Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 21

25S: ¡Liberemos al Congreso de su secuestro!

Publicado en Público.es

Esther López Barceló

Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts



Alberto Garzón Espinosa

Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados

¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en nuestros días la democracia y sus leyes estén secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.

La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.

Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e ilegítimo.

La falta de respeto por los principios democráticos de nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!

Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir.

Más de treinta años después una nueva generación afrontamos un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.

Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y  cuando contestamos los ataques de unos gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho ya no hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar aquello de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco ya lo hemos tenido que hacer.

Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras denunciábamos el hambre creciente.

Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.

Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional, que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación pública, quedarán indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas tras habernos expulsados de nuestros trabajos.

Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades. Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un Congreso liberado.

Por un nuevo proyecto de país. Apuntes para avanzar hacia un Nuevo Proceso Constituyente

Por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia

A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado. El “consenso del 78” ha sido roto al haberse lanzado un contraproceso constituyente, puesto en marcha por el neoliberalismo y las oligarquías financieras, que tiene como objetivo acabar con el Estado del bienestar que se comenzó a construir en Europa tras la II Guerra Mundial.

Las elites capitalistas no pretenden devolver los derechos sociales y económicos que hoy niegan a los trabajadores, sino que por el contrario aprovechan la crisis para arrebatar los recursos económicos y financieros a la gran mayoría mientras los concentran en pocas manos. Sin duda esta crisis está siendo utilizada para vaciar los ordenamientos constitucionales de los países de la Unión Europea así como para cerrar y consolidar un nuevo modelo de sociedad basada en la explotación sin contrapartidas y en la rivalidad entre los pobres, los pueblos y los subalternos. Con ello el capitalismo condena a toda una generación a la constante incertidumbre laboral y vital y abre el campo de juego de las opciones totalitarias.

Las soluciones a esta situación han de ser extraordinarias y ambiciosas, por lo que creemos que es necesario impulsar un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de país, que supere este régimen cuya representación es una monarquía heredada del franquismo y opaca en la gestión económica y patrimonial, con casos de corrupción en su seno. Entendemos que el nuevo estado ha de construirse sobre bases federales y solidarias, dotándonos de esta forma de mecanismos para estar en una Europa federal de los pueblos que ponga solución a la creciente incompatibilidad entre democracia y Estados-nación, en un mundo de trabajadores multinacionales, de migrantes y redes de cooperación y comunicación transnacionales. La esfera de los asuntos comunes y sus leyes fundamentales tienen que adaptarse a esa nueva condición, so pena de ceder el protagonismo y la dirección de la “crisis de la UE” a las nuevas formas de la “revolución conservadora”.

Cabe recordar que siete de cada diez personas que hoy tienen derecho a voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978 y mucho menos participar en su elaboración. Sin embargo, las demandas sociales exigen una nueva relación entre representantes y representados, con una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es una cuestión técnica sino política pues las nuevas tecnologías permiten imaginar mecanismos de participación social y de control ciudadano de la actividad política que signifiquen una profundización democrática.

Los abajo firmantes identificamos algunos elementos fundamentales de lo que debería ser el nuevo orden constitucional.

1. En primer lugar, la preservación, cuidado y promoción de los bienes comunes naturales tiene que tener un papel protagónico en un nuevo marco constitucional.

2. En segundo lugar, el sistema político ha de ser democratizado. Efectivamente, el poder ejecutivo ha sufrido un proceso de cierre autoritario por dentro; el poder legislativo ha sido vaciado de sus funciones democráticas y de representación a través de un bipartidismo marcado por la injusta ley electoral; y el poder judicial se ha mostrado como absolutamente dependiente de los intereses de los dos principales partidos. Del mismo modo resulta indispensable una ampliación y dinamización de los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, introduciendo reformas en el marco de las ILPs, referéndums, consultas populares vinculantes sobre decisiones fundamentales, potenciación de los espacios ciudadanos deliberativos y avanzando hacia sistemas de voto delegado y participación directa siguiendo los modelos de las llamadas democracias en red.

3. En tercer lugar, las relaciones laborales deben ser repensadas de acuerdo con las características del nefasto modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede quedar subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión de una relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de la dignidad humana.

4. En cuarto lugar, es necesario pensar una reorganización y democratización de las instituciones del Estado y de la Administración. El Estado social se ha legitimado históricamente por su organización de sistemas públicos de bienestar, por su papel económico, financiero, fiscal, territorial y de seguridad. No se trata de acabar con el Estado o de multiplicarlo sin descanso, sino de un Estado adecuado a las capacidades democráticas y de cooperación de los ciudadanos, capaz de autolimitarse y ser lo más poroso posible a las formas de cogestión de sus competencias con instituciones ciudadanas democráticas no estatales, buscando fórmulas que impliquen una mayor eficiencia y el establecimiento de mecanismos que eviten la íntima conexión que existe entre el poder público y el poder económico de las oligarquías españolas y europeas.

5. En quinto lugar, es necesario poner coto al poder no democrático; es decir, ha de lograrse que el poder económico esté subordinado a la democracia y sus leyes. Los recursos de una sociedad han de ser gestionados por ésta, a través de mecanismos democráticos, y no por las oligarquías económicas. Mientras las decisiones que afectan a nuestras vidas las tomen entidades no sujetas a control comunitario, tales como las grandes empresas financieras, no podremos hablar de democracia.

El proceso constituyente del que hablamos, y que deberá proponer a los ciudadanos una nueva constitución, tendrá que ceder el protagonismo a los mismos en la redacción de la carta fundamental, inspirándose en las recientes experiencias latinoamericanas, pero también en la formidable iniciativa de los ciudadanos islandeses.

Consideramos indispensable la creación de instancias de colaboración y cooperación entre aquellos espacios organizativos (políticos, sindicales y sociales) que están señalando de forma clara la necesidad y el deseo de un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de país, diseñando juntos una nueva y real democracia. Hacemos un llamamiento a las millones de personas que en nuestro país luchan por una vida digna para todos a que avancemos juntos en la construcción de una constitución de lo común a través de asambleas constituyentes en las que la ciudadanía decida su futuro de forma radicalmente democrática. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de superar, con alegría y organización, este régimen corrupto y antidemocrático y abrir un tiempo nuevo de justicia e igualdad. Vamos a ello.

Carta de otro ciudadano

Respuesta pública a una carta publicada en Público.es

Querido Yeray, nos están estafando. Tanto a ti y a tus familiares y amigos, como a mi y a los míos. Somos todos nosotros víctimas de un timo monumental que está acabando con la sociedad y con las bellas conquistas que creíamos haber alcanzado, entre ellas la democracia.

Lamento con indignación la actual situación de tu padre, tan semejante a la de millones de españoles que han sido despedidos y expulsados de un mercado que ni siquiera en sus mejores tiempos fue amable con nosotros.

Como tu hermano, que no encuentra su lugar en este país, a pesar de su notable formación, yo también estuve en el limbo laboral hace unos meses. Siempre he tenido que sobrevivir con becas de 350 euros mientras estudiaba, de 800 trabajando en empresas después y en la mejor de las ocasiones rozando el famoso título de mileurista. No obstante, me considero una persona con suerte; mis padres, como los tuyos, ambos trabajadores incansables (profesor de secundaria y ama de casa), pudieron colaborar en financiar mis estudios de máster. Como miles de jóvenes ciudadanos que se encuentran ahora mismo en situación de emergencia.

Te escribo porque te has dirigido a los diputados, y como tal, tengo el deber moral de responder una carta que va dirigida, entre otras personas, a mí. Pero lo hago para reafirmar tus tesis y para animarte a no desfallecer en la lucha. Te escribo para sumarme a tu rabia y ofrecerme a tu combate y el de todos nosotros.

No olvidemos que toda estafa tiene un estafado y un estafador. Ya sabemos qué papel jugamos quienes somos recortados; nos falta averiguar quiénes son la contraparte. Aunque en realidad no es difícil, pues afortunadamente muchas cabezas pensantes han desvelado ya a esos sinvergüenzas. Son aquellos que vivieron del pelotazo, estableciendo relaciones político-empresariales que desviaban nuestro dinero hacia sus cuentas en los paraísos fiscales que ningún gobierno persigue. Son aquellos que aprovecharon la injusta ley para engañar al ciudadano, como en el caso de las preferentes. Son también aquellos banqueros que juegan con nuestras vidas como si estuvieran en una partida de monopoly. Y son, en definitiva, todos aquellos que se han enriquecido en las últimas décadas mientras el resto padecíamos condiciones de precariedad absoluta. ¡Y todavía tienen la cara de decirnos que vivíamos por encima de nuestras posibilidades!

Eso sí, sería injusto decir que la política tiene la culpa. La política es algo digno, pues es el arte de encontrar la mejor forma de organizarnos como sociedad. La política no tiene la culpa de que en su nombre se hayan violado tantos derechos y libertades. La culpa la tienen los que firmaban proyectos de aeropuertos sin aviones y quienes prestaban dinero a mansalva sabiendo que en caso de hundimiento del barco ellos serían las ratas. Y sin duda también tiene la culpa la indiferencia, esa que induce el pensamiento único y que acaba traduciéndose en un peligroso conformismo político. Pero la respuesta es más política, y no menos. Más política para transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos ahora esa responsabilidad.

Querido Yeray, yo soy político porque creo en otro mundo posible y necesario. Creo en la justicia social, en la solidaridad y en una vida pública austera. Yo desde luego no me voy a rendir, y aprovecho esta misiva para pedirte que tú tampoco lo hagas. Porque, entre otras cosas, somos más.

Aquel sueño de Carrillo

Publicado en Público.es

La historia de España ha perdido a quien fue un destacado militante comunista que, como otros miles de camaradas, dedicó toda su vida a luchar por los derechos de los trabajadores. Santiago Carrillo fue para mi, ante todo, una persona que alguna vez tuvo el sueño de una sociedad sin clases. Quizás por esa razón, y porque consiguió llegar hasta los 97 años de vida con tal lucidez que le permitió intervenir en política hasta el último momento, no ha sido nunca una figura exenta de controversia.

Ya la dictadura franquista intentó personalizar en Carrillo la lucha por la democracia que estaba llevando a cabo el Partido Comunista de España, reduciendo a su sola figura el deseo de libertad de los españoles. Por supuesto, la aspiración franquista no era otra que destruir la idea comunista intentando destruir a sus referentes. Aún hoy la derecha conservadora gusta de repetir muchas de aquellas falaces e interesadas acusaciones que, más allá de ciertos matices, no tenían otro propósito que neutralizar la amenaza que suponía la libertad.

Pero con él también fue crítica una izquierda anticapitalista que tuvo que comprobar cómo con el tiempo Carrillo abandonaba sus posiciones originales y cómo en dicho proceso el Partido Comunista, que durante la dictadura había hegemonizado la defensa de la democracia y además asumido el coste consecuente, se desangraba tanto en militancia como en apoyo social. Un lance de la historia que ha marcado la evolución del movimiento obrero desde la llamada transición.

En todo caso, el sueño que una vez tuvo Carrillo, más allá de la evolución de su propia historia personal, sigue hoy vivo. Tristemente aquel sueño de conquistar una democracia con justicia social permanece inalcanzado aún hoy, casi cien años después de que naciera el político asturiano. Cierto es que vivimos en una democracia aparente, de la que Carrillo fue uno de los arquitectos necesarios, pero ésta no tiene nada que ver con las históricas demandas obreras y, desde luego, tampoco con lo que hoy la ciudadanía española exige en las calles.

Es una desgraciada ironía de la historia que quien comenzó su apasionante vida política durante la I Gran Depresión nos haya dejado precisamente cuando estamos inmersos en la II Gran Depresión. Ambos son duros contextos donde quedan enfrentados entre sí diferentes proyectos de sociedad. Y tengo el convencimiento de que, con otras palabras y con distintos medios, la misma lucha de entonces de personas como aquel Carrillo se cristaliza hoy en las movilizaciones sociales, sindicales y políticas que reclaman una democracia real.

Aquellos que nacimos después de 1978, año de la aprobación de la actual Constitución española, no podemos sino reconocer la lucha de personas tan comprometidas con los de abajo como Santiago Carrillo. Pero inmediatamente debemos exigir pasar página y, partiendo de las reivindicaciones históricas, construir un nuevo proyecto de país. Aquel sueño de Carrillo sigue latiendo cada noche en todas partes como una necesidad implacable que tiene una sociedad que ansía la democracia. Son tiempos de emergencia y de compromiso en los que hemos de recuperar lo mejor de quienes lo dieron todo por el avance social.

La pérdida de legitimidad del Congreso

Intervención en el Congreso hablando sobre la necesidad de un plan de rescate ciudadano y del desplazamiento de legitimidad desde el Congreso hacia la calle. Al termino del debate con Guindos, quien por cierto reconoció que si su plan de austeridad falla -que lo hará- no habrá dinero para pagar las prestaciones sociales, un diputado del PP pidió la palabra para insultarme. Os ruego no os perdáis su cara, que es mucho más expresiva que sus insultos.

 

De bancos malos y gobiernos terribles

Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.

Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.

Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.

Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.

Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.

El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.

El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas cuestiones las expliqué con más detenimiento aquí.

Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.

El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.

Desobediencia civil, Estado de Derecho y la izquierda

Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y su réplica en Extremadura, han sido fenómenos políticos que han marcado la agenda mediática en las últimas semanas, pero desgraciadamente y por lo general los debates se han limitado a aspectos superficiales de la acción. Con ánimo de descender hacia el fondo teórico de tales acciones el compañero Luis Felip [LF] [2] ha escrito un post en su blog en el que reflexiona sobre el binomio legalidad y legitimidad, trayendo al debate aspectos cruciales de lo que es la estrategia y táctica de la izquierda anticapitalista. El objetivo, a mi entender, es dilucidar si estas acciones son coherentes y consistentes con la acción política de la izquierda y, en concreto, de Izquierda Unida. Mi intención es hacer aquí algunas aportaciones a dicho debate, tratando de justificar que estas acciones son tácticas adecuadas que se inscriben en una estrategia que busca alcanzar una democracia real y un verdadero Estado de Derecho.

La desobediencia civil

Los propios ejecutores de las acciones mencionadas han defendido su proceder basándose en que eran acciones de desobediencia civil, esto es, acciones pacíficas que se sitúan en la frontera externa de la ley. Como nos recuerda LF, “para Rawls, la desobediencia civil significa que, asumiéndose lo fundamental del estado democrático de derecho realmente existente (a pesar de sus imperfecciones), y en especial los principios de justicia que lo rigen, se lleva a cabo una forma de disensión” que se situará en la frontera de la ley por su lado externo.

LF repasa los rasgos propios de una acción de desobediencia civil (entiendo que siguiendo a Fernández Buey), y entre los cuales se encuentra la existencia de una finalidad política, el respeto a las reglas de juego, la aspiración de alto consenso en la población, la aceptación de las consecuencias legales y su naturaleza pública, pedagógica y pacífica. Naturalmente en la historia podemos encontrar muchos ejemplos de acciones que se ajustan a tal descripción, siendo los más citados en estos días las acciones de Gandhi y de Rosa Parks. La acción del SAT podría perfectamente también enmarcarse  aquí.

El otro día conversando con Máximo Pradera llegamos a una analogía que a mi entender permite expresar lo anterior con claridad. En el fútbol hay unas acciones que se llaman “faltas tácticas” y que no persiguen ni hacer daño al rival ni negar la necesidad de existencia de un árbitro. Sencillamente son acciones sancionables, es decir, son faltas, pero que buscan un objetivo que va más allá de ese momento en el juego. En el fútbol se realizan para romper el ritmo, para recibir amonestaciones -tarjetas amarillas- que ajusten la estrategia de temporada de un equipo o para otros fines. La acción del SAT, por ejemplo, se enmarca en este tipo de táctica. Dentro de las reglas de juego es una “falta” que no busca hacer daño y para la cual se acepta sus consecuencias legales, pero el objetivo real es una denuncia política sobre un fenómeno (el hambre y falta de democracia económica) y una percepción (leyes injustas, reglas de juego desiguales).

Aceptado lo anterior, la pregunta que debe formularse, a mi entender, es en qué estrategia política se inscriben estos quebrantamientos selectivos de la ley, es decir, qué objetivo se persigue al llevarlos a cabo.

Estado de Derecho y liberalismo

LF nos recuerda que hasta el advenimiento de las revoluciones de la ilustración y la concepción de Estado de Derecho, esto es, del gobierno de las leyes, algunos pensadores como Tomás de Aquino justificaban toda desobediencia a la ley bajo el amparo del derecho natural, la ley de Dios. En dicho contexto institucional -monarquías absolutas- la desobediencia quedaba justificada por concepciones morales derivadas de la religión.

Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración nos traería el concepto de libertad civil, que se resume en las palabras de Kant: “nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el bienestar de los otros hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás“. Sobre este principio nacerían dos conceptos distintos: el de Estado de Derecho y el de Capitalismo. Por un lado el ideal de vivir al margen de las creencias de los demás pero de acuerdo a las leyes y a la Razón, y por otro lado el ideal de permitir que los derechos de propiedad de los medios de producción permitan acrecentar la riqueza individual sin ningún tipo de intervención externa.

Esta es precisamente la tesis de actuales y brillantes filósofos marxistas como Carlos Fernández Liria y Luís Alegre Zahonero [2], quienes denuncian que la ideología dominante pretende hacer creer que Estado de Derecho y Capitalismo son la misma cosa, a la vez que critican las experiencias políticas del llamado socialismo real precisamente por olvidar que el fin más alto del ser humano es el de convertirse en un ciudadano en el marco de un verdadero Estado de Derecho: un Estado de Derecho socialista.

Lo que Liria y Zahonero nos recuerdan es que el ideal del ciudadano de la ilustración y del liberalismo -la defensa de lo expresado por Kant y que se refleja en el “libertad, fraternidad e igualdad” de la Revolución Francesa de 1789; es decir, la utopía liberal- es incompatible con el capitalismo. Bajo el capitalismo el Estado de Derecho se convierte en una mentira, en una apariencia, en una simulación. El ideal de la ilustración aplicada al ámbito económico -el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible- anula el concepto de ciudadano libre. Como asegura Naredo, “la principal contribución de esa utopía liberal al mantenimiento y expansión del capitalismo fue la de permitir la máxima libertad de acción a aquellos que detentaban el poder económico, lavándoles la conciencia de todo escrúpulo para que guiaran su actuación exclusivamente con arreglo a sus intereses más inmediatos de lograr un enriquecimiento rápido” [3]. Bajo el capitalismo los ciudadanos no existen como se espera de ellos en el ideal liberal, sino que únicamente existen trabajadores forzados a ser alquilados por algún poseedor de medios de producción; trabajadores esclavos de su situación de desposeídos.

La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración, llevó por ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus pretensiones reales. Los anarquistas acogieron el término libertario para expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y mujer libre [4]. Noam Chomsky también reclama para sí el concepto original del pensador liberal [5], de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: “los liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que aprovechando su poder económico han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio“. Por estas razones Liria y Zahonero consideran que el proyecto de la Ilustración murió con la ejecución de Robespierre en 1794 y que completar el proyecto de la ilustración sólo puede lograrse con el socialismo, es decir, con la democracia económica y con la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.

No obstante, la ideología dominante, y también las prácticas del llamado socialismo real, han llevado a una impresión generalizada de que las pretensiones comunistas son opuestas al ideal de la ilustración. Nada más lejos de la realidad. Como recuerda Erik Hobsbawm en su magnífico Historia del Siglo XX, “la medalla conmemorativa del Partido Socialdemócrata alemán exhibía en una cara la efigie de Karl Marx y en la otra la estatua de la libertad. Lo que rechazaban era el sistema económico, no el gobierno constitucional y los principios de convivencia“. Por entonces “el movimiento obrero socialista defendía, tanto en la teoría como en la práctica, los valores de la razón, la ciencia, el progreso, la educación y la libertad individual“. Pero fueron las contradicciones propias del sistema económico las que llevaron a tal crisis económica -la Gran Depresión- y a tal conmoción en las masas, por lo general poco o nada instruidas, que el crecimiento de movimientos fascistas permitió derribar las instituciones liberales y sumir a la humanidad en la fatídica II Guerra Mundial.

En definitiva, el Estado de Derecho y la democracia que tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma forma que no existe una democracia real -porque la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre el poder económico- tampoco existe un Estado de Derecho real. Y es a partir de este punto argumental donde yo entiendo que puede conectarse toda la tradición del marxismo y socialismo clásico (Marx, Engels, Bakunin, etc.) con los movimientos sociales actuales (decrecimiento, democracia real ya, etc.). No se trata de superar el Estado de Derecho por algo “mejor” sino precisamente de alcanzarlo, para lo cual es necesario superar el capitalismo.

La estrategia de la izquierda

Si no vivimos en una democracia real y si no estamos en un Estado de Derecho real, entonces ¿cómo lo alcanzamos? LF apunta algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y que es consistente con la exposición anterior: “la desobediencia civil sólo se concibe como una más de las herramientas de una estrategia reformista (junto con las acciones legales y su participación en las instituciones) que, no siendo incompatible con la voluntad de transformación radical de la sociedad, marca profundamente el sentido de esta voluntad al concebir la revolución como un proceso dilatado en el tiempo, y no como un hecho puntual, que además pasa a través de las instituciones y asume las reglas del juego para dotarse de la legitimidad democrática que haga posible la acumulación de fuerzas y de hegemonía ideológica“.

Engels apuntaba lo mismo cuando afirmó que otra herramienta era igualmente fundamental: “el trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí como la tarea inmediata del partido” [6]. Asimismo, Engels apuntaba que “con la agitación electoral se nos ha suministrado un medio único para entrar en contacto con las masas del pueblo allí donde todavía están lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a defender ante el pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y, además, abrió a nuestros representantes en el parlamento una tribuna desde lo alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las masas fuera de ella con una autoridad y una libertad muy distintas de las que se tienen en la prensa y los mítines“.

En definitiva, la estrategia de una izquierda que quiere alcanzar la democracia real y el Estado de Derecho real y que quiere ser “capaz de movilizar y orientar un bloque social amplio, y capaz de hegemonizar la lucha ideológica, ha de situar en primer plano la contradicción entre democracia y capitalismo” [LF].  Además, esta tarea ha de hacerla tanto en la práctica como en en el discurso. Efectivamente, y como no se cansa en recordar el compañero y profesor Pablo Iglesias [7] la izquierda tiene que hablar con los conceptos que entiende la gente, aquellos que están en su estructura mental y que no son otros que los que ha insertado la ideología dominante. La ideología, no lo olvidemos, se encarna en las costumbres, los modos de vida, la percepción de lo que está bien y mal.

Dicho todo lo cual, no puede negarse que los actos de desobediencia civil son un golpe extraordinario a esa misma ideología dominante. Son un impacto en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el mundo. Son actos que explicados de forma pedagógica son fácilmente comprensibles y sirven para desactivar la hegemonía de la ideología dominante. Son actos coherentes, consistentes con el proyecto de la Ilustración y desde luego con la estrategia socialista. Lo que las acciones del SAT han dicho ha sido sencillamente lo siguiente: “olvídese usted de las instituciones que tiene asumidas en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etc.) y piense si es justo que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su ideología y, en consecuencia, el apoyo pasivo que está haciendo al sistema económico que no nos permite ser libres”. Actos de desobediencia civil, pacíficos y dirigidos por el ideal de la ilustración, son en realidad la mejor forma de luchar en el campo ideológico y de alcanzar la hegemonía gramsciana. Han de extenderse.

NOTAS:

[1] Luis Felip, además de amigo, es licenciado en Filosofía y responsable de formación del Partido Comunista de Málaga Ciudad.

[2] Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L. (2011): El orden de El Capital. Editorial Akal.

[3] Naredo, J.M. (2003): La economía en evolución

[4] Escribía Déjacque en 1851 que “Le Libertaire no tiene más patria que la patria universal. Es enemigo de los límites: límites-fronteras de las naciones, propiedad de Estado; límites-fronteras de los campos, de las casas, de las fábricas, propiedad particular; límites-fronteras de la familia, propiedad marital y paternal. Para él, la humanidad es un solo y mismo cuerpo en el cual todos los miembros tienen un mismo e igual derecho a su libre y completo desarrollo, sean los hijos de este o del otro continente, pertenezcan a uno o a otro sexo, a tal o cual raza”.

[5] Chomsky, N. (2005): El gobierno en el futuro. Editorial Anagrama.

[6] Engels, F. (1895): Prefacio a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Disponible en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm

[7] Iglesias, P. (2012): La izquierda ha de dirigirse a la gente común. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153781

La ausencia de democracia

Publicado en La Opinión de Málaga

Cuando deviene la crisis económica, y empeoran las condiciones materiales de vida de la población, es natural que se exija a las instituciones políticas una respuesta que consiga detener ese proceso. Eso es lo que ha pasado en España en los últimos años. Sin embargo, la sensación generalizada es que en este tiempo estas instituciones políticas no han sido capaces, o no han querido, dar una solución al problema. Como respuesta, instintivamente la población las declara inútiles e ineficaces. Es ahí precisamente donde encontramos la explicación fundamental de la creciente desafección por la política y sus instituciones. La política institucional es considerada una herramienta no válida para poder dar soluciones a problemas tan acuciantes como el desempleo, los desahucios y el hambre. Se cuestiona a las instituciones políticas y se cuestiona la democracia.

No obstante, el problema nace en considerar que realmente vivimos en una democracia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos en una democracia aparente, en una ilusión política a la que hemos convenido en llamar democracia. Porque el poder, en esencia, no se encuentra en las instituciones políticas para las cuales elegimos a nuestros representantes. El poder está más allá, descontrolado, irresponsable y privado. El poder está en el dinero, en esas grandes empresas y grandes fortunas –a las que a veces llamamos mercados- que son capaces de doblegar los intereses de los parlamentos nacionales a través del chantaje y la extorsión. El poder real es fundamentalmente poder económico, y éste último no está sujeto a elección ninguna. Manda quien más tiene y no quién más votos recibe.

Así pues el problema no es que la democracia y sus instituciones políticas no funcionen. El problema que es que no tenemos democracia y por lo tanto las instituciones políticas actuales son un espejismo de lo que debieran ser. Tenemos una democracia simulada que, como afirma el filósofo Žižek, hace en política las veces de cuento de los reyes magos; todos sabemos que no existe pero mantenemos la creencia por respeto a otros. Votamos cada cuatro años en un procedimiento litúrgico que ni siquiera garantiza que los programas electorales se cumplan, pero que sí logra conceder legitimidad a esta ilusión democrática. Una legitimidad que en cualquier caso se va deteriorando porque ninguna farsa puede continuar eternamente.

Este país necesita una democracia real. Pero para ello es necesario un nuevo sistema político y unas nuevas instituciones que sí sean capaces de resolver los problemas reales de la gente. El modelo del 78 está caducado y necesitamos construir un modelo nuevo y eficaz. Ello requiere, necesariamente, poner coto al poder no democrático; es decir, hacer que el poder económico esté subordinado a la democracia y sus justas leyes. No podemos permitir que las decisiones sobre nuestro futuro sean tomadas por individuos o empresas que únicamente buscan maximizar sus beneficios sin importarles cuáles sean las consecuencias sobre nuestras vidas. No podemos permitir, en última instancia, que no exista democracia.

Son muchas las voces que han percibido el engaño y que denuncian que efectivamente ni esto es una democracia ni tampoco un Estado de Derecho. Son muchas las voces que reclaman una verdadera transición, una que nos lleve desde la actual dictadura del dinero hacia la democracia de los ciudadanos; desde la apariencia de democracia hacia la democracia real. Para ese viaje colectivo necesitamos muchas manos, pero sobre todo partir de un hecho incontestable: el problema actual no es la democracia sino su ausencia.

En los próximos meses nos enfrentaremos a ese dilema. Tendremos que elegir entre más democracia, apoyando un proceso de cambio institucional radical, o mantenernos en esta falsa ilusión que amenaza con llevarnos a una nueva edad media en la que la ausencia de democracia estará aparejada a unas viejas y denigrantes condiciones de vida.

Entendiendo la relación entre salarios y beneficios en el caso real de España

En la tercera parte de la serie “introducción a la economía capitalista” vimos de forma abstracta cómo se relacionaban los salarios, los beneficios, la productividad y los precios. Más tarde pusimos un ejemplo ficticio para ver cómo en una empresa se podrían encontrar también esas relaciones, haciendo abstracción de otras variables. Ahora vamos a ver un ejemplo real agregado: la economía española.

Como hemos venido diciendo, el valor añadido de una economía es la suma de los beneficios y los salarios. Esto quiere decir que el PIB puede descomponerse en una parte salarial y en otra parte para los beneficios empresariales (los cuales servirán para reparto de dividendos, pago de intereses, reinversión y pago a otras rentas). Si lo hacemos así se llama PIB al coste de los factores. No obstante, hay una forma más completa de ver cómo se distribuye la renta y es a través de la descomposición del PIB a precios de mercado. Aquí además de la participación salarial (que incluye salarios y cotizaciones sociales) tenemos la participación de los beneficios (que incluye a las rentas mixtas, que son normalmente autónomos) y a los impuestos netos a la producción (lo que el Estado retrae de la producción menos lo que otorga como subvención). La evolución reciente de estos componentes ha sido la siguiente:

Como vemos, la participación salarial era a comienzos del año 2000 del 50%, la de los beneficios del 40% y la de los impuestos del 10%. Ello quiere decir que si en nuestra economía sólo hubiera una empresa ese empresario se quedaría 40 céntimos de cada euro generado, el trabajador 50 céntimos y el Estado recaudaría 10 céntimos. Doce años después la cosa ha cambiado y ahora la participación de los beneficios supera a la participación salarial, mientras que la participación de los impuestos se mantiene relativamente estable. Hoy y en plena crisis de cada euro de renta generada el empresario se queda 46’6 céntimos, el trabajador 45’5 céntimos y el Estado 7’84 céntimos. Hay que insistir en la agregación que esto supone: no todos los trabajadores participan en la renta igual ni tampoco todos los empresarios/autónomos.

Si descontamos los impuestos del Estado nos quedamos sólo con los salarios y los beneficios queda más claro. Esta forma de medir el PIB se denomina al coste de los factores, y es la más directa para valorar la relación entre salarios y beneficios. En la gráfica siguiente podemos ver la evolución a largo plazo de la participación salarial en la renta en España.

Como se puede comprobar marca la misma tendencia que el gráfico anterior, expresando que si en 1980 los trabajadores se quedaban un 72% de la renta, ahora esa porción es del 60%. Cabe decir que son metodologías diferentes de cálculo, siendo el primer gráfico datos del Instituto Nacional de Estadística y del segundo de la Comisión Europea. En todo caso la tendencia es más que evidente.

Las cuestiones que nos preguntamos es ¿por qué ha evolucionado de esa forma?, ¿por qué la participación salarial está cayendo y la participación de los beneficios está subiendo? Desde el FMI hasta la OCDE pasando por los economistas heterodoxos se hacen las mismas preguntas. Para un estudio profundo puede leerse este working-paper.

Como vimos el otro día con nuestros ejemplos ficticios, la participación salarial puede modificarse cuando cambian los precios o la productividad[1]. Si, por ejemplo, suben los precios pero los salarios se mantienen al mismo nivel entonces tenemos una caída de la participación salarial. Si por el contrario baja la productividad pero aumentan los salarios, entonces la participación salarial sube. Es decir, depende del efecto combinado de las variables mencionadas, todas ellas interrelacionadas: salarios, beneficios, precios y productividad.

En el anexo 1 tenemos una tabla con la evolución reciente de esas variables en nuestro país. Pero como podrá comprobarse puede ser confuso averiguar qué efecto es más importante. Por ejemplo, en el año 2001 los salarios nominales crecieron un 3’5% y la productividad creció sólo un 0’29%. Si los precios no se hubieran movido significaría que los salarios ganarían terreno en la renta. Pero los precios ese año crecieron un 4’19%, lo que neutralizó la subida salarial y manifestó un crecimiento de los márgenes de beneficio. De hecho eso supuso que los salarios, en términos reales (de poder adquisitivo) bajaran.

Por eso uno de los mejores indicadores para evaluar cómo se relacionan los salarios y los beneficios es el de los costes laborales unitarios reales (CLUR). Miden la relación entre la remuneración media real por asalariado y la productividad. Así que si sube la productividad más que los salarios reales, los costes laborales unitarios reales caen reflejando las variaciones en el margen de beneficio. Es decir, este indicador sintetiza el juego que existe entre las cuatro variables (productividad, salarios, precios y beneficios). Es tanto así que aritméticamente puede demostrarse que el coste laboral unitario real es en realidad la participación salarial en la renta, lo que quiere decir que si sube indica que el margen de beneficio cae y viceversa.

Como puede observarse, la tendencia es la misma que en la participación salarial de la renta. Si vemos caer el CLUR significa que la participación de los salarios en la renta cae y sube la participación de los beneficios. Alternativamente también significa que el margen de beneficio por producto sube, lo que vimos con claridad en nuestros ejemplos ficticios.

La enseñanza hasta ahora es clara: la economía española ha crecido mucho hasta la llegada de la crisis (la tarta se ha hecho más grande) pero de ello se han beneficiado sobre todo los beneficios empresariales. De forma inversa los salarios han perdido poder adquisitivo y los trabajadores se han estado empobreciendo sistemáticamente (menor trozo de tarta).

Efectos estadísticos

Obsérvese que hay en los años recientes un pico extraño que hace al CLUR subir temporalmente, para luego volver a incorporarse a la tendencia previa. Se trata de un efecto llamado “de composición” que refleja los problemas de la agregación y un ajuste típico de nuestro mercado de trabajo. Resulta que al comienzo de la crisis se despidió a los trabajadores más baratos, es decir, a los que menos cobraban. Eso hizo subir el salario medio ya que los que quedaban trabajando cobraban bastante más. Es un efecto estadístico que se corrige en cuanto la crisis hace también bajar los salarios de los que más cobran y, por otro lado (denominador en la fórmula del CLUR) la productividad crece por efecto de destruir empleos.

El problema que acabamos de ver se da como consecuencia de agregar elementos heterogéneos (sumamos el salario del trabajador pobre y del trabajador rico y hacemos la media) y se puede ver en muchos otros casos (por ejemplo cuando sumamos los grandes márgenes de beneficios de las grandes empresas con los estrechos márgenes de las PYMES). Por eso es interesante no sólo estar prevenido sino también, en la medida de lo posible, ir bajando a lo concreto. Veamos ahora, por esa razón, la economía española con un poco más de detalle.

En la mayoría de los sectores importantes, como puede verse aquí (página 269), podemos comprobar cómo la productividad generalmente ha superado en su crecimiento a los salarios reales por empleado, de modo que los márgenes de beneficio siempre han sido crecientes. Lo mismo ocurre con el sector de la construcción, por ejemplo. Esto es políticamente interesante porque está expresando que las extraordinarias ganancias que produjo el boom inmobiliaria no fueron tanto absorbidas por los trabajadores (salarios reales decrecientes) como por las ganancias. Es decir, en términos económicos los ganadores de la burbuja fueron sin lugar a dudas las grandes empresas constructoras e inmobiliarias.

La rivalidad entre capital financiero y capital productivo

Aunque hemos observado que los márgenes de beneficio crecen generalmente en todo el período hay que hacer algunos comentarios adicionales para evitar confusiones. Una empresa productiva necesita tener un margen de beneficio suficiente para poder reinvertir y mejorar su capacidad productiva pero también para poder pagar intereses financieros y otros gastos no salariales. Esto quiere decir que dado el nivel de endeudamiento tan alto que hay en España en el ámbito empresarial, no es descartable que esas ganancias crecientes hayan sido absorbidas a su vez por el capital financiero (bancos y entidades financieras) y no hayan ido, como podría considerarse de forma ingenua, al bolsillo del empresario productivo. Estamos ante una posible vía de acción de la financiarización.

El problema fundamental económico, y es la razón por la que hacemos estas anotaciones, es que en la distribución de la renta está la causa de gran parte de las crisis capitalistas. En particular, una dinámica desequilibrada en el reparto de la renta llevará inevitablemente a problemas económicos, con independencia de la valoración moral. Ello lo explicamos aquí.

ANEXO:

 

[1] En nuestro ejemplo previo hicimos una abstracción de los costes no salariales. En ese caso toda subida de precio era debida a una posible subida del salario o del margen de beneficio. Es una simplificación evidente, pero que se utiliza porque permite dejar todo entre salarios y beneficios. Cuando se observa la contabilidad lo que importa a efectos distributivos es el valor añadido, que sólo está compuesto por salarios y beneficios. Si suben los precios de los consumos intermedios y eso hace subir el precio final, el valor añadido no cambia.