Álvaro Bisama's Blog, page 164

Modernización mentirosa de la Cancillería

EL PROYECTO de ley sustitutivo (otro proyecto “duerme” en el Congreso desde 2008) para la Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido objeto de serios reparos de parte de sectores especializados y de los propios interesados.

Modernizar la Cancillería significa reformar su estructura, porque su Estatuto Orgánico data de 1978 y su Estatuto del Personal del año siguiente (1979). Un ejemplo es la red de embajadas en el exterior, diseñada de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de turno, pero sin el imprescindible estudio conforme a los intereses nacionales. Las misiones diplomáticas chilenas son demasiadas y la falta de recursos hace que su labor sea meramente de representación. No disponen de programas culturales, no realizan actividades comerciales, y la promoción de la imagen nacional, captación de inversiones, innovación, y transferencia de tecnologías son inexistentes.

Es urgente una institucionalidad que le dé continuidad a la política exterior y, como en todo país desarrollado, un servicio diplomático de corte profesional. El Servicio Exterior debe ser el soporte de los gobiernos de turno, nunca así su “caja pagadora” ni su objeto de manipulación.

El proyecto sustitutivo implicaría:

-Aumentar la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, politizando la Cancillería (el partido político prima sobre la meritocracia).

-Con excepción de la Dirección de Protocolo, que se encarga a un funcionario del Servicio Exterior, los restantes directores de la Cancillería serían de la exclusiva confianza presidencial (nombramientos que no provienen de la carrera diplomática). Ello habla de la pobre imagen que tienen los operadores políticos (autores del proyecto) del diplomático como un funcionario fundamentalmente de protocolo.

-Incrementa de manera considerable y sin fundamento el número de agregados (de 33 a 48).

-Por sus atribuciones, ampliación de planta, estatuto independiente, y porque subroga a la Subsecretaría de RR.EE., la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales constituye una suerte de ministerio paralelo, un organismo independiente del eje diplomático central de la Cancillería.

-Crea bajo la dependencia directa del ministro ciertas unidades que, más allá de abultar el organigrama, aumentar el número de cargos de exclusiva confianza de la autoridad, e incrementar el presupuesto, no tienen una justificación evidente. Este ejercicio se repite con las nueve direcciones generales bajo la Subsecretaría de RR.EE. y dos bajo la Subsecretaría Económica. Todas ellas con rango de embajador.

En fin, no hay una reforma integral, porque no se aborda en plenitud el problema de la profesionalización de la Cancillería. Ni siquiera se han atendido las demandas del propio servicio: (a) Terminar la carrera diplomática en el cargo de Embajador; (b) limitar los nombramientos de embajadores políticos (cuota mínima excepcional; (c) todos los directores de RR.EE. deben ser funcionarios de carrera y no solo protocolo; (d) reducir el número de agregados a los propiamente comerciales (Direcon), o bien, a determinados profesionales especializados; y (e) no aceptar la creación de la Unidad de Asesoría Especializada para la Defensa de los Intereses de Chile, porque esa es la función propia de las direcciones pertinentes de la Cancillería. Esa instancia está conformada por abogados sin el adecuado y necesario respaldo diplomático. El proyecto presentado por el canciller Muñoz solo contiene cambios cosméticos, que encubren una profunda politización (desprofesionalización) del Servicio Exterior.

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Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir

DURANTE ESTE mes se entregó la Sistematización del Proceso Participativo Constituyente Indígena. Dicho documento reúne los aportes de los ocho pueblos indígenas presentes en Chile y su  sistematización se realizó bajo derechos que son reconocidos internacionalmente, o sea, no hay invenciones extremistas, sino decantado de experiencia internacional. Más aún, el documento presenta la mayor participación de personas pertenecientes a pueblos indígenas que alguna vez se haya realizado en el país.

El proceso que dio origen a este documento fue impugnado por los grupos más movilizados, los llamados “extremistas” del Movimiento Mapuche, quienes finalmente se restaron del proceso. Por tanto, lo que nos muestra este documento son las deliberaciones de los pueblos indígenas  que dentro del marco institucional democrático y con espíritu cívico acogieron el llamado a construir una nueva carta constitucional, los “buenos indígenas” como a ciertos sectores les gusta distinguir. Para su tranquilidad no hay extremistas, irracionales ni terroristas.

Lo anterior es importante, pues un argumento común para invalidar las demandas del Pueblo Mapuche, especialmente respecto a reconocimiento constitucional, autonomía/autodeterminación y territorialidad, ha sido la tesis que tales demandas no corresponden más que a un grupo minoritario extremista del Movimiento Mapuche, pero que en ningún caso representa el sentir del pueblo mapuche. Así, una salida al conflicto es sentarse a la mesa con los “mapuche buenos” y “civilizados” aislando el factor “extremista” con sus peticiones “irracionales”.

¿Y qué nos encontramos en el informe? Las mismas demandas por derecho que han sido adjudicadas a los mapuche “extremistas”. A saber: reconocimiento constitucional, estado plurinacional, autonomía/autodeterminación y territorialidad entre otros. Al parecer, las demandas mapuches no son un sueño guerrillero, sino que una convicción decantada en la base amplia. Más todavía, ya no son demandas solo del pueblo mapuche sino también de los otros siete pueblos indígenas que existen en Chile, y que están aún más invisibilizados que los mapuche.

Ante esta realidad, surgen algunas preguntas: ¿por qué casi nada de lo que aquí aparece con fuerza (plurinacionalidad, autonomía/autodeterminación y territorialidad) no existe en el informe de la comisión asesora de la presidencia para La Araucanía? ¿Será posible que finalmente el Estado chileno y sus gobiernos se atrevan a abordar políticamente estas temáticas con todos los actores? La incapacidad del Estado de acoger políticamente las demandas expresadas en la consulta de Imperial en 1989, que dio pie a nuestra actual y pobre ley indígena, tiene directa relación con que parte del Movimiento Mapuche tomara el camino de la violencia política. Hoy después de conocer las demandas de todos los pueblos indígenas del país, en la instancia de mayor participación histórica y sin participación de grupos “extremistas”, ¿qué hará el Estado chileno y sus gobiernos? Esperamos que no postergue por décadas, como los 18 que tardó en aprobar la aplicación del 169 de la OIT y los 27 años en que aún no ha cumplido con el reconocimiento constitucional, pues los territorios y su gente anhelan la paz que sabemos solo llegará con la justicia.

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Gobernabilidad

UNO DE los cambios más evidentes que están ocurriendo en nuestra sociedad es la creciente dificultad para gobernarla, ello obedece a diversos factores: la fragmentación del sistema político, la pérdida de un proyecto compartido que puso fin a lo que fue el pacto social cristiano social demócrata, y el enorme cambio en la estructura socioeconómica que hemos experimentado en las últimas tres décadas. Este último punto amerita una reflexión, porque probablemente será el más incidente en las condiciones futuras de gobernabilidad.

Si uno quisiera hacer una suerte de asociación nemotécnica podría decir que a cada uno de los tres grandes grupos socioeconómicos se asocia un concepto que empieza con la letra E. La clase alta aspira a la Estabilidad; la media, tiene Expectativas; y los sectores más pobres, Esperanza. Cada uno se comporta de una manera diferente en función de estas aproximaciones.

La clase alta, por definición, anhela y defiende la estabilidad. ¿Por qué buscaría cambiar el orden social que lo ubica en la parte alta de la pirámide social? Siempre debe esperarse de ellos una actitud refractaria a los cambios.

Los pobres, por su parte, enfrentan necesidades vitales, la subsistencia es un desafío diario y ven muy lejana la posibilidad de salir de la situación en que se encuentran. Demasiadas promesas han escuchado y demasiadas decepciones han sufrido. El punto es que las esperanzas incumplidas llevan a una desilusión que, por regla general, conduce a una resignación tan fatal como inevitable. La esperanza es la ilusión quimérica de un cambio que se sabe improbable.

Pero las expectativas de la clase media son anhelos reales y concretos: mejorar su remuneración, salir de vacaciones, cambiar el auto. Responden al estado de ánimo de personas que han experimentado el progreso, lo conocen, saben que es posible, han abandonado las quimeras, para plantearse metas específicas. Cuando esas expectativas no se cumplen, las personas caen en un estado de ánimo muy concreto y explosivo: la frustración.

Por ello es que el estancamiento económico, en un país de ingreso medio como el nuestro, provoca efectos políticos completamente diferentes de los que se producen en un país en que la clase predominante es la pobreza. En el Chile del siglo XX los largos períodos de estancamiento hacían que la inmensa mayoría, literalmente desilusionada, se volviera aún más dependiente del Estado y su burocracia. Ahora, en cambio, la frustración se canaliza con rechazo al sistema, con incredulidad en las instituciones, particularmente en las que están a cargo del gobierno.

Por ello es que resulta tan grave para la estabilidad social la pérdida del impulso que hacía crecer a nuestra economía, porque tenemos a la mitad del país -tal vez un poco más- anhelando seguir por la senda ascendente que conoció en las décadas pasadas. La movilidad social dejó de ser un fenómeno intergeneracional, para ser una realidad intrageneracional.

Chile vuelve a crecer, respondiendo a las expectativas de la mitad de sus habitantes, o la tarea de enfrentar su frustración será explosiva, constituyendo un terreno abonado y fértil para el populismo.

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La derecha confiada

UN OPTIMISMO exagerado recorre a la derecha. Parapetada en una densa red mediática de columnistas, paneles televisivos favorables y encuestas afines, semana a semana se va convenciendo de la inevitabilidad de su triunfo presidencial. Construye la realidad como le gustaría que fuera, luego la cree y termina habitando plácidamente en esa burbuja.

Prefiere mirar que en una encuesta Sánchez se acerca a Guillier que constatar que Piñera está hace rato estancado o que baja; o que los candidatos del centro y la izquierda suman más que su opción. Tampoco considerará algo demasiado relevante que una coalición progresista y joven gane el Colegio Médico derrotando a las listas gremiales y de derecha. Un decidor termómetro electoral en capas medias ilustradas de histórica significación política.

Esta derecha confiada tampoco reparará que, en un par de jornadas, la candidatura de Guillier ha alcanzado alrededor de veinte mil firmas, acercándose bastante rápido a su objetivo. En el ciudadano de a pie no parece haber ese rechazo ni desprecio -con cierto tinte clasista- que produce Guillier en la elite. En una población más bien mayor y en sectores populares no parece haber dificultades para recolectar las firmas requeridas.

Otro tanto se puede decir del Frente Amplio y de su probable candidata Beatriz Sánchez. Su opción ha ido creciendo, especialmente, entre los jóvenes, y en dinámicas y emergentes capas medias con motivaciones más posmateriales y de nuevos “estilos de vida”. Es cierto que la derecha promueve, sin pudor, al Frente Amplio, tal como lo hizo el Partido Popular en España con Podemos, hasta que este último creció y fue demasiado tarde. Se trataba de fastidiar al PSOE, pero el desarrollo de Podemos hizo que la rebelión ciudadana del 15-M (2011), aunque sea con siete años de atraso, llegara al PSOE, con el triunfo de Pedro Sánchez, lo que abre perspectivas de confluencia en la izquierda española.

Lo que caracteriza a una elite oligarquizada y endogámica como la chilena es que su capacidad de percibir las transformaciones sociales y culturales que se van produciendo por abajo es casi nula. Carece de sensores. Confunde de manera narcisista sus incertidumbres con las de la sociedad y subvalora la áspera experiencia cotidiana de las personas con el “modelo” y ese malestar subjetivo que se va produciendo. La batalla cultural del neoliberalismo -explica Owen Jones- no es impedir que ese malestar exista, sino que las personas lo atribuyan a un problema individual y no de la sociedad, que lo asocien a una solución personal y no colectiva.

La derecha desprecia a sus actuales adversarios. Se resiste a ver la debilidad estructural de su candidato. Piensa que sus contrincantes están poco preparados (lo que quizás sea cierto). Confía en que estos no serán capaces de sumar en segunda vuelta. Sus encuestas semanales confirman la inevitabilidad de su triunfo. Así lo han creído también las elites en diversas partes del mundo, hasta que un día se cuentan los votos y la realidad dice otra cosa.

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La Araucanía: llegar y llevar

Estamos en periodo de elecciones y todos tienen algo de qué hablar, como de costumbre de las propuestas para la Araucanía se hizo un circo y se convirtió en estrategia de izquierda repetir que nada es terrorismo y de la extrema derecha criminalizar. Beatriz Sánchez hace unas semanas prometía la Plurinacionalidad, pero para decepción de muchos en un programa de televisión no pudo ni explicar de que se trata la autonomía, en el otro extremo, el Diputado José Antonio Kast dejo entre ver sin ningún tapujo que tras la negativa a ser censada de la Comunidad Autónoma Temucuicui, podrían esconderse abusos de menores, en Santiago ocurrió exactamente lo mismo y ningún oportunista candidato dijo que las familias del conjunto habitacional Las Perdices de La Reina eran delincuentes, por el contrario, dijeron que se trataba de una protesta social.

El Conflicto en la Araucanía no es tan complejo ni difícil de resolver, la región no es Chiapas ni Bagdad, es un conflicto con dos aristas que nadie se atreve a resolver. Primero, está el asunto de las tierras. El gran hito de la política indígena australiana fue que reconocieron en el caso Mabo Nº 2 que los indígenas eran dueños de sus tierras desde antes que llegaran los europeos, ya no se trataba de entregar tierras como beneficio social, sino que restituir tierras porque el Estado había expropiado a los indígenas. Lo que los australianos recién reconocieron en 1992, Chile lo había reconocido en 1866, en la ley de 4 de diciembre que decía textualmente: “Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas… “debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propiedad particular”, es decir, los mapuche eran dueños de sus tierras y si el Estado quería fundar una ciudad, traer a colonos o rematar propiedades, primero debía comprársela a sus legítimos propietarios, a los mapuche, y fue justamente eso lo que no ocurrió.

La segunda arista del conflicto tiene que ver con nuestro contrato social, la zona que actualmente comprende la Araucanía nunca estuvo bajo el dominio español y Chile recién la incorporo por la fuerza a finales del siglo XIX, antes de eso, los mapuche ejercían su autodeterminación, una autonomía que fue reconocida por Chile en el Tratado de Tapihue de 1825 en donde se reconocen jurisdicciones distintas. Esa autonomía no fue obtenida por la fuerza, sino que, a través del diálogo, a través de los Koyang, tratados en donde se negociaban y determinaban las normas relaciones de convivencia, de libre comercio, de libre tránsito, de jurisdicción, incluso sobre auxilio en caso de guerras.

La autonomía que tanto revuelo causa hoy, no es más que la invitación al diálogo y negociación de nuestro contrato social para construir un país que nos incluya a todos y en donde cada ciudadano, sea chileno, sea mapuche, sea rapanui o aimara, pueda ser dueño de su propio destino y tomar las decisiones que le afecten en su vida. Lo raro no es la autonomía, no es la diversidad cultural, no son los Estados plurinacionales o federados, lo raro, lo anticuado son los Estados unitarios y homogéneos como Chile.

Políticos más sensatos han dicho públicamente que hay que separar las aguas, una cosa son las legítimas demandas del pueblo mapuche y otra muy distinta los hechos de violencia, esto es un tremendo paso, sin embargo, si solo nos quedamos en las palabras es mera demagogia. Todos sabemos lo que prometió la Presidenta Bachelet en 2013, hasta de estatutos de autonomías hablo. Si un candidato le promete el cielo y la tierra en materia indígena, es un charlatán o no entiende nada.

¿Qué hacemos entonces? Al menos tres cosas. Primero, el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, algo en que en campaña todos están de acuerdo, pero por esas artimañas de la vida nadie cumple después, el sólo reconocimiento no cambiara nada, pero es una prueba simbólica de que quieren que las cosas cambien a futuro. Lo segundo, es cambiar la política de tierras: pasar de la lógica del subsidio social ilimitado a la restitución por previa responsabilidad estatal. Lo tercero, y quizás lo más importante es institucionalizar al diálogo. Una propuesta interesante sería constituir un organismo público autónomo que represente a los pueblos indígenas y que les permita determinas las normas y políticas públicas que les afectan directamente a ellos, la clave está en que se permita la participación política efectiva de los indígenas, si sólo se limitara a aprobar o modificar las propuestas de otros, será lo mismo de siempre, el mismo cuento que en nada contribuye.

Con estas tres propuestas no vamos a evitar que en el futuro existan más focos de conflicto, cualquier que conozca la historia de la región sabe que en siglos no se ha podido conseguir algo como eso, pero de esta forma al menos vamos a institucionalizar al diálogo como mecanismo de resolución de controversias. Yo quiero una región más libre, más pacífica y prospera, pero eso no se logrará con estados de excepción ni con más policías, al contrario, de esa forma solo estallará.

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El consumo de tabaco como amenaza al desarrollo

El Día Mundial sin Tabaco tiene como tema este año “El tabaco como una amenaza al desarrollo”. Además de producir cerca de 16.000 muertes anuales y enormes costos sobre el sistema de salud, su consumo podría tener importantes implicaciones sobre el bienestar social y el crecimiento económico.

Según datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares, un 38% de los hogares tienen consumo positivo de tabaco, al que le destinan, en promedio, un 3,4% del presupuesto familiar. Parece poco, pero si utilizaran eso para salud, podrían aumentar sus gastos en salud en un 33%. Si lo gastaran en educación, podrían aumentar sus gastos en educación en un 17%.

Esto tiene al menos dos implicancias directas en términos de políticas públicas. La primera tiene que ver con el nivel de bienestar presente de los hogares. El desplazamiento de recursos de la salud al tabaco no sólo puede agravar el estado de salud de las personas fumadoras y sus familiares, sino que también disminuye los recursos que estos hogares aportan al cuidado de su salud, aumentando el peso que el resto de la sociedad debe realizar para aumentar los cuidados a la salud que demandan. Esto se agravaría considerando que los hogares que tienen gasto positivo en tabaco también son los que más gastan en bebidas alcohólicas, lo que amplifica las consecuencias negativas sobre la salud y el presupuesto familiar. Un verdadero círculo vicioso en el que las familias más pobres son especialmente vulnerables.

El segundo impacto tiene que ver con el bienestar futuro individual y social. La inversión en capital humano, del cual la educación y la salud son componentes fundamentales, es el motor del crecimiento en las economías modernas, e indispensable para el ansiado desarrollo. La sociedad realiza esfuerzos importantes en este sentido, al subsidiar salud y educación para un grupo significativo de la sociedad. Resulta incomprensible que parte de ese esfuerzo se vea disminuido por el consumo de una sustancia nociva.

Chile tiene la oportunidad de avanzar en la implementación de medidas para bajar el tabaquismo. Medidas como el empaquetado genérico, la eliminación de aditivos, prohibición de consumo en lugares públicos, etc. se encuentran en la nueva ley de tabaco, que se discute en la Cámara de Diputados. Estas medidas han sido implementadas exitosamente en otros países y tienen alta efectividad. Deben ser consideradas no sólo como herramientas sanitarias para combatir el uso de una sustancia que enferma y mata a 16.000 chilenos por año, sino también como instrumentos que tienen un efecto positivo sobre la inversión individual y social de capital humano y, por ende, en el crecimiento económico.

 

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favoritos y chaqueteros

“Dígalo despacito”. “Sea más prudente”. “No lo comente ya que puede suceder lo contrario”. “No se le ocurra mencionar esa frase, es mufa”. “No lo diga, con eso sólo logra estimular a los rivales”. “Vamos de a poco para que no se despierte el enemigo”. Años escuchando ese rosario. Se ha calcado por muchas generaciones y hoy vuelva a reverdecer. “Cuidado que están Alemania, Portugal y Rusia”. “Atención que está Camerún y son potentes”.

¿Tanto nos cuesta asumir el favoritismo que tiene esta selección? ¿Tan perverso es creer que Chile puede ser finalista? ¿Es un pecado sospechar que el actual campeón de América sea predilecto entre las otras potencias? Al que le irrite los oídos que se los tape y el que no lo quiera leer que salte a la otra línea, pero con todas sus letras Chile es favorito en la Copa Confederaciones.

Con esa aseveración no disminuyo el poderío de las otras selecciones ni tampoco las saco de competencia. Es más, ni siquiera las aislo de un posible título. Tengo un respeto absoluto por todos los oponentes pero una confianza ciega en lo que puede hacer nuestro bando. Cada plantel tiene desde el inicio las mismas opciones, sin embargo, los carteles que oscilan en sus cuellos son distintos. En este caso la proclama de nuestra selección es: favorita.

¿Qué lo respalda? Su pasado y su presente. Ha ganado las dos últimas copas disputadas y hoy está clasificando al Mundial. Éste es un grupo que se conoce. En su cuerpo tiene disputadas tres Clasificatorias, dos Mundiales adultos, tres Copas América y dos títulos. Se conocen de sobre manera y su método de jugar le puede empañar la celebración al más acicalado. Tiene tres pilares muy arraigados: fondo de juego, nivel individual y jerarquía. Sin arrogancia y muy apegado a la realidad observada por todos, no sólo por estos dos ojos que escriben, Chile, sosteniendo su nivel sobresaliente, puede derrotar a cualquier selección.

El que llega a Rusia tocando la cima es Alexis Sánchez. Terminó ovacionado en Inglaterra, pero en su tierra hay algunos que se mofan de él. Qué país más chaquetero en el que vivimos. A veces amargo, desaliñado y malintencionado. Alexis hizo un relato en inglés sobre su futuro y varios políglotas bañan twitter burlándose por su pronunciación. En vez de alabar su progreso,su atrevimiento y su evolución, varios expertos se quedaron con la escasez de fluidez. Muchos con suerte saben decir hello y escupen a un chileno que está paseando la bandera de tu patria en Europa. El jugar en el extranjero te inunda de cultura, te obliga a perfeccionarte en otra lengua y a mirar el mundo con una visión más amplia.

En el último lugar del mundo en vez de aplaudir al que crece, al que gana, algunos se cuelgan de sus pies para que caiga. Imperdonable que algunos personajes que, escondidos en un teclado, se burlan con tanta crueldad de uno de los cinco mejores delanteros del mundo. Así es parte de Chile. El chaqueteo, lamentablemente, sobrevive en la selva de los favoritos.

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Por qué cuestionar el uso de drones de vigilancia

¿Será posible que en el corto plazo nos movamos bajo un cielo tomado por drones que vigilan cada una de nuestras acciones en espacios públicos?

No hablamos de una película de ficción. Con la implementación, y la recién anunciada ampliación, de estos aparatos en la comuna de Las Condes nos encontramos en un momento crucial para definir cuál es la relación entre libertad, privacidad y vigilancia que queremos como habitantes de la ciudad.

¿Aceptaremos ser vigilados con medidas que no están reguladas por ley y que restan valor y predominancia al respeto de nuestros derechos fundamentales?

Si bien bajar los índices de delincuencia es un objetivo que preocupa al Estado y a los ciudadanos, en una democracia es imperativo que debatamos sobre el tema y que pongamos sobre la balanza el precio que estamos dispuestos a pagar por una, supuesta, mayor seguridad. Por eso Datos Protegidos, junto a Derechos Digitales, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Santiago para que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad del uso de drones como medio de vigilancia.

Frente a esta acción, el alcalde Joaquín Lavín ha señalado equivocadamente, generando confusión en la ciudadanía, que este asunto ya está regulado mediante el fallo sobre los globos de vigilancia. Pues los drones no son lo mismo que los globos, ya que los primeros tienen la particularidad de moverse libremente y, al mismo tiempo, de entregar una visión panorámica, siendo susceptible que violen la intimidad de espacios privados, balcones, terrazas o habitaciones de departamentos en altura.

Asimismo, tampoco es acertado decir que el Consejo para la Transparencia ha dictado normas al respecto, ya que éste ni siquiera tiene la competencia para regular la utilización de los drones para vigilancia.

Los costos sociales por nuevas políticas de prevención de delito, que se diseñan fuera del marco de la ley, no deben ser asumidos por ciudadanos inocentes. Lo esperable es que sea la policía la que reformule sus estrategias, perfeccione o incorpore nuevas tácticas de seguridad, pues cuenta con el entrenamiento y las facultades legales para ello, o bien que el municipio diseñe mecanismos de apoyo que sean armónicos a la convivencia de las personas con la comuna y que éstos incluyan procesos informativos, consultivos y participativos. De esa manera, hay una mayor legitimidad y no nos enfrentamos a una medida que no tiene directrices jurídicas sobre lo que se puede y no grabar; sobre el tratamiento, uso y destino de las imágenes recopiladas, y sobre la facultad que se otorga a funcionarios municipales de conocer nuestros hábitos, movimientos y aspectos íntimos.

Ahora es turno de la Corte de Santiago fallar conforme a derecho. Por tanto, declarar la ilegalidad de esta medida porque en Chile, lisa y llanamente, no existe regulación para ello. No hay ningún precedente claro de que grabar un delito con este medio ayude a su prevención ni tampoco bases legales que aseguren que sea factible utilizarlo como medio de prueba en un juicio.

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Chile, un país atractivo para los migrantes

La temática  asociada  a los migrantes dejó de  estar sólo en la esfera académica  o en los círculos  de extranjería. Esto, pues saltó al debate público y es comentario obligado entre  los ciudadanos comunes, debido a  que  cada  vez más se incrementa el número de migrantes llegados a Chile, al punto que  hoy representan el  2.3 % de la población del país. Y si bien los números son indicativos, en el fondo no logran develar las realidades que encierran. Efectivamente, nuestro país se ha convertido en un destino atractivo para ciudadanos provenientes de países latinoamericanos y no pocos de otros continentes, lo que también es novedoso, interesante y no menor.

Frente a esta realidad, la pregunta que  se hacen muchos por  estos días  es si Chile, está preparado para recibir a la población migrante. Y debemos  ser enfáticos: ciertamente no lo está por varias razones. Los chilenos desde siempre hemos sido un país “leguleyo”, es decir, apegado a las normas y, precisamente, la problemática que afecta  a los migrantes comienza por este ámbito que regula deberes  y derechos, puesto que no existe una normativa clara que se haga cargo de los migrantes que llegan al territorio nacional, fuera del control de papeles que hace policía internacional, cuando se hace un ingreso regular.

Saliendo del aeropuerto internacional o de otra puerta de entrada al territorio nacional comienzan las dificultades, siempre y cuando, el migrante no tenga previamente establecido contactos que le lleven a un domicilio temporal o permanente, o que tenga las conexiones de trabajo concertadas o establecidas. Es claro que un porcentaje, llega en estas circunstancias, pero la inmensa mayoría inicia una larga carrera de obstáculos, siendo el primero las condiciones de permanencia en el país quedando a merced de las múltiples situaciones de infortunio que acechan a los recién llegados.

En Chile como en todos los países del mundo receptores de migrantes, los principales desafíos a los que se ven expuestos son aquellos relacionados con la vivienda, el empleo y la salud.

En el caso particular de la vivienda hemos sido impactados por el incendio ocurrido hace unos días atrás que ha dejado al descubierto las condiciones precarias de las viviendas que ocupan. La prensa ha dirigido los dardos a los propietarios de esos cuchitriles en arriendo que, por cierto, sin normas  claras hacen su agosto a costa de estos necesitados. Pero el tema va más allá y tiene  su correlato con otra pregunta:  ¿qué hace el Estado o el parlamento para recibir a esta cantidad de individuos que arriban solos o en familia? Hasta ahora poco o nada.

En realidad, es la política pública la que ha fallado por no haber atendido a esta demanda con prontitud o, mejor dicho, con la oportunidad que  amerita. Por lo menos, desde el año 2008, han salido indicaciones señalando la necesidad de establecer las normas correspondientes: dos instructivos presidenciales (2008 y 2015) el proyecto de Ley Piñera (2013) y el actual proyecto de migraciones de la presidenta Bachelet, aún en estudio. Así,  con todo, la norma no de dicta y la situación que afecta  a los migrantes está llegando a un estado crítico.

Frente a los diversos y graves problemas que enfrentan diariamente los migrantes, han debido ser  los gobiernos comunales los  que busquen soluciones. Así, por ejemplo,   las Municipalidades de Quilicura, Independencia, Estación Central, entre otras, han debido tomar las medidas para hacer frente a demandas que -en no pocas oportunidades- sobrepasan sus capacidades. Sin embargo, las han enfrentado con el esfuerzo de los propios alcaldes, del personal que trabaja en ellas y, lo que es más crítico, con los escasos recursos que estos gobiernos locales disponen para tales efectos.

La prensa da cuenta de la indignación de las autoridades frente al arriendo y subarriendo de piezas en que familias constituidas o conformadas por tres, cuatro o más personas habitan en 3 metros cuadrados, donde en el mejor de los casos comparten un baño para sus necesidades básicas.

Los candidatos presidenciales han incorporado en su discurso el tema migratorio, declarando con alarma los efectos de tales movimientos de personas, asimismo los parlamentarios de diversas regiones levantan sus voces reconociendo el impacto que causan en las zonas más concurridas.

La academia, ha hecho su parte.  Cada vez se incrementa los investigadores de diversas disciplinas interesados en los estudios migratorios, cuyos resultados, fundados en evidencias irrefutables, dan cuenta de las características y comportamientos de estos nuevos habitantes que se reparten a través de todo el país con preferencia en el mundo urbano.

En definitiva, todos preocupados, pero la situación persiste y se agrava.

Si tanto nos impactan las noticias de incendios que arrasan con lo poco y nada que tienen estos migrantes, y si desde todas las voces autorizadas se hace presente y urgente impulsar la aprobación de una Ley Migratoria, es hora de legislar. Estas disposiciones legales, además de controlar los ingresos y las salidas, deben normar acerca de la estancia temporal y definitiva de quienes eligen a este país para desarrollar sus oficios o profesiones e instalar a sus grupos familiares. Está  claro que  sólo resta la voluntad política de hacer y ser un “país de migración”

Requerimos con urgencia que Chile se transforme en un país de acogida; ello porque  además, ante las perspectivas de envejecimiento de nuestra población, estos migrantes serán cada vez más necesarios para lograr el balance de población que el país requerirá en los años venideros.

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Rebaja de impuestos: ¿Para quién?

UNA DE  las propuestas de Sebastián Piñera es bajar las tasas de impuestos corporativos para converger a los niveles promedio de la OCDE, sin tener en cuenta que la mayoría de los países con los que se hace la comparación tienen un sistema clásico de tributación (desintegrado) a diferencia del nuestro.

Rodrigo Cerda y José Ignacio Llodrá señalan que la comparación es válida porque la inversión extranjera directa y el emprendimiento están afectados negativamente por los impuestos corporativos, y que tanto en el sistema clásico como en el nuestro, el único pago que recibe el Fisco mientras la empresa no reparta dividendos/utilidades corresponde al impuesto corporativo.

Pero, ¿es correcto comparar los sistemas con ese argumento? Financieramente, ¿qué inversionista extranjero o emprendedor evalúa un proyecto asumiendo que no retirará utilidades? ¿Qué dueño de empresa no quiere recibir flujos?

Salvo que tengamos una mezcla maravillosa entre un “gran” planificador tributario, un sistema como el FUT y normas antielusivas “laxas”, los proyectos de inversión se analizan considerando retiros de utilidades en la distribución de flujos.

Jurídicamente, en un sistema clásico la ley aplica a la empresa y al dueño un impuesto distinto, generalmente un impuesto corporativo y un impuesto a los dividendos.

En un sistema integrado, la empresa es considerada como un paso, “un conducto”, de la renta empresarial de los dueños (Sijbren Cnossen), siendo el impuesto corporativo un “anticipo” al impuesto del dueño, quien lo usa para pagar su impuesto personal (final). Por lo tanto, sistemas clásicos e integrados no son comparables.

La reforma tributaria mantuvo la integración pidiéndoles a los dueños de grandes empresas que contribuyan más. Les pidió un “anticipo” mayor (27%), dándoles la posibilidad de postergar parte de su tributación final, y les limitó el uso de ese anticipo contra el impuesto final al 65%. No limitó el uso del anticipo a inversionistas residentes en países con los cuales Chile tiene tratados para evitar la doble tributación (77,6% del PIB).

Para las Pymes estableció un sistema (renta atribuida y 14 Ter) en que el dueño de la empresa debe pagar su impuesto final en el mismo ejercicio en que la empresa hace el anticipo (25%). Cada dueño de empresa que declare en su impuesto global complementario (impuesto final) rentas inferiores a 105 millones de pesos aprox. tendrá derecho a pedir devolución de parte del anticipo que hizo la empresa (en el 14 Ter puede, incluso, eximirse del pago del anticipo). De lo contrario, pagará más porque el anticipo no alcanzará para cubrir su impuesto final.

Una reforma que cambió gran parte del sistema de tributación va a ser siempre perfectible.

Sin embargo, hablemos en serio y no comparemos opuestos. Digamos con claridad a quiénes queremos bajar los impuestos y cómo vamos a compensar la menor recaudación si es que queremos continuar financiando bienes públicos con responsabilidad y equidad.

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