Óscar Contardo's Blog, page 137

Clasificación de riesgo de Chile, un logro que debemos cuidar

Desde fines del año 2012, Chile ha tenido una clasificación de riesgo de AA- en la escala de Standard & Poor’s que considera la deuda de largo plazo denominada en moneda extranjera. Esta clasificación de riesgo refleja que la capacidad de Chile para cumplir con sus compromisos financieros es muy sólida. De acuerdo a Standard & Poor’s, Chile tiene mejor capacidad de pago que países como España (BBB+), Italia (BBB-) e Irlanda (A+). Este es un gran logro que refleja años de disciplina fiscal y un buen manejo económico.

El reciente crecimiento de la deuda pública en Chile ha llamado la atención de las principales agencias clasificadoras de riesgo y una parte considerable del mercado pronostica un recorte en la clasificación de riesgo del país. Si bien las palabras del Ministro de Hacienda durante el cierre del Chile Day 2017 indicaron que existe cierta probabilidad que dicho recorte no se materialice, no deberíamos estar indiferentes frente a un potencial deterioro en nuestra clasificación de riesgo.

Las clasificaciones de riesgo soberano son un determinante importante de las calificaciones otorgadas al sector privado y, a través de este canal, recortes en las clasificaciones de riesgo soberano aumentan el costo del financiamiento privado en los mercados internacionales. Existe, además, evidencia que indica que los recortes de la clasificación de riesgo soberano tienden a reducir la oferta de crédito bancario. En consecuencia, si los malos augurios se hacen realidad el sector privado podría enfrentar una reducción en su abanico de oportunidades de inversión y en sus perspectivas de crecimiento.

Debido a que la clasificación de riesgo de Chile se encuentra varios escalones por sobre el umbral de grado de inversión, el alza en el costo de financiamiento de empresas chilenas en los mercados internacionales y la reducción de la oferta de crédito bancario debiesen ser acotadas. Sin embargo, estos efectos no son transitorios, ya que recuperar la clasificación de riesgo va a tomar tiempo y, en consecuencia, los efectos de un recorte podrían significar un costo importante para el país y sus ciudadanos en el mediano y largo plazo.

Chile ha conseguido un número importante de logros históricos en los últimos años. Estos logros nos enorgullecen, ya que han sido alcanzados gracias a nuestra disciplina, esfuerzo y perseverancia. Sin ser el más importante, nuestra clasificación de riesgo ha sido un activo importante; uno que no debemos subestimar y que debemos cuidar.

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Hasta dar la vida

CADA 9 de julio, miles de jóvenes chilenos juran a la bandera, desde Arica a Punta Arenas, y en ese juramento se comprometen a dar la vida si fuese necesario para defender al país.

En solemnes ceremonias a lo largo de todo el territorio, los soldados conscriptos juran ante sus autoridades y muchas veces en presencia de sus orgullosas familias.

Pero es más que un acto militar, es un acto republicano, porque ese juramento implica el pleno respeto a la institucionalidad vigente, a sus autoridades, y al pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos. Resalta este compromiso de vida, en medio del clima de individualismo predominante en ciertos sectores de la vida nacional.

La fortaleza institucional es uno de los principales capitales que tiene Chile, es uno de los pilares esenciales para una convivencia civilizada. Es también una condición esencial para el desenvolvimiento del país. Los elementos constitutivos del Estado: población, territorio y soberanía, requieren de una capacidad estratégica que garantice el adecuado cuidado de estos tres elementos básicos. Siempre es necesario tener estos principios básicos claros, en especial cuando producto de academicismos o visiones idealistas, surgen voces que sostienen que Chile ya no requeriría de una defensa clásica.

Si algo caracteriza al nuevo escenario estratégico global, es la proliferación de zonas de incertidumbre y conflicto. Si Chile apuesta en su desarrollo a la más plena inserción internacional, ello conlleva el compromiso y la necesidad de contribuir, en la medida de sus recursos, a la gobernabilidad global, empezando por la del barrio.

Por cierto, como decía Benito Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno, y en materia internacional, la ley asume la forma de tratados. Por eso nuestra diplomacia tiene marcado a fuego el respeto irrestricto de los tratados y su correspondiente intangibilidad.

Pero sería un error entender que el potencial de un país es solamente el estratégico. Los chilenos entendemos que la defensa es nacional, es decir, es un esfuerzo de toda la Nación. Por ello, cultivar y proteger una adecuada relación civil militar es además de una base de convivencia democrática, un requisito indispensable para potenciar nuestra propia seguridad. Esto es válido en especial luego de que en el pasado reciente, viviéramos profundas divisiones.

Por cierto, la seguridad es también una condición indispensable para el desarrollo nacional y recíprocamente, este desarrollo permite darle un sustento sólido al esfuerzo en seguridad, en sus inversiones y en la preparación del personal.

 Por todas esas razones, el Juramento a la Bandera que se realiza cada 9 de julio, constituye un eslabón más en la construcción de nuestra Nación; en esta ceremonia se funde una común voluntad por construir el mejor futuro para nuestro país.

En las principales avenidas y plazas de nuestras ciudades, resonará este domingo el compromiso de miles de jóvenes que se juramentarán a ser  honrados, valientes y amantes de su Patria.

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La disputa del centro

SEBASTIÁN Piñera recibió el respaldo de 827.347 electores en la primaria de la derecha, lo que constituye un capital muy estimable con vistas a noviembre. Tiene sin duda una gran posibilidad de ganar la Presidencia. Por cierto que su fuerza está correlacionada con la alta desaprobación al gobierno de la Presidenta Bachelet y el rechazo que despierta la Nueva Mayoría (o lo que resta de ella). El dato duro es que la mayoría de los chilenos no quiere la continuidad del experimento de estos años, ni tampoco algo que se le parezca.

El rostro de la continuidad, Alejandro Guillier, bajó de 12% a 9% en la encuesta semanal Cadem, y de 21% a 15% en la mensual de Adimark. Su declive está a la vista, y el factor determinante han sido sus falencias, confusiones y zigzagueos en un rol para el cual carece de atributos. Es ilustrativo leer su programa para hacerse una idea de adónde iría a parar el país en un hipotético gobierno suyo.

En todo caso, tenemos la obligación de recordar que las elecciones no deben darse por ganadas ni por perdidas antes del conteo de los votos. Faltan cuatro meses y todavía pueden pasar muchas cosas, por ejemplo que un candidato experimente una crisis vocacional, o que crezca el interés por votar entre aquellas personas que hasta hoy no marcan preferencia o incluso dudan de la utilidad del sufragio. Si aumenta sustancialmente el número de votantes, el paisaje puede variar.

La encuesta CEP de abril/mayo pidió a los consultados que se ubicaran en una línea en la que 1 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. El 16% se ubicó entre 1 y 4 (izquierda); el 32% entre 5 y 6 (centro); y el 12% entre 7 y 10 (derecha). Otros sondeos han descrito un cuadro similar. En consecuencia, no es aventurado afirmar que la elección presidencial se definirá en el espacio del centro, que se asocia con equilibrio, moderación y recelo hacia las posturas extremas. Abundan los indicios de que la mayoría del país no quiere cambios espasmódicos y de efectos dudosos, sino graduales y bien pensados.

Hoy no existe una clara alternativa de centro. Esto ofrece una oportunidad a Carolina Goic, pero la condición es que la DC se juegue a fondo por esa perspectiva. En otras palabras, que sus dirigentes y parlamentarios se convenzan de que el futuro no pasa por la reunión de los lunes en La Moneda. Ello implica establecer otro eje de referencia y articular un  discurso diferenciador, que apueste fuerte por la gobernabilidad, el crecimiento económico, la inclusión social y las reformas de ancha base. Si la candidata DC encarna eso, puede interpretar a mucha gente que, luego de la experiencia de estos años, siente fastidio por los proyectos desmesurados y valora en cambio las propuestas realistas, que mejoren efectivamente las condiciones de vida. Se trata de los chilenos que demandan progreso real, no castillos en el aire. Solo la candidata DC puede disputarle a Piñera el espacio del centro. Por supuesto que ello no se relaciona únicamente con la elección, sino con la siembra para el futuro.

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Escribir o ahogarse

EN UNA entrevista publicada en estas páginas, el historiador Gabriel Salazar lamentaba que no existiera un think tank de izquierda. Cuando señalaba que se ha perdido el espíritu que tenían las ONG, inmediatamente uno recuerda que solo en la Flacso trabajaban Brunner, Garretón y Moulian. Este último, recordemos, escribió el libro más influyente de la transición: Chile actual, anatomía de un mito. Hoy los intelectuales, aunque estén en una universidad del Cruch, dejaron de ser públicos. Están consumidos en una carrera personalísima, cuyo campo de batalla es el de las revistas indexadas. 

En la derecha han aparecido un par de centros de pensamiento en los últimos años, pero basta escuchar a su candidato presidencial para saber el peso que las ideas tienen en el sector. Para Piñera todo se reduce a la dimensión económica, como si los temores y sueños que cada uno anida en lo más íntimo fueran siempre una cuestión de crecimiento o productividad. La política vista como la encargada de darle forma a las expectativas y deseos de la gente es algo por completo ajeno a su discurso.

Leyendo En el café de los existencialistas, un libro excepcional de Sarah Bakewell sobre el movimiento filosófico más influyente del siglo XX, es imposible no maravillarse con la pasión con que Camus, Sartre, Simone De Beauvoir, Arthur Koestler, Hannah Arendt o Raymond Aron discutían en los medios de comunicación y en coloquios universitarios sobre conceptos como libertad y compromiso.

Sartre, el más radical de todos, llegó a decir que había que “escribir o ahogarse”, expresión que cristaliza buena parte de sus ensayos contingentes. La revista Les Temps Modernes fue el escenario de un debate álgido producido desde mediados de los años 40, cuando Europa estaba en el suelo y, por lo mismo, estaba todo por hacerse (y pensarse). Pero las polémicas se sucedieron en el tiempo, a propósito de la guerra de Corea, de la independencia de Argelia o de las invasiones soviéticas a Hungría y Checoslovaquia.

Lo que queda, más allá de lo erradas que hoy se ven algunas posturas, es la pasión por captar la densidad de la vida y la voluntad de formular las preguntas que incomodaban al poder y que, sin duda, inquietaban a los ciudadanos en lo más profundo de su ser. Interrogarse, por ejemplo, qué somos y qué deberíamos hacer. O preguntarse qué efecto tiene una determinada política pública para los menos favorecidos. O si es justificable una guerra en nombre de un ideal (llámese comunismo o democracia).

Son preguntas que están a la base de la libertad individual y que trascienden el contexto histórico en que se desplegó el debate de los existencialistas. La noción de privacidad, por ejemplo, nunca había sido tan vulnerable como ahora. Lo mismo ocurre con la necesidad de tener el control de la propia vida más allá de las alternativas de consumo. Sería bueno escuchar a nuestros intelectuales referirse a fenómenos a los que nos vemos enfrentados día a día y que, desde luego, también debieran formar parte del gran relato político de las fuerzas en pugna.

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No es un trámite

Hace unos días la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley de Educación superior, luego de la aprobación de sus pares de la Comisión de Educación.

La Comisión presidida por el diputado José Miguel Ortiz recibe un proyecto a lo menos problemático. Su extensa tramitación, con varios tropiezos, y múltiples indicaciones de lado y lado no han cambiado su esencia, la gratuidad universal. Esto demuestra que, a pesar de lo que el Ministerio de Educación ha tratado de argumentar, este no es un proyecto sobre educación propiamente tal, sino sobre financiamiento estudiantil. Por lo tanto, la Comisión de Hacienda se encuentra con la misión de, al fin, enfrentar el verdadero centro del proyecto, algo que su símil de educación prefirió evadir.

Este centro es el mecanismo mediante el cual se pretende establecer un sistema de financiamiento a la docencia de pregrado en educación superior que, mediante el control estatal, político y centralizado de aranceles y vacantes, reemplace lo que hoy aportan las familias por aportes fiscales. ¿Qué problemas debiera abordar la comisión?

Primero, el significativo gasto fiscal que este proyecto implica, y la dificultad de calcular seriamente los costos. Las estimaciones disponibles indican que, en régimen, la gratuidad universal podría costar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de educación. El Ministerio de Hacienda estima el valor en 1.2% del PIB incremental, con el supuesto de que la cobertura no aumente, esto es, que no ingresen significativamente más estudiantes que los que están matriculados hoy. La comisión de Hacienda debe dedicar tiempo en revisar los supuestos y proyecciones realizados por el Ministerio de Hacienda, antes de comprometer al país con una carga importante que deberán llevar al menos 15 futuros gobiernos.

Segundo, y a pesar de los altos montos anteriores, el informe financiero que acompaña el proyecto está incompleto. Debe incorporarse, por ejemplo, los costos que implicará el cierre masivo de instituciones, principalmente las que no logren acreditarse. Asimismo, aún no se han publicado los nuevos aranceles regulados que pagará el Estado a las instituciones (que serían entre un 3 y 12% mayores a los de 2016), por lo que no es posible hacer una chequeo externo mínimamente responsable de la estimación del Ministerio. Es cierto que los informes financieros no tienen que ser totalmente exactos, pero si deben cubrir y considerar todos los elementos que implicarán gastos al fisco. En esto el informe está al debe, y la Comisión de Hacienda debiera hacer ver este punto al gobierno y abrirse a perfeccionar el informe.

Estos antecedentes, entre otros, son los que deben llamar a la Comisión de Hacienda a discutir el proyecto de ley de Educación Superior en profundidad, sin dejarse presionar por la premura del ejecutivo. Se trata de un proyecto complejo y extenso, sobre el cual los diputados están llamados no solo a pronunciarse sobre la creación de un par de reparticiones estatales, sino de la estructura, naturaleza y futuro del sistema de educación superior. Los errores que se deriven de un trabajo innecesariamente acelerado, contribuirán a seguir deteriorando la calidad de las políticas públicas en Chile.

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Control preventivo de identidad: una herramienta eficaz

A un año de la entrada en vigencia de la ley N° 20931, más conocida como la Agenda Corta contra la Delincuencia, resulta muy relevante evaluar uno de los cambios más estructurales y polémicos que tuvo dicha normativa: el control preventivo de identidad.

El artículo 12 de dicho cuerpo legal, que promovimos con un grupo transversal de diputados viendo la experiencia comparada de países como España, Italia  o Alemania, entre otros, dispone en términos generales que  en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, puede verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento.

En su momento, los detractores de esta herramienta señalaron fundamentalmente que sería completamente ineficaz para el combate contra la delincuencia y que sería tremendamente discriminatoria y vulneradora de derechos humanos de los ciudadanos al darle tamaña potestad a las policías, las que la utilizarían de forma abusiva.

Lo cierto es que ninguna de sus principales críticas se ha cumplido. En efecto, Desde su entrada en vigencia, según datos de Carabineros de Chile, se han efectuado 1.105.560 controles preventivos de identidad, resultando de ello 61398 personas detenidas, es decir, el 5,5%. Por otro lado conforme a la información provista por la Policía de Investigaciones de Chile, de los 78426 controles preventivos de identidad realizados, 2235 personas fueron detenidas. Es decir, el 2,84%.

Ambas cifras nos dan a entender una realidad, 63366 delincuentes han sido aprehendidos gracias al control preventivo de identidad y otros muchos delitos se han evitado gracias a su poder disuasivo. Algunos dirán que es poca la cantidad de personas detenidas, pero ese argumento no es real: la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que transita libremente por las calles no es delincuente, pero esta facultad ha servido efectivamente para detectar y atrapar aquellos prófugos de la justicia.

Asimismo, otro análisis crucial en esto, ha sido el bajísimo número de reclamos frente a un uso abusivo del control preventivo de identidad: apenas 12 casos, correspondiente al 0,0001%. Absolutamente ínfimo, lo que revela la correcta utilización de la facultad por parte de las policías.

Así las cosas, el primer año de ejercicio de esta importante herramienta ha sido un gran paso para ir consolidando otra forma más efectiva en la lucha contra la delincuencia. Con todo, quedan pendientes ciertos aspectos de evaluación de la misma vinculadas a su extensión a los menores infractores de ley; al mejoramiento y mayor publicidad de los procedimientos de reclamos y a la actualización permanente y visible por parte del Ministerio del Interior de las cifras vinculadas al control preventivo de identidad, pero sumando y restando, ha sido un triunfo para los ciudadanos y una derrota para la delincuencia.

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Claves para transformar la educación: es momento de actuar

La educación es una de las claves actuales para influir, configurar y aportar en la construcción de un nuevo orden social. Aquí confluyen los grandes desafíos culturales, los anhelos por construir una sociedad más justa y solidaria con los más necesitados y la formación de hombres y mujeres conscientes de su dignidad. La educación toma un rol preponderante en el compromiso creativo para conllevar positivamente aquello que amenaza el equilibrio entre la vida interior y  el gran desarrollo exterior, especialmente en las maravillas que nos ofrece la técnica con las múltiples posibilidades del desarrollo humano.

Es así como las instituciones escolares ofrecen un amplio horizonte de inserción y transformación cultural a través del acompañamiento en el desarrollo de las personas y las comunidades.  El rol que juegan es la clave en la adquisición del conocimiento, desarrollando un diálogo cercano con la realidad, mediante la articulación de un estilo de vida con rasgos y principios sanos para cultivar una sana cultura moral.

Para que lo anterior realmente se pueda realizar, es decir, para que la escuela pueda cumplir con su misión en una sociedad que está en constante cambio, es necesario entregar espacios de reflexión  profunda que supere el paradigma tradicional, con el fin de responder qué escuela queremos, cuál es nuestro sueño y cómo construirlo entre todos. Las instituciones necesitan responder desde su propia identidad educativa los continuos desafíos a lo largo de todos sus ámbitos.

Hoy tenemos ejemplos en varios países que se han dado el tiempo para dar respuesta a estas y otras preguntas semejantes y que están marcando una gran diferencia.  España ha tenido el coraje de replantear sus sistemas y de llevarlos a la acción. Proyectos educativos como Amara Berri, Nova Escola 21, Horizonte 2020 y las escuelas Monserrat son una muestra de lo que están logrando en este ámbito. Y en Chile proyectos como Mundo Karol nos demuestran que también estamos listos para intentarlo. Vale la pena preguntarse, por lo tanto, qué tienen en común estos proyectos.

Lo primero que podemos señalar es una reflexión que nace desde su identidad o Proyecto Educativo y que rescata lo propio de cada centro. Y que entra en diálogo con los desafíos y corrientes educacionales del siglo XXI. 

Lo segundo tiene que ver con que las transformaciones son de la organización completa , desde la infraestructura, metodologías y tipo de relaciones que se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad, en donde el alumno es el protagonista. No se puede refundar un colegio sin “refundar” también a sus directivos, profesores, apoderados, es decir, a la comunidad entera.

En tercer lugar, cambio surge siempre desde las bases, en donde destacan los procesos generados a partir de profesores y alumnos por igual, quienes motivan una urgente necesidad de cambio. Peter Senge nos recordaba hace poco que para innovar en educación hay que crear  un modelo pedagógico en donde el docente y el alumno aprendan a la vez.

En cuarto lugar, si bien el cambio se empuja desde las bases, es clave el rol jugado por los equipos directivos que han liderado estos procesos de transformación.

Un quinto elemento es que estas instituciones han creado modelos educativos cuya base ha implicado un cambio radical, no solo en la relación profesor-alumno, sino también en la configuración de los espacios que se imparten clases. El eje ha sido crear entornos de aprendizajes para que tanto alumnos, profesores como padres y apoderados, aprendan. En estos modelos, son pocas las cosas del paradigma tradicional que se deben rescatar.

Y por último, estas organizaciones educativas, fueron capaces de celebrar el error, pues sus procesos atravesaron enormes cuotas de riesgo. Su valor no radica en haberlo logrado la perfección, sino en haber transitado intencionalmente por un nuevo camino, que en definitiva les dio logros, pero sobretodo, entrenamiento para continuar evolucionando en lo que hoy significa educar en y para el Siglo XXI .

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Preguntas sobre Venezuela

La situación venezolana ya no deja indiferente a la comunidad internacional. Por tanto, corresponde plantearse porqué, si se observa con objetividad carente de posiciones doctrinarias preconcebidas. Algunas preguntas, tal vez nos ayuden a entender lo que ocurre a diario:

¿Casi 100 días de protestas multitudinarias en Caracas y otras ciudades, preferentemente de opositores, sucede en otros países? ¿Jóvenes muertos por enfrentamientos que superan los 80, prueban una polarización grave? ¿En las manifestaciones participa gente común, estudiantes y trabajadores, son populares o elitistas? ¿Las encuestas dan una abrumadora oposición al gobierno, tiene el apoyo masivo de la ciudadanía? ¿La inflación, una de las más altas del mundo, demuestra éxito o fracaso en la conducción económica? ¿Las medicinas, alimentos, y  bienes de consumo corriente faltan, y se asaltan los pocos lugares que los tienen, puede perdurar? ¿Ha aumentado o disminuido la inseguridad? ¿La producción petrolera no ha sido modernizada y se extrae menos, con precios internacionales bajos, mejoran las reservas? ¿Está autorizado comprar e importar productos extranjeros? ¿Ha aumentado la inversión no estatal y la actividad privada? ¿Usted invertiría en Venezuela?

Y hay más preguntas sobre la institucionalidad: ¿El Tribunal Supremo de Justicia ha fallado alguna vez contra el Gobierno? ¿Tiene algún poder efectivo en sus decisiones la Asamblea Nacional? ¿La convocatoria a una Constituyente para reemplazar la de Chávez de 1999, su mayor orgullo, pone fin a la Revolución del Siglo XXI? ¿Maduro tiene las habilidades políticas y el atractivo de Chávez? ¿Los líderes opositores ejercen y difunden libremente sus posturas junto a sus adherentes? ¿Contrarios encarcelados como delincuentes comunes, han gozado del debido proceso público? ¿Existen presos políticos? ¿Hay plena libertad de prensa para diarios, revistas o canales de televisión opositores? ¿La persecución a la Ex Fiscal General, es legal o venganza política? ¿Se puede contrarrestar la propaganda gubernamental por otros medios de comunicación? ¿Hay verdadera separación de poderes en la era de Maduro? ¿Se ha llamado a elecciones libres, secretas e informadas, que hagan posible el Referéndum Revocatorio, como prescribe la Constitución vigente? ¿Las Fuerzas Armadas gozan de privilegios mayores a la ciudadanía, podría Maduro gobernar sólo con civiles? ¿Hay más Generales que en las Grandes Potencias, son indispensables? ¿Es un régimen más policial que democrático? ¿Hay muestras de que el chavismo se divide? ¿Las continuas denuncias de golpe de Estado o agresión externa, son creíbles y se han materializado? ¿La OEA, Almagro, el Papa y otros Ex Presidentes, han logrado el diálogo? ¿El país está mejor o peor que antes? ¿Hay riesgos de confrontación violenta?

Estimado lector, usted tiene las respuestas.

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Sostenedores, colegios y profesores por la inclusión

El 98% de los colegios particulares subvencionados ha apostado por la inclusión, al decidir transformarse en establecimientos sin fines de lucro, lo que muestra que—a pesar de algunos pronósticos catastróficos—las comunidades educativas del país apuestan por la inclusión en vez de la segregación.

La Ley de Inclusión ha sido una potente señal del sentido ético de la educación que es compartido por sostenedores, directores y docentes. Sin duda, esto representa una importante semilla para avanzar en la consolidación de la equidad y calidad del sistema para todos los niños y niñas.

Las buenas nuevas son alentadoras, pero solamente se ha ganado el derecho básico al acceso equitativo a la educación obligatoria consagrada en nuestra Constitución. Haciendo una analogía futbolística, recién entramos a la cancha y ahora toca desempeñarse adecuadamente en el juego, lo que conlleva, al menos, tres desafíos.

El primero tiene que ver con aprender la forma en que la gestión escolar puede aprovechar la diversidad. Actualmente tenemos elevados niveles de segregación económica y académica entre colegios, y debemos estar atentos para que las disminuciones en la segregación entre escuelas no se transformen en segregación entre salas dentro del mismo colegio. La evidencia en Chile indica que la segregación académica entre salas conlleva a una baja en el promedio de los aprendizajes en la escuela, con una pérdida importante entre los estudiantes que están en torno al promedio de logro sin lograr ganancias para los estudiantes de alto y bajo rendimiento (Treviño, Valenzuela y Villalobos, 2016).

El segundo desafío implica que profesores del sistema escolar y la academia debemos trabajar en conjunto para encontrar formas efectivas de enseñanza en contextos de diversidad social. En Chile hemos estado acostumbrados a enfocarnos en la exposición de contenidos curriculares por parte de los profesores sin variar las estrategias de enseñanza para alcanzar a la diversidad de estudiantes en el aula. Avanzar en el desarrollo de modelos pedagógicos efectivos será clave para lograr una educación de calidad con equidad.

Finalmente, aún queda pendiente la ampliación de la inclusión para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes en escuelas regulares. Es claro que, bajo la organización y financiamiento actual, estos estudiantes no tienen los apoyos requeridos en la inmensa mayoría de las escuelas regulares ni las especiales. Será necesario diseñar una política clara para que estos estudiantes reciban la atención requerida, con docentes y equipos de profesionales de apoyo con la capacidad de aprender y perfeccionarse en la forma de atender con especificidad las distintas necesidades especiales de carácter permanente.

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Modernización de las empresas del Estado: el verdadero rescate

Las empresas públicas han llenado titulares nuevamente, y es que cada cierto tiempo resurgen las críticas en cuanto a los aportes extraordinarios que el Estado les hace. Hoy nos encontramos efectivamente con una serie de compromisos de capitalización y, pese a su importancia, en la discusión hay algo que se olvida: el rol que éstas desempeñan.

En Chile existen 29 empresas públicas y es por ello, que llama la atención que cinco de ellas estén en proceso o recientemente hayan sufrido modificaciones legales.

Esta semana, el Congreso aprobó el nuevo gobierno corporativo de ENAP y una capitalización por US$ 400 millones. Además, se encuentran en trámite legislativo modificaciones a la Ley de TVN que también contiene aportes del Estado, y la creación del Fondo de Infraestructura como una nueva Empresa. A ello, se deben sumar las aprobaciones de las ampliaciones de giro de Metro S.A. -para operar buses de superficie- y a la misma ENAP -para entrar en el mercado de la generación de energía eléctrica- aprobadas el año pasado. De la misma forma, también se debe considerar la próxima capitalización que se efectuará vía Ley de Presupuestos a Banco Estado, producto del nuevo proyecto que modifica la Ley de Bancos.

Lo anterior deja de manifiesto la relevancia que debe tener en la discusión si estas empresas cumplen o no un rol social y, si en razón de ello, se les entrega mayores recursos. Si bien las empresas públicas tienen teóricamente este rol, también deben cumplir con generar utilidades, para maximizar los recursos públicos. Aunque presupuestariamente los aportes extraordinarios no se contabilizan como gasto público, pues corresponden a transacciones de activos financieros, destinar recursos a empresas donde el rol social es discutible y no a otros proyectos puede no ser la decisión más eficiente.

Un principio a recoger, es que las empresas públicas se deben a la nación y a partir de ello deben operar y administrarse en vista de su interés social y la rentabilidad financiera del ejercicio de su giro. De ahí la relevancia de revisar su gobernanza, pues un buen gobierno corporativo materializa su debida independencia, de modo que el gobierno de turno no se implique en su gestión. Cabe hacer presente que siempre se debe diferenciar la actuación del Estado como propietario de empresas públicas del la rol que tiene como regulador del mercado para evitar la generación de distorsiones de competencia.

Una propuesta en este sentido es modernizar el Sistema de Empresas Públicas (SEP), entregándole un marco institucional adecuado a nivel legal, y dejar bajo su mandato a la mayor cantidad de empresas públicas, excluyendo aquellas que estratégicamente no opten por dicha vía, donde podrían encontrase aquellas relacionadas con la defensa nacional, por ejemplo. De esta forma, se podrán establecer normativas comunes a las empresas sometidas a este sistema.

Todo ello, con el fin de propender a buscar mecanismos de mejoras de gestión, de evaluación, gobernanza y rentabilidad de las inversiones de las empresas públicas, y en el caso particular de las capitalizaciones, que no solo se trate de ir al rescate de la empresa con una mirada a corto plazo, donde finalmente sólo se suplan falencias financieras.

 

 

 

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