Óscar Contardo's Blog, page 133

Votar en el extranjero: una experiencia de Chilenidad

C, H, I… Chi, L, E.. Le… chi chi chi, le le le, Viva Chile!! se escuchó el Domingo pasado en las calles de Nueva York, Madrid, La Habana, Shangai, Varsovia, Mar del Plata y Lima… Se escuchó en 110 ciudades del mundo 6.292 chilenos emocionados y ansiosos, entusiastas y algo nerviosos por ser la primera vez que votaban estando en el extranjero.  Los vítores se repetirán horas más tarde en los distintos consulados en la final de Chile contra Alemania por la Copa Confederaciones, terminando de envolver el día en un ambiente del más puro patriotismo.

Un 30% de los chilenos en el extranjero inscritos para votar en estas primarias, efectivamente lo hicieron, quedando en segundo lugar de participación porcentual si asimiláramos este grupo a una comuna en Chile (Pirque lidera con un 32%). Así es el interés del chileno que está en el extranjero por participar.  Y sin embargo, es quien debe sortear más obstáculo para llegar a hacerlo.

El primer obstáculo: hacer el cambio de domicilio electoral. Lo que en Chile es un trámite sencillo ya que sólo debes ir a una oficina del Registro Civil o Chile Atiende, en el extranjero para muchos es un trámite imposible de realizar: debes ir al consulado, muchas veces a cientos de kilómetros lo que implica tiempo y dinero, naturalmente en horario de atención del consulado. Otra opción, es inscribirte con tu ¨Clave Única¨ que entrega el Registro Civil, pero si estas en el extranjero naturalmente quedas fuera de esa opción.  Posteriormente, el día de las elecciones, hay que viajar todos esos kilómetros con la salvedad de que al ser un fin de semana la gran mayoría no tiene que pedir día administrativo en su trabajo para poder asistir.

El derecho a sufragar, ya consignado en la ley sobre el voto en el extranjero, debe ponerse en efecto con pragmatismo y de acorde a las necesidades del chileno de hoy. Para ello, Chile debe aspirar  en el futuro al voto electrónico, y mientras se generan las condiciones a nivel gubernamental y social para ello,  es urgente al menos permitir el cambio de domicilio electoral de manera electrónica para chilenos en el extranjero, y más centros de votación. España, por ejemplo, uno de los países con mayor comunidad chilena sólo tiene centro de votación en Madrid y Barcelona, quedando a horas de distancia de otros centros importantes como Sevilla  y San Sebastián.

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Colaborar para emprender

Si bien Chile es el país latinoamericano con más avances en materia de emprendimiento, ocupando el lugar decimo octavo en el planeta según el Global Entrepreneurship Index, a nivel nacional el ecosistema continúa enfrentando diversos desafíos. Entre los principales obstáculos para impulsar startups y empresas innovadoras y de alto impacto destacan: el financiamiento, las mentorías y el acompañamiento, temáticas donde se requieren esfuerzos de colaboración de diversos actores para lograr el éxito.

El emprendimiento dinámico se define como un proyecto innovador con gran potencial de crecimiento que, por esta característica, busca contribuir a la competitividad del país. En el contexto de Chile, que tiene una economía tradicional basada en commodities, nuestro desafío es empujar a las startups para diversificar la economía, consolidando un espacio con innovaciones disruptivas y donde se genere más competencia.

Los emprendedores, los inversionistas, las empresas, las aceleradoras de negocio, las redes de inversión ángel y el Gobierno, entre otros, se necesitan mutuamente para que el ecosistema subsista. A nivel nacional, la participación activa de cada uno de estos actores está ayudando a construir el ecosistema, basado en Silicon Valley, una máquina que genera empresas dinámicas todos los días.

Nosotros, Emprende FCh, somos una comunidad que conecta a emprendedores e inversionistas para asegurar la continuidad y el crecimiento exponencial de las startups. Al mismo tiempo, nos interesa que este conocimiento cruce nuestras fronteras para tener actores más involucrados y comprometidos con desarrollar este ecosistema en el país.

El caso de Snuuper, un emprendimiento que apoyamos en Emprende FCh, grafica una historia de aceleración continua dentro de nuestro modelo de innovación abierta, siendo beneficiado con un fondo Corfo y con el financiamiento de nuestra red de inversionistas ángeles ChileGlobal Angels; además de contar con el acompañamiento cercano de uno de sus inversionistas, que también forma parte de nuestra Red de Mentores.

Snnuper es una plataforma que audita puntos de venta –factores como stock o la verificación de precios-, uniendo a las empresas que requieren el servicio con las personas que pueden chequear los distintos lugares. La startup se conecta con su comunidad de 70 mil personas a través de una aplicación móvil, donde publican las tareas requeridas; cada usuario recibe un pago por sus labores, pudiendo ganar hasta $60 mil al día e incluso $600 mil al mes.

Gracias al arduo trabajo del equipo emprendedor y nuestro apoyo, después de tres años de vida, la startup prepara mejoras en su plataforma para escalar en Chile y otros países de Latinoamérica. Un gran crecimiento para Snuuper que generó aprendizajes para otras startups de nuestro portafolio, el equipo, los inversionistas y sus clientes.

Contamos esta historia, porque creemos que es vital generar confianzas en el ecosistema, para animar a otros a emprender, invertir e involucrarse. Es también una historia de trabajo colaborativo que buscamos repetir, mejorar y complementar en el futuro, de modo que las innovaciones disruptivas en el país tengan cabida y puedan crecer en su máximo potencial.

 

 

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Solidaridad virtual

EL GOBIERNO cierra su periodo con una contradicción estructural, por una parte asegura haber avanzado en materia social estableciendo ciertos derechos, como el de la gratuidad, pero al mismo tiempo le entregará a su sucesor el mayor déficit fiscal desde la crisis subprime. La deuda pública, en línea con el dato anterior, ha crecido significativamente y es un hecho que la clasificación de riesgo de Chile sufrirá una rebaja por parte de las evaluadoras internacionales.

En palabra simples, aún a riesgo de cometer alguna imprecisión económica, la actual administración ha comprometido prestaciones que considera mínimas, desde un punto de vista ético, pero que nuestra sociedad no es capaz de financiar. La alternativa a esta situación es otra en que las prestaciones son menores, pero el país puede sostener un dinamismo que genera los ingresos para sustentar esos menores beneficios sociales y, lo más importante, progresivamente las personas van saliendo por sí solas de la dependencia estatal.

A esta opción, crecimiento alto y redistribución menor, la Presidenta la llama “crecimiento brutal”; la de crecimiento bajo y redistribución alta es lo que yo llamaría “solidaridad virtual”. Este es el núcleo de lo que estará en disputa en la elección presidencial de noviembre. Es la dicotomía que se suele plantear como la diferencia entre el “economicismo” y el “sentido social”. Siempre hay alguien que sostiene que se pueden lograr ambos objetivos, pero es de sentido común que eso no es efectivo, porque si así fuera se habría probado y todos seríamos partidarios de aquel sistema que permitiera crecer mucho y redistribuir también mucho.

La pregunta es si efectivamente resulta solidario un sistema que ofrece lo que no puede cumplir, sencillamente porque lo considera un deber ético. Estoy convencido que no, eso es simplemente una apariencia de solidaridad, una ilusión revestida de solemnidad, que hipoteca el bienestar futuro de los mismos a los que pretende beneficiar. En el mejor de los casos, es un voluntarismo bienintencionado, cuya frontera con el populismo puede ser extraordinariamente sutil en el mediano plazo.

El devenir de este tipo de solidaridad convertida en política de gobierno es conocido, lo experimentamos en el pasado, lo hemos visto en los países que, incapaces de sostener el endeudamiento, caen en crisis que redoblan la pobreza y las necesidades sociales, favoreciendo los populismos de distinto cuño.

¿Se puede atribuir nuestro bajo crecimiento y el déficit subsecuente a las reformas? Desde luego que sí, son muchas las voces expertas y los datos que sugieren que ellas han sido un factor fundamental. En el valor social del crecimiento está el cambio fundamental entre este gobierno y los de la Concertación, este es el consenso que se rompió con el programa reformista de esta administración, que celebra como éxitos aspiraciones cuyo cumplimiento es meramente simbólico, porque son insostenibles. Son, al modo de esos juegos tecnológicos futuristas, solidaridad que ocurre en una realidad virtual y, aunque nos produce una emoción parecida, sabemos que es cuestión de tiempo para comprobar que solo se trataba de una mera ficción.

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Izquierda plural

UN DATO que se mantiene inamovible es que la próxima elección presidencial se resolverá en segunda vuelta. Para la izquierda y el progresismo, unirse en segunda vuelta no es algo fácil de concretar porque el argumento de votar para que no gane la derecha, apoyando el “mal menor”, es un argumento para muchos desgastado. En particular, no convence a las nuevas generaciones ni a quienes quieren abrir paso a un nuevo bloque político, en este caso al Frente Amplio. Facilitar el triunfo de la Nueva Mayoría, piensan, -aunque también debieran ponerse en el caso de que sean ellos los que pasen a segunda vuelta- implicaría un desperfilamiento que los alejaría de sus objetivos y sobre todo de sus posibilidades de crecimiento futuro. Si parte del discurso identitario es que todo lo que hay más allá de ellos es lo mismo, o sea un “duopolio”, se entiende que apoyar una opción que no sea la propia puede significar una descapitalización a corto plazo.

La idea del “duopolio” no acepta matices ni grises, ni alianzas y, hoy por hoy, abarca un espectro político que va desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista. Este tipo de generalizaciones ha comenzado a ser revisado por las izquierdas emergentes en Europa. En el caso de Podemos, en España, el equivalente al “duopolio” fue por mucho tiempo la “casta”, pero hoy dicho concepto ha sido reemplazado por la “trama” (término más sutil, aunque menos mediático). La “trama” ya no son todos lo que no forman parte de Podemos sino todos aquellos que configuran el poder real en España: el “entramado” económico, mediático y político que realmente gobierna, ya sea desde las instituciones o desde las sombras. El paso de la “casta” a la “trama” permitió “liberar” a muchos actores sociales y políticos de ser los enemigos principales y abrir paso a un esquema de diálogo y alianzas más amplio. El problema de cultivar la extrema “pureza” es que luego la sola posibilidad de conversar o ir a pedir un voto a alguien distinto se te vuelve en contra.

Lo que hoy se reflexiona -entre izquierdas emergentes, históricas y sectores progresistas- es si puede existir una competencia con colaboración o no existe escapatoria a una competencia fratricida. Hoy en Europa, el gobierno “sorpresa”, por sus éxitos, es el de Portugal, conformado por socialistas, comunistas y el Bloque de Izquierda, ejemplo de competencia con colaboración, y en España se intensifica el dialogo entre Podemos y el nuevo PSOE de Sánchez, pasada la neurosis inicial de pensar que el más próximo era el adversario principal. En Francia, la falta de colaboración dejó, en el nuevo parlamento, a toda la izquierda, sumada con generosidad, en torno al 25%.

Será interesante observar cómo se vivirá este debate entre las izquierdas en Chile. Si un sector seguirá englobando a la otra parte en el “duopolio” o se asumirá más colaborativamente la realidad de un mundo de izquierda y progresista conformado por distintas vertientes, provenientes de distintas raíces, cada una con su historia, contradicciones y aportes.

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Sename: diagnóstico y soluciones conocidos

DURANTE 2011 se efectuaron dos consultas para evaluar el estado de los servicios brindados a niñas, niños y adolescentes de los centros del Sename. La primera fue “Mi Derecho a ser Escuchado”, que conoció la opinión de 3.964 menores sobre aspectos de su estadía en dichos centros. La segunda se trató de “Mi Opinión Cuenta”, en donde más de 67.000 jóvenes se pronunciaron sobre el estado de sus derechos.

En paralelo a los resultados de ambos instrumentos, recibimos los informes de los jueces y fiscales judiciales que visitaban los centros del Sename, a raíz de lo cual, en mi calidad de ministro de Justicia de la época, me reuní con la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y la jueza, Mónica Jéldrez, para agradecerles sus informes y solicitarles que los parametrizaran con el fin de abordar los aspectos negativos que detectaron. Producto de lo anterior, el gobierno del Presidente Piñera presentó un programa de 11 medidas para optimizar la reinserción de los adolescentes infractores de ley, mejorando sus condiciones de habitabilidad, seguridad y dignidad, además de un plan de 10 medidas contra el abuso infantil, que implicó acelerar la ley que reorganizaba la institucionalidad a cargo de los temas de infancia y adolescencia; implementaba la ley que creó el Registro de Pedófilos; aumentaba el presupuesto para el SML, de forma de poder dotar a sus 17 sedes regionales de los especialistas requeridos para terminar con las listas de espera, y mejorar la calidad; y creaba un sistema de entrevista única, para evitar que los niños que fueran víctimas de abusos sexuales no lo revivieran; entre otras medidas.

Ello trajo consigo que en 2012 se presentaran los proyectos de ley para crear el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de separar a quienes sufren la vulneración de sus derechos, de quienes son infractores de ley. Lo concreto es que transcurridos cinco años desde la realización de las consultas de 2011, el país no ha materializado los cambios estructurales que son de toda lógica, lo que implica la impostergable división del Sename, para poder proteger efectivamente a los menores y jóvenes.

No solo hablamos de la vulneración de los derechos de los menores que deben ser cuidados por el Estado, sino también de un problema estructural que tiene efectos en la generación de más delincuencia, pues una investigación reciente concluyó que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil, reincidirán antes de los próximos 24 meses.

Lo urgente, como ya había quedado de manifiesto en 2011, es establecer un modelo que permita un mejor resguardo de los menores que llegan a manos del Estado y, por otro lado, posibilitar una adecuada corrección de conducta y reinserción de los niños y adolescentes que son infractores de ley.

¿Eran suficientes estas medidas planteadas entre 2011 y 2012? Posiblemente no. Pero representaban un significativo punto de partida. Es cierto que el Estado nunca podrá reemplazar el rol de un buen padre o madre; no obstante, es posible aprovechar esta coyuntura para generar los cambios de fondo que se han postergado innecesariamente.

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Los Mapuche: excluidos del proyecto republicano

Los Mapuche hemos sido políticamente excluidos. Como atenuante no hay verdades absolutas pero este juicio está avalado por un informe oficial del Estado (Verdad y Nuevo Trato, 2004).

¿Qué significa ser excluidos? Que un sector de la sociedad no está en la toma de decisiones respecto de su destino. Ocurre con Pueblos indígenas (PPII) sometidos a diversas formas de injusticias y violencias. Y la presidenta Bachelet por primera vez en nuestra historia pide perdón por “los errores y los horrores” acontecidos.  Esto es un tema común para los PPII del continente. En muchos lugares fueron derrotados militarmente y sometidos políticamente. A esto se unió la arrogante cultura importada desde occidente con la compañía no menos atemorizante de un Dios extraño, representado por un modelo de Iglesia que castigó severamente todo lo que no concordase con su visión religiosa. Los indígenas fueron considerados paganos y por lo tanto sujetos de pecado y la gracia del Evangelio, si era necesario, debía entrar con sangre. No es este un juicio total. Hubo corrientes católicas (Defensores de Indios) que se dieron cuenta que las tropelías españolas y la alianza con la cruz eran también una forma de pecado.

Los Estados coloniales surgieron sobre las cenizas de los poblados arrasados por la conquista. Los PPII fueron excluidos, evangelizados y obligados a renegar de su identidad. Y en el sur, en los territorios del confín (chili-chili) los Mapuche enfrentaron a la conquista hasta que la Corona los reconoció como Nación mediante varios Pactos en diversos Parlamentos, pero las nacientes Repúblicas los desconocieron y en cada frontera emancipada instauraron un orden republicano autoritario que partió por excluir a los indígenas de todo derecho. Finalmente, Chile es el único país que no consideró a los indígenas en sus constituciones.

La República, a partir de 1810, inspirada -paradojalmente- en el pensamiento Ilustrado y la Revolución francesa redactó tres Reglamentos constitucionales y siete Constituciones nacionales hasta hoy. Y los chilenos inventaron una trampa legal: para ser reconocidos como “ciudadanos”, en la Constitución de 1833 se puso como requisito formal: saber leer y escribir (castellano); estar casados por las dos Leyes y acreditar alguna forma de posesión y comercio. Como ningún indígena reunía tales requisitos, quedaron literalmente excluidos de la República inicial y a partir de ahí nunca han sido considerados en nuestras Constituciones por mucho que después hayan obtenido carné y pueden votar, sin ser reconocidos como Pueblo.

Hoy, excluir a los PPII de la toma de decisiones ya no es aceptable y va en contra de una democracia profunda. Reducir lo indígena a una caricatura folklórica del pasado es una señal de ignorancia. Desmerecer su lengua o despreciar sus ritos y costumbres ancestrales es signo de medievalismo. Pensar que lo indígena es algo arcaico o inferior es inculto. La principal exclusión no viene solo del orden jurídico de una sociedad: viene de su cultura, de su educación y de las prácticas que abandonan al pobre, a la mujer, al trabajador, a los desamparados, a los indígenas, a la condición de “un otro que no tiene lugar con nosotros”.   Esta es la raíz del conflicto.

¿Queremos seguir así? Alguna vez y de manera patética nos creímos “los ingleses de América” o los “jaguares asiáticos”. Tonteras. Pero creíbles, cuando el valor de uno se construye sobre el desprecio de los otros. Chile está llamado a ser una nación incluyente. Es el desafío de los próximos años. 

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La posverdad y el informe Sename

Ahora que el término “posverdad” se incorporó al diccionario RAE, nuestro país lo vive en carne propia. Producto del rechazo de la Cámara al de la Comisión Investigadora Sename II, como nunca, hechos objetivos se han minimizado ante la apelación a emociones, creencias y/o deseos del público.

Pero desde un principio, el mandato conferido a esta comisión fue investigar, por una parte, sólo las gestiones realizadas por autoridades de gobierno desde el 2014 en adelante y por la otra, la actual situación de los menores que no estuvieren al cuidado parental.

La potente discusión surgida al respecto identificó de inmediato dos bandos: quienes acusan a La Moneda de hacer caer el informe para proteger a la ex ministra Blanco, y quienes defienden su lobby o votación, aduciendo desde eventuales acusaciones a la Presidenta, pasando por calificar el informe de parcial, injusto y politizado, hasta el anuncio de una diputada de no repostular al Congreso.

Sin embargo, resulta preocupante que esta discusión se agote en un juicio público sobre la verdadera voluntad del gobierno: ¿Optó por salvaguardar a una colaboradora o por proteger niños en situación de abandono, vulnerabilidad e incluso en riesgo de muerte? Adicionalmente a esta trascendental pregunta, sería de suma importancia que esta polémica permitiera además develar tres grandes interrogantes:

¿Qué pasará con los niños del Sename? Pronto se cumplirán cuatro años desde el inicio de la primera comisión investigadora sobre este organismo. Y hasta el momento hay escasas acciones dirigidas a mejorar la situación de menores carentes de cuidado de sus padres.

Durante el periodo 2005-2016, 1.313 menores fallecieron en centros dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Además hubo numerosas denuncias de torturas, de violaciones, de explotación sexual y de precarias condiciones de vida.

De ahí la importancia del informe rechazado. Éste denunciaba claramente “las principales problemáticas que explican el fracaso del Estado en materias de infancia”: a) Situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; b) Contagio criminógeno; c) Débil sistema de adopciones; d) Insuficiencia del sistema de protección social; e) Falta de definición de roles subsidiario y del Estado. A su vez, el reparo a los proyectos de ley del Ejecutivo en materia de infancia entre 2014 a 2017 eran: a) Ineficiencia legislativa y b) Deficiencias en la Técnica Legislativa.

Asimismo, señalaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud. ¿Cuántas muertes de menores tendremos que llorar antes de que se descongelen estas medidas?

¿Cómo están trabajando nuestros parlamentarios? Tras un año de investigación, de 28 sesiones ordinarias; de más de 80 expositores invitados; de visitas inspectivas a hogares, Centros de internación provisoria y CREAD; del análisis de innumerables documentos, la Comisión en cuestión emitió un informe de 535 páginas.

Los diputados Camila Vallejo (PC), Luis Rocafull (PS), Ricardo Rincón (DC) y Claudio Arriagada (DC), todos miembros de la Comisión Investigadora, hicieron numerosos aportes al informe vía indicaciones y sustituciones, votando en ella a su favor el 27 de junio.

Incluso fue la diputada Vallejo (sesión N° 28 de 19/6/17, página 404) quien propuso incorporar el siguiente texto, aprobado luego por votación mayoritaria: “De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial, negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename.”

Por eso sorprende notablemente que recién el 4 de julio, y sólo después de las visitas de los ministros Eyzaguirre, Narvaez, Valdés y Campos, estos cuatro diputados hayan cambiado su voto por considerar el informe insuficiente, parcial y politizado.

¿Es válido que 13 diputados más sus numerosos asesores estén todo un año trabajando en una investigación que será rechazada? Más aún, siendo todos financiados por ciudadanos ¿quién fiscaliza sus índices de productividad?

¿Hasta cuándo se valorará el amiguismo por sobre el desempeño? Por último, si la calificación de “negligencia inexcusable” fuere a alguna funcionaria del SENAME, ¿hubiera tenido el mismo impacto la bajada del informe? Probablemente no.

Sin dudas el elemento que aceleró la combustión del espacio público fue que se exculpara a la ex ministra Blanco. Cercana colaboradora de la Presidenta Bachelet, en su trayectoria política ha tenido más de alguna controversia en sus cargos. Y quizás su último nombramiento, esta vez en el Consejo de Defensa del Estado, corrobora que nuestra mandataria privilegia lealtades por sobre desempeños. Absolutamente comprensible, pero inaceptable cuando se trata de dineros públicos.

En consecuencia, ojalá que el debate provocado pueda profundizar estas y otras interrogantes sobre nuestros mecanismos democráticos. Por otra parte, existen 64 propuestas pendientes que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Estado y acogidos en distintas modalidades de cuidados alternativos. ¿De qué manera el Ejecutivo y el Legislativo lograrán reactivarlas? Porque está claro que los menores del Sename no pueden esperar el informe de una tercera Comisión Investigadora.

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El rol de la justicia chilena para un sistema de investigación eficaz de femicidios

 El femicidio es la culminación de una serie de actos violentos a lo largo de la vida de una víctima. En la mayoría de los casos de mujeres muertas en manos de sus parejas existió una relación abusiva definida por un círculo de violencia donde era habitual el maltrato.

La dinámica de violencia que viven las mujeres al interior de este tipo de relaciones lamentablemente no siempre encuentra en las instituciones un espacio de apoyo oportuno que se adapte a los distintos protocolos internacionales sobre femicidio, a través de mecanismos que permitan efectuar una intervención a tiempo.

En 2014 ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzaron el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado con expertos de la región y de todo el mundo. Este Modelo es una herramienta para que Carabineros, Tribunales, funcionarios de los sistemas de justicia y médicos forenses investiguen adecuadamente el femicidio, comenzando por definir los crímenes de odio contra las mujeres y recomendando cómo deberían investigados y procesados. Eso significa, ante todo, comprender y reconocer el historial de violencia que llevó al femicidio.

En este sentido, el rol y actuación del sistema judicial constituye un elemento central a la hora de abordar los casos de femicidio.  Hoy contamos con un estándar de debida diligencia y parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa.

Sin embargo, los estereotipos de género se siguen manifestando en el funcionamiento de los sistemas judiciales y muchas veces son perpetuados por agentes estatales de las diferentes esferas de la administración.  Actualmente, entre los jueces y diferentes agentes judiciales siguen existiendo ideas preconcebidas y equivocadas en materia de género que pueden afectar el derecho de las mujeres de acceder a la justicia y de contar con un juicio imparcial.  Entre estos estereotipos destaca la presunción tácita de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, ya sea por su forma de vestir, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor.

ONU Mujeres detectó que existen fuertes deficiencias e irregularidades en muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra las mujeres, en especial los casos de muertes violentas. Frecuentemente en estos juicios existe una falta de protocolo por parte de los jueces, lo que da lugar a un trato inadecuado a las víctimas o una escasa credibilidad a su testimonio. También suele ser común la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales o el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial.

Por eso, es imprescindible contar con jueces y juezas capacitados para intervenir en este tipo de casos. El éxito de las investigaciones en los casos de presuntos femicidios necesita un monitoreo constante de las políticas de investigación y sanción, la sensibilización sobre la violencia motivada por el género, aumentar los espacios de capacitación y formación de los funcionarios y las funcionarias en todo el proceso judicial con el fin de eliminar los prejuicios. 

Hoy contamos con una herramienta de trabajo para la investigación de los femicidios que permite organizar y explicar los elementos probatorios y pruebas físicas.  En el caso de los femicidios se pueden establecer las razones de género que motivaron su realización, del nexo causal entre la acción delictiva y el resultado de la muerte, y de la responsabilidad de los autores. Esta herramienta de trabajo y metodología también es aplicable a los femicidios frustrados, ya que también estos deben ser analizados a partir de las razones de género que motivaron su realización.

Como país tenemos un gran desafío y el caso de Nabila Riffo establece un precedente y fuente de preocupación en la forma como se abordan los crímenes dirigidos contra las mujeres y las niñas por los sistemas de justicia.  En este caso en particular el uso de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales las víctimas y su familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia.

 

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La juventud extraviada

Los tiempos de debates presidenciales han profundizado el amargo gusto que genera la política actual. Más allá de los resultados de esta primaria, nos queda como lección el vacío de la mayoría de los proyectos en oferta. Si una elitizada clase política que aspira al poder, termina  imponiendo una visión, y no construyendo un proyecto comprensivo desde el actual contexto chileno, se acaba en resultados estériles y destructivos. Tal como le ocurrió a la Nueva Mayoría.

Debemos reflexionar. Dentro del escenario chileno, que es observado sólo por unos pocos, se encuentra un grupo etario potencialmente transformador y determinante: la juventud.  Siendo el grupo al cual aspiran todos los demás-desde los niños hasta los adultos mayores- este es ignorado en la discusión política y pública. El que sea invisible y poco problematizado- excepto cuando sale  a marchar- impide la proyección de un Chile que responda a su cosmovisión. Esto no implica que se deba diseñar un país a la medida de la juventud, pero sí que quienes se denominan estadistas puedan convocar a quienes configurarán el orden social de los próximos 50 años.

Desde la  Fundación Jaime Guzmán, pronto lanzaremos un estudio y libro sobre este tema. Dentro de los datos obtenidos, hemos visto a una juventud libre pero agobiada, estresada, con preocupaciones diversas. La clase política, sin observar esta realidad, ha reducido públicamente a la juventud a un instituto político particular- como el INJUV-  o a las insufribles demandas del Confech, lo que convierte a las necesidades ciertas de este grupo en un enfermedad crónica. Como un cáncer no detectado a tiempo.

El acceder a la educación superior, aspirando a un signo de distinción que permita el alcance de mayores oportunidades, pero obtener finalmente un derecho universal que iguala a la población general, produce una tensión importante. La promesa de mejorar el futuro con respecto a los padres, queda en promesa. Los esfuerzos realizados son poco fructíferos y la formación profesional abre nuevos caminos de exigencia. Sumado a esto, la tecnología, que acecha a unos cuantos kilómetros, pone también en riesgo esas capacidades educacionales adquiridas. ¿Dónde se les asegura la integración al desarrollo?

También el mercado del trabajo se encuentra desadaptado de las aspiraciones integrales de las nuevas generaciones. Quizás sus padres trabajaron sacrificando toda dimensión de la vida por el bienestar material y las oportunidades familiares, pero las heridas quedaron y muchos jóvenes quisieran no tener que repetir esa “limitada” experiencia. La retención de este grupo etario es difícil porque se ha juzgado, pero no comprendido, la nueva aspiración que se tiene del trabajo.

Por último, entre otros temas, las transformaciones que ha sufrido la familia han alterado también la proyección familiar de los jóvenes. El bienestar material se torna un objetivo crucial que debe alcanzarse antes de tener hijos. El viajar y tener experiencias culturales diversas, también. Este tema debiese analizarse con detención ¿por qué motivo los hijos se conciben con una limitante vital? ¿Qué se ha hecho para que se transformen en ello?

 Existen numerosas interrogantes que responder sobre el estado actual de la juventud. Es importante considerarlas, porque una juventud de cambio puede desestabilizar los consensos que sostienen el modo de vivir chileno. Quienes se postulan a la presidencia, debiesen analizar no sólo su base electoral y su teoría político-social, si no también cual es el imaginario cultural que sostiene su proyecto a largo plazo. El fortalecimiento de la juventud, su participación y acceso a oportunidades, es el pilar de ese proceso épico.

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Soberbios y belicosos

“LA GENTE que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa…”, ésta descripción de Alonso de Ercilla por siglos ha llenado de orgullo a nuestros connacionales, lo que explica que sea por lejos la estrofa más citada de La Araucana. Qué duda cabe que contiene dos adjetivos claramente elogiosos: granada y gallarda; pero los mezcla con otros dos que solo una mirada muy especial podría considerar como elogiosos: soberbia y belicosa. Recordemos que son soberbios quienes se comportan con arrogancia y belicosos los que son agresivos.

¿Somos realmente así? Tradicionalmente los chilenos éramos más bien modestos, opacados, quitados de bulla, en el contexto de un país que realmente no tenía mucho de que vanagloriarse. Primero los éxitos económicos y luego los deportivos han cambiado radicalmente esta situación. Nos pusimos pesados, prepotentes y sobradores. Parece que la sobriedad chilena no era tal, sino solo una máscara fruto de circunstancias adversas.

Y qué hay del otro adjetivo, el de belicosos. Más allá de que los textos de historia se han encargado de machacar nuestras victorias militares, lo cierto es que la agresividad nunca había sido considerada como una característica de nuestro comportamiento público y mucho menos una cualidad, hasta estos últimos años. Día a día esto pareciera ir cambiando, la violencia en el lenguaje, en los gestos e incluso la física, va imponiéndose en nuestras relaciones.

Para comprobar lo primero basta con acceder a cualquier red social o blog, donde algo que no sea un ataque pareciera ser un comentario aburrido o intrascendente. Por otra parte, las manifestaciones de violencia física son cada vez más recurrentes, sobre todo cuando las personas pueden esconderse entre las masas. Ya resulta común leer sobre agresiones de grupos o patotas (recordemos que fue una particularmente inaceptable la que dio lugar a la Ley Zamudio contra la discriminación). A ello hay que sumarle los cada vez más reiterados casos de violencia en los estadios y los niveles descontrolados de vandalismo y destrucción que acompañan prácticamente todas las manifestaciones públicas. Por supuesto, también hemos debido enfrentar casos más agudos de uso de la violencia como instrumento de expresión política.

Lo más grave ahora es que lo que parecía una anomalía que se producía entre ciertos grupos o en determinados contextos, que aún podíamos catalogar como marginales y eran objeto de reprobación pública, corre el riesgo de que se naturalice y se tome incluso el debate político. Al menos por lo visto durante las recientes primarias, la agresividad y las descalificaciones personales parecieran ser hoy mucho más rentables que los planteamientos fundados y la discusión de ideas.

Después de todo, quizás no sea tan malo perder de vez en cuando un partido de fútbol, si de pronto eso nos hace ponernos un poco más humildes. Y puede también que alguna lección positiva saquen los candidatos presidenciales del bochornoso debate de Chile Vamos. Hay que ser optimistas, a ver si en una de esas dejamos de ser tan soberbios y belicosos.

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