Álvaro Bisama's Blog, page 175
May 18, 2017
Un hoyo negro en el sol
UNO. Chris Cornell es un extraño caso de artista con todo a su favor, incluyendo el talento musical perfecto para el rock clásico, una voz sencillamente extraordinaria capaz de erizar la piel, y una facha que logró lo imposible, que las mujeres se sintieran atraídas hacia un género profundamente masculino. De las estrellas del grunge, solo Kurt Cobain lo antecedía en relevancia.
DOS. El primer instrumento de Chris Cornell fue la batería. Esa habilidad con el dominio del tiempo y la cifra hacía de Soundgarden una banda de compleja técnica sin caer en la letanía del virtuosismo vacío. Kim Thayil, el guitarrista del grupo de Seattle, se veía en aprietos para seguir las métricas de canciones concebidas según una matemática impredecible.
TRES. Antes de que Soundgarden se consagrara con esa maciza oda de metal y hard rock llamada Badmotorfinger (1991), la voz de Cornell cosechaba elogios de tipos agrios y poco dados a las alabanzas como Axl Rose. Otros más templados como Geddy Lee de Rush veían en Cornell una esperanza para los años 90, una vuelta a las raíces con sello personal. En su garganta se trazaba un puente que nadie se había atrevido a levantar, la conjunción precisa entre la voluptuosidad carnal y la sensibilidad de Robert Plant en Led Zeppelin, y el espanto contenido en las cuerdas vocales de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath.
CUATRO. Chris Cornell nunca tuvo temor a los cambios. Él y su banda pudieron sucumbir a la tentación de repetir el batatazo de Superunknown (1994) pero decidieron ir más allá con Down on the upside (1996), cuando los últimos Beatles y los primeros Pink Floyd se tomaron su cancionero en claves lisérgicas y melancólicas. Hizo otros virajes aún más radicales y cuestionados implacablemente como su intentona pop Scream (2009). Hace un par de años con Higher truth, Cornell ahondó en otras vetas que siempre estuvieron presentes en su camino solista o junto a Soundgarden, la canción folk y exploraciones en el soul. Todo lo hacía porque esa voz, aunque a veces rasgada por el abuso de agudos y gritos, aún era magnífica para enfrentar los géneros que le conmovían.
CINCO. Chris Cornell siempre cargó los fantasmas propios de su generación musical desencantada con una industria preocupada de fabricar estereotipos, mientras se abrían paso con un rock que buscaba respuesta en los clásicos y la moral del punk. Enfrentó periodos en que el alcohol se apoderó de su vida. A esta hora, en que los rumores de una decisión personal arrecian y se conjugan con el sino trágico de sus contemporáneos, un consuelo paradojal hace eco desde el coro de su canción más conocida, Black Hole Sun. “Hoyo negro en el sol ¿no vendrás y te llevaras lejos la lluvia?”.
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May 17, 2017
Impuestos corporativos
Esta columna fue escrita junto a José Ignacio Llodrá, Investigador Clapes UC.
EN LA última década, la tendencia en los países desarrollados ha sido a disminuir la tasa de impuesto corporativo. Chile, en cambio, ha ido contra la corriente y en los últimos 10 años ha aumentado la tasa de impuestos en 10 puntos, es decir, 1 punto por año, ¡el récord por lejos! En cambio, 18 de los 34 países de la OCDE, han disminuido las tasas, siendo estas disminuciones de 4,2 puntos en promedio. Este año, Hungría disminuyó su tasa de impuesto a 9% (desde 19%), Estados Unidos espera bajar la tasa del impuesto corporativo federal desde 35 a 15% y el recientemente electo presidente Macron espera bajar los impuestos de 33% a 25% en Francia. Los países nórdicos, famosos por su estado de bienestar, tienen una competitiva tasa corporativa promedio de 21,6% para atraer inversiones.
Numerosos estudios muestran que la inversión extranjera directa, la inversión agregada y el emprendimiento están negativamente afectados por los impuestos corporativos.
Hay quienes señalan que los impuestos corporativos de nuestro país no podrían compararse a los de otros países, dado que nuestro sistema es integrado y permite el diferimiento indefinido de los impuestos personales. Dicho argumento está equivocado. La mayoría de los países de la OCDE tributa según el llamado “sistema clásico”, que consiste en un impuesto a las utilidades de las empresas (tasa promedio de 24%) y un impuesto al dividendo (no integrado) que pagan los accionistas al momento de recibir el pago (tasa promedio también de 24%). En este sistema -igual que en el nuestro- mientras la empresa no reparta dividendos o los socios no hagan retiros, el único pago que recibe el fisco corresponde al impuesto corporativo, ya que el pago del segundo impuesto puede diferirse hasta que la empresa reparta la utilidad. Este sistema es prácticamente igual al nuestro, donde hay un impuesto al momento de generar la utilidad -que en nuestro caso es de 27%- mientras el accionista paga una diferencia al momento de recibir el dividendo que en Chile es aproximadamente 24% si se calcula sobre la cantidad percibida (similar al resto de la OCDE) o 17,45% si se calcula de forma integrada. Todo esto suma 44,45% de impuesto sobre la utilidad total de la empresa que es retirada.
Pese a que Chile es el 13vo país con la mayor tasa de impuestos a las empresas en la OCDE, en los últimos años se encontró dentro de los cinco países de esa organización que más recauda por esta vía como porcentaje del PIB, siendo incluso el primero de la lista en los últimos datos publicados, con una recaudación en torno al 4,9% del producto (el promedio en la OCDE es 2,8%).
Los sistemas tributarios son comparables, y en esa comparación nuestro sistema tributario tiene una tasa de impuestos corporativos alta. En jerga de economistas, esto aumenta el costo del capital y disminuye la tasa de inversión de la economía, con todos los efectos que esto conlleva. Esto es un punto técnico que sorprende que sea discutido.
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Maduro no importa
Nicolás Maduro no debe seguir siendo Presidente de Venezuela. Es difícil decidir cuál es su peor defecto. ¿Qué es más grave, la cruel indiferencia que muestra ante el sufrimiento de millones de venezolanos o sus brutales conductas dictatoriales? ¿Qué es más indignante, su inmensa ignorancia o verlo bailando en televisión mientras en las calles sus esbirros asesinan a jóvenes indefensos? La lista de fallas es larga y los venezolanos la conocen: 90% de ellos repudian a Maduro. Y no son solo los venezolanos. El resto del mundo también ha descubierto -¡por fin!- su carácter despótico, corrupto e inepto.
Y sin embargo… Maduro no importa. Sacarlo no basta. El es simplemente el tonto útil, el títere de quienes realmente mandan en Venezuela: los cubanos, los narcotraficantes y los viudos del chavismo. Y, por supuesto, los militares. Tristemente, las FF.AA han sido subyugadas y están al servicio de los verdaderos dueños del país. Así, vemos a diario cómo los uniformados están dispuestos a masacrar a su pueblo con tal de mantener en el poder a la oligarquía criminal.
El componente más importante de esta oligarquía es el régimen cubano. Hace tres años escribí: “La ayuda venezolana es indispensable para evitar que la economía cubana colapse. Tener un gobierno en Caracas que mantenga dicha ayuda es un objetivo vital del Estado cubano”. Es obvio: la prioridad para La Habana es seguir controlando y saqueando Venezuela. Y sabe cómo hacerlo. Los cubanos han perfeccionado las técnicas del Estado policial: la represión constante pero selectiva, la compra de conciencias a través de la extorsión y el soborno, el espionaje y la delación. Pero, sobre todo, el régimen cubano sabe cómo cuidarse de un golpe militar. Esa es la principal amenaza para toda dictadura y, por eso, controlar a las Fuerzas Armadas es un requisito indispensable para cualquier dictador que se respete. Los cubanos han exportado a Venezuela sus técnicas de control y sus efectos son evidentes: los militares que no simpatizan con el régimen de Chávez y Maduro han sido neutralizados, mientras que quienes lo apoyan se han enriquecido. No es casualidad que en Venezuela haya hoy más generales que en la OTAN o en EE.UU. O que muchos altos oficiales estén exiliados, encarcelados o muertos. Por eso la esperanza de que militares patriotas, democráticos y honrados defiendan a la nación y no a quienes la expolian ha sido hasta ahora tan solo eso, una esperanza.
Pero, además, Cuba se topó en Venezuela con un regalo inédito en los anales de la geopolítica: el Presidente de una potencia petrolera, Hugo Chávez, invita a una dictadura en bancarrota a que controle funciones vitales en asuntos de inteligencia, elecciones, economía, política y, por supuesto, vigilancia militar y ciudadana. Hay pocas decisiones importantes del gobierno de Venezuela que no sean aprobadas, moldeadas u ordenadas furtivamente por el régimen cubano.
O influidas por los narcotraficantes. Ellos constituyen el otro gran poder que hace que Maduro no importe mucho. Venezuela es hoy una de las principales rutas de la droga a EE.UU y Europa. Esto significa que hay miles de millones de dólares en juego y que en el país opera una red de personas y organizaciones que controlan ese comercio ilícito y la enorme cantidad de dinero que genera. Según las autoridades estadounidenses, una de esas personas es el Vicepresidente Tareck El Aissami, así como un buen número de militares y de familiares y socios de la oligarquía chavista.
Esa oligarquía, formada por los herederos políticos de Chávez, es el tercer gran componente del poder real en Venezuela. Naturalmente, Maduro; su esposa, Cilia Flores, y muchos de sus parientes y socios forman parte de esa oligarquía. En esa élite hay diferentes “familias”, “carteles” y grupos que rivalizan por el poder político, por influir en las decisiones del gobierno y en nombramientos de importancia, así como por el control de mercados ilícitos, del tráfico de personas al contrabando de armas o al lavado de dinero. El contrabando y la comercialización de comida, medicinas y productos de todo tipo así como la especulación con las divisas, son algunas de las muchas otras actividades corruptas con las que se lucra la oligarquía chavista. Y también los cubanos, los militares y sus cómplices civiles. Los tres grupos se entremezclan en negocios, corrupción y poder.
Sacar a Maduro es necesario. Pero no es suficiente. Es indispensable neutralizar a los tres carteles criminales que realmente mandan en Venezuela. No será fácil. Pero es posible.
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Positivo balance de la Alianza del Pacífico
SUELE VERSE a la Alianza del Pacífico (AP) como una instancia meramente comercial; sin embargo, este exitoso mecanismo de integración económico que cumplió seis años de existencia, es mucho más que eso. En efecto, sus propósitos no solo apuntan a construir un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, sino que se contemplan variados otros asuntos más allá de la cooperación económica, en materias como pymes, género, educación, innovación, agenda digital, entre otros, los cuales van en completo beneficio de un desarrollo más inclusivo. Además del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, vigente desde mayo de 2016, que liberó el 92% del comercio entre los cuatro países, existen más de 20 grupos de trabajo, en los cuales se trabaja intensamente para fortalecer un modelo de integración profundo e innovador.
¿Sabrán por ejemplo nuestros lectores que más de 1.400 estudiantes de Chile, Colombia, México y Perú han sido becados gracias a la Alianza del Pacífico? Esto, que trasciende lo comercial, revela la importancia que la AP otorga, en este caso, al área de la educación para mejorar la productividad de sus cuatro economías. La AP, desde sus inicios, ha tenido la clara necesidad de construir un área de integración regional lo más amplia y profunda posible. Y en eso avanzamos cada día.
Desde luego, la acumulación de origen abre un espacio fecundo para materializar articulaciones entre empresarios de los cuatro países de la Alianza para que nuestra participación en las cadenas de comercio globales aporte mayor valor agregado nacional y regional. También se trabaja en cooperación regulatoria.
A la fecha, 49 países de distintas latitudes valoran nuestra iniciativa, y hay más interesados. Países que han destacado el deseo de incorporarse e incluso algunos ya se han comprometido a entregar sus aportes en el ámbito de la cooperación, muy especialmente en temas de alto interés para nuestros países: pymes, educación, innovación y facilitación de comercio. Pero la globalización enfrenta desafíos de envergadura, especialmente por el surgimiento de posiciones restrictivas al comercio. Por ello el bloque ha sido firme en sostener la importancia del libre comercio y en rechazar toda forma de proteccionismo. Al mismo tiempo, tanto en Chile como en los otros tres países de la AP se tiene conciencia de la necesidad que nuestra participación en el mundo global sea más inclusiva.
La AP también se ha propuesto trascender sus propias fronteras. Por tanto, más allá de concepciones distintas, hemos impulsado un decidido diálogo con Mercosur. Creemos que esa convergencia puede ayudar a que la región en su conjunto se posicione de forma más competitiva en la desafiante economía global, en particular en el Asia. Y, en este sentido, tenemos el mandato de perseverar en los esfuerzos por alcanzar estrechos entendimientos con los países del Asia Pacífico, en particular con el esquema de integración del Asean con quienes ya tenemos un Acuerdo Marco de Cooperación.
Han sido años de trabajo fructífero de integración de la AP, instrumento complementario a los esfuerzos internos para proyectar a nuestros países de forma más competitiva en el mercado , aumentar el crecimiento, y mejorar el bienestar de los ciudadanos.
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Patrimonio socialista
EL REPORTAJE televisivo sobre la administración del patrimonio material del Partido Socialista da lugar a diversas interrogantes. Sin duda, la más importante es qué lecciones sacan los socialistas de lo sucedido. El pasado, ya se sabe, no se puede cambiar; solo queda aprender de él.
La primera lección es que las finanzas de un partido político de izquierda no pueden manejarse sin un criterio político y ético. Si para un particular el criterio puede ser maximizar sus ganancias, para un partido ello no puede hacerse sin considerar el tipo de sociedad que promueve. Ya se evidencia una distorsión en los términos cuando al hablar de patrimonio del PS se alude a sus recursos económicos y no a su patrimonio moral, simbólico y político.
¿Le sirve al Partido Socialista resolver la administración de su patrimonio a través de un fideicomiso ciego? No. Porque su problema no se soluciona no sabiendo en qué están invertidos sus recursos, sino, por el contrario, sabiendo claramente dónde están. Sindicatos europeos o canadienses solo invierten en empresas que cumplen altos estándares laborales y medioambientales y si éstas dejan de cumplirlos, hacen un retiro público de sus fondos. Existen “listas negras” de empresas. Alguien podría preguntar si existe en Chile alguna gran empresa que cumpla estándares parecidos, que no haya estado coludida o que no provenga de las privatizaciones realizadas bajo el régimen militar.
¿Debe un partido político invertir de manera directa o indirecta en empresas reguladas o concesionadas por el Estado? De ninguna manera. Aunque sean cifras modestas, un partido que tiene legisladores o cargos en el gobierno no debe hacerlo. Los conflictos de interés no dicen relación con que estos ocurran sino con la sola posibilidad de que puedan ocurrir.
En el actual contexto de financiamiento público de la política, los socialistas debieran preguntarse si tiene sentido tener empozados esos recursos en lugar de apoyar unas alicaídas sedes en regiones y comunas (cuando las hay) o invertir en medios de comunicación, considerando que el grueso de la indemnización que recibió provino de la confiscación de una radio (Corporación) y un periódico (Última Hora). Hoy el PS tiene menos sedes que el 73 y ningún medio de comunicación.
¿A quién debería poner el PS a cargo de su comisión patrimonio? A alguien que no crea que todo se ha hecho bien, que privilegie coherencia política por sobre rentabilidad, y que no piense que aquellos militantes y dirigentes que han visto con estupor y desazón que parte del patrimonio del PS iba a dar a SQM y empresas de similar reputación son personas “histéricas” o “delirantes”.
Sobre este caso los socialistas debatirán largamente y se harán imbricadas preguntas sobre qué es ser socialistas en una sociedad capitalista o por qué hoy parece mal algo que hace unos años atrás no lo parecía (eso de la hegemonía tal vez). Mientras tanto lo que se esperaría es una rápida rectificación y una señal de que se han sacado las conclusiones correctas de este episodio.
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¿Por qué importa la diversidad?
Sabemos por intuición que la diversidad es buena. Que tiene resultados positivos en los espacios laborales, en la aproximación a la resolución de problemas y en la riqueza de talentos al interior de una organización. Sin embargo, la intuición no es suficiente y constatamos que los espacios laborales siguen siendo homogéneos: hombres heterosexuales blancos, educados en los mismos colegios y universidades, son quienes componen la totalidad de los directorios y la mayoría de los puestos gerenciales en las empresas chilenas.
Hoy, 17 de mayo, se conmemora en todo el mundo el día contra la homo y transfobia. 27 años desde aquel gran triunfo, la despatologización –por parte de la Organización Mundial de la Salud– de la homosexualidad. A casi 30 años desde aquel 17 de mayo, ésta sigue siendo entendida, en el ámbito de las empresas chilenas, como un tema tabú y del cual es mejor no hablar. Como si fuese una enfermedad silenciosa.
Hacer de los ambientes laborales un espacio libre de homo y transfobia no solo responde a la búsqueda de beneficios para los colaboradores. En Chile, según datos que analizan el mercado laboral y la inclusión de la diversidad sexual, el 68% de los trabajadores gays y lesbianas están dentro del clóset por temor a ser despedidos. Esta cifra se eleva hasta 90% en el caso de las personas trans. Todo esto se traduce en menor nivel de compromiso con la empresa y alta rotación. Combatir la homo y transfobia en el trabajo traerá consigo beneficios para las organizaciones: compañías con políticas de diversidad desde su directorio consiguen ROE 53% mayores. No es de extrañar, entonces, que el 89% de las Fortune 500 incluyan políticas de no discriminación e inclusión de colaboradores LGBT.
A nivel local, así lo han entendido 25 empresas –chilenas y extranjeras– que desde agosto pasado conforman la primera red de compañías con políticas de inclusión para los grupos LGBT: Pride Connection Chile. Una red en constante crecimiento que no solo persigue compartir buenas prácticas entre las distintas compañías, sino también erradicar la homofobia en la cultura empresarial chilena.
El tiempo para estos cambios es ahora. Adaptarse o morir. Mientras hace una década el máximo ejecutivo de BP –por ese entonces una de las mayores firmas del mundo–, John Browne, fuera despedido por ser gay luego de 41 años de exitosa carrera, hoy la mayor empresa del mundo, Apple, disfruta de su éxito de la mano de un CEO abiertamente homosexual.
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La familia invisible: el derecho de los niños a vivir en familia
El pasado 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia, que evidencia la importancia que la comunidad internacional le confiere, buscando asimismo relevar su rol en la sociedad y los desafíos y dificultades que enfrenta.
Nuestras familias enfrentan desafíos cada vez más complejos, particularmente en contextos donde existen altos niveles de exclusión social, donde escasean los modelos de referencia positivos o el abandono del hogar se inicia tempranamente y la droga arrebata la tuición de los hijos.
El Estado reconoce este escenario de vulnerabilidad y lo enfrenta en sus dimensiones más amplias, como cuando hablamos de seguridad pública, pero muy pobremente desde la intervención sistémica con las familias desde el ámbito reparador y mucho menos desde el preventivo. La oferta de servicios y programas ha sido insuficiente a la hora de situar al Niño y su familia en el centro de su accionar. En el mejor de los casos ésta ha sido sólo un contexto referencial, pero no un foco de intervención.
En 2015, en el marco del Programa de Familia de la Fundación San Carlos de Maipo, se publicó un estudio de Evaluación y Sistematización de los Proyectos de Intervención Focalizados en Familias con Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos, ejecutado por la Universidad Diego Portales. De las principales conclusiones que se desprenden se hace evidente cómo las miradas institucionales sobre la familia han repercutido en el diseño y ejecución de los programas y la política de infancia.
Los objetivos que definen los programas relacionados a infancia en Chile son altamente focalizados y aunque en algunos casos incluyen a la familia, aún no parecen contar con una visión sistémica y muchas veces se superponen entre sí sin lograr impacto en la intervención. Al contrario de lo que sucede en Chile, a nivel internacional se otorga prioridad al enfoque preventivo, centrándose en el fortalecimiento de factores protectores en la familia, bajo una visión ecológica.
Es así entonces, aunque el discurso la releva, la Familia continúa siendo anulada en los modelos de intervención, relegada a la sombra de las políticas públicas. Son esas familias las que peregrinan en tribunales en búsqueda de la reunificación familiar con escaso apoyo en materia de representación jurídica, cargan con prejuicios institucionales, que caen sobre ellas desde la institucionalidad, son consideradas por equipos terapéuticos como factor de riesgo sin comprender que la intervención con ellas puede marcar una diferencia fundamental a la hora de reparar el bienestar del niño.
Esas son las invisibles, las que pasamos por el lado como si no existieran, las que están desnudas, desprovistas de las herramientas, estigmatizadas por la pobreza y la marginalidad, las que como sociedad apuntamos con el dedo y que no logran comprender por qué no pueden vivir este día como todos nosotros, con el derecho pleno a vivir en familia.
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Partidos Políticos S.A.
Los partidos políticos son necesarios para la democracia pero no estos. El desprecio por lo logrado en el plebiscito del 88 se hace presente en las acciones que realizan y que se contraponen a supuestos ideales que van dejando renegados sólo al discurso.
“Hay que separar el dinero de la política” estará en las frases más usadas por la clase política estos últimos años. Una tarea que creo será imposible sí consideramos que los partidos se han convertido en agencias de empleo para sus militantes y simpatizantes. Son una evidente fuente de riqueza para sus cúpulas y financistas.
La solución estuvo en sus manos -aún lo está- a través de la ley de transparencia. Tras los “escándalos” de años anteriores se prometió una ley de transparencia que se disipó -como siempre- tras frases y discursos hasta que dejó de ser un tema sensible. La ley de transparencia es un nuevo traje a medida; no entendieron nada, ni siquiera la gravedad que sus acciones están generando.
Partidos políticos preocupados de sus intereses financieros y desentendidos de la realidad, como en nuestro país, son la génesis del sufrimiento de Venezuela. Maduro es sólo el final de una historia que comenzó con las condiciones para la elección de Chávez. Un escenario descrito muy similar al Chile actual.
Estamos financiando a los partidos políticos en un ciclo nocivo creado por años de regulación que favorece los ingresos corporativos, disminuyen la competitividad de los mercados y desincentivan el emprendimiento y la innovación; mientras el discurso hace suponer que los problemas sociales son por el “neoliberalismo” o “el capitalismo” ausentes en nuestra economía social de mercado moldeada por un Estado presente en las principales industrias con empresas propias –Banco Estado, CODELCO, ENAP, etc.- y moldeando mercados con una regulación en tela de juicio por sus conflictos de interés y sus beneficiarios -Ley de pesca, de estacionamientos, etc.-
El desempleo avanza y las rentas disminuyen por la falta de competitividad. Los precios aumentan gracias a la regulación y se siguen mandado proyectos de ley, uno tras otros sin mediar debates o análisis, tan sólo frases mediáticas que luego son desmentidas por los efectos que logran; siempre contrarios al discurso.
La clase política tiene el deber de cambiar este rumbo, de volver a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ó de desvivirse por uno de ellos en vez de hacerlo por rentas fiscales y riqueza individual a costa de la ciudadanía. Tienen el deber de unificar el debate con la acción, de deshacer lo beneficios que las leyes otorgan a las corporaciones a costa de nosotros y el deber de construir un país para todos, no sólo para ellos.
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Gestión de riesgos: el caso CLC
Mientras los directorios fueron percibidos sólo como instancias responsables de afincar la estrategia y la cultura de la compañía, su evaluación era medida bajo los parámetros concluyentes del éxito o del fracaso. El riesgo se consideraba un “evento producto del azar” y no un factor asociado a las consecuencias aleatorias que generan los actos humanos y, por tanto, inherente a las determinaciones y objetivos acordados por el directorio y procesados por la Administración. Así, los gobiernos corporativos pasaron a ser responsables de identificar los principales riesgos de la organización y de poner en marcha los sistemas apropiados para gestionarlos. Esta exigencia, rechazada durante años por directores y gerentes, se consolidó con la crisis “subprime” de 2008. Hoy, es un requerimiento exigible a todo buen directorio.
Entre las características institucionales que dieron vida a la Clínica Las Condes (CLC), destaca la voluntad de sus fundadores para que los dueños de la corporación fueran los médicos que ejercerían sus profesiones en ella y la cuidarían. Hoy, según se aprecia, tal propósito ha ido desdibujándose con los años: los médicos accionistas, que hoy reúnen aproximadamente el 50% de la propiedad, ponderarían el ejercicio de sus profesiones por sobre el espíritu fundacional que dotaba de singular fortaleza a la corporación. Esto ha significado para CLC una progresiva pérdida de liderazgo y, hace pocos meses, la renuncia de uno de sus directores que denunció conflictos de intereses no resueltos entre los médicos accionistas y quienes no lo son.
Adicionalmente, CLC reconoció este año errores de contabilidad en los ejercicios de 2016 y anteriores por una cifra superior a $ 10.500 millones. En entrevista al diario La Tercera, el anterior presidente señaló que el directorio de CLC había “cumplido satisfactoriamente” al informar con prontitud los errores constatados por la auditoría de los estados financieros correspondientes a esos períodos, y agregó que, a la luz de tales hechos, el directorio debía dar mayor importancia al “plan de riesgo de la compañía”.
Las empresas desfallecen cuando no anticipan riesgos que evolucionan y no son detectados a tiempo. Esta previsión es responsabilidad principalísima de los directorios. Los seres humanos en general, pero especialmente los hombres -que, valga la disquisición, comprendían la totalidad de los nueve directores de CLC, situación que no varió en el nuevo directorio de abril pasado- tendemos a observar en forma fragmentada nuestro entorno y a poner la mirada en el aspecto que privilegiamos y, hablando de negocios, en nuestros intereses particulares y sus resultados, perdiendo de vista el propósito fundacional, su marco general y las complejas interconexiones que hay entre estos factores.
Gestionar el riesgo de manera coherente es lo que hoy se denomina “Enterprise Risk Management” (ERM). El directorio debe convencerse de que la Administración desarrolla un proceso de gestión de riesgo real y eficiente. Juega, además, un importante rol corporativo de supervisión y de valor agregado en este proceso, identificando las formas en que los riesgos se interrelacionan mutuamente y transparentando ante accionistas e inversionistas las tareas corporativas de vigilancia y control en dicho proceso.
La planificación estratégica, presente por largo tiempo en las organizaciones y, en general, bien entendida por los directorios, se fortalece al considerar el factor riesgo como una constante corporativa de la que no debemos prescindir. El ERM es una herramienta que permite mejorar la excelencia en la ejecución de la estrategia, fase donde las organizaciones suelen fallar.
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May 16, 2017
Justicia civil
¿ES SOSTENIBLE que en Chile la mitad del sistema de justicia sea moderno y opere bajos los estándares del siglo XXI, mientras que la otra mitad siga funcionando como en la colonia? Gracias a las reformas a los procedimientos penales, de familia y laborales, hoy contamos allí con una justicia accesible, rápida y de calidad, con reales posibilidades para todas las partes de presentar sus argumentos y pruebas bajo la lógica del procedimiento oral. En cambio, la justicia civil, cuantitativamente la más relevante del sistema, sigue funcionando bajo el paradigma del procedimiento escrito y su consustancial delegación de funciones, incluso potenciada gracias a la recientemente implementada tramitación digital.
Pese a lo anterior, los intentos por reformar nuestro decimonónico Código de Procedimiento Civil han persistentemente naufragado. Ya en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se presentó un proyecto, el que inexplicablemente fue sustituido en el de Piñera por otro muy parecido. Éste avanzó en su tramitación hasta ser aprobado, parcialmente, en la Cámara de Diputados, pero luego, durante este gobierno, quedó paralizado en el Senado, sin que hayan intenciones de reimpulsarlo.
¿Por qué llegamos a esta situación en circunstancias que hay un amplio consenso en la necesidad de la reforma? La razón inmediata reside en que las propuestas se limitaron a desarrollar las cuestiones puramente procesales, sin abordar la organización institucional necesaria para aplicarlas ni menos los costos y la estrategia para su implementación. Todo muy sorprendente, pues si algo habíamos aprendido con las anteriores reformas judiciales (así como con el Transantiago), es que estas cuestiones no son marginales sino las más críticas e importantes.
Pero más allá de ello, llama la atención la falta de claridad en los objetivos políticos que debieran buscarse con esta reforma. Aunque parezca obvio, pareciera no haberse percibido que una modificación de esta naturaleza, que afecta fuertes intereses e implica invertir recursos públicos, requiere acumular mucha voluntad política que la sustente y que ésta sólo puede obtenerse cuando los ciudadanos ven beneficios concretos en ella. Si bien los técnicos son imprescindibles para elaborar buenas propuestas, no pueden ser sus intereses los que determinen su contenido. Una reforma a la justicia civil solo será políticamente atractiva cuando venga a solucionar los problemas de acceso a la justicia que hoy experimenta Chile, cuando provea de una eficaz vía de solución para los conflictos que aquejan a los consumidores, a las Pymes y a otros actores que hoy experimentan importantes barreras en términos de costos, tiempo y complejidad para poder solucionar sus conflictos. Nada de esto ha estado hasta la fecha sobre la mesa. Es expresivo que no haya habido ninguna propuesta para establecer una justicia de pequeñas causas, la principal motivación para impulsar reformas a la justicia civil en otros países.
Esperemos que la campaña presidencial y la discusión programática que comienza, sea la oportunidad para abordar esta importante asignatura pendiente.
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