Jorge Zepeda Patterson's Blog, page 20

Dos toneladas sin respuesta

La pregunta es simple, las consecuencias desmesuradas: ¿por qué razón los sicarios de un cártel de tercer nivel se tomarían las enormes molestias que supone cremar 43 cuerpos? Durante años nos hemos acostumbrado a que los narcotraficantes dejen los restos de sus víctimas a un lado del camino o, en algunos casos, sepultados en fosas comunes en el monte. Incinerar casi medio centenar de personas, envolver los restos en bolsas y trasladarlos a la cuenca de un río supone tomarse molestias desacostumbradas y una estrategia más digna de un programa de CSI que del rudimentario presidente municipal corrupto de Iguala, a quien se atribuye la autoría intelectual de la tragedia.

Desde principios de diciembre científicos de la UNAM señalaron la imposibilidad física de que los cuerpos hubieran sido cremados en el basurero de Cocula, como han sostenido las autoridades. A lo largo de esta semana precisaron su reclamo: se habrían necesitado hornos crematorios como los que tienen algunas instalaciones públicas. Los académicos exigen se investigue la actividad reciente de los crematorios del ejército en la región. El señalamiento se respalda con los mensajes de un par de los estudiantes antes de que fueran despojados de sus teléfonos celulares.

Los científicos argumentan que sería imposible ocultar los residuos de los combustibles y materiales necesarios para convertir en cenizas los restos óseos de tantas víctimas en un lugar abierto. Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. “Para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, expone el estudio encabezado por Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. Además, la cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda, lo cual no fue percibido por los vecinos de la región (declaraciones del científico al periódico La Jornada y al diario digital Sin embargo.mx).

Lo cual nos regresa a la pregunta incómoda: ¿quién tiene los medios físicos y, más importante aún, las razones para esfumar 43 cuerpos de los jóvenes estudiantes en materia de horas mientras eran buscados por sus familiares? Más de 90 personas han sido detenidas pero ninguna ha confesado haberse encontrado presente durante la incineración. Entre más conocemos a los integrantes del cártel Guerreros Unidos, supuestos responsables de la matanza, miramos con más escepticismo la tesis oficial. Y no porque a los esbirros en cuestión les falte salvajismo para perpetrar una brutalidad de esta magnitud. Por el contrario, justamente porque les sobra salvajismo resulta difícil atribuirles las habilidades para convertirse en prestidigitadores capaces de esfumar medio centenar de personas y mantener el silencio durante meses sobre la manera en que llevaron a cabo semejante proeza.

El ejército ha emitido en un escueto mensaje en respuesta al documento de los científicos de la UNAM. Asegura no contar con crematorios en la región, aunque omite cualquier mención a la posibilidad de que se investigue los consumos de gas entre el 26 y el 28 de septiembre en hospitales y otras instalaciones militares de la zona, como había solicitado el estudio de los forenses: “Se requieren 53 kilógramos de gas para cremar un cuerpo”, habían dicho los físicos universitarios; es decir más de dos toneladas para eliminar los rastros de 43 personas. Activistas, familiares e investigadores universitarios han solicitado a la PGR que se abra una línea de indagación sobre los militares.

Los analistas políticos o la opinión pública carece de elementos concretos para dar por buena cualquiera de las hipótesis. Pero también es cierto que ninguna puede descartarse, incluyendo la del ejército. Dos meses antes los militares asesinaron en Tlatlaya a 22 personas sometidas, luego de una operación en contra de drogas. Están documentados los intentos de las autoridades civiles del estado de México para ocultar la responsabilidad del ejército, incluyendo las declaraciones exculpatorias por parte del gobernador Erubiel Ávila, las tortura de testigos y la reserva legal de 12 años para impedir el acceso a la información de esa tragedia. Es decir, la maquinaria del gobierno mexicano a tope para impedir que se ventile un crimen de Estado.

El caso de Ayotzinapa sería aun más grave toda vez que las víctimas son participantes de una manifestación política disidente. Las implicaciones nacionales e internacionales de un escándalo de esta magnitud podrían ser incalculables. No hay evidencias concretas de la responsabilidad del ejército, hasta ahora, pero tampoco satisface a nadie las versiones oficiales sobre la culpabilidad del crimen organizado.

El gobierno de Peña Nieto tendría que ser el más interesado en investigar y dilucidar si algún estamento vinculado al Estado mexicano tiene una responsabilidad concreta. De lo contrario las consecuencias podrían ser aún peores. Por desgracia hasta ahora la actitud evasiva, si no es que cómplice, se asemeja más a la del gobierno serbio tras los crímenes de sus generales en la guerra de los Balcanes. Si el ejército es inocente, urge mostrarlo. Y si no, urge purgarlo, antes de que el escándalo se lleve entre las patas lo que queda del actual sexenio.

Publicada en El País

@jorgezepedap

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La flor y el estiércol

El principal saldo favorable en 2014, si no es que el único, son las expresiones de los muchos ciudadanos que han salido a la calle para protestar por la desaparición de los estudiantes de Iguala y por el estado de cosas en materia de corrupción e impunidad.

Parecería muy poco comparado con el alud de malas noticias y las perspectivas sombrías con las que termina el año. La economía no pinta nada bien con un precio del petróleo desplomado, lo cual que generará un boquete en las finanzas públicas. Y con un peso a la baja frente al dólar es previsible que la inflación se dispare y flagele aún más la deprimida economía popular.

En materia política las cosas no van mejor. Tras dos años de ejercicio del poder por parte de Enrique Peña Nieto está claro que las expectativas que algunos hubieran generado sobre el supuesto oficio de los priistas están poco menos que sepultadas. En todo caso, es evidente que la experiencia acumulada por el grupo Atlacomulco ha servido de poco a la hora de afrontar al México tan diverso y plural de nuestros días. El “manual del usuario” que construyeron durante décadas resulta obsoleto para conducir la nave. Los botones y palancas que solían usar ya no producen el mismo efecto. Las redes sociales y una prensa indócil, particularmente digital, despedazan una y otra vez los intentos presidenciales de vender la imagen de un país que sólo existe entre la élite.

El resto del entramado institucional político tampoco es halagüeño. La oposición está hecha trizas. El PAN aún no sale del shock que deja el balance de su pésima gestión del poder durante doce años. Como el de un individuo que se sacó la lotería y un año después, de regreso a la indigencia, se pregunta cómo y cuándo fue que dilapidó su fortuna. Y por desgracia todo lo que ha hecho desde entonces no ha hecho sino aumentar su desprestigio. Un escándalo tras otro y una disputa malsana entre sus filas no son precisamente la mejor manera de enderezar el camino.

La izquierda luce igualmente desafinada a la hora de cantar las rancheras. El desgajamiento de Morena profundiza la pulverización que ya padecía con el viejo divisionismo de las tribus. El clima de enfrentamiento entre ambas corrientes, cada una de las cuales convierte a la otra en su peor enemigo, profundizará el deterioro de imagen de las opciones lectorales progresistas. Peor aún, por vez primera incluso la gestión de la izquierda en el gobierno del Distrito Federal comienza a ser cuestionada, pese a las muchas evidencia de un desempeño más aceptable que el de cualquiera de las entidades federativas, y muy en particular la del Edomex. Las obvias responsabilidades del PRD en los gobiernos estatal y municipal en la tragedia de Iguala dejan un amargo sabor de boca a los simpatizantes de la izquierda.

En suma, se trata de un año de un balance deplorable en muchos sentidos. Y no obstante, en medio de este estercolero ha brotado una flor inesperada: la reacción de los ciudadanos. Y no es poca cosa. Durante años la violencia reiterada parecía habernos adormecido a la sociedad en una apatía paralizante en asuntos de la vida pública. Las sucesivas noticias de la violencia atroz con que solemos amanecer día tras día habían anestesiado a la opinión pública.

Y no obstante, la desaparición de los 43 estudiantes constituye un crimen tan absurdo, gratuito y salvaje que la tragedia terminó por conmover a la opinión pública como no había sucedido en décadas. Y esa es la mejor noticia del 2014 a la que podríamos aspirar. No insistiré aquí en el argumento muchas veces expresado de que sólo la participación de los ciudadanos puede mejorar la cosa pública para que deje de ser la “cosa nostra” de la clase política.

Desde luego que las marchas de tantos mexicanos en distintas ciudades en las últimas semanas no necesariamente desembocará en un cambio inmediato. Podrían haberlo provocado si la clase política no hubiera sentido tan cercana la tregua que representan las vacaciones de fin de año. Siguen apostando a que en el 2015 los ciudadanos habrán olvidado la tragedia, resumirán sus asuntos particulares y observarán como meros espectadores la escena pública. Quizá, lo veremos, pero no estoy tan seguro.

Primero, porque indignarse, salir a la calle y estar dispuesto a participar, es una especie de músculo que se fortalece con el ejercicio. Las jornadas vividas durante este otoño dejan una memoria inmediata a la cual echar mano en los meses por venir.

Segundo, no veo cómo los políticos puedan impedir los escándalos de sus residencias mal habidas y, mucho me temo, las tragedias colectivas como las de Tlatlaya o Iguala con tantos demonios como los que andan sueltos. Es decir, combustible para encender la indignación habrá en abundancia. Dependerá de todos nosotros de que el otoño agitado que acabamos de vivir fructifique en la posibilidad de una primavera democrática algún día.

Publicada en Sinembargo.mx y quince diarios regionales.

@jorgezepedap

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No es un asunto de salchichas

Para los que dirigen la vida pública la democracia no es más que una manera eficiente de lograr el consenso a los acuerdos que toman en lo oscurito. La fe en las virtudes de la opacidad es la verdadera religión de los políticos. Durante décadas los periodistas hemos hecho acuciosas descripciones de las votaciones importante en las cámaras como si en verdad fuera allí donde se está decidiendo el destino de todos. En nuestro fuero interno sabemos que la mayoría de las veces las discusiones acaloradas y las votaciones apretadas constituyen una puesta en escena de algo que se decidió en una charla de sobremesa entre media docena de líderes unos días antes. Con el tiempo nos hemos acostumbrado al hecho de que en política, como en la magia, lo importante no es lo que sucede a la vista de todos, sino aquello que tiene lugar tras bambalinas, por fuera de los reflectores.

Si son honrados, que los hay, prefieren la opacidad simplemente porque las decisiones entre pocos se toman de manera rápida y expedita, y sin necesidad de explicar al público las componendas que todo acuerdo supone. En esencia la política es el arte de reconciliar las diferencias. O como dijo el multicitado Otto von Bismarck, “con las leyes pasa lo que con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.

Pero mucho me temo que las razones que llevaron al PRI a rechazar el proyecto de ley de transparencia y anticorrupción esta misma semana tiene poco que ver con las salchichas. No es por un prurito práctico o para evitar un desgaste innecesario que el gobierno mexicano se niega a la rendición de cuentas y al escrutinio público. El problema no es la manera en que se hacen los embutidos sino el origen inadmisible y nauseabundo de la carne que los rellena; el problema es la naturaleza inconfesable de aquello que esconden.

El proyecto de ley que congelaron ahondaba en el sistema de concesiones públicas y era mucho mas estricto en los temas relacionados con el conflicto de intereses, como el que ha sacudido recientemente a la opinión publica en torno a las mansiones adquiridas por miembros del círculo cercano a Peña Nieto. En ese sentido, es una ley que podría exhumar infinidad de escándalos tan pronto fuese aprobada.

Por otra parte, las implicaciones políticas de la transparencia también comprometerían parte de la maquinaria electoral que soporta al PRI. Prácticamente invalidaría el uso político electoral de los sindicatos, pues obligaba, entre otras cosas, a entregar una relación detallada de los recursos públicos que reciban, económicos o en especie, y un informe puntual del destino final de todos los ingresos. Obligaba también a transparentar la vida de los partidos y del uso discrecional de recursos ente los propios legisladores. Posibilitaría también intervenir de manera más rigurosa en la finanzas de los gobiernos estatales, fuente oscura de financiamiento de la base territorial de los partidos.

A pesar de que fue el propio presidente Peña Nieto, como parte de su plan de 10 puntos para combatir la corrupción y la inseguridad quien se comprometió a lanzar el Sistema Nacional Anticorrupción a golpe de leyes capaces de ventilar la vida publica, ha sido su partido el que paró en seco la aprobación de dichas leyes.

Todo indica que contra sus propias intenciones reformadoras para responder a la indignación popular, el cálculo de los priistas les ha convencido que no pueden permitirse la transparencia. En la valoración de daños asumieron que les resulta más barato afrontar el costo de ser acusados de opacos y manipuladores (nada que no se supiese) a arriesgarse a destapar un escándalo de corrupción tras otro.

En las últimas semanas Obama, Clinton, The Economist, The NewYork Times, y todos cuantos han abordado la crisis de credibilidad en México han sugerido al gobierno que transite a la transparencia y a la rendición de cuentas de manera expedita e impostergable.

Lo sabemos todos, lo saben ellos. El estado de derecho es lo único que podría rescatar a México. Pero el fin de la impunidad es también el principio del fin de un sistema al que esta clase política debe su existencia y su reproducción. Lo que sucedió esta semana en la cámara es una muestra de que el priismo no tiene ninguna gana de suicidarse.

@jorgezepedap

Publicado en El País

@jorgezepedap

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Plan A: Lupe Reyes

El verdadera plan A del gobierno de Peña Nieto para enfrentar la crisis es esperar a que llegue la Navidad. Olvídense de los 10 puntos en contra la inseguridad pública o volver a intentar un “todos somos Ayotzinapa” por parte del Presidente, y mucho menos un “ya supérenlo”. Todas esas intentonas para calmar el descontento popular sólo consiguieron que la indignación se convirtiera en rabia. Así que no, el gobierno ya decidió que lo mejor es hacer chitón y nadar de muertito en espera de que el limbo de Lupe Reyes (12 de diciembre a 7 de enero) se lleve el descontento a golpe de posadas, vacaciones y villancicos. Apostar al olvido es siempre el primer gesto de todo aquél que no tiene los recursos morales o la inteligencia para reparar los agravios ocasionados.

Seguramente algo de esta estrategia tendrá éxito. Es probable que a partir de la próxima semana las marchas pierdan su carácter multitudinario y que la convocatoria misma comience a espaciarse. Los festejos navideños tienen una agenda propia entre rutinas familiares decembrinas y la necesidad de evadir y reparar las pesadillas que cada uno enfrenta a lo largo del año.

El problema con esa estrategia es que sólo compra tiempo. Una campana que permite al boxeador noqueado levantarse momentáneamente de la lona para arrastrarse a su esquina a detener las hemorragias. Pero no hay en Peña Nieto una estrategia que vaya a cambiar la golpiza a partir del siguiente round, cuando el descanso termine. La caída del petróleo hace un boquete a las finanzas públicas y a la cotización del peso, lo que impedirá al gobierno aligerar las obligaciones fiscales del contribuyente, como pedían empresarios y clases medias. Más aún, todo indica que los precios tan bajos del petróleo se mantendrán durante un rato, lo cual hace incosteable las inversiones en la exploración en aguas profundas; inversiones que Hacienda esperaba en los próximos meses para reactivar la economía.

Es decir, no hay un plan para comenzar a atacar las causas que han provocado el descontento. Pocos mexicanos creen que son genuinos los golpes de pecho del gobierno sobre el tema de corrupción, desigualdad o seguridad pública. Todas estas son agendas que requieren una remodelación profunda de la plataforma sobre la cual se edifica el PRI y las élites que lo acompañan. Y en efecto, es poco o nada lo que el ejecutivo puede hacer, maniatado como está por los poderes fácticos.

Lo anterior significa que no sólo no se resolverán las causas de la indignación de la calle, sino que estamos expuestos a que en cualquier momento se abran nuevas cuarteaduras. Esta semana fue la casa de descanso de Luis Videgaray, ministro de Hacienda, negociada en condiciones favorables con la constructora de Juan Armando Hinojosa Cantú, concesionario de obras multimillonarias en los gobiernos de Peña Nieto (en Edomex y en Los Pinos). Es el empresario involucrado en la operación de la “casa blanca” de Angélica Rivera. No hay ninguna garantía de que en las próximas semanas no sigan surgiendo otros casos relacionados al patrimonio de miembros del primer círculo de gobierno. Parecería que allá donde se levanta una esquina de la alfombra hay una fortuna o una propiedad difícil de justificar. Si tal fuera el caso, el gobierno de Peña Nieto estaría condenado a ir dando tumbos, entre un escándalo y otro. Y es que la clase política vive hoy lo peor de dos mundos: mantiene prácticas del pasado en materia de tráfico de influencias y apropiación del patrimonio, pero en un contexto en el que las redes sociales, los escasos medios críticos pero con mucha influencia y la atención de la prensa internacional deja en evidencia una y otra vez.

La otra fuente de preocupación para el gobierno son los estallidos de inseguridad que surgen de manera cada vez más frecuentes a lo largo del territorio y hacen que se hable de México como un país con un Estado fallido. Desde luego no lo es, pero tras cada Tlatlaya o Ayotzinapa esa es la conseja que recorre a los circuitos financieros y políticos del llamado “primer mundo”. El gobierno no puede impedir que cada tantos meses surjan tragedias como la de Iguala que hacen trizas la confianza que Peña Nieto intenta inspirar.

Apostar a nadar de muertito es una pésima estrategia porque el gobierno, la imagen del país, las posibilidades de inversión, etc., quedan totalmente vulnerables frente a cualquier manotazo de los muchos demonios sueltos. Estamos expuestos a que la ocurrencia de un cabecilla salvaje, de los tantos mini cárteles que pululan en el territorio, tire por los suelos la narrativa que el gobierno se afana en construir.

Encomendarse a Lucha Reyes le servirá por el momento. Algo así como 26 días. El problema es que a Peña Nieto le sobran los otros 339 días.

@jorgezepedap

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Quedarse corto

“Nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido” dijo a este diario Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de Los Pinos, brazo derecho del presidente Peña Nieto. Lo repitió días después ante micrófonos en un par de espacios noticiosos. Obviamente se refiere a la crisis que ha desatado la tragedia de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, síntoma de la violencia desbordada que sacude a México.

Se agradece la confesión de Nuño. No es usual la autocrítica en materia de estrategia; los que gobiernan suelen ser bastante ingeniosos a la hora de buscar en otros las razones para una crisis. Y si bien a Peña Nieto y a su equipo no puede achacárseles el cáncer que infectó al paciente, una metástasis que avanzó a lo largo de décadas, sí son responsables de la terapia que se ha seguido para combatirlo en los últimos dos años. O mejor dicho, la ausencia de dicha terapia.

La semana pasada en este mismo espacio recurríamos a la metáfora de un tren sobre vías podridas. El gobierno de Peña Nieto asumió que las reformas económicas serían la locomotora que sacaría al país del túnel y a eso dedicó su esfuerzo los dos primeros años de gobierno. No hacía falta abocarse al espinoso tema de la inseguridad o la corrupción, pues se asumió que de alguna forma el crecimiento económico y la modernización irradiarían al resto de la sociedad. El esquema falló porque , en efecto, no dimensionaron que con las vías podridas no habría locomotora que pudiera sacar al tren del atolladero. Ahora añadiría que la locomotora hace buen rato que también esta afectada por la podredumbre de la corrupción. Alrededor de 60% de los mexicanos que trabajan lo hacen en la economía informal: un indicador poderoso de que el aparato productivo, es decir la locomotora, opera en buena medida al margen de la legalidad.

La declaración de Nuño se agradece, insisto, pero deja dos resquemores. Primero, si no se estarán quedando cortos de nuevo. Las medidas anunciadas, los diez famosos puntos presentados por Peña Nieto hace unos días no dejaron satisfecho a nadie. Ofrecen la misma confianza que un mecánico dirigiéndose a las vías podridas con un tarro de grasa para resolverlo. Sí, se quedaron cortos antes, y se han quedado cortos de nuevo.

El segundo es aún más grave. Muchos sospechamos que la tendencia a minimizar el problema de la ausencia del estado de derecho va más allá de un asunto de percepción. No es sólo que equivoquen el impacto de las medidas como si fuesen un arquero que simplemente debe corregir el ángulo para llegar a la distancia buscada. Comienzo a preguntarme si las dificultades de percepción obedecen en realidad a un problema de concepción. A una especie de miopía biográfica que hace que las experiencias distantes resulten borrosas. No pueden calcular la distancia simplemente porque no la conciben, no entra en su horizonte de visibilidad.

Enrique Peña Nieto, Arturo Nuño Mayer (egresado de Oxford, con apenas 37 años de edad) y los que les rodean pertenecen desde hace varias generaciones a la porción de la sociedad que camina sobre pastos verdes y suelo aplanado, ajeno a los dos tercios que se afanan en el subsuelo, embarrados de hollín y lodo, en el que la sobrevivencia exige ignorar o evitar la leyes, la mayoría de las cuales les son hostiles o nocivas.

“No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”, dijo Nuño y argumentó en la necesidad de profundizar las reformas. Es decir, otra vez, el énfasis en la locomotora.

El problema es que no hay una reforma de fondo para combatir la corrupción o la impunidad. Es decir, las vías podridas. Tampoco se ve la voluntad política. Se advierten “gestos” cada que el asunto de la inseguridad o los escándalos de corrupción saltan a los diarios internacionales. Luego del movimiento #Yosoy132, Peña Nieto prometió como presidente electo un Consejo Nacional Anticorrupción, como parte de un plan de rendición de cuentas y transparencia. Desde hace dos años el proyecto se encuentra estancado en el Congreso, pese a que el PRI podría conseguir los votos para aprobarlo (o quizá debido a ello).

La salida de capitales, la queja de los empresarios por la inseguridad, la caída del turismo en varios polos, el 60% que reprueba la gestión presidencial, la imagen de México en el extranjero; son argumentos que no exigen bravuconadas ni saciar el gusto de articulistas. Requieren meterse de lleno en las alcantarillas y reconstruir desde el subsuelo. Si se limitan al control de daños, como hasta ahora, estamos expuestos a que el azar de la violencia estalle en las calles con otro Ayotzinapa. Quedarse corto es un eufemismo para designar aquello que no se ha intentado porque ni siquiera se le concibe.

Publicado en El País

@jorgezepedap

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No, mejor que Peña Nieto no renuncie

Esta no va a ser una columna del agrado de los lectores y colegas de izquierda o del 62 por ciento de los mexicanos que reprueban la gestión de Enrique Peña Nieto (y sospecho que son mucho más: las encuestas que miden el rechazo al Presidente fueron realizadas hace semanas y todavía no tenían el efecto “Casa Blanca”).

El problema es que a partir del 1 de diciembre se cumplieron dos años de gobierno, lo cual significa que ante la ausencia del ejecutivo por renuncia o fallecimiento la constitución establece que este sea designado por el Congreso de la Unión. Es decir, la decisión no pasa por los ciudadanos ni por las urnas, sino por la partidocracia. Peor aún, el PRI y sus partidos satélite elegirían a uno de los suyos sin necesidad siquiera de que el perfil resulte atractivo a los votantes, como tienen que hacerlo cada seis años.

Se me dirá que la renuncia de un presidente como resultado del repudio de la calle sería un logro histórico; sentaría un precedente y la clase política tendría que enmendarse en el futuro. Asentaría la noción de que el poder reside en última instancia en personas de a pie y no en los políticos engreídos de sí mismos.

En la práctica, lo que sucedería es que los políticos nombrarían a un colega, cambiarían un rostro por otro, y la gente se iría muy contenta de regreso a casa. La élite asumiría que la pareja bonita que forman Peña Nieto y Angélica Rivera no les funcionó, y optarían por otra mezcla para apaciguar los ánimos y retomar el control. Al final poco habría cambiado, salvo la exaltación popular por el triunfo momentáneo.

Yo preferiría otro desenlace. Si los poderosos van a ceder algo como resultado de la presión popular preferiría que no fuera un cambio de rostro sino una transformación de instituciones. Esto es lo único que tendría un impacto duradero en el México desigual e injusto que padecemos.

En el régimen de Ernesto Zedillo, luego de la crisis del 95, el repudio generalizado al PRI obligó al gobierno a conceder cambios sustanciales en el entramado institucional. Reconocimiento de la oposición, un IFE ciudadano (aunque efímeramente), mayor autonomía a la Suprema Corte, proliferación de comités de regulación, fortalecimiento de la CNDH, etc. La mayor parte de estos espacios se cerrarían con el tiempo, pero mientras duraron fueron suficientes para dar un vuelco en la historia electoral del país con la derrota del PRI y abrieron una pequeña ventana de oportunidad para una “primavera democrática” mexicana.

Ciertamente desperdiciamos esa oportunidad con Fox y con la apatía ciudadana que nos caracterizó durante los siguientes doce años, pero eso no quiere decir que no podamos abrir otra andanada de modificaciones de fondo. Luego tendremos que hacer la tarea para hacerlas irreversibles, pero esa será una tarea para el segundo tiempo. En el primero hay que meter los goles; en el segundo los defendemos.

El tema de fondo es que este país no va a mejorar mientras sigamos creyendo que la solución consiste en encontrar a la persona adecuada para gobernarnos o, en su defecto, en quitar del poder a la inadecuada, por más que tenga un efecto tan liberador en el espíritu. Prefiero que por ahora sigan los que están y eso alimente la rabia popular y sostenga el pulso de la calle.

No es confiando en la honestidad de la condición humana como habremos de construir una sociedad menos injusta. La única posibilidad reside en la instalación de un entramado de instituciones que permitan muchos ojos y una incesante rendición de cuentas en la cosa pública para que deje de ser la “cosa nostra” de esa casta que ha tomado el poder.

Yo prefiero que Peña Nieto siga allí permanentemente acosado por la opinión pública y por las redes sociales para obligarlo una y otra vez a recorrer la mojoneras y entregar espacios públicos al escrutinio y a la intervención de los ciudadanos. Hasta ahora ha creído que bastaba con el maquillaje de 10 puntos sobre inseguridad y a poner ante las cámaras a su esposa para ofrecer una explicación. Pero no tengo duda de que si los ciudadanos siguen presionando y poniendo a la autoridad contra la pared comenzaremos a ver concesiones importantes para evitar que los contratos vayan a parar a los amigos o para ventilar lo que hasta ahora se hace en secreto. Y no lo harán por graciosa concesión sino por tratar de salvar el pellejo frente a la presión.

No se trata de que un ex gobernador o un líder sindical sea metido a la cárcel (ya sucedió con Mario Villanueva, Granier o Elba Esther Gordillo). Se trata de instalar los mecanismos que impidan que esos y otros canallas se enriquezcan a mansalva y que si lo hacen no exista impunidad. El sistema no puede salirse con la suya mediante el simple expediente de entregar a uno de los suyos a la picota. Sea un ex gobernador o incluso el propio presidente.

En suma, prefiero ver a Peña Nieto allí, sudando la gota gorda por la presión popular que sudando en una terraza el sol de Miami tras ser sustituido por una versión similar. Si no desmayamos los ciudadanos, los blogueros y los medios de comunicación crítica en una de esas conseguimos a tirones y jalones algunos de los cambios tan necesitados por el país.

@jorgezepedap

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Un tren sobre vías podridas

Del presidente que sorprendió al país hace dos años con el golpe de mando de un novedoso y unánime Pacto por México, a este jefe de bomberos desbordado por los incendios, media un gran trecho. Peor aún cuando percibimos que las pipas apagafuegos parecen verter gasolina. El problema del gobierno es que su estrategia de largo plazo fracasó y ahora está fallando la táctica para enfrentar las consecuencias de ese fracaso.

La estrategia. Peña Nieto apostó a que sus reformas económicas bastarían para rescatar al país de la parálisis y el atraso. No había necesidad de ocuparse de la inseguridad o de la corrupción, porque la economía sería la locomotora que jalaría el tren y lo sacaría del túnel en el que había quedado estancado. Por lo demás, tampoco es que al PRI le interesara mucho meterse a fondo en el combate a la corrupción, el clientelismo o el tráfico de influencias: son parte sustantiva de un sistema de prácticas que explican su ascenso al poder y su sobrevivencia. Bastaba con hacer crecer la economía y permitir que parte de ese crecimiento irradiara al resto de la población.

La estrategia falló al menos en dos premisas: primero, que la locomotora, las reformas económicas, resultaron demasiado débiles como para que pudieran rescatar cualquier cosa. Nacieron endebles, cargadas de contrapesos, lentas en su aplicación. El segundo año de gobierno el PIB alcanzará con suerte un 2.3% de crecimiento, muy por debajo de las metas de entre 3.5 y 4 que se habían planteado. Y segundo, y más importante, las vías estaban mucho más destruidas de lo que pensaron. Con locomotora o sin ella, el tren difícilmente podría correr por durmientes podridos y ejes tan oxidados. El peso de la economía informal, la ausencia del estado de derecho, las regiones perdidas frente al crimen organizado, la inseguridad pública, la corrupción generalizada. En otras palabras, resultó imposible edificar sobre una estructura flagelada a tal grado por la descomposición. La agenda de las reformas quedó postergada por el reclamo de ese inframundo salvaje y sangriento.

La Táctica. El control de daños ha sido patético. El cacareado oficio político que se atribuye a los priistas parece haberse extraviado. Una y otra vez las medidas de contención para abordar la crisis han provocado el efecto opuesto. El gobierno desestimó, aún lo hace, la importancia de Tlatlaya y Ayotzinapa. Reaccionó tarde y débil y sus respuestas siempre han ido a la zaga de las reacciones de la opinión pública. Peña Nieto creyó que bastaba recibir a los padres de los jóvenes durante cinco horas para apaciguar su encono. Y semanas más tarde asumió que bastaba un decálogo de propuestas vagas y variopintas contra la corrupción para calmar la indignación de los miles que han marchado en las calles del país. La reprobación con que fueron recibidas sus propuestas resultó unánime y terminó por provocar el efecto contrario.

Algo similar a lo que sucedió con el comunicado de Angélica Rivera, la primera dama, sobre su residencia privada, la llamada Casa Blanca. En Los Pinos se pensó que el gesto de mostrar a su propia esposa ofreciendo una explicación a la opinión pública sería percibido como un acto de apertura y transparencia. Resultó contraproducente. El mandatario fue acusado de cobardía en las redes por colocar a su mujer en la primera línea de batalla en un intento de salvar su propio pellejo. Desde luego no era ese el propósito pero preocupa que no hubieran podido anticipar la reacción obvia en las redes sociales.

Más preocupante aún es la manera en que el gobierno coquetea con una salida autoritaria al conflicto. Si se equivocan en esto las consecuencias podrían ser desastrosas. Los incidentes de las últimas semanas en contra de jóvenes que participan en las marchas no deja dudas de que una parte de la cúpula en el poder se decanta por una respuesta policíaca al conflicto. A los once aprehendidos en la marcha del 20 de noviembre querían convertirlos en motivo de escarmiento y fincarles cargos de alta criminalidad; la tortura a la que fueron sometidos revela la peor cara del régimen en el peor de los momentos. La cobertura que hace la televisión leal a Peña Nieto está claramente dedicada a intimidar a los ciudadanos por la supuesta violencia de las marchas y a exigir una respuesta de “mano firme” por parte de la autoridad. Se le dedican apenas segundos al desfile pacífico de miles de personas y largos minutos a seguir los enfrentamientos de un puñado de encapuchados contra los granaderos en algo que cada vez se parece más una puesta en escena.

Peña Nieto tendría que asumir que el tiempo del control de daños ya ha pasado. Hay que meterse al túnel y comenzar a levantar las vías y sanear el subsuelo. De otra manera será un sexenio perdido, o algo aún peor. Diez puntos de maquillaje no bastan. Pero claro, eso significaría ir por ex gobernadores corruptos como Montiel y Moreira, renunciar al enriquecimiento de su círculo inmediato, desmontar la corrupción sindical y clientelar. En suma, destruir el sedimento en el que el propio PRI está parado. Es el tiempo de las encrucijadas. Ojalá no se equivoquen.



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@jorgezepedap

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Tiempo de reacción (arios)

El meme que circulaba este viernes lo decía todo: “Tiempo para que Peña reaccionara por la muerte de 43 estudiantes: 12 días; tiempo de reacción por la muerte de Chespirito: 12 minutos”. Y el post incluye el texto presidencial tuiteado: “Lamento profundamente el fallecimiento de Don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Mis condolencias a su familia”.

No sé si el contraste entre 12 minutos y 12 días refleja con exactitud las prioridades de Peña Nieto, pero me temo que no anda muy errado. Muchas personas se enteraron de la muerte de Chespirito justamente por el mensaje trasmitido por el Presidente instantes después del deceso. En cambio se necesitó que la prensa extranjera machacara una y otra vez sobre la tragedia de Ayotzinapa para que Los Pinos se diera por enterado. Qué le vamos a hacer: uno era estrella de Televisa, los otros pertenecían al 50 Þ los mexicanos que no existen para la élite, salvo el día de las elecciones.

Quizá por eso inspira tanta desconfianza el asunto de los 10 puntos presentados por Peña Nieto como el gran instrumento capaz de establecer el Estado de derecho en México y acabar con la violencia, la impunidad y la corrupción. Un anuncio que más parece confeccionado por una oficina de relaciones públicas con el propósito de hacer control de daños, que por un grupo de estrategas verdaderamente preocupados por el tema. Un maquillaje apresurado para tratar de responder a la indignación popular; un revoltillo de intenciones para atenuar la rabia que alimenta a las marchas.

Si la respuesta del gobierno sólo fuera demagogia, aunque inútil, al menos sería inofensiva. Por desgracia me temo que la verdadera respuesta presidencial a la indignación popular no está en esos diez puntos, sino en los puntos de sutura que se llevará Sabino Bucio, el estudiante de la UNAM golpeado por policías y liberado este viernes gracias al video captado por algún transeúnte.

La verdadera respuesta está en la detención de once manifestantes el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino. Fueron encarcelados como delincuentes de alta peligrosidad y acusados de delitos como tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín. Una operación diseñada por el Estado en contra de chivos expiatorios claramente destinada a amedrentar a futuros manifestantes. Este sábado fueron liberados gracias al repudio de la sociedad a una acción tan burda y desproporcionada. La misma Michelle Bachelet, presidenta de Chile, hizo un extrañamiento al gobierno mexicano por lo absurdo de la detención de un conciudadano (una de las once personas detenidas).

Lo que intentaron hacer con los estudiantes revela que la élite política aun no entiende lo qué está pasando. Viven arropados en sus mansiones, alimentados exclusivamente de las conversaciones cómplices de sus sobremesas. Me recuerdan al Porfirio Díaz de la entrevista con el reportero Creelman a propósito del centenario en 1910, ufano por la estabilidad y la prosperidad que veía en su palacio, incapaz de percibir que el país estaba a punto de incendiarse.

Me los imagino a lo largo de esta semana diseñando jactanciosos una estrategia de pinzas: por un lado, un plan de diez puntos para fingir flexibilidad y contrición; por otro un operativo represivo con golpes de precisión para desinflar las marchas y espantar a los ciudadanos que han salido a la calle. Y todo lo anterior adosado con una campaña en los medios de comunicación afines para justificar la mano dura contra los causantes de “desmanes”.

¿Cómo creer en las promesas presidenciales de justicia mientras sus fiscales hacían todo lo posible para enterrar en la cárcel a once inocentes? ¿Cómo podemos dar por buenas sus intenciones de combatir la impunidad cuando resulta tan evidente la manera en que solapan sus fortunas personales?

Una y otra vez las aparentes intenciones democratizadoras se han revelado, más temprano que tarde, como una bufonada. La aplaudida aprehensión de Elba Esther Gordillo seguida luego de un fortalecimiento del cacicazgo del SNTE. El anuncio de la ruptura del monopolio televisivo para enterarnos luego de que los candidatos para quedarse con la tercera y cuarta cadenas son grupos mucho más vinculados al peñanietismo. Para eso, mejor déjenlo como estaba.

Hace un mes el Presidente creyó que bastaba reunirse cinco horas con los padres de los jóvenes desaparecidos, memorizarse el nombre de alguno de ellos y arremangarse la camisa, para dejar atrás el problema. Hoy cree que bastan 35 minutos de discurso a la nación y un enunciado de diez puntos de cartón.

Noviembre nos deja una clara moraleja. Sólo la presión de la calle puede provocar un cambio. Sólo la presión de la calle puede convencerlos de que la represión no es una opción. Porque no lo duden, esa es la verdadera estrategia de reacción que el poder tiene en mente.

Publicado en Sinembargo.mx y quince diarios regionales

@jorgezepedap

www.jorgezepeda.net

Comentario:

Iguala: ¿qué sigue?

La indignación generalizada y las movilizaciones históricas que han surgido para protestar por las muertes de 43 estudiantes pueden ser “un antes y un después”, un punto de inflexión en materia de justicia y políticas de seguridad pública. O no. También podrían quedarse en llamaradas de petate, en desahogos colectivos terapéuticos, tras los cuales la losa de la vida cotidiana acaba imponiendo su despótica regularidad y la tragedia termina devorada por las noticias de la siguiente semana. O quizá no sea ni una cosa ni la otra: no un detonante social que obligue a las autoridades a modificar las cosas, pero tampoco un incidente olvidado en la larga lista de infamias archivadas en la memoria histórica.

Es decir, unna tercera posibilidad es que lo de Iguala constituya una mojonera para ver el pasado; una marca a la que regresemos para tratar de entender lo que sucedió tiempo después. Una especie de 2 de octubre del 68 que no impidió que todos los mexicanos se sumergieran en las olimpiadas, y no obstante es una fecha que hoy vemos como el principio del fin de un sistema político agotado.

¿Cuál será el impacto de Iguala? No hay ecuaciones matemáticas que puedan determinar la trayectoria exacta de un meteorito sociopolítico. Alguien mata a un archiduque en Sarajevo y se desencadena la Primera Guerra Mundial. Pero millones protestan en Hungría frente a los tanques soviéticos y no sucede nada.

Que lo de Iguala sea una cosa u otra, dependerá en buena medida de todos nosotros.

Escenario A: Detonante para el cambio. Las protestas mantienen un tono cívico y logran incluir a un número creciente de ciudadanos de todas las filiaciones políticas, incluyendo las apolíticas. La jornada del martes consistente en encender una veladora es indicio de un hartazgo que lleva a movilizarse a vecinos de la más diversa índole. (“El martes decidí salir con mi veladora a la banqueta, pensé que yo sería la única pero no, por primera vez más de cuarenta vecinos del condominio donde vivo estábamos reunidos y de acuerdo, nunca visto, ni en las asambleas ni juntas vecinales donde jamás llegan más de diez y además se pelean. Éramos cuarenta parados sobre la avenida con nuestras velas prendidas, con la cara desencajada pero la necesidad de hacernos presentes”, escribió Alma Delia Murillo en una columna http://goo.gl/iuj3fo).

Una secuela de este tipo provocaría el arrinconamiento de las autoridades y una presión enorme para obligarles a hacer cambios de fondo. Sabemos que la brutal desigualdad social, la ausencia de Estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que favorece la corrupción, constituyen las verdadera causas de que el crimen organizado se haya apoderado de la agenda pública. Pero las élites dominantes difícilmente harán algo radical para atacar las fuentes del problema porque son las columnas sobre las cuales se edifica el sistema que las prohíja.

Sólo mediante una presión sostenida y generalizada del votante, del ciudadano de a pie, de la opinión pública nacional y extranjera, la clase política se verá en la necesidad de hacer algo sustantivo. Fue eso lo que provocó la apertura política de los ochentas y los noventas por donde se coló un vago viento de democracia electoral.

Escenario B. El olvido. Esta es la secuela a la que está apostando el gobierno. Ellos ya se cansaron, ellos creen que ya hicieron su trabajo: Peña Nieto recibió cinco horas a los padres de los jóvenes desaparecidos, Murillo Karam ya ofreció versiones de forenses, excavó fosas comunes, compareció una y otra vez ante las cámaras. Ahora esperan que los medios, auditorios y lectores le den vuelta a la página, que los corresponsales extranjeros comiencen a hablar de otra cosa. Si es necesario anunciarán cambios cosméticos: campañas contra la corrupción, promesas de reformas al sistema judicial, lanzamiento del enésimo plan para limpiar a los cuerpos policiacos. Cualquier cosa para aplacar a la indignación de esos ciudadanos que normalmente no protestan.

Escenario C. La radicalización violenta, y ese podría ser el peor escenario. Si las protestas se radicalizan y los más violentos asumen el protagonismo de las marchas pasarán dos cosas: por un lado, los ciudadanos de a pie, los que no están politizados ni son activistas se retirarán; por otro, comenzarán a activarse los sectores conservadores y círculos afectados por el vandalismo: propietarios de autos y camiones dañados, los empresarios, comerciantes y empleados afectados. En cierta forma es la modalidad que más le conviene a la autoridad, porque una parte de la sociedad terminará pidiendo una intervención más decisiva, una mano dura para “restablecer el orden”. Incluso no es descartable el uso de “halcones” por parte de los políticos para asegurar una radicalización de las protestas que les permita llevar agua a su molino.

Es pronto para saber qué sucederá en las próximas semanas. Los escenarios están abiertos, alguno de ellos depende de todos nosotros. No dejemos que los políticos profesionales, trátese de autoridades o de disidentes radicales, expropien una causa que es de todos.

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Iguala: ¿qué sigue?

La indignación generalizada y las movilizaciones históricas que han surgido para protestar por las muertes de 43 estudiantes pueden ser “un antes y un después”, un punto de inflexión en materia de justicia y políticas de seguridad pública. O no. También podrían quedarse en llamaradas de petate, en desahogos colectivos terapéuticos, tras los cuales la losa de la vida cotidiana acaba imponiendo su despótica regularidad y la tragedia termina devorada por las noticias de la siguiente semana. O quizá no sea ni una cosa ni la otra: no un detonante social que obligue a las autoridades a modificar las cosas, pero tampoco un incidente olvidado en la larga lista de infamias archivadas en la memoria histórica.

Es decir, unna tercera posibilidad es que lo de Iguala constituya una mojonera para ver el pasado; una marca a la que regresemos para tratar de entender lo que sucedió tiempo después. Una especie de 2 de octubre del 68 que no impidió que todos los mexicanos se sumergieran en las olimpiadas, y no obstante es una fecha que hoy vemos como el principio del fin de un sistema político agotado.

¿Cuál será el impacto de Iguala? No hay ecuaciones matemáticas que puedan determinar la trayectoria exacta de un meteorito sociopolítico. Alguien mata a un archiduque en Sarajevo y se desencadena la Primera Guerra Mundial. Pero millones protestan en Hungría frente a los tanques soviéticos y no sucede nada.

Que lo de Iguala sea una cosa u otra, dependerá en buena medida de todos nosotros.

Escenario A: Detonante para el cambio. Las protestas mantienen un tono cívico y logran incluir a un número creciente de ciudadanos de todas las filiaciones políticas, incluyendo las apolíticas. La jornada del martes consistente en encender una veladora es indicio de un hartazgo que lleva a movilizarse a vecinos de la más diversa índole. (“El martes decidí salir con mi veladora a la banqueta, pensé que yo sería la única pero no, por primera vez más de cuarenta vecinos del condominio donde vivo estábamos reunidos y de acuerdo, nunca visto, ni en las asambleas ni juntas vecinales donde jamás llegan más de diez y además se pelean. Éramos cuarenta parados sobre la avenida con nuestras velas prendidas, con la cara desencajada pero la necesidad de hacernos presentes”, escribió Alma Delia Murillo en una columna http://goo.gl/iuj3fo).

Una secuela de este tipo provocaría el arrinconamiento de las autoridades y una presión enorme para obligarles a hacer cambios de fondo. Sabemos que la brutal desigualdad social, la ausencia de Estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que favorece la corrupción, constituyen las verdadera causas de que el crimen organizado se haya apoderado de la agenda pública. Pero las élites dominantes difícilmente harán algo radical para atacar las fuentes del problema porque son las columnas sobre las cuales se edifica el sistema que las prohíja.

Sólo mediante una presión sostenida y generalizada del votante, del ciudadano de a pie, de la opinión pública nacional y extranjera, la clase política se verá en la necesidad de hacer algo sustantivo. Fue eso lo que provocó la apertura política de los ochentas y los noventas por donde se coló un vago viento de democracia electoral.

Escenario B. El olvido. Esta es la secuela a la que está apostando el gobierno. Ellos ya se cansaron, ellos creen que ya hicieron su trabajo: Peña Nieto recibió cinco horas a los padres de los jóvenes desaparecidos, Murillo Karam ya ofreció versiones de forenses, excavó fosas comunes, compareció una y otra vez ante las cámaras. Ahora esperan que los medios, auditorios y lectores le den vuelta a la página, que los corresponsales extranjeros comiencen a hablar de otra cosa. Si es necesario anunciarán cambios cosméticos: campañas contra la corrupción, promesas de reformas al sistema judicial, lanzamiento del enésimo plan para limpiar a los cuerpos policiacos. Cualquier cosa para aplacar a la indignación de esos ciudadanos que normalmente no protestan.

Escenario C. La radicalización violenta, y ese podría ser el peor escenario. Si las protestas se radicalizan y los más violentos asumen el protagonismo de las marchas pasarán dos cosas: por un lado, los ciudadanos de a pie, los que no están politizados ni son activistas se retirarán; por otro, comenzarán a activarse los sectores conservadores y círculos afectados por el vandalismo: propietarios de autos y camiones dañados, los empresarios, comerciantes y empleados afectados. En cierta forma es la modalidad que más le conviene a la autoridad, porque una parte de la sociedad terminará pidiendo una intervención más decisiva, una mano dura para “restablecer el orden”. Incluso no es descartable el uso de “halcones” por parte de los políticos para asegurar una radicalización de las protestas que les permita llevar agua a su molino.

Es pronto para saber qué sucederá en las próximas semanas. Los escenarios están abiertos, alguno de ellos depende de todos nosotros. No dejemos que los políticos profesionales, trátese de autoridades o de disidentes radicales, expropien una causa que es de todos.

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