Óscar Contardo's Blog, page 127

Imperdibles

NO ES frecuente que en Santiago coincidan dos exposiciones de artistas fundamentales del siglo XX. En rigor, ni siquiera es habitual que haya una sola. Y ahora, a 12 estaciones de metro de distancia, se exhiben las muestras de Andy Warhol y Yoko Ono. Doble motivo para celebrar.

Si Andy Warhol fue el artista decisivo a la hora de borrar la línea que dividía la alta cultura y la cultura popular, Yoko Ono ha contribuido a derribar las categorías tradicionales del arte por medio de videos, performances e instalaciones en las que la interacción del público es parte medular de la obra.

En la retrospectiva que se desarrolla en Corpartes, se aprecia la amplitud de registro de la japonesa y la estrecha relación que su proyecto ha tenido siempre con la ecología, el feminismo y la paz. Cuando partió su carrera, en los 60, sin duda era una adelantada. Ahora es una artista contingente. Mejor, urgente.

Nuestro Ministerio de Salud, por ejemplo, informó recientemente que cada año 24 mil mujeres acuden a urgencias por agresiones. Y nueve mil de estos abusos ocurren dentro del propio hogar. Esta situación no es muy distinta de lo que sucede en otros lugares del planeta. Por eso Yoko Ono invitó a mujeres que hubieran sido víctimas de algún tipo de violencia, a sacarse una foto de sus ojos, escribir un relato y enviárselo con un nombre falso. Este último detalle (falsear la identidad) no hace más que intensificar la sensación de verdad; es decir, de peligro.

A los relatos explícitos de abuso se suman otros menos obvios, de una violencia solapada y, por lo mismo, cotidiana: una mujer se pregunta por qué los hombres no entienden que “no es no”. Otra subraya las diferencias entre un hombre y una mujer que usan shorts en la calle. Ella quiere gritarle al mundo que son, simplemente, para el calor; no una prenda para atraer la atención.

Las fotos y los textos desplegados en esta instalación resultan conmovedores e invitan a mirar la realidad, lo que ocurre todo el tiempo cerca nuestro, de otra manera. Warhol también fue un maestro en eso: observar atentamente el mundo cotidiano y develar su sentido oculto por medio de obras que a ratos parecen cargadas de ironía y, en otras, por el contrario, un homenaje frívolo al dinero, la fama, el poder y el glamour.

En el Centro Cultural La Moneda están desde sus primeros afiches de zapatos hasta su preocupación por la muerte, pasando por las obras que lo volvieron célebre: serigrafías de Mao, Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, e imágenes de las sopas Campbell, de los productos Heinz o del revólver con que le dispararon en su propio estudio, la Factory.

Antes de Warhol, pocos artistas habían puesto tanta atención a los medios de comunicación y la publicidad, que con su bombardeo de imágenes pueden estimular el deseo, pero también volvernos insensibles. Esa es la naturaleza contradictoria de la sociedad de consumo, de la que Warhol fue su más incisivo investigador. Toda su obra invita a preguntarse, hoy más que nunca, cuándo la mercancía se vuelve arte y el arte, mercancía.

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Encrucijada para el desarrollo

YA NADIE pone en duda que los resultados económicos obtenidos por la actual administración han sido absolutamente insatisfactorios. El crecimiento promedio del PIB bordeará el 1,8% en el período 2014-2017, el más pobre desempeño exhibido por un gobierno desde el retorno a la democracia. Ante esta realidad, de parte de las autoridades se advierte un tímido reconocimiento en cuanto a que tal vez se intentó avanzar demasiado rápido en las reformas, a que ciertas políticas pueden adolecer de deficiencias en su diseño e implementación, pero el análisis inexorablemente suele terminar enarbolando la hipótesis de que el problema de fondo de la economía chilena es de carácter estructural, y que tendría como causa última el insuficiente desarrollo que ha habido en la matriz productiva y exportadora de Chile.

El pobre desempeño que se observa en materia de productividad -con la excepción de algunas mejoras en períodos específicos- es un hecho objetivo que tampoco nadie puede desconocer, pero se debe ser cuidadoso con la explicación que se da a este fenómeno. El diagnóstico de los economistas de gobierno y de grupos afines los lleva a postular que para resolver este problema se requiere de una mayor intervención del Estado en la articulación de esfuerzos y en la identificación de sectores con potencial de crecimiento, apoyándolos para subsanar aquellas brechas que dificultan su desarrollo. En esta línea, variados programas han sido implementados desde el Ministerio de Economía y la Corfo.

Otros pensamos que, sin perjuicio de la necesidad de que el Estado contribuya para resolver problemas de coordinación, asimetrías de información y proveyendo ciertos bienes públicos que son necesarios para el desarrollo de estos sectores, el problema de fondo subyacente radica en que las condiciones de entorno para desarrollar nuevas actividades, para invertir en nuevos proyectos y para desarrollar productos y procesos más innovadores, se han deteriorado en forma importante. Si esto no se resuelve adecuadamente, no es mucho lo que se va a ganar destinando recursos y esfuerzo público en esta dirección. Clave para esto es contar con una estructura de mercados competitivos y con bajas barreras a la entrada, donde sea simple iniciar nuevas actividades, pero también se necesita una carga tributaria que no castigue el esfuerzo emprendedor, una legislación laboral flexible y compatible con los desafíos que impone un mundo crecientemente globalizado basado en la economía del conocimiento, y regulaciones específicas que no ahoguen la iniciativa emprendedora. Un mejor entorno, complementado por un apoyo estatal que resuelva elementos de fricción, en forma natural conducirá a una matriz productiva más diversificada. Pero, por sobre todo lo anterior, es fundamental que se reconozca la obtención de ganancias como legítima retribución al capital arriesgado y al esfuerzo emprendedor. Mientras persistan incertidumbres en esta materia, los esfuerzos anteriores no tendrán mayor efecto, y por tanto la ruta al desarrollo seguirá entrampada. A fin de cuentas, la encrucijada que Chile tiene que resolver es si va a confiar en la capacidad creadora de las personas que surge cuando se abren los espacios para el emprendimiento como palanca fundamental del desarrollo, o si va a continuar evolucionando en una dirección en que las decisiones fundamentales las toma el Estado, y donde las personas son solo actores secundarios.

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Reforma a la Educación Superior: gratuidad y control estatal

Recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados la última parte de la reforma educacional de este gobierno: la nueva Ley de Educación Superior. Esta iniciativa, además de realizar profundos –y no por ello necesariamente positivos- cambios institucionales y regulatorios, intenta consagrar la más importante de las promesas de campaña de la presidenta Bachelet, la gratuidad universal en la educación superior, fijando para ello la hoja de ruta que dejará a los futuros gobiernos comprometidos a avanzar en esta política sin tener la posibilidad de focalizar sus esfuerzos en otras materias prioritarias para el país.

Sin poner en duda la necesidad de modernizar nuestra institucionalidad de educación superior, es importante que como sociedad nos preguntemos si estamos dispuestos a amarrar gran parte de los futuros recursos de Chile a la gratuidad de los más ricos o hasta qué punto es conveniente que el Estado intervenga en un ámbito tan esencial para el desarrollo del país y de las personas. ¿Será razonable que el MINEDUC y sus organismos dependientes tengan atribuciones que les permita controlar el crecimiento de la matrícula de las instituciones; fijar los precios de los aranceles, derechos de matrículas y cobros por titulación de las más de 12.000 carreras y programas; determinar cuál es el único modelo de institución permitido; administrar la posibilidad de abrir nuevas carreras y sedes; o definir y administrar el “sistema único de admisión” a la educación superior? Sin duda, el poder del Estado sobre las universidades será total, lo cual refleja algo común de los burócratas: legislar basados en la desconfianza hacia la sociedad civil, las instituciones de educación superior, los estudiantes y sus familias.

Pero tal vez es el nuevo sistema de financiamiento el que con mayor posibilidad pondrá en una situación más complicada a la educación superior chilena. Ya ha demostrado desfinanciar a las universidades que de buena fe optaron por adscribirse a la gratuidad y es esperable que en el futuro ese problema se intensifique. Durante los años en que la gratuidad avanza, se discrimina tajantemente entre estudiantes igual de vulnerables, sin considerar siquiera la calidad de la institución a la que asisten y; una vez alcanzada la gratuidad universal, se pretende que los escasos recursos del Estado se vayan -en parte importante- a financiar los estudios de los más ricos, aun cuando existen una serie de necesidades sociales por satisfacer como la salud, vivienda, primera infancia, pensiones y SENAME, entre otras.

Luego de más de un año de ardua discusión, no es casualidad que esta reforma no haya logrado convencer a los principales actores del sistema, siendo transversalmente criticada por rectores, académicos, estudiantes, centros de estudios, expertos, representantes de la sociedad civil y movimientos, entre otros. Sin embargo, la obsesión del gobierno por sacar adelante esta medida no le ha permitido entender razones. Para destrabar su intensa discusión, el Ejecutivo tuvo que ceder a diversos grupos de interés, realizando acciones que no solucionan los principales vicios de esta reforma. Así, se envió un proyecto para fortalecer a las universidades estatales, dándoles un trato preferencial por sobre las demás casas de estudio; se prometió derogar el Crédito con Aval del Estado (CAE), sin tener claridad sobre el destino de los miles de estudiantes que accedieron a la educación gracias a este instrumento; y se envió un proyecto para terminar con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), sin esgrimirse ningún argumento que no fuera de índole ideológico.

De prosperar el proyecto en el Senado el riesgo es claro: impedir la diversidad de proyectos educativos en la educación superior, como si formar a los profesionales del futuro equivaliera a fabricar un commodity o a seguir una receta redactada por el Ministerio de Educación y alejándonos no sólo de los mejores sistemas educativos del mundo, sino también de lo que el país y la modernidad requieren.

 

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Un niño, todos los niños

Un pequeño paseo por las redes sociales muestra niños felices jugando con la nieve, un fenómeno no visto en años recientes y que tiñe de blanco las verdes áreas de la Zona Oriente y parte del hormigón que adorna algunas del Poniente. El frío desafía hogares medianamente adaptados, en algunos lugares sin electricidad producto de la nevazón, lo que de alguna manera obliga a  vivir lo que cotidianamente sufren miles de compatriotas en campamentos y caletas, quienes carecen de los medios básicos para enfrentar este invierno,  más duro de lo habitual.

Algunos dispositivos, privados y públicos, se activan para adelantar la operación calle y aumentar la intensidad del apoyo. Ellos recorren los lugares en que muchos de nosotros simplemente pasamos indiferentes: comparten un café, un trozo de pan, velan por sus condiciones de salud y viven la emoción del encuentro.

Cifras oficiales señalan que poco más de mil niños forman parte de la población que habita en la  calle, la mayoría de ellos tiene entre 14 y 16 años y cerca de un 60% se concentra en la Región Metropolitana. Muchos forman parte de una  familia que como ellos sobrevive en los márgenes de canales o cerca de un mall, otros han abandonado su casa por distintos tipos de vulneraciones, como maltrato o abuso sexual, algunos están ahí transitoriamente, hasta que el consumo de drogas se transforma en problemático y es difícil volver.

Gran parte ha desertado del colegio y no cuenta con redes protectoras. Para ellos este invierno es una más entre muchas de sus dificultades y preocupaciones de sobrevivencia. El hielo no es más duro que la exclusión social que conocieron tempranamente, la humedad que se apodera de sus colchones arrebata también sus sueños y esperanzas, se sienten invisibles, marginados.  Ya no son los ríos ni las plazas, hoy también circulan en barrios cerca de la “mano” dónde pueden conseguir la pasta, mientras que los narcos los utilizan y explotan de las peores formas.

¿Qué duda nos cabe de que la infancia en Chile es el grupo más vulnerable? Pensemos entonces si aún el sistema de protección ha dado pruebas irrefutables de su incapacidad, ¿qué puede esperar un niño que vive en la calle, incluso al margen de toda red de protección social? El precario sostén en medio de la marginalidad ha sido el apoyo de fundaciones y organizaciones de base que están cotidianamente en la frontera.

La Fundación San Carlos de Maipo impulsó por más de una década un observatorio que visibilizó esta realidad en conjunto a una Red que fue pionera en instalar la presencia de este grupo en la política pública reconociendo su existencia en el censo de calle, sin embargo, se requiere de una acción más decidida por abordar un fenómeno que en magnitudes sociales pareciera ser poco significativo, pero que en sí mismo muestra los límites morales de nuestra sociedad.

El destino de cada uno de esos niños es el destino de todos los niños de nuestro país, del que juega con sus padres haciendo un mono de nieve, como el que se refugia en un rincón oscuro, dónde la lluvia es la menor de sus aflicciones.

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Responsabilidad para recomendar fondos de pensiones

La rentabilidad de los Fondos de Pensiones ha sido notablemente alta en los últimos 12 meses, terminados en junio recién pasado. Los fondos tipo A rindieron un 17,8% y los tipo E un 6,5%, cifras nominales. Esto significa un incremento en el ahorro muy sustantivo, que avala el ahorro y la capitalización como método para mejorar pensiones.

La rentabilidad fue influida positivamente por el mejor desempeño de los instrumentos de renta variable en los mercados de las economías de mayor desarrollo.

La renta variable local también experimentó un aumento significativo en los últimos 12 meses, 18,8% y 14,35% durante el 2017,  mejoría que se expresa en el IPSA. Además, en lo que va de este año la renta fija Chilena arroja una rentabilidad levemente superior al 3%.

Puntualmente, los afiliados con más renta variable, Fondo A, duplicaron la rentabilidad de aquellos que eligieron el Fondo E.

La evidencia refuerza la idea de que no es razonable utilizar los ahorros como instrumento para manifestar adhesión o rechazo contra algo, porque esta conducta, al final, puede conducir a un deterioro injustificado del ahorro para financiar pensiones.

Quienes alientan estas conductas saben  que la autoridad ha dispuesto medidas para que los cambios masivos de fondos eviten el daño a las cuentas individuales de quienes no se cambian de fondo, y con ello se ha protegido la estabilidad del sistema, protegiéndolo en cierta forma de convocatorias rupturistas como las que propició el movimiento No+AFP el año pasado, cuya consecuencia más lamentable ha sido hacer perder la oportunidad de incrementar sus ahorros a quienes se cambiaron de los fondos Tipo A hacia fondos Tipo E

Las voces responsables han reiterado que lo recomendable en la elección de fondos es escoger él o los Multifondos de acuerdo a las características personales de cada afiliado. Esto significa considerar el monto de ahorro personal; los años que faltan para cumplir la edad legal de pensión; la existencia de otras fuentes de recursos para financiar los años de retiro; la tolerancia o aversión a los riesgos de variación del ahorro por alteraciones bruscas en los precios de mercado, etc. Se trata de una decisión de cada afiliado.

Los fondos de pensiones se invierten con una lógica de largo plazo en cuanto a rentabilidad y, en consecuencia, el desempeño debe medirse en un horizonte largo, sin perjuicio que la gestión de inversiones de las AFP vaya alterando las carteras en función de las mejores perspectivas de los instrumentos y de las perspectivas económicas globales.

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La vergonzosa apología a la Reforma Agraria

Hace ya poco más de un año, el Gobierno, a través de su Ministerio de Agricultura, inició una campaña de apología a los 50 años de la Reforma Agraria, la que incluye frases como “Gracias a la Reforma Agraria, los niños y niñas campesinos dejaron de trabajar, pudieron ir a la escuela y comenzaron a usar zapatos”. La campaña, obviamente, no considera la visión de ninguno de los miles de agricultores a los cuales se los despojó prácticamente sin compensación alguna, de sus bienes, su fuente de subsistencia y sus hogares. Tampoco se dice nada de cómo la violencia y los constantes atropellos a los derechos humanos que se produjeron en torno a la Reforma Agraria, fueron los factores que condujeron al derrumbe institucional de nuestro país y de nuestra democracia.

Existen dos mitos que se intenta instalar en torno a la Reforma Agraria. El primero es de carácter económico, y nos dice que gracias a esta política, nuestra agricultura pasó de ser una altamente ineficiente, a ser la agricultura eficiente y moderna que es hoy. Pero la realidad muestra que el destino de nuestra agricultura se decidió en el proceso de apertura económica y comercial que sobrevino inmediatamente después. La Reforma Agraria se vivió de manera similar en todas las zonas del país, sin embargo, la agricultura del norte y del sur obtuvieron desempeños muy distintos. Mientras la zona centro norte del país, con condiciones climáticas muy favorables al sector exportador, experimentó un boom durante las décadas de los ochenta y los noventa, la agricultura de la zona centro sur, dedicada principalmente a la sustitución de importaciones, sufrió una realidad totalmente opuesta, con miles de hectáreas con aptitud agrícola que terminaron plantadas con pinos y eucaliptos, agroindustrias prácticamente desaparecidas y un gran empobrecimiento de sus sectores rurales. Esta dispar realidad se condice perfectamente bien con el término de la condición autárquica en que se encontraba el país y el proceso de apertura comercial, donde siempre hay ganadores y perdedores, industrias que florecen y otras que mueren. Y no puede ser explicada por un proceso que se aplicó de forma uniforme en todo el país.

El segundo mito de la Reforma Agraria tiene una connotación mucho más profunda y señala que con el término del latifundio se eliminó una estructura de dominación social, política económica y cultural que se había mantenido intacta desde la colonia. La verdad, es que el poder político de la oligarquía chilena estaba ya muy disminuido antes de comenzar el proceso de la Reforma Agraria. En 40 años el conservadurismo sólo había logrado ganar dos elecciones presidenciales, el 32 con Arturo Alessandri, quién paradojalmente en su primera presidencia se había encargado de destruir el poder oligárquico representado en la república parlamentaria y el 58 con su hijo Jorge, quién aunque con un espíritu muy acotado fue el iniciador de este proceso.

Además se debe considerar que si bien la propiedad de la tierra en la zona central del país estaba muy ligada a la oligarquía, a la iglesia católica y al partido conservador, la realidad del resto del país, especialmente del Bio-Bio al sur  era diametralmente distinta. La propiedad de la tierra estaba principalmente en manos de descendientes de inmigrantes, fuertemente marcados por una ética protestante, políticamente vinculados al partido radical y con un marcado carácter mesocrático. Esta división cultural se manifiesta hasta hoy en la existencia del Consorcio Agrícola del Sur como contraposición a la santiaguina Sociedad Nacional de Agricultura. Así, ese supuesto poder incontrarrestable  y hegemónico  de la clase latifundista, estaba lejos de existir a esas alturas de nuestra historia.

Lo que realmente le cambió la cara a este país fueron las reformas económicas implementadas a partir de 1973, ya que aunque el PIB agropecuario se quintuplicó desde ese año en adelante, no pudo crecer al mismo ritmo que el resto de la economía, que es lo que siempre ocurre cuando un país se encumbra al desarrollo, transformándolo de agrario, a productor de servicios, proceso al cual le falta aún mucho camino por recorrer, por supuesto.

En realidad fue el crecimiento impulsado por la libertad económica el que permitió que los niños  del campo y de la ciudad, pudieran dejar de trabajar, ir a la escuela y usar zapatos. La misma libertad que se intenta conculcar con ésta, y muchas otras campañas de desinformación realizadas con recursos de todos los chilenos y que incluye un presupuesto millonario a cargo de un líder mirista, haciendo de esta una desvergonzada campaña de apología con una clara orientación ideológica.

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El tercer acto

Aprovechando que se suele hablar de “actores” del sistema educacional, y entendiendo que casi todos los argumentos razonables ya se han dicho, uno podría aprovechar el espacio para hacer una metáfora entre la tramitación del proyecto de educación superior y una obra de teatro, de cariz algo trágico.

El primer acto se representó fuera del escenario del Congreso. Con especial cuidado en la escenografía, la fanfarria y la épica (casi operática), los principales actores, el gobierno, los estudiantes, los diputados, los rectores de las universidades estatales y del CRUCH, declamaron a viva voz grandes ideales. Dijeron ver en el horizonte el umbral de la puerta que los llevaría a la alegría. Esta era la oportunidad de convertir un sistema erosionado y decadente (con 1.2 millones de estudiantes, dos universidades peleando el primer lugar de América Latina y la mejor y más equitativa cobertura de la región) en el motor del desarrollo y la igualdad. El único actor que tenía en sus manos el guion (también llamado “el programa”) era el gobierno, que con un rictus incómodo respondía afirmativamente a cada cosa que se le ocurriera al respetable y a sus colegas en las tablas. Se filtraron minutas que dejaron en claro que esto iba en serio. Gratuidad universal, financiamiento basal, triestamentalidad y desmantelamiento del sector privado. Los críticos, ya motejados de “profetas del caos” por la dramaturga, advirtieron que esta obra ya la habíamos visto y que el final no era prometedor.

El segundo acto se inició en la Cámara de Diputados. El proyecto, al fin dado a conocer después de mucha espera, hizo fruncir el ceño de los ansiosos actores. “Esto no es lo que acordamos” dijeron tras bambalinas. Los rectores de las universidades estatales se sintieron ignorados y postergados, los de las privadas tradicionales, ninguneados y en desventaja. Los estudiantes miraron atónitos cómo un tema hasta ahora secundario, banal y pedestre -los recursos fiscales- se convirtió en una limitación objetiva para el proyecto refundacional. Quienes fueron invitados a comentar, hicieron ver que los problemas eran mayores: la gratuidad universal es una política regresiva, que no mejora el acceso de los estudiantes más vulnerables, limita la autonomía de las instituciones y afecta la diversidad. La fiscalización planteada es excesiva y discrecional, la acreditación, punitiva y sancionatoria. Se ignora la trayectoria del sistema, sus ventajas y se desdibuja la variedad de instituciones, solo para reemplazarla  por un buque factoría: la gran universidad nacional estatal, de cupos y aranceles regulados, conducida por el poder ejecutivo, modelo obligatorio para un sector privado necesariamente marginal. Todo esto, eso sí, se haría realidad el 2070, para ser responsables. Obviamente las más afectadas, las universidades privadas, ni siquiera fueron invitadas.

Ante el evidente problema, la dramaturga optó por parodiar a un maestro, Moliere, y aplicó “la tramitación a palos”. Luego de una indicación sustitutiva en favor de los celosos rectores del CRUCH, pero parte del elenco fundamental, se le dio viabilidad mínima al proyecto y comenzó una vorágine de votaciones e indicaciones muy difícil de seguir. Ni la Comisión de Hacienda se libró. El acto terminó en la sala de la Cámara, con la aprobación de la reforma y el comienzo del segundo trámite constitucional. Lo más notable de la escena fue que la oposición estuvo a punto de apoyar la gratuidad al 60%, demostrando que el teatro del absurdo es un género que siempre se puede revisitar cuando se cuenta con la experticia.

El lugar del tercer acto es el Senado. Con menos tradición circense que el escenario anterior, es de esperar que la comedia acabe y comience el trabajo serio. Varios actores, dado el poco tiempo de función que queda, ya dieron por terminada su participación. Los rectores de las universidades estatales criticaron el proyecto con una radicalidad que no se había visto en esta administración. Acusaron desequilibrio y politización. Los estudiantes y su bancada, sin acceso al escenario del Senado, dieron por cerrada la discusión. El gobierno dio curso a un soliloquio – habló de día histórico- que pocos parecen estar escuchando. El desenlace está pendiente: ojalá se deje de actuar y se vuelva a escuchar.

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Gratuidad universal

EL GOBIERNO de la Nueva Mayoría ha concebido “el programa” como sagrado y por lo mismo, como un compromiso intransable. Aunque los recursos no existan. Aunque la mayoría de los sectores involucrados no quede conforme. Aunque surjan otras prioridades. La tónica ha sido usar la mayoría circunstancial en el Parlamento, para sacar adelante las reformas a como de lugar. Esa es la sensación que queda. Y, al menos en la Cámara de Diputados, el gobierno ha tenido éxito. La aprobación de la gratuidad universal es un triunfo para la Presidenta Bachelet.

El problema es que está por verse si, tal como está saliendo la reforma de su primer trámite legislativo, tendrá las consecuencias que se espera de ella: la educación superior será un derecho social garantizado para todos y todas, con el objetivo de lograr la igualdad que la inspira.

¿Cumplirá la gratuidad universal esa expectativa?

Nadie podría objetar que para el 50% o 60% de estudiantes más vulnerables, la gratuidad es un beneficio enorme. Los quintiles de más bajos ingresos accedían a becas con aranceles de referencia que no cubrían el costo de las carreras y debían endeudarse para cubrir el total. Muchas familias quedarán liberadas de pagar la educación de sus hijos y muchos estudiantes de pagar un crédito posterior a su egreso.

Pero también está el otro lado de la medalla. Hay instituciones de educación superior que se han incorporado a la gratuidad que reciben ingresos menores por los estudiantes con gratuidad y tienen déficit que no saben si van a poder solventar si siguen aumentando los alumnos con gratuidad. En el 2017, al menos 15 instituciones han tenido déficit que, en conjunto, suman $20 mil millones y con el aumento de la gratuidad al 60% será aún mayor. Por este motivo, muchas universidades deciden no incorporarse a ella. Otras, reportan déficit que -como han señalado rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado- les impedirán mantener los estándares de calidad que se han propuesto.

De allí que no esté para nada garantizado el objetivo de la igualdad. Al contrario, las brechas podrían agrandarse. Si el sistema no incluye a todas las instituciones a la gratuidad, seguirán existiendo instituciones para los más ricos e instituciones para los más pobres. Con el agravante de que las que la asuman puedan deteriorar su calidad y que, quienes no lo hagan, pierdan alumnos de los quintiles más pobres. O sea, la segregación podría llegar a ser mayor.

Por último, ¿qué sentido tiene dejar comprometida la gratuidad universal para los próximos decenios? Vale comentar que el costo de la gratuidad en el 2017 es de US$ 1.200 millones para 44 instituciones. El aumento al 60% puede ir entre US$ 200 millones sin aumentar instituciones y US$327 millones más si entran nuevas instituciones.

Por lo tanto, se trata de una reforma que tiene un enorme costo. Lo sensato será evaluar los efectos de su implementación antes de comprometer lo que puede ser una ilusión cara e injusta con otras necesidades urgentes del país.

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Manifestaciones sociales

LAS MANIFESTACIONES sociales, sobre todo las que logran repletar las calles de las ciudades más grandes del país, pueden generar la percepción de que el ya tradicional desinterés en la política estaría retrocediendo. No obstante, esta observación no sería más que una mera percepción. De acuerdo a cifras del Informe de la Encuesta CEP 2016, publicado recientemente por el Centro de Estudios Públicos, un 17 por ciento de los chilenos declaró haber asistido a una marcha o manifestación en el último año o en el pasado distante el año 2015, dos puntos porcentuales más que en 2005. No hay variación estadística entre ambos años. Es decir, uno de cada seis chilenos ha participado en marchas, fracción que no ha variado en la última década, a pesar de que la frecuencia de las mismas ha crecido en el mismo lapso.

Tampoco se observa un cambio en su composición. Tanto en 2005 como en 2015, quienes más asistieron a las marchas eran principalmente personas entre 18 y 34 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1 y C2.

Si junto al sexto de los chilenos que participa en las manifestaciones, consideramos que, de acuerdo al mismo Informe, entre 2005 y 2016, las personas que declararon tener nada de interés en la política pasaron de ser un 39 a un 48 por ciento -con fluctuaciones que, en algunos casos, llegaron a 62 por ciento en 2008-, y que el porcentaje de la población que realizó actividades cotidianas vinculadas a la política con frecuencia y que no requieren mayor compromiso, como mirar programas políticos en televisión, conversar en familia o con amigos sobre política y leer noticias sobre el tema no superó el 10 por ciento en más de 20 años, se puede apreciar claramente que el desinterés no ha retrocedido.

Por otra parte, a menudo se percibe la existencia de las manifestaciones como un signo de inestabilidad y crisis del sistema político, precisamente por el contenido crítico que justifica la marcha. Sin embargo, los estudios muestran que las personas que adhieren más a los valores de la democracia son aquellas cuya probabilidad de participar en marchas es mayor. Bajo esa perspectiva, las marchas pueden ser señal de un robustecimiento de la democracia, en vez de la existencia de una crisis. De hecho, de acuerdo a la académica de Harvard, Pippa Norris, se observan fuertes protestas y marchas en países con extensa experiencia democrática porque es ahí donde existen derechos de asociación y reunión bien establecidos. Un ejemplo pueden ser las violentas manifestaciones ocurridas en Hamburgo por motivo de la reunión del G-20 la semana pasada.

En suma, las marchas no son más masivas que antes. Todavía se trata de un grupo pequeño relativo al tamaño del conjunto que no está interesado en la política y que no sigue este tema en los medios de comunicación ni en su vida cotidiana. Tampoco ha variado mayormente la composición sociodemográfica de los manifestantes tras una década que ha sido testigo de un incremento de la cantidad de marchas. A pesar de las críticas a la institucionalidad vigente presentes en las manifestaciones, la existencia de éstas es signo de una democracia más robusta.

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¿A quién le importan los niños?

EN CHILE existen 92.601 niños y adolescentes bajo la protección del Estado, 8.326 de los cuales viven en residencias, 7.307 de ellos en centros administrados por las llamadas OCAS (Organismos Colaboradores de Sename) y el resto en 10 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) en todo el país. En un Cread, el tristemente célebre Galvarino, murió la niña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril 2016, sumándose a la luctuosa cifra de 1.313 muertos del Sename en los últimos 10 años.

Lissette está muerta. Las señales de alerta que, en 2013 levantó el Poder Judicial, a través del informe de la jueza de familia Mónica Jeldres y la Unicef ese año, no lograron salvarla. Tampoco el que elaboró la Comisión de la Cámara de Diputados, llamado Sename I, que se dio a conocer cuando ella aún vivía, y menos el conocido como Sename II, que fue rechazado por el Parlamento.

¿Cómo el Estado chileno y la sociedad en su conjunto hemos permitido que nuestra infancia más vulnerable viva en esta indefensión? ¿Quién es el responsable? Aunque suene poco popular decirlo, la respuesta no es únicamente el Sename. Sostener eso, sería simplista. El Sename, como ha dicho nuestro director social Paulo Egenau, es el síntoma, no la enfermedad. Estas situaciones dramáticas, penosas, injustas, son consecuencia de una institucionalidad precaria, de un organismo anticuado, de la inexistencia de una ley que garantice los derechos de la infancia y de un presupuesto miserable que está lejos de cubrir las necesidades de protección y reparación de niños y adolescentes.

Es urgente la aprobación de la ley de garantía de derechos de los niños, que cree un sistema de protección integral. Si tuviéramos ese marco jurídico, este tipo de situaciones no sucedería, porque el Estado estaría obligado a responder por los derechos humanos vulnerados, no solo de los niños declarados en protección por los Tribunales de Familia, sino de aquellos que están desescolarizados o institucionalizados de manera injustificada.

Es indispensable que las residencias de protección y los programas preventivos cuenten con servicios profesionales, serios, multisectoriales, inteligentemente coordinados, basados en evidencia internacional probada. Y para esos estándares y exigencias se necesita financiamiento, el que hoy está lejos de cubrir lo mínimo. El informe Sename II dice: “En promedio, la subvención (para los Organismos Colaboradores de Sename) adolece de un déficit de 40 por ciento en relación con lo que gastan los hogares.

Todos los hogares de las instituciones colaboradoras operan en forma deficitaria en relación con los recursos económicos que entrega el Sename”. En efecto, una subvención promedio de 260 mil por niño para una residencia, es absolutamente insuficiente para un costo promedio real por niño de 660 mil pesos.

En el Hogar de Cristo hemos estado trabajando desde hace más de un año con 46 especialistas en una propuesta técnica de residencias para niños profundamente vulnerados en sus derechos. Es un trabajo que daremos a conocer en detalle en octubre y que esperamos poner en práctica en 2018 en dos proyectos de residencias piloto. Son 90 las recomendaciones concretas, precisas, en base a la evidencia internacional, coincidentes con algunas de las que detallaba el Informe Sename II, ese que fue rechazado por nuestros diputados.

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