Óscar Contardo's Blog, page 122

Ser de izquierda

Solo alguien muy despistado podría pasar por alto la frase que se destaca en muchas de las apariciones públicas de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con “Somos la izquierda” se aspira a transmitir, no solo que es la alternativa al Partido Popular (PP), sino que es la única formación política que puede reivindicar dicha condición frente a un Podemos que le arrebató un millón y medio de votos en las últimas elecciones generales. No es casual, entonces, que dicha competencia tenga a distintos analistas preguntándose en qué consiste ser de izquierda en España.

La pregunta cobra más sentido frente a una socialdemocracia europea que sigue a la deriva. Los más optimistas se abrazan al salvavidas que ofrece el caso portugués. En dicho país, las fuerzas de izquierda han logrado combinar el respeto a la ortodoxia que exige Bruselas con la aprobación de medidas puntuales para apartarse de la austeridad. Pistas para salir del marasmo a mediano y largo plazo las entrega la destacada economista Mariana Mazzucato, directora del Instituto para la Innovación y la Utilidad Públicas de Londres. Sin titubeos, ha afirmado que “si la izquierda no encuentra un relato, tiene un problema”. Reivindica el papel del Estado, enfatiza la necesidad de repensar el capitalismo, reorientándolo y afirma que cualquier crecimiento sano debe contemplar inversión en innovación.

La Presidenta Michelle Bachelet, atenta a estos debates, aludió en una reciente entrevista a los problemas de los liderazgos progresistas en distintas partes del mundo. Señaló, además, que “la centroizquierda no ha logrado generar respuestas en el mundo actual”. Leyéndola, cabe preguntarse si tan genérica frase incluye a su propio gobierno, con menos de 30% de aprobación.

Por otro lado, las situaciones que vive el sector son diferenciadas. En el caso europeo, sus problemas se encuentran en las respuestas a la crisis del 2008, el malestar con la migración y el multiculturalismo y la ruptura de su modelo de relación con la sociedad, con la pérdida de protagonismo de los sindicatos, entre otros.

En América Latina, el declive de una izquierda donde Uruguay es hoy una isla, se explica, en buena medida, por la corrupción. Sin embargo, tampoco hay que ignorar la desilusión frente a su ubicuo compromiso con la defensa de los derechos humanos. El caso de Venezuela ha sido su test más amargo.

A la centroizquierda chilena le pasa lo que al PSOE: se ve desafiada por la izquierda más radical que representa el Frente Amplio. Consumida por aritméticas electorales y lejana a la reflexión, los que osan hacer preguntas acerca de su capacidad para hacer diagnósticos, la efectividad de sus reformas o, peor aún, sobre su identidad, son acallados con aquello de que “le hacen el juego a la derecha”.

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El abandono

Hay momentos en los que los cálculos deben quedar a un lado y las convicciones ocupar el lugar prioritario que a menudo tienen en los discursos y tan rara vez en los hechos. Situaciones decisivas en las que de poco sirven los silencios prácticos, las pausas reflexivas, las complicidades pasivas, las medias tintas, los intereses subalternos o la conveniencia inmediata.

La discusión sobre el proyecto de aborto es uno de esos momentos. De poco vale decirse humanista cristiano si, al votar en el Congreso, no se es ni lo uno ni lo otro. Las palabras de un pastor quedan vacías si en la instancia clave no saca la voz o emite sonidos apenas audibles, dejando en la estacada a sus ovejas. Las declaraciones de principios de las instituciones se transforman en letra muerta si cuando llega la hora de los quiubos la opción es pasar. El candidato que se proclama en contra del aborto pero no usa su liderazgo para tratar de impedirlo cae en la incoherencia.

La discusión sobre el aborto es distinta a otras, porque en ella se ponen en juego cuestiones extremadamente importantes: el respeto a la vida del que está por nacer, la dignidad de la mujer, las responsabilidades que acompañan a la maternidad y la paternidad, la solidaridad con los más desprotegidos, etc. El tema toca la esencia de nuestra sociedad de variadas formas y por eso los tomadores de decisiones no pueden usar en este debate los estándares que utilizan para abordar otras definiciones menores.

En el caso de los parlamentarios, su postura final se traduce en un voto a favor o en contra. Sin embargo, hay otras instituciones y liderazgos que también forman parte de la discusión y a ellos también les corresponde pronunciarse.

No obstante, da la impresión que los parlamentarios que se oponen al aborto se encuentran solos, pues muchos de los que debían ser sus aliados naturales han optado por el sálvese quien pueda. La iniciativa del gobierno tiene 70% de aprobación y eso parece estar afectando la voluntad de respuesta de quienes por vocación y principios deberían ubicarse en la primera línea.

El riesgo es que se consolide la victoria cultural que implica el nivel de apoyo que posee el proyecto promovido por el Ejecutivo. Es necesario aprender de lo que ocurre en lugares como Estados Unidos, donde una minoría ruidosa nunca dejó de oponerse al aborto y ha terminado revirtiendo lo que parecía un clima de opinión irremontable. Hoy son varias las encuestas que muestran que en la sociedad norteamericana los pro-vida superan a los pro-choice.

No se trata de salir a atacar y a denunciar, sino de hacer ver con lealtad y altura las convicciones propias y justificarlas de acuerdo a la sólida base doctrinaria y práctica que tiene la posición antiaborto. Ni buses naranjas ni exaltaciones agresivas. Con calma y seguridad, hay que atreverse a presentar las ideas propias y no callarlas en un momento decisivo como el actual.

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La gratuidad que divide

El tema de la gratuidad en la educación superior divide a la derecha. Diputados de RN quisieron votar a favor del aumento de la gratuidad hasta el sexto decil, pero Sebastián Piñera los convenció de que no era una buena idea. Felipe Kast, por su parte, tildó de populista al exmandatario por defender la idea de mantener la gratuidad para el 50% y, al revés, el senador Ossandón lo criticó por quedarse corto y oponerse a la gratuidad universal.

Hay varios motivos para pensar que la razón está de lado del expresidente. Desde luego, en política hay que tener una dosis de “realpolitik”, es decir, de percibir la realidad como es y no como la imaginamos. Es impensable que la gratuidad hoy vigente para el 50% de los estudiantes de menores recursos en las 44 instituciones adscritas y con 250 mil beneficiados, pudiera echar pie atrás. Se la puede perfeccionar, porque está mal diseñada, pero abatirla no tiene sentido. Aceptar la gratuidad para el 50% pasó a ser un hecho de la causa bajo el prisma de una razonada estrategia política, donde costo cero para los estudios tiene hoy beneficios sociales en las familias elegibles que hay que ponderar y no puede quedar al margen del análisis.

Conviene recordar, que se trata de familias vulnerables, cuyos ingresos monetarios mensuales se hallan entre 0 y $150.000 por persona. ¿Se logra el mismo resultado con un crédito hasta el arancel de referencia? Sí, pero solo en parte. Es cierto que se baja la barrera a la entrada porque no se paga todo el arancel, pero el estudiante mantiene un pago por la brecha con el arancel real no cubierto con el crédito. ¿Qué tan importante es esta diferencial? Se estima, en promedio, del orden de $ 50.000 mensuales que salen del bolsillo de las familias, cifra no depreciable que, en el margen, afecta la decisión de entrar o no a la educación superior. Por otro lado, tampoco se trata de abrazar el verdadero populismo, y de los caros, que es postular una injusta gratuidad, inclusiva para los ricos, con un costo fiscal del orden de los U$ 3.500 millones, habiendo tantas otras urgencias sociales que no reciben la atención que se espera de un Estado que se dice solidario.

¿Cómo manejar la gratuidad del 50% que aparentemente llegó para quedarse? Primero, introducir de verdad el mérito en su asignación. La condición de vulnerabilidad es necesaria, pero no es suficiente.

Debiera existir un amplio margen para que estudiantes vulnerables y muy meritorios gocen de gratuidad total y cuando se den condiciones de menor vulnerabilidad y menor mérito la gratuidad sea parcial y el copago se financie con un crédito contingente al ingreso. Es aquí donde el crédito puede ser útil para liberar recursos fiscales. Segundo, hay que resolver los déficits en que incurren las universidades adscritas a la gratuidad por las brechas entre el arancel real y el regulado y extender la gratuidad a los estudiantes que actualmente son discriminados por pertenecer a instituciones que no se han sumado a ella. En ambos casos, hay un problema fiscal de por medio que hay que enfrentarlo con prudencia y responsabilidad, sin alentar falsas promesas que el país no es capaz de satisfacer como la gratuidad universal. Pero tampoco pretender una ilusa vuelta atrás que hoy no tiene cabida.

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Venezuela enfrenta su hora más difícil

Decir una vez más que esta es “la semana clave para el gobierno de Maduro”, a estas alturas pareciera ser solo un lugar común. Sin embargo, lo cierto es que los comicios de este domingo para elegir una Asamblea Constituyente ―fecha que los medios ya bautizaron como 30-J― representa una verdadera prueba de fuego para el chavismo en Venezuela.

Es que en muchos aspectos, el gobierno venezolano enfrenta el escenario más difícil de los 18 años que lleva en el poder. Porque si bien logró frenar el referéndum revocatorio que la oposición intentó llevar a cabo el año pasado, no ha podido resolver el desabastecimiento de alimentos y medicinas, ni la crisis económica, social y de seguridad que afecta al país. Y que ha llevado a la gente a las calles.

Así lo han demostrado los más de 100 días de protestas que, lamentablemente, han dejado una cifra similar de muertos. Y que, de una u otra manera, llevaron a la liberación del líder opositor Leopoldo López, quien fue arrestado en febrero de 2014 por “incitación a la violencia”, luego de una manifestación que precisamente exigía la renuncia de Maduro, y que en septiembre de 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel en la prisión militar de Ramo Verde, acusado de instigación pública a la violencia, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.

Es probable que el oficialismo venezolano confiara en que la liberación de López aplacaría las demandas y movilizaciones opositoras, pero este gesto acabó produciendo el efecto inverso. Es que el referéndum no vinculante al que pocos días después convocó la oposición —dentro y fuera de Venezuela—, para que la gente se manifestara acerca de la convocatoria a la Constituyente, se tradujo en 7,6 millones de votos en repudio a la redacción de una nueva Carta Magna.

Sin embargo, a pesar de esta cantidad de votos ―probablemente la misma con que el fallido referéndum revocatorio habría removido a Maduro de la presidencia―, el rechazo por parte de numerosos gobiernos latinoamericanos (entre ellos el de Chile) y europeos a los comicios del 30-J, así como de organizaciones internacionales como la OEA, el gobierno venezolano se mantiene firme en su objetivo.

Pero las sospechas sobre la Constituyente son demasiadas, partiendo por el hecho de haber sido convocada de manera unilateral por Maduro, en vez de llamar a un plebiscito nacional. Además, la mayoría de los 545 miembros de la Asamblea fueron designados por el oficialismo de acuerdo a una lógica territorial, pero también sectorial (trabajadores, campesinos, estudiantes, etc.), lo que le da una clara ventaja al oficialismo.

Y frente a eso, no son pocos los que consideran este llamado a reescribir la Constitución como un desesperado intento del gobierno para disolver la Asamblea Nacional (poder Legislativo), donde desde fines de 2015 la oposición controla la mayoría de las bancas; y un recurso para establecer un nuevo calendario electoral que postergue aún más la elección presidencial prevista para el próximo año.

El punto es que en este momento la polarización en Venezuela ya no se entiende solo como un choque constante entre el gobierno y la oposición, ya que el propio oficialismo se encuentra dividido entre aquellos que se mantienen incondicionales a Maduro y aquellos que defienden el “proyecto chavista original” y que creen que esta Constituyente es, precisamente, inconstitucional.

Por ejemplo, la fiscal general Luisa Ortega fue de las primeras figuras importantes del gobierno en rechazar el llamado hecho por Maduro, por lo que ahora enfrenta un proceso de eventual destitución. A su vez, dentro de las Fuerzas Armadas, que hasta hace poco se veían como un bastión monolítico e incondicional del régimen, se han comenzado a escuchar voces críticas.

De esta forma, todo indica que Maduro no desistirá de concretar los comicios de este domingo. En gran medida, porque no tiene alternativa, ya que cancelarlos sería reconocer la capacidad de presión opositora y de la comunidad internacional. Y eso se leería como una clara muestra de debilidad.

Más allá de una defensa ideológica, el gobierno de Maduro se aferra al poder como una manera de aplazar lo más posible lo que ocurrirá al día siguiente de dejar el Palacio de Miraflores: el inicio de investigaciones por corrupción, violaciones de los derechos humanos y abuso de poder durante estos 18 años. El chavismo no renunciará al poder sin garantías de inmunidad y mientras eso no ocurra, seguirá en el gobierno, llevando la tensión política y social al límite.

Por eso, lo que ocurra este domingo con la elección de los integrantes de la Constituyente, así como las decisiones que tomen el gobierno y la oposición una vez que se conozcan los resultados, será clave para el futuro de una Venezuela que ya no resiste más violencia y divisiones.

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Sename y directorios de fundaciones

En los Estados Unidos es cada vez más frecuente el debate sobre los motivos y conveniencias de que las sociedades sin fines de lucro remuneren a sus directores y ejecutivos como si ejercieren esos cargos en empresas lucrativas. El año 2014, en un universo aproximado de 100 mil organizaciones civiles en ese país, incluyendo universidades, hospitales y grupos religiosos, 2.700 ejecutivos fueron remunerados con salarios anuales superiores a un millón de dólares. La justificación más recurrente de tales rentas es “premiar buenas gestiones que permitan cumplir ciertas metas que alejan a estas instituciones de la quiebra”, como suele ocurrir. Quienes se oponen a estas prácticas argumentan que es impresentable que tales organizaciones, financiadas con donaciones y franquicias tributarias, compensen a sus directivos con rentas tan jugosas.

Chile está en las antípodas de la realidad estadounidense. Trabajar en este tipo de corporaciones en nuestro país, o integrar sus directorios, es considerada una labor altruista; o sea, una tarea cuya esencia es procurar el bienestar ajeno a costa del propio. Otra gran diferencia entre Chile y el país del norte radica en el apoyo que el Estado entrega a fundaciones privadas sin fines de lucro. El sesgo anti-privado en Chile impide beneficios impositivos por los aportes de personas y sociedades de inversiones en estos espacios. Un claro ejemplo es la Ley de Rentas Municipales que al acoger tributariamente aportes destinados a la beneficencia, discrimina entre donantes con multas de hasta el 40%.

Sabemos que los fondos públicos son escasos, y que la administración de esos recursos por parte del Gobierno es muchas veces deplorable. El Estado de Chile no puede seguir castigando a las personas naturales y jurídicas privadas que deseen sumarse al esfuerzo de construir un país donde haya menos personas en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema.

En este proceso de construir una sociedad más inclusiva y participativa, es necesario virar en la dirección de países donde los privados son actores relevantes, palancas claves de progreso y desarrollo económico y social. Para ello, las fundaciones no pueden seguir en manos de “benefactores” que aportan su experiencia, voluntad y talento ad honores, como simples voluntarios. Tales funciones deben ser remuneradas, aunque sea nominalmente, según el tiempo y la dedicación que exijan.

Un buen directorio de fundación requiere de personas que asuman su rol en forma profesional (lo que no significa necesariamente que sean profesionales) y destinen tiempo para formar un equipo de pares poderoso que contribuya decisivamente al propósito fundador. El proceso -grados más, grados menos- contienen fases comunes con cualquier gobierno corporativo funcional y de calidad:

consensuar una Agenda Anual;
auto evaluar su funcionamiento acorde con el foco, coordinación y arquitectura de la información utilizada;
constituir un comité encargado de precisar los perfiles y competencias necesarias para ejercer los cargos directivos y ejecutivos.

El rechazo del Informe SENAME II no puede limitarse sólo a la indignación general hacia un Estado que ha permanecido impasible durante años frente a la muerte y maltrato de niños y jóvenes acogidos por el sistema. Esta pesarosa realidad debe dar paso a la modificación de la actual normativa sobre donaciones, permitiendo a los privados asumir mayor preponderancia en estos temas y evitar que el Estado se auto atribuya roles de subsidiaridad que una buena legislación podrá ahorrarle.

Esa misma legislación obligará a las corporaciones sin fines de lucro para ponerse pantalones largos en cuanto a responsabilidades, funcionamiento y compensación de sus directorios y principales ejecutivos, orientaciones que hoy dejan mucho que desear.

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Cuando el clima revela lo que se esconde bajo la alfombra

Esta columna fue escrita junto a Juan Barrientos Maturana, SmartCityLab Usach

Tras la reciente nevazón en Santiago, hemos sido testigos de una serie de falencias que afectan las aspiraciones de que la capital se convierta en una smartcity de clase mundial.

Cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos referimos a espacios urbanos que están al servicio de la calidad de vida de sus habitantes, pero cuando tenemos eventos climáticos como los que hemos vivido este año, comprobamos que estamos algo lejos de esa realidad.

En primer lugar, estas inclemencias nos recuerdan el enorme deber que como sociedad tenemos con aquellas personas que están en situación de calle y que son quienes, con mayor rigor, viven estas inclemencias. Más allá de la natural sorpresa y alegría que genera la nieve sobre Santiago, no debemos olvidar que en la capital aún hay personas que no tienen un techo donde cobijarse o que habitan viviendas precarias que no resisten lluvias -menos aún, una fuerte nevazón-.

Según datos del municipio de Santiago, habría unas 1.200 personas en situación de calle solo en esa comuna, lo que hace suponer que en toda la provincia la cifra podría, incluso, duplicarse. Estamos hablando de seres humanos que duermen en veredas, cobijados con techos de cartón, en medio de la lluvia y, en este caso, de la nieve. ¿Es esta una realidad posible de obviar, si se pretende que Santiago sea una capital de clase mundial?

Por otra parte, también deben abordarse los fenómenos climáticos que afectan de manera inusitada la provisión de servicios básicos. Cortes de agua y de energía eléctrica se han vuelto normales cuando hay un par de horas de lluvia continua e intensa, o nieve. De hecho, por esto último, se registraron cortes de luz en las comunas de Las Condes, Vitacura, Cerrillos, Providencia, Lo Barnechea, Santiago, Peñalolén, La Florida, Lampa y Lo Prado. Dos días después del evento, aún continuaban más de 9 mil personas sin este suministro. Al respecto, la prensa dio cuenta de situaciones dramáticas, desde la pérdida de víveres hasta la angustiante situación de pacientes electro-dependientes.

Es difícil responder cómo una ciudad capital como la nuestra puede ser tan inestable y frágil ante estos eventos climáticos. Ni hablar de otros suministros, como la red de Internet, que también se ve afectada en diversos sectores, pero que no genera mayor revuelo al no ser un servicio de primera necesidad.

¿Es posible pensar en una ciudad inteligente, cuando la capital queda a oscuras ante eventos climáticos que, al parecer, son cada vez más frecuentes? Gran tarea tienen las empresas privadas a cargo de estos servicios monopólicos, pero aún más importante es la labor que le corresponde a los legisladores, que representan a la ciudadanía y, por lo tanto, deben exigir que esos monopolios sean sustentados por empresas que se anticipen y respondan adecuadamente. Una ciudad se hace inteligente cuando planifica y enfrenta las crisis de manera armónica. Santiago no solo sufre con los sismos sino que también, y aunque parezca increíble, cuando llueve.

Es momento de entender que una ciudad se construye entre todos, actores públicos y privados que deben hacer su tarea: por un lado, fiscalizar y poner un marco regulatorio; y, por otro, dar las garantías de continuidad del servicio. Al centro deben estar los que más importan: los ciudadanos.

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¿Quién le pone el cascabel a las FF.AA. y carabineros?

El programa Informe Especial (TVN) denunció abusos en el pago de pensiones por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Éstas habrían sido otorgadas –específicamente por inutilidad de segunda clase equivalente a invalidez parcial en el sistema común- a ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no presentarían ninguna “inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas” requisito que exige la normativa legal (artículo 22 DFL 209 de 1953).

Independiente de la ilegalidad de estos beneficios y que se hace necesario revisar a la brevedad, esta acusación  pone además en el tapete un tema de aún mayor relevancia: la falta de transparencia y de control en la gestión de estas instituciones.

En momentos en que el tema pensiones reviste una especial sensibilidad para la gran mayoría de la población, la noticia no deja indiferente a nadie. Más aún, si estas inexistentes incapacidades fueron “calificadas” en forma exclusiva por las Comisiones de Salud de cada rama, sin la intervención de organismos externos ni de posteriores reevaluaciones en el tiempo. Y con mayor razón si a esto hay que agregarle que estas pensiones de invalidez fueron otorgadas a cuatro condenados por delitos de lesa humanidad, quienes siempre se han mantenido en situación de plena capacidad física y síquica.

Por lo mismo se requiere reanudar con fuerza el debate sobre el alto gasto fiscal previsional en las Fuerzas Armadas y Carabineros y sobre la necesidad de un sistema único de pensiones para todos los chilenos. Y en momentos en que se debate el futuro del sistema previsional, esto plantea desde ya dos interrogantes: 1) ¿Se justifica la exclusión a las Fuerzas Armadas y de Orden del sistema previsional general?; y 2) En caso de mantenerse este privilegio, ¿cuáles debieran ser los estándares mínimos de debido cuidado en la labor que se ejecuta?

En cuanto al primer punto, es necesario tener presente que la pensión promedio por vejez en el actual sistema es de $192 mil. Esto contrasta fuertemente con los también en promedio $ 2,3 millones que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA. a través de Capredena, financiado con los impuestos de todos los chilenos (Ciper, Enero 2017). Hoy solo el 0,7% del gasto fiscal cubre el financiamiento del Pilar Solidario (para 1,3 millones de personas) mientras que el 1,4%  de éste se destina exclusivamente a las pensiones de las Fuerzas Armadas (menos de 200 mil personas). Por lo mismo, la Ley de Presupuestos 2016 tuvo que destinar cerca de US$ 2300 millones para el pago de las pensiones de Capredena y Dipreca, lo que significa un enorme gasto público en detrimento de muchas otras prioridades sociales.

Por otra parte, en abril recién pasado y sólo después que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectara irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena, Dipreca y Gendarmería, y que la Contraloría General de la República iniciara un proceso de revisión de éstas, el Ministerio de Defensa se limitó a realizar una tímida petición a las FF.AA.: que revisara el proceso de calificación a beneficiarios, pero sin producir ningún efecto retroactivo.

Pero éstas no son las únicas irregularidades vistas en el sistema de pensiones fiscales. Se les suman otros numerosos abusos–los de mayor visibilidad han sido los jubilazos de Gendarmería, entre los cuales se encontraba el de Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS)-. Recientemente este medio publicó el gran número de ex uniformados jubilados que están recontratados en las FF.AA. Por lo tanto, no cabe duda que el sistema de reparto público en las ramas castrenses está siendo administrado a lo menos negligentemente y sin ningún control estatal.

Por lo mismo, y en relación al segundo punto planteado, resulta inaceptable que las autoridades institucionales hayan permitido la consagración de una cultura de falta de fiscalización. Esto permitió, por una parte, que se formara en Carabineros una extensa red de corrupción, produciéndose el mayor escándalo financiero (fraude superaría los $25 mil millones) en la administración de fondos públicos, con escasas responsabilidades política o administrativa.

Adicionalmente, en el Ejército se detectó un fraude por algo más $5 mil millones, cometido por funcionarios militares con la Ley Reservada del Cobre, siendo removidos seis de ellos pero dejándose a dos coroneles sin sanciones por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Por supuesto que ahora surgieron nuevas voces parlamentarias pidiendo una ley corta para terminar con las “inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados”, con lo que la oposición rebatió de inmediato solicitando también la revisión de las pensiones de los falsos exonerados. Reacciones inmediatas en un tema de tanta profundidad no logran mucho más que una simple catarsis ante la opinión pública. Lo sorprendente es que después de seis gobiernos en democracia, ninguno de ellos se haya atrevido a transparentar, modernizar y subordinar la gestión administrativa de las FF.AA. a controles mínimos. Todavía más curioso resulta aún, que habiendo sido previamente ministra de Defensa, la Presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos haya podido modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sin perjuicio de reconocer la contribución histórica que han hecho las FF. AA. y de Orden a la construcción de nuestro país, en términos generales resulta inadmisible la desprolijidad -¿o el abuso?- con que se ha que se ha llevado su gestión contralora interna. Por otra parte, la exigua fiscalización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha colaborado en forma importante en la creación de un marco de impunidad total política y administrativa. Y por lo mismo, la ciudadanía espera que en el próximo gobierno se revierta esta pasividad de las autoridades, tanto de las respectivas ramas como de las autoridades gubernamentales, empezando por ordenar el tema de los abusos en las pensiones pagadas por todos los chilenos.

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Punta Peuco

El proceso electoral ha tomado un curso que hasta hace unos pocos meses habría resultado impensable: la Nueva Mayoría dividida va con dos candidatos y dos listas parlamentarias; las primarias tuvieron una participación de Chile Vamos inesperadamente alta y contrastantemente baja en el Frente Amplio; la campaña de Alejandro Guillier no acaba de comenzar, empantanada en disputas bizantinas con los partidos que lo apoyan.

En este contexto se consolida el favoritismo del ex presidente Piñera y no se vislumbran posibilidades reales de que el senador Guillier pueda repuntar de manera significativa. Así la única esperanza del oficialismo se ha desplazado a los esfuerzos que pueda hacer el gobierno con las herramientas que le da el control de la agenda legislativa y las medidas que la administración del estado le permiten.

El ejemplo clásico de la reforma laboral, presentada pocas semanas antes de la elección de 1999, inspira la imaginación de los que buscan elaborar una agenda que instale ejes de debate en que la posición de los parlamentarios de centroderecha sea minoritaria en el conjunto del país. Poco importa que los proyectos que se presenten no tengan ninguna posibilidad de convertirse en ley en los pocos meses que le restan a esta legislatura, ni que medidas como el cierre de Punta Peuco abran un debate tan artificial como ajeno al objetivo de una efectiva justicia.

Es de toda lógica anticipar que este cierre se llevará a cabo en las próximas semanas, probablemente en el mes de septiembre, y que se trasladará a los internos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos a cárceles comunes como Colina II u otras. La espectacularidad de estos movimientos, así como la identidad de algunos de los condenados, llevará a los medios de comunicación a revivir los hechos de nuestra historia asociados a sus delitos y nos devolverá por algunos días al recuerdo de los tiempos de violencia y división asociados a la crisis de nuestra democracia en la segunda mitad del siglo pasado.

Pensar que casi tres décadas después de finalizado el gobierno de Pinochet se puede deslegitimar la candidatura de Sebastián Piñera, que estuvo públicamente en la oposición en aquella época y que en el período inmediatamente anterior al actual hizo una gestión tan moderada en lo político como exitosa en lo económico, es sencillamente voluntarista.

Por otra parte, no cabe duda que una medida como esta afectará humanamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, que guardarán silencio respetando el profesionalismo y disciplina que les son propios. Pero ello no significa que les sea indiferente que antiguos mandos y suboficiales, más allá de lo que hayan hecho, terminen sus días entre delincuentes comunes.

¿Se justifica resentir de esta manera la moral de nuestros uniformados, se hace por un imperativo de justicia? No, apenas se buscan unos puntitos más en la próxima encuesta.

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Democracia inconclusa

Ante la decisión de la derecha de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de aborto en tres causales, el expresidente Piñera ha señalado que “las mayorías no pueden hacer cualquier cosa y que para eso está la Constitución”. En efecto, la historia de la democracia chilena, a partir del año 90, ha sido la de una larga brega por lograr que las mayorías puedan expresarse -es decir, hacer lo que democráticamente quieran- a pesar de la Constitución.

La singular propuesta, que surgió hace un tiempo del propio expresidente, de crear un “Museo de la democracia” tendría como resultado un relato histórico -si predominara una mínima probidad intelectual- sobre la imposibilidad de la soberanía popular de poder expresarse a cabalidad bajo el régimen político post 90. Dicho Museo imaginario tendría que dar cuenta de cuestiones tan poco explicables, en términos democráticos, como que el dictador siguió por casi ocho años de Comandante en Jefe del Ejército y, luego, por un breve período, de senador vitalicio. Consignar la inamovilidad de los Comandantes de las FF.AA. y de Orden y los poderes extrademocráticos del Consejo de Seguridad Nacional, expresión de la no sujeción plena del poder militar al poder civil. Debería contar y explicar por qué, hasta el año 2005, existieron senadores designados y cómo un sistema electoral binominal combinado con altos quórums constitucionales transformaba a la mayoría en minoría tras cada elección. A su vez, este singular Museo debería dar cuenta de quienes se opusieron sistemáticamente a modificar estos mecanismos e instituciones contramayoritarias.

Dicho relato histórico se prolongaría hasta hoy describiendo el rol que ha pasado a jugar el TC -tomando la posta que dejara el fin de los senadores designados y del sistema binominal- como resorte contramayoritario principal, responsable de evitar que las “mayorías hagan cualquier cosa”. Un Tribunal de composición binominal y, hoy, de mayoría conservadora, donde no se oirán argumentos jurídicos y políticos distintos a los que se han dado en el largo debate parlamentario sobre el aborto en tres causales, y donde se fallará, en consecuencia, con un criterio estrictamente político.

Tanto así que la única posibilidad de que éste no baje el proyecto depende de que sus integrantes conservadores ponderen que es mejor -por esta vez- no contravenir de manera tan flagrante la voluntad parlamentaria y la mayoría social que respalda esta causa y, así, no acentuar el acelerado desgaste de legitimidad que el TC ha venido sufriendo.

El resultado del TC aun no lo sabemos. Lo que es bastante seguro es que el “Museo de la democracia” no prosperará, no solo porque como idea es algo atrabiliaria, sino porque, al contrario de lo que sus promotores quisieran, no terminaría contando la historia de una transición ejemplar sino la de una democracia tutelada e inconclusa.

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Propuestas para la protección del patrimonio

En las últimas semanas ha habido un intenso debate sobre declaratorias de monumento nacional de inmuebles cuyos propietarios cuentan con un anteproyecto o permiso de edificación ya aprobado para desarrollar en su lugar otros proyectos. Como gremio no cuestionamos las motivaciones de quienes promueven estas declaratorias. Están en su derecho. Lo cuestionable es que el Estado actúe en un sentido -al aprobar un anteproyecto o permiso de edificación- y luego sea el mismo Estado el que pretenda desconocer sus propios actos, dañando la estabilidad jurídica esencial para el desarrollo de cualquier proyecto de inversión.

Ahora bien, más allá de estos casos en particular, nos sumamos a quienes han sostenido que, salvo excepciones, las declaratorias patrimoniales inducen al deterioro del bien que se quiere proteger. ¿Por qué? Porque no van asociadas a financiamiento y porque, si bien es la sociedad la interesada en resguardar un inmueble, la carga de su conservación recae solo en su propietario. Además, la conservación patrimonial está regida por un marco normativo obsoleto y demanda la siempre difícil coordinación de múltiples instituciones, como gobiernos locales, organismos técnicos y ministerios.

Preocupado por estas falencias del sistema -y conscientes de que la protección del patrimonio arquitectónico es clave para la construcción de la identidad nacional- nuestro gremio ha desarrollado un conjunto de propuestas que esperamos contribuyan a una política sustentable de conservación patrimonial.

Entre sus aspectos centrales, creemos necesario comenzar porque se replantee el rol de Estado en esta materia, lo que significa que debe asumir los costos que ello implica y a partir de esta base evaluar qué y cómo conservar.   Toda declaratoria, además, debiera ir asociada al financiamiento para la conservación del inmueble. Para ello se podría recurrir a aportes directos -contemplados en la Ley de Presupuesto- y a aportes indirectos, implementando medidas como crear una Ley de Donaciones específica para inmuebles patrimoniales de propiedad privada que cuenten con un plan estudiado de visita del público -y así permitir que empresas y personas puedan donar directamente a sus propietarios para conservación, mantención, reparación, restauración o reconstrucción-, activar un crédito tributario para la gestión de inmuebles patrimoniales o fomentar mecanismos de concesión cuando estos sean de propiedad fiscal, entre otras.

En paralelo, y para equilibrar la salvaguarda del patrimonio con el derecho de propiedad, el Estado tendría que hacerse cargo del costo de oportunidad generado al propietario y compensarlo para restituir su situación económica original, así como permitir que pueda exigir la expropiación obligatoria del inmueble. Desde el punto de vista normativo institucional, proponemos que se actualice el concepto de patrimonio y sus categorías y que se integren todas las categorías patrimoniales bajo un marco único.

El documento que contiene y desarrolla estas propuestas está disponible en nuestra página web (cchc.cl) y como gremio ofrecemos toda nuestra colaboración a las autoridades y la sociedad para avanzar hacia una política moderna y sustentable de gestión del patrimonio arquitectónico del país.

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