Óscar Contardo's Blog, page 66

Miley Cyrus: Nostalgias anticipadas

La vida de Miley Cyrus es puro vértigo y ciclos cortos. No solo es una veterana de la industria del espectáculo sino que a una década de Hannah Montana ha llegado el momento de sentir nostalgia de si misma, y así volver a esas raíces campiranas y sencillas que le dieron pase planetario como ídola pop de jovencitas y adolescentes. La fase icono fashion, chica descarriada y sexualidad abierta queda atrás. En Younger now el mensaje es uno solo: Miley Cyrus viene de vuelta y se siente más joven. A los 24 años.

Este retorno contiene resabios de moralina. En los días liberales de Obama la ex chica Disney desarrolló un personaje ad hoc: tomar drogas era como ir al supermercado, deslizó que a la hora del romance el género era irrelevante, y se convirtió en la mejor amiga de The Flaming lips, una complicidad musical que sólo se tradujo en autoindulgencia.

Con el gobierno conservador de Trump, Miley vuelve a los valores y la estética cándida e idealizada del imperio del ratón de voz aguda, aunque en la carrera presidencial se la haya jugado por Bernie Sanders y luego Hillary Clinton. En el video del single Malibú se exhibe con ropas ligeras e insinuantes pero a distancia del erotismo caricaturesco y narcótico de hace un tiempo.

La estrategia promocional se encarga de destacar que este no es como cualquier álbum pop con sobredosis de auto-tune, y también clarifica que las sustancias ayer cotizadas como boleto a la creatividad y la libertad, hoy simbolizan una especie de error. Como insólitamente declaró en el late show de Jimmy Fallon hablando de una planta como la marihuana que no provoca la muerte por su consumo, Miley temió por su vida porque “nunca nadie ha fumado como yo lo hacía”.

En iTunes Younger now es definido como “pop radiante a medio camino entre California y Nashville”. Hay verdad en esa sentencia y sobra un poco de entusiasmo. Mientras Bangerz (2013), el verdadero debut tras una serie de álbumes intrascendentes, utilizaba la electrónica en distintas variables que Cyrus aprovechó para soltar sus capacidades interpretativas y mejorar una enormidad su registro, este disco es pura tradición de guitarras, bajo y batería en fórmulas de rock pop y country, subordinadas por completo al trabajo vocal de la cantante que sigue al alza como lo demuestra, entre varias, Miss you so much.

Hay canciones pegadizas como Malibú y Thinkin’, otras obvias y empalagosas como Rainbowland (junto a Dolly Parton) y Bad mood. Pero hay algo que esta vez le faltó a Miley Cyrus: los singles demoledores como lo fue Wrecking ball. Preocupada por volver a casa antes de tiempo, algo de picardía ha perdido. 

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Jefa de campaña

La semana pasada la Presidenta Bachelet inicio la semana con la salida de sus subsecretario del interior, por ahora con feriado legal, debido al profundo desencuentro entre lo que este funcionario venía haciendo en materia de seguridad publica en La Araucanía y las decisiones de la propia mandataria frente a la huelga de hambre de los involucrados en la quema de un templo y que estaban en prisión preventiva bajo la ley antiterrorista. Esta evidente crisis política, trato de ser desmentida por la propia Presidenta, para luego en un giro final, terminar en una entrevista el domingo pasado en La Tercera con la frase de que su gobierno era mucho mejor que el de Sebastián Piñera en muchas áreas, es decir finalmente logró cerrar la crisis anterior iniciando una nueva disputa de manera frontal con el candidato de la oposición y el mejor posicionado para ser el próximo presidente de Chile.

Esta decisión de la Presidenta comunicacionalmente acertada, en cuento se deja de hablar de la crisis Aleuy para concentrar la atención ahora en la comparación entre ambos gobiernos, trae eso si efectos colaterales evidentes, como lo es el invisibilizar a sus propios candidatos presidenciales, lo que a poco más de 5 semanas de la elección tiene para ellos un costo electoral evidente, además les quita fuerza y protagonismo al desarrollo de sus campañas al concentrar la agenda en la figura de la Presidenta Bachelet que enfrenta de manera directa al candidato de la oposición.

Pero surge la pregunta: ¿Por qué Sebastián Piñera entra en el juego de la Presidenta?, y la respuesta es contundente, la coincidencia de intereses, esto es que para el candidato Piñera ser contratado contera este gobierno mal evaluado es parte de su propia estrategia de crecimiento. Por eso la última encuesta Cadem sitúa al candidato Piñera en un 45% de las preferencias en la elección de noviembre, por primera vez  la adhesión a su campaña supera a la suma de todo el resto de los candidatos que da 44%, incluido en esta suma el candidato José Antonio Kast.

Es razonable pensar que como en toda democracia, el alto rechazo que han generado las reformas del gobierno, como su larga lista de errores políticos, salidas de ministros por diferencias políticas con la propia Presidenta o con otros ministros a través de los medios, han hecho que los electores defraudados del gobierno busquen alternativa en la oposición, y en ella con especial fuerza en quien por contraste aparece con los atributos para recuperar el crecimiento y el empleo, dos de las principales debilidades de este segundo mandato de Bachelet. El fracaso de este gobierno de la Nueva Mayoría, es parte importante de la explicación de porqué Sebastián Piñera esta cada día más cerca de regresar a La Moneda.

Así consciente o inconscientemente la Presidenta Bachelet ha actuado como una verdadera jefa de campaña para la candidatura de Sebastián Piñera. Esta relación directa entre las decisiones de la Presidenta y el mejor desempeño del candidato de la oposición, registrado con detalle semanal, mensual o semestral por las distintas encuestas, implican también que la decisión de la Presidenta de priorizar la defensa de su legado, aun a costa de dañar colateralmente sus propios candidatos, desconociendo de paso algo tan elemental en materia de elecciones, como que el juicio sobre su gobierno ya está hecho de parte de los ciudadanos y que invitarlos porfiadamente a mirar lo hecho por el actual gobierno es un camino conocido hacia el fracaso electoral, por cuanto los electores siempre ven en la elección una oportunidad de definir sobre su  futuro y no un juicio sobre el pasado.

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La indulgencia

“¿Le parece que la quema de un templo con personas adentro no es terrorismo?”, le preguntaron los entrevistadores de este diario a la Presidenta Bachelet (8/10/2017), y ella respondió: “Lo que creo es que la ley que tenemos no es buena. Y cuando se aplica esa ley, tiene efectos procesales distintos. Primero, yo no sé si los comuneros son los que incendiaron, no tengo idea, de eso no tengo información, lo sabrá la Fiscalía”. Pese a decir que no tiene idea, su gobierno invocó la Ley Antiterrorista contra los inculpados por la quema del templo evangélico en junio de 2016, y el subsecretario Mahmud Aleuy puso la cara por ello. Pero la Mandataria no resistió la presión combinada de los presos en huelga de hambre y de sus simpatizantes en Santiago, y modificó el criterio oficial.

Los periodistas volvieron a la carga y le preguntaron a la Presidenta si creía que no hubo terrorismo en el caso del templo, y ella dijo: “Primero, no estoy de acuerdo con un hecho de esta naturaleza. No creo en las formas violentas para expresar la indignación, la sensación de discriminación histórica, crónica, que yo sé que ha habido en este país, por eso yo pedí perdón por lo que el Estado ha hecho y por lo que no ha hecho también”. Y agregó: “Por cierto, creo que ese es un delito importante”. Cuando se le hizo ver que su gobierno ha usado la Ley Antiterrorista en otros casos, dijo que situaciones como la bomba en el Metro eran efectivamente “de tipo terrorista”. ¿Y qué sería entonces la quema de un templo con fieles adentro? “Un delito importante”.

Al interpretar actos tan abominables como la quema de iglesias como una forma de indignación del pueblo mapuche, la Presidenta hace suyo el argumento de la justificación histórica de la violencia, usado como coartada por grupos como la CAM para conseguir apoyo político y financiero. Es lamentable que ella no condene categóricamente las tropelías y no entregue ni una palabra de apoyo a las víctimas.

Los incendiarios de La Araucanía no representan al pueblo mapuche, ¡pero incluso si lo representaran tendrían que responder por sus delitos! Creer que la condición étnica es una especie de escudo para no ser tocado por las leyes implica renunciar a la defensa del Estado de derecho. Y, sin embargo, ello estaba explícitamente consagrado en el programa presidencial bacheletista: “No se aplicará la Ley Antiterrorista a miembros de pueblos indígenas por actos de demanda social”. O sea, basta con proclamar una supuesta buena causa y se pueden usar los peores métodos.

Si un gobernante considera que ciertas leyes valen para unos y no para otros, lo que hace es abonar el terreno para las calamidades. El Código Penal juzga los delitos por encima de la raza, la religión o la ideología de quienes los cometen. No hay otro modo de sostener el pacto de las libertades. Debería estar claro para quien ha gobernado dos veces.

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Microhistoria

El documental y la autoficción son los géneros que más lustre le han sacado a la microhistoria, esa vertiente de la historiografía que concentra su mirada en los individuos particulares para alumbrar los grandes procesos. Uno de los padres de esta corriente es Carlo Ginzburg -hijo de la narradora Natalia Ginzburg-, que en El queso y los gusanos reconstruye la vida de un molinero italiano para mostrar todo un pensamiento y una cultura (la popular) refractarios al dogma pregonado por la Inquisición.

La serie documental The War, de Ken Burns, es otro ejemplo extraordinario de microhistoria. En ella, la II Guerra Mundial está contada por ciudadanos provenientes de cuatro poblados estadounidenses: Luverne, Sacramento, Mobile y Waterbury. Son poquísimas las imágenes de Roosevelt, Churchill o Patton. El lente está puesto en los habitantes cuya vida cambió radicalmente desde que los japoneses atacaron Pearl Harbor.

Sorprende la cantidad de registro audiovisual: ver los centros de reclutamiento, las tiendas de campaña, la acción en las trincheras, los hospitales y, evidentemente, los cuerpos destrozados, con los estómagos abiertos y las gargantas cortadas, tirados en las zanjas o siendo cargados por sus propios compañeros tras ser abatidos en las islas del Pacífico, en el norte de África o en Europa. También hay aspectos sociológicos que la guerra evidencia y que incluso hoy siguen desconcertando, como la segregación hacia los negros y los descendientes de japoneses, en un país que decía luchar por la libertad.

El documental es rico en historias de jóvenes que se enlistaban para huir de sus casas, para saber lo que era conducir un avión, para ser un héroe. Asimismo, abundan los que al ser reclutados hipotecaron un futuro cuando menos, auspicioso. Uno de ellos, Babe Ciarlo, escribía cartas desde el frente llenas de confianza y optimismo. Sin ninguna aspiración literaria, Babe sabía que la escritura brinda la posibilidad de vivir otra vida, de ser otro, alguien que estaba lejos de las balas. Al momento de morir llevaba dos rosarios, su licencia de conducir y una carta.

En ese punto uno recuerda ese relato perfecto que es “Las cosas que ellos llevaban”, de Tim O’Brien, quien estuvo en Vietnam y condensó en 21 páginas la marcha de una cuadrilla de 17 hombres hacia Than Khe, enfatizando aquello que porta un soldado: desde un abrelatas hasta una radio de onda corta, desde cigarros hasta pastillas contra la malaria, desde una radio hasta explosivos de toda índole. Lo sobrecogedor es la cadencia de esa enumeración junto a la especificación del peso: granadas de mano (435 gramos), proyectiles (300 gramos), cascos (dos kilos), chaleco antibalas (dos kilos y medio)… La densidad de las palabras es abrumadora, porque además de alcanzar una precisión quirúrgica, deja abierto un espacio igualmente doloroso, el espacio de las cosas que no pueden pesarse: la culpa, el temor, los recuerdos y las pérdidas.

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Otro golpe a la autonomía universitaria

Recientemente se ha conocido la propuesta del Gobierno en que buscará remover a Rectores de las universidades estatales en caso que en sus procesos de acreditación bajen el número de años obtenidos o pierdan definitivamente su certificación.

Si uno lee entre líneas lo que la autoridad busca, hasta se puede entender: Existe una preocupación por aquellas universidades cuyo “dueño”, es el Estado, y que son financiadas por los impuestos de todos los chilenos, se esmeren y esfuercen por ser de la mejor calidad posible. Esta es una visión lógica y responsable por parte de la autoridad.

Dicho lo anterior, el problema es que el método que ha encontrado para alcanzar este objetivo está profundamente equivocado por dos motivos. El primero de ellos es que desnaturaliza el proceso de acreditación. Este, es un proceso que se basa en la autoevaluación, con una alta participación de la comunidad académica, la que se toma el tiempo de efectuar un análisis crítico del funcionamiento de la universidad. De este ejercicio emanan las principales fortalezas para potenciar la entidad, y sus debilidades, para poder mejorarlas.

Entonces si asociamos medidas punitivas a los resultados de la acreditación, ¿alguien cree en su sano juicio, que esas comunidades van a correr el riesgo de elaborar un informe que las perjudique y pueda verse afectada su fuente de actividad principal? La respuesta es no. La naturaleza humana nos ha demostrado que el principio de auto protección es superior a la objetividad.

La ley vigente tiene el mismo problema, se acredita por años -de dos a siete- estableciendo una escala similar a la que se establece en las notas. De esta forma, la opinión pública se queda con la sensación de que un siete es sobresaliente, mientras que un cuatro es regular, y menos es reprobado.

Lo lamentable es que, en el actual proyecto de ley, que se encuentra en discusión en el Congreso, se profundiza este error, no queriendo la autoridad redactora entender el concepto profundo que significa este proceso de medición de la calidad.

La segunda razón, es tal vez más grave aún. Se pretende que por la vía administrativa el gobierno de turno pase a llevar la normativa jurídica y estatutaria que rige a esa institución, violando abiertamente la autonomía universitaria. La autonomía se encuentra garantizada por ley y es la columna vertebral que tiene toda universidad para ejercer en libertad su quehacer, permitiendo con eso tener independencia, juicio crítico y reflexivo, y total independencia para ejercer sus funciones.

Lo grave, es que, en el actual proyecto de ley en discusión, la autonomía universitaria se pierde completamente en manos del Estado. Se crea una Subsecretaría de Educación Superior que tiene el control total sobre las universidades; fija precios, vacantes, planes de desarrollo, controla la admisión.  Es decir, establece el control gubernamental sobre las universidades, dejándolas al arbitrio de los burócratas de turno. Esto constituye un peligroso riesgo a la libertad.

Lo peor de todo es que si la autoridad quiere velar por los recursos de todos los chilenos, la solución la tiene a la mano y es una ley que este mismo gobierno promulgó: la ley del Administrador Provisional, que ya ha sido aplicada en otras universidades que se han visto afectadas, ya sea por mal manejo o por irregularidades en su gestión.

El problema es que esta ley, en su génesis siempre estuvo pensada para ser aplicada solo en universidades privadas, evidenciando que el gobierno aún piensa que el lado oscuro está en ese sector, no queriendo aceptar que no es garantía sine qua non que, por ser universidad estatal, esta sea de calidad.

De hecho, si analizamos los indicadores de calidad entre las universidades estatales y las privadas que nos encontramos adscritas al proceso único de admisión, observamos con beneplácito que estos, son superiores a las estatales, a pesar de que no disponemos de aportes basales ni recursos extras que a ellas sí se les entregan.  Entonces la pregunta que subyace es: ¿Por qué el propio gobierno no tiene fe en las leyes que promulga? o ¿se dio cuenta que era una mala ley, tal como tantas veces, en la discusión, lo dijimos públicamente?

Lamentablemente en estos últimos cuatro años de discusión se ha legislado desde la desconfianza, no entendiendo que un marco de efectiva libertad favorece la calidad de la educación, marco de libertad que debe incluir los procesos de acreditación.

 

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La guerra contra Colón

Desde hace algún tiempo, la conmemoración del descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón ha perdido el carácter de hazaña que solía tener. Por el contrario, hoy parece ser un episodio de la historia universal que para algunos debería ser borrado de la memoria de la humanidad.

Colón y los europeos que vinieron después de él han sido demonizados como ambiciosos, villanos y megalómanos, que solo trajeron a América enfermedades, esclavitud, desastre ecológico y muerte a una tierra que antes era pacífica, una suerte de paraíso terrenal.

Concebir a Colón y a los hombres de Europa que se asentaron en el Nuevo Mundo lisa y llanamente como monstruos, o levantarlos como modelos de virtud, es de una simpleza grosera que no resiste análisis crítico. Lo mismo ocurre al presentar a los pueblos que habitaban este continente como gente pacífica cuya armonía fue repentinamente destruida por la llegada de los españoles. La verdad es que el largo proceso de encuentro entre los nativos del Viejo y el Nuevo Mundo tuvo, como todo proceso humano, luces y sombras. Así como existieron exploradores que dejaron Europa motivados principalmente por el deseo de hacer fortuna, también existieron aquellos impulsados por el fervor de expandir la fe católica. Donde encontramos hombres crueles con los nativos, también podemos ver a quienes respetaron su dignidad intrínseca como seres humanos. Por otro lado, los europeos encontraron comunidades nativas pacíficas, así como también poblaciones belicosas y que incluso practicaban sacrificios humanos.

Lamentablemente en los últimos 50 años el autodenominado mundo progresista ha declarado la guerra a la figura de Cristóbal Colón y lo que representa: esto es, el encuentro de dos mundos y el surgimiento de uno auténticamente nuevo. Esto se ha traducido en una verdadera exaltación e idealización de los nativos, como modelos para el habitante de América, desconociendo todo lo bueno y positivo que nos legó la presencia hispana, negando el valor a su indudable aporte.

En momentos en que parece estar de moda renegar de la cultura occidental, no debe llamar la atención el apresurado juicio de algunos al calificar la civilización construida tras el descubrimiento de Colón como destructiva y egoísta, la suma de todos los males, insinuando que habría sido mejor que la civilización europea no hubiera llegado a las indias occidentales. Es verdaderamente paradójico, toda vez que, si pueden emitir este tipo de juicios y realizar un sinnúmero de manifestaciones y protestas, es precisamente porque Colón y quienes le siguieron incorporaron a América a la cultura occidental. Fue esta tradición la que trajo consigo las nociones de pensamiento crítico, racionalismo científico, respeto a la dignidad de las personas, sus derechos y libertades; lo cual ciertamente no borra los errores que se hayan cometido.

Es un error abordar la historia como una secuencia unidimensional, en la que se juzgan las personas y acontecimientos estrictamente siguiendo los criterios y percepciones contemporáneas. Esto transforma el pasado en una suerte de reduccionismo que divide a los personajes de la historia entre “héroes” y “villanos”, en una simplificación que impide comprender la trayectoria humana. Por el contrario, debemos considerar que la historia es una sucesión de procesos, acontecimientos y personalidades, que interactúan de diversas maneras, dando forma a una realidad multidimensional y compleja. En el fondo, el problema es, como en otros temas, que la generalización y el reduccionismo están condenados a equivocarse, y que todo intento por comprender el pasado requiere explicaciones más sólidas y complejas.

 

 

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Inteligencia colectiva

Como seres humanos gregarios que somos lo primero que nos une es una base afectiva- emocional. Esto nos da identidad y seguridad. Lograr articular una manera de gobernarnos de forma colectiva es un paso de evolución mayor, que requiere ir más allá de una emoción compartida y agregarle racionalidad. Querer lo mismo es una buena base, pero no suficiente, también se necesita que esto sea efectivo, que funcione.

En Latinoamérica todavía estamos en una etapa básica en la forma en que nos gobernamos. En el dilema de la emoción versus la razón. Mientras los populistas de la región apelan a emociones arquetípicas como sobrevivencia, unión, seguridad, el pueblo, etc; los racionales sólo ponen prioridad en los números, sin considerar el valor las aspiraciones legítimas de la sociedad. Esta dicotomía genera una división artificial entre los anhelos legítimos de las personas y la eficiencia. Apelar sólo a la emocionalidad de la gente dista mucho de tener la capacidad para articular leyes o implementar soluciones efectivas. Así también, estamos frente a una era donde gobernar no es sólo administrar un país.

La tendencia a velar por el propio bolsillo en vez de por el bienestar común está ocurriendo incluso en las empresas del Estado, que generan ingresos que financian políticas públicas. Es por esto, que hoy más que nunca es necesario activar la conciencia social de construir soluciones en conjunto en el mundo público y privado, de no salvarse solo. De actuar con Inteligencia Colectiva.

Desde hace varios años hemos vivido la tendencia a rescatar el valor de lo individual, el valor de ser diferente. Pero sólo este enfoque no ha resultado efectivo para articular soluciones de manera colectiva. Todo indica que el próximo paso es movernos hacia la integración de procesos y la organización de las personas en relación a sistemas más complejos, que hagan que las cosas funcionen. En nuestro mismo país, por ejemplo, el rol de las asociaciones gremiales empresariales está empezando a tomar un nuevo giro. Podemos ver como los timoneles de la CPC y de la SOFOFA están empezando a articular un rol social de las empresas, que va más allá de solamente sus propios procesos productivos y comerciales.

El desafío está por verse, pero quienes quieran gobernar no solo deben exhortar los anhelos sociales, ni solamente fundamentar todo con los números, sino crear inteligencia colectiva.

 

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La indigestión del éxito

Es el riesgo de ganar. No saber digerirlo. Y a los jugadores de Chile, campeones de América y asombradores del mundo, les afectó de lleno. Interpretaron sus conquistas con vanidad desmedida, como si fueran consecuencia directa de su excelencia personal. Y despreciaron otros análisis más sensatos, argumentos como trabajo, unión, esfuerzo, orden, disciplina, humildad, generosidad… Todo procedía, o eso dedujeron, de la superioridad con la que había venido a tocarles Dios.

Una suicida lectura que derivó en el nocivo convencimiento de esos chicos de que estaban legitimados para hacer a sus anchas, desoír instrucciones, sobrarse ante el aplastado, desconsiderar al débil y negarle el saludo al que, en vez de dedicar reverencias, se animaba a lanzar reproches. Una forma de inventarse enemigos irreconciliables tras una simple opinión en contra y de construirse enemistades gratuitas de donde sólo había un derrotado en buena lid. De cada actuación salían esos chicos con un corte de mangas o un recado de soberbia. El yo cada vez más subido y el nosotros más lejos.

Una forma de autodestrucción que les costó ver venir a los divos y a la que contribuyeron activamente una capitanía más personal que grupal, un entrenador perdido y poco exigente y una ANFP asustadiza y complaciente. La inercia de los buenos resultados ayudó a la ceguera y multiplicó la patología. Cuando los marcadores se fueron torciendo, la corrección ya sonaba a quimera. La mejor selección chilena de todos los tiempos murió de éxito. Indigestada.

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El Estado (casi nunca) cumple

El gobierno ha querido centrar la discusión de la Ley de Presupuestos en una pretendida idea de responsabilidad fiscal, en el significativo volumen de los recursos asignados a educación, y en particular, en el financiamiento de la gratuidad en educación superior, que este año se ampliará hasta el sexto decil de ingresos en las instituciones involucradas. Pero la noticia sorprendente está en educación escolar: los recursos frescos que se habían comprometido para los establecimientos gratuitos sin fines de lucro y que participaran de la subvención escolar preferencial no se asignaron, aun cuando estaban establecidos explícitamente en la ley.

Aparte del injustificable incumplimiento del cronograma de la ley de inclusión, impulsada y firmada por quien es hoy Ministro de Hacienda, se traiciona la palabra empeñada del Ministerio de Educación y de los parlamentarios frente a los sostenedores, destruyendo quizás el último atisbo de confianza en la autoridad y en el marco legal vigente que quedaba en Educación. Cuesta entender esta decisión cuando hasta hace muy poco el Ministerio llamaba públicamente a los establecimientos a renunciar al financiamiento compartido, sabiendo al mismo tiempo que sus promesas (escritas en una ley) no se cumplirían. Pero discutir esto tiene poca consecuencia, lo único que queda es esperar que se revierta, lo que podría no ocurrir.

Esta insólita situación permite confirmar, una vez más, cómo actúa el Estado frente a sus supuestos deberes. Existen amplios grupos del espectro político que insisten en entregarle al Estado más poder y responsabilidad sobre aspectos relevantes de su vida cotidiana (salud, educación escolar y superior, pensiones) creyendo que solo así tendrán control sobre ella. Argumentan que cuando servicios básicos de nuestras vidas se encuentran en manos privadas lo único que queda esperar es arbitrariedad, abuso y desigualdad. Pero el incumplimiento flagrante y desenfadado de un compromiso clave, enfocado especialmente en los más vulnerables, por el mismo gobierno que promovió la ley muestra que al parecer lo contrario es la regla. Prohibido el copago y el lucro, la única fuente de financiamiento posible es el Estado. Y cuando el Estado decide incumplir, simplemente no hay consecuencias, no hay castigos, nadie responde, no hay nada que hacer.

La lección para las instituciones de educación superior es clara. El proyecto de ley que se discute en el Senado transfiere atribuciones centrales y propias de las instituciones al Estado, tales como la fijación de vacantes de primer año, los aranceles que el fisco pagará por cada alumno gratuito y el máximo que se podrá cobrar a los no gratuitos, el sistema de acceso, entre otros. Se han prometido comisiones expertas y una visión de Estado para la administración de estas atribuciones. Pero como ya podemos adivinar en base a los últimos sucesos, nada de ello está escrito sobre piedra. Lo más probable es que, transparentando argumentos o simplemente apelando a la razón de Estado, las vacantes y aranceles dependerán de la holgura fiscal, el precio del cobre, la elección presidencial o las prioridades del Ministerio de Hacienda. Y las instituciones se enterarán de esto a dos meses de cerrar el año académico. Lo anterior confirma algo que se ha repetido desde que la idea de la gratuidad comenzó a rondar la opinión pública: mayor financiamiento fiscal implica siempre menor libertad de las personas e instituciones y mayor control del Estado, que siempre juega para sí mismo. Cada peso va pareado con una regulación adicional.

Lamentablemente algunas instituciones privadas ya han adscrito a la gratuidad, con cierta confianza en que jugar con las reglas del Gobierno  les daría más control sobre su devenir. Pero su destino será, probablemente, similar al de los establecimientos subvencionados: financiamiento de hambre manejado desde la torre de control por el funcionario de turno del Ministerio de Educación. Y sin pito que tocar.

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La escuela salvadora

La delincuencia ha vuelto a las primeras páginas de los diarios en estas semanas. Crece el número de “portonazos” y otros actos violentos. El narcotráfico amenaza no solo la seguridad de nuestras calles, sino también la estabilidad de nuestras instituciones. La reacción del público es previsible y no faltan los políticos que argumentan en la misma dirección: es necesario endurecer las penas, construir más cárceles y bajar la edad de la imputabilidad penal. Palabras más o menos, estas propuestas suponen que el problema de la delincuencia se resuelve aplicando una lógica tipo Trump.

Lamentablemente, las cosas no son tan sencillas. ¿O alguien piensa que algún delincuente dejará de cometer algún delito solo porque en el Diario Oficial apareció una modificación al Código Penal que indica que una pena ha subido en un año?

La represión es necesaria, pero es cara, insuficiente y de discutible eficacia. Nuestro foco debemos ponerlo también en la prevención.

Una aproximación seria a la delincuencia exige cruzar esas estadísticas con otras que también están disponibles, pero que no atraen la misma atención de los medios. Concretamente, en 2016, nada menos que 35.548 niños y jóvenes desertaron del sistema escolar. ¿Qué futuro les espera?

En una reciente campaña de CreceChile se nos informa que una persona que no ha terminado su educación gana un 30% menos que otras que realizan similares trabajos. Además, nueve de cada 10 oportunidades laborales exigen tener cursado 4° medio. El futuro de estos jóvenes es claro: les resultará muy difícil conseguir trabajo y si tienen la fortuna de obtenerlo será mal remunerado. A esto se suma que parten con desventaja, pues mayoritariamente provienen de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

En ese contexto, ¿cabe pensar que el temor a la sanción penal será capaz de retraerlos de la delincuencia? Muchos de esos jóvenes provienen de hogares disfuncionales y no han tenido la oportunidad de recibir una educación moral sólida en sus casas. ¿Qué argumentos tendrán para rechazar la oferta de un narco de dinero fácil y rápido? ¿O para negarse a la propuesta de una banda que les permitirá conseguir mediante el robo el nivel económico que ansían y llevar el tren de vida que les demanda la publicidad?

No, la delincuencia no se combate simplemente pidiendo mano dura. Es necesario tomarse muy en serio la prevención, y eso parte por conseguir que esos 35.548 niños y jóvenes vuelvan cuanto antes a la escuela. Si no hacemos nada, cada año serán mas.

Siempre habrá casos excepcionales, personas que superan las mayores adversidades y salen adelante con un esfuerzo personal que llega al heroísmo. Pero las políticas públicas deben suponer que esos casos no constituyen la regla. Para el resto, la escuela es la única instancia salvadora. Cuando se discute en el Parlamento la reforma educacional, debiera considerarse la deserción escolar.

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