Álvaro Bisama's Blog, page 170
May 24, 2017
Delitos informáticos, redes y responsabilidad
A propósito del virus Wannacry, el paso de los días permite una mirada decantada. Los medios y los ingenieros han llenado el mundo on line –o el ciberespacio del notable William Gibson– explicando que son programas, instrucciones o “códigos” maliciosos del género “malware”, que se reproducen en forma automática y que al instalarse sin autorización y en forma furtiva y no detectada perjudican o condicionan el funcionamiento del sistema “infectado”. Creativo -punto para el programador- aquello de tener que pagar en bitcoins para recuperar el control del equipo secuestrado.
Se olvidan siempre las implicancias jurídicas y las responsabilidades; se cuantifican montos millonarios de pérdidas en base a aproximaciones (“pérdidas cada año por alrededor de US$90 mil millones” dicen); las empresas de seguridad de sistemas magnifican el impacto para promover sus servicios y afirman -y yo dudo de esas estadísticas- que los principales afectados son los juegos on line con un 54% de los ciberataques en el mundo durante el primer trimestre de un año; y no faltan los países que afirman que sus agencias de seguridad y respuesta controlaron con éxito el impacto del delito. Porque se trata de un delito informático generalmente consumado o con perjuicio real producido, cuya autoría es en el hecho indeterminable.
Me quedo con las responsabilidades y las proyecto al mundo de la banca o de los sistemas financieros. Ellas siempre son de dos tipos: la dolosa o maliciosa del programador que intencionalmente desarrolla un programa o subrutina -un tipo de mente brillante que ingresa hackeando una red-, y la posible negligencia -grave- de quien debía preveer y prevenir riesgos y perjuicios asociados.
Son delitos, primer punto. ¿Qué tipo de delito?; si el programador que inició la activación del virus estuviera en Chile, porque acá el delito se considera cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución, los artículos 1° y 3° de la ley 19.223 sancionan a quien altere en forma indebida el funcionamiento de un sistema como un sabotaje informático; pero no es el caso.
Desde el punto de vista de la seguridad de sistemas y la necesaria diligencia que si o si cabe exigir de manera preventiva a los responsables de un sistema, una red o un servidor (nada se logra sólo con planificar contingencias de reacciones), un académico ha dicho que la causa de las posibles infecciones fue lisa y llanamente la no actualización de automática de un parche del sistema operativo Windows de Microsoft -disponible desde Marzo- en las compañías, para una debilidad suya precisamente detectada y usada por este malware o rasonware con tan solo conocer la dirección IP.
Pero acá llegamos nosotros: …que exista o no una política seria de actualización de software es responsabilidad directa de la gerencia de sistemas encargada de redes, pc y servidores; si no la había, hubo negligencia y relación de causalidad entre la negligencia de no actualizar y el perjuicio que se haya producido. Y este debe ser indemnizado, al menos en teoría. Un sistema, red, base de datos o servidor nunca será 100% seguro, pero mientras más se avance en ella, mayor diligencia, y esta debe documentarse y certificarse.
¿Chile visualizado como un país preparado para prevenir y responder a estos delitos?. Creo que no. A pesar de que se diga que el impacto fue acotado en base al criterio menor de que “sólo se presentaron cuatro denuncias a la PDI” (sic), el dato duro y real es que no se gasta suficiente presupuesto en certificaciones formales por ejemplo de cumplimiento de normas ISO; que no se contratan sistemas de monitoreo o alerta preventiva; y es concreto el hecho de que no existe un centro de respuesta estatal idóneo ante contingencias de seguridad de sistemas -o de ciberseguridad como se dice ahora-.
¿Perjuicios y responsabilidad por ellos en los sistemas financieros?. Transcurridos varios años de desarrollo de la banca era inevitable el surgimiento de conflictos y la judicialización de los mismos, ya que las organizaciones colectivas de consumidores han visto en sus demandas nichos donde existe un fuerte desconocimiento en tribunales, lo que explica fallos adversos en el marco de la ley 19.496 -por ejemplo- ante la no prevención del phishing. Y la consigna dice “las empresas deben responder cuando ofrecen servicios inseguros”. Pero no sabemos en este momento de perjuicios concretos ni de acciones de consumidores molestos por la posible no actualización del parche que evitaba el Wannacry en la banca e instituciones financieras. La respuesta la debiera tener ya la Superintendencia de Bancos. Estamos trabajando en averiguarlo.
Vamos a los conceptos esenciales. Frente al desafío de alcanzar estándares óptimos de seguridad y certeza, tanto técnica como jurídica en el contexto de los servidores, de los sitios web, y de los centros de procesamiento de datos o data center de la banca y entidades financieras, protegiendo la información en ellos almacenada y aminorando la existencia y los posibles perjuicios derivados de los riesgos de suyo inherentes, la respuesta y la solución idónea es adoptar medidas diligente y preventivamente, de la mano de recoger en varias o si se quiere en una “Política de Seguridad” las mejores prácticas de la industria que, por ejemplo, impidan la comisión de delitos informáticos.
Pero claro, la seguridad de sistemas es esencialmente prevención y en menor medida reacción ante las contingencias. Sólo previniendo se es diligente y se demuestra la responsabilidad debida, para así aminorar la posibilidad de que los riesgos inherentes se traduzcan en perjuicios indemnizables, y eso debe trabajarse en conjunto con las áreas de riesgo, de tecnología y jurídica o de Fiscalía. Pero estas últimas siguen en una especie de divorcio profesional que ya creíamos superado.
Preventiva y formalmente las compañías de seguridad de sistemas y las auditoras estarían felices si las grandes empresas que procesan datos de los consumidores se embarcaran en costosos procesos de certificación de cumplimiento de los estándares ISO 27001 y siguientes, pero la diligencia necesaria y alcanzar los estándares reconocidos como aceptables en materia de seguridad y que aminorará la eventual responsabilidad puede trabajarse con otras herramientas de gestión y jurídicas.
Y todo por un malware tipo rasonware….
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
http://soteder.blogspot.cl/2016/07/notas-juridicas-sobre-el-bitcoin.html
Ver http://soteder.blogspot.cl/2015/10/pagos-electronicos-y-seguridad-de.html y http://soteder.blogspot.cl/2016/03/banca-y-consumidores-el-conflicto-por.html
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Villa San Luis: otro robo del ejército
Corre el año 1996 y el Ejército de Chile vende por 60 mil millones un paño de tierras ubicado en pleno centro de la comuna de Las Condes. El terreno, que contiene más de mil viviendas sociales, es lo que se conoce hoy como la Villa San Luis. Entre los compradores al ejército se encuentra Alberto Kassis, uno de los financistas de la Fundación Pinochet. Los inmuebles son prontamente demolidos, a excepción de un pequeño paño de viviendas que sobrevive hoy, año 2017. Ese paño, el Lote 18, y lo que representa para miles de familias, es el motivo de esta columna en la semana del Patrimonio Cultural.
El proyecto social
La Villa San Luis fue un proyecto de Salvador Allende. Ubicado en el corazón del municipio de Las Condes (una de las comunas más ricas de Chile), quiso dar hogar a muchos trabajadores y trabajadoras que vivían en campamentos de la comuna o que trabajaban en el sector.
La Villa era además una idea revolucionaria: si vivimos juntos, sin discriminación por nuestro origen social, viviremos mejor. Suena simple, suena bien, pero la historia de Chile nos muestra que, en general, los ricos quieren vivir con los ricos, los pobres son marginados con los pobres y así. En cambio, estos departamentos de entre 50 y 80 metros cuadrados, con valor arquitectónico, con amplias áreas de uso común entre vecinos y con vinculación territorial-laboral iban en la otra dirección: apuntaba a la inclusión social y al mejoramiento de la calidad de vida de quienes ahí vivían.
Este proyecto, que comenzó en 1972 con de 27 edificios para más de mil familias, terminó abruptamente en 1978, año en el cual los militares decidieron desalojar a las familias que ahí vivían.
Una agresión sin reparación
Los pobladores y pobladoras nos cuentan que el desalojo de sus hogares ocurrió durante la noche. Era el año 1978 y los militares querían sacar rápidamente a 5.000 personas que vivían en la Villa San Luis. ¡Cinco mil personas! Llegaron con armas, camiones de basura (para trasladarles) y el tono de “morir o vencer”. La amenaza era: o el peladero fuera de Santiago o las poblaciones en las periferias. No podían vivir en Las Condes. No podían vivir en la propiedad que ellos mismos habían adquirido con dividendos. Con hijas, familias, amigos, y contra su voluntad, los obligaron a vivir en otro lugar, en otra propiedad, en otra vida.
En pocos días el ejército había realizado lo que el arquitecto Miguel Lawner llamó “la agresión social urbana más grande de nuestra historia reciente”. Situados hoy en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Conchalí, Independencia, esta agresión humana y urbana a miles de familias aún no ha sido reparada, y el silencio del Estado pareciera esconder algún tipo de complicidad.
El robo del Ejército
El año 1991 Pinochet logra que estos terrenos sean traspasados desde la propiedad fiscal hacia propiedad del ejército (Decreto 38 de Bienes Nacionales). Pero este regalo traía una condición: el ejército sólo podía ocuparlos para fines habitacionales, por lo que no tenían permiso para vender o cambiar su uso habitacional. Como muchos casos recientes que se han conocido en Chile, al ejército eso no le importó. Con la complicidad del Estado, y violando explícitamente la normativa del Decreto 38, el año 1996 el ejército vende estos terrenos y se hace de 98 millones de dólares. Vende todo, menos el Lote 18.
Villa San Luis: Monumento Histórico
En la semana del patrimonio (y también en el día del patrimonio que se celebra este último domingo de mayo) solemos recordar el valor histórico y cultural de nuestro paso por el mundo. Nuestra historia, sin embargo, está hecha de aciertos y errores, de cultura conservada y cultura olvidada. Y la Villa San Luis, tanto en su valor social inclusivo como en el dolor que representa a miles de familias, es un patrimonio que no podemos olvidar.
Ante este dolor y pensando en el futuro de Chile ex-habitantes de la Villa San Luis en conjunto con profesionales, organizaciones sociales, fundaciones y artistas hemos decidido movilizarnos. Hoy, año 2017, hemos queremos lograr que lo que queda de la Villa San Luis, el Lote 18, sea declarado Monumento Histórico y evitar su demolición. Para no olvidar. Para reparar. Para recordar este valioso proyecto que alguna vez albergó a familias que hoy ya quisieran volver al que aún sigue siendo su hogar.
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Preparándonos para el voto de Chilenos en el Extranjero
Chile hoy es la nación número 117 que permite el voto para los chilenos residentes en el extranjero. Este paso inserta a nuestro país dentro de la tendencia mundial de buscar respuestas al aumento de la emigración, tanto para los que entran como para los que salen de sus países.
Desde un punto de vista interno, es una de las leyes más transversales del último tiempo ya que fue impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera y aprobado por la administración de la Presidenta Bachelet. Su principal objetivo es consagrar el derecho de todo chileno a ser parte de nuestra democracia, independiente de dónde se encuentra. En su aprobación no hubo cálculos políticos sobre su resultado, ya que son absolutamente inciertos, sino que velar por el reconocimiento de este derecho a voto.
Sin embargo, debemos ser cautos en cuanto a las expectativas en sus resultados. Si miramos la experiencia internacional, vemos que los votos desde el extranjero, en general, no inciden mayormente en el resultado final de las elecciones porque el número potencial de votantes es menor y su participación es mediana o baja. Por ejemplo en el caso de España, en las pasadas elecciones en que votó casi un 5% de los habilitados en el exterior, o el caso de Corea del Sur la semana pasada que celebró el significativo aumento de participación llegando a un 11% del potencial electorado. Hay casos recientes más exitosos como la primera vuelta presidencial en Perú donde algo más del 50% de peruanos en el extranjero votaron, pero que sólo representa el 1,5% del electorado total.
Hay contadas excepciones en donde estas votaciones si tuvieron un rol importante en el resultado final. El caso más emblemático fue la elección presidencial el 2000 en EE.UU. entre George Bush y Al Gore. El Estado de Florida, tras varios recuentos y disputas judiciales, le dio la victoria al entonces Gobernador de Texas por sólo 537 votos. Varias fuentes señalan que los votos que decidieron la elección fueron los de los norteamericanos en el extranjero, principalmente militares, que al enviar por correo postal sus sufragios fueron los últimos en ser contados.
Este es un caso excepcional pero que podría darse en cualquier país. Sin embargo, la tónica general muestra que la participación es baja y de poca relevancia en el resultado de la elección. Es de esperar que esto no sea un desincentivo a quienes están implementando la ley, ya que no hay que perder de vista que el objetivo mayor sigue siendo la consagración del derecho de todo chileno, sin importar donde este, de elegir a su presidente.
Las primarias serán una buena marcha blanca en la cual esperamos que tanto Cancillería como el SERVEL, tomen las lecciones para perfeccionar la difusión y acceso para la elección presidencial de Noviembre. Eventualmente se deberá evaluar la opción de usar tecnología y otros mecanismos que faciliten la inscripción y participación ciudadana, ya que no todos pueden ir al Consulado en horario laboral que muchas veces está a varias horas de distancia. Es más, aventurándonos un poco al futuro, quizás podrían ser estos votantes los que inicien un piloto del voto electrónico o postal para nuestro país.
Peor que no te reconozcan el derecho, es que no te den los medios necesarios para ejercerlo.
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Ándate Alexis
Son 11.916 kilómetros de distancia entre Chile e Inglaterra. Cada uno es dueño de su destino, bien o mal uno toca la tecla que le corresponde o la que quiere apretar. Entendiendo mi intromisión, no puedo abstenerme.
Alexis, hoy tocas solo. La banda del Arsenal que te acompaña es buena pero desafina. Son discontinuos,tímidos y dependientes. Actúan cuando quieren o he llegado a pensar que a varios no les da para más. En cualquier actividad de la vida cansa ser el luchador solitario. No te merecen. Eres el alma del club, el mejor del equipo, pero aunque te duela,no ganaron nada significativo. No capturaron la Premier, finalizaron quintos y la Champions la verán por televisión después de 19 años.
Quebraste todos tus récords, tercer goleador de la Premier, máximo anotador de tu equipo con 24, ayudaste con 10 asistencias, sumaste 71 goles en 143 partidos, distanciándote de los 46 marcados en el Barça en 141 encuentros. Eres el sobresaliente del equipo, pero no sirvió de nada. Sólo para tu explosión personal. Es tanta la distancia que marcas con tus compañeros que el segundo goleador es Giroud, que tiene 12 convertidos y juega metido en el área.
Sabes, Alexis, admiré a tu técnico con los invencibles de 2004, campeón invicto y con Henry como cabeza. Me atrapaba ese juego atildado y agresivo en el área. Hoy no me pasa lo mismo. Si no jugaras tú, no los vería. No me sorprende. Es más, este Arsenal me aburre. No evolucionó, se quedó en la conformidad. Prefiero ver al Chelsea o al Totennham. Wenger llegó en octubre de 1996, lleva 20 años dirigiéndolos y no gana una Premier hace 13 años.
Tu técnico te abraza, dice que te quiere, pero también te ha golpeado. Con ese adalid la moderación es lo que más luce. Si no hubiera sido por ti, Alexis, este Arsenal hubiera terminado décimo. Ser el mejor del plantel, valorizarte y no conseguir lo fundamental es duro.
Desde la lejanía te debo decir que tomes otro camino. Lárgate y agradece. Cierra la puerta grande del Arsenal y parte como un triunfador. Quedaste en su historia, serás parte de sus páginas, pero para ser campeón debes volar. Puedes jugar donde quieras y esos 200 goles que has marcado desde que comenzaste en 2015 auméntalos en algún campeón de verdad. En el Bayern con Vidal o en el City con Bravo. Tú eliges, pero anda a iluminar a un grupo que te escolte. Solo es imposible. Alexis, ándate. Éxito.
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May 23, 2017
Acompañamiento
COMO PROPONÍA Hannah Arendt, con cada nacimiento viene al mundo la posibilidad de un nuevo comienzo. Yo agregaría, que con cada hijo que llega al mundo, una madre se ha entregado dignamente para posibilitar el milagro de un nuevo mundo, una nueva sociedad. Así como el nacimiento no es solo acto biológico, sino uno social e incluso político, también lo es la concepción de ese hijo para la madre y para toda sociedad. Aquella relevancia social, sin embargo, pareciera no amilanar las agendas ideológicas que se han instalado en el gobierno y que han provocado una relegación de la natalidad, el embarazo y las situaciones de vulnerabilidad, a un problema personal y exclusivo de la madre, quien deberá cargar sola con los costos que aquello significa. Mucho de aquello se manifiesta en la férrea y animada defensa del aborto en tres causales, en relación a la precaria relevancia política y económica que le ha otorgado el gobierno al proyecto de acompañamiento.
A los cerca de 500 casos anuales de embarazos de un hijo que es diagnosticado con alteraciones congénitas de mal pronóstico vital y otro grupo similar en que el embarazo con un riesgo para la vida de la gestante (y un número indeterminado de casos de embarazos por ataques sexuales) se suman cerca de 1.200 casos de partos en extremo prematuros y otros mil casos de embarazos de niñas de edad inferior a 15 años. Las condiciones actuales de privatización del embarazo y abandono a la mujer embarazada son, sin embargo, evidentes fuentes de discriminación y motivo de dolor y desesperanza. Si la sociedad, en una mirada compasiva, lo único que propone efectivamente es privatizar su dolor y entregar como alternativa única el aborto, aquello simplemente significa negar el valor social de la mujer en la sociedad.
Un avance esencial por dignificar a las madres lo es la implementación, como política social a nivel nacional, de programas de acompañamiento que ofrezcan prestaciones sanitarias de apoyo a la mujer con embarazos vulnerables, que coordinen todas las necesidades especiales, sean médicas, psicológicas o psiquiátricas, sociales, administrativas, que el estado de vulnerabilidad de la madre exija. La principal finalidad es acompañar a la madre y/o a su pareja o familia, a vivir del modo más humano y solidario posible, un embarazo de características complejas, ofreciéndose como un recurso para la información, y luego como un acompañamiento en la búsqueda de fuentes de configuración de sentido a la vivencia.
Frente a los insistentes llamados de la sociedad civil, e incluso con propuestas concretas, como el presentado por diputados DC para implementar un proyecto de acompañamiento integral y a garantizar recursos suficientes, el gobierno solo ha ofrecido un precario proyecto y ha anunciado un modesto aumento al presupuesto, 10 veces inferior al costo que requeriría un programa nacional, serio y digno. Por ahora, y si cada nacimiento significa la posibilidad de un nuevo comienzo, esta indiferencia con la maternidad y sus problemas está mermando la capacidad de generar un nueva sociedad, justa y solidaria.
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Revertir un 0-15
MÁS PRENSA que nunca ha captado la discusión sobre la elección de la nueva figura de gobernador regional, tarea que en la actualidad desempeñan los intendentes designados por el Presidente de turno. Los partidos de la Nueva Mayoría, con calculadora en mano, buscan la forma de hacer viable la aprobación de esta reforma, ya que en el caso que se cumpla lo que dicen las encuestas y pierdan la elección presidencial de noviembre próximo quedarían 0-15 abajo. Es decir, la totalidad de las regiones estarían encabezadas por personas nombradas por un Presidente de la República que, como todo indica, no será de su coalición. Pero si se aprueba la elección de gobernadores, tienen al menos la posibilidad de elegir alguno de entres sus filas. Pero ello, obviamente, va a depender de si van en una lista o no, o de cualquier otro tipo de ingeniería política que diseñen. Si bien en el juego político al parecer resulta aceptable dar todas las peleas para no perder cuotas de poder, ello no puede ser el factor movilizador para implementar una reforma de esta naturaleza.
Para que un país o una región sea exitosa en alcanzar una mejor calidad de vida para sus habitantes, es esencial contar con tres cosas: las ideas correctas, los líderes que las lleven adelante y las instituciones que permiten que ello sea posible. Los defensores a ultranza de la elección de los gobernadores regionales, afirman que solo habrá liderazgo regional si éstos son electos democráticamente.
Pero se olvidan por completo, que la actual institucionalidad que rige a los gobiernos regionales -competencias/atribuciones y recursos específicamente- depende decisivamente del gobierno central y en nada se han adecuado para ser compatibles y coherentes con que su máxima autoridad sea electa. Solo para dimensionar el peso relativo que tienen hoy los gobiernos regionales en relación al gobierno central en las regiones: uno de cada cuatro pesos de la inversión pública efectiva es decidida por los gobiernos regionales, los otros tres son de decisión del gobierno central. Y más allá de la inversión pública, menos del 4% de los gastos totales aprobados anualmente en las leyes de presupuesto se destinan a los gobiernos regionales. No solo juegan un rol menor en relación al gobierno central, sino que además, la distribución de los recursos entre regiones también admite importantes espacios de discrecionalidad. Como están las cosas, los eventuales gobernadores regionales electos serán una autoridad de una relevancia menor, manteniéndose el poder concentrado en el gobierno central. A ello se suma que el gobierno central decide cada año cuanto financiamiento recibe cada región.
Un cambio como el que se propone necesariamente debe enmarcarse en una reforma que también aborde aspectos de competencias, responsabilidades, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas. Si la institucionalidad no es la adecuada, ni los mejores líderes con las mejores ideas podrán impulsar en forma descentralizada el progreso del país.
Por ello resulta inaceptable que para remontar un 0-15, el gobierno arremeta en el minuto 90 con una reforma alejada de lo que debiera ser una política integral en materia de descentralización.
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La modernización de la Cancillería
UNO DE los cambios más sustantivos del Chile contemporáneo es su renovada inserción internacional. Si la globalización es el signo de la actual era civilizatoria, no cabe duda que Chile apostó con éxito a insertarse en las aguas de la interdependencia contemporánea. Desde una participación activa hasta la búsqueda de solución a los llamados temas globales.
Chile ha intensificado su inserción internacional. Y eso ha sido benéfico para el país y los chilenos. Cualquier familia nuestra vive hoy con más oportunidades y mejor acceso a la tecnología que hace 30 años. Eso no ha sido espontáneo, detrás de ello estuvo una consensuada política de reinserción internacional, seguida con fuerza desde el retorno democrático. Y a la cabeza de ello estuvo la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, de capitán a paje, en sucesivas administraciones.
Pero hoy, el traje nos ha quedado chico. En efecto, la Cancillería está regida por una orgánica de tiempos de la dictadura. Los nuevos desafíos que plantea el desarrollo nacional y los cambios de la escena internacional, no encuentran adecuada respuesta en una estructura de tiempos de la guerra fría.
La modernización de la Cancillería es una necesidad nacional, un consenso transversal. A inicios de la actual administración, un equipo profesional dirigido por el embajador Mario Artaza, empezó a dar forma al proyecto que está a punto de ingresar al congreso. Se asumen los cambios, desde medidas orgánicas hasta medidas dirigidas a optimizar la carrera funcionaria en sus diversas plantas.
Se crea la Subsecretaria de Relaciones. Se modernizan también aspectos nodales de la carrera funcionaria, permitiendo un adecuado “tiraje a la chimenea”, meritocrático y conforme al reglamento. Se ordenan diversas dependencias que han surgido de las necesidades que ha debido enfrentar nuestra diplomacia, desde la defensa de la soberanía ante reclamos de terceros, hasta los diversos capítulos que impone la proyección oceánica, antártica y nuestra conexión con el “Chile de ultramar”, es decir aquellos compatriotas que viven lejos, pero que son ciudadanos chilenos con plenitud de derechos.
Bajo la dirección del canciller Heraldo Muñoz, el trabajo preligislativo ha concluido en lo fundamental. Corresponde ahora que el Congreso analice el contenido del proyecto, el cuál sin lugar a dudas es perfectible. La inmensa mayoría de los principales actores involucrados han sido consultados, aunque obviamente, la síntesis es una responsabilidad ministerial. Probablemente más de algún actor estimará que su voz debe ser particularmente atendida, pero ello, en democracia, será materia de la auscultación que deberá ser puesta en ejecución a partir de la discusión legislativa.
Una diplomacia moderna, con una Cancillería debidamente coordinada con todos los campos de acción del Estado, integrada por profesionales debidamente calificados, capaz no sólo de “seguir los temas de la agenda”, sino dotada de elementos prospectivos que permitan anticipar escenarios y prever la mejor forma de implementar los objetivos nacionales es, entre otras cosas, lo que el país necesita. Más allá de intereses sectoriales, o coyunturales, la política exterior es ante todo una política de contornos estatales, suprapartidaria, cuyos objetivos se cumplen en el mediano y largo plazo.
Es una buena noticia, que todos esperamos de lugar a una buena discusión y a un mejor resultado.
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Alucinaciones presidenciales
“CUANDO VISITO regiones, como hoy acá en Biobío, y veo lo que hemos avanzado, confirmo que valió mucho volver a Chile para ser Presidenta”, escribió ella en su cuenta personal de Twitter el viernes pasado estando de gira en esa zona. No deja de ser sorprendente la desconexión con la realidad que esta declaración deja de manifiesto. Al punto que pareciera tratarse de una verdadera alucinación. Esto en el sentido más literal del término, es decir, una ofuscación o un intento por seducir haciendo que se tome una cosa por otra. O, en todo caso, al menos un fantaseo o confusión. Los crudos hechos que arroja el segundo período de gobierno de Bachelet contrastan frontalmente con la imagen que ella se forja y transmite sobre el mismo. A estas alturas pocos, incluso entre quienes votaron por ella en 2013, se animan a afirmar que haya sido un acierto su regreso a La Moneda. La idea ampliamente predominante, en cambio, es que el tiempo corrido de este cuatrienio ha sido francamente malo.
La desvinculación de la primera mandataria con la verdad no resulta novedosa. No es la primera vez que se muestra alejada de la realidad y se despacha desaciertos comunicacionales como el señalado. La raíz de ambos aspectos descansa en un factor de innegable efecto hipnótico: el vértigo ideológico que parece embargarla. El mismo que le haría ver como adecuadas reformas estructurales que a todas luces no lo son, ni teórica ni prácticamente, como las que su gobierno se ha empeñado en sacar adelante (tributaria, laboral, educacional y constitucional) a todo trance; que la incapacitaría para reconocer el carácter terrorista del vandalismo declarado en la Región de La Araucanía y adoptar las decisiones correctivas consecuentes; que le generaría cierta ceguera para advertir los magros resultados obtenidos por la economía durante los últimos años y percibir que sin crecimiento económico es virtualmente imposible dar cabida al mayor desarrollo y justicia social que dice anhelar para Chile; que la obnubilaría en el camino hacia la conformación de una sociedad de derechos (sociales e individuales), sin la contraparte de los consiguientes deberes y responsabilidades; y más.
La cuestión de fondo radica en que la sociedad chilena concreta y singular no parece ser en general lo relevante para Bachelet a la hora de comprender sus necesidades y concebir las soluciones que éstas reclaman. Prima, en cambio, una concepción a priori y abstracta de lo que aquella y sus ciudadanos deben (llegar a) ser, independientemente de sus naturalezas y características peculiares. Por cierto, este es el rasgo propio y distintivo de las cosmovisiones ideológicas, siempre enajenadas y enajenantes. La acción política se realiza entonces de espaldas y hasta en contra de la realidad, no importando cuánto daño o destrucción social pueda generar ella. Se retorna así al recordado “avanzar sin transar” -que, imbuido de rasgos mesiánicos, impulsa a perseverar contra toda evidencia camino al despeñadero. Lo señalado no revestiría mayor gravedad si se estuviese haciendo referencia a las fantasías de un miembro común y corriente de la patria, pero lamentablemente corresponden a las ilusiones de una persona que desde la primera magistratura de la nación ha demostrado estar dispuesta a gastar todo el enorme capital político obtenido en aras de intentar materializar auténticos malos sueños utópicos, procurando voluntaristamente tornar en realidad las alucinaciones presidenciales.
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Reforma constitucional
EL DESTACADO constitucionalista argentino Roberto Gargarella viene insistiendo, desde hace un buen tiempo, en la necesidad que nuestros debates constitucionales no se concentren exclusivamente en el capítulo de los derechos. Nos invita, entonces, a prestar más atención a lo que él llama la “sala de máquinas” de la Constitución, esto es, al conjunto de reglas y mecanismos que rigen a los órganos representativos y a su relación con la ciudadanía. Coincidiendo con su invitación, habría que mirar con simpatía la moción que presentaron la semana pasada los senadores Allamand, Harboe, Larraín, Montes y Zaldívar, y que en sus palabras, permitiría “avanzar en forma gradual hacia el régimen semipresidencial”. Por un lado, se autoriza a los Presidentes de la República a entregar al ministro del Interior la presidencia del Consejo de Ministros, quedando éste encargado de dirigir y coordinar la labor de los demás ministros y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional. Por otra parte, se faculta a los parlamentarios en ejercicio para que puedan asumir como ministros de Estado sin tener que renunciar a su escaño. De esta manera, y mientras sirvan como Secretarios de Estado, ellos serían subrogados en el Parlamento por un parlamentario provisional designado por el partido respectivo. En el momento de perder su condición de ministro, el parlamentario en receso vuelve a ocupar su escaño y el suplente se va para la casa.
Quiero comenzar destacando que este proyecto convoque a parlamentarios de distintos partidos. Este tipo de iniciativas apunta en la dirección de construir las grandes mayorías que se necesitan para el cambio constitucional. Valoro en segundo lugar el propósito que persiguen los patrocinantes del proyecto. A mí, como a ellos, me parece altamente inconveniente el hiper presidencialismo de nuestra Constitución. Cualquier persona interesada en fortalecer al Congreso tiene que prestar atención al diagnóstico de cinco senadores que están sin duda entre nuestros mejores parlamentarios.
No obstante, la verdad es que el proyecto me parece altamente deficiente. Desde un punto de vista técnico, es imposible pretender que un ministro “dirija” y “coordine” a los demás ministros (y además lleve la relación con el Congreso) sin que se le concedan explícitamente algunas de las atribuciones que la Carta Fundamental le concede de manera exclusiva al Presidente. En este sentido, al proyecto tiene el defecto de crear un jefe sin facultades. Por otra parte, me parece algo paradojal que se pretenda fortalecer al Parlamento por la vía de hacer más fácil el tránsito desde el Congreso al Ejecutivo y viceversa. Eso, que puede tener todo el sentido del mundo en los sistemas parlamentarios, solo sirve para debilitar una institución que, en el contexto nacional, está llamada a ser contrapeso crítico y colegislador autónomo.
Las dificultades en el terreno de la coordinación gubernamental son, probablemente, una parte del problema constitucional chileno. Mi convicción, sin embargo, es que lo que Chile realmente necesita es una profundización de la democracia, un mayor equilibrio en materia de derechos, un fortalecimiento efectivo del Congreso y una genuina descentralización. Eso se llama Nueva Constitución.
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Presidentes que mandan
SI SENADORES de la talla de Allamand, Larraín, Harboe, Montes y Zaldívar coinciden en una moción conviene prestar atención. Es lo que sucedió el jueves cuando esa quina transversal se puso de acuerdo en una reforma constitucional. El tema: cambios al presidencialismo; pero con una suerte de “realismo con renuncia” desde que renuncian a fórmulas semipresidenciales para perfeccionar los desafíos del régimen actual.
Partamos por el diagnóstico: como habría un problema en la sala de máquinas del ejercicio del poder público, se requiere de reformas al régimen de gobierno. Ello ha dado paso a un acuerdo abrumador en el mundo político (la fronda le llamaban algunos) para reemplazar nuestro presidencialismo por un semipresidencialismo. Éste combina un presidente elegido popularmente a cargo de áreas más bien simbólicas y un jefe de gobierno elegido por el Congreso que tiene el poder, la billetera y la agenda.
A mi juicio eso tiene problemas tanto institucionales como políticos. Entre los primeros, como lo recordó hace poco Arturo Valenzuela en el CEP, se institucionaliza el conflicto al interior del gobierno dado que hay dos polos de poder que compiten sin incentivo para cooperar entre sí. Y entre los políticos no hay que olvidar que Chile, nos guste o no, es presidencialista hasta la médula: ¿cómo un presidente que no manda podría responder a las expectativas de los electores?
Pero aun un fiel al presidencialismo debe reconocer que hay desafíos. El principal es la distancia que se produce entre el gobierno en La Moneda y su coalición en el Congreso. Esto no es nuevo: Frei Montalva alegaba que su partido no le había sido fiel y Allende se lamentaba de su coalición. Cierto o no, lo claro es que hoy con un sistema electoral tan fragmentado como el que dejará este gobierno, la crítica a la deslealtad se repetirá.
La moción se hace cargo de este desafío. Y para hacerlo mantiene la centralidad del Presidente pero incorpora una válvula: la posibilidad de empoderar de verdad a un Primer Ministro para que éste haga las veces de Jefe de Gobierno sin conflictuar con el Presidente sino que colaborando. Si colabora por convicción o por conveniencia es menos importante; lo relevante es que no compite porque solo uno mantiene la decisión final: el presidente.
Asimismo, la moción permite un tránsito más fluido entre Ejecutivo y Legislativo. Aunque requiere ajustes para asegurar la estética, este tránsito (que sonroja a muchos) no es otra cosa que reconocer que el liderazgo político ha estado y seguirá estando en el Congreso y que permitir el “ir y venir” fortalece políticamente a la coalición gobernante. De paso, es una excelente forma de traer al “oficialismo legislativo” a La Moneda, como lo mostró el Pdte. Piñera nombrando a Chadwick, Allamand y Longueira.
En definitiva, aun cuando puede complementarse en sus detalles, la propuesta recuerda el consejo de Aylwin. Hace un tiempo decía que los presidentes en Chile deben mandar; el que no lo hace, es un mal presidente. La virtud de la moción es que sin quitarle ese poder, entrega al presidente una herramienta para fortalecer la decisión colectiva de la alianza política a la que pertenece.
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