Álvaro Bisama's Blog, page 165

Sernac, ¿mediador?

MÚLTIPLES DUDAS se han generado sobre la participación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en el llamado procedimiento de mediación colectiva en el caso de la colusión del papel tissue. Más allá de las desprolijidades con que este se llevó a cabo -producto de lo cual aún no está claro si se podrá concretar y cómo-, hay cuestiones de fondo que resultan preocupantes.

La primera dice relación con las atribuciones que este servicio tendría para impulsar un proceso de esta naturaleza. De hecho, la ley actual solo le permite actuar ante reclamaciones individuales de los consumidores y no en estas “mediaciones colectivas”, pese a lo cual en los últimos tiempos se han vuelto recurrentes. Como un reconocimiento de lo anterior, el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac expresamente se propone regular esta materia. Este mensaje ha tenido un tortuoso avance en el parlamento desde su presentación el año 2014, habiendo recientemente el Ejecutivo presentado una serie de indicaciones para destrabarlo, las más sustantivas referidas precisamente al procedimiento que nos preocupa.

Pero esas indicaciones -que sin duda mejoran el proyecto original- no logran salvar un problema aún más sustancial. El Sernac por definición es un órgano destinado a defender los derechos de los consumidores, atendiendo el carácter de parte más débil que estos tienen en las relaciones comerciales. En cambio, un mediador debe ser un ente completamente imparcial, no comprometido con ninguna de las partes, que facilita su entendimiento para que logren resolver sus conflictos. El proyecto de ley en actual tramitación agrega además nuevos roles al Sernac, como los de fiscalizador y sancionador, todos incompatibles con el de mediador.

En fin, hay buenas razones para creer que realmente el Sernac no actúa en estos casos como mediador, pues ni siquiera así lo hace en aquellos en que la ley le ha dado expresamente tales atribuciones. Es el caso de los ya mencionados reclamos individuales, donde en los hechos el Sernac se limita a transmitirlos al proveedor, sin ejecutar ninguno de los pasos o técnicas que definen la mediación.

En ese contexto, lo lógico habría sido sacar las mediaciones colectivas de la órbita del Sernac y acercarlas a los tribunales de justicia, dado que son estos quienes tienen la misión de resolver imparcialmente las disputas entre partes. Sin embargo, detrás de todo este proyecto de ley se puede observar una fuerte desconfianza hacia la justicia civil, que es lo que explica que se amplíen de tal manera las potestades de la administración, aunque las nuevas facultades resulten contradictorias entre sí. Es cierto que tal como funcionan hoy en día los tribunales civiles no resultan una alternativa eficaz para hacerse cargo de estos nuevos temas, pero lo que corresponde es no eludir esa situación y asumir derechamente la modernización de esa justicia, siguiendo, por ejemplo, el modelo de la justicia de familia, donde se ha logrado integrar adecuadamente la mediación, sin que haya sido necesario para ello darle competencias a un ente administrativo.

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Embarazo adolescente y muertes prematuras

Hace pocos días, se publicó un importante estudio longitudinal en 13.691 adolescentes de Finlandia (Eur J Public Health) que concibieron un embarazo entre 1987-1989, distinguiendo a las que tuvieron un aborto (n = 6.652), las que continuaron su embarazo (n = 7.039) y una población control (n = 40.012). El seguimiento de las causas de muerte abarcó 25 años.

Finlandia es líder de lo que se conoce como Evidence Based Public Health, un modelo europeo que se traduce en el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia científica disponible. Por ejemplo, estudios epidemiológicos mostraron tres veces mayor riesgo de suicidio en mujeres finlandesas que abortan respecto a las que continúan con su embarazo. Se implementaron guías de salud mental para reducir la tasas de suicidio postaborto (Scand J Public Health 2015;43:99-101). Aunque se logró reducir 43% en mujeres de 25 a 45 años, la tasa aumentó 30% en las adolescentes que abortaron.

El nuevo estudio confirmó que las mujeres que conciben un embarazo adolescente, comparadas con las que no lo hacen, exhiben mayor riesgo de muerte prematura por enfermedades circulatorias, causas asociadas al alcohol, accidentes, suicidio, heridas y envenenamiento. El riesgo de muerte fue mayor en los primeros 5 años y en el grupo de 15 a 19 años de edad.

Un hallazgo central fue que el abandono del sistema educativo sería uno de los mayores determinantes de muerte prematura por cualquier causa, excepto la causada por suicidio. En este caso, el estudio mostró que continuar el embarazo sería un factor protector, reduciendo 50% el riesgo de suicidio y 40% el riesgo de morir por heridas y envenenamiento. Las adolescentes finlandesas que abortaron, tuvieron mayor riesgo de morir por estas causas, aún cuando alcanzan un mayor nivel educacional. 

No está claro si el aborto actúa como una causa de suicidio en adolescentes, o si la asociación se debe a factores comunes para ambos desenlaces. Las adolescentes poseen un perfil de vulnerabilidad psicológica y socioeconómica ya determinado antes del embarazo. Además, aquellas que continúan la gestación, acceden a programas de apoyo, mientras las que abortan no.

Las principales conclusiones del estudio son tres. Primero, para disminuir muertes prematuras, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que las adolescentes permanezcan en el sistema educativo. Segundo, para disminuir las muertes por suicidios posteriores al aborto, es necesario brindar apoyo psicológico y social a las adolescentes que abortan. Tercero, la maternidad misma puede tener un efecto protector en adolescentes, reduciendo la conducta de riesgo.

Finalmente, en Chile la ley de aborto sigue su trámite. Las adolescentes que declaren un embarazo por violación podrán exigir se les practique un aborto si es su voluntad. Si son menores de 14 años sin consentimiento de los padres, deberá autorizarlo un juez. En el actual escenario, parece prudente considerar seriamente la evidencia científica del estudio finlandés.

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Una política industrial moderna para Chile

Los países que han logrado un crecimiento económico inclusivo, lo han hecho en base a una matriz exportadora diversificada, apoyada por políticas industriales por parte del Estado. Los casos de Corea del Sur, Taiwán e Irlanda, y más recientemente Malasia y Tailandia son algunos ejemplos de los cuales Chile puede aprender bastante. Todos estos países han logrado, en mayor o menor medida, construir una relación de confianza entre el Estado y el sector privado, donde ambos actores actúan coordinadamente en la detección y desarrollo de nuevos productos y sectores.

En Chile, al día de hoy, muchos economistas y políticos siguen frunciendo el ceño cuando se habla de “políticas industriales”. Probablemente, y con justa razón, se acuerdan de aquella fallida política industrial basada en la sustitución de importaciones. Era la década de los 50 y 60, época caracterizada por altas barreras arancelarias, un complicado sistema de tipos de cambios múltiples y un fuerte proteccionismo a industrias locales. En las décadas siguientes, fiel a nuestra idiosincrasia de extremos, transitamos hacia la vereda opuesta, demonizando cualquier intervención del Estado en materia económica. Este último modelo trajo consigo un notable crecimiento económico, a expensas, sin embargo, de una extremada dependencia de nuestro recurso natural más importante: el cobre.

La realidad económica y social del país nos ha demostrado que ninguno de estos dos extremos pareciera ser el camino para lograr una diversificación sostenible de nuestras exportaciones. La política industrial moderna -rebautizada en los últimos años como políticas de desarrollo productivo– nos puede brindar ciertas luces sobre el camino a seguir. Esta reconoce al sector privado como el principal motor de emprendimiento e innovación, pero le da al Estado un rol importante, particularmente en aquellas fallas de mercado que impiden el descubrimiento de nuevos sectores.

Paradójicamente, Chile no es ajeno a las políticas de desarrollo productivo, por lo que podemos aprender de nuestra propia historia. Dos de nuestros sectores exportadores más importantes, el forestal y la salmonicultura, se favorecieron enormemente por estas políticas. Primero, el subsidio al sector forestal (DL 701) permitió a los nuevos entrantes crecer y generar ventajas competitivas para competir en los mercados internacionales. Segundo, la inversión en I+D realizada por la Fundación Chile en la salmonicultura, transfiriendo el conocimiento productivo de Noruega, permitió que Chile sea hoy en día un exportador de salmón a nivel mundial.

Subsidios a ciertos sectores estratégicos con foco exportador, como lo fue en su momento el del sector forestal, pueden ser una buena herramienta, siempre y cuando sean transitorios y con cláusula de extinción claras; elementos que no estuvieron presentes en el caso forestal. Segundo, hay que fomentar las inversiones en I+D y entenderlas bajo el concepto de capital de riesgo. Instituciones público-privadas como Fundación Chile han cumplido un rol importante en esto, pero todavía necesitan recursos sustancialmente mayores.

Sin embargo, éstas o cualquier otra iniciativa de desarrollo productivo, nunca tendrán un impacto significativo, si no somos capaces de recobrar las confianzas como país. Es tiempo, que tanto empresarios como políticos, entiendan que el único camino hacia la diversificación de nuestras exportaciones, es aquel en que el Estado y empresas son aliados estratégicos, compartiendo una visión conjunta sobre el desarrollo del país. Como dice el dicho: Se necesitan dos para bailar tango.

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Marsellesa Socialista

SI PUDIERA expresar unas ideas en imágenes, tal vez mostraría primero una vela consumida, de esas en las que  cuelga una mecha lacia sobre una palmatoria; otra toma captaría una llanura seca. Luego la cámara enfocaría un galpón de reuniones, paredes de tablón, de las que cuelgan algunos panfletos y rostros de Marmaduke Grove, Salvador Allende, Clodomiro Almeyda. El foco se acercaría lentamente a un disco de vinilo en el que se distingue el nombre de Quilapayún. A su lado emergerá, en fondo rojo y nítido, la Marsellesa Socialista, y a la pasada, los apellidos de sus creadores, Pereira, Yáñez. Por último, con la música del himno a todo volumen, y en letras grandes, la pantalla electrizará a la audiencia: “Contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya. Salvación, realidad liberante, que ha fundido en crisol la verdad. 1939.”

Los antes respetuosos correligionarios socialistas, que compartieron jornadas en los farragosos tiempos de Allende, y que, tras su derrocamiento, sintieron el miedo y vivieron la clandestinidad; que pensaron el país repasando manifiestos altivos y filósofos profundos, dándoles sentido a sus vidas y a sus luchas, hoy, viejos y correteados, se lanzan palabras hirientes, enrostrándose cinismo y traición. Todo, a propósito de un dinero bien habido por el partido, originado en las expropiaciones del régimen militar e invertido  con rédito por sus administradores. Ellos fueron criticados duramente por quienes habían recibido debida cuenta de las inversiones.

Lo que se quiere plantear en esta columna es que entre los propios socialistas se ha creado un clima maledicente en un período político de extrema complejidad en el que, esté o no uno de acuerdo con ellos, serían deseables sus planteamientos de fondo para el mejor intercambio de ideas en aras del desarrollo y crecimiento del país.  

En este contexto, aparte del señalado episodio sobre las inversiones, se advierten otros tres motivos de reflexión. El primero es que, sin nunca saberse las razones verdaderas, retiraron su apoyo, en voto secreto, al expresidente  Lagos, en cuyo gobierno los socialistas florecieron. Una traición bíblica entre ateos.  Lo que quedó flotando, sin embargo, es que todo se debió a su ansiedad por mantenerse en el poder y en los cargos. Es bueno que sepan que esto se dice, aunque a estas alturas no sea reparable.

Luego, se sumaron con mansedumbre a la candidatura de Guillier. Cada día el candidato parece exigir de ellos más fuertemente dos condiciones indignas: lacayismo y silencio frente a la contingencia. El señor Guillier asume que el socialismo se doblegará ante sus actitudes y respuestas, aunque sean atemporales y vagas, en una palabra, aunque Guillier por ahora tenga la personalidad de John Gardiner en “Desde el jardín”.

Finalmente, el socialismo ha quedado casi vacío de intelectuales y pensadores. Las nuevas generaciones han migrado a otros grupos o facciones donde se han sentido acogidos y pueden expresarse sin reservas ni ataduras.

De este modo, es curioso el extraño tono que, siendo en su origen amenazante contra los opresores capitalistas, ahora parece volverse contra los propios fundadores cuando la vieja Marsellesa Socialista reclama: “Contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya.”  Más bien se ve como un adiós que un surgimiento.

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Conservación del patrimonio: sorpresa en el debate constituyente

La jornada consagrada al Día del Patrimonio partió en este siglo, cuando aún se podía cruzar el palacio de gobierno a pie y encontrarse con presidentes y ministros, retomando esa tradición republicana rota con el bombardeo a La Moneda y luego por el clima de desconfianza. Llevamos dieciocho encuentros de divulgación de nuestro patrimonio, gran oportunidad no solo para la difusión de nuestra identidad material e inmaterial, sino también para una reflexión sobre la idea de cultura que nos reúne como país y la forma en que ésta es recogida por instrumentos y cuerpos legales, entre ellos el más importante de todos: La Constitución, en cuyo proceso de discusión –debate aun en curso- el tema patrimonial emergió con sorpresa. La protección y conservación fue considerada prioritaria, un deber del Estado y una responsabilidad ciudadana.

Así es. En las diversas instancias de discusión generadas en torno al proceso constituyente -datos recogidos por instancias como el Informe de los Observadores Ciudadanos y el Informe del Comité de Sistematización ejecutado por el Centro de Argumentación de la UDP- se desprendió que el tema patrimonial ocupa los primeros lugares entre los intereses ciudadanos: fue cuarta prioridad en los encuentros locales auto convocados; quinta durante los cabildos provinciales y tercera en los cabildos regionales. Esto no debería extrañar. Desde hace dos décadas la protección del patrimonio representa para muchos la única herramienta eficaz para enfrentar las amenazas de una era global y un mercado salvaje que muchas veces parece correr con ventaja. Este evidente desequilibrio entre crecimiento y desarrollo ha convertido a la Ley de Monumentos y a la declaratoria de Monumento Nacional, en el dique de contención frente a la hostilidad que representa la industria inmobiliaria y los grandes proyectos de infraestructura en comunidades y territorios.

Hoy proliferan las declaraciones de protección patrimonial a través de un instrumento que además contempla un mecanismo de consulta ciudadana o iniciativa popular, que le arroga a cualquier chileno la facultad de proponer la protección por ley de un bien cultural, arqueológico, inmueble, mueble o intangible. Por eso no debería sorprender que una parte de la sociedad se haya atrincherado en este reducto para proteger modos de vida y convivencia, aspectos paisajísticos y pintorescos de nuestros territorios, costumbres y cultura. ¿Pero de qué patrimonio estamos hablando?  El espacio que el tema ocupó en la discusión constitucional -y su asociación con la identidad- plantea un evidente desafío para el próximo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, quien tendrá que resolver sobre qué paradigma cultural y patrimonial se alienta el diseño de nuestro sistema de conocimiento, selección, gestión y preservación, así como una futura y necesaria política nacional en torno a estos temas. Que el diseño institucional logre equilibrar facultades, recursos y coordinación entre la nueva entidad y las ya existentes de manera apropiada, es clave para asegurar un sistema de conservación a la altura de las expectativas de los chilenos.

Un dato para tener en cuenta: entre los resultados de las consultas realizadas hasta ahora -interesante es la hecha por internet donde los jóvenes aparecieron entre quienes más relevancia otorgan a la preservación del patrimonio-, los ciudadanos plantearon como prioritaria la necesidad de preservar la historia y el valor de la memoria; los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios; el reconocimiento del patrimonio desde su naturaleza material e inmaterial; y sobre todo, el hecho de que este es un deber y una responsabilidad compartida -consagrada constitucionalmente- entre Estado y sociedad, individuos y comunidades; entre el país y sus territorios diversos. El Día del Patrimonio se ha convertido en un mecanismo esencial y efectivo para celebrar la cultura que nos es común, los hitos materiales, tradiciones, modos de vida pasados y proyección futura que constituyen nuestra identidad. De ahí la grata sorpresa de que su conservación emergiera con fuerza en el debate constitucional.

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Las UTI y recambio de directores

Llama la atención que cuando alguien deja el directorio de una empresa, junto con abandonar un espacio que suele forjar cercanías afectivas con quienes fueron sus pares, las experiencias y los conocimientos acumulados en esas labores no son debidamente aprovechados por el director que lo reemplaza. Sorprende, además, el desinterés por conocer el acervo de trayectorias corporativas que ayudan a tener visiones más cercanas de la empresa y sus desafíos.

Un nuevo gerente tarda en promedio dos años en conocer la empresa y agregarle valor. Para un nuevo director, cuya interacción con la empresa es más esporádica, tal período es de cuatro años. La costumbre imperante en Chile indica que un director permanece cinco años en el cargo, lapso que es de nueve en los países desarrollados. En nuestro país, las AFP los circunscriben a dos períodos de tres años como tope, lo que induce a una fuga de conocimientos que menoscaban valor en áreas muy sensibles de la economía. Esta rotación es aún mayor entre directores profesionales o independientes que en aquellos que representan al controlador, situación que acentúa la asimetría de información entre unos y otros.

La gestión del conocimiento es un tema crítico en la administración de las empresas modernas. El know how -saber que radica en las personas y éstas, por naturaleza, son perecederas- es un componente insustituible para generar valor en toda empresa. Sin embargo, esta evidencia no ha sido juiciosamente valorada ni menos resuelta en los ámbitos corporativos de la gestión de empresas.

¿Cómo minimizar los efectos negativos que subyacen en la transferencia de cargos corporativos de las organizaciones? La “medicina crítica” que se aplica en las Unidades de Tratamientos Intensivos de clínicas y hospitales (UTI), sirve como analogía para intentar una respuesta.

El término “apropiación cruzada” acuñado por el ingeniero y ex político Fernando Flores, consiste en la transferencia de prácticas entre industrias adyacentes o claramente distintas, procurando habilidades en otros dominios. Aplicado a las UTI, es el traspaso de información y de conocimiento que realiza el personal que termina un turno con el personal que se incorpora. Como a estas unidades concurren los enfermos más graves, incluso con patologías terminales, los equipos multidisciplinarios a cargo son altamente capacitados, coordinados entre sí, e idóneos para resolver apremios con eficiencia y prontitud. Deben estar profesionalmente calificados, además, para anticipar escenarios posibles, previendo contingencias que pudiesen agravar el estado crítico del paciente.

Evidencia científica documentada demuestra que un 80% de los errores médicos ocurridos en las UTI, con secuelas de agravamiento o muerte del enfermo, obedecen a un mal traspaso de información en los cambios de turnos del personal médico tratante. Por ello, mientras mayor sea la calidad en la “entrega del paciente”, menores serán los riesgos de una terapia mal comunicada u otras complicaciones clínicas posibles de prever. La prolijidad de un buen cambio de turno exige, al menos, la comunicación pormenorizada de antecedentes previos al ingreso del paciente, motivos del ingreso, diagnósticos operativos, manejo realizado, estatus actual del enfermo, terapia en curso, estrategias del día y de mediano plazo, todo lo cual puede reportarse en formato escrito o verbal, según lo determinen las normas generales o la regulación interna de cada institución hospitalaria.

Varios modelos clínicos estandarizan la entrega y recepción de pacientes en las áreas críticas de tratamiento. Estos modelos podrían adaptarse en los directorios para la transferencia acuciosa de información relacionada con variables estratégicas, corporativas, financieras, comerciales, operativas, de compliance y especialmente relativas a personas estratégicas, entre directores que salen y los que llegan, todo ello encaminado  a  preservar el conocimiento de valor empresarial  acumulado. Al traspasarse el testimonio -como en el cambio de turno de las UTI- el director entrante aquilatará la experiencia, conocimientos y juicios de su antecesor.

El recambio de directores no debe transformarse en simple relevo de nombres sin otra relevancia que la subrogación de un cargo. La experiencia clínica de las UTI es un referente que enseña un camino a seguir. 

 

 

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¿Se derrumba Guillier?

Los problemas e indefiniciones del candidato Guillier en los últimos días han generado en las redacciones de los diarios, los cafés donde van los actores políticos, la sensación de que su candidatura pudiera derrumbarse. Las maneras podrían ser muchas, según los distintos rumores que corrieron, desde que no se pueden juntar las firmas por agotamiento de los partidos, el propio cansancio del candidato, que explicaría la agresión a una periodista por una pregunta legítima, hasta que el propio senador, siguiendo su tradición de incerteza en sus actos, ante la baja sostenida en las encuestas decide irse para la casa. Recogiendo esa serie de estados de ánimo, el ex ministro y analista político José Joaquín Brunner sentenció que su opción presidencial estaba en una espiral de terminación.

Los propios yerros del candidato, como su reciente particular definición del terrorismo, y el hecho de que todas las semanas en la encuesta Cadem pierde presencia, y que la diferencia con Beatriz Sánchez se acerca peligrosamente al error estadístico, hacen también pensar a primera lectura que Brunner tiene razón y el fenómeno Guillier se está apagando.

La verdad es que esa tesis no se puede sostener. Guillier tiene una gran fortaleza con el apoyo de cuatro partidos políticos con tradición y presencia electoral. Para ellos, la retirada del senador sería una tragedia mayor en sus resultados parlamentarios, y por ello se han tragado las humillaciones y sacado lo mejor de su musculatura para reunir las firmas y sostener la candidatura. Y dada su fuerza, en especial su capacidad de movilización probada en el reciente proceso de refichaje, es iluso pensar que no podrán reunir las firmas. Si se considera sumada la fuerza electoral de socialistas, pepedés, radicales y comunistas se llegan a números impresionantes:  en total poseen en total 42 diputados en la Cámara y 12 senadores (sin contar con el propio Guillier, pues respetando sus palabras habría que contarlo como independiente y alejado de los partidos). Poseen presencia parlamentaria en todas las regiones, con la excepción de las de Aysén y Magallanes. En la última elección municipal, donde los resultados no estuvieron entre los mejores de su historia, los cuatro partidos sumaron 32,3% en la votación de concejales. Dichos partidos en los últimos 25 años han tenido tres veces la Presidencia de la República, y sumando todos los gobiernos, superan los 50 los militantes que han sido ministros de Estado, incluyendo los 11 de esta administración.

Dicho en simple, a Guillier lo sostienen fuerzas que representan un tercio del electorado y que han sido el alma de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Si se miran las encuestas es probable que muchos de sus adherentes estén mirando hoy con más atención el Frente Amplio y alguno que otro a la candidata de la DC. No es casualidad que en ambas fuerzas políticas hay quienes buscan, de distinta manera, replicar el fenómeno Bachelet del 2013. El propio candidato, si mira con atención estos números, tiene una gran oportunidad de superar la crisis que atraviesa. Podría hacer un giro en su campaña, olvidarse de una vez por toda de su letanía de “independiente”, construir cercanía y confianza con los cuatro partidos políticos que lo apoyan y aspirar a que su apoyo en las encuestas se acerque al tercio que representan. La estrategia de llanero solitario que reniega de los vaqueros ya demostró su fracaso.

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Uber, taxis y estancamiento económico

El promedio de crecimiento OCDE del primer trimestre fue de 0,4%. El de Chile 0,1%. Conjuntamente, los países latinoamericanos mejoraron sus expectativas de desarrollo o las mantienen a excepción de Chile que disminuyó en sus proyecciones económicas desde un 2,0% a 1,7% para este año.

El Gasto Fiscal aumenta y su aporte al crecimiento es marginal. La reforma tributaria es un desastre de proporciones que nos dejó sin la posibilidad de debatir impuestos sin generar pánico y peor, con la necesidad de volver a discutir sobre tributos -en un futuro cercano-

El Banco Central intenta hacer lo suyo con una actual baja tasa de interés que implica que las progresivas reducciones de interés sólo tengan efectos marginales en el crecimiento.

El escenario internacional es favorable, pero nos hemos quedado sin políticas económicas para salir del estancamiento. Nuestra única opción es apelar a la competencia y la eficiencia de los mercados. Mercados dormidos debido a exceso de leyes y normas que favorece posiciones dominantes y rentas monopólicas producto del “ideologismo” político-legislativo reinante (que regula a favor de las empresas).

La regulación creó el Cartel de Taxistas y el Estado se benefició de los impuestos adyacentes a costa de usuarios que pagan más por un servicio de menor calidad que las ofertas de Uber y similares. La expansión de Uber encuentra su raíz en la preferencia de los usuarios, de la demanda, pero el Estado preferirá resguardar al Cartel de Taxis.

Uber y similares representan la libre competencia que nace de una oferta emprendedora compuesta principalmente por jóvenes y mujeres que son marginados del mercado laboral y que en los mismos rangos de ingresos -que Uber- quedarían atrapados en horarios y condiciones laborales lapidarias; si es que encuentran trabajo, cada vez más escaso.

La preferencia de los usuarios se basa en la transparencia de tarifas y calificación que dan por el servicio. El Estado se beneficia del impuesto específico a los combustibles que los Uberconductores sí pagan, más los impuestos como el IVA y otros que retornan a la economía tras el consumo o gasto familiar que se logran gracias a los ingresos obtenidos; ganan los usuarios, los emprendedores y el Estado.

Los taxis, en contrapartida, representan la defensa corporativa y un comportamiento monopólico que logra obtener el máximo beneficio -para ellos- con el menor esfuerzo gracias a la restricción de entrada de competencia.

Quizás esté siendo injusto con el rubro de Taxis al incluir “justos por pecadores”. Sólo expongo un caso de defensa legislativa-regulatoria a un sector específico que genera mercados ineficientes de bajos salarios y con servicios que en precio y calidad que son superados por la evidencia.

Cómo se aborde la pugna Uber-taxis explicará nuestra capacidad de salir del estancamiento económico preso de rentas monopólicas, creadas por ley, que afectan a las industrias de pensiones, salud, transporte… elija usted.

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Latinoamérica y la participación ciudadana en materia medioambiental

Global Witness, organización estadounidense que visibiliza el conflicto entre medioambiente, corrupción y violencia, reveló que solo en el 2014 al menos 116 defensores del medio ambiente murieron asesinados y Latinoamérica lideró en estas cifras. Asimismo, que un 40 por ciento de estas víctimas pertenecía a alguna etnia indígena. Por su parte, el Atlas de Justicia Ambiental, enumeró en 2.089 los casos de conflicto alrededor del mundo en respuesta a la construcción de proyectos mineros, petroleros o gasíferos.

Los números hablan por sí solos. Estamos en un escenario regional donde a los Estados se les ha hecho cuesta arriba, por falta de voluntad política, presiones o por un sentido de demanda muy reciente en las poblaciones latinoamericanas, el conciliar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos de las comunidades que serán afectadas por grandes proyectos de inversión.

Recordemos que el año pasado el Instituto de Derechos Humanos presentó un mapa que, hasta julio de 2015, levantó más de 100 conflictos socioambientales en nuestro territorio nacional. Específicamente de controversias que enfrentan a distintos sectores de la sociedad y en los que hay potencial afectación de los derechos humanos, producto de la explotación de recursos naturales.

Existe un diagnóstico compartido por varios sectores sobre esta situación que, si bien es complejo, se podría resumir en que los procesos de toma de decisiones sobre asuntos medioambientales carecen de mecanismos efectivos de información y de participación ciudadana y de ahí la relevancia que tienen las negociaciones que están llevando a cabo 23 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile.

Cumpliendo con el “Principio 10” de la Declaración de Río, los países se han sentado a la mesa por casi tres años para establecer disposiciones que mejoren el estándar en cuanto al ejercicio de información, de participación y del acceso a la justicia de la ciudadanía en asuntos medioambientales. En otras palabras, ver alternativas para generar instancias que permitan a las comunidades informarse, manifestar sus preocupaciones, sus dudas y sostener un diálogo sustantivo con los Gobiernos y los inversionistas de los proyectos y, de esta forma, involucrar en la decisión a un actor tradicionalmente postergado.

Este cambio es de largo aliento pero debe partir por la disposición de los países a tener leyes con obligaciones más robustas en la materia, que se traduzcan en mecanismos de participación transparentes que den certeza a los diversos actores que participan.

El esfuerzo que se ha hecho hasta el momento en esta dirección ha sido tibio. Si bien la mayoría de los países promueven e incluso garantizan en sus legislaciones el acceso a la información de carácter público, lo hacen con distintos niveles de obligaciones. Sólo 3 de 10 establecen concretamente períodos de tiempo para la entrega de información; exigen el uso de medios de comunicación acordes a las comunidades y una difusión clara y entendible. En la misma línea, sólo 4 países someten a consulta pública presencial todos los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile no es uno de esos cuatro.

Por eso, la participación de nuestro Estado en esta negociación es una buena señal. No sólo demuestra la voluntad para que la ciudadanía tenga mayor injerencia en las decisiones que afectarán su territorio, sino que además Chile le ha dado peso político y viabilidad al proceso.

 

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¿Cómo se desmantela una superpotencia?

Una de las sorpresas que los historiadores estudiarán durante muchos años es la decisión de Estados Unidos de renunciar a su liderazgo mundial. Más aún, tendrán que explicar por qué lo hizo unilateralmente y sin que nadie le arrebatara el inmenso poder que acumuló durante el siglo pasado.

Esta abdicación no fue el resultado de una decisión específica, sino de un complejo y largo proceso. Y si bien la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aceleró las cosas, la cesión de poder ya venía dándose.

La fragmentación política interna de Estados Unidos y su dificultad para tomar decisiones fundamentales tienen mucho que ver con el declive de su influencia. En 2015, Larry Summers, ex secretario del Tesoro de EE.UU., alertaba de que la rigidez ideológica, y la consecuente incapacidad para forjar consensos, debilitaba el papel de su país en el mundo. Según Summers: “Mientras uno de nuestros dos partidos políticos siga oponiéndose siempre a los tratados comerciales con otros países y el otro partido se resista a financiar a los organismos internacionales, EE.UU. no estará en posición de moldear el sistema económico mundial”. Cuando Summers dijo esto, el ejemplo que ilustraba los daños que se autoinfligía Estados Unidos era la renuencia de su Congreso a aprobar reformas destinadas a fortalecer instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Organizaciones como esa, o como el Banco Mundial, forman parte importante de un orden mundial que beneficia a EE.UU. Por lo tanto, su fortaleza y relevancia deberían ser una prioridad para Washington. Sorprendentemente, esto no es así.

En el caso del FMI, 188 de sus 189 países miembros aprobaron las reformas. EE.UU. no lo hizo y, sin su voto, no se podían llevar a la práctica. Después de esperar cinco años a que el Congreso estadounidense actuara, el gobierno de China decidió crear un nuevo organismo financiero internacional en el cual Washington no tendría influencia. Así, hoy existe el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), del cual son miembros 57 países y en el que están a punto de integrarse otras 25 naciones, incluyendo Canadá e Irlanda.

Otro ejemplo reciente de la cesión unilateral de poder fue la decisión de Trump de sacar a EE.UU. del TPP. El TPP no incluye a China y el propósito de Barack Obama al proponerlo fue el de crear un organismo permanente para fomentar la integración de EE.UU. con sus aliados en Asia. Naturalmente, un acuerdo de este tipo también aspiraba a servir de contrapeso a la creciente influencia de China.

Una de las primeras decisiones que tomó Trump como Presidente fue la de retirar a EE.UU. del PP. China reaccionó de inmediato y se activó para aprovechar el inusitado regalo. Beijing inició contactos al más alto nivel con los 11 otros países miembros del TPP para proponerles un atractivo acuerdo comercial.

Pero para Xi Jinping, el presidente chino, este acuerdo comercial no era suficiente y decidió impulsar una iniciativa que había propuesto en el 2013: la nueva ruta de la seda.

Xi convocó a 64 países a unirse a un enorme proyecto de construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, que unirían a China con Asia, el Medio Oriente, África, Europa y hasta con países latinoamericanos como Argentina y Chile.

El comercio internacional no es el único ámbito en el que Washington está perdiendo liderazgo e influencia. La lucha contra el calentamiento global y la proliferación nuclear, la ayuda al desarrollo y el control de pandemias globales, la intervención para contener las crisis financieras, la regulación de Internet, la gestión de la actividad humana en los océanos, el aire, el espacio, el Ártico y la Antártida son solo algunas de las áreas.

¿Quién llenará estos vacíos de poder? La respuesta a esta pregunta definirá el nuevo orden mundial.

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