Óscar Contardo's Blog, page 21

La provocación de Trump

Trump encendió la mecha del polvorín palestino-israelí, y por cierto ha prendido, sin saberse hasta cuando y con qué intensidad. Rompió el frágil “satu quo” imperante al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, traslade o no su Embajada ahora o en años más. Viola las tan difíciles decisiones  de Naciones Unidas, que procuran balancear la realidad en el terreno, con los derechos de cada parte. Israel controla casi todo, y la comunidad internacional reconoce que es ilegal y debe devolver los territorios que se apropió desde 1967 en la Guerra de los Seis Días, incluido el sector oriental de Jerusalén, según las Resoluciones obligatorias 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, más la 478 (1980) que acordó trasladar a Tel Aviv las sedes diplomáticas.

Asimismo, ha provocado lo más sensible del conflicto, como es Jerusalén, sin solución en las negociaciones de Camp David, Oslo, Sharm El Sheikh, y otros intentos. Hay avances y retrocesos, en innumerables reuniones en  los organismos y la Liga de Estados Árabes, en los últimos setenta años de una controversia más que secular. Palestina es un Estado reconocido, aunque sólo observador en la ONU. Pero la Ciudad Santa sigue siendo estratégica, dividida en sectores, y sobre todo, sitio de los vestigios sagrados de tres religiones: el Muro de Las Lamentaciones del templo de Salomón, para los judíos; la Mezquita Al Aksa con la Roca donde el Profeta subió al cielo, para los musulmanes; y el Santo Sepulcro de Jesús, para los cristianos. No hay otro lugar así en el mundo. Estas tres religiones, con millones de fieles, se materializan en un área muy pequeña y en constante disputa. No sólo es reconocer políticamente una capital, sino privilegiar el predominio de una creencia sobre las otras.

Los efectos están a la vista, y el riesgo de una violenta tercera Intifada es real. Hay que recordar que en muchos de los procesos de paz, ha bastado algún incidente para detenerlo o anularlo, hasta que los enfrentamientos se calman y se restablece la confianza perdida. Ha sido así por años. Cabe preguntarse que busca en verdad Trump, que no sea la respuesta fácil de que actúa de manera irreflexiva y sin experiencia.

No es lógico que la convicción personal del Presidente de la primera potencia mundial, sea la única para adoptar una medida de tal trascendencia y efectos. Debería estar  acompañada por un proceso reflexivo del Departamento de Estado y demás Agencias, asesorado por expertos, y detallada consideración de sus implicancias. Sería inusual en un sistema norteamericano que busca los contrapesos institucionales. Lo decidiría sin consultar a nadie. No se ha dado en otros campos, y recordemos  las dificultades del propio Tump para imponer sus iniciativas. Tampoco basta argumentar que se cumple una promesa de campaña, o que el Senado ya la aprobó mucho antes (1995) y sólo se venía postergando la decisión, aunque sean verdad. No es atribuible sólo a los problemas políticos internos, como se especula. Parecen respuestas incompletas.

Lo grave es que no sabemos si hay otros objetivos, negociaciones, propuestas o promesas a las potencias interesadas, o con países árabes aliados, para intentar lo que adicionalmente afirmó Trump, es decir, que ahora se podrá construir una paz duradera entre palestinos e israelíes. Menos conocemos si el verdadero y último propósito es enfocarse en la amenaza que significaría Irán, tanto para Israel como para algunos árabes. Si no hay nada de esto, la situación sería todavía más grave. Estados Unidos habría abandonado su usual postura de facilitador de la paz del Medio Oriente, para desequilibrar las posiciones.

Trump habría encendido la mecha del polvorín, y no sabría cómo apagarla.

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Cambios tributarios en Estados Unidos

6El presidente Donald Trump está impulsando una reforma tributaria cuyo componente principal son modificaciones al impuesto corporativo, al igual que lo fue nuestra reforma de 2014. Sin embargo, los caminos emprendidos son distintos: mientras Estados Unidos bajará los impuestos y simplificará el sistema tributario para ganar competitividad y aumentar el crecimiento, acá los subimos, nadando en contra la corriente.

Los impuestos corporativos se aplican sobre las utilidades, sin importar si estas se invierten o se reparten a sus dueños. Así, el impuesto afecta la disponibilidad de caja de la empresa y su capacidad para invertir. De igual forma, el impuesto corporativo, disminuye la inversión de las empresas al disminuir la rentabilidad de sus proyectos. Una manera didáctica de entender esto es mediante el siguiente ejemplo: imagine que usted tiene un negocio a medias con un socio. Mientras usted aportó capital líquido, su socio aportó con capital físico como por ejemplo, una fábrica. Sin embargo, un desastre natural dejó inutilizable este último aporte (supongamos que tampoco tenía seguro). Si usted quiere invertir nuevamente en el negocio lo tendrá que pensar dos veces, porque tiene un socio que no aportó nada pero que reclamará la mitad de las ganancias. Con el impuesto corporativo es lo mismo, usted tiene un socio (el Estado) que no aporta, pero reclama el 27% de las ganancias, es por esto que usted se preguntará dónde es mejor invertir. ¿Aquí o en un país con menores impuestos? Bajo una mayor tasa corporativa, sólo se realizarán los proyectos que aseguren una mayor rentabilidad, descartándose otros proyectos que antes eran realizables. En un lenguaje más técnico, diríamos que el costo de uso del capital aumenta.

 A través del ejemplo anterior se puede comprender por qué el impuesto corporativo afecta la inversión cuando hay libertad en la movilidad de capitales: las inversiones se moverán hacia lugares más convenientes. No por nada los nórdicos -que comprendieron bien esto- decidieron que la mejor forma de mantener el “estado de bienestar” es cobrarles más a las personas y menos a las empresas, entre dichos países este tributo promedia 21,6% por debajo del 23% promedio de sus vecinos Europeos.

Volviendo al caso de los Estados Unidos, la tasa corporativa federal se encuentra actualmente en un nivel de 35%, siendo la mayor en la OCDE, sin embargo, este país recauda por debajo del promedio de dicha organización para este tipo de impuesto. Por lo anterior, se entiende que se quiera avanzar hacia un sistema más simple, con menores exenciones, una base tributaria más amplia y una tasa de impuestos menor. Si bien el logro de estas medidas, junto al resultado final, dependerá principalmente de las negociaciones del congreso, lo cierto es que la disminución en la tasa de impuesto parece bastante probable.

En Chile por otro lado nos hemos movido en la dirección contraria. Nuestra reforma de 2014 no sólo ha vuelto más complicadas las cosas sino también ha elevado de manera sustancial el impuesto de las empresas. Es interesante como nos encanta compararnos con la OCDE para todos los temas excepto tributación. Desde el año 2000 y considerando el próximo año (en que nuestra reforma estará en pleno régimen) habremos sido el único país que tendría alzas de impuestos en el periodo. Mientras en promedio la OCDE disminuyó la tasa de impuesto en 8,7% en periodo citado, pasando desde 32,5% a 23,8% (considerando que Estado Unidos logre su meta). Nosotros en cambio la aumentamos en 12 puntos, pasando de 15% a 27%.

La reforma de Estados Unidos consolida la tendencia mundial que se ha desarrollado en las últimas décadas en torno a la reducción del impuesto a las empresas. Dada la apertura de nuestro país y lo inserto que está en el mundo, será difícil mantenerse como un destino atractivo de inversiones si es que los demás países continúan bajando sus impuestos. Este es uno de los problemas de nadar contra la corriente en esta materia.

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Diferencias consistentes

Finalmente, la ciudadanía pudo anoche ser testigo de un verdadero debate, un intercambio de opiniones sustantivo, gatillado por la en general correcta labor de los periodistas. El formato fue, con seguridad, el que un importante sector de la opinión pública esperaba, un espacio de interacción real donde quedaron expuestas con claridad las definiciones programáticas y, también, el manejo de los temas y las capacidades de cada candidato para abordarlos. Así, en un interesante intercambio de opiniones, los contrastes fueron visibles; entre otras cosas, Sebastián Piñera debió precisar su giro en materia de gratuidad universitaria y sus dichos sobre los ‘votos marcados’.

Por su parte, Alejandro Guillier debió aclarar también su posición sobre el futuro de las AFP y la eventual condonación o suspensión del CAE. En definitiva, las ambigüedades y contradicciones que los candidatos han ido dejando en evidencia durante estos largos meses de campaña, pudieron ser confrontadas, en un ejercicio que sin duda terminó siendo aclarador para la decisión que los electores deberán tomar el domingo. En términos de evaluación en el desempeño de ambos contrincantes, siempre es difícil, subjetivo y polémico intentar precisar un juicio general; con todo, resultaría aún más difícil no reconocer que el representante de Chile Vamos mostró anoche un manejo riguroso de los temas y propuestas, frente a un representante del oficialismo que tuvo mayores complicaciones a la hora de exponer con claridad sus planteamientos y compromisos.

En los hechos, Sebastián Piñera consiguió anoche exhibir bien los atributos que otorgan los largos años de experiencia en el servicio público, es decir, una mayor prolijidad en los aspectos técnicos y de gestión asociados a su oferta programática. Alejandro Guillier abordó, en cambio, los temas con más dificultad, sobrevolando en muchos casos los lugares comunes, y con menor capacidad de precisión en los asuntos sustantivos. Será muy difícil -y quizás también inútil- tratar de evaluar los efectos de este debate en el electorado, intentar precisar cuál puede ser el grado de incidencia de lo observado anoche en el resultado final que entregarán las urnas. Sin embargo, no puede subestimarse que en un tiempo especialmente complicado para la política y su credibilidad, el formato de este intercambio de opiniones resultó un aporte innegable. Tener la oportunidad de ver y escuchar un debate consistente, en el que se repasaron los planteamientos en las áreas de gestión más relevantes, y observar diferencias, resultó a estas alturas casi estimulante.

Por último, a pesar de la aspereza que irrumpió en varios pasajes, el tono general se mantuvo en un clima de respeto y relativa cordialidad, algo que también marcó un positivo contraste con las dinámicas de campaña observadas en las últimas semanas. En resumen, un buen ejercicio en lo general, donde los contrastes en materia de propuestas, experiencia y manejo de los temas, al final no brillaron por su ausencia.

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Litio: la base de la energía del futuro

Esta columna fue escrita junto al Dr. Flavio Salazar Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile

 

Chile está implementando una decidida transformación de la base energética del país. “Estamos viendo un verdadero cambio mundial” señala Al Gore en su último documental An Inconvenient Sequel, respecto a la situación de la energía a nivel planetario. En el mismo largometraje se presenta con entusiasmo “el caso chileno” como una buena política, al multiplicar por mil los proyectos solares aprobados o bajo construcción en los últimos cuatro años. Esto demuestra cómo el país puede sumarse a las nuevas tendencias globales en energía sustentable y amigable con el medio ambiente.

Para almacenar estas nuevas energías y contar con una electricidad limpia de abastecimiento seguro, necesitamos desarrollar la industria nacional del litio. Nuestro país posee una de las mayores reservas de este mineral en el mundo, pero lo está exportando sin visión estratégica y con mínimo valor agregado. Esto provoca que se pierdan posibilidades de desarrollo tecnológico de base científica, generación de empleos y mayores ingresos económicos, además de descuidar los potenciales impactos sociales y ecológicos.

Estamos hablando de un recurso fundamental para el presente y futuro del mundo, gracias a sus singulares propiedades físico-químicas. Hay tres aplicaciones destacadas del litio que abren un sinnúmero de posibilidades en investigación y desarrollo: su capacidad para almacenar energía en baterías eléctricas y acumuladores termosolares; su eficiencia energética, con el uso de aleaciones livianas y resistentes en aviones, barcos y rodados, como son las de aluminio-litio; y además constituye el elemento clave en la producción del tritio, que es el combustible de la fusión nuclear.

A pesar de estas aplicaciones y muchos otros usos por investigar, Chile hoy solo está en condiciones de exportar la materia prima sin procesar, al igual que lo hizo con el salitre y lo hace actualmente con el cobre. No podemos dejar una vez más que las principales riquezas nacionales sean capitalizadas exclusivamente por entes privados, cuando es el Estado quien debe jugar un rol activo, incorporando la ciencia y tecnología de forma estratégica con mirada de futuro. Agregar valor a nuestros recursos, no solo al litio, contribuirá a generar más riqueza para el país, mayor sustentabilidad, bienestar y desarrollo. Esto es urgente para construir un país más justo, con una mejor educación, mejor salud y mejor previsión, ámbitos que se beneficiarían de una economía basada en el conocimiento.

Ante este desafío, el papel de las universidades públicas es ineludible, ya que estamos trabajando colaborativamente para entregar evidencia científica multidisciplinaria al diseño de políticas públicas, y además contamos con las capacidades para posicionarnos a la vanguardia en el desarrollo tecnológico de este recurso. Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades del país, candidatos presidenciales, universidades, empresas y la sociedad en su conjunto, a que aprovechemos esta nueva oportunidad que el litio nos entrega, para implementar un proyecto país dirigido desde la institucionalidad pública y hacer de Chile el país desarrollado que merecemos.

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Elecciones presidenciales: ¿Dónde están las prioridades educativas?

Estamos a pocos días de las presidenciales y la educación vuelve a tomarse la agenda pública. Ambos candidatos entregaron sus programas en primera vuelta y la tónica de esta etapa son los anuncios de “última hora” en educación superior: aumentar la gratuidad en educación, el fin al CAE y la condonación de deudas, parecen ser los grandes temas en disputa.

La discusión sobre estos temas se ha centrado en los recursos. Pareciera ser que la principal encrucijada es si el país cuenta o no con las arcas fiscales para financiar estas reformas. Mientras, los argumentos sobre las prioridades educativas, la apuesta en educación en el largo plazo y los modos de llevar a cabo estos cambios, parecen haber quedado en el olvido.

Nos preocupa la ola de anuncios de última hora, a modo de “lista de supermercado”: muchas iniciativas, sin mayor precisión sobre las metas que persiguen, contenido y su real impacto. En educación la evidencia es categórica, no hay recetas mágicas, los países exitosos han emprendido procesos de reforma de largo plazo, con prioridades claras que ponen foco en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y progresivamente en las condiciones para asegurarla.

Por eso vemos riesgoso este afán de crear programas o priorizar iniciativas sin precisar si ellas son la mejor respuesta para asegurar una educación de calidad a todos los estudiantes. ¿Qué respuesta están entregando hoy los programas presidenciales a esos miles de niños que están en lista de espera para una sala cuna o un jardín infantil? ¿Qué proponemos a todos esos jóvenes que están egresando del sistema sin las habilidades mínimas? ¿Cuándo solucionaremos el enorme caos y desregulación en la educación superior y aseguraremos niveles equitativos de calidad entre las instituciones?

Quienes trabajamos en educación sabemos que, contrario a la propiedad matemática, el orden de los factores altera enormemente los resultados. Por tanto no da lo mismo qué temas privilegiar, por donde partir y las secuencias de políticas que hay que seguir.

Esto implica entender que para lograr que los estudiantes aprendan y se desarrollen de manera integral, tenemos que tener una perspectiva de trayectoria educativa, pues la pelea se juega en gran medida en los primeros años de vida. Como país requerimos dar un salto enorme en cobertura y calidad, desafío de largo plazo que requiere que comencemos ya a formar las 18.000 mil educadoras y 23.000 técnicos en párvulos que hoy faltan para contar con una proporción de adultos que asegure bienestar y aprendizajes de calidad a los niños que asisten a la educación parvularia.

Al mismo tiempo, los enormes avances logrados en cobertura y mejora de las condiciones del sistema educativo no se sostendrán en el tiempo si no priorizamos la sala de clases, donde requerimos impulsar con fuerza una verdadera revolución en las formas de enseñar y aprender, entregando mayores recursos a las escuelas, apoyando a las comunidades educativas con herramientas, pero especialmente con mayores niveles de confianza y autonomía.

 

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Las preguntas de Ishiguro

Hace unos días, Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés, leyó su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura ante la Academia Sueca. El autor de Los restos del día, Cuando fuimos huérfanos, Nunca me abandones, entre otras extraordinarias obras, habló sobre su vida en Inglaterra a la que llegó de niño, la forma como había ido creando su literatura, basada en un Japón íntimo, y la profundidad e impacto de su narrativa y de sus personajes, Como simple ejemplo, respecto de su última novela, El gigante enterrado, Alex Preston crítico del The Observer, escribió: “Un libro hermoso y desgarrador sobre el deber de recordar y la necesidad de olvidar”.

En su discurso, Ishiguro enseña al mundo el lenguaje profundo que lo ha hecho famoso en el ámbito de la literatura. También reflexiona sobre nuestros tiempos frustrados y los fenómenos políticos que nos sacuden a diario con acontecimientos violentos, grupos que toman el poder en Europa bajo signos ultranacionalistas, la incapacidad de responder a preguntas que creíamos sencillas.

Ishiguro nos dice que la época que surgió tras la caída del Muro de Berlín parecía una buena señal para el mundo, pero resultó marcada por la autocomplacencia y las oportunidades perdidas. Se ha permitido –añade- que crezcan enormes desigualdades –de riqueza y oportunidades- entre países y dentro de los mismos países. También habló de su propia experiencia política y confesó ser un escritor cansado de una generación cansada. Vaticinó, sin embargo, que la que viene llegará con todo tipo de nuevos –y en ocasiones desconcertantes- modos de contar historias importantes y maravillosas. En el contexto de su discurso, no se refería únicamente a cambios literarios sino también políticos.

Finalmente, afirmó que debemos encontrar una gran idea, una gran visión humanista, alrededor de la que congregarnos.

Nos hemos preguntado si las inquietudes de Ishiguro son aplicables en alguna medida a las vicisitudes y momentos que vive nuestro país. ¿Habremos perdido muchas oportunidades en estos años?; ¿han crecido las desigualdades entre los chilenos?; ¿de qué o de quiénes estamos cansados?

Tal vez las preguntas más importantes, ¿existe en Chile una gran visión humanista alrededor de la cual congregarnos? Finalmente, ¿las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo domingo, son una respuesta al anhelo de oportunidad y crecimiento encarnada por alguno de los candidatos, o debemos esperar a esa nueva generación que traerá respuestas, como dice Ishiguro, importantes y maravillosas?

Lo que hemos visto hasta ahora insinúa que habrá que esperar. Tal vez más grave, quien resulte elegido tiene asegurada una oposición más o menos férrea de la facción que obtuvo 20 diputados y un senador y que, aguas arriba, se conoce como Frente Amplio, pero cuyo pensamiento global es muy difícil de discernir.

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Derecho y política

Resulta paradojal la evolución que están experimentando tanto el derecho como la política en el último tiempo en nuestro país. Tradicionalmente los conflictos jurídicos se han resuelto encontrándole la razón a una parte en detrimento de la otra. La tarea de los jueces consiste precisamente en determinar a quién le asiste el derecho para luego adjudicarle, a través de su sentencia, lo disputado. De allí que se diga que los conflictos jurídicos son de aquellos de suma cero: en que todo lo que gana uno lo hace a costa del otro.

Por múltiples razones esta visión está hoy en cuestión. Se sostiene que la imposición de un veredicto no resuelve los problemas de fondo que hay en una relación, sobre todo en aquellos casos en que ella deberá seguir proyectándose en el tiempo. Que es mucho mejor una solución en que las partes se involucran directamente, construyendo un acuerdo que logra trascender sus meras posiciones para acercar sus intereses más profundos. Que esa es la forma democrática de entender y resolver los conflictos, pues estos -por ingratos que nos parezcan- son parte esencial de la vida y debemos aprender a enfrentarlos y no esperar siempre que sea otro el que nos los solucione. Naturalmente no todos los conflictos pueden resolverse a través de una mediación, pero en el caso de aquellos propios de la convivencia, que no entrañan el uso de la fuerza y en que las partes se encuentran en una situación de relativa igualdad, la calidad de una solución negociada es muy superior a la alcanzada a través de una sentencia. Algo de esto hay en el aforismo de que es mucho mejor un mal arreglo que un buen juicio. De allí que las políticas públicas en materia de justicia hayan puesto un fuerte énfasis en alentar este tipo de soluciones en materias como las de familia, laborales o de consumo.

Como puede apreciarse, el derecho transita así un camino que lo acerca a la forma como tradicionalmente se han resuelto los conflictos en la política, la que siempre ha estado caracterizada como el arte de lo posible, siendo buen político sinónimo de gran negociador.

Pero extrañamente no es lo que hoy en día se observa en la política chilena, en que las posiciones tienden a ser cada vez más inflexibles, en que los acuerdos y el consenso se han convertido casi en malas palabras y en que las cuestiones asociadas al bienestar de los ciudadanos, el objeto de la lucha política, se expresan hoy en términos de derechos, es decir, en un escenario que no admite la negociación sino la imposición. En fin, una forma de hacer política que cree que alcanzando una cierta mayoría, aunque sea circunstancial, basta para no tener que transar nada.

Es curioso que al mismo tiempo que en el derecho hemos ido construyendo una aproximación más pragmática y empática, se ha ido levantando una cada vez más rígida e ideologizada en la política. Más curioso aún es que sean las nuevas generaciones las que están transformando el derecho y que esos mismos actores, cuando se trata de la política, retomen una forma de actuar que creíamos superada.

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¿Por dónde debe ir un sistema de pensiones que considere la evolución nacional?

Desde 1981 tenemos un sistema de pensiones por capitalización individual, el cual rompió con la lógica del financiamiento por reparto solidario, pasando a uno de orden individual y gestionado por sociedades anónimas (AFP). Fue esa la forma que los militares y su equipo económico aplicaron para enfrentar las diversas y graves dificultades que afectaban al sistema vigente a esa fecha: que requería reformas profundas, requeridas desde fines de los años ´50 y que llevó a reclamar al Presidente Frei M. en su último mensaje al Congreso (1969), por la falta de apoyo para efectuar los cambios.

El modelo de capitalización individual, ya con 37 años, aún no está en aplicación definitiva y única. Sirva este dato para dar cuenta que los cambios en esta materia, siendo necesarios, requieren cuidado y tiempo por los efectos que en el bienestar de las personas y del país pueden generar una inadecuada evaluación de las modificaciones necesarias.

Algunas características de la capitalización individual, y que están a la base de sus fallas y deslegitimidad:

Frente a la cotización de alrededor de 17% (mayoritariamente del empleador) pasó a uno de un 10% del trabajador exclusivamente, más comisión (sobre un 13% total por más de dos décadas).
La edad de pensión se uniformó para los hombres en 65 años y para la mujer en 60 años.
La subsidiaridad del Estado se acentúo en gestión y administración: los privados lo harían mejor.
El Estado se hace cargo de financiar los déficits y toda la transición (aun no cerrada) con altos costos fiscales.
El principio de la libertad de opción de los afiliados -desinformados o poco formados en temas financieros- es una de las reglas del modelo y lleva a las personas adoptar malas decisiones o sugeridas por terceros que no siempre están orientadas a apoyarlo.
Competencia poco regulada en el primer tiempo de vigencia.
Rol de las AFP centradas sólo en rentabilidad, muy importante, pero descuidando la cercanía con las personas y sus necesidades en esta materia.

A poco andar el modelo empieza a experimentar cambios.  Destacándose entre otros:

Trabajadores que efectúan labores pesadas (mineras, subterráneas nocturnas, etc.), deberían pensionarse antes, para ello se debe sobre cotizar y adelantar la edad: se establece cotización del empleador y trabajador (1996).
Multifondos (2002), se diversifican las inversiones para asegurar mayores rentabilidades y no exponer a los mayores a excesivos riesgos con sus cotizaciones en el esquema de la capitalización.
Restricciones a las pensiones anticipadas (2008), ya que las necesidades de las personas los llevaban a solicitarlas a edad temprana, arriesgando quedarse sin pensión o con una muy baja con el transcurso de los años.
Transferir al empleador el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia (2008), con lo cual se disminuye los costos de los trabajadores en este sistema.
Mejoras a la forma de determinar la invalidez para acceder a pensión, varios cambios se han efectuado a objeto que la invalidez y su declaración sea efectiva, más oportuna y con mejores condiciones de acceso (1990 y 2008).
Creación del pilar solidario (la más importante reforma), con pensión de alivio a la pobreza para adultos mayores sin pensión y un aporte para mejorar el monto de la mayoría.

Todos estos cambios se efectuaron con grandes acuerdos, dado el quorum calificado requerido, en un Congreso generado binominalmente.

La tendencia a nivel comparado es la instauración de sistemas de pilares: a) el Estado se hace cargo del alivio a la pobreza en la vejez para quienes no alcanzan pensión; b) un sistema contributivo, en base a aportes de trabajadores y empleadores, de carácter obligatorio y colectivo; c) capitalización complementaria a los sistemas generales contributivos, vía ahorros personales y empresariales.

Decir, que muchos de los sistemas que pasaron de reparto a capitalización (1990- 2000) evolucionaron a mecanismos mixtos: pocos han vuelto al reparto puro.

No procede atrincherarse en un solo esquema hay que buscar alternativas, viables conforme la experiencia internacional y la tradición nacional, no es posible copiar, interrumpir o romper con lo existente a raja tabla, los cambios en pensiones son graduales y deben respetar los derechos de los que están por pensionarse.

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Solo los tontos cumplen las leyes

Un país donde la participación electoral  alcanzó un 46% del padrón  el pasado 19 de noviembre y donde el  33% de la población no paga su boleto de transporte público debiera preocuparnos… nos acerca a eso que Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley,  llamó la “anomia boba”  y que proviene de un juego en que todos pretenden sacar ventaja y terminan en la peor de las situaciones. El punto es que la llave para superar esta mala práctica está en las normas morales y en la convicción de seguirlas sin cálculos de beneficios y perjuicios individuales, con la disposición de individuos conscientes de sus derechos y de los derechos de los otros. Pero aquí viene lo interesante, porque  esto supone haber recibido una previa educación ciudadana que nos debiera imprimir una ética universalista,  según sostiene Guariglia.

 Es sorprendente que pese a nuestra evidente falta de formación ciudadana -acentuada por la eliminación del curso de Educación Cívica en 1997- nuestras autoridades insisten en hacernos parte de procesos reformadores profundos, como el de la reforma a la Constitución. Lo anecdótico es que según la encuesta realizada por la   Facultad de Derecho de la UDD en el 2015, el 60% de los encuestados señaló que considera indispensable una reforma a la Constitución, pero un 73% declaró no conocer ninguna materia de la Constitución, un 84%  declaró no conocer ningún artículo de la Constitución, y el 82% señaló no saber en qué consiste una asamblea constituyente.

Estas estadísticas son más que suficientes para tomar en serio esto de la Educación Cívica y su  indispensable valor en una sociedad democrática que pretende construir identidad nacional, generar pertenencia a una comunidad, con arraigo en una historia y destino común. Lo peor que nos podría pasar como país es que nos quedemos sin sustento institucional, jurídico y político, y que nadie se sienta motivado a participar de la construcción democrática de un proyecto compartido, en el que el rol de cada ciudadano  es determinante.

Esto debiera orientar nuestra mirada hacia lo importante e indispensable que es la formación ciudadana, que hoy aparece como una herramienta para que las futuras generaciones puedan recibir referencias culturales en torno a valores intemporales, respetando nuestras legitimas diferencias, enfatizando la vocación social y trascendente.

Hace un tiempo hemos venido constatando una creciente crisis de confianza, de credibilidad en los que eran nuestros pilares institucionales. Hemos visto  que quienes tienen el deber de ser garantes del cumplimiento de las normas morales o jurídicas, no las cumplen y eso nos acerca peligrosamente a esta nueva forma de relación social marcada por la desconfianza mutua, la falta de respeto a la autoridad, el individualismo, la ausencia de pertenencia a una comunidad y  devaluación del bien común.

 Estamos a tiempo para no llegar a replicar lo que el 27 de junio de 2009 los argentinos institucionalizaron a través del día nacional del boludo, como una forma de reivindicación de los ciudadanos que respetan las leyes, cumplen con sus deberes y adhieren a las instituciones democráticas, en contraste con los “piolas” que practican la viveza criolla y no dudan en transgredir las normas si con ello van a sacar provecho personal.

 Las próximas elecciones debieran ser una invitación a construir un  país entre todos,  participando respetuosamente en los procesos cívicos, predicando con el ejemplo. Pongamos todo nuestro empeño para que Chile nunca sea el país donde solo los tontos cumplen con las leyes.

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Educación Escolar y Agenda Política

*Esta columna fue escrita junto a Marcelo Correa, Secretario General CONES.

 En los últimos días hemos conocido dos novedades importantes para la educación general en Chile. En primer lugar, la OECD, a través de su informe de evaluación de las políticas educacionales para nuestro país (que observa el ciclo 2004-2016), entrega un sólido respaldo a las reformas que se han estado poniendo en marcha en el último tiempo. La ley de inclusión, la nueva educación pública y el sistema de desarrollo docente, con sus fortalezas y limitaciones, diría la OECD, representan condiciones fundamentales para dar un salto en calidad y equidad en nuestro sistema escolar en los próximos años. En segundo término, también en los últimos días la Agencia de Calidad ha dado a conocer los resultados de la primera participación de Chile en el Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés). La evidencia ahí recolectada nos muestra que las oportunidades de aprendizaje que provee nuestro sistema a los niños y niñas de educación primaria – en un área fundamental para el desarrollo humano como la lectura – están todavía lejos de aquellos países con PIB similar a Chile, que persiste una gran proporción de estudiantes (40%) en los niveles inferiores de desempeño y que seguimos siendo testigos de niveles inaceptables de inequidad y segregación. Esta combinación de noticias es probablemente un reflejo muy claro de lo que hoy representa nuestra educación general: un sistema en plena transformación, pero en el que al mismo tiempo se requieren nuevos impulsos y políticas que permitan traducir dicha transformación en un mejoramiento sustantivo de las oportunidades de desarrollo integral que ofrecemos a todos los niños, niñas y jóvenes.  

En este escenario, los programas para la educación escolar de las candidaturas presidenciales en carrera debiesen ser motivo de preocupación. Cuesta encontrar en ellos una visión de futuro para la educación obligatoria, a pesar de que, como toda la evidencia indica, es en la educación inicial y general donde esencialmente se juega el éxito o fracaso de cualquier sistema educativo. En el caso de Sebastián Piñera, un largo y desarticulado listado de iniciativas para la educación general convive hoy con la intención – comunicada públicamente –  de “corregir” o retroceder en algunos aspectos de las reformas en curso (como abrir nuevamente la puerta a la selección o establecer un copago encubierto). En el caso de Alejando Guillier, si bien su programa da cuenta de la necesidad de consolidar y proyectar algunos de los avances logrados en el último tiempo, no se aprecia con claridad cuáles son las políticas para la educación escolar que concretamente priorizará en su gobierno.

El desafío del próximo período gubernamental consiste en, a partir de los cambios ya en ejecución, iniciar un nuevo ciclo de políticas educacionales, con un claro protagonismo de las comunidades educativas y sus integrantes, que le permita al país avanzar mucho más decididamente en calidad e inclusión. Un salto en las condiciones para la calidad – como el coeficiente técnico – de la educación parvularia, un plan de fortalecimiento radical de la formación inicial y continua de nuestros docentes y directivos, una discusión y decisión de fondo sobre la racionalidad del currículum, una reforma profunda al sistema de aseguramiento de la calidad (SAC), una política de expansión de la educación pública escolar, y la puesta en marcha urgente de un nuevo sistema financiamiento para la educación general, debieran ser agendas prioritarias para este nuevo ciclo político y educacional que se ha abierto en Chile.

No cabe duda que para avanzar en estas nuevas reformas es indispensable, primero que todo, implementar rigurosamente, pero con visión crítica y una amplia participación de sus protagonistas, cada uno de los cambios – como la ley de inclusión, la nueva educación pública y la ley de formación ciudadana – que se han venido concretando para la educación general en los últimos años. Cualquier retroceso o estancamiento en estas materias sería una mala noticia para nuestro sistema escolar. 

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