Álvaro Bisama's Blog, page 71

Los votantes de la extrema derecha Alemana y la democracia

En la conferencia que realizó la destacada politóloga belga, Chantal Mouffe, en el Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual (TECSA) de la UNAB, señaló que el crecimiento de los partidos de ultraderecha en las democracias occidentales tiene uno de sus orígenes en que esas democracias tienen un gran déficit: ella no ha sido un espacio en que se expresen verdaderas alternativas pues está cooptada por proyectos políticos identificados con el centro, que administran el statu quo de un modo completamente desarraigado de la ciudadanía. Es este escenario de consenso en el centro el caldo de cultivo en que crecen los partidos de ultraderecha, pues han logrado precisamente identificarse con la idea de una alternativa al statu quo. Pese a los movimientos sociales de los últimos años, la izquierda ha tenido muchas dificultades para ocupar ese lugar de la alternativa. El gran desafío que tiene es, de hecho, despercudirse del centrismo en que han caído sus partidos en las últimas décadas y plantear un programa plausible de transformación que convoque a quienes están cansados del modelo capitalista de desarrollo y de los actores que lo administran.

Quienes lo han sabido hacer, quienes se presentan muy bien como alternativa, son los partidos de extrema derecha. Alternativa para Alemania (Alternativ für Deutchland, AfD) acaba de transformarse en la tercera fuerza política en el parlamento alemán. Asumiendo una posición relativista uno podría pensar que le hace bien a la democracia que existan alternativas al centrismo del statu quo, sin importar su posición política. En principio sí. De hecho está por verse si la política alemana reacciona con más democracia frente a este descalabro. El gran problema es que la extrema derecha es un proyecto alternativo antidemocrático. Es una alternativa que busca romper la posibilidad misma de que existan proyectos alternativos en la política y más allá de ella. 

Los votantes del AfD están por todos lados. No son sólo jóvenes desempleados o viejos pobres, excluidos del sistema. Son de todas las edades, principalmente personas en edad productiva, en todas las clases sociales, principalmente en la clase media, en todo el territorio alemán, aunque mayormente representado en la parte oriental. Ambos sexos, sin duda: un argumento muy repetido por las votantes AfD es el temor al machismo islámico, expresado en la discusión sobre el burkini, o las agresiones sexuales por parte de grupos de inmigrantes. ¿Puede haber posiciones feministas, entre los votantes AfD? La respuesta es sí.

Esta heterogeneidad se expresa, sin duda, también en las razones para votar por AfD. No se trata de una ideología homogénea y afirmativa.  Más bien expresan una posición de rechazo. Saben más lo que no quieren  que lo que quieren.

Estuve los últimos tres meses viviendo en Berlín, precisamente en Neuköln, una de las comunas con más inmigrantes de toda Alemania y en pleno proceso de aburguesamiento. Si en base a esta experiencia pudiese decir dos palabras sobre lo que une a esta masa heterogénea de votantes AfD, diría lo siguiente: rechazo severo a los partidos políticos establecidos –de hecho, estos votantes vienen no sólo de los típicos abstencionistas, sino que también de dichos partidos, incluyendo a los verdes y a la izquierda (Die Linke)–, que es expresado además en un rechazo a Angela Merkel, la que es acusada de priorizar todo menos a Alemania: el Euro, Europa, la política hacia Occidente, los inmigrantes; todas cuestiones frente a las cuales estos votantes son críticos. El único elemento positivo es “Alemania”. Reivindican defender lo alemán, los derechos de los alemanes —contra inmigrantes principalmente, pero también contra una política exterior activa en la zona Euro que no beneficiaría a Alemania—, todo ello sin ser catalogados de extrema derecha, y menos de nazis.

Particularismo alemán activo, sin complejos y desinhibido del peso de la historia del holocausto, sumado a una posición anti-partidos políticos, anti islamismo, anti inmigrantes, es el mínimo común denominador de esta heterogeneidad de votantes. Vamos a ver cómo reacciona el mundo progresista y democrático frente a estos múltiples rechazos, qué alternativa propone. Y en todo caso vamos a estar atentos a que un fenómeno de este tipo no se reproduzca en nuestro país.

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Presupuesto 2018: Aumento a la Subvención de Sename, ¿es suficiente?

El  anuncio del aumento en la subvención en el sistema de protección de Sename parece una buena noticia pues alcanza una cifra histórica  de  casi ¼  de la subvención promedio, sin embargo, es claramente insuficiente. El monto apenas permite cerrar en parte la brecha que existe y en base a los estándares de hoy, con todas sus profundas limitaciones y carencias, sin adecuarse a los requerimientos de los estándares internacionales en que el costo por atención de cada niño es del orden de los 2 millones de pesos mensual.

En sí mismo, el monto de la subvención no garantiza el éxito de la intervención, basta con analizar el gasto por niño en los CREAD (Centros de Administración Directa de Sename) que al mes alcanza una cifra cercana a 1,8 millones, es decir muy próximos al estándar ideal, sin verificarse una mejora sustancial en relación a la gestión de las OCAS (Organismos Colaboradores Privados), que operan con un 15% de ella y deben cubrir sus déficits con el apoyo de la ciudadanía o de aportes privados.

La  verdadera clave para entender si el Presupuesto 2018 realmente está apuntando a mejorar la realidad de los niños más vulnerados y que requieren de protección urgente, la dará la vinculación que tengan los presupuestos del intersector. En otras palabras, sólo en la medida que Salud garantice prestaciones interministeriales vía glosa presupuestaria a la totalidad de los niños en Sename, ampliando las coberturas en salud física y mental, o activando el funcionamiento de las salas polivalentes, por ejemplo, puede medirse el compromiso de esa cartera, lo mismo para Educación y Desarrollo Social con sus distintos programas de apoyo a los niños y sus familias en el sistema de protección.

Precisamente una, sino la principal razón de esta crisis, ha sido el abandono al Sename, que depende de la capacidad de articulación con los otros ministerios y que como sabemos, han fallado rotundamente. La prueba del compromiso con la infancia vulnerada la darán las partidas presupuestarias interministeriales comprometidas y exigibles para el sistema de protección, sobre ellas cabe observar detenidamente si apuntan a resolver las brechas que hoy existen.

Es altamente necesario que avancemos sobre la necesidad de financiar en base al cumplimiento de estándares de calidad, hay buenas propuestas en la materia como la que ha ido trabajando el Hogar de Cristo. Es conveniente que el sistema de financiamiento considere una mirada de largo plazo, que permita asegurar la cobertura de cada niño en el sistema por todo el tiempo de su permanencia, pero aún más importante que se garantice la intervención con la familia para promover espacios de reunificación familiar.

¿Recursos?, es cierto, no son pocos si se mira la brecha actual. El Estado enfrenta una expansión del gasto público de 3,9%  y parece poco realista apuntar a lo que es el ideal en el sistema de protección, debiendo conformarnos con aumentos marginales. Pero no nos equivoquemos, debemos  cambiar la lógica y ver los espacios de eficiencia al interior del Estado como una fuente sostenible del financiamiento del gasto social. No necesitamos de un Estado expansivo ni deficitario sino de un mejor Estado, con prioridades adecuadas para invertir en programas que resuelvan las necesidades urgentes de nuestra infancia.

Cada año, una pequeña muestra de la Dirección de Presupuestos evidencia que más del 70%  de la inversión pública se hace en programas calificados con desempeño insuficiente, significando del orden de los 600 millones de dólares al año en la muestra, una cifra que excede con creces a lo requerido para dar solución adecuada a la crisis del Sistema de Protección. Es hora de responder con esfuerzos coherentes a la importancia que debemos darle como sociedad a nuestros hijos.

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Las lecciones de Cataluña

El 1 de Octubre quedará marcado por las imágenes de policías evitando que ciudadanos puedan votar. Requisando urnas, cerrando locales de votación y finalmente enfrentando a ciudadanos que pretendían ejercer un derecho por el que muchos españoles lucharon por décadas. ¿Cómo explicar esta situación? La historia de la España post Franco, los años de la dictadura, la importancia del pueblo y la cultura catalana, la crisis económica, la corrupción política, e incluso el desarrollo de nacionalismos de todo tipo, son elementos de un proceso complejo y de larga data. Estamos lejos del último capítulo de una trama que seguramente se pondrá más compleja antes de empezar a encontrar caminos de solución.

Más allá de nuestro interés por la situación internacional, el proceso en Cataluña evidencia una serie de lecciones que deberían ser analizadas para contextos aún tan lejanos como el nuestro. Por supuesto que no vamos a tratar de empatar fenómenos distintos y realidades que tienen composiciones diferentes, pero del proceso de deterioro de la relación entre Madrid y Barcelona hay mucho por aprender.

La arquitectura institucional post dictadura tiene fecha de vencimiento. 42 años han pasado desde la muerte del dictador Franco en España, y parece ser tiempo suficiente para revisar algunas de los elementos del régimen político e institucional que se construyó después. Desde la Constitución hasta las misiones de algunas instituciones claves para el desarrollo de la democracia deben ser revisitadas con los ojos de una democracia diferente.
Las reivindicaciones culturales son relevantes. Si bien los catalanes que buscan históricamente la independencia de España, representaban un grupo más bien minoritario; tampoco están dispuestos a ser pasados a llevar. Así, la violencia contra la minoría aumenta su tamaño. Paradojal, pero no poco común en el mundo.
La política requiere acuerdos, negociación y entendimiento. Mariano Rajoy es el gran perdedor del domingo porque la legalidad del proceso, quedó en segundo plano y su legitimidad como autoridad nacional ha sido puesta en cuestión. La impericia que ha mostrado para enfrentar un incendio rociándolo de bencina será caso de estudio en unas décadas y ha puesto la alternativa de adelantar las elecciones en la agenda.
La judicialización de los problemas políticos es un error. La permanente estrategia del Partido Popular que, desde un inicio buscó solucionar el reclamo catalán desde una mirada normativa, no ha traído buenos resultados. Por el contrario, ha dejado de lado las capacidades de negociación política y ha aumentado los niveles de conflicto.
La policía no puede ser el “brazo armado” de la democracia. Más allá de la ilegalidad de los procesos o la resolución del Tribunal Constitucional, usar la fuerza para fortalecer la democracia no trae buenos resultados. Mucho menos en la época de las redes sociales y las imágenes en tiempo real que hacen mucho más claro el uso desmedido (en muchos casos) de la fuerza para evitar la votación.
Nadie quiere pagar una fiesta que parece ajena. Los últimos años en Europa la crisis económica ha dejado en claro que el pago de impuestos para solventar el Estado de Bienestar es aceptado cuando los resultados son cercanos. Pasó cuando diversos países Europeos se negaban a apoyar al gobierno griego en la peor etapa de la crisis, y pasa en múltiples países donde las zonas “ricas” consideran que sus impuestos van a ayudar a los “otros”.

Visto desde estas lecciones empezamos a entender que hoy en España y especialmente en Cataluña no se está dando una pelea por el nacionalismo, sino que se ha puesto en primera fila la democracia, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Este debate nos atañe a todos y podría ser un resultado positivo en el marco de una coyuntura preocupante y aún con resultado incierto.

 

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Compartir roles de cuidado es productivo

La semana pasada la Comisión Nacional de Productividad entregó su informe “Mujeres en el mundo laboral”, con recomendaciones para aumentar y mejorar su participación. El organismo reconoce, así, el beneficio económico y social de impulsar la mayor presencia femenina en el mercado del trabajo, destacando que se trata de un asunto de “bienestar de la ciudadanía”.

Además del informe en sí, que sitúa esta temática a nivel de preocupación nacional, desde ComunidadMujer valoramos que la Comisión haya recogido nuestros diagnósticos y propuestas.  

En ese sentido, se plantea como prioridad el impulsar un cambio de paradigma para promover la corresponsabilidad social y parental. Los roles que hombres y mujeres desempeñan en el trabajo y en el ámbito doméstico deben ser equitativos: que la mujer no tenga un papel secundario o derechamente discriminado en lo público, ni el hombre en lo privado. Se trata de una transformación cultural para el logro de una sociedad más igualitaria y sostenible. Un cambio basado en costumbres y prácticas, pero también en lo normativo, en cuanto al reconocimiento de deberes y derechos.

Reiteramos así, como hace la Comisión, la necesidad de reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que hace exigible el derecho a sala cuna solo a mujeres que se desempeñan en empresas con 20 o más trabajadoras. Esta norma opera como impuesto a su contratación, es una barrera de acceso al empleo, causal de desempleo y también justifica, en parte, las enormes brechas salariales.

El derecho a sala cuna, por tanto, debe ser reconocido también para los padres, que son igualmente responsables del cuidado de sus hijos e hijas. El Código Laboral debe hacerse cargo de ello, tomando en cuenta las voces mayoritarias que, desde hace al menos una década, venimos acumulando evidencia y opiniones fundadas al respecto.

Hay coincidencia en las distintas candidaturas presidenciales respecto de que ésta debe ser una de las prioridades de la agenda de género para el próximo gobierno. Confiamos, entonces, que la modificación a la llamada ley de sala cuna logre materializarse en un proyecto que se envíe al Congreso dentro de los primeros 100 días de la próxima administración.

Éste debiera tener amplia acogida en las fuerzas políticas, pero hay temas complejos que pueden demorar la discusión. Uno de ellos es el financiamiento. La Comisión de Productividad propone aumentar el IVA o bien subir la cotización previsional, sin indicar expresamente qué parte de esta alza sería de cargo del empleador y qué parte del trabajador/a.  

En ComunidadMujer pensamos que el costo del cuidado de niños y niñas debe ser asumido por todas las partes involucradas, reconociendo que la corresponsabilidad es un asunto social. Pensamos que el mejor esquema de financiamiento es a través de un fondo solidario tripartito donde concurran empresas, Estado y las y los trabajadores, hombres y mujeres, de todas las edades, con o sin hijos-.

Como dice la Comisión liderada por el economista Joseph Ramos, no se trata solo de un asunto de derechos humanos o igualdad de género. Se trata de eficiencia, productividad y crecimiento económico: 900.000 mujeres más en la fuerza de trabajo suponen un aumento del 6% del PIB de Chile.

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La caída de Aleuy

Tras una larga jornada de rumores y versiones confusas, la tarde de ayer terminó con la salida del subsecretario Aleuy del Ministerio de Interior; una renuncia como en los mejores tiempos del régimen soviético, disfrazada con el insólito eufemismo de un ‘feriado legal’. Con ello, La Moneda agregó su segunda crisis de gabinete en poco más de un mes, justo ad portas de una decisiva contienda presidencial, confirmando que la presidenta no se equivocaba cuando hace un tiempo señaló que para su gobierno ‘cada día puede ser peor’.

La partida del subsecretario Aleuy supone el alejamiento de un personero de la mayor cercanía y afinidad política con la Mandataria, un golpe que vino a confirmar los evidentes signos de descomposición del núcleo íntimo del poder. Esta evidencia, se sumó a la reciente caída en desgracia del equipo económico encabezado por el ex ministro Valdés, ilustrando grados de deterioro inéditos para un gobierno que debiera encontrarse más bien capitalizando su agenda de cierre.

Aunque resulte difícil de creer, el subsecretario Aleuy pasó también a engrosar la lista de altos funcionarios a los cuales la Presidenta simplemente dejó expuesto y sin piso político, al provocar un giro abrupto en la política que el otrora hombre fuerte de Palacio venía implementando para responder a las acciones de violencia en la Araucanía. Elementos centrales de esa política eran la invocación de la Ley Antiterrorista, el respeto a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y la decisión de no ceder a las presiones de los imputados, criterios que Michelle Bachelet decidió finalmente desestimar, con el objeto de poner fin a la huelga de hambre realizada por un grupo de comuneros.

A este escenario, se sumaron luego las críticas del ministro Barraza al trabajo policial coordinado desde la Subsecretaría de Interior, lo que vino a reforzar la orfandad política en la que terminó la labor del subsecretario Aleuy. Los duros cuestionamientos realizados por Barraza fueron públicamente respaldados por su partido -el PC-, pero los apoyos a quien estaba a cargo de la política para enfrentar los actos de violencia en la Araucanía, brillaron por su ausencia.

En síntesis, la Presidenta volvió a dejar caer a un funcionario clave de su gobierno, en este caso también de su entorno político, con el fin de no arriesgar ni comprometer eso que hoy se denomina el legado de su gestión, una reliquia del futuro que a estas alturas se ha convertido en un lujo muy caro para su gobierno y su coalición. Del mismo modo, este incidente vuelve a confirmar el extraordinario poder de veto que los comunistas ostentan en esta administración, un factor que en todas las instancias decisivas, termina por mostrar su real gravitación.

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Políticas de Educación Superior y la economía del pub

La economía del pub es una noción planteada por el economista Lorraine Dearden, de University College London. Alude a una institución británica, donde cualquier persona puede venir, beber alcohol y conversar, a menudo a voz en cuello. Por eso, el concepto se refiere a la posibilidad de expresar opiniones, sin necesidad de mucha justificación. Dentro de él, las políticas públicas se justifican en axiomas genéricos, más que en estudios detallados y rigurosos, desentendiéndose de los principios constitutivos de la ciencia económica. Así, se renuncia a un  análisis de los factores y procesos específicos que están en la base de las situaciones que las políticas buscan intervenir. Más bien, enmascara las preferencias ideológicas de los economistas que participan de ella. Sus efectos tampoco parecen neutros: muchas veces implican un aumento innecesario de los subsidios públicos o una mayor ineficiencia del gasto fiscal.

La educación superior chilena ha sido un territorio fértil para la economía del pub. Tómese, por ejemplo, el desarrollo del sector lucrativo. Algunos círculos económicos sostienen que amplía la competencia y multiplica las opciones para las familias, si ofrece educación de calidad. Además, ha sido naturalmente acomodado dentro de la educación terciaria. Así ha ocurrido, también, en otros países de la región, como Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, distintos estudios y reportes sugieren que el resultado de estas acciones refleja una realidad más compleja.

El modelo de negocios de las instituciones lucrativas y las dificultades asociadas a su regulación han planteado dudas entre los economistas especializados en el tema. Países como Australia y Nueva Zelanda, que se abrieron a la provisión lucrativa, también han ido cambiado de opinión. ¿Cuál es la explicación? Para ser rentable, el sector lucrativo necesita ser masivo y, por eso, apunta a estudiantes no tradicionales. El problema es que la sustentabilidad de su operación de largo plazo depende de asegurar flujos de ingresos estables, lo que resulta difícil, cuando éste se concentra en estudiantes de primera generación o de bajo (o variable) nivel de ingresos, como ha sido la norma durante las últimas décadas.

Por eso, estas instituciones han explorado otra solución: han conseguido que los gobiernos las incorporen a los sistemas estatales de ayudas estudiantiles, bajo la promesa irresistible de expandir rápidamente la participación en educación superior. Eso les permite cobrar aranceles altos, cuyo pago se difiere en el tiempo, una fórmula atractiva para los estudiantes no tradicionales, como ha descrito Stephen Hunt, del Centre for Global Higher Education.

Con todo, los sistemas de fiscalización y control que se han implementado para moderar al sector lucrativo han sido débiles, susceptibles a la presión política y extremadamente formales. Por eso, no necesita una inversión intensiva en recursos educacionales, no tiene que hacerse cargo de los significativos niveles de abandono académico que presentan,  ni debe responder por las dificultades para encontrar empleo que enfrentan muchos graduados. Un completo reporte del senado norteamericano, de 2012, detalla esos y otros serios problemas que  ha causado este sistema y que resuenan en muchos países en desarrollo.

¿Cuál es, entonces, el efecto de las políticas que favorecen la expansión del sector lucrativo? En general, han producido un aumento explosivo del gasto público en educación superior que, a su vez, ha ayudado a engrosar explosivamente los resultados bursátiles de las corporaciones transnacionales que lo sostienen, como describe en detalle Suzanne Mettler, de Cornell University. Es interesante constatar que la pregunta sobre la eficiencia de este mayor gasto queda muchas veces escondida, pues la discusión pública tiende a concentrarse en cuanta más gente entra a la educación superior y no se enfoca propiamente en cuantos nuevos graduados se producen ni los empleos que obtienen ni la remuneración que logran en el largo plazo.

En Chile es casi un lugar común notar que más del 85% de la matrícula terciaria está distribuida en instituciones privadas, muchas de ellas lucrativas. Menos se repite que ese es el resultado de una política pública de ayudas estudiantiles orientada a producir una rápida expansión de la tasa de participación a través de la provisión privada: el Crédito con Aval del Estado. Como consecuencia, el gasto público en educación superior se ha expandido explosivamente durante la última década y la mayoría de ese nuevo gasto ha ido a parar a manos privadas fuera del CRUCH. Según datos de la DIPRES, el 67% de los recursos públicos destinados a créditos estudiantiles tuvieron ese destino en 2015. Sin embargo, no sabemos con certeza si esa tremenda inversión está contribuyendo a mejorar la vida de las personas.

Ahora, que se acerca la discusión de la Ley de Presupuestos 2018, y se anticipa un encendido debate sobre la gratuidad, sería muy oportuno que los miembros de la profesión económica local hicieran un serio esfuerzo por informar sobre el debate de las políticas públicas con mejor evidencia y análisis más completos. El interés del país y las futuras generaciones demanda ir dejando atrás la economía del pub.

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Derribando mitos: ¿Escriben las niñas mejor que los niños?

Esta columna fue escrita junto a Alejandra Meneses, Académica Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se acaban de publicar los resultados del Simce de escritura de 2016 y uno de sus hallazgos llama la atención: las mujeres obtienen resultados significativamente mejores que los varones. Incluso al comparar por grupo socioeconómico, las niñas obtienen mejores resultados que los niños del grupo inmediatamente superior. ¿Significa esto que la escritura sea una habilidad “femenina”?

Si bien no hay investigación concluyente al respecto, podemos decir a partir de distintas evidencias que los estereotipos y roles culturales influyen en las oportunidades de aprendizaje que ofrecemos en la escuela a los estudiantes. Esto es, si se cree comúnmente que las niñas “son buenas para lenguaje” y los niños para “ciencia y matemática” (y que por ende, las mujeres a su vez tendrían menos talentos en estas áreas), es probable que en el aula se reproduzcan estos estereotipos y que ellas tengan más instancias para desarrollar sus habilidades de lenguaje. En efecto, existen investigaciones en el área de matemáticas que muestran cómo los docentes miran más y dan más la palabra a los niños que a las niñas en sus clases. Por lo tanto, podría ocurrir en las clases de lenguaje. ¿No será que las niñas tienen más posibilidades para desarrollar sus habilidades de lenguaje tanto orales como escritas?

Una segunda consideración, que complementa la anterior, tiene que ver con la cantidad de oportunidades que ofrecen las escuelas chilenas para que los niños y jóvenes en general produzcan textos. Diversas experiencias investigativas en aulas chilenas sugieren que se escribe poco durante la formación básica y media. La escritura escolar, en muchos casos, se reduce a contestar preguntas y copiar información desde el pizarrón o el libro, y hay muy poco espacio para producir textos en géneros diversos y con distinta complejidad. Si sumamos que en su socialización y prácticas fuera de la escuela, las niñas tienen mayor contacto con la producción escrita, entonces se produce una brecha con los varones que la experiencia escolarizada no alcanza a acortar. En efecto, las niñas suelen, por ejemplo, llevar diarios de vida, coleccionar y escribir esquelas y notas, entre otras prácticas de escritura cotidiana no escolar. Sin ir más lejos, las aplicaciones para la escritura en línea de fanfictions (novelas escritas por los seguidores de series, cómics y sagas) como Wattpad, cuentan con un 85% de usuarios entre 12 y 25 años, de los cuales una abrumadora mayoría son mujeres. De este modo, las prácticas letradas no escolares serían otro de los motivos que tienden a inclinar la balanza a favor de ellas en este desempeño, porque al ser la escritura una habilidad a la vez social y cognitiva, se requieren horas de práctica para llegar a dominarla.

En síntesis, para reducir la brecha de género en el desempeño escrito, una primera medida consiste en que la escuela provea más oportunidades a todos para producir textos en general. Escribir varias veces al año diversos textos significativos, sobre distintos temas y en todas las materias del currículum permitiría ofrecer a los niños más oportunidades de practicar la escritura: un afiche de vida saludable en Educación Física, una guía turística en Sociales, una cartilla de reciclaje en Ciencias,un periódico escolar en Lenguaje.

Una segunda medida: demos más oportunidades en la sala de clases para que los estudiantes puedan plantear ideas y desarrollarlas puesto que la oralidad y, en particular, la posibilidad de producir un discurso oral extendido repercutirá en sus habilidades de producción de textos. Dejemos que los estudiantes tengan más posibilidades para producir y no solo reproducir. La tercera medida consiste en tomar conciencia de los estereotipos de género acerca del aprendizaje, de modo que los educadores y la escuela en su conjunto ofrezcan oportunidades a todos, niños y niñas, de experimentar la creación de textos reales, que estos circulen de manera auténtica para que los estudiantes se conceptualicen a sí mismos como escritores. En escritura la “autoeficacia”, es decir, la percepción de que se puede hacer una tarea bien, es uno de los mayores predictores del éxito. Dejemos que nuestros estudiantes crean, sientan y comprueben cuando sus textos sean leídos que son buenos escritores.

 

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Tramposa resiliencia

Durante el actual frenazo económico la tasa de desempleo ha subido, pero muy moderadamente, lo que ha sido malinterpretado en muchas ocasiones como un reflejo de que el menor crecimiento económico ha tenido un impacto pequeño sobre el mercado laboral. En efecto, diversas autoridades han sido majaderas en señalar que el mercado laboral ha sido resiliente a la desaceleración. Desde que comenzó el actual frenazo, es decir, desde el cuarto trimestre de 2013, un 56% del tiempo el tipo de trabajo que ha liderado la creación anual de empleo es el empleo por cuenta propia, llegando en 2016 a representar prácticamente la totalidad del empleo creado. El problema de esta situación es que el 50% de estos empleos gana menos de $200 mil al mes y hay una altísima informalidad, donde casi el 90% no realiza cotizaciones para la vejez. Además, un trabajo reciente de Clapes UC mostró que mayoría del aumento de este tipo de empleo en el periodo de desaceleración correspondió a alguna forma de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas (trabaja una jornada parcial pero en forma involuntaria, porque la persona quiere y está disponible para trabajar más horas en forma inmediata) o por competencias (personas trabajando en empleos significativamente por debajo de su calificación). En la práctica esa “resiliencia” se refleja en carros de metro atestados de cantantes y vendedores ambulantes, asados en plena Alameda, un Paseo Ahumada en el que es muy difícil caminar por el fuerte incremento del comercio callejero, obreros que han perdido su trabajo y suben a la micro a vender golosinas para poder llevar algo de dinero al hogar y profesionales que están ejerciendo un trabajo que requiere calificaciones muy inferiores para el que se prepararon. Estos son algunos de los muchos rostros humanos que conforman esa “resiliencia”.

Sin embargo, el elemento más novedoso de las últimas 3 entregas de las cifras de empleo del INE es que está surgiendo una nueva forma de “resiliencia”: un drástico incremento anual de empleo asalariado público que ha pasado a liderar la generación de puestos de trabajo, dejando en segundo lugar a los cuenta propia. El último dato informa un aumento de 89.670 nuevos empleos asalariados públicos, lo que ocurre en conjunto con una destrucción de más 8 mil empleos asalariados en el sector privado. Si descomponemos el aumento anual de empleo asalariado público se observa que casi 56 mil son con contrato indefinido y poco más de 22 mil son definidos renovables una vez al año. Si la descomposición se hace por forma de pago, más de 80 mil son con liquidación de sueldo. De esta manera la conclusión es clara: estamos hablando de un incremento de funcionarios públicos con carácter más bien permanente, esencialmente empleos de planta y contrata.

Lo interesante es que ambas formas de “resiliencia” permiten tener tasas de desempleo oficiales bajo control, pero eso no significa autoengañarse y concluir que la falta de crecimiento ha tenido un impacto moderado sobre el mercado laboral. Ninguna de esas formas de mantener el desempleo a raya es un signo de fortaleza económica. En el caso del aumento del empleo por cuenta propia, hablamos de trabajos con ingresos en torno a la mitad de un empleo asalariado, alta informalidad y lagunas previsionales, además del hecho de que la mayor parte del aumento de empleos de este tipo durante el actual frenazo son formatos de subempleo, es decir, de desempleo encubierto. En el caso del empleo asalariado público, si bien tiene características de mejor calidad, es una cuenta que vamos a tener que pagar en algún momento. Resulta bastante complejo que en el actual contexto de estrechez y creciente endeudamiento fiscal la contratación de empleo asalariado público esté liderando la generación de puestos de trabajo. De acuerdo a un reciente informe de Clapes UC, la próxima administración –cualquiera sea su color político- enfrentará una situación de holguras fiscales negativas, es decir, que el gasto fiscal que ya está comprometido es mayor al gasto que se puede realizar para cumplir con la meta fiscal. El próximo gobierno deberá enfrentarse al dilema de tener que recortar gasto que ya estaba comprometido o tener que dejar de cumplir las metas fiscales.

En definitiva, si la tasa de desempleo oficial solo ha subido en forma moderada desde que comenzó el actual frenazo, eso no se debe en ningún caso a un signo de fortaleza económica. Transmitir que el mercado laboral ha sido resiliente porque las personas están recurriendo a autoemplearse en formatos de desempleo encubierto, o porque se está echando mano a los recursos fiscales para aumentar en forma desatada la contratación de funcionarios públicos-por cierto generando una cuenta que vamos a tener que pagarla todos en algún minuto- es simplemente hacernos trampa.

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Universidad Católica: debate fariseo

Larga discusión –y variadas críticas– ha suscitado el actuar de Ignacio Sánchez en la rectoría de la UC, tanto al enfrentar el tema del aborto como al ejercer su liderazgo social en otros temas. Quizás la principal crítica es que el rector asumiría la “vocería” de toda la universidad sin incorporar la visión cambiante de sus alumnos. Esta parte de la discusión podría centrarse en responder la siguiente pregunta: ¿debe una universidad ser gobernada buscando representar las posiciones políticas y sociales de su comunidad? ¿Debe el rector estar atado a lo que sus estudiantes quieran promover? La respuesta, sobre todo a esta última pregunta, no puede ser un rotundo sí o no. En cualquier caso, admitiremos ciertos límites y restricciones que nos forzarán a matizar esa respuesta.

No sería adecuado que la voz de los alumnos tuviera un poder omnipotente, ni tampoco que sea considerada tan irrelevante que ni siquiera sea escuchada. Poco razonable sería que, por ejemplo, los alumnos puedan determinar qué profesor debería o no enseñar; pero sí es sensato que su voz sea atendida al respecto y, por eso, los alumnos evalúan a sus profesores semestre a semestre –en la mayoría de las universidades– y dicha valoración es tenida en cuenta para renovar a los profesores. Nadie consideraría la opinión de los estudiantes –aún mayoritaria– si promoviese acciones discriminatorias o violentas contra estudiantes por su origen socioeconómico. Siempre habrá un marco, la duda es ¿cuál es? ¿cómo lo definimos?

Por eso es un engaño camuflar los ataques a las declaraciones del rector en una supuesta falta de representatividad (tanto en la elección y el ejercicio de su cargo), cuando el verdadero problema es que el rector respete ese ideario particular. Como el problema no es que existan ciertos límites –sería imposible negar que deben haber algunos como ya se mostró–, la razón de la molestia se refiere a cuáles son esos límites: la catolicidad de la universidad limitando la acción de sus autoridades. Así, la verdadera pregunta es: ¿pueden los miembros de un organismo social cambiar sustancialmente su ideario, es decir, aquello que constituye su marco de actuación?

La respuesta, obviamente, no es absoluta. Dependerá exclusivamente del carácter de la institución social. Hay algunas en que es evidente que la comunidad puede modificar esencialmente su rumbo (en algunas empresas, corporaciones y otro tipo de organizaciones en general), pero existen otras instituciones en que su ideario no es simplemente un punto de partida, sino que es un ideal al que se aspira a llegar y desde el cual se contribuye a la sociedad. En estos casos,  al ser su sentido –y no un factor puramente instrumental– su modificación implica generar otra institución.

Ahora, en nuestro caso, ¿puede una institución que se jacte de ser universitaria, tener ciertas restricciones y límites? De nuevo, dependerá de cuáles sean esos límites (y no que ellos existan). Siempre los habrá, incluso una universidad con absoluto cogobierno los tendrá. ¿Son incompatibles los límites de las universidades católicas con la idea misma de universidad? En este punto central, quizás lo único relevante es mirar el origen e historia de la universidad: no es posible separarla de la religión, en especial, de la Iglesia Católica.

Así, el debate en torno a la Universidad Católica y su actuación pública tiene mucho de fariseo. Se le ataca camuflando el verdadero objetivo de los disparos: su inspiración fundacional. Además, siempre considera el ideario como un límite, cuestión que sólo lo empobrece pues pone el acento en una faz negativa. Lo iguala, en cierta medida, al giro de cualquier persona jurídica: esos listados de actividades que realizará y en que, aquello que no se enuncia, no se puede hacer. Pero el verdadero sentido de un ideario es su faz positiva: aquellos valores e inspiraciones que expresa permiten el verdadero despliegue de dicha comunidad en pos del objetivo declarado. No es ni un límite, ni un simple punto partida, es el sentido final que mueve a realizar toda la labor y, por lo tanto, el sentido que mueve al compromiso a quien adhiere al desarrollo y proyección de dicha comunidad.

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Dos cabezas

Desde siempre la mitología ha incorporado la figura de seres de dos cabezas; la Hidra, que tenía varias, regeneraba dos cada vez que perdía una. Dos personas en una, la contradicción que expresa lo que, de alguna manera, todos somos y que la siquiatría ha estudiado en el mundo contemporáneo. Sin embargo, las personas tienen en realidad una sola cabeza y, con ella, una sola personalidad que prevalece y las define, si ello no sucede estamos ante una patología, un desorden que impide el desarrollo normal del ser humano.

Con las organizaciones sucede algo semejante, necesitan una cabeza que defina su identidad, que decida frente a las distintas opciones que se presentan en su diario vivir. Es lo que en la cultura militar se llama “unidad del mando”, representando que luego de la deliberación colectiva viene la fase de decisión que es unívoca y que garantiza coherencia en la acción. Es difícil imaginar una organización en que esta cualidad es más indispensable que en el gobierno de un país, por la complejidad de las materias que enfrenta, por su tamaño y por lo importante que resulta que sea predecible para los ciudadanos.

Esta unidad en su conducción es algo de lo que este gobierno ha carecido, crecientemente se han expresado en su interior posturas radicalmente distintas, que compiten entre sí, sin que haya una definición clara, que dé certeza respecto de la ruta elegida. Así sucedió a propósito de la reforma laboral entre el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo; luego fue todo el equipo económico, liderado por Rodrigo Valdés, quienes se senfrentaron al ministro de Medio Ambiente por el proyecto Dominga, con el resultado conocido.

Ahora, es el terrorismo en la Araucanía el que ha dado lugar a una divergencia expresada públicamente entre el Ministro de Desarrollo Social y el Subsecretario del Interior. De una manera inédita el secretario de Estado calificó como un “montaje” un operativo policial dirigido por el subsecretario Aleuy y negó la existencia de delitos terroristas.

El ministro Barraza no parece haber hablado en función de las responsabilidades propias de la cartera que encabeza, sino que expresó la posición del partido al que pertenece: el PC. Así, el Partido Comunista se ha ido transformando en un verdadero gobierno dentro del gobierno. Ello no habría sido posible si es que no se hubiera instalado esta lógica bicéfala que ya cobró la salida de todo el equipo económico y ahora parece estar a punto de cobrar la del subsecretario Aleuy -quien ayer presentó su renuncia- , completamente desautorizado en sus atribuciones.

El resultado en la conducción económica es conocido, el periodo de menor crecimiento e inversión desde el retorno a la democracia y ahora la disputa e indefinición en materia de seguridad nos puede dejar un legado de terrorismo injustificadamente fortalecido. Las coaliciones pueden tener dos almas, pero los gobiernos no pueden tener dos cabezas.

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