Álvaro Bisama's Blog, page 222
March 13, 2017
¿A qué clase media pertenece usted?
Hace seis años escribí esto: “La principal fuente de los conflictos venideros no van a ser los choques entre civilizaciones, sino las expectativas frustradas de las clases medias que declinan en los países ricos y crecen en los países pobres”.
Mi argumento en ese entonces -y que ahora se ha confirmado- es que las clases medias en EE.UU., Europa y otros países de mayores ingresos verían empeorar su estándar de vida, mientras que en China, Turquía, Colombia y otros países emergentes la situación económica de los más pobres mejoraba. En ese mismo artículo señalé que tanto el aumento como la disminución de los ingresos generan expectativas que alimentan la inestabilidad social y política. La sorpresa, por supuesto, es que el aumento de los ingresos de la gente en los países pobres sea una fuente de inestabilidad. Más abajo vuelvo sobre esta paradoja. En ese artículo de 2011 también alerté de que “inevitablemente, algunos políticos en los países avanzados aprovecharán este descontento para culpar del deterioro económico al auge de otras naciones”. Y finalicé pronosticando que las consecuencias internacionales de este choque de clases, que entonces no eran obvias, acabarían siéndolo.
Bueno… lamentablemente, ya lo son.
En estos tiempos de Brexit, Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders, Podemos y otras sorpresas políticas proliferan los análisis que intentan descifrar las fuerzas que nutren “La Gran Furia”, ese profundo descontento que lleva a los votantes a escoger a quien sea con tal de que no se parezca “a los de antes”. La globalización, la inmigración, la automatización, la desigualdad, el nacionalismo y el racismo son solo algunas de las causas que más comúnmente se mencionan para explicar “La Gran Furia”. Pero me ha llamado la atención que los análisis no incluyen en su explicación lo que está sucediendo en Asia, América Latina o Africa. Una vez más, la narrativa dominante trata como si fuera mundial un fenómeno regional que ocurre principalmente en Norteamérica y en el Viejo Continente.
Los análisis ignoran que la clase media, esa que en Europa y EE.UU. está luchando para no perder su preeminencia económica, social y política está en pleno apogeo en el resto del mundo. Para una familia en India que, por primera vez, tiene ingresos que le permiten tener medicinas, casa, coche, televisión, teléfonos inteligentes y algo de ahorros, la defensa de la supremacía blanca que en EE.UU. motivó a muchos a votar por Donald Trump resulta ininteligible.
El apogeo de la clase media en países pobres es la principal revelación de un importante estudio que acaba de ser publicado por Homi Kharas, uno de los más respetados estudiosos de la cuestión. Sus cálculos indican que hoy 3.200 millones de personas forman parte de la clase media en el mundo, es decir el 42% de la población total. Para estos cálculos, los investigadores e instituciones como el Banco Mundial definen como clase media a las personas con ingresos diarios de entre 11 y 110 dólares al día. Este segmento ha venido creciendo rápidamente, pero a diferentes ritmos. Mientras que en EE.UU., Europa y Japón crece anualmente al 0,5%, en China e India suma un 6% cada año.
Globalmente, la clase media aumenta 160 millones de personas al año y de seguir a este ritmo, en pocos años, la mayoría de la humanidad vivirá, por primera vez en la historia, en hogares de esta categoría. Si bien las clases medias son hoy más numerosas que nunca en países como Nigeria, Senegal, Perú o Chile, su expansión es un fenómeno primordialmente asiático. Según Kharas, la abrumadora mayoría (¡el 88%!) de los 1.000 millones de personas que formarán parte de este estrato en los próximos años vivirá en Asia.
El impacto económico de todo esto es enorme. El consumo de la clase media en países de menores ingresos crece al 4% anual y ya equivale a un tercio del total de la economía global.
Naturalmente, los cambios que está experimentando la clase media tiene importantes consecuencias políticas. En Europa y EE.UU. estas consecuencias ya las vemos en los resultados de las elecciones, los referendos y en la proliferación de improbables candidatos que promueven agendas inéditas. En los países de menores ingresos, en los cuales la clase media crece a gran velocidad, también crecen rápidamente las expectativas y exigencias. Estos nuevos protagonistas sociales más tecnológicamente conectados, con más poder adquisitivo, más educación, más información y más conciencia de sus derechos son una fuente de inmensas presiones sobre gobiernos que no tienen la capacidad de satisfacer esas expectativas.
La clase media de los países ricos se siente amenazada y va a exigir a sus gobiernos acciones y resultados que mantengan sus estándares de vida históricos. Al mismo tiempo, la clase media de los países emergentes está más esperanzada que nunca y luchará para que su progreso continúe.
Como ya lo estamos viendo, estas agendas políticas divergentes son el origen de importantes fricciones internacionales. Y lo seguirán siendo.
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March 12, 2017
Perdona nuestros pecados: el Chile profundo
Hay cierto placer morboso en ver a Paola Volpato y Álvaro Rudolphy interpretando por primera vez en un buen tiempo a villanos en un culebrón. No es algo nuevo, pero tras tantas historias donde han representado perfectas parejas disparejas, es imposible no mirar a Perdona nuestros pecados como una suerte de versión infernal de todas esas telenovelas familiares que Mega ha explotado los últimos años. No es una exageración. Creada por Pablo Illanes y escrita por él y Josefina Fernández, la nueva nocturna de Mega desde los primeros minutos (donde Mario Horton aparece armado y sangrando al interior de una iglesia) presenta un relato que tiene como centro una trama viscosa y asfixiante donde el personaje de Horton (un sacerdote) aparece en un pueblo de provincia dispuesto a destruir a Rudolphy, capo político y económico de la zona, quien abusó de su hermana, llevándola al suicidio.
No hay desperdicio en esto. La teleserie es rápida y retorcida y explota los conflictos de clase al límite, jugando con los clichés de la triste aristocracia de provincia y con eso, su siutiquería y su pobreza moral. En apenas unos pocos capítulos, es posible ver a padres lanzar diatribas inquietantes sobre la vida sexual de sus hijas, alcoholismo, infidelidades, discursos clasistas y racistas y violencia en todas sus formas. En ese contexto, lo que podría ser el aspecto más polémico del asunto (el modo en que el cura Horton tendrá una relación con Mariana Di Girólamo, la hija escolar de Rudolphy) es solo un detalle más de la trama, retorcida y oscura.
A la antigua, estamos ante un relato de venganza que nos recuerda que los culebrones, por más niños que sumen al casting, son el menos amable de los géneros, el menos consolador, el más atroz. Carente de tiempos muertos, el relato de la vida en Villa Ruiseñor de Mega es áspero pero veloz, desconsolado pero entretenido pues Perdona nuestros pecados no se detiene nunca en su maquinaria de la crueldad y en su celebración del horror como aquello que le da sentido a la intimidad de las casas chilenas.
Por lo mismo, es interesante la elección de los años 50 como contexto. Se trata de un corte temporal que aumenta las posibilidades del drama al poner el abismo entre los escombros del siglo XIX y las promesas del XX como una caja de resonancia del drama: en algún momento, Rudolphy denosta los gobiernos radicales y añora un orden patronal perdido, un Chile del latifundio que es el soporte moral del terror que determina a los personajes y sus relaciones. Aquello es interesante porque es el reverso de gran parte de las telenovelas del canal. Salvo Amanda, que construye su propio y perfecto purgatorio diario, Mega siempre ha apostado por comedias esperanzadoras donde la familia chilena aspira a reconstruirse una y otra vez en tanto comunidad. Eso estaba en Pituca sin lucas y era el centro de Sres. Papis, relatos que estaban construidos con la promesa de una vida posible para una clase media capaz de identificarse con los personajes.
Acá no hay nada de eso pues el relato se construye a partir de la destrucción de las instituciones (la familia, la iglesia, la política), que se presentan corrompidas y viciadas, horrorosas en su descripción ficcional de una sociedad en crisis. Esta tensión es subterránea pero permea todo lo que vemos, encaminado como está a todas las formas de la catástrofe. En cierto modo, Perdona nuestros pecados es una teleserie política al plantear el centro del culebrón en la condición omnipresente y perversa del personaje de Rudolphy, que concentra los peores discursos de un nacionalismo rancio y campesino, de un Chile construido sobre el peso de la noche y tejido con una violencia ejercida sobre los cuerpos y el lenguaje. Aquello determina el show, que puede ser leído como un museo de horrores del siglo pasado, una chilenidad profunda que toma la forma de una máquina de la crueldad para determinar las reglas sociales de su orden aparente y que vuelve ahora como una ficción catártica, incómoda y adictiva.
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Institucionalidad
EL RECHAZO del proyecto minero Dominga no debiera sorprender: es lo que ha venido sucediendo con muchos de los proyectos grandes en los últimos años. Ahí están Barrancones, que aprobado murió de un “telefonazo”, la central Castilla, HidroAysén o lo que sufre Alto Maipo.
Lejos están los tiempos del expresidente Frei que, ante las críticas de los medioambientalistas, ordenó que se hiciera la central hidroeléctrica Ralco, simplemente porque el país no puede prescindir de este tipo de iniciativas. Era la época en que Chile se consideraba la “joya de la corona latinoamericana”, que crecía, atraía inversiones y ofrecía oportunidades de prosperidad. Pero el país se cansó de eso y ahora todos hacen valer sus derechos, que es sinónimo de oponerse a todo y pretender que, sin que crezca la torta, nos den de todo.
Es indispensable proteger el medioambiente y los proyectos con incidencia significativa en éste deben mitigar sus efectos. Para ello hay una “institucionalidad” que formula las exigencias pertinentes, pero bajo el predicamento que las iniciativas tienen que materializarse: el emprendimiento es clave para el desarrollo y un derecho constitucional. Pero la famosa institucionalidad ambiental se ha transformado en el mecanismo para hacer fracasar los proyectos; el medio para canalizar lo que un columnista, ya retirado, llamaba la “energía satánica” que impera aquí: cada vez que alguien quiere hacer algo, todos se movilizan para impedírselo. Si Dominga hubiere sido aprobada, los detractores habrían apelado al Comité de Ministros, al que ahora tendrá que ir el inversionista. En cualquier caso, un pronunciamiento a favor del comité no valdrá de mucho, porque vendrán años de litigio en los tribunales. ¿Quién va a querer invertir así?; y sin inversión, no hay crecimiento.
Dominga se asienta en una zona postergada y que requiere de actividad. ¿Las razones para rechazar el proyecto?: una hipotética afectación al medioambiente, que se materializa en el imaginario colectivo en los pingüinos de la zona. Nadie ha precisado cómo serían impactados, si el proyecto está tierra adentro, en una zona semidesértica. La mera posibilidad no es razón suficiente, ya que entonces ninguna actividad se podría realizar, puesto que siempre algo puede suceder.
Mientras el senador Girardi se dedicaba a amenazar y descalificar a los “seremis” que tenían que votar (¿esa es la pega de un senador?), el pronunciamiento que emitieron, además de lacónico, no se entiende: los que poseen competencia en el área medioambiental estuvieron a favor, mientras que otros, cuyas reparticiones expresaron no tener comentarios que formular cuando fueron consultadas, votaron en contra. El seremi de Agricultura se opuso, pero ¿cómo es que se afecta allí la agricultura? Otro reconoció que la ley amparaba al proyecto, pero igual votó en contra. Quien lea los motivos del intendente para rechazar, simplemente no entenderá “ni jota” de lo que dijo.
Hablamos de “institucionalidad ambiental”, pero entonces ¿cómo es posible que los que rechazan un proyecto de US$ 2.500 millones no estén siquiera obligados a fundar razonada y detalladamente sus objeciones?
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Orden y patria
HAY BUENAS razones para sentirse satisfechos, cuando no orgullosos, de nuestros Carabineros. No solo se trata de una institución importante para las personas por la relevancia que han adquirido los temas de seguridad ciudadana, sino también por su función en los lugares más apartados, colaborando en las tragedias o desastres naturales, y muchas veces, en diversas circunstancias, arriesgando su propia vida para proteger la de nosotros.
Evidentemente, y como en toda organización, no está ajena a las malas prácticas o a la corrupción de algunos de sus miembros, cuestión que en otros períodos de nuestra historia incluso llego a la ignominia de institucionalizar la práctica del abuso y el terror, como de hecho conocimos varios casos durante la dictadura militar. Pero pese a ciertos resabios que podrían subsistir de esos tiempos oscuros, hoy la gran mayoría de nuestros Carabineros, y a diferencia de lo que ocurre en otros países -pienso en Argentina o México por ejemplo- son personas honorables, que en precarias circunstancias han sabido resistir a la tentación del dinero o el poder.
Es por eso que me imagino duele a muchos la reciente denuncia de este caso de corrupción al interior de la institución, que involucra a 17 funcionarios en un millonario desfalco, y cuyos detalles y consecuencias recién estamos aquilatando. Pero más allá de la vergüenza o indignación inicial, hay dos cosas que deberían preocuparnos de sobre manera.
La primera, es que resulta difícil, por no decir inverosímil, la sorpresa con que han reaccionado algunos altos mandos de la institución. Carabineros de Chile, especialmente en su condición de policía militarizada, ejerce muy severos controles a sus efectivos, no solo respecto de las finanzas de sus miembros -léase ingresos, préstamos u otras operaciones- sino incluso al extremo de involucrarse en su vida personal y afectiva, como cuando deben solicitar permiso para contraer matrimonio. En ese contexto, y pensando que además comparten villas y condominios con otros efectivos de diverso grado y rango, es imposible haber mantenido hasta ahora este secreto solo en el reducido elenco de los implicados.
La segunda cuestión se relaciona directamente con la anterior, en el sentido de que volvemos a constatar el hermetismo institucional y los grados de autonomía que son incompatibles e inaceptables en un estado de derecho. Pienso en la dificultad para acceder a las reales estadísticas de prevención y combate del delito; a la imposibilidad para intervenir o modificar sus procedimientos; a su asegurado financiamiento y la opacidad para ejecutarlo; o a las huelgas de brazos caídos en manifestaciones públicas, especialmente después de decisiones o señales de la autoridad que los han incomodado; como evidentes ejemplos del fracaso de los gobiernos democráticos en la vigilancia de su policía.
De hecho, y sin querer exagerar, el último gobernante que realmente pudo exhaustivamente controlar a Carabineros, fue Pinochet.
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El Barrancones de Bachelet
EN EL CASO Barrancones, Piñera claramente se equivocó y más tarde hidalgamente reconoció el error. Hoy, por razones políticas que no se han explicitado, Bachelet detiene el proyecto Dominga por la vía del intendente, su representante personal. Este es el Barrancones propio de Bachelet cuya extrema ideologización le ha nublado ya la razón. El caso de Blanco en el CDE es solo otra señal más.
No cuesta mucho darse cuenta de que esta decisión es parte de la persecución bastante miserable que el gobierno y la izquierda están haciendo contra Piñera. ¿Por qué? Veamos algunos puntos.
1. En la sesión de diciembre del Consejo Regional de Coquimbo, se votó la aprobación de Dominga por 10 votos contra 2 y dos abstenciones. La opinión del consejo no es determinante, pero muestra el deseo e interés regional. Esta semana, el proyecto fue rechazado por el intendente.
2. En los seremis había inicialmente una clara mayoría para el proyecto y sorpresivamente algunos de éstos cambiaron la posición a último momento (Energía y Transporte), o se abstuvieron (lo que es insólito) en una votación manipulada desde Santiago, para que lo decidiera el poder político.
3. Entremedio de la voluntad técnica de aprobarlo y el rechazo al proyecto, la izquierda levantó una querella infundada contra Piñera.
4. La decisión del rechazo fue política y no profesional, apoyada técnicamente incluso por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y decididamente por Economía y Hacienda.
5. Matías Walker de la Nueva Mayoría acusó gestiones de Interior para que se votara en contra de la iniciativa. La actuación de los seremis mostró claramente dicha influencia.
6. El gobierno una y otra vez ha señalado la importancia del crecimiento y el empleo (sin crecimiento no hay desarrollo social dijo alguna vez) y esta decisión va exactamente en el sentido contrario, lo que es muy difícil de entender. El presidente del Consejo Regional, Teodoro Aguirre, sostuvo en diciembre que “es una manera de buscar el progreso, de otra manera nos quedamos estancados, sin posibilidades de crecimiento desde el punto de vista económico y de desarrollo de toda la región”.
7. Esto indirectamente afecta a Piñera porque la propia Nueva Mayoría ha levantado un caso inexistente sobre Dominga. Es la táctica del PC, y la creciente judicialización de la política.
8. Piñera lidera claramente las encuestas presidenciales frente a la Nueva Mayoría que está en desarme y apanicada de perder el poder y todas sus ventajas. Es tan mala la gestión del gobierno y está tan deteriorada la Nueva Mayoría que no saben cómo detener al candidato. El Estado se ha transformado en una empresa para lucrar.
9. Bachelet ya sentó el precedente de usar el aparato público para atacar a sus adversarios. Hay que recordar la intervención del SII para atacar a la UDI, y para defender SQM en que estaban involucrados muchos de la Nueva Mayoría.
10. La Fiscalía está claramente tuerta, solo mira por uno de los ojos, y la justicia con muy poca credibilidad.
11. El creciente deterioro de la economía es el caldo natural de cultivo del populismo, que ofrecerá soluciones mágicas a costa de mayores impuestos a los “ricos”, incluso al patrimonio, como lo hace el PPD y por ende Lagos que es su candidato, y será la fórmula de la izquierda para las elecciones.
12. Este es un claro ejemplo de lo que Büchi llamó incerteza jurídica. Tres años de trabajo e inversión (unos $ 35.000 millones se estima), de conversaciones y acuerdos con las autoridades pertinentes, y termina por una decisión política claramente arbitraria. Al final el único que se atreverá a invertir en Chile es el Estado, y eso es el paraíso para la izquierda.
13. Lo peor es que el proyecto finalmente va a prosperar, pero Bachelet se dio el gustito de apoyar al PC contra Piñera, y dar las peores señales posibles para los inversionistas tan necesitados hoy.
La fundación Océana ha sido opositora al proyecto desde siempre. Su directora señala: “Si se aprueba este proyecto sería una vergüenza para la institucionalidad chilena”. O sea, es un veto para la empresa haga lo que haga. Solo quiero recordar que Marcel Claude fue el administrador de dicha fundación en sus inicios.
En suma, Bachelet, al estilo chavista, ha mostrado nuevamente cómo se usa el aparato estatal para perseguir a sus adversarios.
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La justicia abusada
COMO SI el deterioro de las instituciones no fuera ya lo suficientemente profundo y los políticos no cargaran con un merecido descrédito, el diputado Hugo Gutiérrez decidió que la mejor manera de enfrentar el desafío electoral que hoy representa Sebastián Piñera, es una interminable espiral de querellas judiciales. Mientras Ricardo Lagos, Carolina Goic y Alejandro Guillier plantean la necesidad de discutir “ideas” y “proyectos”, el parlamentario comunista parece tener la convicción de que ese debate es innecesario, o está derechamente perdido, hasta el punto que la única opción posible para enfrentar al principal líder de la oposición, es arrastrarlo como sea a un laberinto judicial.
El PC, que alguna vez confió en la superioridad moral de sus principios y en la fuerza intelectual de sus convicciones, hoy no tiene nada que mostrar salvo esta compulsión crónica a presentar querellas infundadas, que no buscan esclarecer presuntos delitos, sino solo reforzar presunciones y alimentar desconfianzas, sin otro objetivo que horadar de cualquier forma la imagen del candidato que hoy amenaza su continuidad en el gobierno.
En rigor, Hugo Gutiérrez está usando y abusando del procedimiento penal sin importar las consecuencias, utilizando a la justicia para compensar debilidades políticas propias, que, no obstante, quedan todavía más en evidencia con esta obvia instrumentalización. Pero es a todas luces claro que a su autor los efectos de su ofensiva sobre el sistema político y en la calidad de la administración de justicia lo tienen sin cuidado: lo importante para él es el fin; los medios y los costos, es decir, su extraordinario aporte al cuadro general de desprestigio de la actividad política y de las instituciones públicas, le son sin duda indiferentes.
Respecto al tema de fondo, se podrá estar o no de acuerdo con las ideas y las convicciones de Sebastián Piñera; sentir o no simpatía hacia su personalidad y su manera de ser; cuestionar o no su forma de participar en la actividad política y de administrar simultáneamente su patrimonio: todo ello es perfectamente legítimo y propio de una sociedad democrática, donde los actores públicos están y deben estar siempre sometidos al escrutinio ciudadano. Pero utilizar a la justicia como lo está haciendo el diputado Gutiérrez, con el silencio cómplice de buena parte del oficialismo, no es sino la fría perversión de la competencia legítima entre adversarios políticos; algo que seguramente el diputado comunista no valora, por la sencilla razón de que en los países admirados por él -Cuba, Corea del Norte, etc.-, esa competencia democrática simplemente no existe.
Es tan claro que el objetivo de esta burda puesta en escena es meramente político, que su protagonista no ha necesitado reparar en un precedente que juega más bien en contra de sus posibilidades de vencer en sede judicial: en las más de tres décadas que Sebastián Piñera lleva dedicado a la política y a los negocios, ha sido sujeto de una enorme cantidad de querellas. Y hasta ahora los tribunales de justicia no lo han condenado por un solo delito.
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Individuo
ALGUNAS PERSONAS han considerado que el “Manifiesto por la República y el buen gobierno” entrega poco protagonismo a la libertad individual. Esto merece ser discutido.
La libertad individual es una de las grandes conquistas humanas. Ella proclama que cada persona debe poder desplegar su existencia en el mundo de la manera en que lo crea conveniente, en la medida en que no cometa injusticias contra terceros. Así, ha sido la bandera de lucha y reivindicación de los distintos y los débiles en contra de la opresión del colectivo y sus prejuicios. Y también la defensa de la esfera privada, cuya distancia lúcida respecto a la esfera pública hace posible la deliberación y las libertades públicas.
La idea de contrato social nace, de hecho, como una alegoría política que permite imaginar las instituciones de la sociedad como si hubieran surgido de una cesión voluntaria de derechos por parte de los individuos, que serían anteriores a ella. Es una alegoría, claro, porque no es algo que haya ocurrido en la realidad. En los hechos, el ser humano es un animal gregario y mimético, que solo puede vivir una vida humana y realizarse en relación con otros seres humanos. Nacemos en una familia, aprendemos el mundo gracias a lenguajes que son patrimonios colectivos, tomamos como modelo de conducta a otros y actuamos buscando el reconocimiento de los demás. Los únicos seres humanos que han sobrevivido fuera de una sociedad humana son los niños salvajes que viven como animales.
Que las libertades individuales no sean anteriores a la sociedad, sino un producto de ésta, no debería, empero, desilusionar a los liberales. Ello no solo pone en evidencia su fragilidad, sino también la conquista cultural y política que significan. Y también el hecho de que defenderlas significa defender las condiciones sociales y políticas que las vuelven posibles, lo cual en ningún caso es lo mismo que promover el desanclaje del individuo respecto al colectivo.
¿Cuáles son esas condiciones sociales y políticas? Primero, un orden republicano: el poder debe estar organizado mediante divisiones y contrapesos para evitar la tiranía del Estado, pero también la de cualquier grupo social sobre otro. Segundo, un orden habilitante: deben crearse las condiciones positivas para que cada ser humano pueda desplegar sus capacidades. Crianza, nutrición, educación y salud son ámbitos esenciales en este sentido. Tercero, un orden subsidiario: debe buscarse un equilibrio entre Estado, mercado y sociedad civil que, además de distribuir el poder, distribuya las co-responsabilidades en distintos niveles, siendo el más básico el individual. Estos tres pilares son, justamente, los que hemos recogido en el Manifiesto.
La epopeya de la libertad individual, entonces, es un desafío colectivo que depende de un complejo entramado social. Por eso se equivocan los que la imaginan como una guerra entre el individuo y los demás seres humanos y sus instituciones. Esa guerra sería perdida rápidamente por el individuo: los hedonistas aislados de todos los partidos son presa fácil para los enemigos de la libertad.
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Andrónico Farkas
CONFIESO QUE no tengo mayor simpatía por el señor Farkas, pero le reconozco su astucia. Gastando poca plata, se ha servido por largos años de la farándula periodística y de la inocencia (y codicia) de las masas para erguirse como el filántropo de las causas más mediáticas posibles de encontrar. Diez luquitas por llevarle la maleta en el aeropuerto, dos milloncitos para un gimnasta, unas banderitas para los que van al estadio y ya está: nadie cuestiona su fortuna, su origen minero ni sus relaciones societarias. Incluso, sin mucho empeño, hasta podría ser candidato presidencial.
Nunca más eso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Basta de destinar millones a la educación, a los centros de estudio o a las universidades. Ahora la filantropía se juega en terreno chico, con poca plata y mucha prensa.
Andrónico, o sus asesores, debe haber tomado nota de esta fórmula cuando decidió jugársela por la estrategia de la hiperexposición en redes sociales. “Hola, soy un tipo común y corriente sentado en el living de mi casa” (con selfie incluida). “Oh, qué estupendo este libro que acabo de leer”. Y acto seguido: “¡Libros para todos!”. ¿Cuántos fueron? ¿Mil libros? A valor de mercado (aunque supongo que negoció descuento por volumen), unos 15 millones de pesos que, sospecho, no le hacen ni cosquilla al patrimonio de este gentil tuitero.
“Pero no sea tan amargado”, me dirá usted. Claro, al menos está promoviendo la cultura y con un libro que -yo también lo leí- es bien entretenido y contribuye enormemente al conocimiento de nuestra historia.
Mi problema es que no creo que contribuya a la cultura. ¿Sabe a cuál cultura me refiero? A la del trabajo, a esa porfiada necesidad de comprender que casi nada en esta vida es gratis y que, de la mano de los derechos, cada uno de nosotros tiene deberes que respetar. Y que en una sociedad civilizada nos regimos por leyes y normas, sin diferenciar entre simpáticos y antipáticos, ni entre generosos o egoístas. Mientras respete los derechos del resto y no sea un delincuente, eso es asunto de cada cual.
Lo de Andrónico me suena más a empresario desesperado por mejorar su imagen y construir una figura de gallo común y corriente, amistoso y transparente, provocando -de paso- la angustia de sus pares que no saben si tendrán que meterse al Twitter para conseguir que la comunidad apruebe sus proyectos de inversión.
Pero esa es la lógica de los políticos, Andrónico. Por algo tu propio TL te pregunta si estás pensando en una candidatura (ya sé que lo negaste, pero eso también está en la esencia de un político). Y si lo hicieras, ¿dejarías el Twitter o gobernarías en 140 caracteres como el papá de tu arrendataria?
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Refichaje, el futuro de los partidos y los partidos del futuro
Datos
El miércoles pasado, el Servel comenzó la entrega semanal de estadísticas sobre el refichaje de los partidos. Son varios los datos interesantes que se infieren de la primera entrega. Acá van cinco de ellos.
Primero: la capacidad de atraer militantes de los partidos tradicionales resultó ser muy inferior a lo esperado. Era bien sabido que los padrones electorales estaban inflados, pero nadie esperaba que estuvieran tan inflados. Varios partidos que según sus padrones históricos tenían más de 100 mil militantes llevan menos de 10 mil inscritos y todo indica que serán pocos los partidos que lleguen siquiera a la mitad de los militantes que tenían según sus padrones anteriores al refichaje.
Segundo: algunos partidos nuevos lo han hecho bien, mucho mejor que la mayoría de los partidos tradicionales. Concretamente, Evópoli y el PRO ocupan el segundo y tercer lugar en número total de afiliados (en los dos casos en torno a los 18 mil).
Tercero: varios partidos tradicionales llevan un número bajo de afiliados: el PC, PPD, PPD, PRSD, RN y la UDI tienen todos menos de 10 mil.
Cuarto: los partidos tradicionales en problemas se están poniendo las pilas para afiliar nuevos militantes y refichar militantes antiguos, por lo cual es probable que la mayoría revierta su situación actual. De hecho, la mayoría de los partidos mencionados en el punto anterior ficharon un número importante de nuevos militantes durante la primera semana de marzo, más de 7.000 en el caso del PC, cerca de 2.000 en el caso del PRSD, PPD y la UDI.
Con el informe del Servel del miércoles que viene podremos comenzar a proyectar cuáles partidos alcanzarán las cifras necesarias para mantenerse como tales (objetivo relativamente fácil, basta con 1.500 afiliados en las regiones XV, I y II, por ejemplo) y para llevar un candidato presidencial (un desafío mayor que, dependiendo de cómo se distribuyen los afiliados entre regiones, significa tener entre 18 mil y 33 mil afiliados a nivel nacional).
Quinto: el número de partidos constituidos por región varía mucho. A la fecha, la región con mayor número de partidos legalmente constituidos es la Cuarta Región, con ocho partidos. Le siguen la Quinta, Novena, Décima y la Región Metropolitana, con seis partidos cada una. En la parte baja de la tabla hay tres regiones con sólo un partido (entre ellas la Duodécima) y una región (Aysén), donde, por el momento, ningún partido ha logrado el número de afiliados necesarios para constituirse e inscribir candidatos al Congreso el 21 de agosto.
Chivos expiatorios
Tomó más de 10 meses desde que se aprobó la ley para que varios de los partidos más importantes se la tomaran en serio. Primero abrigaron la esperanza de que una campaña comunicacional que apuntaba al PPD como el único partido con problemas graves llevaría al gobierno a proponer una ley corta para extender los plazos y rebajar los requisitos. Resultó que las cifras de refichados del PPD eran similares a las de otros partidos (el PC, la UDI y el PRSD), con lo cual esta estrategia naufragó.
También le endosaron los problemas del refichaje al Consejo Anticorrupción que presidí. La respuesta acá tiene dos partes. La primera y más obvia es que, más allá de los insumos que puedan considerar al momento de legislar, entre informes de comisiones, propuestas de centros de estudios y universidades, presentaciones de expertos ante comisiones, etc., es el Congreso junto al Poder Ejecutivo quienes legislan, incorporando aquello que les parezca pertinente y dejando fuera lo que no.
Lo anterior es un principio general. En el caso del refichaje, cabe agregar que la propuesta del Consejo Anticorrupción tenía diferencias importantes con lo que se legisló en esta materia. Nosotros propusimos, por unanimidad, que el refichaje fuera una precondición para recibir financiamiento público, los partidos no estaban obligados a refichar si no querían recibir platas del Estado. El Congreso, en cambio, optó porque las platas públicas se comenzaran a entregar apenas aprobada la ley en abril del año pasado -los partidos ya han recibido más de seis mil millones de pesos del Estado- y exigió el refichaje solo un año después. Los incentivos para hacer el refichaje eran mucho mayores en la propuesta del Consejo Anticorrupción que en la ley, y las consecuencias de no lograr el refichaje menos dramáticas.
En los últimos días ha arreciado una campaña responsabilizando al Servel de los problemas del refichaje. Es cierto que el Servel pudo haber aclarado dudas sobre las consecuencias de no lograr ciertos umbrales de afiliados y que debiera responder los cuestionamientos que le hacen los partidos con mayor celeridad, por ejemplo, respecto de las fichas objetadas. Sin embargo, los partidos sabían hace casi un año de las exigencias de refichaje, si tenían dudas era cosa de preguntar al Servel, si no lo hicieron fue porque no estaban haciendo la pega.
Escenarios
Los partidos políticos tienen un rol esencial en una democracia representativa, integrando y movilizando a la ciudadanía, agregando y articulando sus intereses, formulando programas de gobierno y contenidos de políticas públicas; reclutando, seleccionando y formando dirigentes políticos.
Producto de los escándalos de corrupción recientes, que llevaron a que los niveles de confianza ciudadana, relativamente bajos para comenzar, se desplomaran, también se volvió evidente que los partidos políticos tenían problemas muy serios en su funcionamiento interno. Financiamiento irregular e ilegal, captura por grupos de interés, falta de democracia interna eran algunos de estos problemas.
La Ley de Partidos que se aprobó el año pasado, apunta a tener, en el mediano plazo, partidos que vuelvan a cumplir el rol clave que tienen en toda democracia que funciona bien. Un padrón electoral confiable y al alcance de todos los militantes es una precondición para que estos cambios sucedan, por eso la importancia y el carácter simbólico que adquirió esta propuesta particular.
Más allá de que toda ley es perfectible, cambiar ahora los plazos y exigencias del refichaje que se aprobaron el año pasado sería impresentable, basta con ver la reacción ciudadana en las redes sociales para darse cuenta de esto. La información entregada por el Servel esta semana sugiere que, finalmente, los partidos tradicionales en problemas se han tomado en serio el desafío. Las exigencias son razonables y faltan cinco meses hasta inscribir los candidatos al Congreso y la presidencia, luego es probable que la mayoría lo logre. Si hubiera partidos que dejan de existir en el proceso, será reflejo de que no convocan a una número suficiente de ciudadanos. Los datos del Servel indican que en tal caso hay nuevos partidos esperando reemplazarlos.
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Reflexiones sobre una prohibición
La decisión de las autoridades cubanas de no dejar entrar a su territorio a Mariana Aylwin, quien se proponía participar en una actividad disidente del régimen, en la cual se iba a rendir un homenaje a su padre, Patricio Aylwin, ha causado en Chile un gran debate. Es justo que así sea, pues es un hecho grave.
Claro, no es algo determinante en los afanes diarios del gobierno de Chile y en la agenda política inmediata de su coalición, pero está lejos de ser una pelea pequeña, de detalle.
Es muy probable que los argumentos esgrimidos por quienes han intervenido en tal debate estén condicionados en ocasiones por sus intereses políticos, tanto por quienes condenan el hecho como por aquellos que creen que se trata de una provocación de la afectada.
También hay cálculo en quien le manda saludos a la interdicta casi al pasar, y después llama a la calma haciéndose el distraído.
Independientemente de ello, el tema es importante para definir con mayor claridad cuáles son los valores, el ethos político y cultural de un proyecto reformador de centroizquierda en el largo plazo.
El argumento entregado por las autoridades cubanas para tomar esta medida plantea que dicha actividad no era inocente, sino llena de enjundia política, destinado a crearle graves problemas a su gobierno y, en consecuencia, tendría un cariz “anticubano”.
No dejar entrar a Mariana Aylwin no fue entonces una simple “maladresse” diplomática, sino una defensa patriótica dura, pero necesaria.
El argumento es válido, sí, pero para una dictadura.
En un sistema democrático, donde la oposición es legítima y legal, no tiene sentido negarle el ingreso al país a alguien por indeseable que le parezca al gobierno, salvo por razones que van más allá de la política, por móviles de criminalidad o terrorismo.
Creo que respecto de ambos temas el móvil en este caso resultaría absurdo. Ni el contradictor más extremo de Mariana la puede imaginar como una reina del crimen o una amazona terrorista.
Las razones sugeridas, entonces, suponen una lógica dictatorial.
Claro, Cuba tiene su propia historia y sus particularidades, pero su Constitución Política de 1976 refrendada en lo esencial en el 2002 tiene en sus pilares básicos los mismos principios y conceptos de la Constitución que tenían la Unión Soviética y los países del Este europeo.
Se plantea en ella un partido único, dirigente, inamovible y sin alternativas, así lo dice el artículo quinto: “El Partido Comunista martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance a la sociedad comunista”.
En el artículo 53 “se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista” (sic). Obviamente, no a quienes se les pasen ideas raras por la cabeza pensando en otros fines.
Por si quedara alguna duda, el artículo 63 señala: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y los fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.
Así es como Cuba se autodefine, como un sistema en el cual las reglas básicas en las que se basan los procedimientos de la democracia no cuentan.
Sería bueno que sus admiradores locales tomaran nota de ello y terminaran de atribuirle al sistema cubano pretensiones de pluralismo, respeto a las minorías políticas y el derecho a que ellas puedan transformarse en mayoría, o bien vigencia de los derechos políticos o civiles clásicos, todo lo cual, en buen cubano revolucionario, son sólo “boberías”.
Naturalmente, Chile tiene que reaccionar de acuerdo a sus convicciones democráticas y protestar enérgicamente, exigiendo para nuestros nacionales el ejercicio del libre tránsito y la libertad de opinión.
Por supuesto no se trata de romper puentes “ad infinitum”, Chile debe convivir, comerciar y cooperar con países que no practican la democracia , que son muchos en el mundo.
Para los demócratas sería muy deseable que Cuba se desplazara hacia una realidad cada vez más democrática, pero es un tema que compete sustancialmente a los cubanos, y ya que hablamos de esto, ojalá que Trump no meta sus bototos ahí, hostilizándolos.
Resulta curioso de otra parte las similitudes lingüísticas que comparten dictaduras y populismos, identificando a quienes están en el poder con la nación en su conjunto. Los soviéticos solían hablar de “actividades antisoviéticas”; los venezolanos, de actividades “antivenezolanas”, y los cubanos hablan de “actividades anticubanas”.
Pero esta identificación no es monopolio solo de las dictaduras, recordemos que el macartismo en Estados Unidos durante los años mas duros de la Guerra Fría, que afortunadamente duraron poco, constituyó también un comité senatorial sobre las actividades “antinorteamericanas” ante el cual desfiló medio Hollywood y muchos de los principales intelectuales norteamericanos. Incluso, Charlie Chaplin se tuvo que ir a Europa.
Estando en el exilio, el 5 de diciembre de 1979 vine a Chile acompañado de un diputado liberal colombiano y un dirigente comunista italiano respondiendo a una invitación de Cepal. Cuando nos acercamos a la ventanilla de ingreso, la policía nos detuvo y nos informó que en virtud de la resolución 4887 del Ministerio del Interior, que nadie nos explicó en qué consistía, seríamos expulsados de inmediato.
Cuando le exigí al policía que me escoltaba al avión que me dijera la razón, me señaló: “Parece que usted hace actividades antichilenas, señor”.
Es verdad que contribuía a organizar sin cesar actividades que ayudaran a Chile a volver a la democracia, jamás se me pasó por la cabeza identificar a Chile con el dictador.
En el debate actual, algunos dirigentes comunistas han señalado que ellos no tienen por qué responder por Cuba, en principio tienen razón, como también la tienen al señalar que el Partido Comunista chileno tiene una larga trayectoria al interior de las instituciones democráticas.
El problema es que esa práctica contradijo por años sus concepciones doctrinarias y su apoyo sin fisuras a las dictaduras comunistas en el mundo.
No sé lo que pasa hoy en su seno con lo doctrinario, ni siquiera sé si pasa algo, y dictaduras comunistas ya casi no quedan, a algunas se les esfumó la dictadura y a otras lo comunista.
Cuba es una de las pocas que aún existen.
Resultan comprensibles los sentimientos de gratitud y nostalgia, pero al final del día no es posible declararse vegetariano mientras se saborea una hamburguesa.
De alguna manera se requiere poner en consonancia teoría, práctica política y parentescos internacionales, y ello no es una necesidad solo de los comunistas chilenos…
No es un tema de detalle, porque afecta la concepción y viabilidad de una coalición reformadora que luche por avanzar hacia una sociedad de mayor igualdad y progreso en la cual las reglas de la democracia de los procedimientos constituyan un valor permanente e irrenunciable.
Sería bueno que esta dura experiencia contribuya a esa reflexión.
La entrada Reflexiones sobre una prohibición aparece primero en La Tercera.
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