Óscar Contardo's Blog, page 123

¿Estamos preparados para enfrentar la Ley de Inclusión?

La educación chilena vive un momento desafiante. Tanto la implementación de la Ley de Inclusión Escolar como el Plan Nacional de Educación Pública nos fuerza a reformular nuestras acciones y articulaciones entre investigación, política pública y el contexto escolar.

Estas políticas reclaman un cambio profundo en las prácticas escolares cotidianas. Nos exigen una revisión y actualización de los referentes conceptuales, éticos y modos de comprensión y acción para trabajar temas de diferencia, normalidad, inclusión y diversidad.

Un atributo deseable de la escuela hoy se traduce en que éstas debieran ser espacios de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones sociales, culturales, étnicas, religiosas, etc., como queda plasmado en muchos de los documentos oficiales. Sin embargo, la pregunta que prima es ¿cómo se hace para generar estos espacios plurales, heterogéneos y democráticos, cuando estas políticas se implementan en un contexto educacional reconocido internacionalmente, como altamente segregado y segregador?, ¿cómo se logra cambiar una cultura escolar segregadora si la política insta a que la mezcla de estudiantes ocurra en establecimientos particulares subvencionados y municipales sin alcanzar a los establecimientos particulares?

Por otro lado, se está haciendo un esfuerzo por lograr que todos y todas las estudiantes tengan acceso a la escuela, pero la pregunta es ¿qué sé hace una vez que se tiene a todos y todas las estudiantes dentro del espacio escolar? Es decir, este no es solo un problema de acceso, sino que, más importante aún, nos insta a hacernos cargo de las formas en que se produce segregación en las prácticas cotidianas. Puntualmente, ¿cómo se educa con calidad en contextos escolares en donde el racismo, la xenofobia, el clasismo, operan de manera naturalizada? ¿Cómo se implementa una práctica pedagógica, de gestión, disciplinar no discriminadora, plural y democrática, si los actores (profesores, profesoras, profesionales, administradores) no han sido formados en reconocer y nombrar el racismo, misoginia, clasismo, xenofobia, que sus propias prácticas profesionales reproducen?

Junto con lo anterior, debemos avanzar en considerar que “el problema de la diferencia” no está puesta en los sujetos “que portan la diferencia” sino que en aquellos (mayoritariamente adultos, según lo que indican consistentemente las encuestas nacionales) que diferencian y jerarquizan las diferencias en relación a normalidades atribuidas y naturalizadas.

El llamado de la política a producir contextos escolares inclusivos ha provocado una serie de acciones que se traducen en nuevos centros de investigación con fondos estatales importantes, múltiples equipos de investigadores e investigadoras focalizando esfuerzos en aportar nuevas formas de pensar lo diferente para apoyar tanto la formación de profesores y profesoras como a los y las docentes que se encuentran en ejercicio y los profesionales que diseñan políticas. Sin duda, que esperamos que el nuevo gobierno, fuese cual fuese, continúe y refuerce estas iniciativas y organice sus acciones considerando el trabajo ya avanzado.

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Fundación Jaime Guzmán, negacionismo y amenazas al Nunca Más

En su columna “Bus de la libertad, verdad histórica y amenazas a la libertad de expresión”, el abogado Máximo Pavez, firmando como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, critica el proyecto que busca sancionar a quienes nieguen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile durante la dictadura cívico-militar. Para ello, recomienda ver mi intervención durante la sesión de la Comisión de Constitución en que lo aprobamos en primer trámite, intentando fundamentar su tesis de que sería una iniciativa “totalitaria”. A su juicio, de prosperar el proyecto, si una persona “no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privada de libertad”. Además, dice que se buscaría “promover una policía del pensamiento de corte orwelliano”.

Pese a encontrarse presente en dicha sesión, -¿en tanto asesor legislativo de los diputados UDI?-, lo expresado por el columnista no se ajusta a la verdad.

El texto que despachamos no criminaliza de forma alguna ideas, opiniones o pensamientos, y mucho menos por no ceñirse a lo que Pavez considera las ocurrencias de un grupo de parlamentarios sobre “ciertos episodios” de la historia de Chile. Muy por el contrario, lo que hace el proyecto es sancionar una conducta objetiva -la negación pública-, de violaciones a los Derechos Humanos comprobadas por sentencia judicial firme de nuestros Tribunales de Justicia.

Lejos de la caricatura de “totalitaria” utilizada por el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, avanzar en una legislación contra el negacionismo en los términos señalados es un mínimo ético y jurídico para toda sociedad democrática que sufrió violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Por lo demás, también es una obligación del Estado de Chile ante los numerosos tratados internacionales suscritos, en que se comprometió a adoptar garantías institucionales, políticas y culturales para la no repetición de ellas. Se trata, entonces, de dar un nuevo paso para la aplicación concreta del Nunca Más.

Los diversos pero aun insuficientes esfuerzos en esa línea, como las comisiones Rettig y Valech, acreditaron más de 40 mil víctimas directas de los brutales atropellos de la dictadura de Pinochet, incluyendo ejecutados, desaparecidos, torturados y presos políticos. Sumados a los más de 200 mil exiliados, fueron un cuarto de millón de compatriotas a quienes se les conculcó de la peor forma sus derechos básicos.

Negar esa realidad hoy constituye una nueva afrenta a esos miles de chilenos y chilenas. Es volver a ofender y humillar a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Es vulnerar la dignidad de las personas y de nuestro propio país, debilitando los esfuerzos para asegurara que estos crímenes terribles no se vuelvan a repetir.

Negar esa realidad es una clara amenaza al Nunca Más.

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Expertos versus ignorantes

Cuando los políticos alegan que no pueden ser expertos en todos los temas llevan toda la razón. Aparte de impracticable, no es eso lo que se espera de un representante de la ciudadanía. Pero hay algo eso sí que olvidan, no ser experto en algo no significa ser ignorante sobre lo mismo. Entre la experticia y la ignorancia hay un largo trecho por donde moverse y es en algún punto intermedio donde uno esperaría se situara una persona con responsabilidades en la conducción del país.

Es realmente preocupante que un candidato a la Presidencia, que además es senador de la República, afirme que el terrorismo solo puede ser ejercido por agentes estatales y que los privados solo pueden realizar actos de violencia, idea que en vez de corregir luego reafirmó diciendo que, “en los tratados internacionales y en el derecho comparado, el terrorismo es un concepto que refiere a la acción de agentes del Estado”. O que otro precandidato y también senador no sepa a qué se refiere el Acuerdo de París y menos el haberlo votado favorablemente en el Parlamento. U otra perla, la de la ministra Secretaria General de Gobierno, quien le ofreció públicamente asistencia profesional a Nabila Rifo para que demandara en foros internacionales al propio Estado que ella representa.

Sin duda, la exposición ante los medios es en extremo compleja y cualquiera puede tener un lapsus o cometer un error cuando está constantemente expuesto a ellos sobre infinidad de cuestiones. Por lo mismo, lo primero que uno le pide a quien asume estos roles es una intensa preparación para saber y tener opinión respecto a todos los temas relevantes sobre los cuales eventualmente pueda ser consultado. Por supuesto, saber de qué se trata y tener una opinión está muy lejano a ser experto en esos temas. No se necesita serlo en terrorismo, por ejemplo, para saber que las bombas puestas en lo últimos años en Santiago por grupos anarquistas sí constituyen un acto de ese tipo; no se requiere tampoco ser un jurista para saber de qué va el Acuerdo de París ni que el Estado no se puede auto demandar.

Es precisamente a un rudo y exhaustivo test ante la opinión pública al que se somete consciente y voluntariamente quien se presenta a candidato a la Presidencia o acepta ser vocera del gobierno, pues existe un interés legítimo en conocer sus opiniones y escrutar sus actos y decisiones. La presión de los medios no es algo inoportuno o de mal gusto, sino lo que se espera que ellos hagan en cumplimiento de su función. Queremos ver precisamente cómo se comportan ante esa situación y qué tan preparados se encuentran.

Dicho eso, más allá de pretender que respondan correctamente todas y cada una de las veces que tengan un micrófono al frente, la ciudadanía debiera estar especialmente atenta a la forma cómo estos personajes enfrentan aquellas inevitables veces en que se equivocan.

No podemos quedar satisfechos si las respuestas son simplemente que no se puede ser experto en todos los temas o, peor todavía, si consisten en insistir en la equivocación o en pedirle a otro que salga a enmendar su metida de pata.

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Almas muertas

Se afirma fundadamente que un alto porcentaje de las personas que estuvieron en el Sename posteriormente se convirtieron en delincuentes. Este es un servicio en el que, inexplicablemente, el Estado ha mantenido por décadas una conducta sistemática en contra de la dignidad humana. La información que ahora conocemos revela las condiciones extremas de castigo físico- y sobre todo psíquico- que menores indefensos han experimentado. Para quienes de allí egresan, no existen políticas públicas ni oportunidades laborales. Más temprano que tarde, entonces, serán atrapados y encerrados en la cárcel, una y otra vez. Un círculo de vicio y peligro que engulle a personas que han vivido dependiendo del punzón y el formón por si ven el amanecer. Esto es responsabilidad de un Estado que no ha velado por los derechos humanos de esos niños y que no ha educado ni creado condiciones elementales para ellos. Tal responsabilidad es imprescriptible.

Estos seres no movilizarán a nadie por las calles. Ni un solo revolucionario de moda moverá un dedo por ellos; no estarán jamás en la mesa del grupo “No más Esto o lo Otro”, ni en los de salvemos el río tal o cual, o en los del bus naranja ni en sus adversarios que lo persiguen. En verdad, ¿quién querría salir a marchar por los derechos de unos delincuentes, menos si son los que han causado daño y terror a las personas?

Nadie; pero esta opinión no se trata de eso. El tema acá es que 1.300 niños, antes siquiera de tener la oportunidad mínima de ser alguien, murieron por la omisión culpable, sino dolosa, del Estado, cuyo deber era protegerlos y educarlos para prevenir ese destino. En el Sename -el único lugar donde no podía ser posible-, fueron víctimas de algún tipo de violencia física o psíquica, de actos criminales, de desamparo, de negligencia o descuido fatal, con tal grado de maldad, que no tuvieron fuerzas para defenderse ni pedir auxilio.

¿A quién iban a llamar? Es ingenuo pensarlo ante tal nivel de desigualdad de armas. Y lo importante, lo verdaderamente serio, es que el Estado es responsable directo y objetivo, en sentido jurídico, de la muerte de esos niños, y que la ley que hoy día debiera estar en la tabla prioritaria del Congreso es la reparación de esta afrenta a los derechos humanos de esas personas y sus familias. Como mínima muestra de respeto, no debiera formarse ninguna Comisión de Diputados.

En la antigua Rusia, las tierras se transferían junto con sus trabajadores o siervos, que formaban parte de los bienes. Las personas eran llamadas “almas”, se inscribían en un registro, se vendían, y luego llegaron a ser objetos de comercio independiente. Hubo quienes, después de muertos los siervos, negociaban con los registros y obtenían ganancias o prebendas. El gran escritor ruso Nikolai Gogol habló brutalmente de esto en su obra “Almas muertas”. En Chile, hasta antes del rechazo al Informe, creíamos que los niños fallecidos del Sename iban a ser respetados, o al menos sus almas. Esperemos que no estén muertas, ni se negocie con ellas.

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Los desafíos de Guillier

Se cumplió medio año desde que el Partido Radical proclamó a Alejandro Guillier. Pese a ello no se observa un comando consolidado y más bien, se anuncia que ese tema se resolverá una vez recolectadas las firmas para inscribir la candidatura. Si se tiene en cuenta la ventaja que muestra el candidato de la derecha, parece natural pensar que la candidatura debería haber pisado, hace tiempo, el acelerador.

El crecimiento es un tema central de la elección presidencial. La derecha y el empresariado, ha instalado la idea de que la desaceleración de la economía es consecuencia de las reformas. Guillier no ha levantado, con suficiente fuerza, una visión más apegada a los hechos. Ello pese a que, incluso, académicos de derecha reconocen que la economía enfrenta desde hace más de 10 años un estancamiento de la productividad, un bajo gasto en ciencia y tecnología y una excesiva dependencia de los recursos naturales.

Los problemas se expresan además en que en el período indicado no han surgido nuevas actividades significativas y el país está ausente de las industrias más dinámicas de la economía mundial.

Las bases programáticas de Guillier muestran proposiciones interesantes para superar los problemas estructurales de la economía. También en el campo social donde se apuesta a terminar con la primacía de la capitalización individual en el sistema previsional y se proponen reformas importantes a las Isapres. La campaña, sin embargo no se estructura en torno a estas temáticas lo que plantea la pregunta sobre cuál será su orientación fundamental: ¿Se estructura una propuesta que priorice el crecimiento como opuesto a la profundización de las reformas (como sugiere la derecha y sectores vinculados a Espacio Público y Cieplan) o se apostará a la profundización de las reformas como camino hacia una mayor equidad que se articula positivamente con las reformas económicas orientadas a recuperar el crecimiento dinámico como efecto de un rol económico más activo del Estado, por su involucramiento en la generación de nuevas actividades productivas que incentiven las fuerzas creadoras existentes en el mundo empresarial y que permitan el crecimiento del empleo de calidad?

También la interacción con la actual administración, resulta problemática. No ayuda que frente a las proposiciones para recuperar la capacidad de crecimiento, la actual administración ponga énfasis en la reducción del déficit estructural y la contención del endeudamiento público (bajo en cualquier comparación internacional). El compromiso con el cambio en el sistema previsional de Guillier no es consistente con el inmovilismo del actual gobierno en la materia. El proyecto anunciado para julio, no tendrá espacio legislativo. Más compleja será la situación si frente al aumento de remuneraciones solicitado por el sector público, la Administración repite la estrategia confrontacional del año pasado.

Ello confirmaría las dificultades de comunicación de la coalición de gobierno con este sector, que junto con los sectores populares y los sectores medios, que han accedido a la educación superior y no ven compensados con mejores ingresos sus esfuerzos, constituyen la base social de la centroizquierda.

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Dos malas y una buena

La decisión del diputado Felipe Kast (Evópoli) de postular al Senado por La Araucanía, desechando la idea de competir por el distrito 12 de Las Condes, implica dos noticias malas y una buena.

Partamos por las malas.

En primer lugar, nos recuerda que el centralismo no solo goza de buena salud en los grandes bloques. Es también un vicio que acompaña a los nuevos partidos, por más que sus líderes enarbolen banderas de renovación y buenas prácticas.

Si en la Nueva Mayoría es deporte olímpico exportar candidatos santiaguinos a regiones, la derecha pareciera no hacerlo nada mal. Dos candidatos al Senado de dicho sector, Gustavo Hasbún (UDI) y Rojo Edwards (Ind), nunca han vivido en la Araucanía.

El primero es actualmente diputado por el metropolitano distrito de La Florida. Y el segundo, si bien legisla por nuestra región en la Cámara, solo la recorre en semana distrital. A ellos se suma hoy Felipe Kast, actual diputado por… ¡Santiago Centro!

Es una mala noticia para regionalistas y todos aquellos que sí creen en los liderazgos locales. Pero es una responsabilidad compartida; de los partidos y también de una ciudadanía que acepta nominaciones a dedo sin chistar. Y es que la culpa -como dicen en el campo- no solo es de la glotonería del chancho.

La segunda mala noticia es para todos quienes buscamos una salida política y negociada al conflicto que nos afecta. Y que cada tanto, nos desangra.

Kast, quien se define como “liberal”, ya demostró en primarias que puede llegar a ser tan extremo en su discurso como su tío José Antonio, el ex presidente de la UDI. Ambos fueron los únicos que hablaron de “militares” para La Araucanía, medida inconducente en cualquier régimen político e impresentable en una democracia.

Se dirá que en primarias se habla al voto duro del sector que se busca representar. Así explica el círculo de Piñera la “derechización” de su discurso en primarias y su retorno actual hacia el centro político. Puede ser. Se hace campaña con poesía y se gobierna con prosa. El detalle es que aquel voto duro vive y vota en La Araucanía. Kast no tendrá de ellos tan fácil escape.

Allí las dos malas noticias. ¿La buena? Kast ha demostrado también ser un político inteligente, capaz y muy preparado. Tendrá una oportunidad de oro para demostrar lo errado de esta columna. Veamos si nos sorprende.

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¿Árboles o electricidad?: un falso dilema

Esta columna fue escrita junto a Francisco de la Barrera, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS.

Las lluvias intensas y nevazones que este invierno ha traído al país, han sido acompañadas de la suspensión del suministro eléctrico. Numerosas familias afectadas y duros cuestionamientos de todos los sectores hacia las empresas responsables del suministro han sido la tónica, especialmente en las últimas semanas. Siguiendo el discurso empleado ante los cortes de suministro de agua, las empresas eléctricas han culpado al evento climático y “a la interrupción de árboles en el tendido eléctrico”.

Ante esta declaración surge la natural pregunta de ¿acaso deberíamos eliminar o mutilar excesivamente los árboles de las ciudades para así asegurar la continuidad del servicio eléctrico? Ciertamente no, por al menos tres razones:

Los árboles de las calles, junto con los jardines de las viviendas, los parques y las plazas constituyen una trama interconectada de vegetación que se extiende por toda la ciudad, embelleciendo y dotando de identidad al paisaje urbano, generando espacios para el descanso y la recreación, otorgando sombra y aire fresco en verano, y, por cierto, capturando contaminantes en invierno. Por sus múltiples funciones y consiguientes beneficios, actualmente se les reconoce como una infraestructura urbana, como infraestructura verde. Al igual que otras infraestructuras (eléctrica, sanitaria, comunicaciones), distribuye servicios que son indispensables para el bienestar de la población. Pero mientras unas tienen una función específica, como distribuir electricidad, la infraestructura verde sirve para múltiples funciones, simultáneamente. Otra diferencia es que, dado que la infraestructura verde requiere de cuidados y gastos permanentes por parte de los vecinos y las municipalidades, posee historia en y con la comunidad. Cuanto más viejos son los árboles, son también más valiosos. No es razonable proponer que deben ser talados para evitar posibles conflictos con el tendido eléctrico, porque se estarían talando décadas de cuidados y múltiples beneficios presentes y futuros.

Las redes eléctricas modernas pueden operar en condiciones climáticas muy exigentes. Las lluvias y nevazones, por cierto, muy ocasionales en Santiago, no deben ser un obstáculo para la operación del servicio, tal como lo demuestran las ciudades situadas desde Concepción al sur, y especialmente las ciudades de la Patagonia. Ni hablar de países que, con una tasa de consumo de energía muy superior, son capaces de mantener la continuidad del servicio, en inviernos bastante más crudos. Tecnología y capacidades existen.

Por último, si bien las condiciones climáticas no se pueden manejar, sí se pueden prever y, por lo tanto, se pueden tomar precauciones. Las empresas de suministro eléctrico deben actuar conforme las proyecciones climáticas de mediano plazo. Diversos centros de investigación y universidades han señalado que las lluvias serán cada vez más torrenciales y los eventos extremos (olas de calor o de frío) más frecuentes, exigiendo más del suministro eléctrico. Las empresas deben empezar hoy a preparar las redes para los próximos inviernos.

En las ciudades pueden convivir árboles y redes eléctricas. Tendidos adecuadamente planificados no están exactamente sobre los árboles, y en caso de soterramiento, no están debajo de las raíces de los árboles. Es tiempo de que en la planificación urbana se incorporen los espacios necesarios para ambos, porque son indispensables para el bienestar de la población.

 

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Así podría salvar Trump a Maduro

El presidente Donald Trump y su equipo están considerando la posibilidad de prohibir la importación de petróleo venezolano a EE.UU. El cálculo de la Casa Blanca y otros en el Congreso es que esta sanción asfixiaría la economía venezolana y conduciría a la caída del régimen de Nicolás Maduro. Yo no estoy tan seguro. Veo la posibilidad de que esta medida más bien termine fortaleciendo al gobierno de Caracas, debilitando a la oposición y agravando la crisis humanitaria que está devastando a los venezolanos.

Trump ha anunciado que impondría severas sanciones económicas a Venezuela si Maduro lleva adelante su intención de convocar comicios para una Asamblea Constituyente. Los más de 500 diputados que saldrían elegidos, en un proceso tutelado y trampeado por el régimen, tendrían la misión de reescribir la Constitución. La fundada preocupación es que la intención de Maduro y sus socios cubanos es la de usar esta nueva Constitución -cuya redacción y aprobación controlarían- para imponer instituciones y políticas económicas como las que imperan en Cuba.

Por otro lado, más de siete millones de venezolanos que participaron en una consulta organizada por la oposición manifestaron su repudio a esta Constituyente. Diversos Presidentes y ex Presidentes de América Latina y Europa, el secretario general de la OEA y múltiples organizaciones internacionales han exhortado al gobierno de Caracas a que suspenda esta iniciativa. Pero Maduro y los suyos reiteran que el proceso es imparable.

De resultar cierto, Trump ha prometido sanciones más severas. El enfoque adoptado por Barack Obama y continuado por Trump ha sido el de identificar con nombre y apellido a corruptos, narcotraficantes, violadores de DD.HH. y otros criminales que ocupan altos cargos en el gobierno de Venezuela y en sus fuerzas armadas e imponerles fuertes sanciones personales. Pero en ciertos círculos de Washington y de la oposición venezolana estas sanciones son insuficientes.

Hay tres razones por las cuales esta es una mala idea. La primera es que la experiencia histórica en materia de sanciones demuestra que los bloqueos o embargos económicos generales casi nunca logran su objetivo. Hacen sufrir más a la población pero no afectan a los gobiernos y a las élites que lo apoyan.

El caso de Cuba es el mejor ejemplo. En 1962, EE.UU. le impuso un embargo comercial en respuesta a las confiscaciones de bienes de ciudadanos y empresas norteamericanos. Lejos de desgastar al régimen, su efecto ha sido el darle una excusa para justificar la catástrofe económica que sufre la isla.

Y hay más ejemplos. Lo que llevó al gobierno de Irán a la mesa de negociación que culminó en el acuerdo nuclear no fueron las sanciones económicas que pesan sobre el país desde hace décadas, sino nuevas y sofisticadas medidas de castigo dirigidas a altos funcionarios, a sus socios y a su sistema financiero. Vladimir Putin se queja de las sanciones generales que hay contra Rusia, pero mucho más de las que afectan específicamente a las finanzas de sus más cercanos colaboradores y oligarcas.

La segunda razón es que el bloqueo petrolero es innecesario. Sus terribles efectos ya los ha creado Nicolás Maduro. La economía venezolana ha colapsado y desgraciadamente sigue en caída libre.

Las reservas en el Banco Central están por debajo de US$ 10.000 millones, una fracción de lo que deberían ser. La mayor parte de los alimentos, los insumos para producirlos o las medicinas hay que importarlos pagándolos al contado en moneda dura, ya que nadie le da crédito al gobierno. La trágica realidad es que ya no hay suficientes dólares para importar lo que hace falta para nutrir y medicar adecuadamente a todos los venezolanos. Y esta tragedia la crearon Chávez, Maduro y sus aliados cubanos… solitos. Sin ayuda de Washington.

Y esta es la tercera razón. La tragedia venezolana tiene responsables muy claros. El mundo ya ha entendido que los venezolanos sufren por culpa de la oligarquía chavista que ha gobernado al país durante 18 años bajo la tutela de La Habana. Ahora ni siquiera los simpatizantes más fanáticos pueden defender los resultados de esa revolución bolivariana sin hacer el ridículo. Un bloqueo petrolero impuesto por Trump sería una maravillosa y oportuna tabla de salvación política para Maduro. Trump sería presentado como el responsable del hambre de los venezolanos. Maduro ha venido denunciando la “guerra económica declarada por el imperio del norte contra Venezuela” como la causa de los males del país. El bloqueo petrolero le daría la coartada perfecta.

No lo haga, Presidente Trump.

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Aborto: derrota de los candidatos

El sábado 31 de enero de 2015, la Presidenta de la República, en un acto en la Moneda, firmó el proyecto de ley que despenalizaba el aborto en tres casuales. Con la presencia de buena parte del gabinete y ante gritos de apoyo de organizaciones feministas, la Presidenta tenía probablemente uno de sus últimos días felices en La Moneda. Seis días después, la revista Qué Pasa publicó un artículo sobre los negocios inmobiliarios de la nuera y el hijo de la Presidenta, lo que fue conocido posteriormente como el caso Caval, desatando todas las tormentas ya conocidas.

El dramatismo de las fechas también muestra lo importante que es la aprobación del proyecto de despenalización del aborto para La Moneda. Aunque no se colocó en el programa para no incomodar, es algo anunciado en la primaria y que incluso fue el único punto polémico en el debate de los candidatos, donde el entonces candidato de la DC y ahora intendente increpó a la Presidenta por su posición al respecto.

Después de una larga tramitación, incluyendo polémica pública, el proyecto tuvo un nuevo traspié en la Cámara, después de la maratónica sesión en el Senado. Lo que parecía un día de fiesta, que incluyó en el diseño la asistencia de todas las ministras mujeres, terminó en una vergüenza por el pareo de dos diputados radicales y el diputado DC que se abstuvo, mientras que la televisión lo mostraba pauteado por una diputada de oposición.

En el caso de los radicales, no vale la impericia como pretexto, pues ambos llevan una buena cantidad de tiempo como diputados y, por tanto, saben de los efectos de su decisión. José Pérez con este cumplirá cinco períodos en la Cámara, y Fernando Meza va por el cuarto período como diputado. Aunque la ira y las culpas fueron sobre el Partido Radical y el gobierno que no pudo prever este incidente, llama enormemente la atención el poco poder que tienen los dos candidatos presidenciales para influir en sus filas.

El caso más complejo es para el candidato Guillier. En los partidos que lo apoyan, a diferencia de la DC, no hay matices en el apoyo del gobierno y, por tanto, se esperaba apoyo completo. Ante la caída, el candidato dio a entender que el asunto no requería mayor acción, pues se suponía que sabían cómo votar. Quienes tienen éxito en la política es porque intervienen en la agenda y aprenden a manejarla y no al contrario, dejando que los vientos siempre veleidosos de los asuntos públicos los manejen a ellos.

El senador Guillier parece a veces actuar con la filosofía política que se le atribuye al ex Presidente Barros Luco, de quien se dice que tenía una máxima para gobernar. Consideraba que los problemas se dividían en dos tipos: los que tienen solución y los que no. Para el primer grupo, si se van a solucionar, no requiere mejor intervenir en ellos, no vaya a ser que se malogren. Y para el segundo tipo de dificultades, si no hay cómo arreglarlas, mejor no hacer nada.

Al actual candidato de los partidos del ala izquierda de la Nueva Mayoría le gusta compararse con Pedro Aguirre Cerda, el ícono radical y que creó un sistema educacional que permitió a una incipiente clase media, de la que viene buena parte de la izquierda, acceder al poder. Quizá deba revisar la historia y más bien su referente debiera ser el ícono del parlamentarismo, el Presidente Barros Luco. Por último, si los números electorales no acompañan al senador por Antofagasta, podría también tener garantizado un homenaje en la gastronomía nacional.

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De un tropezón a la chilena

En el deporte estadounidense existe el concepto del jugador franquicia, una amalgama entre líder, figura y símbolo de un club, sobre el cual se concentra la atención y se espera siempre sea el bombero cuando se presente a apagar los incendios.

En Colo Colo, ese hombre es Esteban Paredes.

Si su payasesco tropiezo cuando enfilaba rumbo al arco en lo primeros minutos del partido puede ser el reflejo de las últimas semanas en Macul, con un técnico ultra cuestionado, un camarín dividido y una presidencia ahogada en malas decisiones y cuestionable administración, la lujosa chilena con que empató transitoriamente el encuentro y encendió a sus compañeros cuando se creía que el golpe de la UC pegaría más duro, es la imagen de lo que puede ser esta escuadra si logra sacudirse del ruido incesante que la rodea, gracias a esa Santísima Trinidad que amenazan ser Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia, cuya primera pincelada fue el último gol.

Paredes no fue la figura del Cacique frente a los cruzados. Pajarito y Agustín Orión, y hasta el Mago, se ubican sobre él en el podio de esta Supercopa, cuya trascendencia deportiva podrá ser nula, pero en la que Colo Colo y Pablo Guede se jugaban muchísimo. Sin embargo, su aporte fue esencial, para sí y para el grupo.

Lo que hizo el delantero fue justificar en la cancha las exigencias que hace fuera de ella, utilizando ofertas y declaraciones como medidas de presión para conseguir lo que quiere, sin importar que está a punto de celebrar 37 años.

Paredes pide lo que cree merecer (subjetividad en la que el cielo es el límite) y deja establecido sus razones.

Gana él y gana el equipo.

Es muy posible que a su condición de jugador franquicia no le quede tanto. No tan solo por la edad, sino que porque Valdivia reúne todas las condiciones para relevarlo de esa labor, aunque primero -como ya lo hizo el delantero- debe ratificarlo en el césped.

El título y la buena actuación general, en especial en el segundo tiempo -luego de un primero bastante parejo, con leve inclinación hacia la UC-, no acaban con los problemas inmediatos de Colo Colo.

A mitad de la próxima semana tiene que evitar su propio Alcorconazo frente a La Serena, por Copa Chile. No conseguirlo es drama asegurado en Pedreros y rápido funeral para este 1-4.

Por estos días, en Macul las llamas se apagan una a una.

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