Óscar Contardo's Blog, page 119

Los notarios

El Ministerio de Justicia anunció que aumentará el número de notarios, cuyo servicio es deficiente y caro. La oposición reaccionó poniendo en duda las medidas, pues sospecha que el gobierno utilizará el incremento de dichos funcionarios para designar en esos apetecidos puestos a sus allegados. La discusión es llamativa porque es un caso de texto que demuestra la incapacidad de este país para resolver problemas que se arrastran desde siempre, pues el caso de los notarios periódicamente hace noticia y ahí sigue sin que nadie haya hecho realmente nada.

Desde luego, no son “funcionarios”: las notarías son una concesión a privados altamente rentable. Y que los chilenos sufren, porque cualquiera que tenga que hacer un trámite notarial sabe que debe pedir número, esperar para ser atendido y, luego, aguardar más aún hasta que el notario firme. Y después pagar y no poco, porque no hay notario pobre. La teoría económica indica que si hay colas en las notarías y los notarios ganan mucho, entonces hay un problema de oferta y se debe actuar sobre ésta. Desde este punto de vista, la iniciativa del gobierno está bien encaminada y la oposición, si está atenta a solucionar los “problemas de la gente”, tendría que ofrecer su colaboración, sujeta a que haya objetividad en los nombramientos.

Pero el problema no es económico ni de oferta, sino de demanda: hay demasiados trámites innecesarios ante notario. Y es un problema cultural, porque la ley no los exige sino que los inventa nuestra burocracia pública, e incluso la privada. Todo porque las certificaciones notariales son una supuesta garantía de pureza, aunque no sea siempre así: es cosa de mencionar los casos que ha habido a afiliaciones a los partidos políticos. Tantas situaciones se han producido, que ahora no basta la firma en los papeles, autorizada por el notario, sino que se debe agregar la huella digital al lado, que es la garantía real, porque es pesquisable. La pregunta entonces es, ¿para qué el notario? Ciertas reparticiones públicas -pocas- cuando piden una fotocopia del carnet, quien realiza el trámite debe firmarla y poner su huella; y el funcionario que la recibe también la firma y pone su timbre. Solución a costo cero, instantánea y en que cualquier irregularidad se puede investigar quién fue. Pero ninguna autoridad hace algo para extenderla a otros casos como norma y desocupar las notarías.

Otro tema: los jubilados de las fuerzas armadas que siguen prestando servicios y ganan sueldo junto a la pensión, un doble pago por parte del Estado. Solución obvia y que propone el gobierno: alargar la carrera. Los que conocen del tema lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Recién ahora se mandará el proyecto de ley, pero seguramente ahí quedará porque ya no queda tiempo para aprobarlo. Hasta que una nota de prensa lo vuelva a plantear en unos años más. Es que estamos en Chile.

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Aportes al debate

Pese a lo mucho que se adelantó la carrera presidencial, esta no ha sido una campaña donde abunden las propuesta programáticas o las ideas para el Chile de los próximos años. Se trata de una cuestión lamentable, más todavía cuando un aspecto central han sido las diferencias de diagnóstico y el cuestionamiento a las reformas implementadas en los últimos años.

El primero que se constituyó en una excepción a este ya usual rasgo de nuestros procesos electorales fue Ricardo Lagos, quien sistematizó la mayor parte de sus ideas, y las de sus colaboradores, en un documento que se tituló “Piensa en Chile, propuestas para conversar”.

Y aunque mucho de lo ahí contenido ha sido después incorporado y reiterado por otros candidatos, en general se echa de menos un discurso más contundente y coherente por los aspirantes que permanecen en carrera, y muy especialmente por aquellos dos que más posibilidades tienen de pasar a la segunda vuelta electoral: me refiero a Piñera y a Guillier. De hecho, su específica postura sobre temas tan significativos como el cambio al sistema de pensiones, la salud pública y privada, o la modernización del Estado, no parecen avanzar mucho más allá de las recriminaciones, las consignas o ambiguos titulares.

Es en ese contexto que creo deben valorarse los esfuerzos de distintas instituciones académicas, políticas y sociales -sumado al aporte individual de varios líderes de opinión- que en parte han suplido este déficit, poniendo sobre la mesa ideas novedosas y otras no tanto, las que pese a su recurrencia siguen siendo urgentes.

Y aunque la recomendación venga de cerca, es el caso, por ejemplo, de Espacio Público, una institución que acaba de publicar el documento “Hacia el Chile que queremos”, donde se sistematiza el trabajo de un amplio grupo de miembros y colaboradores que han venido trabajando hace meses con el propósito de hacer un aporte al debate político y social del país. En particular, se desarrollan 13 propuestas en áreas como salud, probidad, diversidad e inclusión, protección de consumidores, ciudad y transporte, y ordenamiento territorial y probidad.

Hay planteamientos novedosos, como un subsidio a la demanda en los estratos más bajos para disminuir la evasión en el transporte público. Otros que son la continuidad del trabajo que en la Comisión Engel hicieron varios de sus directores, como es el establecimiento de un fideicomiso diversificado y público para contar con una mejor herramienta frente a los conflictos de intereses. Y también se insiste en otras propuestas que, pese a ser repetidas, no han podido (o querido) materializarse, como ocurre con la tan manoseada derogación de la Ley Reservada del Cobre.

Es de esperar que estos esfuerzos se repitan y multipliquen; y, más importante todavía, que sean registrados por los candidatos.

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Nueva ley de educación: pura ideología

He leído el proyecto de educación superior del gobierno. Es para llorar a gritos. La verborrea ideológica sobre educación superior es de una vaguedad y sesgo que simplemente no se puede creer. ¿Cuántos de los legisladores habrán estudiado en universidades de clase mundial, o las conocerán, como para tener un punto de referencia relevante? Por de pronto, es el caso de todos los diputados de la “bancada estudiantil”, que ni siquiera han ejercido sus profesiones. Este no es un proyecto de educación, es un proyecto de poder para limitar la educación privada y dejar instaladas herramientas para controlar el sistema en el tiempo.

Solo un pequeño párrafo en los artículos transitorios habla de un informe, en tres años recién a partir de la ley, para analizar el sistema de títulos y grados. Pero ese era justamente el punto de partida para diseñar el sistema.

¿Qué han hecho todos estos años? La confusión entre educación, entrenamiento e investigación muestra la pobreza técnica del proyecto, tal como lo hemos visto en las otras reformas. Solo pensar que todas las universidades deben ser complejas es un error sin límites. Todo lo anterior es previo a definir la educación superior como un derecho y punto. Ni hablar de responsabilidades. Pero, ¿derecho a bachiller, licenciado, título profesional, diplomados, máster, doctorado, post doctorado? Ni siquiera es tema.

El avance en la gratuidad está sujeto a una engorrosa fórmula de ingresos fiscales como porcentaje del producto de tendencia. Lo notable es que anticipa que los ingresos fiscales llegarán al menos al 30% del PIB. Hoy es alrededor 25%, es decir, están proponiendo derechamente que los impuestos seguirán aumentando en un equivalente a dos reformas tributarias más del tamaño de la última.

Este es un proyecto para crear una Subsecretaría de Educación Superior burocrática, omnipotente y muy discrecional, que permite que un gobierno haga esencialmente lo que quiera con la educación usando la ambigüedad de una mala ley. La educación superior no es un commodity, y tratar de fijar un arancel único para distintos tipos de carreras es inducir una forma predefinida de cómo debe ser cada carrera.

El proyecto propone la definición de precios, cupos, consolida un Cruch como un cartel arbitrario. Pone condiciones de acceso a este último, que por ejemplo no cumplen ni cercano, las dos nuevas universidades estatales y ya pertenecen a éste.

Las universidades son esencialmente jerárquicas, mandan los que saben más, no los que son más. Captura para el gobierno de turno el sistema único de admisión de universidades por la manera en que se designa a quienes lo dirigen. Todo depende en definitiva de un “Plan nacional de educación superior”, al que todo lo anterior se subordina. Por cierto eso lo hará el gobierno en el futuro, y eso domina la ley en sí. La definición de viabilidad de una institución depende de criterios que sean “realistas”. ¿Será un poco discrecional? El gobierno controlará las inversiones, y aunque no lo crea, fija un 1% de los ingresos como máximo de gasto en publicidad. Obviamente no define qué es publicidad. ¿Fijará mañana el gasto en sillas, pintura, transporte, o teléfonos? Se abre el espacio a las denuncias anónimas, con una superintendencia omnímoda, llena de resquicios discrecionales.

En síntesis: le quita poder a la sociedad civil para concentrarlo en el Estado, pero específicamente en el gobierno de turno y la gratuidad como objetivo político. No tiene absolutamente nada de educación propiamente tal. Será una poderosa herramienta de control y limitación de la educación privada.

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Orfandad DC

Finalmente, la Democracia Cristiana (DC) se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones: no solamente sumarse al proyecto político encabezado por Michelle Bachelet sin “leer” siquiera el programa, sino más profundamente, dejarse arrastrar por una lógica polarizante que la llevó a demonizar al Chile de la Concertación, para imponer un programa de reformas tan ambicioso como inconsistente. Ingenua e incapaz de vislumbrar los efectos que tendría su participación en este delirio refundacional llamado Nueva Mayoría, termina ahora en un grado de irrelevancia tal que sus (ex) socios pueden excluirla del pacto parlamentario sin pagar ningún costo.

El ritual público de esta marginación ha sido en verdad humillante; un acto de desprecio que solo se explica por la certeza de la izquierda oficialista de que la contienda presidencial está en la práctica perdida, y que la única tabla de salvación son los siempre escasos cupos parlamentarios. A estas alturas, con o sin Carolina Goic de abanderada, la DC simplemente se quedó sin espacio político en los botes salvavidas, por lo que ha sido forzada a tener que nadar sola en busca de una orilla. En rigor, si en el actual escenario es innecesario cuidar la relación con ella, es porque entre las dirigencias partidarias de Alejandro Guillier existe la resignada convicción de que ni sus votos en segunda vuelta podrían alterar lo que hoy parece como algo inevitable.

Así, como un alma en pena a la hora del naufragio, la DC está siendo sacrificada por una izquierda plenamente conciente que, de confirmarse el arribo de Sebastián Piñera al gobierno, lo natural y lógico será la convergencia con las fuerzas que hoy componen el Frente Amplio, un maridaje de oposición radical donde la Falange no tiene cabida. En efecto, para esos sectores el eventual retorno de la derecha al poder será un importante incentivo a la polarización, contexto donde la DC volvería a ser un lastre de ambigüedad y de “matices” como el que, en opinión de muchos, terminó de desfigurar y debilitar el actual programa de reformas.

Al final, la candidatura de Carolina Goic fue la excusa perfecta para poder desprenderse de una alianza hija del oportunismo y ya históricamente derrotada. Incluso más allá del resultado electoral de diciembre, en la izquierda de la Nueva Mayoría se agita la certeza de que, tarde o temprano, el país deberá afrontar sus actuales dilemas con posiciones claras y categóricas, un escenario donde la DC estará condenada a muerte por indefinición.

Obligarla por tanto a competir sola en la próxima elección parlamentaria es, de algún modo, “ayudarla” en este tránsito amargo hacia su escatológica nulidad, un rol menos que mínimo en el escenario por el que ella misma apostó, cuando decidió aceptar el papel de simple comparsa.

Enfrentada a este aciago destino, la Democracia Cristiana no tiene hoy derecho de culpar a nada ni nadie, salvo a su ambiciosa ingenuidad.

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Poco Ocde

Queremos la educación primaria finlandesa. La secundaria danesa. La universitaria alemana. El sistema de transportes japonés. La televisión pública francesa. El sistema de salud inglés. El sistema de pensiones noruego. La infraestructura de Singapur. El sistema político suizo. Y la industria estadounidense. Todo junto AHORA.

Y todo, además, con el PIB per cápita turco, la desigualdad panameña, la productividad mexicana, la concentración de mercados dominicana y un aparato público con niveles de transparencia y eficiencia griegos.

¿Qué ha ocurrido? El desarrollo es desilusionante. Lo que nos parece maravilloso de lejos, una vez que lo alcanzamos, resulta amargo.

Y es que parece maravilloso justamente porque está lejos. Millones aplaudieron a Pinochet cuando prometió en 1980 que pronto, si todo iba bien, “de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco, uno tendrá televisor, y de cada siete, uno dispondrá de teléfono”.

Actualmente hay más teléfonos y televisores que habitantes, y un auto cada cuatro personas. Pero hacemos series de televisión para recordar la felicidad sencilla de las familias que soñaban con esas cosas.

Es como haber trabajado hasta el agotamiento y haberse endeudado por muchos años para entrar al concierto de nuestro grupo musical favorito, para luego darnos cuenta de que todo nuestro sacrificio solamente nos permite pagar la peor ubicación. Lejos, muy lejos de lo que pensamos que sería estar ahí. Aunque ahí estamos.

La masificación de miles de bienes y servicios que antes solamente podían disfrutar minorías privilegiadas ha venido de la mano con una segmentación de la calidad de la oferta y una experiencia mucho menos placentera de ellos una vez que logramos obtenerlos. Y, varias veces, exigiendo una cuota de esfuerzo mucho mayor de la que esas minorías hacían en su momento.

Cuando la universidad y las pensiones eran “gratis”, se aprovechaban de ellas la clase alta, la élite burocrática, y un par de personas más.

Los pobres no iban a la universidad y la mayoría no alcanzaba ni la edad de jubilación (que era igual a la esperanza de vida promedio en 1970: 60 años). ¡Pero la universidad era gratis y las pensiones aseguradas por ley!

Esto es frustrante, aunque la mayoría esté mejor. Además, dada la complejidad de los nuevos problemas, las soluciones y mejoras posibles son lentas, complejas y costosas. Y los que están felices en la primera fila del concierto, las élites políticas y económicas, parecen ni enterarse de la urgencia de darle cauce y conducción a estos desafíos.

Así, los que lo pasan bien se entregan a fantasías cosmopolitas, y los que lo pasan mal a fantasías redistributivas.

Todas auspiciadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Como el oficinista mirando páginas de viajes o el enfermo entregado a la homeopatía. Y cada uno elige al homeópata social que le venda el humo necesario para no tener que mirar de frente nuestra realidad.

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No más leseras

No recuerdo bien si fue el lunes o el martes. No tiene importancia. El asunto es que los promotores de una cosa que se autodenomina “No+AFP” salieron a la calle, tempranito, a la hora en que los tacos enloquecen a quienes deben trabajar, para “conmemorar” un año desde que hicieron lo mismo. O sea, salir a la calle.

Por lo que entiendo, la convocatoria fue más bien reducida, pero eso da lo mismo porque estamos acostumbrados a que los organizadores de marchas apliquen enormes factores de multiplicación al momento de informar su estimación de asistentes. Tampoco nos sorprende que eludan responsabilidades cuando las manifestaciones se tornan agresivas. Esos son “infiltrados”, nos advierten, así que no cuentan.

Ese día, en una radio, entrevistaron a uno de sus líderes o algo por el estilo. Se trataba de un conocido y longevo dirigente del sector salud. Uno que, por lo que se ha sabido, prefiere vehículos Mercedes o BMW o similar, pero básicamente -no se vaya a entender mal- por estrictas razones de seguridad en su dura tarea de representar los intereses del proletariado chileno.

Dijo que el país no quiere saber más de las AFP. Dijo que había que “regresar” a un modelo de reparto, más justo y equitativo (como si las cajas hubiesen cumplido tales condiciones). Dijo que era un imperativo social. Dijo varias payasadas más. Pero lo más notable fue que se metió con las pensiones de gracia a uniformados. Y habló pestes del sistema que permite a los militares retirarse a los cuarteles de invierno en edad temprana y con ingresos más que razonables. Y que todo eso, así de mezclado, hacia imprescindible terminar con las AFP.

Nota del redactor: Yo estoy de acuerdo en que el modelo de pensiones para uniformados debe ser revisado, en particular porque supone en la actualidad una mochila para el erario fiscal digna de temer. Por sus características, parece evidente que este sector debe tener una condición especial, pero eso no es lo mismo que mantener la situación vigente. Fin de la nota.

Y fue a partir de ese minuto, cuando este dirigente enredó descaradamente la crítica a las AFP con la pensión de los militares, que todo se fue a la punta del cerro. Ya lo sabemos, cuando se trata de atraer incautos, las verdades se convierten en un asunto transable. Pero el dirigente sabe bien que el modelo de los uniformados se parece mucho más al de reparto que al de capitalización individual. Que es objeto de presiones y frágil ante los intentos de apropiación indebida.

Supongo que para quienes hicieron perder millones a los afiliados, llamándolos a cambiarse al fondo E, este “errorcito” en el discurso no es más que un daño menor en su tarea de destruir un sistema y hacerse del botín (entiéndase, los ahorros de todos los chilenos, una vez que pasen a manos del Estado), pero me temo que están confundidos: lo que la gente quiere es aspirar a mejores pensiones, no a que le roben sus fondos.

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La fruta se cae de madura

No hay quién lo ponga en duda: la próxima elección presidencial se decidirá no en la orgánica de los partidos, tampoco en la sala de mando de la ingeniería electoral y mucho menos en las funciones comisarias que ejercen las redes sociales. Todo eso es adjetivo. El partido de fondo se jugará en la capacidad de las distintas candidaturas de interpretar las aspiraciones y problemas que actualmente tiene la clase media.

Si eso es cierto, la verdad es que cuesta entender por qué las candidaturas del oficialismo siguen hablando de listas parlamentarias, de firmas, de juntas nacionales, de pactos y subpactos, de comandos y generalísimos, de pareos y deserciones, y no de los temas donde realmente se jugará la elección. Hay algo de suicidio político en esta falta de sintonía, ya no fina, sino también gruesa. Porque si hay algo de lo cual la ciudadanía tiene verdadera aversión es a los acomodos y conflictos internos a nivel de candidaturas y partidos. No los resiste ni los perdona. Al revés: los castiga.

Sin embargo, desde que fuera elegida abanderada de su partido, Carolina Goic -en concreto- no ha hablado de otra cosa que de instancias partidarias y procedimientos. Que la junta, que la lista, que no piensa bajarse, que la primera vuelta y que la segunda… El discurso de Guillier, que es candidato desde hace meses y que dice que la suya es una candidatura ciudadana, no es muy distinto: que todavía falta, que las firmas ya están, que piensa presentarlas pronto, que está dispuesto a debatir donde sea, pero no antes de su inscripción oficial, y así suma y sigue. Entremedio están sus ires y venires sobre las primarias y sobre Lagos, sus divagaciones sobre los partidos y la ciudadanía, su exhortación al asado y la siesta, su nulidad respecto de los votos radicales en la Cámara para el aborto, su confianza en un liderazgo que, de tan horizontal que es, termina no siendo la negación misma del liderazgo.

Y a todo esto la centroizquierda sigue descuidando a ese sector de la ciudadanía que fue decisivo para traer de vuelta de Michelle Bachelet a La Moneda. Una clase media con poca historia y muchas vulnerabilidades, muy individualista, desconfiada con razón, relativamente nueva en la economía del consumo, tan orgullosa de sus logros meritocráticos como sensible al tema de los abusos del mercado, y para la cual el actual gobierno fue una tremenda desilusión. Lo fue por muchos conceptos: porque instaló la idea de que el crecimiento económico no era tan importante, porque descuidó el empleo, porque se olvidó de la salud privada y porque los ministros dijeron que esta gente estaba enviando a sus niños a los colegios equivocados y que el dinero que estaba gastando en educación podía guardárselo dado que ahora iba a ser el Estado el que decidiría las matrículas a través de una tómbola.

Se podría entender -aunque cueste- que el gobierno no haya reaccionado a estas decepciones por consideraciones de orgullo, de ataduras ideológicas o, por último, porque el programa ya estaba jugado en ese sentido. Lo que no se puede entender es que de ellas tampoco se hayan hecho cargo ni Alejandro Guillier ni Carolina Goic con una mirada más acogedora y receptiva. Después de todo, esta sensación de desamparo de la clase media no es de ahora. Viene de hace años y es raro, porque ni siquiera la Concertación advirtió el fenómeno, siendo que fue bajo gobiernos suyos que nació, se expandió e irrumpió este grupo social. Se pueden tener muchas reservas acerca de lo que representó en su momento Adolfo Zaldívar, que fue un zorro de la política y un maestro en eso de decir una cosa por otra, pero tenía toda la razón del mundo cuando hace 10 años repetía una y otra vez que era necesario hacerle correcciones al modelo, porque algunas cosas en él no estaban funcionando para la clase media en una dirección que fuera sustentable en el tiempo.

Tal cual: el 2011 se comprobó que no era sustentable. Desde entonces ha corrido agua bajo los puentes, pero, en lo profundo, ese Chile emergente sigue en el aire. Puede ser un síntoma de lo descalibrada que está la política en Chile el que los sectores medios tengan bastante más interlocución con la industria del retail que con los partidos o con el sistema político.

No es una genialidad estratégica -sino una fruta que se cae de madura- que el comando de Piñera esté intentando salir al encuentro de ese sector. Tal como se ha ordenado la escena política ahora último, en la actualidad la derecha está en mejores condiciones que el centro y la izquierda para entender y descifrar a esa nueva clase media. Todavía no está claro el alcance de la red de clase media protegida que ha planteado, y es obvio que si no contempla beneficios tangibles y objetivos, más que ayudarlo, podría terminar perjudicándolo. Pero está claro que en esa dirección tiene que ir, no solo con propuestas que sean verosímiles sino también con interlocutores que sean válidos. La derecha necesita en estas materias dar más testimonios que los que se le exigen a la izquierda, entre otras cosas por sus sesgos elitistas y porque la desconfianza que genera el exitismo del sector entre la gente de esfuerzo ha sido históricamente muy profunda.

Quienes andan buscando con regla y compás en el mapa político del país dónde está centro debieran suspender ya la tarea. Cómo no verlo. Descontados los muy pobres y los muy ricos, explica el grueso de la actual estructura de la sociedad chilena.

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El simplismo

Un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, conocido por la sigla AMLO, postula a la Presidencia de México para las elecciones del próximo año. Y va ganando. Su posible victoria se fortaleció a fines del año pasado, cuando un poco más al norte, en Estados Unidos, fue elegido Donald Trump, con el firme propósito de humillar a México. Frente a un populista pendenciero, otro populista estridente.

Hace unos días, AMLO publicó su programa, como es usual en México, a través de un libro, titulado 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. El escritor Héctor Aguilar Camín ha dicho que es “de una simpleza que desarma”, pero que, al mismo tiempo, “la mezcla del relato indignado y de la promesa utópica toca parte de las ganas de creer que hay en el fondo de la incredulidad mexicana”.

AMLO, que dice inspirarse en Fidel Castro, Salvador Allende y el general mexicano Francisco J. Múgica, promete acabar con la corrupción mediante la “simple moralidad”, hacer que los empresarios privados inviertan 16 pesos por cada uno que gaste el Estado y construir “una república amorosa para promover el bien y lograr la felicidad”.

Todo esto suena bastante estúpido -y lo es-, pero cae en el seno fértil de una sociedad hostigada por la corrupción, el crimen, el narco, la depreciación, el desempleo, la agresión, las migraciones, el ninguneo, el fraude, en fin: el abatimiento. Aguilar Camín lo resume de la siguiente terrorífica manera: “Ahí donde todos dicen ya no creer en nada, debe haber unas ganas enormes de creer en algo que rompa con todo”.

En honor a esas ganas angustiosas, los mexicanos lo van a elegir. Se van a equivocar. El espectáculo de un pueblo que se equivoca en forma democrática causa desazón; es psicológicamente desestabilizante, como el de un padre que golpea a un niño. Subvierte el orden de las cosas, altera su lógica: ¿No es que la democracia siempre tiene razón? Es el mismo tipo de perturbación con el que hace unos días Javiera Parada se preguntaba si ser de izquierda no es ser demócrata. No: por la mayor parte del siglo XX, la izquierda abjuró de la democracia. Y sí: las democracias pueden cometer errores. La política -y la historia- son más complejas de lo que parecen.

Por eso costó tanto comprender lo que ocurría en la Italia de mayoría fascista, en la Alemania de mayoría nazi, en la Francia colaboracionista; o lo que estuvo a seis puntos de ocurrir en el Chile de 1988. Algunos todavía se confunden con el espectáculo del chavismo en Venezuela y de su degeneración con Nicolás Maduro, que se propone ganar otra elección (esta vez tendrá que ser fraudulenta) para seguir parapetado en el Palacio de Miraflores.

Maduro es la excrecencia del chavismo, que a su turno era la excrecencia de un sistema político reventado por la corrupción. Sin el dinero que tuvo Chávez, Maduro es también la demostración de que el simplismo es una garantía de desgobierno, y a veces de algo peor. Quien ofrece soluciones simples a problemas sociales complejos suele ofrecer catástrofes, solapadas o abiertas, o cosas peores, como el saqueo o el bandolerismo.

El simplismo político suele aparecer con más fuerza cuando las cosas están más complicadas, cuando hay más confusión en el ambiente y cuando el repertorio de ofertas presenta grandes brechas de significado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién puede explicar el estado de la sociedad?

El simplismo siempre se refugia en una retórica con significados imprecisos. Los términos que hoy tienen protagonismo son “desigualdad” y “neoliberalismo”. Se trata de objetivos que quieren combatir, con igual fuerza, simplistas de izquierda y de derecha. AMLO, por ejemplo, quiere extirpar de México el neoliberalismo, a pesar de que sería muy difícil sostener que, con el monstruoso Estado clientelar que tiene, ese país haya vivido alguna vez bajo un régimen “neoliberal”. El kirchnerismo se propone eliminar de raíz todo vestigio de desigualdad en Argentina, aunque no dice qué entiende realmente por desigualdad, explicación que se hace imperiosa desde que en sus 14 años de gestión la pobreza se expandió más allá de todo lo conocido en ese país.

A veces el simplismo es el costo temporal de la entrada de nuevos actores en un sistema político ya muy trajinado, como parece ser el caso chileno. Estos nuevos actores necesitan tener opinión sobre todo, y la alimentan de información rápida, que suele ser la de peor calidad. La llamada “posverdad” tiene en ellos a sus clientes más entusiastas. Un estudio reciente del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (integrado por cuatro universidades) identifica nada menos que ocho rasgos de los conflictos sociales que han sido malinterpretados una y otra vez, porfiadamente, induciendo a conclusiones erróneas y distorsionadas. Por ejemplo, que los estudiantes son los que tienen más poder de movilización; que la desigualdad genera conflictos; o que las protestas públicas son más relevantes en Santiago.

En más de un sentido, el gobierno actual ha sido víctima y perpetrador de muchos de estos equívocos, y esa es la principal explicación de su alto nivel de desaprobación. Su deterioro no comenzó, como se ha dicho, con el caso Caval, sino antes, a mediados del primer año de gestión, momento en el que una mayoría empezó a sentir que el gobierno no estaba interpretando correctamente las aspiraciones ciudadanas (¿qué otra cosa es la desaprobación?). Después de ese momento clave, nunca más volvió a recuperar el respaldo con que fue elegido, entre otras cosas, porque los autores de los errores suelen tener la virtud de la pertinacia.

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Poderoso caballero es Don Dinero

Que a un político socialista hasta hace poco modelo y emblema del buen sentido y seriedad, bastión de la política entendida como acuerdos para mantener la civilización en vez de reemplazarla con el chivateo de la calle y el histerismo de las “asambleas ciudadanas”, se le acuse de estar involucrado en la recomendación de una empresa para surtir a una repartición de gobierno, versión que deriva de filtraciones de un expediente judicial y declaraciones de funcionarios de ese organismo, asesta un duro golpe a quienes esperaban de él y de otros de similar talante esos grados de entereza tan necesarios cuando un mal gobierno y peores ideas han de ser reemplazados por otro gobierno, otro clima, otra mirada y otra gestión. Pero hoy queda poco espacio para asombrarse, solo tal vez para lamentarse. La última vez que tuvimos oportunidad para sorprendernos fue en los años 90, con la revelación de los primeros manejos turbios celebrados en el ámbito de la política y sus anexos. Los episodios de irregularidades de ese entonces fueron percibidos como chocantes no solo por inéditos, sino, además, por surgir en medio del aura de pureza, renacimiento nacional y Pascua feliz para todos con que la democracia post Pinochet se acababa de estrenar en sociedad.

Fueron los años de la inocencia y tal vez por eso recibimos algún consuelo pensando que eran casos aislados y a la pasada comprobando el amateurismo de quienes recién se iniciaban en el arte de robarle al Estado. A veces eso nos permitía tomarlos menos en serio. Ciertas “operaciones” fueron dignas de los Tres Chiflados y algunos caballeros llegaron a convertirse, por la descarada inocencia de su deshonestidad, en materia de rutinas cómicas de los humoristas del Festival de Viña. Además, a dichas patochadas se las describía tan obstinadamente como fenómenos locales y aislados que era posible reemplazar la desagradable sorpresa por el alivio y hasta la complacencia; a cero costo, sin ningún acto positivo de honestidad sino simplemente por estar al margen, la población podía hacerse la ilusión de resplandecer en prístina y deslumbrante decencia e inocencia. Siempre es alentador sentirse moralmente por encima de las cochinadas que uno está incapacitado de cometer. Es, más o menos, la castidad de la que se podría jactar una beata octogenaria. Las transgresiones, en su cacareado aislamiento, parecían prueba indirecta, por default, de que imperaba la virtud. Por eso en esos años comenzó a usarse a porfía la expresión “puntual”. Todo acto de esa clase, se dijo, “era puntual”. El país podía respirar tranquilo.

Más tarde los casos de sinvergüenzura aumentaron en frecuencia y la prensa comenzó a denunciar al menos uno por semana. De súbito cundió la sospecha de que no se trataba de “situaciones puntuales” de las que las autoridades se harían cargo “caiga quien caiga”, la incumplida promesa habitual, sino de pecados sistemáticos, la masiva huella digital de corruptos en serie. Entonces la frase “casos puntuales” comenzó a ser sustituida por esta otra: “Somos esencialmente una sociedad sana y POR ESO vemos a la justicia, la prensa, la política reaccionando”, etc. Y se acuñó y popularizó el concepto “clase política” con insinuaciones de ser, dicho colectivo, no muy diferente a una oscura corporación con fines de lucro.

Hoy es peor: no hay ya sorpresa, no hay complacencia, no hay simple molestia o desprecio ni tampoco risa; solo hay pánico. Pánico es la emoción que se sufre cuando un evento catastrófico y en gran escala ya no sucede en las pantallas o en lejanos países, sino proyecta su sombra sobre nos, frágiles criaturas. De pronto se hizo notorio que la deshonestidad ni es cosa de individuos o siquiera de clases políticas, sino abarca instituciones, a civiles comunes y corrientes, a prelados, autoridades, a todo el mundo tal como lo hizo la peste negra en la Europa del siglo XIV, transversal, ecuménica, universalmente expandida y masivamente contagiada.

Los casos

¿Qué institución puede hoy, todavía, mostrar manos limpias? El descrédito de casi todas -porque por sus actos las hemos conocido- se revela en las encuestas, lugar donde ese jurado anónimo que es la ciudadanía, tampoco ni tan limpia ni tan inocente, juzga, condena y luego olvida y reelige. Tanto se ha reiterado el rechazo “ciudadano” que el descrédito ha perdido su filo. Hemos alcanzado ese nivel de resignado malestar que ve el Mal como “business as usual”. A su vez, los hechores han alcanzado ese cinismo de piedra que termina, en las asambleas partidistas, con la abierta y descarada elección de candidatos sin otra virtud que su popularidad, con el asesinato ritual de figuras serias porque no marcan en las encuestas, con el cantinfleo perenne y la protección NO de los testigos de un crimen sino de los criminales mismos, como lo hemos visto con algunos (as) jerarcas del régimen luego de revelarse tanto sus incompetencias como sus indebidas “apropiaciones”.

No por nada el Congreso, a juicio del público, dejó de ser el solemne paraninfo donde sesionan tribunos a cargo de dictar leyes, sino se acerca y quizás ya coincide con eso que un talentoso y fenecido periodista de los años 60, Eugenio Lira Massi, llamó “La cueva de Alí Babá y los 40 senadores”. Agréguense instituciones uniformadas hasta ahora irreprochables pero revelando desfalcos multimillonarios, recontrataciones surtidas y jugosas pensiones de invalidez para gente en perfecto estado de salud. Súmense enteras reparticiones del Estado secuestradas por el gobierno central para darles amparo a miles de parásitos sin otro mérito que la militancia. Y el ámbito privado no está ajeno a la peste, donde muchas instituciones aparecen hoy, si no como cometiendo flagrantes delitos, sí como insaciables acaparadoras de ganancias monumentales. De hecho las empresas en general y muchos empresarios en particular son percibidos y tratados por los medios de prensa como delincuentes prontuariados. La Iglesia misma ha protagonizado un caso tras otro de monstruosa pedofilia y no menos grave encubrimiento. Y partidos políticos propietarios de una larga y digna historia se muestran como clandestinos corredores de propiedades, inversionistas, beneficiarios de boletas falsas, mendigos de dineros empresariales, encubridores de faltas graves de gestión y en todo sentido como bandas organizadas. La lista suma y sigue.

Dinero ecuménico

¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo aún aquellos en los que más se confiaba aparecen involucrados en manejos oscuros o al menos sospechosos, si acaso no recibiendo dineros al menos haciendo uso de sus influencias para que otros lo reciban? Dinero es el nombre del juego. Dinero para mi bolsillo o dinero para mi amigo o dinero para mi mujer o dinero para una campaña o dinero para apuntalar a un compadre o dinero para mis socios; dinero contante y sonante en maletas o en proyectos o en licitaciones arregladas o en cheques al portador o en boletas falsas o en honorarios a cambio de nada. ¿Por qué no? Hubo suficiente tiempo para entender los mecanismos, tejer las redes, saber quién es quién, seguir el ejemplo y perderse moralmente. ¡Cuánto ayudan a todo eso los regímenes demasiado largos! Tiempo y dinero van de la mano. Como en Italia, ahora en Chile y como en todas partes, los regímenes interminables permiten aprenderse todas las triquiñuelas, forjar todos los amiguismos, perder todas las vergüenzas y meter mano en todos los cajones.

No es entonces inusitado sino lastimosamente previsible que políticos que parecían, como esos justos de Sodoma y Gomorra, los únicos ajenos a esta trifulca, se les denuncie involucrados en lobbies oscuros o en telefonazos para favorecer a tal o cual empresa. Una sociedad en problemas siempre se hace la esperanza de que vendrá un Salvador Providencial, pero en Chile el Cielo mismo aparece empapelado de boletas y San Pedro susurrando en los pasillos. No ya una vez a la semana sino diariamente oímos nuevas denuncias. ¿Dónde, entonces, se encuentra el punto de apoyo para remover la lacra? Tal vez sea demasiado tarde.

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Caso Petrobras: lecciones para Chile

Quien quiera entender cómo el caso Petrobras terminó siendo el escándalo de corrupción más grande de la historia, debe comenzar por remontarse a las protestas multitudinarias que ocurrieron en Brasil en 2013, contra los malos servicios públicos, el exceso de gasto en el Mundial y la corrupción. Fue entonces que, con objeto de apaciguar los ánimos, la Presidenta Dilma Rousseff impulsó reformas legales para combatir fraudes sistémicos, destacando entre ellas la introducción de la delación compensada. De esta manera, los fiscales brasileños contaron con una nueva herramienta para sus investigaciones, pudiendo negociar la reducción de penas con inculpados a cambio de información que permitiera procesar a figuras más importantes.

Cuando el año siguiente comenzaron las investigaciones de lo que sería conocido como el caso Lava Jato, vimos cómo los fiscales iban obteniendo evidencia para inculpar a actores cada vez más poderosos y relevantes, usando la delación compensada como arma clave para destapar la red de corrupción tejida en torno a Petrobras.

Y fue así como supimos de las 16 empresas constructoras brasileñas coludidas con altos ejecutivos de Petrobras para proveer a la estatal petrolera de obras a precios inflados; de sobreprecios -de más de 10 veces en algunos casos- en los proyectos de infraestructura del Mundial de 2014; de una división de la empresa Odebrecht con dedicación exclusiva al pago de coimas, en más de una decena de países, incluyendo entre sus “servicios” la apertura de cuentas off shore para sus “clientes” y así evitar la detección de ingresos fraudulentos.

Y fue así como algunos de los empresarios más poderosos de Brasil hoy están presos, condenados a 10 años de cárcel y más.

Y fue así como hoy se encuentran inculpados, y en algunos casos condenados, varios presidentes y ex presidentes de la región, por recibir coimas de decenas de millones de dólares, junto a centenares de ministros y parlamentarios.

Quienes hemos estudiado el tema de la infraestructura intuíamos la existencia de coimas a cambio de renegociaciones favorables de contratos. Suponíamos que, dados los montos millonarios asociados a cada obra, las coimas estarían en torno al 3% o 5% del valor de las inversiones. Mal que mal, para un proyecto de más de cien millones de dólares, una coima de cinco millones no deja de ser una suma considerable.

¡Cuán equivocados estábamos! El acuerdo a que llegó Odebrecht con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos en diciembre de 2016 revela los montos que la empresa pagó en sobornos en una decena de países de América Latina junto a los montos de las inversiones correspondientes (la empresa no tuvo proyectos en Chile durante el período en cuestión). Calculando un simple cociente se concluye que, en promedio, las coimas eran el 30% del costo de la inversión, excediendo el 50% en Guatemala y República Dominicana. Si a estas cifras agregamos los sobreprecios a beneficio de la empresa, es probable que en varios países de la región el llamado “IVA de la corrupción” haya excedido el 100%.

La figura de delación compensada tiene sus críticos, quienes argumentan que facilita la impunidad de quienes cometen actos de corrupción. Una buena legislación de delación compensada incluye una institucionalidad que vela porque los beneficios de una delación para la investigación excedan con creces el beneficio que recibe el delator. También, si la información entregada resulta ser falsa o incompleta, el acuerdo logrado deja de ser válido, de modo que hay incentivos potentes para entregar información veraz. En el caso de Marcelo Odebrecht, por ejemplo, el acuerdo a que llegó con la fiscalía, debidamente visado por autoridades superiores del Poder Judicial, llevó a que su condena se redujera de 19 a 10 años de cárcel, obteniéndose a cambio información que permitió avanzar de manera impresionante en las investigaciones. Por eso, probablemente, se le conoce como la “confesión del fin del mundo”.

Chile

Chile ha sido el país que puede exhibir la agenda anticorrupción más exitosa de la región. Esta afirmación no solo refleja lo poco que ha sucedido en otros países, también se justifica porque hemos tenido avances significativos, aunque no suficientemente valorados. Regulaciones mucho más exigentes para transparentar y regular el financiamiento de la política; financiamiento público y exigencias de mayor democracia interna para los partidos que les darán mayor independencia de intereses creados; el retorno de la educación cívica a las escuelas y colegios; declaraciones de patrimonio e intereses mucho más informativas, que servirán para prevenir y detectar los conflictos de interés; entes reguladores de los mercados más empoderados y con mayores grados de autonomía y una reforma mayor del Sistema de Alta Dirección Pública son solo algunas de las medidas ya aprobadas por el Congreso.

No obstante lo anterior, hay temas donde no se ha podido legislar, siendo uno de ellos tal vez el más importante a la luz del caso Petrobras, el fortalecimiento de la delación compensada.

La delación compensada sirve de poco para combatir la corrupción en Chile bajo la legislación actual, por dos motivos. Primero, porque las penas son bajas, de modo que los fiscales tienen poco que ofrecer y, segundo, porque aun si las penas fueran más altas, los fiscales no cuentan con la potestad de sus pares brasileños para llegar a acuerdos.

Dos proyectos de ley se analizan en el Congreso para aumentar las penas por delitos de corrupción, uno es iniciativa del Ejecutivo, el otro, una moción parlamentaria. Aun cuando ambos apuntan en la dirección correcta, los cambios propuestos son insuficientes. Llama la atención, por ejemplo, que en la mayoría de los casos las nuevas penas seguirán siendo inferiores a aquellas existentes para delitos contra la propiedad. Lo más preocupante, sin embargo, es que las iniciativas legales mantienen la situación actual donde los fiscales prácticamente no pueden negociar rebajas de penas a cambio de la denuncia de inculpados, lo cual contrasta con las amplias facultades que tienen para ofrecer rebajas sustantivas por delitos contra la propiedad a cambio de la aceptación de los hechos.

Tal como lo sugiere la información que hemos conocido gracias a la delación compensada sobre las coimas en proyectos de infraestructura en América Latina, los temas de corrupción no solo debilitan las democracias, sino que también tienen costos de productividad enormes. Si no hubiera corrupción, la productividad en el sector infraestructura en varios países de la región probablemente sería más del doble. Podemos concluir, entonces, que contar con la delación compensada para combatir la corrupción contribuye, simultáneamente, a un mayor crecimiento y a fortalecer la democracia.

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