Jorge Zepeda Patterson's Blog, page 22

El Guantánamo del PRI

A punto de salir a España hace tres días, una pariente insiste en convencerme de modificar mi destino alarmada por el primer brote de ébola en la península Ibérica; me quito de encima su preocupación asegurándole que utilizaré tapabocas con la constancia de un japonés y sostendré la respiración indefinidamente cuando escuché cualquier cosa que asemeje a un estornudo. Pero cuando llego a Barcelona nadie me habla del ébola ni percibo a los desaprensivos transeúntes acechando con pavor las mucosidades del vecino. Lo que sí sucede es que tan pronto advierten mi acento todos me preguntan por las matanzas “generalizadas” de indígenas y maestros que padece el pueblo mexicano, como sí yo mismo hubiese escapado por las justas a alguna de ellas. Son incapaces de pronunciar Tlatlaya y casi ninguno recuerda el nombre de Iguala, pero todos saben que soldados y policías ejecutaron a sangre fría a indígenas y estudiantes del magisterio inermes y sometidos.

Un mes antes durante otro viaje, el tema de sobremesa con el turista mexicano de paso por Madrid habían sido las reformas que intentaba el gobierno de Peña Nieto y la supuesta prosperidad que eso acarrearía. Yo sentí que a ojos de los europeos pasé del país de pujanza modernizadora e imparable de praderas de miel y bienaventuranza a la tierra de las matanzas oscuras y malignas se seres y entidades dignos del Apocalipsis Now del Marlon Brandon más oscuro. De ese tamaño, me parece, ha sido el descalabro que los recientes escándalos han provocado en la imagen internacional en la gestión de Peña Nieto.

El gobierno mismo no fue capaz de darse cuenta de la repercusión que el hecho tendría en la opinión pública mundial. La primera reacción de la autoridad federal se caracterizó por el desdén seguido de la negación. El presidente del país atribuyó la desaparición de estudiantes normalistas a la negligencia del gobernador de Guerrero, perteneciente a otro partido político, como si la simple acusación no sólo eliminara de toda responsabilidad al gobierno federal sino además le generara dividendos políticos al afectar a sus rivales. Hoy se ha dado cuenta de que el escándalo internacional puede llevarse entre las patas toda la imagen de mandatario modernizador que su gobierno había logrado instalar en los centros de poder de las metrópolis. Hace unos días el propio ministro de Hacienda, Luis Videgaray, debió aceptar que las tragedias podrían afectar la confianza del inversionista extranjero y, por ende, la recuperación económica.

Ha llegado el momento de entender que hay límites a la esquizofrenia con la que un país puede operar. El México de los pobres, el 50% sumergido en la economía informal y que opera con otras leyes que no son las de los tribunales, ese que subyace bajo el enorme océano oculto de aguas turbulentas y salvajes, no puede coexistir indefinidamente con la tersa calma del paisaje paradisiaco que el Paseo de la Reforma se empeña en mostrarnos.

El gobierno ordenará investigaciones sobre los sucedido y con toda probabilidad ofrecerá a la opinión pública responsables reales o presuntos de las matanzas perpetradas. Tras de ello reanudará el intenso lobby en las metrópolis para convencer al mundo de las maravillas que nos esperan.

El problema es que al mundo cada vez le resulta más difícil olvidar la última de las ignominia y pretender, como lo hacen nuestras autoridades, que aquí no ha pasado nada. Ya era difícil de tragar que cien mil muertos hubieran desaparecido en la guerra en contra del narco sin juicios ni tribunales de por medio. Sin embargo, las ejecuciones sumarias de ciudadanos a manos de autoridades en Tlatlaya y en Iguala constituyen abominaciones de otra magnitud: crímenes de lesa humanidad. De esas que no se borran en la dimensión ética inasible pero inexorable de la conciencia internacional.

Un llamada de atención para México, para los mexicanos, para su gobierno de que las transformaciones necesarias no pasan por un mero “lifting” de rostro. La podredumbre de los cimientos es de tal magnitud que no hay remodelación de fachadas que valga.

La obra reformadora del gobierno actual seguramente tendrá efectos longevos en la economía y la política mexicanas, pero el gobierno priista corre el riesgo de que para la comunidad internacional las ominosas matanzas se conviertan en el Guantánamo del regreso priísta. Peor aún, corremos el riesgo de que el contraste ominoso y vergonzante entre las paredes recién pintadas y la estructura podrida termine por generar no uno sino varios guantánamos en los que reta del sexenio. Iguala y Tlatlaya espantan por lo que revelan, pero también por lo que anuncian.

Publicada en El País

@jorgezepedap

Comentario:

Crímenes de vileza humanidad

La dura reacción internacional a lo que parece una matanza de estudiantes en Iguala ha tomado por sorpresa al gobierno federal. Manifestaciones públicas en Europa y Estados Unidos, severos e implacables reclamos de la prensa mundial y comunicados de la ONU y organismos internacionales atónicos frente a un crimen multitudinario inadmisible, han puesto a México en la misma tesitura con la que se juzga a alguna dictadura africana. El escándalo mundial ha puesto en entredicho la imagen modernizadora que Peña Nieto había venido construyendo en el ámbito mundial.

En un primer momento muchos mexicanos, incluso, tomaron la noticia como uno más de los hechos de sangre a los que nos tiene acostumbrados la larga guerra en contra del crimen organizado. Luego de cien mil muertos y noticias frecuentes sobre fosas comunes o docenas de degollados, la opinión pública del país ha perdido sensibilidad frente a estos hechos. Pero lo de Iguala y antes lo de Tlatlaya constituyen una nueva cota, y apenas comenzamos a darnos cuenta.

Se trata de ajusticiamiento a sangre fría realizados por autoridades en contra de docenas de civiles desarmados y sometidos. El primer caso, Tlatlaya, involucra a soldados y el segundo, Iguala, a policías municipales. Todavía recordamos el escándalo que provocó el exterminio de la aldea vietnamita My Lai por parte de soldados estadounidenses hace más de cuarenta años. El hecho provocó libros y películas, y dejó una profunda cicatriz en la conciencia de Norteamérica. Lo que ha pasado en Guerrero y en el Estado de México no es menor. Aunque nos resistamos a creerlo.

Peña Nieto mismo lo subestimó en una primera instancia. Creyó que con echar la culpa al gobernador de Guerrero podía desembarazarse del tema e incluso ganar políticamente al atribuir la factura a la oposición. No se dio cuenta que para la opinión pública internacional el responsable de este salvajismo es el Estado, no un gobernador de provincias. Casi dos semanas más tarde el gobierno federal comienza a reaccionar y darse cuenta de la profunda lesión que deja este desaguisado.

El jueves publiqué en el diario El País una reflexión sobre lo que considero es la causa de fondo de estas matanzas. Allí sostuve que lo que hemos vivido es parte del residuo tóxico de la guerra sucia y clandestina conducida por el Estado mexicano en los últimos ocho años. El gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto decidieron emprender una batalla implacable en contra del crimen organizado, al margen de la legalidad. Miles de muertos sin que existan los procesos judiciales correspondientes dan cuenta de un enfoque más cercano al exterminio que a la aplicación del derecho y la justicia.

Una y otra vez el gobierno anterior permitió todo tipo de excesos y violaciones a Genaro García Luna, su zar antidrogas. El fin justificaba cualquier medio: los narcos no tenían estatuto de combatientes de un ejército rival ni eran delincuentes civiles; simplemente constituían una escoria que debía ser eliminada. Los cuerpos policiacos y castrenses asumieron que en esta guerra no había límite y todo les estaba permitido. A razón de 50 ejecuciones por día, jornada tras jornada, los integrantes de la ley pronto entendieron que nunca habría un fiscal detrás de ellos para examinar o castigar sus excesos.

La crueldad y la violencia de la batalla hicieron el resto. Los códigos de la mafia terminaron por dominar a todos los bandos: a un dedo roto se responde con la mutilación de un brazo; una ejecución desencadena media docena de degollados; la muerte de un cuadro apreciado se castiga con el asesinato de la familia del rival. Nuestras fuerzas de seguridad han conducido durante demasiado tiempo una lucha salvaje y sin códigos en contra de la población civil.

Desde luego, no todos los militares ni todos los policías del país están podridos irremediablemente. Han muchos casos de heroísmo y congruencia en elementos aislados y me constan algunos de ellos. Hay también verdaderos profesionales, pese a todo. Enrique Francisco Galindo, comisionado general de la policía federal es un estudioso de la materia, con estudios de posgrado en criminalística y lavado de dinero, por ejemplo (es también el precandidato más firme a la gubernatura en San Luis Potosí). Y desde luego no es el único; pero son garbanzos de a libra.

El gobierno mexicano tendrá que hacer una reconsideración drástica en la manera en que se ha conducido esta guerra sucia, sin leyes ni códigos. La única salida es la implantación del estado de derecho, el retiro del ejército de tareas policiacas, y la creación de cuerpos de seguridad y justicia verdaderamente profesionales. De otra forma, soldados y policías continuarán provocando crímenes de lesa humanidad (definidos como aquellos que ofenden a la humanidad en su conjunto) que el Occidente creía haber dejado atrás para siempre.

Publicada en Sinembargo.mx y una quincena de diarios

@jorgezepedap

www.jorgezepeda.net

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Crímenes de vileza humanidad

La dura reacción internacional a lo que parece una matanza de estudiantes en Iguala ha tomado por sorpresa al gobierno federal. Manifestaciones públicas en Europa y Estados Unidos, severos e implacables reclamos de la prensa mundial y comunicados de la ONU y organismos internacionales atónicos frente a un crimen multitudinario inadmisible, han puesto a México en la misma tesitura con la que se juzga a alguna dictadura africana. El escándalo mundial ha puesto en entredicho la imagen modernizadora que Peña Nieto había venido construyendo en el ámbito mundial.

En un primer momento muchos mexicanos, incluso, tomaron la noticia como uno más de los hechos de sangre a los que nos tiene acostumbrados la larga guerra en contra del crimen organizado. Luego de cien mil muertos y noticias frecuentes sobre fosas comunes o docenas de degollados, la opinión pública del país ha perdido sensibilidad frente a estos hechos. Pero lo de Iguala y antes lo de Tlatlaya constituyen una nueva cota, y apenas comenzamos a darnos cuenta.

Se trata de ajusticiamiento a sangre fría realizados por autoridades en contra de docenas de civiles desarmados y sometidos. El primer caso, Tlatlaya, involucra a soldados y el segundo, Iguala, a policías municipales. Todavía recordamos el escándalo que provocó el exterminio de la aldea vietnamita My Lai por parte de soldados estadounidenses hace más de cuarenta años. El hecho provocó libros y películas, y dejó una profunda cicatriz en la conciencia de Norteamérica. Lo que ha pasado en Guerrero y en el Estado de México no es menor. Aunque nos resistamos a creerlo.

Peña Nieto mismo lo subestimó en una primera instancia. Creyó que con echar la culpa al gobernador de Guerrero podía desembarazarse del tema e incluso ganar políticamente al atribuir la factura a la oposición. No se dio cuenta que para la opinión pública internacional el responsable de este salvajismo es el Estado, no un gobernador de provincias. Casi dos semanas más tarde el gobierno federal comienza a reaccionar y darse cuenta de la profunda lesión que deja este desaguisado.

El jueves publiqué en el diario El País una reflexión sobre lo que considero es la causa de fondo de estas matanzas. Allí sostuve que lo que hemos vivido es parte del residuo tóxico de la guerra sucia y clandestina conducida por el Estado mexicano en los últimos ocho años. El gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto decidieron emprender una batalla implacable en contra del crimen organizado, al margen de la legalidad. Miles de muertos sin que existan los procesos judiciales correspondientes dan cuenta de un enfoque más cercano al exterminio que a la aplicación del derecho y la justicia.

Una y otra vez el gobierno anterior permitió todo tipo de excesos y violaciones a Genaro García Luna, su zar antidrogas. El fin justificaba cualquier medio: los narcos no tenían estatuto de combatientes de un ejército rival ni eran delincuentes civiles; simplemente constituían una escoria que debía ser eliminada. Los cuerpos policiacos y castrenses asumieron que en esta guerra no había límite y todo les estaba permitido. A razón de 50 ejecuciones por día, jornada tras jornada, los integrantes de la ley pronto entendieron que nunca habría un fiscal detrás de ellos para examinar o castigar sus excesos.

La crueldad y la violencia de la batalla hicieron el resto. Los códigos de la mafia terminaron por dominar a todos los bandos: a un dedo roto se responde con la mutilación de un brazo; una ejecución desencadena media docena de degollados; la muerte de un cuadro apreciado se castiga con el asesinato de la familia del rival. Nuestras fuerzas de seguridad han conducido durante demasiado tiempo una lucha salvaje y sin códigos en contra de la población civil.

Desde luego, no todos los militares ni todos los policías del país están podridos irremediablemente. Han muchos casos de heroísmo y congruencia en elementos aislados y me constan algunos de ellos. Hay también verdaderos profesionales, pese a todo. Enrique Francisco Galindo, comisionado general de la policía federal es un estudioso de la materia, con estudios de posgrado en criminalística y lavado de dinero, por ejemplo (es también el precandidato más firme a la gubernatura en San Luis Potosí). Y desde luego no es el único; pero son garbanzos de a libra.

El gobierno mexicano tendrá que hacer una reconsideración drástica en la manera en que se ha conducido esta guerra sucia, sin leyes ni códigos. La única salida es la implantación del estado de derecho, el retiro del ejército de tareas policiacas, y la creación de cuerpos de seguridad y justicia verdaderamente profesionales. De otra forma, soldados y policías continuarán provocando crímenes de lesa humanidad (definidos como aquellos que ofenden a la humanidad en su conjunto) que el Occidente creía haber dejado atrás para siempre.

Publicada en Sinembargo.mx y una quincena de diarios

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El verdugo está en casa

Espanta el nivel de deshumanización que requieren ocho soldados para asesinar a sangre fría a una veintena de jóvenes en Tlatlaya, y para que policías municipales capturen, maten y calcinen a 43 estudiantes en Iguala (hasta ahora se han encontrado 28 cadáveres en espera de ser identificados, pero ya hay una confesión de por medio).

El horror dantesco que provocan estas recientes masacres en el Estado de México y en Guerrero tienen en común que han sido perpetradas por autoridades. En ninguno de los dos casos estamos hablando de una represión sangrienta provocada al calor de una manifestación que se sale de control. No son policías agredidos que a una bomba molotov o una roca responden con una bala. Se trata de ejecuciones sumarias contra víctimas desarmadas y sometidas.

Los resortes de crueldad y bestialidad que entrañan matanzas de esta naturaleza hacen pensar, toda proporción guardada, en el salvajismo de las ejecuciones serbias en Kosovo, de tutsis y hutus en Ruanda o en las cámaras de gases nazis en los campos de concentración. No en la escala obviamente; los casos citados involucran a miles de víctimas y constituyen genocidios en toda la línea. Pero sí en las pulsiones emocionales y psicológicas por las que pasa un verdugo para prestarse a una ejecución multitudinaria.

Peor aún, en Ruanda, en la Alemania nazi o en la guerra en los Balcanes había un componente de odio étnico que de alguna manera llevaba al ejecutor genocida a “justificar” su salvajismo: se trata de un acto de identidad con los suyos y en contra de los otros, de aquellos que pertenecen a una raza distinta, “despreciable y amenazante”.

En las matanzas de Tlatlaya e Iguala de las últimas semanas, en cambio, no tenemos la posibilidad de echar mano de pretextos étnicos para intentar explicar lo inexplicable: ¿por qué un ser humano se vuelve en contra de su vecino y es capaz de tal atrocidad? Los policías de Iguala asesinaron a muchachos de la región que podían ser sus hijos o los de sus amigos. Los soldados que fusilaron a pobladores de Tlatlaya pertenecen, igual que sus víctimas, a la carne de cañón de la guerra en contra del Narco. Los fusilados eran moradores locales atrapados en los negocios de los cárteles de la droga, dedicados al trasiego de poca monta y a desempeñarse como mano de obra en los laboratorios clandestinos.

La deshumanización que hay detrás de estos actos es, a mi juicio, el residuo tóxico de la guerra sucia y clandestina conducida por el Estado mexicano en los últimos ocho años. En el camino terminó pervirtiendo a sus propias fuerzas de seguridad. El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y ahora el de Peña Nieto decidieron emprender una batalla implacable en contra del crimen organizado, al margen de la legalidad. Cien mil muertos sin que existan los procesos judiciales correspondientes dan cuenta de un enfoque más cercano al exterminio que a la aplicación del derecho y la justicia.

Una y otra vez el gobierno anterior permitió todo tipo de excesos y violaciones a Genaro García Luna, su zar antidrogas. El fin justificaba cualquier medio: los narcos no tenían estatuto de combatientes de un ejército rival ni eran delincuentes civiles; simplemente constituían una escoria que debía ser eliminada. Los cuerpos policiacos y castrenses asumieron que en esta guerra no había límite y todo les estaba permitido. A razón de 50 ejecuciones por día, jornada tras jornada, los integrantes de la ley pronto entendieron que nunca habría un fiscal detrás de ellos para examinar o castigar sus excesos.

La crueldad y la violencia de la batalla hicieron el resto. Los códigos de la mafia terminaron por dominar a todos los bandos: a un dedo roto se responde con la mutilación de un brazo; una ejecución desencadena media docena de degollados; la muerte de un cuadro apreciado se castiga con el asesinato de la familia del rival.

Nuestras fuerzas de seguridad han conducido durante demasiado tiempo una lucha salvaje y sin códigos en contra de la población civil. No es posible tener una policía pulcra de día y una policía salvaje de noche; el Sr. Hyde termina por devorar al Dr. Jekyll. En el camino han dejado de ser hombres de la ley para convertirse en combatientes de una guerra absurda y en ocasiones sin bandos definidos. La policía de Iguala obedeció órdenes de autoridades que están en la nómina de los narcos. Y no es la corrupción la que sorprende, sino la disposición de los policías para cometer un acto que a sus ojos dejó de ser abominable.

Algo tenemos que hacer diferente. Cambiar leyes sobre las drogas, sin duda. Y más importante, someter al escrutinio de la ley a aquellos que en teoría están allí para aplicarla. De no ser así, la autoridad se convierte en un peligro para los ciudadanos.

Publicado en El País

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Osorio Chón y El Chicharito Hernández

Después de sus comparecencias ante los indignados alumnos del Politécnico, uno se pregunta de Osorio Chón lo mismo que de Chicharito Hernández tras meter dos goles espectaculares con el Real Madrid: ¿de veras serán así de buenos?

No, no tanto tendríamos que responder. El Chicharito anota dos goles espectaculares y en el siguiente partido falla un tiro a bocajarro de manera incomprensible para un jugador que compite en la Champions. No, el Chicharito no es malo, pero tampoco es un Karim Benzema, digamos.

Lo del secretario de Gobernación es más complicado, porque hay muchos factores en juego. Por lo pronto ya anotó en dos partidos seguidos. El viernes pasado salió de nuevo a la calle de Bucareli para una reunión multitudinaria con los estudiantes, en esta ocasión para dar a conocer la respuesta del gobierno federal a su pliego petitorio. El talante aperturista que mostró días antes el funcionario volvió a relucir, pese a la irritación pronta de los manifestantes. Empapado con la lluvia pertinaz y pese a los ocasionales abucheos, Osorio llevó a buen término la reunión. Básicamente porque cedió en todos los puntos.

La opinión pública ha recibido con beneplácito que el gobierno federal haya vencido toda tentación autoritaria para responder al conflicto. Lo del Politécnico no era (no es) cosa menor. Bien pudo escalar en un 2 de octubre de hace 46 años. Nos hemos acostumbrado a que las manifestaciones constituyen expresiones simbólicas, sin mayor efecto desestabilizador que la congestión de las calles del centro de la ciudad. Sin embargo, el descontento popular, los niveles de pobreza y desigualdad y los cada vez más frecuentes exabruptos violentos de barrios y comunidades (linchamientos, quema de patrullas), muestran que México es una pradera reseca en riesgo de incendio. Lo del Politécnico es una reivindicación de decenas de miles y que muy fácil puede vincular a los estudiantes de universidades públicas de todo el país, incómodos por la manera en que se ha desplomado la calidad de la educación superior.

Así que salvar la emergencia inmediata no es poca cosa. Osorio hizo lo que ningún titular o político de alto rango había hecho en muchos años: salir a la calle a enfrentar a una multitud indignada. Los círculos cercanos a Osorio están eufóricos porque ven en su actuación un signo inequívoco de que es el precandidato natural y obvio para la sucesión presidencial. Y en efecto, en el panorama actual en el que sólo existen dos secretarios de estado (Gobernación y Hacienda) porque los demás están desdibujados, Osorio Chón parecería haber tomado una clara delantera.

No obstante, tampoco Osorio es Benzema, por así decirlo. Para empezar nada en su gestión como gobernador de Hidalgo el sexenio pasado permite definirlo como un hombre de Estado o de talante democrático. Si bien no ha sido afecto a la represión, se le considera un funcionario de mano firme. Durante su gestión no impulsó aperturas ni favoreció a las causas populares; más bien se mostró como un político hábil, que como gobernador utilizó todo tipo de recursos para imponerse a las poderosas corrientes hidalguenses rivales. Así que su desempeño frente a los estudiantes y la disposición para ceder ante el pliego petitorio no dejan de sorprender.

Por otro lado, no toda la opinión pública está feliz. Algunos de sus colegas, Los Pinos mismos, están preocupados por el precedente que la actitud de Osorio podría provocar. A partir de ahora toda manifestación multitudinaria pretenderá que el titular impugnado salga a la calle. Algunos consideran que esto será un incentivo adicional entre los grupos inconformes para recurrir a marchas provocadoras para conseguir apuntalar sus demandas.

Y, desde luego, los más incómodos son algunos de sus colegas de gabinete. No me imaginó a varios de ellos en mangas de camisa enfrentando a una concentración enardecida. Ellos tampoco. Por no hablar de aquellos que resentirán que Osorio comience a tomar una ventaja tan temprana en el tema de la sucesión. Podemos anticipar que en los próximos meses el secretario de Gobernación será objeto del fuego amigo soterrado.

Por lo demás, tampoco está claro en que terminará el asunto del Politécnico. La respuesta favorable a los estudiantes deja en estos el diseño del futuro inmediato de la institución. Habrá que ver si la autoridad es consecuente con este planteamiento. Y más importante, habrá que ver si el gobierno, y en particular su secretario de gobernación, son consecuentes con este incidente aparentemente democrático; un rasgo que el PRI no había mostrado en su regreso al poder.

Publicado en una quincena de diarios y en Sinembargo.mx

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CNDH Ombudsman de los políticos

Tenemos un problema cuando el ejército está más dispuesto a revisar las violaciones de los soldados a los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que ha sucedido con el caso de Tlatlaya revela hasta que punto la CNDH es un instrumento diseñado para bloquear, por la vía de la negación o la burocratización los excesos del Estado en contra de los ciudadanos.

Repasemos brevemente lo que sucedió en Tlatlaya. El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes (21 hombres y una mujer menor de edad) en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Dos meses más tarde, Julia (quien pidió mantener su verdadero nombre en secreto por temor a represalias) un testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dijo que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Las autoridades negaron la versión de esta mujer, pero el sentido común parecía respaldarla. El hecho de que todos los delincuentes hubieran muerto en el enfrentamiento (sin que ninguno quedara herido) y que ningún soldado hubiese salido lastimado, sugería en efecto una ejecución sumaria. Los balazos exclusivamente en pecho y espalda en la gran mayoría de los cadáveres y la sangre en las paredes constituyen rasgos inequívocos de un fusilamiento.

La primera reacción de la Sedena fue negar el hecho, pero organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación críticos evidenciaron la necesidad de una investigación. De inmediato el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, explicó que habría un informe para fines de octubre pero salió en defensa de la autoridad anticipando que la versión del ejército podía ser correcta, pese a toda la evidencia en su contra. Como tantas otras veces en el pasado, Plascencia operaba como Ombudsman de la clase política, no de los ciudadanos.

Finalmente fue necesario que organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaran el hecho y pusieran en duda la versión oficial para que, finalmente, hace unos días la Sedena pusiera bajo arresto a ocho elementos que participaron en la matanza.

Nunca como ahora quedó en evidencia la necesidad de un cambio radical en la CNDH. No es posible que sean las organizaciones internacionales las que en última instancia obliguen a las autoridades a responder por sus excesos. Sobre todo porque cada año nos gastamos 1,400 millones de pesos en una institución que, se supone, tendría que cumplir tales funciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nació a principios de los años noventa, dentro de la ola fundacional de instituciones protodemocráticas, resultado de la presión de la opinión pública. Un IFE ciudadano, comités reguladores, fiscalías especiales.

Al correr del tiempo buena parte de este incipiente tejido institucional ha sido reabsorbido por el poder. El IFE es controlado por los partidos, y la mayor parte de los organismos autónomos son castrados mediante el simple expediente de colocar a un titular dócil o, de plano, cómplice de la autoridad.

Tal es el caso de Plascencia, un hombre del sistema y para el sistema. Bajo su tutela la CNDH se ha convertido mucho más en un obstáculo que en un recurso a favor de los derechos humanos. Ahora intenta que el Senado lo reelija por otros cinco años. A menos que los ciudadanos lo impidamos.

Publicado en Sinembargo.mx una quincena de diarios

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La crucifixión delas ONGs

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) suelen producir urticaria a los políticos por muchas razones. Les resultan incómodas, entrometidas, críticas y difícilmente controlables. En suma, son intervenciones de la sociedad civil que atentan contra el monopolio sobre los asuntos públicos que desean ejercer los grupos en el poder. No es casual que los gobiernos autoritarios conduzcan poco menos que una guerra constantes contra la actividad de estas asociaciones. Vladimir Putin prohibió en 2005 que las ONGs rusas recibieran fondos internacionales en su intento por acotar a los activistas de derechos humanos y a los grupos a favor prácticas democráticas. En agosto de este año el gobierno acusó a Madres de Soldados de San Petersburgo de constituir un agente extranjero: es un grupo que busca información sobre los soldados rusos que han sido muertos o lesionados en Ucrania. En Venezuela son conocidos los esfuerzos de Chávez y de Maduro a lo largo de los años para sacar de la arena pública todas las ONGs que no sean las suyas.

En México la hostilidad en contra de las organizaciones no afiliadas al sistema ha ido en aumento. En algunas regiones de la peor manera: mediante el simple expediente de asesinar activistas, amedrentar empleados y saquear oficinas de las pocas asociaciones civiles que trabajan a favor de los derechos humanos. Luego del asesinato de quince balazos de Sandra Luz Hernández, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en Sinaloa, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) publico una lista de 35 mujeres activistas asesinadas o desparecidas en los dos años anteriores.

Mucho más sutil pero igualmente dañina resulta la “agresión” económica que se ejerce en contra de las finanzas de las ONGs en México. En los últimos años ha disminuido la asignación de fondos públicos a las asociaciones civiles que operan en México en materia de salud. El Estado escamotea recursos a orfanatos, centros de salud para sectores marginales, casas de protección a mujeres golpeadas y una infinidad de organizaciones filantrópicas destinadas a llenar vacíos en la cobertura oficial.

Además del recorte de recursos públicos, o el uso de los mismos con criterios político electorales, la agresión en contra de las ONGs es de carácter fiscal. Hacienda ha convertido en una vía poco menos que intransitable los trámites exigidos a una organización para poder recibir donaciones deducibles de impuestos. Esto provoca la asfixia de las ONGs, pues les imposibilita el acceso al financiamiento de los particulares.

El caso del Centro de Atención a Víctimas de Cancún, CIAM, fundado por Lydia Cacho, es ilustrativo de esta agresión velada. Cerró luego de diez años de acoger y apoyar a miles de mujeres y niños afectados por la violencia de género. El CIAM se convirtió en una institución clave en Cancún. La ausencia de redes familiares en un puerto turístico cuya población ha llegado de otras partes del país, convirtió a este centro en una institución clave en la comunidad. Mujeres violentadas y sus hijos, carentes de apoyos de hermanos o padres, podían refugiarse durante meses en el CIAM y recibir apoyo psicológico, jurídico y facilidades para reinsertarse en la vida económica y hacerse autosuficientes. Cientos de vidas fueron salvadas de ese modo, miles de niños tuvieron la posibilidad de convertirse en adultos diferentes y romper el cruel círculo de la violencia transmitida de generación en generación. Incapaz de poder financiar su operación, el CIAM tuvo que cerrar sus puertas hace dos años.

Como el CIAM, cientos de ONGs están a punto de colapsarse a todo lo largo del territorio nacional. El tema es preocupante porque muchas de estas organizaciones son incapaces de continuar con actividades que solían subsanar las ausencias y vacíos del Estado en materia social. Ya no digamos aquellas que trabajan a contrapelo de la política oficial en materia de ecología, derechos humanos, prácticas democráticas, transparencia y rendición de cuentas.

Se han fortalecido los programas institucionales, canalizados a través de la burocracia, y desalentado todo gasto que no esté directamente controlado por el aparato político. En un esfuerzo por monopolizar esta agenda, el gobierno ha buscado fundar instituciones propias para atender temas urgentes de derechos civiles, como las oficinas y fiscalías especiales (de defensa contra agresiones a la mujer, ataques a periodistas, programas para discapacitados, etc.). Por lo general se convierten en cascarones vacíos, sin recursos jurídicos ni voluntad política real para ejercer sus tareas.

El gobierno difícilmente podrá encarar los problemas estructurales que aquejan al país sin una participación decidida de la sociedad civil. Hace tiempo que la globalización y la complejidad social y económica quitaron al Estado el monopolio del poder. Las agresiones abiertas y veladas en contra de las ONGS constituyen una cruzada absurda y, en última instancia, inútil aunque muy dañina.

Publicado en El País

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Nuevos Barones de la TV

Parecería que conseguir un canal de televisión es como hacerse de un título nobiliario. Todos saben que no va a ser un buen negocio pero muchos aspiran a tenerlo por razones de prestigio. Bueno, y por otras razones, algunas de ellas inconfesables.

Lo que está claro es que el mercado publicitario que recurre a la televisión abierta se reduce año trás año. Internet, la publicidad en la calle y en los móviles, la promoción directa y la multitud de medios de difusión hacen que la caja chica haya perdido el carácter casi monopólico que llegó a tener en el pasado. A la televisión tradicional le está pasando lo que a los periódicos un lustro antes: las nuevas generaciones ya no la sintonizan como solían hacerlo. Quitarle a Televisa y a TvAzteca una tajada jugosa del pastel será prácticamente imposible para los nuevos competidores, entre otras razones porque ese pastel se ha empequeñecido y seguirá haciéndolo.

En otras palabras, se da por descontado que la inversión para hacerse de una de las dos nuevas cadenas de televisión será más alta que los beneficios que puedan ofrecer las audiencias o el mercado. No va a ser negocio. Punto.

La pregunta, entonces, es ¿por qué hay tantos tiradores interesados en entrarle “a un mal negocio”. La respuesta, de nuevo, remite al título nobiliario: ser Barón de un medio de comunicación tiene otros beneficios.

El ejemplo de los periódicos es interesante. En la Ciudad de México, sólo El Universal, Reforma y La Jornada constituyen empresas estrictamente “periodiqueras”. Es decir, el principal negocio de sus propietarios es el diario mismo (cualquiera sea la forma de propiedad). Los restantes proyectos editoriales son en realidad parte de un proyecto empresarial mas vasto y constituyen apenas una esquina de los intereses del grupo. Son diarios que ni siquiera tienen que ser rentables, pues son sostenidos por el resto del corporativo. Unos lo hacen con mayor elegancia, otros sin ninguna, pero con frecuencia estos proyectos informativos y de comunicación están destinados a proteger los intereses del imperio económico al que pertenecen.

Con las nuevas cadenas de televisión parece ocurrir el mismo caso. Basta ver la lista de interesados que se ha manejado en diversos círculos allegados al tema de las telecomunicaciones: Germán Larrea (líder de la compañía minera Grupo México, tan cuestionado recientemente por los derrames de alto impacto ecológico en Sonora). Roberto Alcántara (vinculado al grupo Atlacomulco al que pertenece Peña Nieto, líder de empresas como VivaAerobús, Ómnibus de México, accionista importante de grupo PRISA en España y dueño la de la empresa que recibió la concepción del nuevo IAVE). Familia Maccise, (propietarios del Grupo Mac, con periódicos en el Estado de México e inversiones en Reporte Índigo; por su cercanía a Peña Nieto, se le considera una apuesta más cercana al poder político). Olegario Vázquez Aldir (hijo de Olegario Vázquez Raña cabeza del grupo de Hospitales Ángeles, hoteles Camino Real y otros, equipo de futbol Gallos Blanco, intereses en banca, propietario actual de Excélsior). Mario Vázquez Raña (hermano del anterior, aunque distanciados, propietario de los diarios El Sol en OEM, empresario mueblero y directivo sempiterno de comités olímpicos). Francisco Aguirre (Grupo Radio Centro). Manuel Arroyo (de Seguritech, proveedora de equipos de vigilancia, y comprador en 2002 del diario El Financiero). Y desde luego, Carlos Slim, por vía de algunos empresarios cercanos a él.

Ricardo Salinas Pliego ha señalado en más de una ocasión que la diferencia entre él y Emilio Azcárraga es que este último asume que la televisión es un negocio en sí mismo, mientras que el de TvAzteca entiende que la televisión es un negocio que sirve para hacer otros negocios. Me temo que la mayoría de los aspirantes a quedarse con alguna de las dos nuevas cadenas militan, en la segunda de estas corrientes. Es decir, aquella que usará la señal para defender a sus propios intereses.

Esas no son buenas noticias para el público. En el mejor de los casos simplemente habrá una cobertura sesgada para promover la imagen en la arena pública de imperios económicos. En el peor de los casos, la agenda es aún más perniciosa: utilizar el medio como un ariete para golpear actores políticos y sociales que pretendan acotar o cuestionar sus excesos. Basta recordar lo que Televisa hizo con Santiago Creel cuando este, como senador, intentó acotar la Ley Televisa, o el desprestigio infame que le endilgaron a Saba, el empresario farmacéutico, cuando quiso aliarse a empresas internacionales para presionar por una nueva cadena nacional.

La presencia de dos candidatos tan cercanos a Enrique Peña Nieto, la familia Maccise y Roberto Alcántara, tampoco es una buena señal, pues podría esconder un simple manotazo político.

En resumen, me temo que con proyectos empresariales de esta naturaleza las dos cadenas adicionales planteadas para romper el duopolio, lejos de ofrecer una alternativa nos van a dar lo mismo, pero más barato. Mala cosa.

Publicado en Sinembargo y once periódicos

@jorgezepedap

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Niño abusado, adulto abusador

Recuerdo a María, una indígena brutalmente golpeada que llegó a un refugió para personas víctimas de abuso familiar, y a su hijo Juan de once años edad y grandes ojos, o así lo parecían por el terror que se había instalado en su mirada. Poco a poco, a medida que se fueron relajando madre e hijo pudieron descansar de su victimario. Hasta que un día Juan comenzó a agredir a María. Primero con insultos, luego a golpes. La reacción del niño parecía absurda luego de haber sufrido en carne propia las lesiones de la violencia de su padre. Pero justamente los abusos recibidos se convirtieron para él en una terrible lección hasta transformarse en una conducta aprendida.

La violencia y los abusos en contra de los menores de edad no sólo es inadmisible por una razón ética y de justicia elemental, al tratarse de seres humanos vulnerables; es también doblemente terrible porque esos abusos reproducen y perpetúan la violencia contra las generaciones futuras. Un niño abusado y violentado tiene enormes posibilidades de convertirse en un adulto abusador y violento.

Recientemente el ejecutivo de la República envió un proyecto de ley para la defensa del menor. Un propósito necesario porque México, junto con Chile, es el único de los países de la región que carece de un sistema integral nacional de defensa a favor del menor. Las leyes vigentes en nuestro país han quedado obsoletas hace tiempo con respecto al referente internacional que constituye la Convención sobre los Derechos del Niño, una declaración que ha sido firmada por la mayor parte de los países del orbe. El problema es que no todos los firmantes acatan ya no digamos las normas sino el espíritu de esa declaración de principios.

Redim, la Red por los derechos de la Infancia en México, desarrolló una metodología para comparar las leyes vigentes en materia de protección a menores en nuestro país, que data del año 2000, con los lineamientos de la Convención. El índice que va del 0 al 10, en el cual el 10 representa una concordancia absoluta con los criterios internacionales, deja a México con un miserable 3.2

En otras palabras, buena parte de los derechos humanos imputables a la condición de infantes no son reconocidos por nuestras leyes. El tema es importante porque, como la propia Redem lo señala, el reconocimiento es la primera etapa, ya que sin reconocimiento, los derechos no pueden ser respetados ni tutelados. El respeto es fundamental para dar efectividad a los derechos y consiste en la abstención del Estado de interferir directamente con el ejercicio legítimo de un derecho. La protección consiste en prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos por parte de particulares y proveer remedios efectivos. La obligación de realización consiste en tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras para cumplir con los derechos. De esta manera, los derechos humanos orientan y limitan la acción del Estado, imponiendo deberes y estableciendo objetivos a cumplir.

Frente a este panorama la buena noticia es que viene un proyecto de ley para actualizar la legislación sobre la infancia. La mala noticia es, según los especialistas, que el proyecto que ha enviado Los Pinos no es mejor de lo que hoy en día existe. Según la propia metodología de la Redem, en la comparación con los criterios de la Convención internacional sobre el tema, la propuesta de ley ronda apenas 3.0. Es decir, menos aún que lo que ahora tenemos. Si bien el proyecto incorpora algunos conceptos más modernos sobre los derechos de los niños, se trata más bien de florituras verbales que de realidades efectivas.

Entiendo que los aspectos jurídicos, pedagógicos, psicológicos, de salud pública y éticos sobre la infancia son cada vez más un asunto de especialistas. Compete a la opinión pública, toda vez que se trata del futuro de nuestros hijos, pero lo que haya de establecerse tendrá que abrevar en el trabajo de muchos miembros de la comunidad que estudian y laboran en estos temas. No es mi caso. Pero sí es urgente que la propuesta que está haciendo el gobierno sea desmenuzada, corregida e incluso sustituida si fuese necesario. Lo importante es abrir el debate público y convertirlo en un asunto que atañe a todos. En otras palabras, nuestros hijos son demasiado importantes para que su futuro dependa de lo que decida la clase política. ¿No cree usted?

Publicado en quince diarios.

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El otro exilio español

España se ha convertido en el segundo país con mayor inversión en América Latina después de Estados Unidos. En temas como construcción, turismo y banca incluso, puede llegar a ser el primero. Para algunos consorcios ibéricos el sueño americano ha constituido la puerta de salvación luego de la atonía experimentada por la economía española en los últimos años. Y desde luego, el impacto es recíproco. Para muchos países latinoamericanos el efecto del capital, la tecnología y la logística peninsulares ha sido tan importante como el aporte intelectual y cultural que representó en los años treintas y cuarentas el exilio español.

Sin embargo este desembarco español no ha estado exento de roces e incomprensiones. Experiencias como la despiadada industria turística instalada en la Rivera Maya, en México, deja la sensación que las prácticas empresariales evocan a los conquistadores que casi quinientos años antes despojaban a los nativos de su propia tierra en nombre del rey y de la Iglesia. Ciertamente los grupos inmobiliarios y turísticos españoles no han sido respetuosos ni siquiera en su propio país, como lo demuestran los desfalcos, la especulación y la destrucción de recursos naturales en Las Canarias y en la Costa del Sol. Pero queda la impresión que incluso aquellos límites que les impone la legislación europea, el gobierno español o las autoridades locales en su país pueden ignorarlo alegremente en las condiciones laxas que consiguen obtener en el nuevo continente. Las historias de corrupción en el caribe mexicano de parte de hoteleros españoles, que son capaces de construir sobre manglares o construir edificios por encima de la norma gracias a las generosas “comisiones” a políticos envilecidos, forma parte ya del anecdotario local.

Durante años la banca española fincada en México operó con márgenes de beneficios escandalosos para criterios europeos, gracias a la flexibilidad de la supervisión bancaria mexicana. Los reportes de las matrices de las instituciones financieras españoles declaraban a sus accionistas año con año que las remesas de utilidades enviadas desde América habían podido compensar las pérdidas en la metrópoli. Las motivaciones de Cristina Kirchner para apropiarse de las acciones de Repsol en Argentina pudieron ser eminentemente políticas, pero las argumentó con el pretexto de la escasa reinversión que el consorcio español efectuaba en su país.

Esta semana se anunció la renuncia Jesús Ramírez Stabros, un cercano funcionario del presidente Enrique Peña Nieto, quien fungía como director de vinculación en Los Pinos mientras ocupaba un cargo como miembro del consejo de administración de la empresa Ibadrola México, filial del gigante consorcio español especializado en producción y distribución de energía. Días antes el político potosino había solicitado un dictamen jurídico a la propia oficina presidencial para demostrar que la doble tarea no generaba un conflicto de intereses. A la postre debió renunciar a ambas.

Con el anuncio de los enormes proyectos que el gobierno mexicano se ha propuesto emprender en los próximos años y con la apertura del sector energético, los españoles se convierten por razones culturales e idiomáticos en los aliados empresariales naturales. Los trenes de alta velocidad, la construcción de un ambicioso aeropuerto, ampliaciones de carreteras, desarrollo del Metro capitalino, etcétera, son obras que han atraído la atención de los mayores consorcios ibéricos de la construcción y de la energía. El propio grupo cercano a Peña Nieto no ha ocultado la comodidad que siente al operar con directivos y accionistas españoles a diferencia de la desconfianza natural que inspiran los usos y costumbres de la cultura de negocios anglosajona o de Europa del Norte, ya no digamos la oriental.

Me parece que es una oportunidad para comenzar a hacer las cosas de manera diferente. En los últimos años nos hemos enterado en México de varios casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno gracias a los procesos de auditoría interna de algunas empresas norteamericanas. Es el caso de Banamex, que pertenece a Citigroup, o el de Oceanografía que efectuó pagos aparentemente ilícitos a Pemex para la obtención de contratos y licitaciones amañadas. No sucede lo mismo con las empresas españolas. Nos queda la impresión de que lejos de introducir los códigos éticos o las normas institucionales con los que operan en España, algunas empresas ibéricas trabajan en América Latina con la actitud permisiva de encontrarse en una especie de viejo oeste, de expoliación salvaje. En suma, de aquél que puede hacer en otro lado lo que no le es permitido hacer en casa.

La relación de América Latina y de España es simbiótica por razones culturales e históricas. Más aun, hoy en día se encuentra en marcha un desembarco de capitales latinoamericanos en la propia península ibérica, un fenómeno que seguirá creciendo en los próximos años. Una y otra región constituirán zonas de reserva recíproca para apoyarse en situaciones de crisis y para expandirse en momentos de bonanza. Pero tenemos que comenzar a vernos como socios históricos de largo plazo, y cuidarnos como tales. Hasta ahora no ha sucedido. Ya es tiempo.

Publicado en El País

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