Álvaro Bisama's Blog, page 69

El hombre que hace uso

El subsecretario del Interior podrá haber hecho uso de su feriado legal -la frase contiene más eufemismos que una de Quevedo-, pero está claro que no lo hizo con la alegría de quien se va a descansar a una playa lejana según un plan largamente postergado. ¡Filfa!

El subsecretario Mahmud Aleuy se fue a su feriado legal enojado, furioso, inusualmente molesto, como lo saben hasta las moscas de La Moneda, y es probable que a estas horas ande por México, un lugar que, terremoteado y todo, parece menos ingrato que Santiago. Otra cosa es que el gobierno lo quiera ignorar. La Presidenta, por ejemplo, dijo que nadie le ha presentado una renuncia. Esto ha de ser cierto, pero ya sabemos que no son las renuncias las únicas modalidades que determinan el final de una gestión en la administración Bachelet. Siempre está el citófono que no responde, la no invitación, las cinco llamadas perdidas, el “silencio administrativo” ad hominem.

A Aleuy no le pasaron sólo esas cosas, sino también otra, anterior, mientras estaba trabajando en Buenos Aires. Sin consultarle nada, en el curso de unas pocas horas, la propia Presidenta decidió que era indispensable poner fin a la huelga de hambre de cuatro comuneros mapuches aceptando sus condiciones. Esto significaba desautorizar las anteriores decisiones del subsecretario, pero tal parte no ocupó la primera consideración del gobierno.

Lo que tomó prioridad fue, parece, la condición de médico de la Presidenta, que debió apreciar como cierto el riesgo de muerte o daño irreversible en alguno de los comuneros después de 116 días de huelga de hambre. Digamos que la medicina estima que una huelga de hambre verdadera puede resultar mortal entre 60 y 90 días, y que un hombre de 70 kilos de constitución media podría resistir unos 74 días.

La más famosa víctima contemporánea, el irlandés Bobby Sands, murió en 1981 después de 66 días sin alimentos. Sands se convirtió en un ícono de la reivindicación nacionalista y republicana en Irlanda del Norte. Pero era miembro del IRA, una organización que usó los más salvajes métodos terroristas hasta que fue derrotado en el 2005. Es imaginable que la Presidenta no quisiera ser comparada con la primera ministra inglesa Margaret Thatcher, cuya negativa a ceder ante el IRA fue uno de los elementos por los cuales llegó a ser conocida como la “Dama de Hierro”.

Los comuneros mapuches, arrestados hace más de un año bajo la acusación de quemar una iglesia evangélica mientras había feligreses en el interior, reclamaban el término de su prisión preventiva y la recalificación de la querella que aplicaba la Ley Antiterrorista. El ministro del Interior ejecutó ambas cosas (sin éxito la primera, porque la Corte de Apelaciones de Temuco decidió mantener la prisión preventiva), justo después de que la policía, respaldada por Aleuy, detuviera a los dirigentes de la CAM como responsables de la quema de camiones y de ciertos planes inconsumados. Como suelen hacer, los jefes de la CAM niegan las acusaciones, pero entran a los tribunales enarbolando sus señales de lucha. No parecen Mahatma Gandhi saludando a Tolstoi.

No cabe ninguna duda de que este gobierno, como varios anteriores, enfrenta el desafío mapuche con dobleces, contradicciones y desacuerdos. La reivindicación étnica confunde a los altos funcionarios (y a los políticos), que ya enteran muchos meses discutiendo si los actos violentos que ocurren en La Araucanía pueden ser considerados “terrorismo” o merecen una denominación menos ignominiosa, menos infectada, un poco más aceptable, moderada, ¿comprensiva? Hay un cierto aire de parestesia en el debate: el cerebro parece desconectado de las sensaciones, lo que se ve es distinto de lo que se denomina.

Y, sin embargo, se trata de una discusión ya muy vieja: se hizo en España, en Irlanda, en Italia, en Rusia, en los países árabes, en el África negra. En el supuesto de que nada parecido ocurre en La Araucanía, algún nombre han de tener los ataques a hogares y propiedades, los incendios masivos de camiones y, en el último año, la quema de iglesias católicas y protestantes. Algún nombre ha de tener el hecho de que en amplios territorios de La Araucanía no se vive ni se duerme en paz, a veces por ser mapuche, a veces por no serlo.

Hay indicios de que la huelga de hambre -que es a la vez una medida de presión y una señal de fracaso-, en conjunto con el arresto de los jefes de la CAM, estaban alentando un clima de rencor en algunas comunidades mapuches, con expresiones de rechazo a la consulta étnica encargada al Ministerio de Desarrollo Social. Esto podría explicar la intempestiva irrupción del ministro Marcos Barraza, que desarrolló la opinión del PC para, aparentemente, liberarse de los problemas y sospechas que enfrentaría en el desarrollo de su consulta.

Hace mucho rato que se rompieron en el gobierno las lealtades propias del proyecto compartido. El ministro Rodrigo Valdés no supo, en su momento, que el gobierno se había puesto ambientalista en la zona concreta de un proyecto concreto. El subsecretario Aleuy no supo, ahora, que el gobierno prefería rendirse ante los riesgos icónicos de una huelga concreta. Y tampoco supo que, no existiendo terrorismo -según el juicio de otro ministro- no cabía la aplicación de una ley ni el “exceso mediático” de la policía.

Como resultado de tanto desconocimiento y desafección, se ha abierto ahora la posibilidad de que el subsecretario haga uso permanente de su feriado; o que lo suspenda si existe alguna señal de que su trabajo tiene algún significado.

Uf.

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Cataluña: la paja y el trigo

Los sucesos de Cataluña han incrustado en la retina del mundo una problemática que hasta ahora no suscitaba demasiada atención fuera de las fronteras españolas (y aun más de las europeas). Conviene, en un clima de serenidad, tratar de separar lo comprobable de lo fantasioso.

1 ¿Fue Cataluña alguna vez independiente?

No, Cataluña gozó en diversos momentos de un alto grado de autonomía, pero nunca fue un Estado independiente. Estuvo bajo control del Imperio Carolingio, es decir, de Francia, durante algunos siglos. Los carolingios crearon una serie de condados. Parte de la Cataluña que conocemos estaba en el condado de Barcelona. Tras el declive carolingio y después de un periodo en que el condado de Barcelona aumentó su territorio, los catalanes unieron su destino a Aragón, por lo cual una vez que Aragón y Castilla formaron a finales del siglo XV la unidad territorial que conocemos, Cataluña pasó a estar bajo la Corona española. Mantuvo mucha autonomía durante bastante tiempo, pero la decisión de tomar partido por el bando perdedor en la Guerra de Sucesión, en el siglo XVIII, perjudicó a Cataluña, que vio su margen de libertad bastante mermado. En el siglo XIX, volvió a tomar partido por el bando perdedor en las sucesivas guerras carlistas; no fue hasta finales del XIX que los catalanes empezaron a desarrollar un movimiento político nacionalista.

2 ¿Cuándo nació el independentismo catalán?

En la primera mitad del siglo XIX surge el catalanismo como reivindicación cultural. En el tramo final del siglo XIX, ese desarrollo tuvo su correlato político. A comienzos del siglo XX, distintos grupos cobran notoriedad en una Cataluña en la que también se desarrolla poderosamente un movimiento anarquista y otro de estirpe socialista radical.

3 ¿Hay antecedentes para la declaración de independencia que pretende hacer el gobierno catalán tras el referéndum?

No son tan definitivos como el relato independentista alega, pero algunos episodios que podrían ser considerados como tales. El más importante se da durante la Segunda República Española, en los años 30, cuando Esquerra Republicana proclama la República de Cataluña, dando poco después marcha atrás a cambio de un Estatuto de Autonomía. Luego, cuando la derecha desplaza a la izquierda del gobierno central en Madrid, los catalanes proclaman un Estado propio. Lo hacen de una forma relativamente ambigua, pues hablan, en palabras de Lluís Companys, de un “Estado Catalán de la República Federal Española”. La rebelión fue aplastada y tuvo como consecuencia una fuerte represión.

4 ¿Está Cataluña oprimida por Madrid?

Cataluña ha conocido episodios de represión del catalanismo, el último de los cuales fueron las cuatro décadas de la dictadura de Francisco Franco. Pero la transición a la democracia modificó, a finales de los 70, la relación entre Cataluña y Madrid. Con participación muy activa de los nacionalistas catalanes, los españoles negociaron y pactaron un Estado de las Autonomías que compaginaba, con mucha descentralización, las distintas sensibilidades regionales de España. La Constitución fue aprobada por todos los españoles, incluyendo los catalanes, masivamente. Además, los catalanes dieron su respaldo en las urnas al nuevo Estatuto de Autonomía, el segundo de su historia moderna, que les confería muchas competencias.

5 ¿En qué momento surgió el descontento con el arreglo autonómico que rige desde la transición a la democracia en Cataluña?

En la segunda mitad de la década de 2000 el independentismo, que hasta ese momento no representa más del 10 o 15%, pasa a influir en la marcha de los acontecimientos. En un primer momento, no lo hace forzando una proclamación independentista, sino exigiendo reformar el Estatuto de Autonomía para ampliar los poderes de Cataluña.

Resulta crucial para ello la caída de Jordi Pujol y de Convergencia y Unión, hasta entonces una alianza nacionalista moderada que había gobernado Cataluña durante dos décadas, y su reemplazo, tras los comicios de 2003, por una alianza de socialistas, republicanos y verdes, que además de tener un sesgo de izquierda más marcado que el del socialismo nacional tiene un componente nacionalista radicalizado. Bajo el liderazgo del socialista Pasqual Maragall, el “tripartito” impulsó desde Cataluña y con apoyo del PSOE un Estatuto de Autonomía que finalmente fue aprobado en las cortes españolas. Contenía varios elementos inconstitucionales, por lo que en 2010, luego de un largo proceso iniciado por acciones legales del Partido Popular de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional redujo significativamente su alcance.

Los nacionalistas radicales y una parte del PSOE habían despertado en Cataluña expectativas de un salto cualitativo hacia una autonomía que no era compatible con la Constitución, por lo que este recorte provocó allí una enorme frustración. Poco después, organizaciones políticas y cívicas subieron el tono y el contenido de sus reivindicaciones. La secuela de la crisis financiera, que en 2009 se convirtió en crisis económica, exacerbó el rencor de muchos catalanes por la contribución que, como la región próspera que son, hacen al conjunto de España (irónicamente el gobierno de Cataluña vive desde hace varios años, por el irresponsable manejo de sus finanzas, de un fondo que Madrid creó para ayudar a las autonomías).

6 ¿Cómo pasa el independentismo a representar a la mitad de los catalanes?

Dos factores convergen en este proceso. Uno es la transformación de uno de los dos grandes componentes de Convergencia y Unión en una organización independentista; la otra es el crecimiento de organizaciones cívicas soberanistas.

A la caída del “tripartito”, Convergencia vuelve al poder en Cataluña en 2010. Con oportunismo, intensifica las exigencias reivindicativas ante Madrid y pide negociar un pacto fiscal que modifique el sistema vigente. Madrid cometió un error considerable -hay que decirlo- no aceptando negociar alguna fórmula federal mediante la cual se procediera a dar a Cataluña una responsabilidad en la recaudación de los tributos y un mayor control sobre su pedazo de la torta fiscal. Cataluña pedía algo similar a lo que tienen los vascos, sólo que el sistema que rige en el País Vasco y Navarra está en la Constitución y lo que pretendía Cataluña hubiera exigido cambios normativos de grueso calibre, así como una negociación con el resto de autonomías. Madrid no supo entender que la nueva situación exigía imaginación y audacia para evitar que el reclamo se convirtiera en un gran movimiento independentista.

Esto contribuyó a que la celebración de la Diada (día de Cataluña) en 2012 alcanzara proporciones muy superiores a las anteriores. Los políticos, especialmente el gobierno de Convergencia, no tardaron en dar alas al pedido de una consulta popular sobre la independencia. Adelantaron las elecciones, que se celebraron en 2012. De allí en adelante, todo apuntó a esa consulta, antecedente del referéndum que acaba de tener lugar. Fue una consulta ilegal, declarada como tal por los tribunales, que se llevó a cabo sin garantías, y que tuvo como respuesta un gran ausentismo. Del universo minoritario que votó, una inmensa mayoría apoyó que Cataluña fuese independiente.

La consulta tuvo un efecto importante que calzó con las elecciones catalanas de 2015. Convergencia y Unión se partió y Convergencia Democrática de Cataluña, uno de sus dos componentes, adoptó abiertamente, en alianza con los independentistas radicales, el soberanismo como plataforma. La nueva alianza, Juntos por el Sí, venció en los comicios de 2015 con una plataforma que prometía el referéndum vinculante que se desarrollaría, al margen de la ley y en condiciones logísticas absurdas, el 1 de octubre pasado.

7 ¿Hay forma de convocar a un referéndum independentista en Cataluña?

Uno de los mayores actos de irresponsabilidad de los independentistas ha sido convencer a mucha gente de que el referéndum tenía una base legal sólo porque el Parlamento catalán aprobó una ley para convertir esa consulta popular en algo vinculante.

La Constitución española y la ley orgánica que norma el referéndum en España no permiten a una Autonomía realizar un referéndum sin aprobación del gobierno central. Un artículo de la Constitución permite al gobierno central delegar poderes a las autonomías, pero no especifica cuáles. La ley orgánica deja muy en claro que sólo el gobierno central puede autorizar esa consulta.

Por eso, precisamente, el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum convocado por el gobierno catalán que preside Carles Puigdemont y por eso el sistema jurisdiccional actuó para tratar de impedir su realización.

8 ¿Quién ha ganado la batalla de imagen?

Dentro de Cataluña, el relato según el cual hubo el 1 de octubre una feroz represión para impedir que los catalanes ejercieran su simple derecho al voto se ha impuesto entre muchos catalanes no necesariamente independentistas. En algunos medios del exterior, también. Lo cierto es que ni la represión fue tan grave como pudo ser (no hubo, felizmente, víctimas mortales) ni el saldo es el que la Generalitat propagandizó desde aquel día (pocas personas sufrieron consecuencias físicas de consideración y nadie ha podido demostrar que hubo más de 800 heridos, como sostuvo el gobierno soberanista). Pero no hay duda de que hubo escenas violentas, inevitables en un enfrentamiento de esas características y, peor aun, de que el independentismo catalán ha desatado, por oposición, un nacionalismo español, todavía menor, que podría crecer y adquirir ribetes peligrosos. Las escenas de grupos independentistas cercando a los policías nacionales en los hoteles catalanes han provocado ira. No sería de extrañar que surjan grupos anticatalanes violentos.

9 ¿Hay alguna solución?

No en lo inmediato. Ni el Estado puede dar marcha atrás en su elemental obligación de restaurar el imperio de la legalidad que el independentismo ha violentado, ni los independentistas pueden, entregados ya a una dinámica confrontacional sin cuartel y una épica victimista, ceder. Pero, una vez que se restablezca el orden y las voces moderadas puedan hacerse más fuertes en Cataluña, tendrá que haber una negociación sobre el futuro de la relación.

No es realista suponer que puede mantenerse esa relación en su marco jurídico actual. Tendrá que haber una puesta al día del gran pacto español de finales de los años 70 que permitió la transición a la democracia, la convivencia pacífica y el desarrollo durante todas estas décadas. Ese nuevo sistema, probablemente más federal que el estado de las Autonomías, no contentará a todos, pero puede canalizar las aspiraciones de muchos catalanes que sienten la necesidad de tener un control y una proyección mayor de su particularidad en el conjunto de la España moderna.

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El intelectual público

¿Qué tienen en común Mario Vargas Llosa y Humberto Maturana? A primera vista nada, aunque si se les examina con cuidado coinciden. Ambos se han destacado en áreas que en modo alguno calzan con la manera como se presentan en prensa recientemente. El Premio Nobel trotamundos despotricando sobre la derecha chilena contraria al aborto, otras veces como pareja de Isabel Preysler. El biólogo, por su parte, haciendo charlas a altos ejecutivos de empresas en varios países para, así, motivarlos a que logren ser mejores “seres humanos”. En el fondo, realizando los dos el papel que antiguamente, cuando aún no nos secularizábamos, cumplían sabiondos más bien pontificales (por ejemplo, los curas desde sus púlpitos).

Nada que ver lo suyo con lo que tradicionalmente se asocia al intelectual público tipo Andrés Bello o Sarmiento en el siglo XIX, Bertrand Russell, Sartre y Camus en el XX. Ninguna de estas figuras más de ideas que intereses se hubiese querido asociar a conglomerados ideológico-empresariales filisteos, tampoco a ninguno se le hubiera ocurrido montar, como a Maturana, un “centro de estudios” especializado en “coaching” y “autoayuda” (véase Qué Pasa 22/09). ¿Se imaginan a alguien en el siglo XIX pidiéndole a Darwin que hiciera una charla de cómo ser menos simio o, avanzada la “evolución humana”, menos cavernario?

Sospecho que ni siquiera Herbert Spencer se habría prestado para semejante propósito y eso que vulgarizó las ideas darwinistas (hacia el final, Spencer perdió incluso la fe en la idea de progreso).

¿A qué se debe, entonces, esta regresión pietista, estas capillas con feligreses cautivos? Una posibilidad es que existan públicos desorientados, ansiosos de que se les reafirme en sus prejuicios. Vargas Llosa expresó lo que seguramente le hubiese gustado decir a Piñera pero que, tras su comentario sobre los “cómplices pasivos”, no era conveniente explicitarlo pudiendo espantar el voto de los duros.

Está también el desprecio que se tiene en nuestra época a intelectuales desafiantes que tratan, más que opinar, de pensar y razonar, ergo, explicar e incomodar provocando a sus oyentes.

Recuerdo, cómo en 2002, cuando algunos llevábamos años criticando la transición, un suplemento dominical que se las da de cultural nos mostró en fotos (“Intelectuales públicos: jugando en la liga nacional”), rotulados bajo etiquetas semi en chunga: “Rabio porque rabio”, “El descontento”, “Chilean Kristeva”, “Padrino de LOM”, “Acento de Oxford”, “La Falacci colorada” y “Freud y showbizz”; mezclados y equiparados a otros más afines a la línea editorial del periódico, titulados a su vez: “La gourmet”, “El hombre lobby”, “De MAPU a digital”, “El historiador”… Es que suele ser riesgoso decir algo en serio en Chile, por tanto, bien vale la chunga y a “farandulizarse” no más, de frentón.

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Al estilo Playboy

A fines de los años 90, me tocó entrevistar a Milton Friedman, en su casa de San Francisco, California. El día anterior, lo llamé por teléfono para confirmar algunos detalles y, luego de unos minutos, me dijo: “Supongo que viene preparado”. Bueno, no es fácil responderle esa pregunta a cualquier Premio Nobel, menos a Friedman, un hombre reconocidamente exigente. Igual le dije que sí, que había leído sobre su obra y otras cosas, frente a lo cual se limitó a decir: “¿Leyó mi entrevista en la revista Playboy? Si no lo ha hecho, no está preparado”. Y cortó.

Al día siguiente, ya en la conversación con Friedman -y con la entrevista leída-, el economista me contó los detalles. “Vinieron dos periodistas que prácticamente vivieron conmigo una semana. Fueron a mis clases, reuniones, hasta comimos juntos. Bueno, así escribieron la mejor entrevista que nunca me han realizado. Además, me tocó una buena portada”, me dijo esbozando una pequeña sonrisa, la única de toda la sesión. No aclaró cuál fue la “conejita” de la portada en cuestión, pero fue evidente que el hombre no solo miraba números.

La anécdota sirve para ilustrar cómo la revista Playboy jugó un rol fundamental en la cultura de esos años, algo que se ha destacado mucho en estos días, a propósito de la muerte de su fundador, Hugh Hefner. Intelectuales, políticos y celebridades pasaron por sus páginas, con textos de una calidad y profundidad pocas veces vistos, convirtiéndose en piezas de culto.

Pero esto también es el reflejo de otra cosa. La disponibilidad de esas personas para aparecer en una revista que nunca renegó de ser una publicación de adultos y de grandes desnudos. Pese a ello, Friedman estaba tan orgulloso de su paso por Playboy, que incluso puso la entrevista como prólogo de uno de sus libros más célebres. Y esto habla de que la revista interpretaba a la gente, entre ellos, a los intelectuales. Su frivolidad, su sexualidad, su humor, se combinaban con lo serio de una manera que no solo no molestaba, sino que agradaba.

Por eso, Playboy también tiene el legado de romper con la visión, tan extendida en nuestro tiempo, donde uno es serio o frívolo, inteligente o tonto, divertido o aburrido. En ese sentido, la revista no solo es un símbolo de la liberación sexual; también es un reto a la idea de encasillarnos como personas en blanco y negro, cuando sabemos que lo colorido, lo interesante, incluso lo divertido, está en la integración de las cosas, en saber transitar de un extremo a otro, sin prejuicios, aprovechando y aprendiendo de todo.

Así lo entendió no solo Friedman. También Salvador Dalí, Jean Paul Sartre, Martin Luther King, Orson Wells y muchos otros que pasaron por sus páginas. Personas que nunca dejaron de ser intelectuales de peso, pero que mostraron una libertad de acción que solo los hizo más grandes, más interesantes, más personas. Son los grandes “playboy” de la historia.

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Fácil es opinar, difícil es decidir

Revisando artículos sobre el conflicto que por estos días vive España, y que pone en severo riesgo su integridad como nación, leí la simple frase que da título a esta columna. Simple pero muy cierta, en particular cuando se trata de enfrentar situaciones severamente dramáticas.

Es de esa naturaleza la decisión tomada por el gobierno, con el objeto de poner término a la huelga de hambre que llevaban adelante comuneros mapuches, todos formalizados en la causa en que se investiga el grave delito de incendio de un lugar de culto, en el marco de la ley que determina conductas terroristas. Para conseguir el fin de la medida extrema de las imputados, la autoridad gubernamental solicitó la rebaja en la medida cautelar dispuesta por la justicia, sin conseguirlo, y también anunció que retiraba su tesis jurídica de estar frente a una conducta terrorista, resultado que está por verse, pues serán los tribunales los que en su oportunidad deberán resolver sobre este tema de fondo. Para decirlo claramente, no es el Poder Ejecutivo el que decide si un hecho tiene o no el carácter de terrorista, simplemente invoca la ley como uno de los titulares de la acción, pero no exclusivo.

Qué duda cabe que la decisión del gobierno era compleja, y la que tomó en definitiva tuvo como elemento fundamental evitar el riesgo de vida de los ayunantes.

Más o menos explicaciones, es la misma decisión que años atrás tomó el gobierno de Piñera, por eso llama la atención la ligereza con que criticó al gobierno, olvidando muy rápidamente su propia historia.

Qué duda cabe también que este tipo de decisiones dañan la pretensión punitiva del Estado frente a estos hechos delictuales. Ese bien jurídico es postergado por otro, cautelar la salud y en su extremo la vida. Fácil es opinar y difícil decidir.

Sin embargo, los hechos y sus efectos no quedan allí, faltaba una entrevista y sus consecuencias.

El ministro de Desarrollo Social estimó del caso recetarse una entrevista en la que negó la existencia de acciones terroristas en la región de La Araucanía. Es legítimo que una persona sostenga aquello, lo complejo resulta que dicha persona sea miembro del gabinete de un gobierno que, por el contrario, estima que hay casos de acciones terroristas, y justamente por aquello es que ejerce las acciones que la ley le otorga para combatirlo; una contradicción flagrante, sin posible explicación. No paró allí, pues estimó del caso criticar la forma y modo en que el Estado ejecutó las órdenes judiciales que permitieron la captura de personas imputadas y luego formalizadas como integrantes de una asociación ilícita; sobre esa calificación preliminar se desarrollará la investigación. Esa entrevista aún produce efectos. La autoridad del Ejecutivo, encargada del tema, se encuentra en una situación ignota, plena de interpretaciones. En efecto, el subsecretario del Interior, un muy buen funcionario, este articulista puede dar fe de aquello, no sabemos si retomará o no su tarea.

Nadie duda que uno de los temas más complejos que enfrenta el país es la situación de nuestros pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche. Solo con valentía, generosidad y un gran acuerdo podremos enfrentar el desafío, pero paralelamente es imposible para cualquier gobierno ser neutral frente al delito, bajo pretexto de una eventual legitimidad de origen de la comisión de delitos.

Al ministro Barraza también le viene bien la frase: “Fácil es opinar, difícil es decidir”.

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Ni impostura ni imprudencia

Impostura es la de quiénes con ojos entornados han criticado al Tribunal Constitucional en los medios chilenos para dar notoriedad a una candidatura presidencial y parlamentaria. Impostura ha sido también acusar al Tribunal de excederse en sus atribuciones, proponer su eliminación y al mismo tiempo concurrir a sus audiencias con tenida formal y alegar en sus estrados. Impostura ha sido autodefinirse como constitucionalista y negarse a condenar la cobarde agresión de la cual fueron objeto en las puertas del Tribunal, el ministro Domingo Hernández y el candidato José Antonio Kast. Denunciamos estas imposturas y estas actitudes ridículas y engreídas, pero eso no basta.

Porque, la denuncia de tanta impostura, no nos debe impedir criticar las acciones del Tribunal Constitucional que a nuestro juicio han sido imprudentes. Entre ellas destaca la declaración del Tribunal Constitucional de fecha 29 de septiembre 2017, que se refiere a los préstamos del Banco del Estado a parlamentarios que son candidatos en las próximas elecciones.

Esta declaración en sus puntos 2 y 3 atribuye al Servicio Electoral el control y fiscalización de los créditos bancarios con fines exclusivos de campaña y luego menciona los artículos en que el Tribunal Constitucional funda su competencia para los casos de inaplicabilidad.

En ella se exponen varios razonamientos que pueden confundirse con considerandos de una o más hipotéticas sentencias, que no debían ser parte de una declaración pública. Para significar la confusión que produce esta declaración, el profesor Luis Cordero ha sostenido con ironía que es una nueva fuente del derecho constitucional, que debemos estudiar. Dice además que con ella se lesiona la Constitución y que se inmiscuye en cuestiones políticas de modo improcedente, lo que me parece es afirmar demasiado.

En todo caso, sabemos que el Tribunal Constitucional chileno ha sido criticado con justica por sus atribuciones preventivas y las facultades que ejerce de oficio, por la extensión y coherencia de sus resoluciones y por la responsabilidad constitucional y la posibilidad de acusar a sus integrantes. También se ha propuesto revisar su integración y sistema de nombramientos, y el que todos los casos que lleguen a esa importante magistratura, lo sean a petición de parte. Además, en el caso del Tribunal Constitucional la ciudadanía tiene derecho a esperar que sus comunicaciones y resoluciones contribuyan de manera efectiva a la consolidación de la democracia constitucional chilena. Pero por buenas que sean las intenciones del Tribunal a este respecto, sus declaraciones y comunicaciones públicas no deben confundirse con el ejercicio reglado de sus atribuciones. Lamentablemente la declaración del 29 de septiembre 2017 que surge de oficio y por sorpresa de parte del Tribunal, es una imprudencia comunicacional que no parece hacerse cargo de estas objeciones.

Es de justicia, en medio de tanta impostura, una que otra imprudencia y de tantas críticas, reconozcamos las mejoras del Tribunal Constitucional. Porque en fecha reciente sus sentencias han intentado hacerse cargo de sus precedentes. Porque para apoyar sus funciones se ha profesionalizado su Secretaría y organizado un Departamento de Estudios y una Biblioteca. Porque se ha inaugurado una línea de publicaciones y participado en múltiples actividades académicas que lo prestigian entre sus pares. Estos adelantos que se simbolizan en su nueva sede han dignificado la labor del Tribunal Constitucional chileno y ese es el camino de la mejora gradual que debe continuarse.

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Declaración dentro de sus facultades

En relación a la declaración pública del Tribunal Constitucional (TC) sobre financiamiento, a través de créditos bancarios, cabe hacer presente ciertas precisiones jurídicas.En primer lugar, el TC ha recordado que la declaración de inhabilidad de parlamentarios, por haber celebrado o caucionado contratos con el Estado, es de su esfera de competencia (art. 93 N° 14), no habiéndose presentado acciones a la fecha, de forma tal que no resulta procedente dar por establecida inhabilidad alguna.

Ciertamente que el TC solo puede dictar sentencias siempre y cuando se presente una solicitud por legitimados activos: el Presidente de la República o por a lo menos 10 parlamentarios.

Cabe señalar que en 27 años solo se han presentado dos requerimientos, ambos rechazados unánimemente, aunque por otras causales (casos Errázuriz y Navarro). No debe olvidarse que toda inhabilidad necesariamente siempre debe interpretarse en términos restrictivos.

Ahora bien, con el propósito de informar a la ciudadanía en una materia esencial para el funcionamiento del régimen democrático, habida consideración de las inquietudes motivadas por distintos actores públicos y privados, a escasos días de una elección, se recuerda algo que parece obvio: un crédito bancario para financiamiento de una campaña no es de aquellos contratos celebrados con el Estado que pueden hacer cesar a un parlamentario.

La historia constitucional de esta disposición es clara en cuanto a que lo que se sanciona es suscribir contratos a los que no se encuentra sometida la generalidad de las personas, pretendiendo por lo mismo privilegios especiales, excluyéndose también servicios de utilidad pública o contratos de adhesión.

Ciertamente que, como también lo señala el TC, el control y fiscalización de dicho financiamiento debe ser competencia del Servel, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde a los tribunales de justicia en materia de control y transparencia de gasto electoral.

Como puede observarse, el TC no ha dictado una sentencia como tampoco ha ejercido jurisdicción en los casos que taxativamente le indica la Carta Fundamental (artículo 93) y como lo exige su ley orgánica (artículo 3 DFL 5/2010). Simplemente ha efectuado una declaración que, como su natural sentido lo indica, es una “manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran” y que es dirigida a los ciudadanos con una finalidad meramente informativa.

En doctrina administrativa se conocen como “actos no decisorios”, entre los cuales se encuentran aquellos de carácter informativo (Sánchez Morón, Derecho Administrativo, 2014; p. 536). Se trata de actividades de difusión e información que son propios de todos los órganos públicos, como se puede observar de revisar las potestades de ciertos entes: Consejo para la Transparencia (art. 33 h Ley 20.285), el Servicio de Impuestos Internos (art. 7 q DFL 7, 1980) o la propia Contraloría (art. 26 Ley 10.336).

Lo anterior se vincula además con los deberes de publicidad y transparencia, que reconoce el artículo 8 de la Constitución Política, lo que facilita un adecuado conocimiento de la normativa por parte de la ciudadanía.

No se trata, por lo demás, de una forma de comunicación inusual en los demás poderes del Estado. Una simple revisión histórica institucional nos permite comprobar que es común también que la Corte Suprema realice declaraciones públicas, en la medida que existan razones de interés nacional que lo justifiquen.

Joaquín Edwards Bello recordaba que en Chile primaba la “neumática” y la tramitación burocrática. El TC, en realidad, lo que ha hecho es dar a conocer a la opinión pública algo que resultaba tan evidente que, por sabido, parece que se ignoraba.

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La gran fractura

Por diversas razones, en las últimas semanas me ha tocado escuchar una propuesta con similares palabras: “ha llegado la hora de convocar a los filósofos en esta región, a ver si nos dicen como salir del abismo”. Esa podría ser una buena idea porque en nuestras sociedades se están viviendo fracturas profundas y las respuestas están lejos de ser nítidas y concretas. Se habla de tiempos de incertidumbre, donde el principal patrimonio perdido es la confianza. Hay una tarea urgente: hacer nítidos y sólidos los valores esenciales capaces de dar sustento a “lo común”. Allí es donde los profesionales del pensar debieran pasar al frente, mientras el resto (políticos, empresarios, dirigentes sociales, instituciones juveniles, femeninas, religiosas y sindicales, entre otros) conforman un coro respetuoso, dispuesto a entender las nuevas determinantes del futuro.

En el Informe 2016 de Latinobarómetro hay unas frases contundentes que debieran encender todas las alarmas: “La caída del apoyo a la democracia en América Latina o su estancamiento según el país, es evidente. Podemos sólo esbozar los motivos por los cuales esto sucede, pero en ninguno de los casos se trata de fenómenos pasajeros o de fácil solución… Son evidentes la corrupción, la violencia, la inclusión, el acceso, la desigualdad que no logran controlarse y superarse. Los motivos del declive o estancamiento de la democracia son claros, los ciudadanos ya no aceptan lo que era aceptable hace diez años atrás”.

Y allí hay una fractura esencial cuando la ciudadanía siente cada vez más insuficientes las soluciones que le ha dado la democracia. Vienen tiempos de elecciones en varios de nuestros países, pero no pareciera estar en el debate esa distancia mayor entre conducción política (instituciones y partidos) y conciencia ciudadana de hoy, donde lo global y lo local se articulan en un todo que configuran un imaginario nuevo de aspiraciones.

El optimismo se erosionó. Y no es sólo un dato de nuestra realidad, también emerge en el mundo desarrollado. Encuestas en Estados Unidos señalan que aquel supuesto de una vida mejor para los hijos respecto de los padres, ya está en cuestión: para los nacidos en 1940 ese supuesto era compartido por el 90% de los consultados; para los nacidos en 1980 tal afirmación sólo llega al 50%. Y pregunten a los jóvenes en España y otros países europeos y se podrán constatar las mismas dudas sobre el futuro.

Las elecciones en Francia, en Alemania o en Estados Unidos demostraron como se han abierto espacio en la sociedad los partidarios de las polarizaciones y los estereotipos impregnados de ignorancias. ¿Puede pasar lo mismo entre nosotros? Aquí es donde el desafío de identificar grandes idearios se torna esencial. Ya es una obviedad decir que el mundo va cambiando aceleradamente y vamos entrando a otra época. La cuestión es como las élites, como las entidades de la política y los gobernantes o los que aspiran a serlo, se sacan la camisa del siglo XX y se ponen la que en buena medida ya viste la ciudadanía en el siglo XXI.

Se genera una grieta cuando se definen bipolaridades donde se dice acá los del Estado, allá los del mercado. O cuando se afirma aquí los partidarios de las migraciones, allá los contrarios a ellas, con atisbos de racismo que desconocíamos. Y oposiciones en otros grandes temas también están allí. En cada instancia la presencia de la fractura se ratifica. ¿Es posible reaccionar a ello? ¿Es posible que esta fractura se pueda ir cerrando a partir de una mirada común, de cómo las elites concuerdan trabajar para recuperar la confianza ciudadana? ¿Cómo hacemos para que el Estado y el mercado sean entidades que funcionan adecuadamente, cada una en su campo, y no se las vea como una dicotomía irremontable?

La fractura hay que empezar a llenarla con propuestas que nos convoquen a todos. No cabe aceptar como sistema aquel de bandos irreconciliables, en circunstancias que hasta ayer creíamos tener los mecanismos para seguir creciendo económicamente, de una manera sustentable, para avanzar hacia una inclusión social donde ese crecimiento llegue a todos. Los tiempos electorales siempre son de debate duro. Pero el marco debe ser una perspectiva compartida, un sentido de país y de región que tiene metas mayores: hoy, un estudio tras otro de los organismos internacionales, nos dicen que eso desea la ciudadanía, pero ésta no recibe respuestas. Por cierto, quien asume el poder de conducir a su país tiene la responsabilidad principal de hacerlo: es una tarea esperando tras estas elecciones que se avecinan.

La fractura social está emergiendo con demasiada fuerza. La desigualdad y la exclusión son madres del escepticismo y la apatía social. Esas son las verdades que llaman con urgencia a una reflexión mayor sobre los valores esenciales bajo los cuales todos trabajemos por una convivencia eficiente y moderna. Para los progresistas, la tarea de hoy es muy concreta: hacer que el progreso llegue a todos. Y reclama una palabra clave: solidaridad. Esa solidaridad tan presente cuando la naturaleza nos golpea y nos demuestra como podemos trabajar juntos ante desafíos mayores. Ojo, que la fractura social también puede ser sinónimo de huracán o terremoto.

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Fría máquina de matar

Se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara. ¿Qué queda de él? Dos cosas: una iconografía capitalista, es decir un producto de la sociedad de consumo que odió, y la penosa Revolución Cubana que trató, sin éxito, de exportar.

De tanto en tanto, me detengo a la entrada de algún museo, un mercado de pulgas o en la Quinta Avenida de Nueva York y pregunto a los jóvenes prósperos que llevan su camiseta qué saben de él. Invariablemente es muy poco o casi nada lo que saben, pero no es infrecuente que me respondan: “Murió por sus ideales”.

Su iconografía, como la de James Dean, se benefició de su temprana muerte (sacralizada por la foto famosa de Freddy Alborta en la que su cadáver parece el de Cristo) y, como la de Justin Bieber, por esas fotos de chico joven que juega a ser malo (especialmente la de Alberto Korda).

Todo esto es bastante inofensivo, pero ¿es justo que la historia haya sublimado al Che? Es mejor que sea así a que siga inspirando a otras “máquinas de matar”, según la fórmula que él mismo utilizó en su “Mensaje a la Tricontinental” para describir, elogiosamente, lo que debe ser un revolucionario.

Jean-Paul Sartre lo llamó “el hombre más completo” de nuestra era.

En realidad, fue el más completo ejemplar de una especie aborrecible: el totalitario. Muchos episodios lo retratan “sediento de sangre”, la expresión que utilizó, en una carta a su mujer, poco después del desembarco en Cuba para hacer la revolución. Especialmente su paso por la cárcel de La Cabaña, que dirigió los primeros meses de 1959 y donde fusiló sumariamente a cientos de adversarios, reales y supuestos (en un texto que escribí hace algunos años recogí el testimonio del capellán de La Cabaña, Javier Arzuaga, y del abogado José Vilasuso, que participó en los procesos sumarios).

Quería una sociedad totalitaria. Nasser, el líder egipcio, escribió en sus memorias que el Che le explicó que la profundidad del cambio se medía por el número de personas “que sienten que no hay lugar para ellas en la nueva sociedad”. Participó en la creación de la policía política (G-2) y el grupo de adoctrinamiento para militares (G-6), y tuvo un rol clave, durante sus tratos con Moscú, para convertir a Cuba durante en una cuasi colonia soviética.

Sus ideas sobre la justicia social las pudo practicar cuando estuvo a cargo del Banco Nacional y el ministerio de Industria. Se las arregló, entre otras cosas, para que la producción de azúcar cayera a la mitad y la industrialización fuera un fracaso. En lugar de que Cuba superase a Estados Unidos en 1980 en ingreso per cápita (el pronóstico que había hecho), ese año todos los productos básicos estaban franciscanamente racionados por su escasez. Su contribución a ese fiasco fue directa.

Tampoco puede decirse que fuera un revolucionario con gran sentido estratégico: sus expediciones al Congo y a Bolivia fueron un desastre, y la última, para colmo, le costó la vida. No supo entender que los campesinos bolivianos, que ya se habían beneficiado de una reforma agraria, lo último que querían era a un argentino cubanizado pegando tiros en sus montañas, y que los comunistas bolivianos estaban aburguesados (y altamente desmoralizados porque perdían elecciones aplastantemente cuando las había).

Todo esto lo ignoran las nuevas generaciones. El slogan de un jabón en polvo anuncia: “El Che lava más blanco”. Es al revés: la historia lo ha blanqueado a él. Pero dudo mucho que a la fría máquina de matar este destino purificado lo hubiese honrado.

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Guillier y el cambio tecnológico

Hace unos días un titular de un diario electrónico decía que el senador Alejandro Guillier proponía un impuesto a la robotización, en caso de ser elegido Presidente. A primera vista me pareció una tontería, como querer tapar el sol con un dedo. Para ser justos, el senador en la entrevista señalaba que no se podía impedir la modernización de los métodos productivos vía robots pero que sí podría ser necesario enfrentarla con un impuesto en el corto plazo para evitar sus efectos sobre el empleo. De cualquier modo, sentí curiosidad por conocer más de su programa de gobierno en cuanto a cómo se evalúa la incorporación de los acelerados cambios tecnológicos globales a la economía chilena. Buscando en Internet llegué a la versión oficial del programa registrada en el Servel, sobre la que querría hacer un par de comentarios.

Guillier indica en su programa que hay dos caminos para afrontar el cambio tecnológico: uno, permitiendo que las nuevas tecnologías se incorporen en Chile sólo por las señales del mercado; y el otro, estableciendo un nuevo pacto social para “apropiarnos (sic) de esas nuevas tecnologías para construir una competitividad que no esté divorciada de la igualdad de oportunidades”. ¿Por qué prefiere este último camino (que no queda claro qué significa ni cómo se arriba a dicho pacto social)? Porque “…la incorporación de nuevas tecnologías según las orientaciones del mercado sólo agudizará las brechas sociales, afectando la gobernabilidad, obligándonos a convivir con altas tasas de desempleo juvenil y haciendo cada vez más difícil que la política pública pueda compensar la desigualdad de oportunidades”.

Aunque la retórica del texto es la de un período electoral y la desconfianza en la economía de mercado es natural en la izquierda, es cierto que la incorporación de nuevas tecnologías – y en forma acelerada – trae aparejado el riesgo de dejar de perdedores a muchos que se quedan atrás por no tener las capacidades para enfrentar el cambio. Ello, a su vez, puede desembocar en una peor distribución del ingreso y en la creación de bolsones de desempleo.

Pero la respuesta fácil de poner un impuesto al uso de nuevas tecnologías desaprovecha los aumentos en productividad – y por tanto, en crecimiento – que ellas traen, perjudicando la economía del país. La instauración de un nuevo pacto social parece una frase sin contenido y que choca con dos realidades. Primero, no tenemos como país experiencia en generar tal instrumento con una metodología aceptada por todos – el pacto social de la transición a la democracia fue implícito y fáctico más que elaborado conceptualmente. Y segundo, Chile es una economía pequeña y fuertemente integrada al mundo, escenario caracterizado por una feroz competencia que nuestras empresas enfrentan en el mercado global; es decir, no hay respiro como para postergar la integración de las nuevas tecnologías en forma gradual y temperada por un pacto social.

La respuesta difícil es el camino largo y complejo de la educación y capacitación. Es necesario ya mismo modernizar los contenidos y metodologías de todos los niveles de educación formal para que los estudiantes aprendan a enfrentar y gestionar los cambios, lo que requiere reforzar materias generales y, sobre todo, lenguaje y matemáticas. Algo similar debiera hacerse en capacitación. Las estadísticas señalan que la mitad de los adultos en la fuerza laboral son analfabetos funcionales, con una gran deficiencia en comprensión de lenguaje y habilidades matemáticas mínimas. Esto es de la máxima urgencia. No podemos poner parches como impuestos a la robotización – que son impuestos al progreso – ni darnos un tiempo largo de debate sobre un nuevo pacto social que enmarque una asimilación pausada – y lenta – de las nuevas tecnologías. No hay tiempo. Ni tampoco parece práctico.

 

 

 

 

 

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