Álvaro Bisama's Blog, page 169

Violencia y redes sociales

Un día después que una banda de encapuchados atacara al precandidato presidencial Felipe Kast en el Parque Bustamante, un grupo de mapuches golpeó al fiscal Enrique Vásquez y causó destrozos en el tribunal de garantía de Collipulli. Tras el incidente, el fiscal regional Cristián Peredes lanzó una dura acusación contra Amnistía Internacional: “Cuando nos vemos enfrentados a una campaña en redes sociales donde se afirma con liviandad una serie de cosas que no son verdad, yo creo que todo eso contribuye para que se instale un clima enrarecido y de violencia que desemboca en los actos que estamos lamentando en estos momentos”.

A simple vista, la acusación de Paredes parece desproporcionada, injusta y muy difícil de demostrar: ¿cómo se puede probar que los mapuches se pusieron violentos por los posteos y tweets de Amnistía Internacional?

Así como antes se culpaba al cine, la radio y la televisión por la violencia que podían incubar en los jóvenes, hoy se culpa a los videojuegos, las redes sociales y los teléfonos móviles por el mismo motivo. Pero como las personas somos complejas e impredecibles, siempre ha resultado muy difícil de medir la supuesta relación causa-efecto que existiría entre el consumo de determinados medios de comunicación y lo que uno termina haciendo después con su propia vida.

Si voto por un candidato de derecha, por ejemplo, ¿lo hago porque leo un diario conservador, por los comentarios de mis amigos en Facebook o porque me convenció mi padre en un asado familiar? ¿Qué influye más en mi decisión electoral: mi situación económica o la simpatía del candidato?

Las personas no somos tan racionales como creemos ni tomamos decisiones realizando cálculos matemáticos o inferencias estadísticas: votamos y compramos lo que nos tinca o seduce, y la elección de nuestros productos o servicios puede ser bastante más emocional de lo que nos gustaría reconocer. Si a alguien le gustan las películas violentas, no por eso va a salir pegando tiros del cine, y si una secta de asesinos entra a una casa de ricachones escuchando “Helter Skelter” y mata a Sharon Tate, el problema está en la cabeza de Charles Manson y sus secuaces, no en la canción de Los Beatles.

¿Eso quiere decir que hay que permitir todo tipo de contenidos, aunque inciten derechamente al odio y la violencia? En absoluto. En los países desarrollados, la incitación a la violencia, es perseguida y sancionada penalmente, y se considera como una de las pocas limitaciones legítimas que tiene el sagrado derecho de la información.

En España, por ejemplo, el Código Penal, que fue recientemente reformado para incluir la incitación al odio a través de internet, castiga con penas de presidio que van de 1 a 4 años a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra las personas. Y en Alemania, aunque la Ley Fundamental de la República protege expresamente la libertad de expresión, el Código Penal establece fuertes limitaciones al discurso del odio (Volksverhetzung). Esta disposición fue pensada originalmente para combatir la negación del Holocausto, pero también se puede invocar  para castigar a quienes incitan al odio y la violencia contra sectores o personas específicas de la población, contra quienes convocan acciones violentas o arbitrarias, o contra quienes injurian a otros rebajando su dignidad.

En Chile, el Gobierno se querelló contra un funcionario municipal que uso Twitter para lanzar una “tormenta de fuego… contra todos los invasores del Wallmapu”, pero no son tantos los casos donde se puede ver una incitación a la violencia tan burda y descarada. Más fácil sería perseguir a quienes, a vista y paciencia de todos y a cara descubierta, están atacando en la calle a políticos, funcionarios y personalidades como Luksic, que recibió un peñascazo. Solo una persona quedó detenida tras la destrucción del tribunal de Collipulli y nadie pasó por comisaría después de la cobarde agresión a Felipe Kast. Eso sí que pone en peligro al Estado de Derecho en nuestro país.

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La cohesión y redundancia de las primarias del Frente Amplio

Beatriz Sánchez y Alberto Mayol son los dos candidatos más similares de una misma coalición en disputar una primaria desde el retorno de la democracia. Hubo claras diferencias entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos en 1993, entre Lagos y Andrés Zaldívar en 1999, entre Soledad Alvear y Michelle Bachelet en 2005 (aunque finalmente se suspendió), entre Frei y José Antonio Gómez en 2009, y naturalmente entre Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Orrego, y Gómez en 2013.

Esto lo sostengo basado en el delicado trato que tuvieron entre sí Sánchez y Mayol en el primer debate. Desde el comienzo, los dos candidatos mostraron un alineamiento extraordinario. Estuvieron de acuerdo en absolutamente todo. En pasajes, el debate pareció un sparring coordinado y diseñado para prevenir cualquier daño. Si hubo algún desacuerdo fue solo de matices y prioridades, pocas diferencias de forma y por cierto que ninguna de fondo.

Por una parte, la similitud entre los candidatos habla de la cohesión que existe en la coalición (lo que irónicamente contrasta con su carácter de “Amplio”), pues muestra que las ideas de fondo no varían a pesar del nombre del candidato. Algunos podrán interpretar esto como algo positivo, dado que aísla al Frente Amplio, y lo eleva por sobre el agresivo contexto político por el cual atraviesan todos los otros sectores políticos, sobre todo los tradicionales.

Por otra parte, la similitud ente los candidatos confirma la estrategia política y electoral del Frente Amplio. El carácter tenue del debate sugiere que los candidatos no están en las primarias para debatir, al menos no en el sentido tradicional, si no que están ahí para presentar las ideas del conglomerado. Más específicamente, no están en las primarias para elegir al mejor de los dos candidatos, están en las primarias para darse a conocer.

En principio no tengo ningún problema con esta estrategia, pues es una impecable táctica electoral. El desafió del Frente Amplio es precisamente darse a conocer, y qué mejor oportunidad para hacerlo que participando en primarias, donde además pueden generar un contraste crucial con su rival directo: los partidos de la Nueva Mayoría y sus candidatos presidenciales. A simple viste parece una decisión sencilla, que solo promete réditos.

Pero si lo anterior es correcto, que la participación del Frente Amplio en las primarias no es genuina, implica que están utilizando las primarias para un propósito para el cual no fueron diseñadas. Por definición las primarias son para elegir entre candidatos que representan distintas ideas de un mismo sector, y no para avanzar agendas políticas particulares. En esencia, el problema es que caen en la misma práctica que critican de los demás.

Lo anterior es una sutil diferencia y por ende mucha gente no verá el problema contingente en el trasfondo de las primarias del Frente Amplio. De hecho, esa sutileza es un engranaje central para que la estrategia funcione: que la gente no note la intencionalidad. Mi intuición es que los líderes de la coalición no dimensionaron la similitud entre los dos candidatos. Si lo habrían hecho, probablemente hubiesen optado por otra ruta.

La estrategia de las primarias solo funciona si es que hay al menos una apariencia de competencia entre los candidatos, aunque esta no exista en el fondo. Por eso era crucial que en el primer debate los candidatos rivalizaran entre ellos. Era esencial que Sánchez y Mayol confrontarán ideas y contrastaran programas para que mostrarán que la decisión de ir a primarias era genuina y no estratégica. Lamentablemente no fue así.

Si el debate hubiese sido más directo, confrontacional, y un candidato hubiese destacado más que el otro, hubiese sido una victoria rotunda. Pero el debate fue tenue, probablemente debido a la cohesión natural de la coalición. Pero eso es lo que transforma las primarias en redundantes. ¿Qué utilidad tiene ver a dos candidatos que repiten lo mismo todo el rato? ¿Cuál es la diferencia del primer debate con una presentación de un programa? La respuesta a estas dos preguntas es: ninguna.

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Terror en Manchester

Vidas inocentes, niños y jóvenes, han sido víctimas del odio irracional, otra vez. Un fanático decidió que debía suicidarse por su creencia desquiciada, pero matando la mayor cantidad posible de esos “infieles” que no merecen vivir, según su visión demencial. Una corriente islámica que nada tiene que ver con la religión musulmana normal. Está representada por el Estado Islámico, que rápidamente se atribuyó el hecho, y sus amenazas prosiguen. Un concierto de música moderna de una cantante norteamericana, en un estadio lleno de muchachos y muchachas, juntos, que corean y bailan, ligeros de ropa, es un espectáculo intolerable, y que no debe ser permitido para las mentes llenas de odio de los yihadistas; que prohíben toda música, todo canto y cualquier participación de las mujeres, las mismas que no tienen derecho ni siquiera a saber leer ni mostrar su cara, bajo pena de azotes y sanciones. Esa es la realidad de las ciudades y territorios controlados por el ISIS, aunque actualmente sean pocas, pues se van recuperando poco a poco, derrotados por variados países, tanto en Irak como en Siria. Precisamente, porque en el terreno ya no tienen la fuerza de hace un tiempo, es que individuos, como el asesino del Manchester Arena, actúan, instruidos por sus superiores o por propia iniciativa. Y los casos se multiplican en las ciudades de Europa, o en cualquier otro lugar.

Una realidad que ha sobrepasado a los servicios de inteligencia y seguridad de los países más capacitados. En gran medida se debe a que toda acción preventiva resulta ineficiente frente a lo que una persona planifica hacer, ofreciendo su vida y buscando la manera de eliminar el mayor número de sus enemigos. Ningún método logra entrar en esas mentes, prevenir o contrarrestar sus actos. Los elevados niveles de seguridad vigentes en diferentes países europeos, posiblemente han tenido logros, pero es imposible evitarlos todos. Lo grave es que ha sido a costa de alterar el modo de vida normal de los ciudadanos, restringiendo sus libertades de acción y movimiento, revisando sus desplazamientos, y observando como sospechosos a una inmensa mayoría que no lo es, y que debe aceptar, por su seguridad, todo tipo de restricciones.

Tal vez sea el momento de analizar otras estrategias adicionales y rediseñar nuevas metodologías. Ir a los orígenes de esta corriente radical, a quienes la incitan o difunden en búsqueda de adeptos. Contrarrestar posibles seguidores, desde sus lugares de culto hasta su entorno, si existiere un sospechoso potencial, que puede ser un connacional, un británico como en Manchester. Facilitar el papel activo y vigilante de la población, siempre lista para observar y comunicarse mediante las actuales redes sociales, que todo lo cuentan y que todo lo filman y difunden. Ha llegado la hora en que nosotros, las posibles víctimas, también asumamos nuestra propia cuota de colaboración. No podemos aceptar que el terror se imponga y trastoque nuestras vidas, aceptándolo como una normalidad.  Los terroristas son los sinrazón, no nosotros.  

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Legados y políticas en educación

Sylvia Eyzaguirre y Gonzalo Muñoz han sostenido un intercambio en este medio respecto de cuáles serían las características de las próximas políticas que requiere el sistema escolar. Ambos parecen haber convenido, al menos, en que la agenda del próximo gobierno no debiera ser desarticular las políticas vigentes o en implementación. Lo que llama la atención es que en esta discusión se haga una evaluación incompleta de las políticas de calidad puestas en marcha desde el 2009, por lo que conviene tener a la vista más antecedentes.

Las políticas de calidad de la educación del gobierno anterior no han sido totalmente implementadas, en efecto, el gobierno actual hizo un trabajo preciso y silencioso para desarticularlas. Algunos ejemplos: se retrasó por decreto la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; se limitó fuertemente, vía Ley de Presupuestos, la entrega de información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a los padres y comunidades educativas a nivel de escuela; se redujo la información disponible sobre el sistema al disminuir el número y frecuencia de pruebas Simce, lo que afecta la calidad y confiabilidad de la clasificación que permite identificar a los establecimientos que más ayuda necesitan. La Agencia de Calidad de la Educación ha perdido su foco y se encuentra dedicada programas de radio y a elucubrar en base a corazonadas e infografías el efecto de la tecnología sobre la lectura. No se ha hecho público ningún informe de orientación de las escuelas, a pesar de haberse invertido más de 6.000 millones de pesos en 2016 en esta tarea. El proyecto de ley de desmunicipalización trae una sorpresa adicional en esta misma línea: si se aprueba esta norma, las consecuencias de la aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad se postergará en al menos 8 años para los establecimientos públicos que se transfieran a los servicios locales. Se reestableció, contra el espíritu de la ley, la función de supervisión de los establecimientos por parte del Ministerio de Educación, aumentando aún más la presión y carga administrativa sobre las escuelas y confundiendo los equilibrios institucionales.

No le sorprenderá a nadie, entonces, que los efectos de las políticas del gobierno anterior sean difíciles de observar, cuando se han hecho todos los esfuerzos por postergar o evitar su aplicación. Despreciarlas, por lo tanto, es un acto de simplificación que refleja una reflexión incompleta.

¿Qué ocurre con las políticas de este gobierno? No sabemos la tendencia política de la próxima administración, pero en algún momento será necesario transparentar si acaso existe alguna evidencia que muestre que las actuales reformas (1) aumentan la matrícula estatal sin restringir alternativas (2) mejoran los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación pública, (3) disminuyen la segregación, (4) permiten la diversidad de proyectos educativos, entre muchas otras promesas, que hagan valer el enorme costo fiscal y administrativo que la Ley de Inclusión ha implicado. En otras palabras, todavía queda para ver si “quitar patines” y “comprar fierros” ha valido la pena. Además, lo más probable es que, tal como ocurrió con la Jornada Escolar Completa, la inmensa inversión pública en educación no se refleje en logros de aprendizaje. Es de esperar que quienes defienden las actuales reformas estén dispuestos a asumir su fracaso, si aquello ocurre, usando las mismas varas con las que miden reformas anteriores.

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El tiempo no se detiene

Cada vez son más los chilenos que alcanzan la llamada tercera edad, tendencia que se irá acentuando con los años, pues la proyección es que nuestra sociedad será una cada vez más longeva. Por esto la vejez, que ya de por sí plantea múltiples desafíos a nivel de políticas públicas, se transformará en un tema prioritario para nuestro país, cuestión que dada su proyección e importancia, también debiese ser prioritaria en esta elección presidencial. Sin ir más lejos, debe ser especialmente sensible en áreas como pensiones y salud (que están fuertemente cuestionadas hoy en día).

Las razones para entender que la vejez es un problema social y por tanto prioritario, son múltiples. En primer lugar dice relación en la forma en que tratamos a quienes son más vulnerables, pues en situaciones como éstas se hacen presente la solidaridad y la justicia intergeneracional, principios que nos interpelan precisamente a que no podemos excluir a algunos de participar de los bienes de la vida en sociedad y nos mueve al cuidado de unas generaciones con otras. Por otro lado, es un problema que afecta directamente a las familias y al entorno en que vive el adulto mayor, tanto en cuestiones económicas como sociales, especialmente para aquellos que asumen su cuidado, pues limita sus posibilidades de trabajo. Además, pone en tensión nuestras políticas públicas a la hora de enfrentar el desafío -especialmente el gasto fiscal-, pues el envejecimiento poblacional significa que la brecha entre la población activa y la pasiva será cada vez menor, sumado al hecho de que las familias son cada vez más chicas, por lo que las personas mayores contarán con menos redes de apoyo.

Este es un problema que debe ser tomado con seriedad y que no es posible seguir evitando, pues ya hoy los adultos mayores representan casi un 15% de nuestra población… y el tiempo no se detiene. Algunos candidatos, como era de esperar, sí le han tomado la importancia del asunto. Tanto Carolina Goic, como Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón se hacen cargo de esta realidad, a través de propuestas que se enfocan en un envejecimiento activo, apuntando al grupo mayoritario de adultos mayores que hoy quieren seguir participando de la sociedad. Esperamos también que otros candidatos, como Felipe Kast o Beatriz Sánchez, incluyan este tipo de proyectos a sus programas durante su campaña.

Y aunque aplaudimos las iniciativas de los candidatos, es necesario velar para que éstas no sean palabras de campaña ni se queden sólo en buenas intenciones, pues tal como dice la última propuesta social de IdeaPaís, “Política integral para la vejez”, es urgente avanzar en medidas que fortalezcan el Senama -cuestión que se echa de menos en los programas- para entregar mayores facultades de fiscalización que terminen de una vez por todas el maltrato que sufre 1 de cada 5 adultos mayores y velar por el resguardo de sus derechos en nuestro país.

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Lo que está en juego en 2017

La derecha y en Frente Amplio tendrán el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad en la primera Sebastián Piñera, mientras en la segunda las encuestas favorecen a Beatriz Sánchez. Piñera ha detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, “revisar” la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización obligatoria de los asalariados destinada a los fondos que administran. No parece una exageración afirmar que si Piñera es elegido de nuevo presidente, en medio de una apuesta incierta por recuperar el crecimiento al 4% o más, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavía más, las AFP tendrán mayores utilidades sobrenormales a costa de los trabajadores, las Isapres mantendrán sus también altas utilidades a cambio de coberturas inciertas para los sectores medios que pagan por sus seguros y las pensiones seguirán siendo muy bajas. El crecimiento no se recupera por meras expectativas creadas por la reinstalación de uno de los financistas más prósperos del país –que en todo caso administra sus fondos a partir de paraísos fiscales- en la presidencia. Requiere en el corto plazo de una política fiscal más activa y en el mediano plazo de una política industrial y de incremento de la innovación en base a más inversión pública y más investigación y desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, la primaria marcará el inicio de su posible conformación como alternativa política en algún momento, siempre que los protagonismos de unas y otras de sus caras visibles, en tiempos de individualismo exacerbado, lo permitan. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base.

Alejandro Guillier, por su parte, ha optado por darse más tiempo para conformar sus propuestas, aunque en su discurso destaca un fuerte compromiso con la descentralización, lo que es muy positivo frente al estancamiento que exhibe hoy este proceso, incluyendo la indispensable elección directa de las autoridades (gobernadores) regionales. ¿Se constituirá ahora un bloque de signo progresista detrás de Guillier? La decisión de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea. Las características que tendrá su programa tal vez nos podrán ilustrar en esta materia, en medio de la persistente dispersión del centro y de la izquierda, que favorecen la reelección de Piñera. La condición para que esto no ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la DC la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. Pero sobre todo se requiere que en una segunda vuelta confluyan propuestas y compromisos de gobierno claros y capaces de suscitar una adhesión mayoritaria para los que quieran evitar el retorno de la derecha. Mientras tanto, persisten urgencias que no encuentran aún muchas respuestas.

La primera es la creación de empleo. La economía ha ido perdiendo desde 2013 la capacidad de crear empleos asalariados de buena calidad, lo que afecta a muchas familias. Revertir esta situación supone una política económica más fuertemente contracíclica para crecer al menos a un tres por ciento al año en el corto plazo, junto a una nueva política industrial que apueste por más programas estratégicos de magnitud como la reconversión generalizada hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa), como un fuerte programa de inversiones de CODELCO y la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte eléctrico, creando una Empresa Nacional del Litio, como el fortalecimiento de la industria alimentaria saludable que nos distinga en el mundo y como la expansión del turismo de calidad. Estas  iniciativas estratégicas son intensivas en la creación de empleo, reactivan las economías locales, reinsertan a los desempleados de larga duración, junto a una reactivación de la inversión pública en infraestructura y programas públicos de empleo de servicio a las personas.

En segundo lugar, para que el trabajo no sea un espacio de abuso contra las personas, no puede tardar una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a  programas de empleo temporal, junto a incrementos progresivos del salario mínimo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concursos anónimos y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

En tercer lugar, no puede seguir esperando la reforma a la educación. Esta debe ampliar la gratuidad con prioridad en el fin de los copagos en la escuela para que sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, y fortaleciendo a la futura escuela pública desmunicipalizada con un financiamiento básico a los establecimientos. La gratuidad debe extenderse en la educación superior técnico profesional, empezando por el nuevo sector estatal en formación. La gratuidad universitaria debiera concentrarse en las universidades públicas y no incluir a las familias del 15% de ingresos superiores mientras no aumente el bajo nivel de impuesto a la renta que pagan en Chile. Las universidades estatales deben reformarse para estar al servicio del desarrollo y aumentar su cobertura con un horizonte del 40% de la matrícula a fines del próximo gobierno. ¿Puede soslayarse sacar del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplen con requisitos mínimos de excelencia?  Tampoco puede soslayarse separar con urgencia en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada, con un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia que reconocozca el fracaso del SENAME, y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley.

En cuarto lugar, el retraso de la modernización de los servicios públicos de salud no puede seguir sin reacción. ¿Puede seguir esperando que el nivel primario de atención no aumente su capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas? ¿Puede retrasarse un más fuerte programa de contención de la epidemia de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo? ¿Puede esperar el aumento de la tasa de uso de la infraestructura pública y un nuevo régimen estatutario para los médicos (mediante mayores salarios a cambio de dedicación de jornada completa)? Desde luego debe ponerse fin a la externalización de prestaciones garantizadas con un alto costo público y retormarse el proyecto de crear un fondo unificado de cotizaciones de salud, transformando en optativos y complementarios los seguros privados, en todo caso mejor regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género. Ese fondo unificado debiera financiar, junto a los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones cuando demuestren ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y ampliaciones del GES-Auge, incluyendo un mayor acceso garantizado a los medicamentos según los protocolos de tratamiento.

En quinto lugar, Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social, que el tardío proyecto de reforma del gobierno no cambia en absoluto. ¿Por qué no dar de una vez un rol central al pilar solidario de pensiones y proponerse llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años?. Un pilar público de pensiones contributivas de reparto debiera dar un mínimo de certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones salariales obligatorias que financie los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y aumentar su nivel actual, lo que supone otorgar incentivos a las mujeres y hombres que opten por alargar su vida salarial activa. Las AFP debieran ser instrumentos voluntarios de mercado y dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

En sexto lugar, el actual proceso de destrucción de la naturaleza en manos de intereses privados es inaceptable para las actuales y  las futuras generaciones y debe partir remediándose con la rápida transición a las energías renovables no tradicionales, junto a la reconstrucción y protección del patrimonio natural, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. ¿Qué impide que los chilenos vuelvan a tener control de los recursos comunes, reemplazando la ley de concesiones mineras indefinidas por concesiones temporales y condicionadas al pago de una renta apropiada y a una explotación sustentable, ampliando la de carácter público, y derogando una ley de pesca dictada desde las empresas del sector? El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas. El Estado debe asumir los nuevos riesgos que emanan del cambio climático y establecer una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

Estos no son todos los problemas públicos a discutir, pero son al menos parte de los más significativos, ya sea que se opte por una u otra solución frente a ellos y las consiguientes reformas institucionales que las viabilicen. Pero brillan todavía por su ausencia en el debate presidencial.

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El precio pagado

EN LA campaña electoral de 2013, nadie dudaba de la victoria de Michelle Bachelet. Los candidatos a parlamentarios lucían su foto con ella y estaban convencidos de que el país iba a vivir grandes momentos. La alta votación conseguida por Bachelet en segunda vuelta, más la mayoría lograda en el Senado y la Cámara, generaron un cuadro propicio para la euforia. Qué distinto es todo hoy. ¿Qué pasó en apenas cuatro años? Muchos parlamentarios oficialistas, angustiados por la posibilidad de no ser reelegidos, no terminan de entenderlo.

Las cosas fueron como Bachelet quiso que fueran: dar vuelta la página de los gobiernos de la Concertación y virar a la izquierda, hacia una variante de neoestatismo. Ella bendijo la formación de un nuevo bloque, cuya mayor novedad fue la incorporación del Partido Comunista, que había sido opositor de los gobiernos de la Concertación y con el cual Bachelet tenía una relación antigua. Se configuró así un intento de reescribir la historia: la transición podría haber sido “más profunda” si se hubieran seguido las pautas revolucionarias, sin tanto consenso. Y como la campaña del 2013 coincidió con el 40° aniversario del golpe de Estado, las proclamas de esos días dieron a entender que las grandes alamedas se iban a abrir por fin con la Nueva Mayoría.

El rumbo, el programa y el gabinete respondieron a la visión de Bachelet. La entrada del PC al gobierno reforzó el discurso autoflagelante y redentorista que bullía en el PS y el PPD, en cuyo seno se había extendido la creencia de que las marchas estudiantiles eran el anuncio de una nueva era. De este modo, pasaron a primer plano los clichés anticapitalistas característicos del izquierdismo que llevó a Chile al desastre en 1973. Ello se expresó en el discurso puritano contra el lucro y el mercado; la reforma tributaria con mala cara hacia los empresarios; la obsesión por sacar a los sostenedores privados de la educación; el criterio arcaico sobre el rol del Estado (p. ej. que los privados no construyan hospitales públicos); y por cierto las ínfulas refundacionales del llamado proceso constituyente.

El país perdió dinamismo, se contrajeron el crecimiento y la inversión, el igualitarismo no trajo más igualdad, la improvisación contaminó las políticas públicas y surgió un gran interrogante respecto de hacia dónde iba Chile. O sea, las fuerzas de centroizquierda despilfarraron el capital de credibilidad ganado durante 20 años.

Nada es gratuito. No habrá un segundo gobierno de la NM. Y tampoco habrá NM. En tales circunstancias, la decisión de la DC de reivindicar su independencia y competir en noviembre es observada con interés por mucha gente que quiere seriedad y sentido nacional en los asuntos públicos para que el país progrese de verdad.

Las coaliciones permanentes tenderán a desaparecer. Es un efecto benéfico del sistema electoral proporcional. El suelo se está moviendo bajo los pies de todos los partidos. Ojalá se oxigene nuestra vida política y se genere un clima que favorezca la racionalidad democrática y los grandes acuerdos.

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La belleza en el tenis

INDEPENDIENTE DE lo que suceda en Roland Garros y a pesar de que Murray, Djokovic y Wawrinka ocupan los tres primeros puestos del ranking mundial, este año todo ha sido para Federer y Nadal. Sí, los dos grandes de este siglo se han impuesto, el primero en la temporada de canchas duras y el segundo en las de arcilla, siendo una vez más favorito para ganar el segundo Grand Slam de la temporada.

Ambos jugadores se toparon en la final del Abierto de Australia, una de las mejores de la historia, y el triunfo fue para Federer en cinco sets. Y en Indian Wells también se impuso el suizo, quien luego ganó Miami y se retiró a sus cuarteles durante toda la temporada de arcilla. En pocas palabras, le pasó el testimonio a Nadal para que hiciera de las suyas y éste supo aprovecharlo: triunfó en Barcelona, Mónaco y Madrid.

Con Djokovic a media máquina, Murray que no arranca y una serie de jugadores que aún no demuestra la consistencia necesaria (Thiem, Zverev, Dimitrov), el tour vuelve a estar dominado por quienes a su vez representan dos modelos de juego (y de vida) totalmente distintos. Nadal es derroche, potencia y garra; Federer es economía, precisión e imaginación. Esparta y Atenas. La guerra y la democracia. Los tics y la naturalidad. El trabajo duro y la magia.

En Nadal las victorias colindan con el sufrimiento: su juego demanda una exigencia física extrema y la mejor prueba de ello es que a pesar de tener un físico atípico para el tenis, mucho más musculoso, las lesiones lo vienen torturando hace tiempo. Federer, en cambio, pareciera que no realiza mayores esfuerzos. Su derecho es lo más parecido a un latigazo, la manera en que acelera el revés con top spin llega a romper lo verosímil, y el movimiento de piernas, unido a su sentido de ubicación en la cancha, lo convierten en el jugador más completo de todos los tiempos. El hecho de que el tenis se vea así de natural cuando estamos frente a Federer explica su longevidad, y la dosificación de este año solo se entiende porque quiere llegar “entero” a Wimbledon.

David Foster Wallace, el escritor que mejor ha escrito de tenis, reparó en que el concepto de belleza no se usa en los deportes masculinos. Las asociaciones siempre son bélicas: fuerza, coraje, aguerrido… ese tipo de cualidades. Pero Federer pertenece a esa rara especie de deportistas que parecen levitar en la cancha, como si dar giros impresionantes o combinar en una fracción de segundo violencia y tacto, dureza y flexibilidad, fuera algo completamente espontáneo. No hay explicación racional para entender ese fenómeno. Solo resta maravillarse ante su presencia como antes lo hiciéramos con Mohamed Alí o Zinedine Zidane. El dominio de Federer en el tour viene a demostrar que el tenis de hoy no es pura fuerza y velocidad. O no solo eso. “La inspiración -concluye Foster Wallace- es contagiosa y multiforme; y el mero hecho de presenciar de cerca cómo la potencia y la agresividad se hacen vulnerables a la belleza equivale a sentirse inspirado y (de forma fugaz y mortal) reconciliado”.

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Inversiones de AFP y la calidad de vida de los chilenos

NO HAY duda. Nuestro país necesita más inversión para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. En particular, necesitamos más inversión en infraestructura. No puede ser que mientras la Línea 1 del Metro tiene trenes con frecuencias inferiores a dos minutos, en la Línea 2 los trenes están espaciados cada cuatro minutos. El resultado es que la gente de la Línea 2 viaja siempre más apretujada que la de la Línea 1. De la misma manera, las calles de nuestras ciudades están cada día más congestionadas y los tacos duran más tiempo. Si la calidad de vida se midiera por las horas verdaderamente libres que tienen las personas, la lentitud de circulación de los buses y la saturación de las calles y autopistas, la disminuirían en forma relevante.

Estos ejemplos los podemos extender a otros ámbitos, como la falta de áreas verdes, la mala calidad de las viviendas sociales, la falta de hospitales, la congestión de los aeropuertos, la creciente falta de agua, combinada con el aumento de los aluviones, y otras deficiencias que los chilenos sufrimos a diario.

Pero tenemos noticias esperanzadoras. Recientemente entró en vigor la Ley 20.956 sobre impulso a la productividad. Esta ley eliminó una barrera importante para la inversión en infraestructura al permitir que las AFP puedan invertir en activos “alternativos”, incluyendo proyectos de infraestructura. Hasta ahora, nuestras AFP estaban impedidas de hacerlo a pesar que grandes fondos de pensiones de países desarrollados lo hacen desde hace años. Entre ellos el Fondo de Pensiones de Noruega, posiblemente el más grande del mundo, y fondos de pensiones de diversos grupos de empleados públicos de Canadá y los Estados Unidos. Un fondo de pensiones canadiense, por ejemplo, es dueño de buena parte de nuestro sistema de transmisión eléctrica.

La inversión de las AFP en infraestructura hace que nuestro país gane dos veces: mejora la calidad de vida de todos los chilenos cuando se invierte y mejoran las pensiones de nuestros futuros jubilados por las rentabilidades positivas y estables que genera la infraestructura pagada. Son pocas las veces en que todos podemos ganar al mismo tiempo con un pequeño cambio en las normas.

Las AFP manejan hoy cerca de US$ 190.000 millones en inversiones de diverso tipo. Según se ha informado, podrán invertir hasta un 15% en activos “alternativos” lo que incluye participaciones en empresas que no se transan en bolsa, como es típicamente el caso de las empresas de concesiones. Desde luego, no todo ese porcentaje se invertirá en infraestructura. Pero no podemos perder de vista que el 1% de ese monto representa US$ 1.900 millones. Eso equivale a unos 20 kms de Metro (la Línea 6 tiene 15 kms), o 760 carros de Metro con aire acondicionado, o a la construcción de 2.000 kms de autopistas interurbanas, o a más de 10 hospitales como el de La Florida.

Tomará tiempo cambiar la cartera de las AFP a una en que se usen al máximo los nuevos cupos de inversión en infraestructura que permite la ley. Lo destacable es que el país ha dado un paso importante que, al eliminar una barrera a la inversión, permite mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

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La nueva ruta de la seda

Los trenes están de moda, nuevamente. Como cuando permitieron la conquista del lejano Oeste. Esta semana el Presidente chino Xi Jinping reunió a 27 Jefes de Estado, incluyendo a nuestra Presidenta, para anunciar el programa de infraestructura más ambicioso de la historia: 900 mil millones de dólares para construir una nueva ruta de la seda, que incluye trenes de alta velocidad, puertos y carreteras. Cada año invertirá 150 mil millones de dólares, casi tres veces nuestro presupuesto total de la nación.

A diferencia de Trump, quien está preocupado de construir muros, restricciones al libre comercio y de reducir el presupuesto de Amtrak, la empresa de ferrocarriles americana, China está construyendo puentes y vías de alta velocidad para integrarse más al mundo, vender sus productos, generar empleo y crecimiento económico.

Los trenes también han estado en el debate nacional, al punto que varios candidatos presidenciales lo han incluido dentro de sus prioridades. En Santiago, la demanda por buses ha caído un 30% en una década, mientras los tiempos de traslado, la evasión y el déficit aumentan año a año. Por ello ha surgido un consenso de hacer crecer al Metro y avanzar en trenes de cercanía.

Metro y trenes de cercanía son claves para reducir tiempos de traslado y evitar que la gente se suba al auto. La gente privilegia estos medios, porque cada día valora más la predictibilidad y el estar más tiempo con su familia o en el trabajo. Los corredores de buses también ayudan, pero sólo marginalmente, especialmente si se construyen sobre Líneas de Metro y se deja que los taxis también los saturen, como ocurre en Santiago.

Pero proponer más Metro y trenes en Chile no quiere decir que tengamos que formar una nueva ideología ferroviaria, o un partido político de los “tren adictos”. Nada de eso. Hay que estar conscientes que los trenes son rentables privadamente sólo para transportar carga. Los trenes de pasajeros, salvo trayectos muy masivos, tienden a ser deficitarios.

Si el Estado va a poner recursos para un proyecto ferroviario, debemos tener claras las razones, pues además de la inversión, de seguro también habrá que subsidiar a sus usuarios en el futuro. Por ello, cabe preguntarse, ¿tendrá sentido o mucha demanda una línea de tren entre Santiago y Arica, por ejemplo, si es que demoraría varias horas más que un viaje en bus, o costaría un poco más barato, solamente, que un viaje en avión? ¿Hay alguna razón por la que todos los chilenos debamos pagar parcialmente el viaje de quien prefiera viajar en tren, en vez de hacerlo en bus?

Chile tiene que invertir más en trenes, no cabe duda, al igual que muchos países desarrollados. Pero eso no significa hacerlo indiscriminadamente, sino sólo en proyectos que tengan una clara justificación, y esa es, básicamente, reducir la congestión y la contaminación de las grandes ciudades.

Por eso, no copiemos por copiar. Cristina Kirchner prometió un “tren bala”. Nunca estuvo claro desde dónde, ni hasta dónde. No había estudios serios detrás. Sirvió para ganar algunos votos y varios dólares de empresas proveedoras que corrieron a apoyar la idea, plata que se perdió o que terminó en la cuenta del tristemente célebre Secretario de Transportes, ese que tiraba bolsas de billetes a un convento.

Chile necesita más trenes, de cercanía o entre grandes ciudades, y de carga. No “trenes bala” como los de Cristina.

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