Óscar Contardo's Blog, page 118

¿Desmunicipalizar o mejorar la calidad?

Si, como dice la creencia popular, la tercera es la vencida, entonces el proyecto de ley de Nueva Educación Pública –el tercero presentado por distintos gobiernos– podría ser el que finalmente reforme la educación escolar municipal en el país. Existe consenso en la necesidad de regularla y mejorarla, pues su deterioro ha llevado a una pérdida de matrícula que obliga a hacerse cargo del problema. Sin embargo, el proyecto de ley tiene mucho de desmunicipalización, pero muy poco de fortalecimiento de la escuela pública.

El cambio de sostenedor no generará calidad por sí solo: pese al esfuerzo gigantesco que será necesario para concretar el traspaso, serán los mismos funcionarios, cumpliendo la misma labor, en el mismo edificio, de la misma forma, sujetos al mismo régimen laboral, con las mismas restricciones y movidos por los mismos incentivos, pero bajo la administración de una entidad más centralizada, como será el Servicio Local de Educación.

En sus casi dos años de tramitación, el proyecto ha evolucionado. Con las últimas indicaciones, realizadas en la Comisión de Educación del Senado, se ha flexibilizado. La transición de 5.220 establecimientos municipales a 68 Servicios Locales de Educación que estarán bajo la administración del Estado ahora será gradual. Entre 2018 y 2021 se constituirán 11 servicios locales, monitoreados por un comité de expertos que nombrará el próximo Presidente, quien podrá reevaluar el sistema y proponer cambios para aplicar en la segunda fase.

Otra modificación que se incorpora es que no será obligatorio para todos los municipios: los que presenten desempeño bueno o medio y que incrementen la matrícula podrán postergar su ingreso al nuevo sistema. Efectivamente, existen comunas que lo hacen bien en términos de logros de aprendizaje, independiente de su tamaño. Esto significa un ahorro para el país al evitar comprar establecimientos y hacer todo el traspaso que implica el proceso.

Aun así, quedan aspectos por mejorar en la iniciativa legislativa: se debe fortalecer el rol de los directores de escuela con mayores atribuciones. Por ejemplo, podrían administrar una proporción más importante de la Subvención Escolar Preferencial –que hoy se entrega al sostenedor y que luego recibirá el Servicio Local de Educación– para programas de formación y desarrollo docente. Sin equipos directivos fuertes es prácticamente imposible lograr cambios en las prácticas docentes e impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes. Otro ámbito en el que se debe avanzar es el traspaso de los bienes, dado que existen establecimientos que pertenecen a corporaciones municipales privadas. Al leer el proyecto se prevé un traslape de facultades con la creación de la Dirección de Educación Pública y el Servicio Local de Educación, se duplicarán funciones con la institucionalidad que ya existe, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia. En materia de educación inicial, tampoco existe claridad sobre cómo se articularán los jardines Vía Transferencia de Fondos –que dependen formalmente de la JUNJI– con los Servicios Locales de Educación.

El foco de la Nueva Educación Pública debe ser mejorar la calidad de las escuelas, a través del fortalecimiento de las capacidades de los establecimientos. Esto no se considera plenamente, porque, hasta ahora, el proyecto sigue centrándose en el cambio de sostenedor. Es de esperar que en lo que queda de tramitación se logre apuntar a la preocupación principal: mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes.

 

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La Constitución y la ley

En estas semanas se ha vuelto a discutir un tema antiguo: ¿Quiénes deben determinar si una ley vulnera la Constitución? ¿Un tribunal o las mayorías en el Congreso? El asunto ha sido debatido desde hace más de dos siglos. Estados Unidos, por ejemplo, lo zanjó muy temprano cuando Marshall, en el famoso Marbury vs Madison (1803), afirmó que si la Constitución es realmente la norma suprema un acto de la legislatura contrario a ella debe ser nulo. Europa, por su parte, se subió al carro del control judicial de constitucionalidad ya muy entrado el siglo XX. Pero hoy es la regla general.

Chile siguió el ritmo europeo. A mediados del siglo XIX la Corte Suprema sostenía que su misión estaba “reducida a la recta aplicación de las leyes sin que sea lícito evadir su cumplimiento ya por ser conformes o contrarias a la Constitución”. Pero luego la Constitución de 1925 se abrió al control judicial de constitucionalidad por la vía del recurso de inaplicabilidad. Y más tarde la Reforma Constitucional de Frei M. en 1970 dio un paso sustancial al crear el Tribunal Constitucional (TC) y entregarle la atribución para “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley”. Al igual que hoy, podían recurrir a esa instancia el Presidente, las cámaras o una minoría. Es esta misma atribución la que ejercerá el TC a propósito del proyecto de ley de aborto.

Algunos argumentan que la constitucionalidad de la ley debe ser definida por los parlamentarios; que lo haga una corte la transformaría en una “tercera cámara”. Pero el constitucionalismo no solo exige que las leyes se adecúen a la Constitución sino también que exista un órgano que efectúe un control de constitucionalidad. Y ese órgano regularmente son las cortes. Así la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto hace algunos años leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Tribunal Constitucional alemán hizo lo propio con una ley que autorizaba derribar un avión de pasajeros secuestrado por terroristas. Y suma y sigue. Por eso, la crítica a la “tercera cámara” -tan de moda en Chile que incluso se la compró el candidato Guillier- esconde que en el constitucionalismo contemporáneo los guardianes de la Constitución son principalmente las cortes y no las legislaturas.

También se alega que la centroderecha abusa del sistema. Pero la crítica olvida que quienes recurren al TC son normalmente las minorías que ven como la mayoría impone un criterio que consideran inconstitucional. Es por eso que Allende, como Presidente sin mayoría en el Congreso, recurrió ocho veces en dos años. La Nueva Mayoría cuando fue minoría bajo el gobierno del Presidente Piñera, lo hizo en siete ocasiones. Y Chile Vamos, en este gobierno, lo ha hecho hasta ahora en seis.

La crítica entonces no puede desconocer que el control de constitucionalidad no es un invento sino que una regla compartida.

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Bien hecho

En el curso de la semana pasada, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), a través de su área de Public Governance, dio a conocer un informe en que se evalúa la etapa participativa del proceso constituyente que se llevó adelante en nuestro país durante 2016. Destaquemos de entrada la solvencia técnica de la Ocde y el hecho que ella agrupa a 34 estados con gobiernos de los más distintos signos ideológicos.

Quien revise el texto del informe, disponible en www.oecd.org/gov, se encontrará con una evaluación ponderada de los aspectos destacables y, también, con la identificación de cuestiones pendientes o mejorables. El balance general, en todo caso, es inequívocamente positivo. Refiriéndose al proceso participativo como un hecho “sin precedentes y elogiable”, la Ocde destaca especialmente el número de personas que se involucraron. El mismo número de 204.000 participantes, que a algunos en Chile les pareció insignificante, es comparado muy favorablemente con los índices de participación en ejercicios similares de consulta constitucional de otros países.

Se recordará que el proceso participativo tuvo su corazón en los más de 9.000 Encuentros Locales Autoconvocados (ELA). Estos fueron grupos de entre 10 a 20 personas que, por su cuenta, y con total autonomía, se reunían, la mayoría de las veces en casas particulares, a efectos de tener un dialogo sobre los contenidos que debería tener una Constitución. El resultado de la conversación, traducido en formulario, era luego subido a una plataforma digital. Respecto del valor de estos ELA, el informe de la Ocde señala que ellos constituyen una “buena práctica en cuanto emparejan la cancha de la participación y promoviendo la inclusión. Son ejemplos de democracia directa, participativa y deliberativa que pueden ayudar a superar la captura del proceso por parte de grupos de interés y le dan voz a poblaciones generalmente subrepresentadas”.

En fin, la Ocde viene a reconocer que existen buenas maneras de discutir la Constitución. Con pleno respeto a las competencias de los distintos poderes del Estado. Promoviendo la paz, la tolerancia y la inclusión. Invitando de buena fe a la oposición (aunque una parte de ella se empeñe en boicotear). Estableciendo estándares de transparencia y control. ¿Cuán equivocados estaban, en efecto, los que se restaron del proceso chileno en base a profecías apocalípticas sobre los efectos disolventes y anarquizantes de los diálogos constitucionales?

Hoy, en momentos, en que está a la vista en Venezuela la tragedia que supone un intento despótico y tramposo por imponer una Asamblea Constituyente, resaltan, muy marcadamente, las virtudes y posibilidades de un camino de cambio constitucional abierto, institucional y dialogante.

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Asesinatos de inocentes

Hoy, en una comisión mixta, se estará efectuando la última votación sobre legislar a favor del asesinato de inocentes en el país. Porque eso es el aborto intencionado de un individuo de la especie humana. Resulta muy evidente que una comunidad que abre las puertas para hacer legal el crimen de seres humanos, con los agravantes de la inocencia e indefensión de aquellos, habrá dado un paso gigante en su corrupción como sociedad humana. Sencillamente Chile se encuentra frente a un punto de inflexión entre reafirmar una cultura de la vida o elegir otra de la muerte. Y en ello, sin duda alguna, se juega el alma de la Patria.

Los argumentos esgrimidos por quienes postulan la necesidad de legalizar el aborto no se sustentan desde el punto de vista de la medicina (la evidencia científica al respecto es abundante y sólida), ni apuntan tampoco verdaderamente a la protección de la salud de una parte de la población. Muy por el contrario, persiguen hacer realidad una agenda ideológica que desvaloriza la vida, paradójicamente las más de las veces en nombre de los derechos humanos. El denominado “aborto terapéutico”, expresión ampliamente utilizada por aquellos para referirse al asesinato que promueven es del todo insostenible, por ser intrínsecamente contradictorio. El aborto de un ser humano en gestación es siempre una interrupción de su vida, el término de la misma. La terapia, por su parte, es un tratamiento médico orientado a sanar una enfermedad o, mínimamente, a mitigar sus malos efectos en el paciente. Es decir, no puede existir un aborto procurado que sea terapéutico. Lo único que sí queda al descubierto en el uso de tal concepto es que el tipo de muerte al feto que se propone será de índole voluntaria. Esto es, que se busca legalizar una forma de crimen premeditado.

Las tres causales aducidas para la promulgación de una ley de aborto limitado en Chile, no se mantienen en pie. En caso de peligro grave para la salud de la madre la normativa actual -y la praxis médica- permiten salvar a ella teniendo como efecto secundario no deseado la muerte del niño por nacer. En la situación de la llamada “inviabilidad” del feto, correspondiente a una malformación física o psíquica grave, aparte de que a la medicina no le compete matar, sino sanar o tratar, se abre la posibilidad de abortar indiscriminadamente, ya que se consideraría una malformación psíquica cualquier condición que los padres piensen que pueda tener una consecuencia psicológica para su hijo en el futuro. Frente a un embarazo por violación no es comprensible, ni justo, tratar el dolor causado a la madre, aunque éste sea enorme, eliminando a un inocente involucrado (sí corresponde el castigo efectivo del victimario). Existe, además, en tales casos la alternativa de la entrega en adopción junto a las terapias de acompañamiento a la madre.

En fin, nadie que se precie de valorar la dignidad de la persona humana debiera estar al margen de lo que este día se fragua para la Patria, menos sus legisladores. Por lo demás, malamente se podrán defender mañana con éxito otras buenas causas, si no se ha sido capaz de luchar por la fundamental: la de la vida.

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Desafío de Venezuela

La elección de una Asamblea Constituyente se efectuó, pese a los esfuerzos de la oposición democrática, las multitudinarias manifestaciones de protesta, huelgas, paros, barricadas, y numerosos muertos. Las cifras de participación, según el Gobierno, no coinciden con la real, y hubo un enorme abstencionismo que jamás reconocerán. De nada sirvieron los llamamientos de líderes regionales, la Unión Europea, la Iglesia, las solicitudes de diálogo, ni las advertencias de posibles sanciones políticas y económicas, por parte del Mercosur o de Estados Unidos. Tampoco los no reconocimientos de importantes países regionales. Menos han prosperado los esfuerzos del Secretario General de la OEA, transformado en enemigo personal de Maduro, por su actitud valiente y decidida en preservar la institucionalidad. Y lo más significativo, no se consideró el ejercicio previo de votación ciudadana, dentro y fuera del país, donde más de siete millones y medio de venezolanos, se opuso. Una demostración clara y contundente del grado de oposición a un régimen que los agobia, en medio de un descontento generalizado.

La realidad no le importa a Maduro y sus seguidores, fanatizados o acallados por prebendas, pagos y beneficios que carecen los demás. Unas fuerzas armadas entregadas al régimen y no al país que juraron preservar. Un verdadero gobierno militar indirecto, que sostiene a un personaje que se vanagloria de su mediocridad y de sus abusos. Sólo los contrarresta con insultos, amenazas, o encarcelamientos arbitrarios, convertido en una figura vociferante, caricatura del típico dictador caribeño, sin atractivo, desapegado de la realidad, en un mundo propio y rodeado sólo de incondicionales. Ningún país seguidor del proyecto de revolución chavista, lo adoptaría como modelo. Un régimen en aguda crisis económica con un país despilfarrado, que agotó su capacidad de comprar adeptos.

La nueva Constitución que redactarán los 545 elegidos, únicamente entre partidarios,  perpetuará a Maduro y desmantelará la de Chávez; un militar populista con enormes recursos petroleros que no actualizó y dilapidó interna y externamente. Muchos chavistas desencantados han dejado de apoyarlo. Fabricará otra para sí, pues está aterrado de perder el poder, ejerciéndolo por la fuerza y no por decisión popular. Hace tiempo que los venezolanos descubrieron sus intenciones y continuarán rebelándose o desobedeciendo, en un creciente levantamiento civil ingobernable.

El país se perfila, además, como un gran problema para el mundo, y quienes, de verdad son consecuentes con los valores democráticos, el respeto a las instituciones en que se basa, y la vigencia de los derechos humanos, más allá de los discursos y las consignas declamatorias. De ahora en más, Venezuela da un nuevo paso hacia una dictadura sin ocultamientos. Las consecuencias, por desgracia, sólo auguran más días difíciles para su pueblo, que soberanamente no acepta someterse por la fuerza. Seguramente habrá nuevas protestas, confrontaciones y mayor violencia represiva, de un modelo que fracasó. Un nuevo desafío también para la comunidad internacional, y para quienes están convencidos de que Venezuela no merece el totalitarismo que vendrá.

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Ombligo y pasado

Vivimos el final de un tiempo, aquel en que la centroizquierda protagonizó sus más admirables aciertos y luego su decadencia. No lo digo con angustia, sino con impaciencia porque ese nuevo tiempo que viene gestándose en la sociedad, termine por nacer. Y no es azar que hable de la sociedad y no de la política. En tiempos de cambio, esta última suele ir tras la sociedad y no es razonable esperar mucho de ella. Hay que optar por su forma menos dañina, mientras la sociedad termina de parir lo nuevo.

En este final de un tiempo y una coalición, pareciera que todos optaron por no ahorrarse vergüenzas. La Junta DC fue a Carolina Goic, lo que el Comité Central del PS fue a Ricardo Lagos. En el PS, el candidato elegido, el más pintón en encuestas, a juzgar por lo mostrado, es el exacto para un final triste donde nada perdurable ni compartido -ideas, proyectos, programas- quede para el futuro. En el caso de la Junta DC, la bancarrota ha sido más bien ética para quienes fueron solo espectadores de semanas de conciliábulos. O ella maniobró arteramente para desbancar a un inocente, o un culpable congrega la suma suficiente de razones y complicidades como para derrotar a la figura DC del momento ante los ojos de todo el país. Intentar alguna tercera lectura es inoficioso. Agreguemos a esa torta la guinda de un acuerdo con el MAS en vísperas de la “constituyente” de Maduro en Venezuela.

Ya no queda centroizquierda salvo en el discurso abstracto de los que se niegan a confesar que se les murió. En lo inmediato, la próxima elección, los partidos de la Nueva Mayoría parecen trabajar para Chile Vamos y el Frente Amplio. Es tal el exhibicionismo de miseria en ideas y valores, que empujan fuera de ella.

En lo mediato, el tema es más profundo. Los restos de este naufragio no bastan para partir de nuevo. Dan señales demasiado estridentes de ser solo ombligo y pasado. El parasitismo estatal los conmueve más que sus éxitos de otrora y que el futuro de Chile. En tanto, en el mundo el movimiento comunista dejo de existir; la socialdemocracia se debate en crisis cuando ningún obrero anhela que su hijo lo sea, y las desigualdades encuentran en Trump o

Podemos otros abanderados. La doctrina social de la Iglesia ilumina poco la demanda popular que irrumpe en este siglo XXI. Debemos rescatar lo perdurable de esos fenómenos históricos. Pero el desafío es, sobre todo, dejar de ser pasado.

El siglo XX dejó lecciones categóricas, pero algunos se resisten a verlas. Ser libertario e igualitario, trabajador o creador de mundos nuevos, empresario o político, tiene ahora otros requisitos y nuevos desafíos. Eso hierve en nuestra sociedad. Basta alejarse de los cenáculos partidarios, para encontrarse con sueños, voluntades y ejemplos de algo nuevo. Esa nueva sociedad, más sabia y autónoma, requiere otra calidad de política. Es apasionante asistir a la forja de un tiempo nuevo.

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Debe renunciar

La trastada que le hizo la DC a su candidata presidencial es solo comparable con la operación que ocurrió en el PS para deshacerse del ex presidente Lagos. La senadora Goic había planteado toda la semana que no era sostenible la candidatura a la reelección del diputado Ricardo Rincón y la junta nacional simplemente ignoró su pedido. Su propio partido consideró que salvar la lista parlamentaria, y en especial al diputado por la Región de O’Higgins, era más importante que el honor de la candidata.

Para Carolina Goic, la única salida posible es renunciar cuanto antes a la candidatura. Seguir bregando con un partido que la desconoce y que, si es necesario para salvar su votación parlamentaria, volverá a humillarla, solo traerá más daño a la carrera política de una de las mejores senadoras que ha tenido la DC en su historia. Por otro lado, su renuncia podrá ser vista como un sacrificio en la lucha contra la violencia de género, tema muy encendido en la agenda por el increíble fallo de la Corte Suprema sobre el agresor de Nabila Rifo y el éxito comunicacional de la campaña #Niunamenos.

Ante una humillación del mismo calibre en el PS, el ex presidente Lagos no dudó en renunciar, y como si fuera el padre de Hamlet, su fantasma político acosa a quienes hicieron la operación para sacarlo de la contienda presidencial. Una bajada de Goic con los consiguientes costos para la DC tendrá el mismo efecto. Y paradojalmente, estando fuera de competencia, tendrá más apoyo en las encuestas.  Este puede ser el hito necesario que le dé emoción a su candidatura.

Lo ocurrido el fin de semana muestra que la verdadera motivación de la otrora poderosa Nueva Mayoría es salvar los muebles en la elección parlamentaria y dejar la presidencial en un segundo plano. En las conversaciones de pasillos y cafés, se asume que Piñera ya tiene listo el retorno al gobierno y que para capear el largo invierno que viene fuera del poder, el Parlamento es un buen refugio.

El cambio al sistema binominal a uno proporcional, que debiera haber calmado las guerras internas dentro de los partidos, en realidad las ha puesto más violentas. Recuerda al Renacimiento, donde el descubrimiento de nuevas tierras desató una serie de conflictos entre las potencias a niveles no vistos anteriormente. El temor a quedarse fuera ha desatado los peores demonios en los partidos, que se mantienen unidos solamente por la ley antidíscolos que impide a esta altura postular fuera del cupo partidario.

En esa guerra, los candidatos presidenciales de la Nueva Mayoría se han vuelto intrascendentes. Hace pocas semanas, el senador Guillier pidió que se llegara a un acuerdo parlamentario entre los partidos que lo apoyan y la DC, previendo que necesitará a estos últimos en una segunda vuelta. Sin explicación alguna, simplemente lo ignoraron. El episodio Rincón es manifiesto de este mismo fenómeno y, ante esto, a Carolina Goic le queda una sola bala para imponerse: su propia renuncia.

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La debacle de la DC

Hace cuatro meses la DC anunció a los cuatro vientos una candidatura presidencial propia, una lista legislativa propia y la inminente salida de la coalición oficialista. Se nominó a Carolina Goic como candidata y se comenzó a diseñar una planilla de candidatos a senador y diputado compuesta solamente con nombres de militantes. La idea era revivir el sueño de la casa propia, y apuntar a construir una DC fuerte e independiente mucho más similar a la que gobernó en los sesentas que a la que gobernó en los noventas.

La idea de revitalizar a la DC tenía sentido por dos lecturas que se hicieron al interior de la colectividad. Primero, que la polarización política les podría abría un espacio en el centro que había quedado abandonado. En efecto, la fuerte agenda izquierdista del gobierno y la clara oposición de derecha se habían tomado la política, dejando huérfanos a la mayoría de los votantes moderados. Esto le sugirió a la DC que si se posicionaban con fuerza en el centro podrían capturar ese gran electorado.

La segunda lectura que llevó a la DC a pensar que era el momento correcto de independizarse estuvo basada en los efectos que produciría el nuevo sistema electoral. Dado que en la próxima elección aumentará el número de escaños a elegirse a nivel de cada unidad electoral, bajará el porcentaje de votos que se necesita para ganar. Este hecho llevó a la DC a pensar que, a partir de su presencia nacional, con los mismos votos podrían optar por más escaños. En otras palabras, podrían hacer lo que siempre han querido hacer, pero que el binominal les impedía.

Pero Goic no prendió en las encuestas. Desde que la DC proclamó a Goic en Marzo de 2017, en comparación con el resto de los candidatos de partidos grandes, ella siempre fue la última en el orden de preferencias. El notorio contraste entre el porcentaje de apoyo a la candidata (2%) y el porcentaje de apoyo al partido (15%) sugiere que la candidata siempre fue parte del problema, y no de la solución. En retrospectiva, haber insistido en posicionar la candidatura de Goic por parte de la DC parece haber sido una negligencia de proporciones.

Uno de los efectos de haber mantenido a Goic por tanto tiempo fue haber debilitado a la lista parlamentaria, pues es sabido que una candidatura presidencial fortalece o debilita a su lista legislativa en base a su propia capacidad de posicionarse. No sería raro que los pocos que votarán por Goic, fueran exactamente los mismo que los que votarán por los candidatos a senador y diputado. Por lo mismo, con las ya conocidas vulnerabilidades de la candidatura de Goic, sorprende que no se hayan hecho mayores esfuerzos por buscar arreglos alternativos.

Insistir en una candidatura que a todas luces no prende, solo por razones ideológicas es un error. Haber mantenido a la débil candidata Goic tanto tiempo en primera línea no solo tuvo un costo para la propia candidata, sino que tuvo un costo para el partido. Paradojalmente, para muchos votantes el partido está muy lejos de ser la DC de los sesenta preocupado por la gente. Sino que ven un partido obsesionado en obtener mayores cuotas de poder y de estar más preocupados por resolver sus problemas internos que por hacer lo éticamente correcto.

Quizás el error más grande de la DC fue haber pecado de soberbia, al poner todas sus fichas en que Goic crecería en las encuestas, se abriría un cupo en la segunda vuelta, y fortalecería a la lista de candidatos DC al Senado y a la Cámara de Diputados. Si habrían sido más realistas hubiesen mantenido un canal de comunicación abierto con el PS-PPD-PR-PC, para ir en una lista conjunta si es que su plan A no daba frutos. Pero no lo hicieron, y hoy se encuentran en la posición más vulnerable en que han estado en su historia como partido político.

Idealmente la negociación tendría que haber ocurrido antes de que Goic entrará en su periodo de reflexión y transparentara toda su debilidad. Pero a estas alturas tampoco hay mucho que se pueda hacer para enmendar el camino. Ahora bien, cualquier solución a los problemas de la DC necesariamente pasan por la bajada de Goic. Solo así podrán explorar la idea de hacer un pacto con alguno de los partidos de la ex Nueva Mayoría y atenuar las malas prospectivas de ir en una lista legislativa propia.

La debacle de la DC se ha transmitido para todo el país en cámara lenta. La decisión de revivir el sueño de la casa propia ha fracasado con escándalo. Hoy el partido lucha por llegar en mejor condición a la elección legislativa de noviembre, pero sin expectativas de tener el gran rendimiento que le prometían a sus militantes hace solo algunos meses. Al parecer lo único que queda es agachar la cabeza, admitir los errores, y buscar ser aceptados de vuelta en la casa. Pues saben que si insisten en el camino propio, arriesgan desaparecer como partido relevante.

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Gratuidad

El debate de “gratuidad” poco tiene que ver con la educación y el acceso a ella y más sobre quién logra obtener la mayor cantidad de recursos fiscales.

Ya sea por alumnos o “investigación”, el objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible de forma directa y con ello lograr el mayor ingreso de forma indirecta; los subsidios elevan los precios, en todas las industrias donde están, incluyendo la educación.

La “gratuidad” y los créditos explican el alto costo de la educación, para todos. Mientras, el lucro quedó reducido a la utilidad final del “vehículo legal”, el RUT que imparte clases, sorteando los ingresos por créditos directos, cursos de formación, perfeccionamiento, postgrados, doctorados y consultoras disfrazadas de centros de investigación. ¿Cuánto de esto se ha tratado en los “debates”?

La investigación es necesaria; a través de ella se puede encontrar la forma, la fórmula de salir del subdesarrollo. Ya quisiera dedicar mi vida a la investigación, a la generación de conocimiento; va todo mi respeto, apoyo y admiración al mundo de la investigación y es por ello que es necesario debatir qué es investigación; por la cantidad de recursos que reciben las Universidades. Existen facultades que tienen más “centros de investigación” que carreras. ¿Cuál es el negocio entonces?

Investigación aplicada es el nombre que reciben las consultorías a privados que se pueden financiar con programas CORFO. El concepto de “gratuidad” logró visibilizar los dineros que van para la educación directa de alumnos versus los subsidios por investigación.

Hay investigaciones e “investigaciones”, así como Universidades “privadas” y privadas. Sea como sea el objetivo es evitar que todos los recursos de educación vayan a la educación fiscal. De “tradicionales” a “privadas-tradicionales” a “Universidades de Research” (investigación), pero: ¿hacen investigación ó “investigación”?

¿Por qué no educación fiscal gratis?; bajo el escenario de educación fiscal gratis los recursos necesarios serían menores, alcanza para su implementación en el corto plazo. Es cierto que las Universidades privadas captan la mayor cantidad de alumnos que requieren subsidios, pero eso se revierte modificando el proceso de entrada. Subsidiar puntos de PSU es más justo y económico.

Con educación fiscal gratis los privados se verían obligados a (1) bajar lo que cobran para evitar el éxodo de alumnos, (2) justificar el cobro por educación, demostrando mayor calidad que la educación fiscal y (3) entregar becas para captar talentos. Las ventajas de una educación fiscal gratis es entregar competencia y con ello beneficios para los alumnos. ¿es ese el debate actual?; no.

El debate de “gratuidad” nada tiene que ver con los alumnos, sino cómo perpetuar los beneficios que la subsidiaridad entrega, a través de la educación, “investigación” y los créditos con ó sin aval del Estado al los no-usuarios de ella.

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El reino de la codicia

Tengo un tema con el dinero. O, mejor dicho, con aquellos que se desviven por el dinero. Me cuesta entender que la vida gire en torno a eso. Sobre todo si nos atenemos a que el dinero fue creado como un instrumento para facilitarnos la vida. Para mí el dinero es eso: un instrumento. Por eso cuando se convierte en un objeto, en la estación final de todo lo que hacemos, algo me parece que desafina.

El otro día, comiendo con unos amigos, salió el tema al momento de la sobremesa, y alguien planteó que el dinero, finalmente, no era otra cosa que poder. Por eso algunas personas que tienen más que cubiertas sus necesidades se empeñan en seguir haciendo negocios para conseguir más y más dinero. El problema es que muchas veces el poder se convierte también en un fin y, en ese contexto, termina siendo tan perverso como vacuo.

En uno y otro caso, la codicia está presente. Definida por la RAE como el afán excesivo de riquezas, suele ser un ejercicio fatuo, sin más sentido que la acumulación. La codicia ciega, aísla y, la mayoría de las veces, hace perder la perspectiva de las cosas.

Escribo esto a propósito de lo que está pasando en el fútbol, una actividad en la que, de un tiempo a esta parte, los cruces entre dinero y poder traen nefastas consecuencias. Los escándalos de la FIFA, que tuvieron su propia versión en la administración Jadue, son el mejor botón de muestra de lo que digo. Y en esa misma lógica -la de la codicia- parece estar operando el Consejo de Presidentes de Clubes, el que según una investigación de la Unidad Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica, se habría coludido para impedir el ingreso de otros clubes con el fin de evitar repartirse los excedentes del Canal del Fútbol (CDF) con nuevos actores.

Desde los tiempos en que la FIFA la dirigía Joao Havelange, o quizá desde antes, el fútbol se manejó como una actividad que tenía una legislación propia y que no estaba afecta a las leyes que regían a otras actividades e individuos de los países en los que se desarrollaba.

En Chile mismo, no son pocos los casos en los que las leyes laborales no eran las mismas que regían para los futbolistas profesionales y ni hablar de lo que pasaba con el tema impositivo en las transferencias de algunos futbolistas chilenos al extranjero. Fue tal el poder de la FIFA y tan particular y extendida la manera de gestionar el fútbol que hasta el día de hoy algunos dirigentes siguen creyendo que hay un código de conducta para ellos y otro para el resto de los ciudadanos, en una lógica muy parecida a lo que ocurre con la Iglesia Católica.

Es que, del mismo modo que ocurre en la política -otro sector que padece la codicia-, se hace necesaria una renovación de la dirigencia del fútbol, un recambio que permita el ingreso de rostros e ideas nuevas. Que definitivamente, la forma en que se han hecho las cosas en el fútbol local, desde hace cuarenta años a la fecha, cambie, se destierre. El fútbol no puede ser sólo una máquina de hacer dinero o, cuando menos, que lo siga siendo, pero que ese dinero tenga un sentido, un propósito que apunte más a lo colectivo que a lo individual.

En tiempos de escándalos financieros, jubilaciones truchas, negocios clandestinos, lo del fútbol no sorprende, pero desilusiona, duele y llena de rabia.

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