Óscar Contardo's Blog, page 132

Chile Vamos a tiempos mejores

Proyectar Chile Vamos más allá de un gobierno puede parecer una meta demasiado precipitada o grandilocuente, sobre todo cuando pensamos que aún faltan meses para las elecciones, siempre inciertas, y que nuestro primer objetivo como coalición fue, a ojos de muchos, más bien modesto: una reunión de coordinación semanal y una vocería por turnos. Sin embargo, esa primera meta era solo el primer paso de un proyecto político serio e inédito para la centroderecha, que hoy, tras un par de años de trabajo, nos posiciona como el único sector político que cuenta con una coalición ordenada, con representación en todo el país, con un propósito común y en condiciones de dar gobernabilidad a Chile. Eso cambia el escenario.

En efecto, es indispensable que Chile Vamos se proyecte a los desafíos del país de los próximos 20 años y que gobernar por al menos los próximos dos periodos presidenciales sea el punto de partida para devolverle el rumbo a Chile y corregir los errores estructurales de la pésima obra gruesa heredada de la Nueva Mayoría.

Ese objetivo debe sustentarse en una coalición política sólida, abierta al diálogo, capaz de incluir a más y nuevas miradas de la sociedad, que potencie a sus liderazgos más jóvenes y consolide esa labor con una presencia robusta en el Congreso. ¿La clave? Un relato común, centrado en el sueño de un Chile desarrollado y solidario, donde existe dignidad, respeto, libertad, derechos y deberes e igualdad de oportunidades para cada uno de sus ciudadanos. Un Chile que protege a la clase media y que potencia la capacidad de las familias de forjar su propio destino.

El centro y la centroderecha deben comprender que nuestra vocación de mayoría ya no es una quimera, y que hemos dado los pasos adecuados para pensar en grande. Luego del triunfo en las elecciones municipales y la exitosa primaria presidencial, que demostró compromiso, humildad, convicción y generosidad por parte de los candidatos y los partidos del bloque, debemos abocarnos ahora a cerrar cuanto antes un pacto de lista única para las elecciones parlamentarias y trabajar unidos por nuestra carta a La Moneda.

Nunca antes Sebastián Piñera había sido tan fuerte como candidato a Presidente, pues hoy cuenta con una coalición amplia, diversa y sólida que lo respalda. Pero esa solidez debe ir de la mano de un Congreso en que tenga el número de parlamentarios suficiente para promover su programa y ayudarlo a conducir el barco en aguas turbulentas.

Y es que tras casi cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, hoy Chile navega en peores condiciones que en ningún otro periodo reciente de nuestra historia. Sus instituciones son más débiles, sus ciudadanos cuentan con empleos más frágiles, hay mayor incertidumbre por el futuro y la entrega de servicios a quienes más lo necesitan es menos digna y oportuna.

Es nuestro deber moral estar a la altura de este desafío. En este sentido, estamos seguros que contaremos con el respaldo de aquellos que no resultaron ganadores en las primarias, que sus equipos se ensamblarán al trabajo de quien nos representará como candidato en la papeleta en el mes de noviembre y que fortaleceremos nuestro programa de gobierno con sus ideas y planteamientos.

Cuando en noviembre de 2014, en el Consejo General de Renovación Nacional en la ciudad de Pucón, convocamos a la construcción de una coalición política que nos permitiera retornar a La Moneda, pensábamos en dejar en el pasado las interminables historias de efímeros acuerdos electorales. Eso lo logramos con creces y hoy pensamos en el Chile de las próximas décadas y en cómo impulsar su desarrollo social y económico con nuestras ideas, con la huella de Chile Vamos.

 

La entrada Chile Vamos a tiempos mejores aparece primero en La Tercera.

No, la decadencia no es fatalmente inevitable

En los días recientes, nuevamente el valor del nuestro patrimonio construido ha estado en el centro de la polémica. Ello a causa de la apresurada protección, por una parte, de la emblemática “Casa Italia” en Viña del Mar y de la Villa San Luis en la Comuna de Las Condes, así como la sorpresiva aprobación por parte de UNESCO a la construcción del Mall Barón en Valparaíso.

En los dos primeros casos, llama la atención la reacción extemporánea y tardía, a partir de la presión de integrantes de la ciudadanía. En el segundo, el desenlace de un largo conflicto caracterizado por intereses contrapuestos, en una ciudad declarada patrimonio de la humanidad.

Pero, ¿por qué es relevante preservar nuestro patrimonio construido? Porque este es el reflejo que a través de generaciones representa nuestra historia y la construcción de nuestra sociedad. Sin embargo, en nuestro país aún no ha sido posible, generar una verdadera “cultura” respecto al conocimiento, puesta en valor, preservación y reuso de valiosas estructuras que han configurado el paisaje cultural de nuestras ciudades.

A pesar de los destacados esfuerzos realizados por aquellos dedicados a ello, académicos, profesionales, integrantes y organizaciones de la sociedad civil así como los integrantes de los organismos públicos destinados a dicho fin, el conocimiento y valoración por parte de la sociedad en su conjunto aún es insuficiente y valiosas manifestaciones de nuestra cultura aún son “invisibles”.

Varios son los componentes que influyen en ello, como la insuficiente sensibilización y transmisión de los valores asociados a nuestro patrimonio en la enseñanza temprana; el escaso número de académicos y profesionales dedicados a su identificación y cultivo en la Academia y los Municipios a lo que se asocia la falta de financiamiento adecuado para ello como para acciones reales de preservación y reuso.

Agreguemos a lo anterior otros aspectos: la demora en el reconocimiento de aquellas estructuras y conjuntos que presentan valores, la falta de incentivos para su preservación y recuperación así como el extremo celo en cuanto a su posible intervención, lo que termina finalmente “congelando” estas expresiones que luego con el paso del tiempo se deterioran quedando como mudos testigos de un pasado esplendor.

No se trata de detener el avance de la modernidad, ni evitar la construcción de nuevas estructuras, necesarias para albergar nuevos requerimientos, pero ello debe hacerse respetando y conjugándolos con los valores existentes. Sumemos a ello la disparidad de criterios existentes en torno a “que´” debe considerarse de valor patrimonial, en que sin duda debe primar la calidad arquitectónica a lo que se suman los aspectos intangibles representados en los hechos ocurridos en sus espacios. Es este último aspecto lo que en menor o mayor medida ha condicionado la definición de lugares de nuestra memoria en el último tiempo.

Vemos hoy, como de tanto en tanto, a partir de declaratorias de último minuto, se retoma el debate respecto al valor del patrimonio para nuestra sociedad, se retoma asimismo la necesidad de modificar la Ley de Monumentos Nacionales, latamente analizada, sin embargo luego de la tormenta, regresa la calma, hasta la próxima inminente demolición.

Sin desconocer los avances existentes en la materia, no es posible continuar con una política reactiva, sino que debemos adelantarnos a los hechos. Nuestro país debe impulsar, incrementar e invertir en el reconocimiento de su historia reflejada en nuestro paisaje construido, escenario de lo que es nuestra sociedad, solo a través de ello conservaremos nuestra identidad, herencia que cada generación recibe y está en la obligación de transmitir.

“A todos los que hoy nos dicen: “Tomen un arte nuevo que sea de nuestro tiempo”, les respondemos: “hagan que olvidemos este enorme cúmulo de conocimientos y de crítica, dennos instituciones completas, costumbres y gustos que no se amarren al pasado… Hagan que podamos olvidar todo lo que se hizo antes de nosotros, entonces tendremos un arte nuevo y habremos hecho lo que nunca se ha visto, porque si para el hombre es difícil aprender, aún lo es más olvidar.“

Eugene Viollet Le Duc, Entretiens sur l’Architecture, Tomo I “Haitieme Entretien”, pág. 324: “No, la decadencia no es fatalmente inevitable”, Paris, 1863

La entrada No, la decadencia no es fatalmente inevitable aparece primero en La Tercera.

El bus en disputa: hay que distinguir para unir

Al igual que en otros países, como España y México, ha causado gran polémica en Chile el paso del llamado “bus de la libertad”. Lamentablemente, en estos días, la discusión ha sido mucho más emocional que racional. Ni siquiera, lo que constituiría un mínimo en el debate público entre posiciones encontradas, ha sido razonable. Pero antes de hablar sobre el fondo, me parece importante hacer un par de aclaraciones de forma.

La primera es que el bus tiene el legítimo derecho a circular. Si la prohibición del bus fuese una norma, habría que prohibir no sólo los planteamientos que se oponen a las demandas políticas (por ejemplo, legislativas) del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), sino también todos los discursos que, por ejemplo, consideran que la homosexualidad es un trastorno mental y, al mismo tiempo, un vicio moral. Además, estando (como expresaré más abajo) absolutamente en desacuerdo con lo que el bus representa, prefiero que las “ideas” contrarias a las mías se expresen bajo la luz del sol más bien que de manera solapada. De esta forma, cuando dichas ideas son erradas o se basan en tergiversaciones insostenibles, yo dispongo de la posibilidad no sólo de refutarlas, sino que de hacerlo con mucha menor dificultad.

La segunda es que, creo, las organizaciones LGBTI han sido comunicacionalmente derrotadas en estos días. Lo digo con dolor, porque yo soy parte de esta comunidad como persona transgénero. Esto se debió, precisamente, al planteamiento de algunas de ellas, y de no pocos activistas, a favor de prohibir el tránsito del bus o, incluso, al hecho de solicitarle al gobierno un pronunciamiento en contra. ¿Por qué es necesario siempre acudir a las “faldas” del gobierno para, en este caso, contradecir un mensaje equivocado? Por supuesto, se puede acudir a él para garantizar una convivencia pacífica, basada en la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, pero ¿es necesario incitarlo a que se sume, de manera partisana, a la batalla cultural de la que el bus da cuenta? Por lo demás, los promotores del bus —en buena medida, gracias a la publicidad gratuita que le dieron dichas organizaciones y activistas— lograron instalar la idea de que las demandas del mundo de la diversidad sexual serían totalitarias: que implicarían imponerle al resto una manera de pensar y de vivir. ¿Es esto cierto? Aquí entramos al tema de fondo.

¿Qué es lo que se estaría imponiendo? La llamada “ideología de género”, concepto al que me referí con mayor detalle en una columna anterior. Aquí sólo diré que, para importantes sectores conservadores —entre los que se encuentran los promotores del famoso bus—, esta ideología consistiría esencialmente en dos cosas: a) toda doctrina que desafíe el “orden natural” en materia sexual, es decir, que apunte a legitimar (cultural y legalmente) las identidades LGBTI; y b) en particular, el reconocimiento del derecho de las personas trans a modificar su carnet de identidad de acuerdo a su autopercepción de género.

Para dichos sectores, la imposición estatal se daría por el solo hecho de que el estado reconozca (por ejemplo, en términos legales) a las personas LGBTI como normales y, por lo tanto, con los mismos derechos que las que no lo son. Es decir, la pura circunstancia de que el estado abandone la visión de sexualidad que ellos defienden (patologizante, heteronormativa, procreacionista y discriminadora) constituiría una especie de “vuelta de tortilla” en contra de las personas heterosexuales y sus familias, que son la mayoría en términos estadísticos (esto nadie lo discute).

Pero el punto débil de este planteamiento es que las demandas de la población LGBTI no son excluyentes, sino, por el contrario, incluyentes e igualitarias desde un punto de vista jurídico. En concreto, al defender la idea de que las parejas del mismo sexo deberían tener derecho al matrimonio, no se está diciendo que habría que negárselo a las heterosexuales. En cambio, lo que buscan los conservadores es negarles este mismo derecho a lesbianas, gays y bisexuales. ¿Quiénes son, entonces, los impositivos?

Y hay otro punto clave: ¿por qué sería “ideológica” la aceptación de la diversidad sexual y no su rechazo?; ¿por qué no lo sería la creencia de que “lo normal” es que la sexualidad humana se oriente de modo esencial a la reproducción, que es lo que plantean los defensores del bus?; ¿por qué el estado debería matricularse con una determinada visión de la sexualidad (procreacionista) en vez de ser neutral y no acoger ninguna como “oficial”? Y si las “acoge”, lo debería hacer, únicamente, para propiciar reglas del juego que permitan que todas ellas puedan expresarse de manera pacífica, especialmente a través del acceso a los mismos derechos.

Por último, y de manera muy breve, me quiero referir a una sola de las tres frases del bus. “Con mis hijos no te metas”, y a la luz de los planteamientos de su vocera, Marcela Aranda, no da cuenta sólo del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino al supuesto derecho a discriminar y a excluir a los niños LGBTI. Una gran pregunta, en clave liberal, es si es deber del estado promover la inclusión legal y social de todas las personas, en particular de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.

Si bien, me parece, un colegio particular debe ser autónomo para enseñar lo que quiera (creo que el estado no debería imponer nada en materia de contenidos), la cuestión es si tiene el derecho a discriminar, por ejemplo, a expulsar a un niño trans o a un adolescente gay por el solo hecho de poseer estas identidades. Se trata de un tema en debate, a pesar de que en Chile exista una legislación al respecto (la Ley Zamudio), pero el sentido común indica que una sociedad armónica es aquella en que el conjunto de las personas, salvo minorías fanáticas (como grupos neonazis), acepta que todos son iguales en términos morales, por lo que deberían ser reconocidos como “otros” con los mismos derechos. Y, considerando el aforismo jurídico “dónde existe la misma razón, existe la misma disposición”, ¿podría considerarse una imposición que el estado promueva normas de buen trato en colegios en favor de los niños migrantes, especialmente afrodescendientes?

El punto de fondo, en una sociedad que se precie de libre, es si el estado debería establecer que algunas identidades sexuales, que no producen daño contra terceros, son patológicas y que, por lo mismo, no se les conceda ningún tipo de reconocimiento que se oriente a garantizarles el derecho a construir un proyecto de vida propio, como lo es la formación de una familia o la expresión de la identidad de género autopercibida. ¿Por qué sería esto totalitario?

El peso de la prueba lo tienen los conservadores, que insisten en hablar de “ideología de género”. De partida, porque hay en el bus un cierto equívoco, pues al usar los lemas de la “libertad de enseñanza” y de “menos estado y más familia” —en apariencia correctos—, sin embargo, está pidiendo que sea precisamente el estado quien dirima contra el reconocimiento de las personas LGBTI, y esto último, sin ninguna duda, es completamente antiliberal.  

La entrada El bus en disputa: hay que distinguir para unir aparece primero en La Tercera.

Reforma estatal, no educacional

Si en algo ha sido criticado el gobierno de la Nueva Mayoría, es por las reformas que ha impulsado en materia de educación escolar. Y es que el gobierno se las emprendió contra el sistema, siendo sus efectos muy contrarios a los adivinados por sus ideólogos: en la medida que se elimina el copago, muchos colegios particulares subvencionados se están privatizando; mientras insisten en convertir la selección escolar en una especie de bingo, los directores apelan a exiguos méritos (como, por ejemplo, el orden de llegada); al tiempo que se elimina el lucro, sólo queda uno que otro cura, monja u hombre de buena fe dispuesto a invertir en educación para los sectores más vulnerables. Pero la historia no se agota aquí.

En las próximas semanas es muy probable que se despache la reforma que crea el nuevo Sistema de Educación Pública. En simple, el proyecto busca desmunicipalizar la educación escolar para centralizarla nuevamente en el Estado. Para ello, el gobierno propone crear un verdadero entramado de burocracia estatal: dirección de educación pública, servicios locales, consejos locales (quizás lo más positivo del proyecto), además de todo lo que ya actualmente existe: el ministerio central, la agencia de la calidad, la superintendencia de educación, los secretarios regionales, los departamentos provinciales, etc. La existencia de todo este aparataje estatal se justificaría para que, en última instancia, los principales responsables del trabajo de educar reciban lo que les quede de recursos públicos.

Actualmente, el Estado le transfiere a la educación pública municipal alrededor de 120 mil pesos mensuales en promedio por cada alumno que se educa (por concepto de subvenciones de todo tipo). Sin embargo, el gasto total que el Mineduc realiza en educación pública es de 215 mil pesos en promedio por alumno. Es decir, casi la mitad del gasto que el Estado realiza en educación pública se diluye en burocracia, cargos políticos, programas de apoyo y un largo etcétera de políticas que no son decididas por los principales conocedores de las necesidades y complejidades que supone educar al segmento más desfavorecido de la sociedad, y que, por supuesto, tampoco tienen la oportunidad de influir.

¿Por qué, entonces, erigir un nuevo sistema estatal aún más obeso que el anterior? Es de público conocimiento que muchos municipios no dieron el ancho para entregar una buena educación. Municipios emblemáticos como Valparaíso, Cerro Navia o San Fernando, no sólo postergaron las oportunidades que sus niños merecían, sino que, combinados los escasos recursos que reciben con una mala gestión municipal y antecedentes de corrupción, endeudaron a sus municipios en cifras que sus operadores políticos ni siquiera comprenden. Y es que la educación municipal ha sido el principal botín de muchos alcaldes y partidos políticos para devolver favores electorales.

De este diagnóstico, sin embargo, no se sigue necesariamente una centralización de la educación. Hay sobrados casos exitosos de buena administración municipal y buena calidad en establecimientos municipales. Por ello es que el problema, más allá de las falencias que ciertos municipios puedan tener, parece estar en los incentivos que los distintos actores tienen dentro del sistema. El gobierno central no tiene intereses políticos muy distintos a los que tienen los alcaldes; al final del día, son los mismos partidos y operadores políticos los que presionan a las autoridades públicas.

La insistencia del gobierno en sacar adelante este proyecto parece estar motivado más por la épica reformista basada en el estatismo que por soluciones asociadas a un diagnóstico frío y responsable. La gran mayoría de los países de la OECD tiene descentralizada la educación en sus gobiernos locales y hay consenso entre los expertos en cuanto a que los establecimientos tengan un alto grado de autonomía en la toma de decisiones y estén alejados de los conflictos de interés. Una buena alternativa a la del gobierno (y no tan distinta en apariencia), es la de Beyer (2016), donde las mismas instituciones que busca crear el actual proyecto quedan debidamente separadas de los intereses políticos, quedando en manos de organismos autónomos del gobierno central, con un alto grado de participación de la sociedad civil y comunidad escolar. En este sistema, los incentivos quedarían debidamente asignados para que los distintos actores apoyen, sin conflicto alguno, a los establecimientos. Estos últimos, por supuesto, tendrían a su vez la suficiente autonomía para desarrollar sus proyectos educativos.

Este proyecto, en síntesis, corona la típica forma de hacer política (de la vieja y mala): donde el discurso está totalmente disociado de la realidad. Mientras el oficialismo hace un par de semanas rasgaba vestiduras a favor de la descentralización, ahora no se arruga en insistir en la política más centralizadora de los últimos treinta años. Una política, en suma, donde las palabras ni siquiera generan realidades, sino las distorsionan.

La entrada Reforma estatal, no educacional aparece primero en La Tercera.

Bachelet y los niños

SI A ALGUIEN le quedaban dudas acerca del ambiguo compromiso de la Presidenta Bachelet con las mujeres, el papel de La Moneda en el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión Sename viene a corroborarlo. Decir algo así, es cierto, suena radical y hasta contra intuitivo. Dado que las chilenas tenemos, por fin, un ministerio para nosotras, debiéramos estar felices. Además, se ha intentado mantener los altos niveles de representación sustantiva logrados durante el gobierno anterior. Se entiende por tal la promoción de los intereses, en este caso los de las mujeres, tratando de capturar el contenido de las decisiones que las beneficiarían. Ahí están medidas como la ley de cuotas, políticas para promover el emprendimiento femenino y la energía colocada en la tramitación de una ley de despenalización del aborto por tres causales, todavía en trámite. Se ha tratado, en síntesis, de combinar la “política de la presencia” (una mujer a la cabeza del país) con la “política de las ideas”.

Anne Phillips, impulsora de esta diferenciación, defiende que las mujeres tengan una identidad distintiva como grupo social, basada en una serie de intereses comunes como el cuidado de la familia, los derechos reproductivos o la igualdad de oportunidades laborales y educativas. Esta afirmación, puntualiza, no debe conducir a aseveraciones de carácter esencialista respecto a su identidad. Por lo demás, añade, hombres y mujeres nos encontramos atravesados por distintas identidades, las que pueden predominar de manera indistinta en diferentes momentos de nuestras vidas. Señala que la variedad de identidades de las mujeres no invalida el hecho de que parte de sus preocupaciones vienen marcados por el sexo y que el argumento de los intereses no se establece, por tanto, de acuerdo a unos unificados pétreamente en torno a las mujeres sino más bien en cuanto a sus diferencias con relación a los que movilizan a los hombres.

Por tanto, no es exagerado afirmar que lo que se relacione con la infancia es algo que preocupa a las mujeres superando, incluso, eventuales diferencias ideológicas. Que Bachelet la consignara como prioridad durante su primer mandato posibilitó un cambio social en la conversación sobre los niños, que solían entrar a la agenda política cuando acontecía alguna tragedia en los recintos del Sename. Impulsó en 2006 la creación del programa Chile crece contigo, en el marco de un sistema intersectorial de protección social. Lo sustentó en la apelación a una “ética del cuidado”, extraída de la filosofía moral feminista y que explica, en parte, la solidaridad de género que logró concitar. El esfuerzo del Consejo Nacional de la Infancia por elaborar una política nacional con enfoque de derechos no ha logrado sobreponerse a la imagen de un Estado abandonando a 1.313 niños, hasta llegar a su muerte.

Por lo demás, se ha señalado que la Bachelet que regresó de Nueva York era muy distinta a la primera. Sin embargo, en lo que a este tema concierne, resultaba difícil imaginar cuánto.

La entrada Bachelet y los niños aparece primero en La Tercera.

Malagradecidos

EL ULTRAJE de las estatuas a los héroes de Arica es una afrenta cobarde, pero también una oportunidad para que la ciudad mejore la calidad e importancia del monumento. Porque, con respeto -como se acostumbra decir ahora-, la decapitación de los cuatro bustos conmemorativos del asalto al Morro dejó al descubierto la extrema modestia del tributo que Arica rinde a los soldados que en 1880 tomaron un peñón aparentemente inexpugnable.

Los bustos fueron construidos con yeso y fibra de vidrio. Se hallaban situados sobre una simple base de concreto que pretende asemejar una pirca. A su lado se ubica un pequeño mástil que tuvo mejores tiempos y hoy está corroído por el óxido.

Desde cualquier punto de vista, se trata de un homenaje cuya humildad no se condice con el tamaño de la gesta heroica y lo que significó para el país: un triunfo decisivo en la Guerra del Pacífico al costo de centenares de vidas.

Por desgracia, no es un caso único. La sencillez de nuestras estatuas y la precaria conservación de nuestros monumentos son rasgos distintivos desde Arica a Magallanes. No es consecuencia de la austeridad, sino de un apocamiento que constituye material para sicoanalistas.

Basta observar muchas de las estatuas que recuerdan a nuestros héroes.

En algunos casos, como el de Manuel Bulnes en la Alameda, tanto el prócer como su caballo lucen cansados (un efecto intencionalmente buscado por el artista). En otros, como el monumento al pueblo indígena en la Plaza de Armas de Santiago, el gusto estético es, por lo menos, cuestionable. La falta de respeto y mantención alcanza niveles trágicos en el monumento al general Manuel Baquedano, en cuya base se encuentra la tumba del soldado desconocido, profanada por masas de ciudadanos enfervorizados que causan destrozos cada vez que el país celebra un triunfo futbolístico.

El contraste con lo que ocurre en otros países es enorme. En Madrid, el Ayuntamiento ha prohibido que los fanáticos se encaramen a las fuentes de Cibeles y de Neptuno durante los festejos deportivos. En capitales como Roma o Washington, la tumba del soldado desconocido se encuentra custodiada por militares que no permiten siquiera acercarse. Urbes latinoamericanas como Buenos Aires o Ciudad de México exhiben majestuosas estatuas y monumentos en anchas avenidas. Con sus 17 metros de altura, incluso la espléndida estatua ecuestre del general José Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo no tiene parangón en Chile, donde el desdichado Bernardo O’Higgins fue desplazado a un lugar lateral; una falta de respeto y una muestra de desidia tan imperdonables como reveladoras.

A nadie parece importarle. Somos un país malagradecido, con monumentos y estatuas chiquititos, muchas veces feos y más bien pobretones, como queda claro al ver el destruido en Arica. Una sociedad incapaz de honrar adecuadamente a quienes le dieron forma y se sacrificaron por ella pone en riesgo su identidad, pues no hay que olvidar que nuestra comunidad nacional la conforman los vivos, los muertos y los que están por nacer.

La entrada Malagradecidos aparece primero en La Tercera.

Que los nuevos dientes del Sernac no terminen mordiendo al consumidor

ANTE LA aprobación, por parte de la Comisión de Constitución del Senado del proyecto de ley que propone reformar el Sernac, si bien compartimos la esencia del mismo, nos preocupa que aún no exista consenso en la comisión, ni en el propio Gobierno, respecto de un tema tan relevante como es la facultad normativa que se propone otorgar al referido servicio.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, es a todas luces innecesario, excesivo e inconstitucional otorgar una facultad normativa al Sernac. Esto, porque en nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder Legislativo quien tiene principalmente tal función. Además, se le entregaría a un solo ente la facultad de interpretar la ley, representar a los consumidores, fiscalizar, sancionar, mediar y resolver controversias, lo que no solo atentaría contra el sentido común, sino también alteraría los equilibrios institucionales y de poderes que caracterizan a nuestro sistema público.

Esta excesiva concentración de facultades ha generado que, a lo largo de la tramitación del proyecto, se hayan ensayado diversos modelos para su aplicación, no logrando ninguno de ellos total apoyo en el Congreso, la sociedad civil e incluso en el propio gobierno. El legislador ha sido muy sabio al establecer la necesaria separación de poderes, por lo que cualquier iniciativa que tenga por objeto entregar todos éstos a una sola mano, debe ser analizado con extrema cautela, sobre todo cuando afecta a la inmensa mayoría de los chilenos en su calidad de consumidores o proveedores.

Es por todos estos antecedentes, que hemos insistido en la necesidad de eliminar tal facultad normativa. Una cosa, en la que concordamos, es potenciar el Servicio, a través de todas las otras facultades que se le otorgan en el referido proyecto de ley, así como con el aumento sustantivo de las multas y los nuevos procedimientos administrativos que se crean. Otra muy distinta sería convertirlo en un ente sin contrapeso alguno, pasando así a ser “juez y parte en materia de consumo”.

Si el gobierno estimara que esta última es una materia de la esencia del proyecto de ley, a lo sumo, debiera avanzarse en facultar al Sernac, únicamente, para proponer al Presidente de la República la modificación o derogación de normas en materia de consumo.

Por lo tanto, si bien nadie puede negar que es necesario modernizar el Sernac con objeto que pueda adecuarse a las nuevas relaciones de consumo y dar solución rápida a las controversias que puedan generarse entre consumidores y proveedores, este afán no debe llevarnos a aprobar normas que excedan el principio mínimo de equilibrio de poderes y que a su vez, no cuenten con un apoyo y consenso transversales.

Finalmente, es importante recordar que la excesiva concentración de facultades que este proyecto de ley propone para el Sernac, podría terminar afectando negativamente a quienes en principio busca proteger, al hacer más rígidas y conflictivas las relaciones entre proveedores y consumidores. No solo hay que dotar de “más dientes al Sernac”, como se planteó al inicio de la discusión de este proyecto de ley, sino más bien, generar mayores canales de comunicación y solución de controversias entre consumidores y proveedores, para así recomponer las tan dañadas confianzas sobre las cuales se basa nuestra economía de libre mercado y la sana competencia entre los actores del mismo.

La entrada Que los nuevos dientes del Sernac no terminen mordiendo al consumidor aparece primero en La Tercera.

CAE y derecho social a la educación

Sorprende que diputados de la llamada “bancada estudiantil” presentaran una indicación a la reforma de la educación superior (ES) para suprimir –sin mecanismo de reemplazo- el crédito con aval de Estado (CAE) a partir del 1 de enero de 2019. Más extraño es que la mayoría de la Comisión de Educación Superior la aprobara. Un gesto “para la galería”, sin duda. Por ello, tanto el Gobierno como la opisición hicieron inmediata reserva de inconstitucionalidad. Esta medida, de mantenerse, no sólo infringiría la norma sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Más grave aún, ella sería contraria al derecho a la educación. De allí que la acción de los diputados que la promovieron y aprobaron sea de una gran inconsecuencia.

En efecto, los diputados de la Nueva Mayoría reclamaron al unísono, ante una declaración del ex Presidente Sebastián Piñera que ponía en duda la continuidad de la política de gratuidad, que ello estaría en contradicción con el principio de “no regresividad” en materia de derechos sociales que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues bien, si la educación es un derecho social, ¿no aplica el mismo principio a los otros mecanismos vigentes que aseguran el acceso de todos los y las jóvenes a la educación superior?

Conviene, para mayor claridad del problema, hacer un poco de Historia. Cuando se creó el CAE, el compromiso del Estado, expresado en el Mensaje de la ley y el debate legislativo posterior, fue que el sistema nacional de ayudas estudiantiles se apoyaría en cuatro mecanismos: i) Un Fondo de Becas, que agruparía las múltiples ayudas no reembolsables que entrega el Estado para ES, mejorando su focalización; ii) El Fondo solidario de crédito universitario (FSCU) para los estudiantes de las universidades del CRUCh; iii) Un Crédito Sustentable y sin exigencia de aval para estudiantes de IES autónomas acreditadas; y iv) Un Sistema de Ahorro para el Financiamiento de la ES que premie los esfuerzos de las familias de escasos recursos y clase media para este fin. El sistema integrado de Becas sigue pendiente. En cuanto al FSCU, si bien se han aprobado sucesivas leyes de reprogramación para potenciar la recuperación de créditos, sigue siendo un mecanismo deficitario. La ley 20.027 abordó los dos últimos componentes, si bien el sistema de ahorro no llegó a tener un impacto real. La idea matriz del proyecto era: “Velar porque la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la Educación Superior”.

El Mensaje de la ley que creó el CAE reconoció que el Gobierno, hasta entonces, había concentrado sus esfuerzos para apoyar el financiamiento de estudiantes de las Universidades del CRUCh. Los mecanismos complementarios (créditos CORFO), a través de los bancos, se habían visto dificultados por los requerimientos de aval del mercado financiero, obstaculizando el acceso al financiamiento a miles de jóvenes. Se requerían, según el Mensaje, soluciones de largo plazo “a la falla de mercado que genera este problema estructural”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó entonces la experiencia comparada, las ventajas y desventajas de los sistemas de becas, de préstamos comerciales y créditos-renta (contingentes al ingreso), constatando que en la mayoría de los países en que hay cobro efectivo de aranceles existe una combinación de becas y créditos (Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, etc.). Cfr. Biblioteca del Congreso Nacional (2005), Historia de la ley 20.027, pp. 32-41.

El proyecto avanzó sin mayor debate o dificultad, gracias al liderazgo del Ministro de Educación Sergio Bitar y la Jefa de Educación Superior Pilar Armanet. Así, en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general por 95 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención (16 de junio de 2004) y en particular por 90 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones (17 de agosto de 2004). En el Senado, la aprobación en general, el 27 de octubre de 2004, y la particular (8 y 23 de marzo de 2005) fue unánime (votaron 32 y 31 senadores, respectivamente). Lo mismo en el tercer trámite -sólo votaron en contra el diputado Aguiló y el senador Ávila- donde la única discusión relevante fue la exigencia de contar con acreditación para que las IES pudieran acceder al sistema.

Cuando se aprobó el CAE el Ejecutivo y los congresistas estuvieron de acuerdo en que este mecanismo venía a subsanar una inequidad histórica en el trato que el Estado daba a los estudiantes de Educación Superior. Ahora, un grupo de diputados piensa, al parecer, que sería bueno volver atrás.

La entrada CAE y derecho social a la educación aparece primero en La Tercera.

Aborto a toda costa

Muchas críticas se han levantado a este gobierno, pero la de renunciar a sus objetivos últimos no es una de ellas. El realismo sin renuncia es la versión Nueva Mayoría del avanzar sin tranzar. La historia les dará la razón, piensan sus integrantes, porque la justificación está clara en su ideología y los inconvenientes son sólo temporales. En resumen: muy transparente en sus premisas y sus objetivos desde el primer minuto –por eso es tan grave haber firmado el programa de gobierno sin leerlo, como confesó Ignacio Walker sin avergonzarse. Pero, respecto a un tema, el gobierno ha sido particularmente enrevesado: la “despenalización” del aborto en tres causales.

Haciendo gala de mucha maña y muñeca, desde La Moneda han buscado los mejores caminos y pretextos que les permitan la final legalización del aborto. Buscan avanzar sin transar también en esta materia, pero con intenciones segundas y no declaradas. Así, un proyecto que tiene como fin claro legalizar una conducta y garantizarla como prestación de salud, se ingresa y difunde bajo el rótulo de “despenalización”. ¿Qué sentido tendría discutir sobre la objeción de conciencia si no se está garantizando –legalizando– un derecho? Se usa un eufemismo también cuando se califica como “interrupción”, palabra que da pie a pensar en algo no definitivo, para una acción permanente y sin vuelta atrás.

Michelle Bachelet –en su discurso del 21 de mayo del año 2014 al anunciar que ingresaría el proyecto– señaló que “cada aborto en el país es una señal que como sociedad hemos llegado tarde, porque la prevención no tuvo los resultados deseados”. Por lo tanto, el proyecto de acompañamiento que lleva envuelta la discusión legislativa, es tan importante porque busca prevenir un hecho que, según lo que han declarado repetidas veces incluso sus promotores, todos preferirían que no pasara. Más aún si consideramos lo efectivos que son estos programas: más del 80% de las mujeres que, con intención de abortar, reciben un acompañamiento disuasivo, desisten finalmente de su decisión –y se evitan los males aparejados, como la alta probabilidad de tener problemas psíquicos producto del aborto.

Pero el gobierno ha preferido mantenerse ciego a la evidencia para conseguir su cometido, creando, para la circunstancia, un principio ad hoc: la no disuasión. Todo acompañamiento podrá ser hecho mientras no busque disuadir. Así otra obra de magia. Cuando la idea es que el aborto no suceda y se espera “no llegar tarde”, se prohíbe los acompañamientos que buscan precisamente evitar un acto que luego será irreversible y que hará, de que cualquier otra acción, una reparadora a un mal que ya fue causado –por lo tanto, tardía–. ¿Cuál será entonces “el resultado deseado” al que se refería Michelle Bachelet en su discurso? Imposible saberlo.

¿Qué daño le produce al gobierno que alguien intente disuadir a otro de realizar algo que ellos mismos han declarado como un mal en varios sentidos? Más allá de la incongruencia, la única manera de explicar esta posición es un compromiso ideológico profundo con el objetivo final de que exista aborto en Chile. Lo peor es que hay varios que siguen llegando tarde y se dejan disuadir.

La entrada Aborto a toda costa aparece primero en La Tercera.

Deuda de tierras: ¿Alguien puede aclarar las cifras?

En su última aparición pública, el director nacional de Conadi aseguró que el Estado había adquirido 170 mil hectáreas que equivalían al 10% de la “deuda” con el pueblo mapuche. No deja de llamar la atención que en 2014, las cifras del servicio publicadas en un amplio reportaje de La Tercera ya hablaran de casi 500 mil hectáreas traspasadas desde 1994 a esa fecha. ¿A cuál de las dos cifras hay que creerle? 

Pero hay más. En el mes de junio, la Presidenta Michelle Bachelet aseveró que durante los últimos 25 años “hemos comprado, subsidiado o regularizado casi 230 mil hectáreas de tierras indígenas al pueblo mapuche y sólo por ese ítem, el Estado ha invertido 584 mil millones de pesos”. 

Poco importa en el debate, al parecer, que la mayoría de los beneficiados con las miles hectáreas no viven en las tierras entregadas, según Conadi, por falta de luz eléctrica, agua potable, caminos, etc… lo que hace en su gran mayoría, estas hectáreas permanezcan improductivas, en un fenómeno similar al proceso de Reforma Agraria que terminó por expropiar 10 millones de hectáreas a sus legítimos dueños, generando una caída de casi 7 puntos en el PIB agrícola, hacia el año 1973, sin considerar la estela de odio propia de la retórica de un proceso que el actual Ejecutivo se empeña en “rescatar”, entregando para ello 110 millones de pesos a un ex mirista encargado de hacer un documental al respecto.

En esta danza de hectáreas cuyo número exacto no se ve claro, el mundo político sigue sin poner el acento sobre cuándo se terminará de pagar la deuda, lo que a todas luces resulta kafkiano, dado que de acuerdo a los datos de la Multigremial de La Araucanía, la problemática de tierras está absolutamente cuantificada: de las 512.493,67 hectáreas que reconocían los títulos de Merced del siglo XIX, a inicios de los 80 quedaban 463.409,81, es decir, se había generado una diferencia de 49.000 hectáreas, aproximadamente, en contra del pueblo mapuche. Esa era la deuda sobre la cual había que trabajar, antes de entrar en esta inorgánica vorágine de compras y entrega con una finalidad poco clara.

Aún agregando las ventas de terrenos que permitió el marco jurídico vigente, es claro que hoy existen ya más de 512 mil hectáreas establecidas por los títulos de Merced en manos de mapuches.

Y el problema sigue creciendo, ya que de acuerdo al catastro realizado por la Conadi, si en el año 1994 eran 538 las comunidades que postulaban buscar el beneficio, dos décadas después el número bordeaba ya los 2.100.

El explosivo incremento de estas agrupaciones que reclaman territorio al Estado, se ve propiciado por la legislación, que permite la división comunidades, lo que comprobadamente generó que muchas de ellas se vean beneficiadas más de una vez. Hace ya tres años, la Fundación Aitue reconocía que solo se necesitaba que se reúna un grupo de diez personas para generar una comunidad y ponerse en la lista de los aspirantes a recibir tierras, provocando una presión ilógica al proceso, básicamente porque el territorio no es infinito.

Tanto la Conadi, en cuanto servicio dependiente, como su programa de entrega de tierras, muestran caducidad. A casi 25 años de la promulgación de la Ley Indígena, el plan demuestra haberse extraviado en el horizonte y en la ejecución, y lo que se requiere hoy es un organismo capaz de tener acción propositiva a nivel legislativo, capacidad en el diseño de políticas públicas y coordinación en materia de diálogo.

Las tierras debieran tener una finalidad productiva, y en tal sentido se requiere dar un giro al sistema. Partiendo por esclarecer cuál es la “deuda”, para poder saldarla en un plazo programado, y luego atender a las verdaderas demandas detrás de la entrega a granel, ya que un botón de muestra clarificador es el estudio de “Población Mapuche regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, que arrojó que más de un 88% de los mapuches encuestados estima que las tierras deberían entregarse a familias y no a comunidades.

La entrada Deuda de tierras: ¿Alguien puede aclarar las cifras? aparece primero en La Tercera.