Álvaro Bisama's Blog, page 163

Se viaja para ganar

Hay dos cosas en la vida que realmente me ponen de muy mal genio. Cosas imperdonables, infames, alevosas, propias de rufianes y traidores. Partamos por esa costumbre digna de subnormales, arrogantes y egoístas, que significa rayar los edificios de buena parte de la ciudad o los vagones de metro despreciando la convivencia, la cultura y los bienes públicos. O sea, al resto de la gente. ¿Ha visto idiotez mayor? ¿Habrá un signo más nítido de decadencia? Esa idea de fondo, propia de fascistas (”merezco dejar mi marca, aunque no haya aportado nada a la comunidad, y lo haré causando daño”), para algunos sólo puede ser corregida con educación y no con castigo.

Discrepo. Primero, porque la ley está para cumplirse y para defender al débil… en este caso el que no responde la agresión física, ya que eso y no otra cosa son los rayados. Y segundo, porque es un hecho que la mayor parte de los delincuentes que agreden a la ciudad de su excremento visual, no son precisamente analfabetos.

Ya fueron educados, ya pasaron por el colegio y la universidad. Más que carentes, son abusadores. Solicito, pues, un mayor cuidado de autoridades y ciudadanos, una acción más resuelta, para frenar al rayador infame… que no tiene nada que ver con el verdadero grafitero, que jamás pintaría sobre el mármol, los edificios históricos o las piedras centenarias.

Eso por un lado. Por el otro, y aquí entramos al terreno del sagrado futebol, siempre he sentido una gran distancia y desprecio hacia cualquier tipo de racismo bobalicón o de nacionalismo pueril (valga la redundancia). A cualquier aparición, para que se entienda bien, de los demonios supremacistas. Pues bien, la visita de un equipo de jugadores de Burkina Faso -porque no era, como se dijo en un comienzo, su selección- para jugar anoche frente a Chile, generó, una vez más y como era predecible, todo tipo de chistecitos y comentarios cargados de incultura y torpeza. Y eso, claro, da vergüenza. Ajena, porque al menos yo no creo formar parte de la misma patria que esa gentuza. Habrá que trabajar mucho, de todos modos, para sacar de una vez por todas esa brutalidad de nuestros estadios, nuestros colegios, nuestros salones o nuestros bares.

A propósito: hoy mismo, mientras usted lee esto, ya vamos viajando con Mega, como canal oficial de la selección chilena, rumbo a Rusia para transmitir la Copa Confederaciones. Y, antes de eso, los amistosos de los días 9 y 13 de junio ante Rusia y Rumania. Ojalá el gran contingente de hinchas nacionales que llegue por esos pagos -se calcula que podrían ser unos 20 mil- sepa comportarse con educación. No estamos para nuevos bochornos como los vividos en el Mundial de Brasil o en el estadio de Corinthians.

¿El objetivo deportivo? No puede ser otro que ganar el torneo. No sólo por la calidad futbolística de quienes defenderán una vez más a la Roja, sino porque este tipo de compromisos se juegan sólo para ganarlos. O al menos intentarlo. No hemos estado ni vamos a estar muchas veces más en condición de clasificar a una Copa Confederaciones, por ende hay que tomársela muy en serio. Mucho más que el resto.

No es un lugar para probar jugadores, sacar cuentas o promover recambios. Ya varios cometieron el error de pedir aquello en la pasada Copa Centenario: menos mal que nadie los escuchó y Chile terminó jugando con lo mejor que tenía y ganando un nuevo torneo. Igual que en Nanning, para la pasada China Cup (¿será ésta, a propósito, la cuarta copa en línea?). Para países como nosotros, los objetivos son claros. Este 2017 hay que tratar de ganar la Copa Confederaciones y clasificar al próximo Mundial. Punto. Y para eso hay que jugar con los mejores. El descanso o la renovación, que vendrá quizás cuándo, no son tema en estos últimos capítulos del año.

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El cuento de la cuenta

Si uno escucha con atención la cuenta del gobierno podría advertir dos partes. Una primera en donde se declara lo que se cree que hace y una segunda en donde se dice algunas de las cosas que el gobierno hace.

Este ejercicio me recordó un libro que recientemente ha sido publicado en Chile del historiador uruguayo, Javier Rodríguez Weber, Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009) Historia de su Economía Política, Editorial: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Dibam). Año: 2017. Es un libro de historia sobre la desigualdad económica en Chile.  Lo interesante de este libro es que no solamente presenta datos distributivos sino que hace un estudio dialéctico de como cambios, incluso inesperados, y contextos afectan el desarrollo de la desigualdad. Uno de los resultados es la identificación de tres factores estructurales que afectan la dinámica de la desigualdad en el largo plazo. Estos son: la preponderancia de la explotación de los recursos naturales en la estructura productiva, instituciones políticas incrustadas y de muy complejo cambio y el poder económico y político de la elite.

A la luz de esto me gustaría referirme al cuento de esta cuenta.

Porque lo que el gobierno declara creer que hace es justamente afectar la desigualdad. Declara que en Chile no se había hecho lo suficiente para combatir las grandes desigualdades que arrastraba. Lo dice en pasado porque el gobierno declara haberlas superado. El gobierno declara que en Chile imperaba la pura lógica de mercado en temas vitales como la educación, la salud o la vivienda. Que la economía descansaba en las bonanzas pasajeras o en la visión cortoplacista donde no hay crecimiento sostenido ni se favorece el emprendimiento. Que la democracia no representa bien el poder de los ciudadanos o se tolera la corrupción, crece la desconfianza y el sentido de comunidad se debilita. Declara que la situación no daba para más y que era necesario hacer cambios de fondo, con participación de todos y mirada de largo plazo.

Creo que estamos de acuerdo con una parte de eso. El tema es ocupar la forma verbal de pasado en vez de presente. El país no se encontraba en esa situación, sino que se encuentra, como otras veces en su historia, en una situación insostenible. Con alta presión por democratización de la economía, la política y la vida en general.

En la segunda parte, la cuenta declara creer que ha superado todo esto con las políticas que ha diseñado con la participación de todos y todas.

¿Es así?

Claro que no. Hace ya varios años hay un profundo malestar social que demanda el fin a las AFPs y un nuevo sistema de seguridad social. El gobierno en franca dilatación de toda medida en este ámbito llama a comisión de expertos, los expertos cercanos a él le diseñan con un gran esfuerzo por llegar a un amplio acuerdo una propuesta de cambio, era un cambio pequeño, pero importante. ¿qué pasó? El gobierno se encuentra con que los dueños de las AFPs y estos, por supuesto, no desean ninguna propuesta que no sea dar más a las AFPs, el DL 3500 es una LOCE que necesitan quórum calificado y finalmente parte del mismo gobierno simplemente no cree que los principios de la seguridad social deban normar el sistema de pensiones. Entonces, llegamos a una propuesta que no toca a las AFPs, profundiza el sistema de capitalización individual y deja un pequeño atisbo de seguridad social con bonos para la mujer y para los hombres, con un claro error conceptual para enfrentar colectivamente los cuidados no remunerados. Ni se ha escuchado a las mayorías, ni se ha superado la lógica del mercado en seguridad social, ni ha disminuido el poder de las elites en el diseño de las políticas.

Algo similar podríamos decir de los subsidios a la demanda en educación y vivienda. Con la gratuidad para el que no puede pagar. Con una industria inmobiliaria desregulada. Con Isapres intocables.

Creo que esto realmente no pasa por superación de lo que ya es insostenible. Quisiera que fuera así realmente, pero no creamos cuentos.

Como en el libro Rodríguez Weber (2017) reporta en otros momentos de nuestra historia. Aquí hay instituciones políticas incrustadas con una elite insensible a los cambios, y en realidad todo sigue igual. Lo malo con esto es que también el libro reporta que todo esto junto siempre lleva al conflicto social, que es ineludible.

Seguir sin hacer nada relevante, aceptando la presión de la elite y declarar creer que las políticas que da cuenta realmente supieran lo que existe no supera lo que es insostenible y tampoco evitará el conflicto.

La gestión de aquello pasa por distribuir el poder para realizar paso a paso una nueva etapa en nuestro desarrollo. Pasa por realmente aceptar que la élite está cómoda con la desigualdad, que las instituciones políticas actuales están congeladas y hay poca democracia. Para eso uno puede generar pequeños cambios que generan grandes efectos, por ejemplo la propuesta de sistema mixto y empezar a redistribuir el poder para que la amenaza de no inversión se haga irrelevante.

El cuento de creer que la situación insostenible ha sido superada es solamente eso, un cuento. La realidad es más compleja. Falta mucho aún y falta en primer lugar enfrentar nuestra propia historia.

 

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La última cuenta de Bachelet

Las lagrimas finales de la ministra Narváez y de la propia Presidenta de la República sintetizan la contrastante imagen entre lo realizado por el actual Gobierno y la situación política que vive el país.

El discurso dejó en claro el horizonte histórico en que se enmarcaba la gestión gubernamental: avanzar hacia una reducción radical de la desigualdad como fenómeno de muchas dimensiones. Constituía un esfuerzo de mucho coraje pues nos habíamos acostumbrado a aceptar los “límites de lo posible” incluso, cuando no sobrepasarlos comenzaba a amenazar nuestra convivencia nacional. Cuatro fueron los temas centrales del discurso: la educación, la economía como un desafío de innovación integral, la protección social y el fortalecimiento de la democracia, amenazada profundamente por el matrimonio espurio entre dinero y política. Si se compara con las prioridades programáticas al inicio de la Administración quedan en evidencia grandes diferencias. Son también las áreas que permiten apreciar tanto los logros como los grandes tropiezos de la Administración.

La reforma de la educación fue siempre una prioridad. El hecho que aparece cuestionada desde la derecha, el centro y la izquierda deja en evidencia que no se fue capaz de resolver los problemas políticos que plantea una reforma de esta magnitud. No sólo hubo incompetencia técnica y desprolijidad en el equipo inicial sino que además dejó en evidencia la dificultad de transformar un sector tan sensible sin un involucramiento presidencial en su impulso y en la conducción política de la coalición reformista.

La relevancia de lo económico no estuvo presente entre las prioridades iniciales, más allá de lo referido a la reforma tributaria. Existía si una visión más sistemática de lo que había que hacer para transitar desde una economía excesivamente basada en los recursos naturales hacia una economía basada en el conocimiento. No podía ser de otra manera, pues la Concertación y luego la nueva Mayoría venía trabajando en esto desde hace 25 años. No obstante, la propuesta  no paso más allá de múltiples acciones que no lograron el grado necesario de masividad como para hacer la diferencia. Prueba de ello es la propia cuenta presidencial. Se extendió mucho en lo relativo al sector energético en el que se lograron muchos éxitos pero el resto del esfuerzo, fue sintetizado por la Presidenta en un párrafo. Quizás más importante fue lo que casi no se mencionó en este campo. En particular, lo relativo a la imposición de una política que puso en el centro la austeridad en perjuicio de la recuperación y desarrollo de la capacidad productiva del país, que implica un rol emprendedor del Estado que siempre fue rechazado por el equipo económico. El débil esfuerzo en infraestructura es otra señal en la misma dirección.

La protección social si constituía un aspecto crucial del programa inicial pero la cuenta dejó en evidencia un fuerte cambio en su contenido. Lo fundamental de la propuesta programática era avanzar en el modificaciones del sistema de pensiones, del sistema de salud privado y en el mejoramiento de la salud pública. En lo primero, se fue testigo del trabajo de múltiples comisiones de distinto carácter que todavía no se ha concretado en un proyecto, aún cuando es altamente valorable la idea del nuevo pilar de ahorro colectivo. El tema de salud sigue enfrentado a los mismos problemas. Lo principal del discurso en este campo fue la larga enumeración de subsidios de diferente naturaleza que constituyen un remedio para múltiples y variados problemas. Se trata sin duda de la política que una mayor continuidad ha mostrado en los últimos 25 años. Con todo lo positivo que ella implica no puede desviarnos la atención de los déficits en los temas cruciales del bienestar de la población.

Las medidas del fortalecimiento del sistema democrático, son sin duda el principal legado no previsto de la actual Presidenta. La superación del binominal, el paquete de leyes anticorrupción, las medidas de mejoramiento de los partidos políticos y la posible elección de los gobernadores regionales ayudarán sin duda a  tener un mejor país.

Una vez más, los ciudadanos hemos sufrido un discurso que pretende resolver un problema no resuelto por la actual Administración: la gestión política de la acción gubernamental cotidiana. En efecto como una buena parte de los ministros se consideran técnicos, no le dan relevancia a dar a conocer lo que se hace en cada uno de los sectores y no se enfrenta adecuadamente el debate político sobre esos diferentes temas. Es por ello que la Cuenta Presidencial se ve obligada a constituirse en un recuento de una larga lista de medida para que nos enteremos de lo realizado. Pero no es la idea de una cuenta de la marcha global de la Administración.  En el contexto de nuestras dificultades no tiene sentido un largo recuento de acciones de diferente dimensión. Es claro que un abultado aparato estatal algo tiene que estar haciendo en cada área, pero no parece razonable que la Cuenta sea utilizada para dar a conocer esas acciones.

La cuenta es para dar a conocer la visión presidencial respecto de los grandes problemas del país y las líneas fundamentales de solución. Debe abordar los grandes temas del debate nacional y mostrar caminos para su superación. En tal sentido, se echó de menos que la Presidenta abordara los grandes problemas que ha enfrentado la reforma educacional, cuáles son los obstáculos, que intereses están involucrados y que tanto y como se pueden compatibilizar. Era necesario conocer la visión presidencial respecto de las causas que explican la división de la ciudadanía en tres campos frente a las diversas reformas (un grupo a favor, y dos grupos opuestos desde la derecha y desde la izquierda). En materia de salud es importante el esfuerzo en construcción y expansión de la infraestructura equipo y profesionales, pero nuestro país enfrenta desde hace tiempo la necesidad de definir que mix público  – privado queremos construir pues lo que tenemos no es lo que necesita el país.  Del mismo modo, aunque fue importante llamar la atención de que no aprovechamos el boom de commodities para crear nuevas bases para nuestro desarrollo económico, era indispensable meterse en el tema de por qué no hemos avanzado en el desarrollo de una nueva economía. Aquí hay problemas técnicos pero también políticos que es fundamental poner sobre la mesa. Nada de esto fue abordado por la Presidenta. Por ello este discurso no estará entre aquellas alocuciones que forman parte del legado político e intelectual de los grandes líderes del país.

Fue sin duda importante que la Presidenta de una manera prudente se involucrara en los problemas que enfrenta la coalición política que la apoya. No obstante su participación ha sido tardía y débil. La propia confusión respecto de si en la entrevista con la Agencia EFE del día de ayer se había manifestado a favor de una lista única parlamentaria es una evidencia de ello. Más grave aún fue la respuesta de los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría que no sólo no se hicieron eco de esa apuesta sino que la rechazaron con argumentos de poca monta.

La última cuenta presidencial tiene lugar en medio de manifestaciones estudiantiles en contra de la situación actual de la reforma educacional como señalando que siguen vigentes los problemas que desataron las movilizaciones del 2011. Tiene lugar también cuando el gran empresariado y la oposición de derecha toma el control de los organismos empresariales. Pese a los aplausos, hasta emocionados de los militantes de la Nueva Mayoría, la coalición reformista clave para proyectar el proceso de reformas hacia el futuro, está dividida como nunca. En tal sentido, tiene razón la Presidenta Bachelet al temer que se puedan revertir las reformas. El problema es quizás que cuando la ministra Narváez expresaba su preocupación por la posibilidad de un retroceso al modelo mercantilista, aparecía un problema de credibilidad pues la Administración termina sin lograr presentar al país una visión coherente de su superación. Quizás por eso las lagrimas que derramaron Bachelet y Narváez.

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Si no les puedes ganar, confúndelos

La última cuenta pública del segundo cuatrienio de Bachelet puede resumirse como un mar de logros y promesas difícil de poner en contexto. La larga lista de proyectos de ley aprobados en el último año, pero también en los tres anteriores, y de mensajes que se enviarán este año aparentemente entablan al gobierno como uno satisfecho de haber hecho la pega. Entre la batería de índices y porcentajes queda la sensación de que contra todo pronóstico el gobierno cumplirá con sus promesas de campaña antes de su salida.

Pero esta evaluación parcial auto-complaciente no solo es engañosa, pero es errónea. Muchas de las promesas que se presentaron como cumplidas ni siquiera fueron reportadas hace un año como promesas. Lo anterior naturalmente sugiere que fueron improvisadas para artificialmente incrementar el porcentaje total de cumplimiento. Pero incluso si fueran consideradas como promesas, a juicio de algunos expertos, que se dedican a medir porcentajes de cumplimiento, el gobierno igualmente estuvo significativamente lejos de cumplir con cabalidad.

Este último punto es relevante, dado que para muchos el éxito de un gobierno se mide en el porcentaje de promesas cumplidas. Pero rara vez se ponderan las promesas por su importancia e impacto en la sociedad. Cumplir 50 promesas de proyectos de ley que pasan con mayoría simple, es bastante más fácil que cumplir dos promesas de proyectos de ley que solo pasan con quórum calificado. Esto parece ser lo que explica por qué Bachelet ignoró por completo algunas de sus promesas más emblemáticas.

Un ejemplo de un proyecto de ley que necesita quórum calificado, y es a su vez una promesa emblemática, es la promesa de una nueva Constitución. Si bien Bachelet mencionó que enviará un nuevo texto constitucional para ser aprobado en el Congreso antes de fin de año, aún quedan muchas dudas sobre cuál será el proceso, y qué tan ciudadano será si se hace por medio de una convención constituyente. Mencionar de forma tan breve y tangencial el proyecto más emblemático de su gobierno es por lo bajo lamentable.

Gran parte de la retórica de la campaña de Bachelet y la Nueva Mayoría en 2013 se hizo en base a una nueva Constitución. De hecho, la gran base de sus votantes la prefirieron a ella porque era el camino más seguro para conseguir ese texto. Hoy, en un contexto político completamente presidencializado, en el cual además el oficialismo se encuentra desintegrado, es seguro decir que esa es una de las promesas que no se cumplirá antes del final del cuatrienio. Sin duda un hecho que pone en duda la capacidad política del gobierno.

Quizás una buena alternativa, más que resumir logros y hacer promesas, habría sido usar la cuenta pública para diseñar una agenda de continuidad al legado de la Nueva Mayoría. En particular habría sido importante pasar el bastón progresista que sostiene la promesa de una nueva Constitución a un candidato que asegure la continuidad. Aunque Bachelet manifestó un tenue apoyo a la línea política progresista, fue una remembranza del poco apoyo que le entregó a Frei en 2009, y un presagio del poco apoyo que le entregará a Guillier en 2017.

Fue una cuenta pública hecha para los votantes de la Nueva Mayoría. Los logros y promesas contrastan bruscamente con los índices de aprobación. Muchos se preguntarán de qué sirven todos los índices y porcentajes presentados por la Presidenta si la gente no aprueba del trabajo del gobierno. En efecto, a ratos parecía que Bachelet entró al discurso sabiendo que una comparación rigurosa con sus promesas originales sería un fracaso, por lo cual decidió confundir a su audiencia con una larga lista de números desconetxtualizados.

Lo anterior no implica que el segundo gobierno de Bachelet es un mal gobierno–de hecho, ese balance solo se podrá hacer luego de que se bajen las cortinas en marzo de 2018 o incluso años después de eso. Pero lo que sí implica es que el gobierno tomó un rumbo distinto al propuesto en 2013. Todo indica que las grandes reformas ya ocurrieron, y lo que se hará en lo que queda del periodo serán solo reformitas. Quizás por eso habría sido mejor enfocarse más en la continuidad de sus promesas en el próximo gobierno que en celebrar victorias parciales.

 

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La última cuenta

La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.

No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.

La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra. 

Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central-  sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.

Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.

Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.

Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.

También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá-  la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.

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Sin audiencia

Recién ha terminado el discurso de rendición de cuenta presidencial, el último de la Presidenta Michelle Bachelet. Un discurso que dibujó claramente el ánimo con el que la Presidenta enfrentará sus últimos meses, la defensa de lo hecho. Siguiendo la línea de su tweet de que valía la pena haber vuelto a Chile.

La larga enumeración de logros que el gobierno espera  le sean reconocidos, y a los que la Presidenta le ha dedicado su discurso, obviando una dura realidad para su gobierno el que la mayoría de sus reformas son rechazadas por la mayoría de los chilenos. Y este dato sustantivo significa que la comunicación y credibilidad del gobierno requería de al menos una señal de empatía, de conexión con ese malestar ciudadano que enfrenta su actual gestión, la ausencia de este mínimo gesto de mea culpa imposibilita la recuperación del diálogo y valoración de lo que ella espera sea el juicio sobre este su segundo mandato.

¿A quien le habló la Mandataria?, ¿cuál es la audiencia a la que dirigió su última Cuenta Pública?  Podría buscar reencontrarse con la mayoría o convencida de los costos personales y políticos que le han implicado este segundo mandato, que termina en las antípodas del primero, con niveles de rechazo histórico.

El atrincherarse en convencer a los propios, el refugiarse en convencer a los simpatizantes del gobierno de la Nueva Mayoría que lo han hecho bien, es una decisión estratégica de cómo orienta de terminar su gobierno. El problema de esta estrategia es que en sus trincheras quedan pocos soldados, y la división de las fuerzas en diferentes candidaturas como Goic, Guillier y hasta Sánchez hace difícil que en forma coordinada se activen como coro de defensa de lo hecho, y de que este ha sido un buen gobierno. Nada de esto ha ocurrido en las semanas anteriores donde los hemos escuchado hacer todo lo contrario, marcar diferencias y tomar distancia de la Presidenta Bachelet y de sus reformas. Ya sea por ser insuficientes, por estar mal enfocadas o por reparos en su implementación, la verdad es que este gobierno no tiene un sucesor, y eso habla mucho de la verdadera evaluación que sean sus propios partidos acerca de lo que fue este experimento de la Nueva Mayoría.

Un discurso final de reinvindicacin de lo hecho, pero en el que abundaron las promesas, nada al parecer queda de ese llamado a la responsabilidad fiscal del año pasado, liderado por el ministro Valdes. Aquí se apunto a promesas llamativas en cuanto representan a necesidades de la comunidad, pero que representan una importante cantidad de recursos los mismos que han escaseado en estos años, y de los que no se explica cómo se financiarán. Es extraño que sea un gobierno que se va el que ponga el énfasis en promesas que solo podrá cumplir el que viene.

Sin mirar la proyección tampoco, la Presidenta no se hace cargo de la proyección. Ni una mención a los candidatos que tendrían que buscar la proyección, tampoco a plantear la necesidad de mantener las reformas y profundizarlas. Incluso en la arenga final les carga la obligación a otros sin asumir que en la división está también su responsabilidad como mandataria. El legado de Bachelet, el que dibuja su discurso final  es solo para ella. Como reconociendo que sola se ha sentido en este segundo mandato.

Así se empieza a escribir el final de un gobierno complejo, que provocó altas expectativas y cuya capacidad de gestión no estuvo a la altura. Sin mea culpa no reflexión, la Presidenta ha preferido irse en la seguridad de la trinchera, renunció a conectarse con la mayoría de los chilenos que la sigue mirando con distancia, ni un guiño o señal para esa mayoría decepcionada solo un mensaje para los incondicionales, de busca de esos aplausos que han sido tan escasos, sobretodo hacia el final en que se ha quedado sin audiencia. 

 

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Cuentas claras conservan la democracia

En el actual contexto de desafección hacia la política, el no cumplir las promesas, o al menos no expresar abiertamente las dificultades en cumplirlas, es un lujo que las autoridades políticas no se pueden dar. En un momento en que la opción “No Sabe/No Contesta” gana a cualquier candidato en las encuestas presidenciales, es importante reiterar la pregunta que asedia a la política mundial: ¿Cómo recuperamos la confianza en la democracia?

Y tal como pasa en las relaciones personales, la respuesta es que las acciones hablan más que las palabras. Los hechos concretos son un camino importante para reencantar a la ciudadanía, y la rendición de cuentas públicas honestas, oportunas y en formatos amigables, es una herramienta fundamental para lograr este objetivo.

Por eso, al momento de la última cuenta pública del gobierno de Michelle Bachelet, es importante analizar cuántas de los compromisos que se hicieron el año pasado se han cumplido. Para eso, en Ciudadano Inteligente lanzamos una nueva versión del estudio Del Dicho Al Hecho, que analiza cuánto se ha avanzado en las promesas hechas el 21 de mayo de 2016.

Los resultados muestran la complejidad de estar a cargo del gobierno de un país. Si bien hay avances importantes en áreas relevantes, como infancia y energía, otros compromisos emblemáticos del gobierno siguen pendientes, como la gratuidad permanente en educación superior y una nueva Constitución. Es probable que estos temas sigan presentes en los discursos e intervenciones de la Presidenta y su gabinete, es probable también que no todos lleguen a completarse como se prometía en el programa.

Hacer seguimiento a las promesas es un ejercicio que revela que la sola voluntad de un gobierno no es suficiente para concretar compromisos. Se requieren también acuerdos políticos, contextos sociales y económicos adecuados y precisión en los tiempos de ejecución. Mostrar esto a la ciudadanía es un ejercicio de honestidad importante. Es importante también que los gobiernos den a conocer sus avances, que pueden ser muy relevantes para la vida cotidiana de las personas. En un año electoral, este ejercicio de transparencia y fiscalización permite tomar decisiones libres e informadas.

Es importante tener en cuenta, pensando en noviembre próximo, que las elecciones necesitan de un sistema que apoye proyectos políticos, más que sólo candidatos. Si las coaliciones se alinean tras figuras importantes sólo por sus posibilidades de ganar, sin tener como telón de fondo acuerdos transversales construidos de cara a la ciudadanía, las promesas de campaña se vuelven frágiles. La confianza ciudadana se pone (otra vez) en juego, pues los compromisos quedan a merced de la popularidad del gobernante de turno.

Una democracia viva requiere que los gobiernos rindan cuenta de buena forma, pero también que la ciudadanía exija y fiscalice. Este punto es fundamental, también, para recuperar la confianza: Sin ciudadanas y ciudadanos que participen, poco puede cambiar la política. Saber qué ha hecho el gobierno es un paso, nosotros ponemos DelDichoalHecho.cl a su disposición para lograrlo.

 

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Protección jurídica del patrimonio cultural en Chile

Como nunca antes un espíritu “patrimonialista” ha emergido en nuestra plaza, generando debate y movilizando la agenda académica; gubernamental; de la sociedad civil y del poder legislativo, dejando al descubierto, la necesidad de consolidar un orden jurídico que preserve eficazmente, nuestro Patrimonio Cultural, protegiéndolo de nuestro propio olvido, deterioro, obsolescencia e incluso especulación, en el caso de los inmuebles o barrios que lo conforman. Al respecto, nuestro país ha suscrito distintos Tratados Internacionales que detallan el deber del Estado en la materia, además de darle un rango constitucional al considerar al Patrimonio como parte del Medioambiente. Más aun, desde 1925 lo salvaguarda principalmente bajo el alero del  Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Sin embargo, son múltiples las brechas que abordar, a fin de lograr una normativa suficiente. En efecto, se ha propuesto en primer término incluir en la composición del CMN, miembros que brinden una mirada más universal – y no solo técnica -, capaz de representar a de toda la Comunidad al momento de reconocer los valores y la identidad de un bien patrimonial. Se ha planteado, asimismo, la actualización de la norma que clasifica y trata las distintas categorías de Patrimonio, a fin de que también las tradiciones, costumbres, industrias, entre otras, accedan a un mecanismo efectivo de salvaguardia. Mención especial merece la “Zona Típica”, categoría a la que usualmente acceden los barrios para protegerse, pues en su concepción inicial, es sabido que a veces se ha sobre utilizado, facilitando el amparo de territorios que no tienen valor patrimonial; y en otras, tampoco logra amparar suficientemente determinados entornos. De seguro un gran avance será el reciente Reglamento que se publicó al respecto. Todas las anteriores son propuestas sensatas de abordar. No obstante, el gran reto de nuestro ordenamiento es lograr una regulación del Patrimonio y evitar iniciativas que atenten contra su identidad como un mall en altura en Chiloé. Pero, con ello, también permitir y promover, proyectos e inversiones, públicas o privadas, que tiendan a su uso permanente y renovado, pues sabemos que solo de esa forma logramos que por ejemplo, sectores de Yungay, Cartagena o Valparaíso, no fenezcan en el deterioro a nombre del propio Patrimonio. Este doble desafío es sin duda el paradigma a resolver de nuestra incipiente normativa patrimonial. 

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Pulsiones socialistas

LOS RÍOS de tinta vertidos por estos días acerca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se justifican plenamente. Sin él, para bien o para mal, España no sería lo que es. La elección de su máximo cargo mediante primarias puso en tensión mecanismos plebiscitarios, asamblearios y representativos. Todo ello, en el contexto de un gobierno en minoría que debe negociar, una a una, las leyes. Las del PSOE fueron a tres bandas (Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López), mostrando dos posiciones en pugna acerca de cómo hacer oposición y política de alianzas, el funcionamiento del partido, el modelo de España y, quizás más importante, el de una socialdemocracia que viene en caída libre en Europa.

El triunfo del primero que, para muchos, podría ahondar su crisis, inaugura una era sin contrapesos, con su congreso ad portas, el récord de diez años perdiendo votos y el fantasma del fracturado socialismo francés. Defenestrado el pasado octubre y luego de dos derrotas electorales (pasando de 110 a 84 diputados), se ha destacado su capacidad de resistencia, pero también sus posiciones confusas y zigzagueantes, sobre todo frente al separatismo catalán, el mayor problema que enfrenta España. Los leitmotiv de su campaña fueron un partido más a la izquierda, darle más protagonismo a la militancia y acusar que la abstención en la investidura de Rajoy los había convertido, de hecho, en un aliado objetivo del PP a cambio de nada. Una posverdad como una casa porque el presidente del gobierno ha admitido reclamos socialistas como, por ejemplo, una subida considerable del salario mínimo.

Un analista proclamó el triunfo del alma jacobina del partido. Como sea, da para pensar que, a su interior, haya militantes dispuestos a coquetear con un Podemos con vínculos con el chavismo y sobre el que la propia Le Pen afirma que “está inmerso en la única batalla que merece la pena: contra las políticas impuestas por la Unión Europea”. Por otro lado, la formación morada no trepidará en tensar sus dos posturas, no solo en su afán por ser la segunda fuerza electoral sino también para hegemonizar el campo de la izquierda.

¿Cómo aterrizan estos sucesos en el socialismo chileno? Recordemos que su proceso de renovación en el exterior bebió de las fuentes del español. Por otra parte, aunque la insurgencia contra las elites es reflejo de fracturas sociales a escala global, también se manifiestan a nivel partidario. De esta forma, la coalición de la que forma parte debió enfrentar la emergencia de un flanco por la izquierda y desde adentro (la retroexcavadora), que el Frente Amplio solo viene a profundizar. Enseguida, la derrota de la vieja guardia, expresada en el rechazo a la candidatura de Lagos, no solo encuentra su símil en la reposición de Sánchez contra “históricos” y barones territoriales. Puesto que su opción incluía la histórica alianza con el centro, es también otra derrota: la de esa inspiración socialdemócrata que, en el PSOE, encarnó un Felipe González que hoy se reconoce en minoría.

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Los tiempos que corren

SIEMPRE ES aventurado tratar de descifrar los tiempos que corren. Sin embargo, la cantidad y la calidad de los sucesos que presenciamos invita a arriesgarse.

Son pocos los que podrían establecer una relación causal directa entre fenómenos tan disímiles como el triunfo del Brexit, la confusión que experimentan las democracias liberales, el auge (¿y caída?) de Donald Trump, el escándalo de Lava Jato en Brasil o la crisis de confianza que afecta a diversas instituciones chilenas desde hace años. Cada de uno de estos fenómenos obedece a razones propias de las sociedades donde tienen lugar, por lo que establecer una causalidad común puede ser difícil. Sin embargo, pese a lo anterior, quizás exista un hilo conductor común que ayude a comprenderlos.

Hace más de cinco décadas, el intelectual norteamericano James Burnham señaló que lo que él denominaba “el suicidio de Occidente” podía explicarse por un conjunto de “razones no cuantitativas” que involucraban cambios de índole estructural, moral, espiritual e intelectual. Hoy podría ensayarse una respuesta similar: aunque hay quienes insisten en afirmar que de la situación actual se sale con un mayor crecimiento económico que deje atrás la “nueva mediocridad”, resulta evidente que la incomodidad y angustia que caracterizan a nuestra época hunden sus raíces en cuestiones radicalmente más fundamentales que los vaivenes del ciclo económico.

Es posible que se deban a una doble crisis: por un lado, un problema de identidad; por otro, un desorden de naturaleza moral. Ambos estarían relacionados: hoy vivimos en medio de la incertidumbre que genera no saber con claridad quiénes somos porque, al mismo tiempo que hemos dejado de autopercibirnos en términos históricos, hemos corroído las coordenadas que nos permitían distinguir aquello que es correcto de lo que no lo es.

El resultado es un desajuste que se hace visible en diferentes dimensiones del quéhacer, desde la colusión entre agentes económicos hasta la programación de TV obsesionada con el rating, pasando por la postergación de las soluciones a carencias sociales evidentes por parte de elites ensimismadas y egoístas. Es cierto que las generalizaciones siempre son odiosas, pero al menos en este caso parecen más recomendables que la casuística extrema, porque en esta los árboles no dejan ver el bosque.

Si lo señalado es correcto, la luz al final del túnel sería visible solo si se produce una revalorización de aquellos rasgos que permiten identificarnos como miembros de una comunidad de iguales con un pasado común y por la restauración de virtudes cívicas que hagan posible lo anterior, como la responsabilidad, la solidaridad o el liderazgo que promueve el bienestar general.

No es poca cosa. Lograrlo puede llegar a suponer una renovación de liderazgos y una toma de conciencia por parte de la sociedad civil que en muchos casos se ven lejanos. Sin embargo, la creciente certeza de que nos acercamos a un abismo puede representar un disuasivo potente que motive de una vez el cambio que muchos esperamos ver pronto.

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