprensible la situación de las personas privadas de libertad” y opina que “el sistema penitenciario sigue fundándose en una normativa de rango infra-legal” como es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Para esto, recomienda “adoptar un marco legal penitenciario integral, de conformidad con los estándares internacionales, a fin de regular, entre otros, el uso de la fuerza y las sanciones disciplinarias” (punto 40).

Vemos que según el SPT, las personas privadas de libertad en Chile están sometidas a una situación “infra-legal”, una cárcel sin ley. Pero no solo ellos, también los funcionarios de Gendarmería. No existe, por ejemplo, ninguna ley que le permita a un funcionario de Gendarmería esposar, requisar, o reducir a la fuerza a un recluso cuando, por ejemplo, agrede a otro. En cambio, cuando un policía hace esto, el Código Procesal Penal contempla normas precisas que regulan el procedimiento a seguir. La falta de una Ley de Ejecución de Penas hace que no exista claridad acerca de los derechos y deberes de los diferentes actores y de los objetivos del sistema.

Esperamos que tras las próximas elecciones, los proyectos de creación de una Ley de Ejecución Penal no se queden solo en buenas intenciones, como en el pasado.

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Una alianza para erradicar la pobreza rural

América Latina ha sido una región exitosa en la reducción de la pobreza rural. Desde el año 2000 en adelante, algo más de veinte millones de habitantes rurales han superado esa condición, con lo que la pobreza rural ha caído a la mitad de lo que era a finales del siglo XX. Esta mirada de largo plazo demuestra que erradicar la pobreza rural en toda la región es posible.

Existen, sin embargo, señales y situaciones muy preocupantes. En los últimos años el ritmo de reducción de la pobreza rural se ha estancado en la región. Según estadísticas de la CEPAL disponibles para dieciséis países de la región, en 2015 existían 54 millones de habitantes rurales pobres. Esto equivale al 47% de la población rural de dichos países y muestra que la tasa de pobreza rural es 60% más alta que pobreza urbana en dichos países.

Aún más grave que lo anterior es el número inaceptablemente alto de habitantes rurales que no sólo vive en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Son casi 33 millones de personas cuyos niveles de ingreso no les basta siquiera para comprar la canasta básica de alimentos.  Es decir, seis de cada diez pobres rurales viven en una condición inhumana, en la extrema pobreza o indigencia. Y la indigencia es tres veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas.

La primera década del siglo XXI fue una de buenos avances en la mayoría de los países de la región. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana redujeron su número de personas en condición de pobreza y también de pobreza extrema. Algunos de ellos, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, tuvieron un desempeño realmente positivo en dicho período.

Honduras y México, en cambio, tuvieron alzas y bajas, sin que se pueda observar una tendencia sostenida de mediano plazo, aunque la diferencia (no menor) entre estos dos países es que en el caso de México la tasa de incidencia de la pobreza se mueve entre el 45 y 55 por ciento, mientras que la de Honduras supera el 80 por ciento (CEPAL). Guatemala, lamentablemente, vio crecer su población rural en situación de indigencia en casi 1.2 millones de personas: para 2010, siete de cada diez habitantes rurales vivían en la pobreza.

En términos positivos, Uruguay sigue siendo el líder regional, con tasas de pobreza y de indigencia de apenas 1 y 2 por ciento, respectivamente, y se trata de un ejemplo vivo de que sí es posible cumplir la ambición de erradicar de la pobreza rural en América Latina.

Pero la buena tendencia de la primera década del siglo XXI se perdió en los años más recientes. Hoy en día la velocidad de reducción de la pobreza en la región es casi cinco veces menor en comparación con el ritmo que se observaba en la década del 2000-2010. Hemos visto un repunte lamentable de la pobreza rural en países como Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay e incluso en Uruguay. En el caso de Venezuela, el país no ha publicado estadísticas que nos permitan hacer un análisis, aunque es del todo probable que el fenómeno de la pobreza rural – y aun de la extrema pobreza – se haya agravado.  En Argentina, otro país que no dispone de estadísticas de pobreza rural, es posible argumentar con base en evidencias parciales, que la pobreza rural muy posiblemente se redujo en la primera parte de la década 2000-2010, que tuvo un aumento importante en los años posteriores, y que en el último año ha comenzado nuevamente a descender.

¿Cómo podemos recuperar la velocidad de reducción de la pobreza rural en la región? Para responder a esta pregunta y ayudar a los países a implementar estrategias de respuesta, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), dos organizaciones hermanas de las Naciones Unidas, crearon la Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural en América Latina.

Esta Alianza está compuesta por más de treinta de los más importantes expertos de nuestra región, mujeres y hombres con diversas formaciones, nacionalidades y experiencias, que conocen en profundidad el problema de la pobreza rural, ya que muchos han sido líderes de los equipos que diseñaron y condujeron algunas de las políticas más exitosas de reducción de la pobreza rural. La Alianza se propone apoyar la implementación de un conjunto renovado de propuestas políticamente viables y técnicamente factibles de implementar en América Latina, para que nuestros países puedan cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que nos convoca a erradicar la extrema pobreza del planeta en los próximos trece años.

El trabajo de la Alianza se desarrolla en tres frentes. El primero busca construir una nueva narrativa que permita reposicionar la eliminación de la pobreza rural en la agenda pública latinoamericana. El segundo está centrado en diseñar propuestas para ampliar las oportunidades económicas de los pobladores rurales en situación de pobreza e indigencia, articulando los programas de protección social con iniciativas de inclusión económica, tomando ventaja de los mercados laborales y de las actividades en distintos sectores económicos, con base en la experiencia acumulada en la región y en otras zonas del planeta. El tercer frente de la Alianza es apoyar procesos que ayuden a fortalecer la institucionalidad requerida para erradicar la pobreza rural.

En pocas palabras: la Alianza creará ideas que inspiren y que indiquen un Norte, una dirección que seguir en el escenario actual, más complicado que el de años anteriores, lo que se sumará a políticas y herramientas concretas y probadamente eficaces e instituciones más fuertes.

La Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural en América Latina está ya disponible para colaborar con los países que la requieran. De esta forma, la FAO y el FIDA – junto con los expertos que la conforman- nos ponemos al servicio de los países que quieran acelerar su velocidad de avance hacia la meta de erradicar la pobreza rural de nuestro continente.

 

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El PPD y sus raíces históricas: ¿Hacia el cierre de un ciclo político?

El 15 de diciembre de 1987 llegamos unas 200 personas al Círculo Español. En un modesto salón sin gran producción de escena dimos vida al PPD. En un sencillo escenario había una mesa para los que presidirían el evento, entre ellos Ricardo Lagos Escobar. Un grupo de jóvenes sostenía un improvisado lienzo con la simple frase “Ganemos la democracia”. Éramos testigos de un momento relevante de nuestra historia. Con el nacimiento del PPD nos disponíamos a confrontar políticamente a Pinochet por los caminos de una acción política no violenta. Sabíamos que enfrentábamos un recorrido que sería épico para Chile.

Así nació el Partido Por la Democracia: como en el pesebre de Belén (guardando las proporciones). Es decir, de manera humilde; sin fanfarria y cargado de mística, contenido y energía ciudadana. Hacia 1999, el fundador, Ricardo Lagos, ganó la presidencia de la República. En el 2005 el PPD fue la tercera fuerza política con más de un millón y medio de votos y 21 parlamentarios, senadores, alcaldes y concejales. Sin embargo, nuestra presencia en la sociedad civil fue disminuyendo y esto no causó mayor inquietud pues el llamado “poder real” de la política se jugaba en el gobierno  y parlamento, espacios que representaron por mucho tiempo el abrazo entre la transición democrática y la “política de los consensos”.

Entre 1987 y 1999 el PPD fue muy nutritivo. Con fronteras ideológicas amplias y situado en la centro – izquierda los ciudadanos buscaron y encontraron en el PPD, lo que años después buscaron y encontraron en el PRO, con la emergencia imprevista de Marco Enríquez Ominami el 2009 y más recientemente con el Frente Amplio. El PPD durante 12 años representó un relato nuevo y sus figuras y dirigentes eran refulgentes impulsando en el debate nacional temas tabús y concitando enorme adhesión ciudadana. Sus líderes, como algunos ahora, también fueron irreverentes con el orden establecido. A partir de 1999, la administración del poder, el acceso a los medios de prensa, la batalla electoral por mantener los enclaves parlamentarios, de gobierno y municipales fueron minando esa mirada refrescante de la política. De la humildad del acto fundacional pasamos a las grandes producciones de escena, con campañas fuera de serie, y de la relación con el poder surgió ese sello típico de las aristocracias políticas que fueron rotando en el gobierno, parlamento y municipios taponeando a las nuevas generaciones. La élite del PPD se convirtió en una gran administradora de cuotas de poder y se fue perdiendo, esencialmente, esa frescura de lo nuevo.

Esto es un dilema que acontece con todos los partidos. Cuando no se renuevan de verdad, pierden su esencia. Es inevitable. Es como la vida: se nace y se envejece hasta morir. El punto es saber cómo llevar la vida sin perder valores, convicciones y sobre todo sabiduría. Al cumplirse este 15 de diciembre 30 años de existencia, el PPD ya sabe que entró a una edad muy adulta y en veloz tránsito a la tercera edad. Y para sostenerse tendrá que revitalizar su organismo, hacer ejercicio, depurarse, adoptar una dieta saludable, sacudirse el sedentarismo del poder y capitalizar sabiduría y desapego por los oropeles para recuperar la confianza ciudadana. Dicho en clave política: esto significa renovarse o morir. Y todos en el PPD sabemos que lo primero será resultado de una lucha con nuestros propios placeres, dilemas y errores acumulados y no bien resueltos.

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Freno al proyecto de Ley Sernac

Bien sabemos todos que a mediados del 2014 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaba fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, a través de la entrega de atribuciones de fiscalización, sanción y normativas al Servicio Nacional del Consumidor -Sernac- (Boletín N° 9.369-03).

El proyecto pretendía dotar al Sernac de herramientas para una moderna, ágil y eficiente protección de los derechos de los consumidores, siendo el objetivo central generar incentivos adecuados para la resolución de los conflictos en el tráfico económico que afectan a una gran cantidad de ciudadanos en plazos razonables, todo según invoca el Mensaje Presidencial.

Dicho proyecto de ley fue objeto de una dilatada tramitación parlamentaria (cerca de 3 años), la que concluyó el pasado mes de octubre cuando fue aprobado y despachado, pasando al control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional -TC-.

Diversos medios de prensa han adelantado que el pasado 12 de diciembre el TC concluyó su ejercicio de control preventivo y mediante voto dividido de seis contra tres suprimió, al menos, 28 normas relativas a facultades sancionadoras y normativas, manteniéndose así el Sernac como el mismo servicio que es al día de hoy, en el que carece de dichas atribuciones. Lo anterior ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por parte del Ejecutivo y del propio Servicio. Estos críticos a su vez alegan que las facultades que se pretendían conceder al Sernac ya existen para otros servicios, tales como el SII, SVS, SBIF y, de paso, se incluye en la lista a la SMA, entre otros.

Lo que olvidan los críticos es que en el control preventivo de constitucionalidad el TC sólo se limita a aprobar las normas o declarar su inconstitucionalidad, sea que esta disconformidad se presente en toda la norma o sólo en una parte (por muy pequeña que sea). Por tanto, habrá que esperar el texto de la sentencia para conocer las razones técnico jurídicas que motivaron al TC a suprimir las normas que abordan las facultades sancionatorias y normativas, pero desde ya podemos sacar conclusiones, y el Gobierno una lección.

Primero, se empujó un proyecto de ley para conceder nuevas atribuciones al Sernac que busca aplicar a la realidad chilena prácticas internacionales que no son necesariamente compatibles con nuestro ordenamiento institucional, ya que se plantean algunos puntos que exceden el marco y garantías de nuestra Constitución, tal como varios advirtieron durante la tramitación. En la misma línea, la segunda conclusión es, si se quieren conceder nuevas facultades, sean fiscalizadoras, sancionatorias, tutelares o normativas, éstas se tienen que armonizar para evitar excesos y, en ese sentido, no sería posible tenerlas todas a la vez y de manera amplia para así no caer en concentraciones de poder. A su vez, que una mejor protección de los derechos de los consumidores no significa necesariamente más Estado.

Independiente del resultado del TC, lo cierto es que los proveedores de bienes y servicios deberán incrementar sus controles en materias de derechos de los consumidores, ya que sabemos que de una manera u otra aumentarán los estándares de cumplimiento y sanciones a aplicar. Así, con estos futuros cambios que vienen se espera que las organizaciones establezcan modelos de prevención para minimizar estos riesgos.

Ansiosos estamos muchos por conocer el texto de la sentencia del TC, ya que del mismo dependerá la arremetida del Ejecutivo para sacar adelante este objetivo incluido en su Programa de Gobierno, el que probablemente vaya por una Ley corta, la cual, tiene la ventaja y posibilidad de evitar los excesos y errores del primer proyecto, para así alcanzar lo que efectivamente se propuso: una moderna, ágil y eficiente protección de los derechos de los consumidores. Con todo, es importante tener presente que la tramitación de los proyectos de ley es sin picarse.

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Tiro de gracia al nuevo Sernac: pan para hoy, hambre para mañana

Una parte del empresariado debe estar celebrando que el nuevo Sernac estaría pronto a recibir un tiro de gracia por parte del Tribunal Constitucional. Es difícil comprender la miopía de esa actitud, la incapacidad de entender que echar abajo un Sernac que ayude a pavimentar un camino de recuperación de las confianzas entre empresas y consumidores es simplemente pan para hoy y hambre para mañana.

Según lo que fue filtrado hace algunos días por este mismo medio, se estaría eliminando una serie de facultades normativas y sancionatorias que estaban contempladas en la recientemente aprobada ley. No entraré aquí en la larga discusión legal que ha rondado a este proyecto de ley. En cambio, luego de más de tres años de tramitación de esta normativa, y ante una eventual bomba (de racimo, han dicho algunos) a los cimientos de la posibilidad que el Estado pueda jugar un verdadero rol de contrapeso ante el mercado, me parece más relevante analizar la errada estrategia que han seguido algunos de los gremios empresariales.

Han pasado poco más de siete años del destape del caso La Polar, el que se convirtió en el emblema del abuso masivo a millones de chilenos. El retail financiero dio así el puntapié inicial a una infeliz secuencia de escándalos que fueron gradualmente socavando la confianza ciudadana en las empresas. Según la encuesta “Chilenas y chilenos hoy”, de Espacio Público e Ipsos, que dimos a conocer hace algunas semanas, el 81% de las personas cree que los abusos de las empresas no han disminuido en los últimos cinco años. Esto coincide con la bajísima confianza en las empresas que reiteradamente ha reportado la encuesta CEP en los últimos años –entre el 2014 y el 2017 nunca supera el 15%–.

Ese mismo retail financiero, a través de la Cámara Nacional de Comercio, ha encabezado la batalla final contra el nuevo Sernac. Esto es no entender que el problema no es un Estado que supuestamente busca levantarse como un Leviatán. El problema son esos millones de consumidores descontentos con las condiciones y el trato que reciben a diario de parte de muchas empresas. El problema es el caldo de cultivo para medidas mucho más drásticas que esa sensación permanente de abuso genera. Basta con mirar el caso de las AFPs. Siendo por años exitosas en mantener el status quo, lograron acopiar un nivel de desprestigio que llevó a más de un millón de personas a las calles exigiendo su desaparición.

Una estrategia con visión de largo plazo habría optado por allanarse a buscar la mejor ley posible. Un Sernac robustecido no debiera representar una amenaza para las empresas que buscan hacer las cosas bien –las que ciertamente son muchas–. Al contrario, debiera constituir un alivio, al nivelar para arriba a empresas con malas prácticas que de lo contrario desprestigian la labor empresarial y pueden operar a menores costos. Por ello, sería lamentable que aquellas empresas que buscan mantener el status quo hayan prevalecido.

Los empresarios dicen ser los maestros de convertir amenazas en oportunidades. Si la sentencia del Tribunal Constitucional se confirma, no habría nada que celebrar; significaría que acaban de desaprovechar una gran oportunidad. En la necesidad de reforzar el Sernac había un consenso tal que hasta Evelyn Matthei, en su candidatura presidencial del 2013, contemplaba en su programa una ambiciosa reforma. Un tiro de gracia al nuevo Sernac sería más bien un disparo en los pies de las mismas empresas, puesto que significaría seguir calentando una olla a presión sin válvula de escape.

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El año de las mujeres

En 1992 sucedió algo inédito en Estados Unidos. Nunca antes cuatro mujeres habían sido elegidas para el Senado en un mismo año electoral. La prensa lo caratuló como “Year of the Woman”. No le hizo pizca de gracia a la senadora Bárbara Mikulski. Afirmó que las mujeres “no somos una moda, una fantasía o un año”. Más enojada todavía, dijo que llamarlo así lo hacía sonar como el “año del caribú” o el “año del espárrago”.  

Ha pasado un cuarto de siglo y, si tal denominación sonó exagerada entonces, parece pertinente ahora. La revista Time acaba de dedicar su portada de 2017 a las mujeres que denunciaron ser víctimas de acoso o abuso sexual a partir del caso Weinstein, desencadenando un movimiento mundial: #Metoo (Yo también). Desde ahora, veremos coexistir  la esperanza con los ajustes de cuentas, mientras se alzan voces que reclaman un debate público sobre algo que ha sido tabú: la naturaleza de la líbido masculina.

En paralelo, desde el mundo de las estadísticas, nos cae un vaso de agua fría: los últimos datos del Índice de Potenciamiento de Género (IPG), elaborados por el World Economic Forum (WEF), muestran que la brecha de género se habría ampliado, por primera vez, desde  2006, año en que se inició la medición.

¿Cómo impactan estos sucesos en Chile? Si los recientes debates electorales sirven como test, la respuesta es decepcionante. En principio, el gobierno que termina pareciera haber hecho bien las tareas. Ahí están el aumento de la participación política femenina gracias a una ley de cuotas, la aprobación de las leyes de unión civil y de despenalización del aborto en tres causales, así como el reforzamiento de la maquinaria estatal de género a través de un ministerio. Desde la perspectiva de las deudas pendientes, grandes avances pero, desde los estándares internacionales, nada del otro mundo. ¿Será por eso que, en la última Encuesta Humanas, 87% de las chilenas se siente discriminada y considera que Chile es todavía un país machista?

En plena cuenta regresiva de la segunda vuelta presidencial, resulta inevitable no apelar a Amélia Valcárcel. Ya la filósofa feminista señaló alguna vez que, cuando se analiza históricamente el voto femenino, se constata que las mujeres suelen padecer un problema de memoria política: “…dan el voto a quienes se lo negaron, dejan que administre su libertad quien la impidió a toda costa y entregan su recién adquirida educación a las opciones que quisieron mantenerlas analfabetas”.

Por ello, imposible no recordar el 17 de diciembre a Nicole Saavedra Bahamondes, 23 años, lesbiana, que fue secuestrada, torturada durante siete días y asesinada el 25 de junio de 2016. Mi voto será con un Chile en mente: uno donde su muerte no quede impune y donde, cualquiera sea la vida que una mujer elija para sí, ello no le suponga ser perseguida.  

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La campaña eterna

Después de casi ocho meses de intensa campaña, es un alivio que todo termine este domingo. El 3 de mayo fueron inscritas las precandidaturas para las primarias y desde entonces el ambiente electoral no ha cesado de acompañarnos. Demasiado tiempo de exposición para unos candidatos que a estas alturas tienen poco nuevo que aportar.

Así, el 17 de diciembre no solo elegiremos Presidente de la República, sino que también nos sacudiremos -por fin- de una campaña presidencial eterna. El proceso se ha hecho tan largo que incluso los candidatos lucen sin chispa y cabreados de hablar una y otra vez de lo mismo. Los temas centrales quedaron establecidos hace meses y una letanía monocorde sobre las pensiones, la salud, la educación y la delincuencia suena como ruido de fondo en nuestras pantallas, los diarios, la radio, las conversaciones y la sobremesa.

Nada ha podido romper esa inercia. Ni siquiera los cambios de opinión o los zigzagueos -Piñera sobre la gratuidad; Guillier sobre el CAE- consiguieron inyectarle adrenalina a una campaña que en las últimas semanas dejó de lado el drama y lo reemplazó por el tedio.

En el debate del lunes, por ejemplo, se pudo apreciar a unos candidatos agotados. Las novedades fueron casi nulas; las caras, conocidas; las preguntas y las respuestas, repetidas; los énfasis y las metáforas, trillados. Más allá de algún intercambio áspero, poco quedó para masticar y digerir.

Una vía de solución podría ser acortar los plazos de campaña, lo cual reduciría los costos económicos para los candidatos y beneficiaría a los postulantes nuevos y los que tienen menor acceso a fondos, tendiendo a emparejar la cancha. También obligaría a todos a ser más concretos y eficientes en la elaboración de propuestas y mensajes, con el propósito de aprovechar mejor un recurso que se haría más valioso y que hoy es superabundante: el tiempo.

La desventaja podría ser que acortar los plazos eventualmente perjudicaría a las caras nuevas, pues limitaría sus chances de darse a conocer. Sin embargo, esto se aplica solamente a la primera ronda. En la segunda, en cambio, los dos finalistas ya son plenamente reconocibles y han superado una primera valla electoral. Reducir el lapso entre ambas votaciones minimizaría asimismo las posibilidades del intervencionismo del gobierno y forzaría realineamientos rápidos y efectivos.

La experiencia internacional es variada. En Perú transcurren dos meses entre la primera y la segunda ronda; en Francia, el balotaje se realiza apenas dos semanas después de la primera votación. Entre ambos casos se ubican Ecuador (un mes y medio), Argentina (un mes) y Brasil, Colombia y Rusia (tres semanas).

En Chile los plazos electorales se han ido “norteamericanizando”, con una campaña cada vez más prolongada y letárgica cuya extensión resulta desmedida para un país del tamaño y la población del nuestro.   

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La colaboración como motor para la sustentabilidad

Hace un par de años celebramos el gran logro de que ninguna de las fábricas ni oficinas de Unilever enviaba residuos al relleno sanitario, sin duda un enorme orgullo por el que seguimos trabajando todos los días. Pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestros resultados son insuficientes cuando el impacto se acota hasta donde podemos llegar solos.

El logro era importante, pero con esto no habíamos llegado a la meta, sino que más bien recién estábamos iniciado un camino. Comenzamos entonces a hacernos el siguiente planteamiento: si los residuos que deja de enviar Unilever al relleno sanitario durante un año equivalen a tres días de cierre del relleno de Santa Marta y a sacar de circulación 700 camiones de basura por año, ¿se imaginan lo que podrían lograr un grupo de más de 10 empresas? Abrimos las puertas de nuestras fábricas e invitamos abiertamente a conocer cómo lo estábamos haciendo, aprovechamos todos los espacios para invitar a quienes quisieran sumarse; así descubrimos que varios estaban trabajando objetivos similares, y que la reducción de residuos es un tema de interés público, especialmente si consideramos que se trata del segundo problema medioambiental en Chile. La colaboración fue la clave para avanzar.

Hace unos días, encabezados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad, un grupo de 14 compañías articuladas a través de Acción Empresas firmamos el compromiso de abordar juntos la problemática de residuos en Chile y hemos dado los primeros pasos para generar un Acuerdo de Producción Limpia de cero residuos. Esta valiosa alianza público privada de carácter voluntario se gestionó a través de una herramienta disponible desde hace años para realizar acuerdos entre el Estado y el mundo privado, lo que nos permitirá contribuir desde nuestros negocios a disminuir el envío de basura a los rellenos sanitarios e incentivar el desarrollo del mercado del reciclaje.

El camino que hemos emprendido como red de empresas en el acuerdo cero residuos, puede además ayudar a potenciar el mercado de la gestión y reciclaje de residuos, que es uno de los puntos que creemos relevantes para una exitosa implementación de la Ley REP. Y por consecuencia, es una muestra de cómo la colaboración puede generar cambios importantes de cara al medio ambiente, la comunidad y el país.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de las Naciones Unidas habla de alianzas para lograr los objetivos. Y es eso lo que estamos haciendo, nos hemos unido y hemos utilizado la institucionalidad vigente que tiene el Estado a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para avanzar hacia la producción limpia que requiere nuestro país. Pero sabemos que siempre hay buenas prácticas y buenas ideas desde la sociedad civil que no conocemos y que abren la posibilidad de hacer nuevas alianzas para hacer aún más sólido el camino; queremos conocerlas todas y rescatar cada idea que pueda ayudarnos a avanzar en colaboración.

Este es solo un ejemplo y un primer paso, hay múltiples desafíos en ámbitos diversos que para lograr resultados relevantes requieren del acuerdo de todos los actores de la sociedad, el mundo público, el privado y la sociedad civil.

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El futuro de la inversión

Una discusión abierta en el país en el último tiempo es acerca de la capacidad con que contamos para predecir la inversión, factor fundamental para asegurar un crecimiento económico sostenido. Da la impresión que no existieran buenos predictores al respecto, salvo el que nos provee la Corporación de Bienes de Capital (CBC), institución que ilustra acerca de los proyectos en cartera, con una planificación de obras más o menos cierta. 

Por su parte, la Asociación de Ingenieros Consultores (AIC) genera regularmente un índice de horas hombre (HH) ocupadas en ingeniería. Este indicador debiera constituirse en una proyección certera respecto de lo que puede suceder con la inversión, con mayor anticipación que el provisto por la CBC. En efecto, para conocer proyectos que estén en fase de programación cierta es necesario haber hecho al menos la ingeniería de preinversión y haber avanzado en la ingeniería de detalle.

A continuación, presentamos datos provistos por la AIC de HH contratadas por el sector público y el sector privado para el último trimestre (junio-septiembre) en ingeniería de preinversión e ingeniería de detalle.

 

 
Igual Trimestre 2016
Segundo Trimestre 2017


Ingeniería de Preinversión
-11%
+0,3%


a.     sector público
+65%
-20%


b.    sector privado
-22%
+9%


Ingeniería de Detalle
+19%
-3%


a.     sector público
+27%
-24%


b.    sector privado
+18%
+2%

Fuente: AIC

De acuerdo a estos datos se podría inferir que, en efecto, el mayor dinamismo de la economía no vendrá en el corto plazo necesariamente del sector de la inversión, consistente con la información provista por la CBC. De hecho, las HH de ingeniería en preinversión y en proyectos no varían sustancialmente entre el tercer trimestre del 2017 e igual período del 2016. Tampoco es posible sacar demasiadas conclusiones respecto del comportamiento de la ingeniería en relación al trimestre inmediatamente anterior.

Sin embargo, hay señales interesantes que habrá que evaluar detenidamente en relación al comportamiento del sector público y de sector privado. La Ingeniería de preinversión privada ha disminuido en relación a igual trimestre del año pasado, pero se incrementó en un 9% respecto del segundo semestre de este año, lo cual puede mostrar signos de mayor interés por prospectar proyectos de cierto significado. Eso se complementa con un incremento del 2% para igual período de la ingeniería de detalle, lo cual puede ser consistente con un moderado cambio de expectativas.

El efecto positivo de este aumento se ha visto mediatizado por una disminución de las HH en ingeniería contratadas por el sector público. Tanto en lo que se refiere a ingeniería de preinversión como en ingeniería de detalle, el sector público muestra una caída respecto del trimestre inmediatamente anterior de un 20% y un 23% respectivamente. Esto es consistente con el período político que se vive y el fuerte incremento de la contratación de ingeniería pública este año en relación al año anterior. De hecho, si se compara el tercer trimestre con igual período del 2016 el incremento de las HH contratadas por el sector público es de un 65% para la ingeniería de preinversión y un 27% en ingeniería de detalle. Una expresión de esto debiera ser el aumento de proyectos de concesiones en proceso de licitación por parte del MOP, cartera que por metodología no figura entre los proyectos que debieran ejecutarse en los próximos 5 años, de acuerdo a la CBC.

En consecuencia, de acuerdo al comportamiento de la ingeniería es posible concluir que en el futuro cercano debiera producirse una expansión de la inversión no despreciable. Por una parte, esto debiera ser expresión del aumento de las contrataciones del sector público, en relación al año 2016, y del aumento de la contratación privada durante el último trimestre de este año, en relación al trimestre inmediatamente anterior. Si esto es así, es posible suponer que este aumento de la inversión -que podría materializarse de aquí a unos 12 meses-, debiera comenzar a aparecer en los indicadores de la CBC a partir de marzo del próximo año. 

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