Álvaro Bisama's Blog, page 66

Microhistoria

El documental y la autoficción son los géneros que más lustre le han sacado a la microhistoria, esa vertiente de la historiografía que concentra su mirada en los individuos particulares para alumbrar los grandes procesos. Uno de los padres de esta corriente es Carlo Ginzburg -hijo de la narradora Natalia Ginzburg-, que en El queso y los gusanos reconstruye la vida de un molinero italiano para mostrar todo un pensamiento y una cultura (la popular) refractarios al dogma pregonado por la Inquisición.

La serie documental The War, de Ken Burns, es otro ejemplo extraordinario de microhistoria. En ella, la II Guerra Mundial está contada por ciudadanos provenientes de cuatro poblados estadounidenses: Luverne, Sacramento, Mobile y Waterbury. Son poquísimas las imágenes de Roosevelt, Churchill o Patton. El lente está puesto en los habitantes cuya vida cambió radicalmente desde que los japoneses atacaron Pearl Harbor.

Sorprende la cantidad de registro audiovisual: ver los centros de reclutamiento, las tiendas de campaña, la acción en las trincheras, los hospitales y, evidentemente, los cuerpos destrozados, con los estómagos abiertos y las gargantas cortadas, tirados en las zanjas o siendo cargados por sus propios compañeros tras ser abatidos en las islas del Pacífico, en el norte de África o en Europa. También hay aspectos sociológicos que la guerra evidencia y que incluso hoy siguen desconcertando, como la segregación hacia los negros y los descendientes de japoneses, en un país que decía luchar por la libertad.

El documental es rico en historias de jóvenes que se enlistaban para huir de sus casas, para saber lo que era conducir un avión, para ser un héroe. Asimismo, abundan los que al ser reclutados hipotecaron un futuro cuando menos, auspicioso. Uno de ellos, Babe Ciarlo, escribía cartas desde el frente llenas de confianza y optimismo. Sin ninguna aspiración literaria, Babe sabía que la escritura brinda la posibilidad de vivir otra vida, de ser otro, alguien que estaba lejos de las balas. Al momento de morir llevaba dos rosarios, su licencia de conducir y una carta.

En ese punto uno recuerda ese relato perfecto que es “Las cosas que ellos llevaban”, de Tim O’Brien, quien estuvo en Vietnam y condensó en 21 páginas la marcha de una cuadrilla de 17 hombres hacia Than Khe, enfatizando aquello que porta un soldado: desde un abrelatas hasta una radio de onda corta, desde cigarros hasta pastillas contra la malaria, desde una radio hasta explosivos de toda índole. Lo sobrecogedor es la cadencia de esa enumeración junto a la especificación del peso: granadas de mano (435 gramos), proyectiles (300 gramos), cascos (dos kilos), chaleco antibalas (dos kilos y medio)… La densidad de las palabras es abrumadora, porque además de alcanzar una precisión quirúrgica, deja abierto un espacio igualmente doloroso, el espacio de las cosas que no pueden pesarse: la culpa, el temor, los recuerdos y las pérdidas.

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Otro golpe a la autonomía universitaria

Recientemente se ha conocido la propuesta del Gobierno en que buscará remover a Rectores de las universidades estatales en caso que en sus procesos de acreditación bajen el número de años obtenidos o pierdan definitivamente su certificación.

Si uno lee entre líneas lo que la autoridad busca, hasta se puede entender: Existe una preocupación por aquellas universidades cuyo “dueño”, es el Estado, y que son financiadas por los impuestos de todos los chilenos, se esmeren y esfuercen por ser de la mejor calidad posible. Esta es una visión lógica y responsable por parte de la autoridad.

Dicho lo anterior, el problema es que el método que ha encontrado para alcanzar este objetivo está profundamente equivocado por dos motivos. El primero de ellos es que desnaturaliza el proceso de acreditación. Este, es un proceso que se basa en la autoevaluación, con una alta participación de la comunidad académica, la que se toma el tiempo de efectuar un análisis crítico del funcionamiento de la universidad. De este ejercicio emanan las principales fortalezas para potenciar la entidad, y sus debilidades, para poder mejorarlas.

Entonces si asociamos medidas punitivas a los resultados de la acreditación, ¿alguien cree en su sano juicio, que esas comunidades van a correr el riesgo de elaborar un informe que las perjudique y pueda verse afectada su fuente de actividad principal? La respuesta es no. La naturaleza humana nos ha demostrado que el principio de auto protección es superior a la objetividad.

La ley vigente tiene el mismo problema, se acredita por años -de dos a siete- estableciendo una escala similar a la que se establece en las notas. De esta forma, la opinión pública se queda con la sensación de que un siete es sobresaliente, mientras que un cuatro es regular, y menos es reprobado.

Lo lamentable es que, en el actual proyecto de ley, que se encuentra en discusión en el Congreso, se profundiza este error, no queriendo la autoridad redactora entender el concepto profundo que significa este proceso de medición de la calidad.

La segunda razón, es tal vez más grave aún. Se pretende que por la vía administrativa el gobierno de turno pase a llevar la normativa jurídica y estatutaria que rige a esa institución, violando abiertamente la autonomía universitaria. La autonomía se encuentra garantizada por ley y es la columna vertebral que tiene toda universidad para ejercer en libertad su quehacer, permitiendo con eso tener independencia, juicio crítico y reflexivo, y total independencia para ejercer sus funciones.

Lo grave, es que, en el actual proyecto de ley en discusión, la autonomía universitaria se pierde completamente en manos del Estado. Se crea una Subsecretaría de Educación Superior que tiene el control total sobre las universidades; fija precios, vacantes, planes de desarrollo, controla la admisión.  Es decir, establece el control gubernamental sobre las universidades, dejándolas al arbitrio de los burócratas de turno. Esto constituye un peligroso riesgo a la libertad.

Lo peor de todo es que si la autoridad quiere velar por los recursos de todos los chilenos, la solución la tiene a la mano y es una ley que este mismo gobierno promulgó: la ley del Administrador Provisional, que ya ha sido aplicada en otras universidades que se han visto afectadas, ya sea por mal manejo o por irregularidades en su gestión.

El problema es que esta ley, en su génesis siempre estuvo pensada para ser aplicada solo en universidades privadas, evidenciando que el gobierno aún piensa que el lado oscuro está en ese sector, no queriendo aceptar que no es garantía sine qua non que, por ser universidad estatal, esta sea de calidad.

De hecho, si analizamos los indicadores de calidad entre las universidades estatales y las privadas que nos encontramos adscritas al proceso único de admisión, observamos con beneplácito que estos, son superiores a las estatales, a pesar de que no disponemos de aportes basales ni recursos extras que a ellas sí se les entregan.  Entonces la pregunta que subyace es: ¿Por qué el propio gobierno no tiene fe en las leyes que promulga? o ¿se dio cuenta que era una mala ley, tal como tantas veces, en la discusión, lo dijimos públicamente?

Lamentablemente en estos últimos cuatro años de discusión se ha legislado desde la desconfianza, no entendiendo que un marco de efectiva libertad favorece la calidad de la educación, marco de libertad que debe incluir los procesos de acreditación.

 

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La guerra contra Colón

Desde hace algún tiempo, la conmemoración del descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón ha perdido el carácter de hazaña que solía tener. Por el contrario, hoy parece ser un episodio de la historia universal que para algunos debería ser borrado de la memoria de la humanidad.

Colón y los europeos que vinieron después de él han sido demonizados como ambiciosos, villanos y megalómanos, que solo trajeron a América enfermedades, esclavitud, desastre ecológico y muerte a una tierra que antes era pacífica, una suerte de paraíso terrenal.

Concebir a Colón y a los hombres de Europa que se asentaron en el Nuevo Mundo lisa y llanamente como monstruos, o levantarlos como modelos de virtud, es de una simpleza grosera que no resiste análisis crítico. Lo mismo ocurre al presentar a los pueblos que habitaban este continente como gente pacífica cuya armonía fue repentinamente destruida por la llegada de los españoles. La verdad es que el largo proceso de encuentro entre los nativos del Viejo y el Nuevo Mundo tuvo, como todo proceso humano, luces y sombras. Así como existieron exploradores que dejaron Europa motivados principalmente por el deseo de hacer fortuna, también existieron aquellos impulsados por el fervor de expandir la fe católica. Donde encontramos hombres crueles con los nativos, también podemos ver a quienes respetaron su dignidad intrínseca como seres humanos. Por otro lado, los europeos encontraron comunidades nativas pacíficas, así como también poblaciones belicosas y que incluso practicaban sacrificios humanos.

Lamentablemente en los últimos 50 años el autodenominado mundo progresista ha declarado la guerra a la figura de Cristóbal Colón y lo que representa: esto es, el encuentro de dos mundos y el surgimiento de uno auténticamente nuevo. Esto se ha traducido en una verdadera exaltación e idealización de los nativos, como modelos para el habitante de América, desconociendo todo lo bueno y positivo que nos legó la presencia hispana, negando el valor a su indudable aporte.

En momentos en que parece estar de moda renegar de la cultura occidental, no debe llamar la atención el apresurado juicio de algunos al calificar la civilización construida tras el descubrimiento de Colón como destructiva y egoísta, la suma de todos los males, insinuando que habría sido mejor que la civilización europea no hubiera llegado a las indias occidentales. Es verdaderamente paradójico, toda vez que, si pueden emitir este tipo de juicios y realizar un sinnúmero de manifestaciones y protestas, es precisamente porque Colón y quienes le siguieron incorporaron a América a la cultura occidental. Fue esta tradición la que trajo consigo las nociones de pensamiento crítico, racionalismo científico, respeto a la dignidad de las personas, sus derechos y libertades; lo cual ciertamente no borra los errores que se hayan cometido.

Es un error abordar la historia como una secuencia unidimensional, en la que se juzgan las personas y acontecimientos estrictamente siguiendo los criterios y percepciones contemporáneas. Esto transforma el pasado en una suerte de reduccionismo que divide a los personajes de la historia entre “héroes” y “villanos”, en una simplificación que impide comprender la trayectoria humana. Por el contrario, debemos considerar que la historia es una sucesión de procesos, acontecimientos y personalidades, que interactúan de diversas maneras, dando forma a una realidad multidimensional y compleja. En el fondo, el problema es, como en otros temas, que la generalización y el reduccionismo están condenados a equivocarse, y que todo intento por comprender el pasado requiere explicaciones más sólidas y complejas.

 

 

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Inteligencia colectiva

Como seres humanos gregarios que somos lo primero que nos une es una base afectiva- emocional. Esto nos da identidad y seguridad. Lograr articular una manera de gobernarnos de forma colectiva es un paso de evolución mayor, que requiere ir más allá de una emoción compartida y agregarle racionalidad. Querer lo mismo es una buena base, pero no suficiente, también se necesita que esto sea efectivo, que funcione.

En Latinoamérica todavía estamos en una etapa básica en la forma en que nos gobernamos. En el dilema de la emoción versus la razón. Mientras los populistas de la región apelan a emociones arquetípicas como sobrevivencia, unión, seguridad, el pueblo, etc; los racionales sólo ponen prioridad en los números, sin considerar el valor las aspiraciones legítimas de la sociedad. Esta dicotomía genera una división artificial entre los anhelos legítimos de las personas y la eficiencia. Apelar sólo a la emocionalidad de la gente dista mucho de tener la capacidad para articular leyes o implementar soluciones efectivas. Así también, estamos frente a una era donde gobernar no es sólo administrar un país.

La tendencia a velar por el propio bolsillo en vez de por el bienestar común está ocurriendo incluso en las empresas del Estado, que generan ingresos que financian políticas públicas. Es por esto, que hoy más que nunca es necesario activar la conciencia social de construir soluciones en conjunto en el mundo público y privado, de no salvarse solo. De actuar con Inteligencia Colectiva.

Desde hace varios años hemos vivido la tendencia a rescatar el valor de lo individual, el valor de ser diferente. Pero sólo este enfoque no ha resultado efectivo para articular soluciones de manera colectiva. Todo indica que el próximo paso es movernos hacia la integración de procesos y la organización de las personas en relación a sistemas más complejos, que hagan que las cosas funcionen. En nuestro mismo país, por ejemplo, el rol de las asociaciones gremiales empresariales está empezando a tomar un nuevo giro. Podemos ver como los timoneles de la CPC y de la SOFOFA están empezando a articular un rol social de las empresas, que va más allá de solamente sus propios procesos productivos y comerciales.

El desafío está por verse, pero quienes quieran gobernar no solo deben exhortar los anhelos sociales, ni solamente fundamentar todo con los números, sino crear inteligencia colectiva.

 

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La indigestión del éxito

Es el riesgo de ganar. No saber digerirlo. Y a los jugadores de Chile, campeones de América y asombradores del mundo, les afectó de lleno. Interpretaron sus conquistas con vanidad desmedida, como si fueran consecuencia directa de su excelencia personal. Y despreciaron otros análisis más sensatos, argumentos como trabajo, unión, esfuerzo, orden, disciplina, humildad, generosidad… Todo procedía, o eso dedujeron, de la superioridad con la que había venido a tocarles Dios.

Una suicida lectura que derivó en el nocivo convencimiento de esos chicos de que estaban legitimados para hacer a sus anchas, desoír instrucciones, sobrarse ante el aplastado, desconsiderar al débil y negarle el saludo al que, en vez de dedicar reverencias, se animaba a lanzar reproches. Una forma de inventarse enemigos irreconciliables tras una simple opinión en contra y de construirse enemistades gratuitas de donde sólo había un derrotado en buena lid. De cada actuación salían esos chicos con un corte de mangas o un recado de soberbia. El yo cada vez más subido y el nosotros más lejos.

Una forma de autodestrucción que les costó ver venir a los divos y a la que contribuyeron activamente una capitanía más personal que grupal, un entrenador perdido y poco exigente y una ANFP asustadiza y complaciente. La inercia de los buenos resultados ayudó a la ceguera y multiplicó la patología. Cuando los marcadores se fueron torciendo, la corrección ya sonaba a quimera. La mejor selección chilena de todos los tiempos murió de éxito. Indigestada.

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El Estado (casi nunca) cumple

El gobierno ha querido centrar la discusión de la Ley de Presupuestos en una pretendida idea de responsabilidad fiscal, en el significativo volumen de los recursos asignados a educación, y en particular, en el financiamiento de la gratuidad en educación superior, que este año se ampliará hasta el sexto decil de ingresos en las instituciones involucradas. Pero la noticia sorprendente está en educación escolar: los recursos frescos que se habían comprometido para los establecimientos gratuitos sin fines de lucro y que participaran de la subvención escolar preferencial no se asignaron, aun cuando estaban establecidos explícitamente en la ley.

Aparte del injustificable incumplimiento del cronograma de la ley de inclusión, impulsada y firmada por quien es hoy Ministro de Hacienda, se traiciona la palabra empeñada del Ministerio de Educación y de los parlamentarios frente a los sostenedores, destruyendo quizás el último atisbo de confianza en la autoridad y en el marco legal vigente que quedaba en Educación. Cuesta entender esta decisión cuando hasta hace muy poco el Ministerio llamaba públicamente a los establecimientos a renunciar al financiamiento compartido, sabiendo al mismo tiempo que sus promesas (escritas en una ley) no se cumplirían. Pero discutir esto tiene poca consecuencia, lo único que queda es esperar que se revierta, lo que podría no ocurrir.

Esta insólita situación permite confirmar, una vez más, cómo actúa el Estado frente a sus supuestos deberes. Existen amplios grupos del espectro político que insisten en entregarle al Estado más poder y responsabilidad sobre aspectos relevantes de su vida cotidiana (salud, educación escolar y superior, pensiones) creyendo que solo así tendrán control sobre ella. Argumentan que cuando servicios básicos de nuestras vidas se encuentran en manos privadas lo único que queda esperar es arbitrariedad, abuso y desigualdad. Pero el incumplimiento flagrante y desenfadado de un compromiso clave, enfocado especialmente en los más vulnerables, por el mismo gobierno que promovió la ley muestra que al parecer lo contrario es la regla. Prohibido el copago y el lucro, la única fuente de financiamiento posible es el Estado. Y cuando el Estado decide incumplir, simplemente no hay consecuencias, no hay castigos, nadie responde, no hay nada que hacer.

La lección para las instituciones de educación superior es clara. El proyecto de ley que se discute en el Senado transfiere atribuciones centrales y propias de las instituciones al Estado, tales como la fijación de vacantes de primer año, los aranceles que el fisco pagará por cada alumno gratuito y el máximo que se podrá cobrar a los no gratuitos, el sistema de acceso, entre otros. Se han prometido comisiones expertas y una visión de Estado para la administración de estas atribuciones. Pero como ya podemos adivinar en base a los últimos sucesos, nada de ello está escrito sobre piedra. Lo más probable es que, transparentando argumentos o simplemente apelando a la razón de Estado, las vacantes y aranceles dependerán de la holgura fiscal, el precio del cobre, la elección presidencial o las prioridades del Ministerio de Hacienda. Y las instituciones se enterarán de esto a dos meses de cerrar el año académico. Lo anterior confirma algo que se ha repetido desde que la idea de la gratuidad comenzó a rondar la opinión pública: mayor financiamiento fiscal implica siempre menor libertad de las personas e instituciones y mayor control del Estado, que siempre juega para sí mismo. Cada peso va pareado con una regulación adicional.

Lamentablemente algunas instituciones privadas ya han adscrito a la gratuidad, con cierta confianza en que jugar con las reglas del Gobierno  les daría más control sobre su devenir. Pero su destino será, probablemente, similar al de los establecimientos subvencionados: financiamiento de hambre manejado desde la torre de control por el funcionario de turno del Ministerio de Educación. Y sin pito que tocar.

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La escuela salvadora

La delincuencia ha vuelto a las primeras páginas de los diarios en estas semanas. Crece el número de “portonazos” y otros actos violentos. El narcotráfico amenaza no solo la seguridad de nuestras calles, sino también la estabilidad de nuestras instituciones. La reacción del público es previsible y no faltan los políticos que argumentan en la misma dirección: es necesario endurecer las penas, construir más cárceles y bajar la edad de la imputabilidad penal. Palabras más o menos, estas propuestas suponen que el problema de la delincuencia se resuelve aplicando una lógica tipo Trump.

Lamentablemente, las cosas no son tan sencillas. ¿O alguien piensa que algún delincuente dejará de cometer algún delito solo porque en el Diario Oficial apareció una modificación al Código Penal que indica que una pena ha subido en un año?

La represión es necesaria, pero es cara, insuficiente y de discutible eficacia. Nuestro foco debemos ponerlo también en la prevención.

Una aproximación seria a la delincuencia exige cruzar esas estadísticas con otras que también están disponibles, pero que no atraen la misma atención de los medios. Concretamente, en 2016, nada menos que 35.548 niños y jóvenes desertaron del sistema escolar. ¿Qué futuro les espera?

En una reciente campaña de CreceChile se nos informa que una persona que no ha terminado su educación gana un 30% menos que otras que realizan similares trabajos. Además, nueve de cada 10 oportunidades laborales exigen tener cursado 4° medio. El futuro de estos jóvenes es claro: les resultará muy difícil conseguir trabajo y si tienen la fortuna de obtenerlo será mal remunerado. A esto se suma que parten con desventaja, pues mayoritariamente provienen de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

En ese contexto, ¿cabe pensar que el temor a la sanción penal será capaz de retraerlos de la delincuencia? Muchos de esos jóvenes provienen de hogares disfuncionales y no han tenido la oportunidad de recibir una educación moral sólida en sus casas. ¿Qué argumentos tendrán para rechazar la oferta de un narco de dinero fácil y rápido? ¿O para negarse a la propuesta de una banda que les permitirá conseguir mediante el robo el nivel económico que ansían y llevar el tren de vida que les demanda la publicidad?

No, la delincuencia no se combate simplemente pidiendo mano dura. Es necesario tomarse muy en serio la prevención, y eso parte por conseguir que esos 35.548 niños y jóvenes vuelvan cuanto antes a la escuela. Si no hacemos nada, cada año serán mas.

Siempre habrá casos excepcionales, personas que superan las mayores adversidades y salen adelante con un esfuerzo personal que llega al heroísmo. Pero las políticas públicas deben suponer que esos casos no constituyen la regla. Para el resto, la escuela es la única instancia salvadora. Cuando se discute en el Parlamento la reforma educacional, debiera considerarse la deserción escolar.

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Constructivismo ciego

Cuando leí en la prensa que la Presidenta Bachelet había expresado en una entrevista: “Hemos hecho mucho más que Piñera en cada una de las áreas”, recordé el típico voluntarismo del constructivismo social que busca, porfiadamente, crear e imponer desde el Estado políticas y soluciones sin conexión con la realidad ciudadana.

John Locke habría retratado irónicamente la actitud dogmática de los gobernantes despóticos con la famosa frase: “Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad”. Ante la falta de coincidencias entre un mapa y la geografía que describe, la rigidez del constructivista queda en evidencia. Mientras el realista corrige el mapa adaptándolo a la geografía, el constructivista corrige la geografía de acuerdo a lo que señala el mapa.

El ejemplo del mapa del constructivista sirve para comprender las razones del fracaso del actual gobierno. La rigidez dogmática que hace prevalecer el mapa por sobre la geografía, es la misma que lleva a imponer y someterse al programa de gobierno por encima de la realidad. Ello explica los errores garrafales en el diagnóstico de la Nueva Mayoría y en el diseño e implementación de sus políticas públicas, especialmente en sus reformas.

Así, mientras las últimas encuestas del CEP indican que los chilenos priorizan la solución de los problemas de seguridad, salud, educación, sueldos, empleo, corrupción, pobreza y otros, el gobierno dedica sus esfuerzos a impulsar la aprobación de proyectos ideológicos como la gratuidad universal de la educación superior, postergando la educación de la mayoría de los niños y jóvenes, haciendo que el país retroceda en sus deseos de mayor igualdad de oportunidades, tal como lo advertimos a mediados de 2015 en nuestro libro La educación en la encrucijada: ¿Estado docente o sociedad docente?.

Si buscamos en la historia republicana un símil del gobierno de Bachelet, lo encontramos en el gobierno de Allende cuyo fracaso obedeció en parte a la inflexibilidad y voluntarismo con que llevó adelante su programa. Ambos gobiernos contrastan paradojalmente con la administración del expresidente Ricardo Lagos, que aunque también es socialista, se caracterizó por su realismo.

No solo los más importantes índices económicos y sociales demuestran la indiscutible superioridad del pasado gobierno del expresidente Sebastián Piñera frente a la actual administración. También confirman esa realidad la sabiduría de la ciudadanía que desaprueba la gestión de la Presidenta Bachelet, el hecho de que durante más de dos años la mayoría de los chilenos piensa que el país va por mal camino (Cadem), mientras que el 71% piensa que el próximo presidente será Sebastián Piñera.

Lo más lamentable de todo, es que el referido constructivismo está teniendo un alto costo social que pagan todos los chilenos, pero especialmente los más vulnerables.

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Bachelet según Tironi

Eugenio Tironi sostiene que el afán reformista de Michelle Bachelet (MB) deriva de su identificación con una “comunidad progre -liberal y cosmopolita- de Nueva York” que constituyen en particular las Naciones Unidas. Sería una visión forjada en una atmósfera “bastante protegida” no sometida a las presiones de mayorías y minorías ni de los grupos de interés, mesiánica preocupada de los fines y no de los medios.

Es cierto que las diferencias entre el primer y segundo gobierno de MB requieren una explicación. El primero tuvo un sello básicamente continuista, y si bien impulsó reformas importantes como fue la creación del Pilar Solidario en pensiones (sin tocar a las AFP, ignorando el reclamo de muchos) no tuvo lugar el giro reformista que se esperaba en el momento en que el modelo empezaba a agotarse. El triunfo de Piñera fue el principal resultado de la ortodoxia aplicada. La rebelión estudiantil y de otros movimientos sociales dejaron en evidencia el fracaso del modelo educacional y, al mismo tiempo, que era posible imaginar un mundo distinto a la sociedad profundamente individualista en que se vivía.

Fuertemente incidente en el curso que tomaría su segundo gobierno fue la reflexión política (aunque insuficiente) que se generó a partir de la derrota del 2009 y de la movilización social posterior. Los antecedentes fueron el informe del PNUD de 1998 que resaltaba la incertidumbre y vulnerabilidad de los sectores medios, pese al éxito macroeconómico, para los cuales el modelo social existente no tenía respuesta. El Plan Auge de Lagos y las políticas de MB en su primera administración constituyeron primeras respuestas, en el marco heredado. Sería la educación la que mostraría que los problemas no eran resultado de una mala aplicación del modelo social heredado de la dictadura sino que eran justamente resultado de sus éxitos: la generación de grandes negocios en torno al sistema privado de educación, salud y pensiones. Esta visión no vino con MB desde los Estados Unidos. Al bajar del avión la idea de la gratuidad universal en educación no estaba presente ni tampoco introducir modificaciones de fondo a las AFP (de hecho, lo que se transmite al FMI en el 2014 es que la futura Comisión Bravo iba a presentar solo reformas paramétricas). En lo que se refiere a la reforma tributaria, sus lineamientos fundamentales habían sido diseñados ya en el 2012 por la comisión Lagos Weber.

Chile es muy distinto al del 2013; comienza la desmunicipalización de la educación y la carrera docente es otra; no existe más el sistema binominal, se ha despenalizado el aborto en tres causales; se instaló la unión civil y se ha propuesto una reforma previsional que potencia y proyecta la solidaridad hacia los sectores medios. Al mismo tiempo, la gestión política fue deficiente: la Nueva Mayoría aparece dividida y erosionada. Esto tiene más que ver con el estilo de gestión de MB basado en relaciones personales de confianza y en la falta de personal político para impulsar las reformas (producto de la crisis de los partidos). Todo ello lleva a encargar las reformas a personas que no están a favor de ellas; como botón de muestra, está el equipo económico que acaba de renunciar.

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Huelgas y tácticas 2016, del espacio de la empresa al espacio público

Por su naturaleza, la empresa constituye una mezcla inseparable de cooperación y conflicto entre empleadores y trabajadores. Entre las múltiples vías por donde se expresa la conflictividad (estrés, desgano, rotación laboral, negociaciones, sino fuera de la empresa), la huelga es la primera expresión donde la relación laboral queda objetivamente en jaque. No obstante, a pesar de su importancia, es común que se confunda la huelga, en cuanto paralización del trabajo para presionar por reivindicaciones, con la paralización de la producción. Para ser exactos, lo que ocurre es que la huelga persigue paralizar la producción, pero no siempre lo consigue.

¿Dónde se lleva a cabo este proceso según la ley? Por una parte, los huelguistas no pueden permanecer en sus puestos de trabajo durante la huelga y deben retirarse de la empresa. Esto elimina el diálogo con el resto de trabajadores y superiores, y además abre una primera posibilidad para que sus puestos sean reemplazados. Por otra parte, la táctica de la “ocupación de la empresa” también se encuentra prohibida. Si bien el Comité de Libertad Sindical de la OIT permite la ocupación de la empresa de forma pacífica, por significar una extensión normal del “piquete”, en Chile el piquete debe ser externo al lugar de trabajo. En este sentido, el resultado final es que los huelguistas carecen de derechos en la empresa y la acción de la huelga solo tiene permiso para desplegarse, paradójicamente, en el espacio público.

De acuerdo al Informe de Huelgas Laborales 2016 del OHL, un 66,3% de las huelgas del sector privado tuvieron tácticas complementarias de movilización. Las más utilizadas fueron de tipo convencional o culturales (como marchas y piquetes pacíficos) con un 44,2%; luego las disruptivas (como interrupción del tránsito o del acceso al establecimiento por un piquete) con un 20%; y finalmente las violentas (como agresiones u ocupación de edificios, sean ajenos o de la empresa) con un 2,1%.

En este contexto, el rol del piquete es interesante para comprender la cultura de huelga existente en el país. De acuerdo al Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES, el 61% de los encuestados encuentra justificable que los trabajadores bloqueen la calle en un proceso de huelga, es decir, que el piquete utilice forzosamente el espacio público.

En la otra cara de la moneda, son poco frecuentes los casos donde la ocupación del espacio de la empresa efectivamente sucede. En rigor, solo el sindicalismo de los empleados públicos emplea regularmente esta táctica. En específico, en el Informe de Huelgas 2015, se puede constatar que la táctica más utilizada por este sector fue el turno ético (25,6%), fenómeno al cual subyace una ocupación pacífica del centro de trabajo.

Así entonces, la mayoría de movilizaciones huelguistas en Chile se despliegan en el espacio público-civil, lugar donde las empresas ven expuesta su imagen y marca, los trabajadores y consumidores su integridad física, y el Estado con las fuerzas policiales su neutralidad. Esta situación se extiende significativamente más días en las huelgas legales que en las extra-legales, tal como sus costos, siguiendo la columna de Diego Velásquez, “Hiper-regulación, huelgas más costosas” (La Tercera, 21/7). Con este escenario, de acuerdo al Informe 2017 del Observatorio de Conflictos (OCS) del COES, puede observarse que en el universo de acciones contenciosas las de tipo laboral-sindical constituyen las más numerosas del país, alcanzando el 36% del total. Esto puede ser la causa de otro dato: continuando con el Informe 2016 del OHL, se constata que el 2006 emerge un ciclo de huelgas que todavía está en crecimiento.

¿Cuál ha sido entonces la relevancia de las huelgas y sus tácticas complementarias en Chile, de un tiempo a esta parte? En específico, estos elementos han evidenciado una distribución geográfica desigual del derecho a huelga entre el espacio público y privado: la huelga existe casi exclusivamente fuera de la empresa, producto de que es forzada a expulsarse justamente del espacio que busca problematizar. Lo anterior resulta de que en Chile es legal dejar de trabajar grupalmente para presionar (huelga), como derecho humano laboral, pero únicamente si la conflictividad que se abre no es internalizada por la empresa sino por el espacio público. Literalmente, esto reorganiza y cambia la vía de expresión de la conflictividad, sin que se sepan con claridad los efectos asociados para el resto de la sociedad.

Con lo anterior, el actual ciclo de huelgas nos permite comprender mejor los derechos y su auge reflota una pregunta evidente para el sistema de relaciones laborales, a saber, ¿puede desarrollarse el derecho a huelga para todos los actores involucrados mediante la ocupación del centro de trabajo, desde las relaciones laborales donde emana? En este sentido, es posible afirmar que en el debate sobre los derechos sociales en el Chile actual se ha tematizado poco, entre trabajadores, empresarios y Estado, su aplicación al interior del mundo del trabajo. Es decir, si deben existir o no derechos civiles en el centro productivo.

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