Álvaro Bisama's Blog, page 225

Solidaridad como principio político

*Esta columna fue escrita junto a Eduardo Fuentes, filósofo.

La diferencia entre la propaganda y una discusión racional, es que la primera se construye a partir de la deformación de la posición ajena, y termina por descalificarla sin entrar en su profundidad, de modo tal que hace imposible un diálogo político reflexivo. Este parece ser el caso respecto al concepto de solidaridad que ha tenido eco en el discurso político de sectores de centroderecha y socialcristianos, pero que para algunos no es más que un influjo estatista encubierto o un intento populista que podría derivar en posiciones totalitarias. Detrás de este recelo se advierte una incomprensión del contenido de este concepto.

La solidaridad viene a enriquecer el discurso que se ha acostumbrado a una perspectiva individualista, que resulta insuficiente para abordar ciertos temas políticos que trascienden este ámbito: seguridad social, relaciones laborales, cuidado del medio ambiente, sistema tributario, etc. Este principio, derivado de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), no sólo se predica como una virtud moral, sino también como principio rector del orden social. La solidaridad, invita a reconocerse parte de una comunidad y responsable del bien de los demás, aun cuando esto importe un sacrificio. Cada uno en diverso grado, sin duda, pero conscientes de que nuestras acciones (y omisiones) sólo son posibles y repercuten en el todo social. Es decir, la solidaridad reconoce que existe una interdependencia entre las personas y las organizaciones para la consecución del bien en su conjunto.

Así, es un error pensar que la solidaridad no puede predicarse de cuerpos intermedios u organizaciones colectivas, incluyendo al Estado, o que el carácter de su acción dependa exclusivamente de la virtud de sus miembros, ya que sólo ellos tendrían la capacidad de actuar de forma virtuosa. Decir eso implica negar que la solidaridad sea un principio de orden social, como sostiene la DSI, reduciéndola a la sola virtud moral, lo cual conlleva serios errores. Por un lado, simplemente asume que los actos solidarios individuales transformarán las acciones de las organizaciones a las que pertenecen en solidarias. Por otro, desconocen que  los cuerpos intermedios no sólo posibilitan la solidaridad de las personas, sino que en muchos casos esta acción individual puede realizarse únicamente mediante estas organizaciones. La Teletón es un buen ejemplo de ello

Quizás la raíz de los errores de quienes tanto temen el ingreso de la solidaridad en el debate político es que no han reparado en un aspecto central del concepto. A saber, que él —así como los demás principios  de la DSI— cobra sentido en el entendido de que la sociedad no es sólo un vehículo para lograr aspiraciones individuales. La realización personal no sólo “ocupa” la sociedad, sino que se da “en” ella, de forma comunitaria.  Quienes defendemos la importancia política de la solidaridad también reconocemos que la sociedad está compuesta por cuerpos intermedios, y  por tanto, no es una mera suma de individuos. Luego, la realización personal y con ella las acciones virtuosas —y en este caso, la acción solidaria— requieren plasmarse directamente en estas estructuras. Vivir en una sociedad solidaria implica vivir en una sociedad cuyas organizaciones están regidas por este principio.

 

 

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Día de la Mujer: De las promesas a la práctica

En pleno año electoral, salvo las recientes declaraciones de Carolina Goic, las mujeres brillamos por nuestra ausencia en las candidaturas presidenciales. ¿Cómo hemos avanzado en igualdad de género? Cabe reflexionar sobre algunas de las promesas del gobierno actual respecto a este tema.

¿Avanzamos en materia de salarios equitativos? No. A ocho años de publicada la ley que resguarda el derecho a la igualdad en remuneraciones, seguimos con una brecha salarial del 31,6% en desmedro de las mujeres (ESI 2015). Considerando que el 38,7% de los hogares chilenos depende de una mujer como principal fuente de ingresos (CASEN 2015), la ausencia de la reforma prometida es una deuda profunda del Estado con las mujeres.

Paralelamente, la brecha también se refleja en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que es un 23% menor que la de los hombres (ENE 2015). Llama la atención que, habiendo cada vez más mujeres profesionales en Chile, su inserción al mercado laboral no haya tenido un cambio significativo desde el 2010. Como contraparte a esa ausencia, existe una hiperpresencia en el trabajo doméstico y de cuidados. La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2015 demuestra que la mujer trabaja el doble que el hombre en las labores del hogar y el cuidado de otras personas. De hecho, el 97% de las mujeres que no ingresan al mercado laboral declaran no hacerlo por razones familiares permanentes (ENE 2015). ¿Y las que sí?, ¿qué pasa con esas súper mujeres activas laboralmente? Llegan a casa a cumplir la doble carga, porque en 2017 aún está vigente la división sexual del trabajo: las mujeres salen a trabajar y, al regresar a su espacio privado, siguen trabajando en el cuidado de hijas/os y en la mantención del hogar.

Estas mujeres, tanto las que trabajan fuera de casa como las que no, están (estamos)  sosteniendo la economía del país sin reconocimiento. Pero este trabajo tiene un valor, pues como diría mi abuelita “en la vida nada es gratis” y las mujeres estamos pagando un costo social que no nos corresponde. Como un primer esfuerzo para valorar el trabajo doméstico, en 2008 se calculó que éste equivale al 26% del PIB de la región Metropolitana y que, de este valor, casi un 70% es aportado por las mujeres (EEUT 2008).

Como parte de las promesas de gobierno está la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que reduciría la carga socialmente impuesta a las mujeres en el cuidado de adultos mayores y personas en situación de dependencia. Sin embargo, al momento no se ha concretado y, de hacerlo, tampoco es una solución integral ante la disparidad que vivimos en este tema. Justamente, el paro internacional promovido este día internacional de la mujer trabajadora busca visibilizar y reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres.

¿Está todo perdido? ¿Nos vamos a casa oliendo las rosas que nos regalan en la calle este 8 de marzo? No. Avanzamos, pero vamos lento. Estamos ad portas de la aplicación de la Ley 20.840, que cambió el sistema binominal del Congreso Nacional por uno proporcional inclusivo. Esta es una oportunidad para que las mujeres pasemos de la representación simbólica a una representación real y formal de nuestros intereses en el parlamento. Veremos si el voto de la ciudadanía permite equilibrar la participación de mujeres en el legislativo – donde actualmente ocupamos el 15,8% de los asientos – y, con esto, agilizar los procesos que restablezcan nuestros derechos desde la igualdad.

Cerca de comenzar un nuevo ciclo político, es clave que la y los posibles candidatos a la presidencia se pronuncien en torno a las acciones que incorporarán en su programa de gobierno para construir una sociedad justa, incluyente e igualitaria en Chile. Al momento, no lo han hecho, ¿qué esperamos como ciudadanía para exigirlo?

 

              Encuesta Suplementaria de Ingresos

              Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

              Encuesta Nacional de Empleo

              Encuesta Experimental de Uso del Tiempo

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Igualdad de género a través de las artes

El tema central de ONU Mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de este año es la mujer en el cambiante mundo del trabajo: por un planeta 50-50 en 2030. A medida que crecen, las niñas deben tener la posibilidad de acceder a una amplia variedad de carreras y se las debe alentar a realizar elecciones que las lleven más allá de las opciones tradicionales, a que sean reconocidas.  Es por eso que también para esta semana hemos organizado el HeForShe Arts Week (semana de las artes por la igualdad de género), que consta de actividades desde el 8 al 15 de marzo, que buscan visibilizar a las mujeres en las artes; en la música, en la literatura, la fotografía, en el reconocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico, en el teatro, el cine y otros.

Este año el HeForShe ArtsWeek se realizará en ocho ciudades del mundo, siendo Santiago de Chile una de las que tiene el honor de impulsar, por medio de este movimiento, la igualdad de género a través de la cultura y las artes. Las otras ciudades participantes son: Nueva York, Bangkok, Londres, Paris, Madrid, Sao Paulo y Ciudad de Panamá.

La influencia de las artes y la cultura tiene el gran potencial de contribuir a que la reflexión sobre la discriminación y las desigualdades permanezca más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  Las artes nos dan la licencia de experimentar, de expresarnos, de cuestionar, de movilizar, de crear y de romper estereotipos de género.  Es por eso que este movimiento se centra a su vez en el mensaje “Libre de ser tú”, un llamado a desarrollar todo nuestro potencial, eliminando los estereotipos de género.

Durante la de actividades de HeForShe Arts Week en Santiago de Chile, ONU Mujeres ha invitado a artistas de múltiples disciplinas a volcar el arte en una conversación sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que inspire el diálogo y el cambio cultural.  Abriremos el día 8 de marzo con un concierto de la Orquesta de Cámara de Chile dirigido por la maestra Alejandra Urrutia, primera directora titular de la Orquesta de Cámara de Chile, que incluirá en el reportorio a mujeres invisibilizadas en la historia de la música como lo fueron Fanny Mendelssohn o Clara Schumann.

Otra de las de actividades cuenta con el apoyo de editoriales, varias independientes que no han dudado en sumarse a esta semana de las artes y que han facilitado más de 200 títulos de mujeres escritoras chilenas que entregaremos en el Metro de Santiago.  Estamos invitando a que la sociedad chilena las descubran y se emocione.

Julieta Kirkwood, precursora y fundadora de los movimientos feministas de los años ’80 y de los estudios de género ya hacía esta invitación, diciendo “quiero con mi atrevimiento alentar la publicación de los cientos de trabajos, ensayos, cuentos, poesías, que tantas mujeres durante tanto tiempo hemos escondido bajo las camas, en armarios oscuros. Necesitamos la confrontación y el juego de las ideas abiertas de par en par, millones de claridades, de pequeñas ideas”.

Invitamos a todos a estar atentos a las actividades se la semana de las artes por la igualdad de género HeForShe ArtsWeek y también a que se motiven y se sumen a esta conversación para cque construyamos un mundo más igualitario. Porque tal como en una orquesta la magia surge por la suma de cada uno de los instrumentos y roles, para alcanzar la igualdad de género necesitamos el compromiso de toda la sociedad.

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Chile, con más derechos para las mujeres

COMO GOBIERNO y como Ministerio tenemos la más profunda convicción de que las mujeres de nuestro país requieren más igualdad, más democracia y más derechos. Hoy, tras tres años de gestión, hemos honrado este compromiso.

Nuestra primera misión fue fortalecer la institucionalidad de género de nuestro país. Para esto, se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que coloca en el centro de su gestión la promoción y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Esta tarea, además, se hace reconociendo la diversidad de mujeres de nuestro país, y es un desafío en construcción abordar políticas para la diversidad de mujeres que somos.

Las mujeres somos más de la mitad de la población y la representación que tenemos en el Congreso no llega al 16%. Resulta urgente que la realidad de las mujeres esté presente en los debates parlamentarios y que las leyes que se promuevan se hagan cargo de la protección de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades en la diversidad que somos. En este sentido, se introdujo un criterio de paridad de género en el sistema electoral. Esto significa que las listas de parlamentarios para las próximas elecciones deben tener al menos un 40% de candidatas mujeres. Esta regla se acompaña de incentivos económicos que esperamos las ayuden a superar parte de las barreras que actualmente las inhiben de participar.

La Presidenta Bachelet ha cumplido con la incorporación de más mujeres en los directorios del sistema de empresas públicas. El 2014 recibimos el gobierno con un 5% de mujeres en estos espacios y a la fecha ya hay un 38% de directoras.

La violencia contra las mujeres es quizás la cara más dura de la discriminación que padecemos. Tenemos conciencia que este no es un problema que se limite al ámbito de las parejas. Muy por el contrario, es parte de una cultura machista que debemos rechazar y erradicar. Con esta perspectiva, al alero del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos trabajado coordinadamente con todos los actores institucionales que atienden a quienes han sido víctimas de violencia: Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Organizaciones de la Cooperación internacional y sociedad civil, para que todos podamos ofrecer una mejor respuesta y una atención adecuada a las mujeres y sus familiares.

Este trabajo redundó en la presentación de un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se mejora la legislación vigente al reconocer que la violencia se manifiesta de diferentes formas -psicológica, sexual, económica, física-, y que tienen lugar no solo en el ámbito intrafamiliar, sino que puede darse en el espacio público, entre pololos; y no se limita solo a lesiones, sino a diferentes formas de acoso.

A los avances legislativos se suman las políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las mujeres. En materia de autonomía económica se han capacitado más de 27 mil mujeres del Programa Jefas de Hogar presente en 250 municipios de Chile; y otras 3 mil 500 accedieron a programas de apoyo al microemprendimiento.

Por eso este 2017, conmemoramos un nuevo Día Internacional de las Mujeres con la certeza de que hemos avanzado y estamos cumpliendo con la agenda de género del gobierno.

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Posverdad y mapuches

El pasado viernes, leyendo revista Capital, di con una entrevista a Lucy Avilés, la chilena que desde Estados Unidos gestionó la llegada del SuperTanker a Chile. En la publicación, además de subrayar por enésima vez la poca gratitud del gobierno con su filantrópico aporte, también habló de la intencionalidad tras los incendios, reviviendo aquella teoría de mapuches y colombianos como autores.

“He conversado con algunas personas y hay evidencias de ello. De hecho el abogado Felipe Silva recibió un informe sobre los vínculos de las FARC con el Partido Comunista y grupos mapuches”, señaló. “Personalmente no creo que los causantes de los incendios sea el pueblo mapuche porque adoran la tierra y la cuidan. Quizás hay algún grupo minoritario de ellos con algunos extremistas que son los causantes”, indicó.

Sus dichos sorprenden y por varias razones. La principal, que a estas alturas no solo el gobierno ha descartado tal conexión (La Moneda se llegó a querellar por “falsa alarma” contra quienes hicieron circular rumores en tal sentido); también ya lo hizo la Conaf, Bomberos y el propio Ministerio Público.

Según datos de Fiscalía y Carabineros publicados por La Tercera, 135 eran los detenidos al 14 de febrero como responsables de los incendios en la pasada emergencia. De ellos, 39 por intencionalidad diversa (desde pirómanos a quemas ilegales y menores con ganas de “ver los aviones y helicópteros”), 69 por negligencia (caso de empresas eléctricas y manejo inadecuado de quemas en zonas rurales) y 27 por casos fortuitos.

En toda la lista, ningún activista mapuche. Mucho menos algún ex guerrillero del Cauca. ¿Por qué se insiste entonces con este fantasioso relato? ¿Qué lleva a Lucy Avilés, una educada y bien posicionada ciudadana chilena, a repetir una teoría propia de una burda y poco inteligente cadena de WhatsApp?

Trata, ni más ni menos, que de la Posverdad. O dicho en simple, de aquella mentira que no apela a hechos objetivos sino más bien a emociones y creencias personales para modelar a la opinión pública. No hablamos de simples cahuines. Hablamos de desinformación. Y de opiniones que –viralizadas por las redes sociales, su caldo de cultivo- pueden además mutar en noticias falsas como pasó en los incendios.

Según el prestigioso diccionario de Oxford, “post-truth” fue en 2016 la “palabra del año” y alcanzó su apogeo durante el Brexit, el Proceso de Paz en Colombia y la elección de Donald Trump. “Todo el fenómeno de la posverdad es sobre: ‘Mi opinión vale más que los hechos’. Es sobre cómo me siento respecto de algo”, explica el filósofo británico A.C. Grayling en la BBC.

“Es terriblemente narcisista. Y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas”, agrega. “La posverdad puede llegar a dañar el tejido completo de la democracia”, advierte finalmente Grayling. A poner ojo entonces con este tipo de acusaciones contra los mapuches, recurrentes en redes sociales y los medios cuando la emoción y la creencia personal se imponen a la razón.

No es poca cosa a lo que nos enfrentamos.

 

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Marzo político

EN MARZO se pondrán en juego diversas dinámicas que configurarán el escenario político de este año y cuyo desenlace serán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre. A su vez, el resultado de éstas definirá, por un tiempo, hacia donde se moverá la sociedad chilena. Excluyendo los que atañen al gobierno, que merecen un análisis propio, conviene observar en marzo algunos de los siguientes procesos.

En el curso del deterioro de nuestro sistema de representación política, la “crisis del refichaje” de los partidos puso en evidencia su disminuida convocatoria y puede culminar en una implosión del actual sistema de partidos. Uno tendería a pensar que ello no sucederá finalmente, pero de ocurrir puede tener consecuencias imprevisibles. De relativizarse la primaria legal del 2 de julio de la Nueva Mayoría -como se ha insinuado en estos días-, ello podría profundizar la crisis de legitimidad no solo de este conglomerado sino del conjunto del sistema político. rán este año los movimientos sociales. Es claro que los actores políticos y el gobierno se comportan de una manera muy distinta si existe o no “la calle”. Es uno de los pocos factores que logra mover los límites del debate político y programático. Cuando la conflictividad social declina, la “política institucional” vuelve a su ensimismamiento y se instala un cierto conformismo conservador. En las próximas semanas se le podrá tomar el pulso al alcance que tendrán las movilizaciones sociales este año.

En la derecha, marzo será decisivo para saber la suerte de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, nuevamente envuelto en conflictos de interés y de eventual uso de información privilegiada, con el agravante de que esta vez sería desde su condición de gobernante. Se sabe que el electorado de derecha tiene una alta tolerancia frente a los temas de probidad que afectan a sus candidatos, pero eso tiene un límite (caso Fillon en Francia).

En cuanto a la Nueva Mayoría, su proyección se jugará en la decisión de la DC de participar en las primarias del 2 de julio o ir a primera vuelta con candidato propio. A su vez, la orientación programática antineoliberal versus un “neoliberalismo compasivo” se dirimirá de manera importante en las elecciones internas y primarias presidenciales del PS y en el perfil que finalmente adopte la candidatura de Guillier.

Por último, resta ver si el Frente Amplio logrará resolver exitosamente la ecuación entre ser izquierda y una opción ciudadana amplia a la vez; si podrá zanjar las complejas definiciones de liderazgos, organizativos y programáticos que ello conlleva, superando su tendencia a la fragmentación identitaria. Su test final serán las elecciones y si su apoyo se acerca más al 20% o termina rondando el 10%. Hacer regresar a los votantes desencantados será decisivo, lo que no se ve simple.

Llegó marzo, en un año de definiciones electorales que se presenta como el menos estructurado y el más incierto desde el año 90.

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Y volver, volver, volver

Pertenecer a la clase dirigente es un privilegio, pero que puede volverse muy arriesgado en una época de cambios sociales en que se reformulan los criterios que dan legitimidad a la posesión y ejercicio del poder. Esos cambios redefinen quiénes son poderosos y lo que pueden hacer.

Por ello, estos periodos de transición cobran víctimas entre quienes, incapaces de leer las transformaciones a tiempo, son atropellados por los cambios. La monarquía francesa es un ejemplo clásico de la historia política, así como las estrellas del cine mudo testimonian el precio cobrado por un avance tecnológico.

De lo que se trata, para adaptarse, es de captar a tiempo las transformaciones cuando estas se producen: ¿Son superficiales o son modificaciones de fondo que redefinen por un período largo el orden social? La elite siempre quiere creer lo primero, porque lo segundo implica asumir pérdidas dolorosas. El uso del lenguaje da pistas en este sentido ¿se ha fijado estimado lector en la frecuencia con la que políticos y empresarios últimamente usan verbos como “volver” o “recuperar”?

Frases típicas de nuestros días son: “Tenemos que volver a encantar a los electores”, “tenemos que volver a recuperar la confianza de los consumidores”, “tenemos que retomar la senda del crecimiento”. Esto es, parafraseando a Proust, la búsqueda de un tiempo perdido; porque nada de eso ocurrirá, no “volveremos”, ni “recuperaremos”, ni “retomaremos”. Crecimiento y confianza son indispensables, pero ya no se alcanzan, justifican, reparten, ni duran como antes.

El predominio global del capitalismo en las últimas tres décadas ha provocado una expansión de la riqueza, la tecnología y el conocimiento que ha cambiado buena parte de los fundamentos del orden social. Los que piensan que tuvimos una borrachera y estamos sufriendo la resaca, pero “se nos va a pasar” y todo será como antes, están enfrentando mal los desafíos actuales. Esto vale para interpretar a Trump, el Brexit o los movimientos sociales en Chile.

El triunfo del capitalismo y la democracia liberal no detuvieron la historia, sino que nos están llevando, entre otras cosas, a la superación global de la pobreza y a una diferente concepción de los derechos individuales. Es otro mundo, que nos enfrenta a complejos problemas emergentes, que generan confusión, tanto como reviven el interés por caminos fracasados (nuevas izquierdas y neo fascismos).

Es inútil que la elite política o la empresarial se enfoquen en un regreso, sino que deben evolucionar y trabajar en cambios reales que contribuyan a lograr nuevas soluciones. No se trata de respondernos a dónde queremos volver, sino en concebir un punto al que queremos llegar. Este viaje no tiene retorno, se recorre por una vía de un solo sentido, allí radica la debilidad del conservadurismo estatista de izquierda, así como del autoritario de derecha.

Crecimiento económico, un orden social justo, la existencia de clases dirigentes o del poder mismo, son realidades vigentes, pero que se están redefiniendo aceleradamente. Refractarias a esos cambios, y aferradas a un antiguo régimen, las elites, cual Vicente Fernández, siguen cantando: “Y volver, volver, volver”.

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Cambio climático: ¿Un peligro o una oportunidad?

LOS ÚLTIMOS tres años han sido cada uno por sí solo, el año más cálido de la historia registrada del planeta y nuestro país ha sido testigo de cómo el cambio climático impacta el bienestar de las personas y la economía de Chile. En 2015 tuvimos el aluvión de Atacama que arrasó con viviendas y afectó a la actividad minera; en 2016 las temperaturas anómalas del océano generaron un brote de algas que causó la pérdida de 12% de la producción anual de salmones. Después de 100 años rompimos el récord de temperatura para Santiago, un mes más tarde lo rompimos otra vez, en enero de 2017, siendo testigos de una temporada de incendios forestales sin precedentes, que quemó 597.000 hectáreas, 11 veces más que un periodo normal.

El cambio climático hoy constituye una amenaza para el bienestar del país y no enfrentarlo es hipotecar el futuro de nuestros hijos. Por eso es tan relevante la entrada en vigor del Acuerdo de París. Nuestra ratificación fue depositada en la ONU en febrero, ahí nos sumamos a los países que le han puesto fecha de expiración a los combustibles fósiles, ya que para implementar el acuerdo es necesario que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero en la segunda mitad del siglo. Y ese fue nuestro compromiso ante la ONU: desacoplar nuestro crecimiento de las emisiones, de manera que al año 2030 las emisiones del país sean entre 30 a 45% menos, con respecto a nuestro PIB.

Las predicciones de nuestra política climática se adelantaron mucho, ya que en la última licitación eléctrica se lograron precios que se proyectaban para 2030. Se logró una baja de 63% con respecto al 2013, impulsando en torno a 3 mil millones de dólares en inversiones ERNC, y con una energía licitada de 60% menos CO2 que la que se adjudicó en 2013. En este gobierno la capacidad instalada ERNC se ha quintuplicado. Desde 2014 a la fecha el 50% de la capacidad nueva del país es ERNC. En 2016, el 76% de la capacidad instalada del país fue ERNC.

Lo que ha ocurrido no es casualidad. El gobierno hizo reformas para mejorar la competitividad de la energía ofertada, desagregando las ofertas ERNC de la energía convencional; hizo normas de emisión exigentes para las termoeléctricas, al mismo tiempo que introdujo instrumentos como el precio al carbono, que permiten que por primera vez se nivele la “cancha” en cuanto externalidades ambientales. El sector eléctrico ha sido un aporte importante a nuestra política climática y las centrales que antes contaminaban, hoy han reducido entre 80 a 90% sus emisiones de material particulado.

El desafío que nos queda es en el transporte, que da cuenta de 28,9% de nuestras emisiones, tendencia que va al alza con los casi 300.000 vehículos nuevos que se suman cada año. El impuesto verde ha causado que los vehículos sean más eficientes, pero está claro que el transporte público es el camino. Para ello, Transportes, Medio Ambiente y Energía se encuentran trabajando en una estrategia de transporte sustentable, que busca sumar esa nueva electricidad cada vez más limpia en el transporte público.

Tenemos dos caminos. Podemos ignorar el cambio climático y ser testigos año a año de cómo frena nuestro crecimiento o lo tomamos como una oportunidad de construir una sociedad más inclusiva y sustentable, con energía y transporte limpio. El mundo entero está trabajando por lo segundo: ese es el Acuerdo de París que ratificó Chile.

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Sin brotes verdes

LA SEMANA pasada el INE dio a conocer los resultados de la actividad económica sectorial y la tasa de desempleo. En vista del panorama presentado es muy probable que el primer trimestre de este año sea tanto o más débil que el anterior. Esto se explicaría por una contracción a lo largo del año pasado de parte de la actividad no minera -manufactura y construcción- y minera.

Por otro lado, aunque la tasa de desempleo aumentó marginalmente alcanzando un 6,2% a nivel nacional, prácticamente la totalidad de los 65 mil empleos creados fueron por cuenta propia, con una contracción significativa en el empleo asalariado.

Al panorama anterior se suma que el dinamismo del año pasado en las ventas del comercio se verán ralentizadas por una escasa o nula creación de empleos, el mayor endeudamiento de las familias y el menor crecimiento de los salarios.

Asimismo, y en vista de que las presiones inflacionarias han cedido, algunos se preguntan si hay espacios para un mayor estímulo monetario que incentive el crecimiento de corto plazo. El mandato del Banco Central es muy claro, debe controlar la inflación y cualquier falta de foco implicaría poner en riesgo su credibilidad y la meta inflacionaria.

En vista de que no se ven brotes verdes al menos en el mediano plazo, el principal desafío sigue siendo el crecimiento de largo plazo. El actual gobierno se convenció que implementando un nuevo modelo de desarrollo basado en políticas redistributivas con un mayor gasto público y mayores impuestos, las familias más vulnerables obtendrían un mayor bienestar. Esta nueva estructura de incentivos junto a la incertidumbre regulatoria y las desconfianzas ha propiciado un ambiente en contra del sector empresarial, con una consecuente caída en la inversión, un menor crecimiento en el largo plazo y una menor capacidad de generación de empleos.

En este contexto, el desafío del próximo gobierno es colosal. No solo deberá intentar cambiar las expectativas, ya muy deterioradas, sino también deberá modificar gradualmente las leyes tributaria y laboral.

El mayor peso relativo de los impuestos directos a los ingresos personales y corporativos generó un retroceso en términos de eficiencia económica y productividad. Esto se explica porque los impuestos al ingreso son los que generan mayores costos por menor ahorro, inversión, empleo, salarios y crecimiento, mientras que el aumento del impuesto a las empresas afecta negativamente la inversión y el stock de capital. Más aún, todo indica que su efecto es asimétrico, perjudicando en mayor medida a aquellas empresas de menor tamaño, más endeudadas y con menor acceso al crédito.

Por otro lado, los últimos cambios al Código del Trabajo han favorecido a los trabajadores más calificados y productivos en desmedro de aquellos que tienen menos experiencia y baja productividad. Una reforma laboral moderna debería enfrentar no solo los mayores costos asociados a la mayor conflictividad laboral, sino también aumentar la participación laboral de las mujeres, jóvenes y adultos mayores.

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UDI: giro programático

SE HA conocido, de manera parcial, un documento de la UDI que actualiza su programa. El escrito resulta interesante pues representa un reconocimiento de sus falencias ideológicas históricas y, además pues, pese a representar un avance, deja en evidencia las dificultades de la derecha para enfrentar los desafíos de una sociedad democrática moderna.

La UDI reconoce su fidelidad al modelo económico de Pinochet y su incapacidad de haber articulado un proyecto político que se hiciera cargo de los cambios que se habían producido, lo que la habría llevado a “simplemente profundizar las recetas que se habían aplicado”. Reconoce también no haber comprendido que el modelo no era intocable y que las instituciones deben adaptarse a los cambios que el propio desarrollo genera. La admisión de sus errores en política social es aún más categórico; en particular cuando admite su preocupación exclusiva por el aumento del ingreso y su falta de atención a la calidad de vida y el bien común. Es un cuestionamiento profundo a sus propuestas de políticas públicas en los 25 años de restaurada la democracia. ¡Qué distinto habría sido la política chilena si la UDI, partido con mayor representación parlamentaria en largos periodos de la historia reciente, hubiese ejercido la oposición orientada por su nueva visión!

Pero ¿cuáles son los reales alcances de su giro programático? Si bien parece abandonar la idea del “Estado mínimo” su propuesta de “Estado robusto” se distingue poco de las visiones tradicionales del “Estado subsidiario”. Propone “un Estado eficiente y presente, capaz de garantizar seguridad y justicia para todos, pero no monopolizador” refiriéndose esto último, probablemente, a la participación directa del Estado en la política social. Es una respuesta débil a la creciente conciencia ciudadana de que la privatización de la política social no logró proteger a las clases medias y populares frente a los grandes males; la enfermedad (la salud privada muestra costos crecientes y el sistema de Isapres aparece cuestionada por la judicialización y la crisis de sus empresas); la pobreza en la vejez (donde las AFP son una respuesta para una parte muy limitada de la población) y la grave situación que afecta al modelo educativo desde hace décadas.

Aunque tardío, es importante que la UDI reconozca que la concentración del poder económico es un problema. Su vinculación estrecha con varios de los principales conglomerados contribuía a que se conformara con suponer que el mercado resolvería el problema. No obstante, no aparecen propuestas específicas para abordarla. En el campo económico, reconocen que el país enfrenta un grave problema de estancamiento de la productividad pero, si bien aceptan por fin la necesidad de un “Estado regulador” no se interrogan respecto de las tareas que debería impulsar el Estado, para facilitar el esfuerzo nacional para generar nuevos impulsores del crecimiento, limitándose a insistir en “no desperdiciar las capacidades de la sociedad civil”. Este último es un concepto antiguo pero de reciente adquisición por parte de la derecha que lo reconvierte en un sustituto del término empresario, caído en descrédito en los últimos tiempos.

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