Óscar Contardo's Blog, page 67
October 11, 2017
Constructivismo ciego
Cuando leí en la prensa que la Presidenta Bachelet había expresado en una entrevista: “Hemos hecho mucho más que Piñera en cada una de las áreas”, recordé el típico voluntarismo del constructivismo social que busca, porfiadamente, crear e imponer desde el Estado políticas y soluciones sin conexión con la realidad ciudadana.
John Locke habría retratado irónicamente la actitud dogmática de los gobernantes despóticos con la famosa frase: “Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad”. Ante la falta de coincidencias entre un mapa y la geografía que describe, la rigidez del constructivista queda en evidencia. Mientras el realista corrige el mapa adaptándolo a la geografía, el constructivista corrige la geografía de acuerdo a lo que señala el mapa.
El ejemplo del mapa del constructivista sirve para comprender las razones del fracaso del actual gobierno. La rigidez dogmática que hace prevalecer el mapa por sobre la geografía, es la misma que lleva a imponer y someterse al programa de gobierno por encima de la realidad. Ello explica los errores garrafales en el diagnóstico de la Nueva Mayoría y en el diseño e implementación de sus políticas públicas, especialmente en sus reformas.
Así, mientras las últimas encuestas del CEP indican que los chilenos priorizan la solución de los problemas de seguridad, salud, educación, sueldos, empleo, corrupción, pobreza y otros, el gobierno dedica sus esfuerzos a impulsar la aprobación de proyectos ideológicos como la gratuidad universal de la educación superior, postergando la educación de la mayoría de los niños y jóvenes, haciendo que el país retroceda en sus deseos de mayor igualdad de oportunidades, tal como lo advertimos a mediados de 2015 en nuestro libro La educación en la encrucijada: ¿Estado docente o sociedad docente?.
Si buscamos en la historia republicana un símil del gobierno de Bachelet, lo encontramos en el gobierno de Allende cuyo fracaso obedeció en parte a la inflexibilidad y voluntarismo con que llevó adelante su programa. Ambos gobiernos contrastan paradojalmente con la administración del expresidente Ricardo Lagos, que aunque también es socialista, se caracterizó por su realismo.
No solo los más importantes índices económicos y sociales demuestran la indiscutible superioridad del pasado gobierno del expresidente Sebastián Piñera frente a la actual administración. También confirman esa realidad la sabiduría de la ciudadanía que desaprueba la gestión de la Presidenta Bachelet, el hecho de que durante más de dos años la mayoría de los chilenos piensa que el país va por mal camino (Cadem), mientras que el 71% piensa que el próximo presidente será Sebastián Piñera.
Lo más lamentable de todo, es que el referido constructivismo está teniendo un alto costo social que pagan todos los chilenos, pero especialmente los más vulnerables.
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Bachelet según Tironi
Eugenio Tironi sostiene que el afán reformista de Michelle Bachelet (MB) deriva de su identificación con una “comunidad progre -liberal y cosmopolita- de Nueva York” que constituyen en particular las Naciones Unidas. Sería una visión forjada en una atmósfera “bastante protegida” no sometida a las presiones de mayorías y minorías ni de los grupos de interés, mesiánica preocupada de los fines y no de los medios.
Es cierto que las diferencias entre el primer y segundo gobierno de MB requieren una explicación. El primero tuvo un sello básicamente continuista, y si bien impulsó reformas importantes como fue la creación del Pilar Solidario en pensiones (sin tocar a las AFP, ignorando el reclamo de muchos) no tuvo lugar el giro reformista que se esperaba en el momento en que el modelo empezaba a agotarse. El triunfo de Piñera fue el principal resultado de la ortodoxia aplicada. La rebelión estudiantil y de otros movimientos sociales dejaron en evidencia el fracaso del modelo educacional y, al mismo tiempo, que era posible imaginar un mundo distinto a la sociedad profundamente individualista en que se vivía.
Fuertemente incidente en el curso que tomaría su segundo gobierno fue la reflexión política (aunque insuficiente) que se generó a partir de la derrota del 2009 y de la movilización social posterior. Los antecedentes fueron el informe del PNUD de 1998 que resaltaba la incertidumbre y vulnerabilidad de los sectores medios, pese al éxito macroeconómico, para los cuales el modelo social existente no tenía respuesta. El Plan Auge de Lagos y las políticas de MB en su primera administración constituyeron primeras respuestas, en el marco heredado. Sería la educación la que mostraría que los problemas no eran resultado de una mala aplicación del modelo social heredado de la dictadura sino que eran justamente resultado de sus éxitos: la generación de grandes negocios en torno al sistema privado de educación, salud y pensiones. Esta visión no vino con MB desde los Estados Unidos. Al bajar del avión la idea de la gratuidad universal en educación no estaba presente ni tampoco introducir modificaciones de fondo a las AFP (de hecho, lo que se transmite al FMI en el 2014 es que la futura Comisión Bravo iba a presentar solo reformas paramétricas). En lo que se refiere a la reforma tributaria, sus lineamientos fundamentales habían sido diseñados ya en el 2012 por la comisión Lagos Weber.
Chile es muy distinto al del 2013; comienza la desmunicipalización de la educación y la carrera docente es otra; no existe más el sistema binominal, se ha despenalizado el aborto en tres causales; se instaló la unión civil y se ha propuesto una reforma previsional que potencia y proyecta la solidaridad hacia los sectores medios. Al mismo tiempo, la gestión política fue deficiente: la Nueva Mayoría aparece dividida y erosionada. Esto tiene más que ver con el estilo de gestión de MB basado en relaciones personales de confianza y en la falta de personal político para impulsar las reformas (producto de la crisis de los partidos). Todo ello lleva a encargar las reformas a personas que no están a favor de ellas; como botón de muestra, está el equipo económico que acaba de renunciar.
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Huelgas y tácticas 2016, del espacio de la empresa al espacio público
Por su naturaleza, la empresa constituye una mezcla inseparable de cooperación y conflicto entre empleadores y trabajadores. Entre las múltiples vías por donde se expresa la conflictividad (estrés, desgano, rotación laboral, negociaciones, sino fuera de la empresa), la huelga es la primera expresión donde la relación laboral queda objetivamente en jaque. No obstante, a pesar de su importancia, es común que se confunda la huelga, en cuanto paralización del trabajo para presionar por reivindicaciones, con la paralización de la producción. Para ser exactos, lo que ocurre es que la huelga persigue paralizar la producción, pero no siempre lo consigue.
¿Dónde se lleva a cabo este proceso según la ley? Por una parte, los huelguistas no pueden permanecer en sus puestos de trabajo durante la huelga y deben retirarse de la empresa. Esto elimina el diálogo con el resto de trabajadores y superiores, y además abre una primera posibilidad para que sus puestos sean reemplazados. Por otra parte, la táctica de la “ocupación de la empresa” también se encuentra prohibida. Si bien el Comité de Libertad Sindical de la OIT permite la ocupación de la empresa de forma pacífica, por significar una extensión normal del “piquete”, en Chile el piquete debe ser externo al lugar de trabajo. En este sentido, el resultado final es que los huelguistas carecen de derechos en la empresa y la acción de la huelga solo tiene permiso para desplegarse, paradójicamente, en el espacio público.
De acuerdo al Informe de Huelgas Laborales 2016 del OHL, un 66,3% de las huelgas del sector privado tuvieron tácticas complementarias de movilización. Las más utilizadas fueron de tipo convencional o culturales (como marchas y piquetes pacíficos) con un 44,2%; luego las disruptivas (como interrupción del tránsito o del acceso al establecimiento por un piquete) con un 20%; y finalmente las violentas (como agresiones u ocupación de edificios, sean ajenos o de la empresa) con un 2,1%.
En este contexto, el rol del piquete es interesante para comprender la cultura de huelga existente en el país. De acuerdo al Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES, el 61% de los encuestados encuentra justificable que los trabajadores bloqueen la calle en un proceso de huelga, es decir, que el piquete utilice forzosamente el espacio público.
En la otra cara de la moneda, son poco frecuentes los casos donde la ocupación del espacio de la empresa efectivamente sucede. En rigor, solo el sindicalismo de los empleados públicos emplea regularmente esta táctica. En específico, en el Informe de Huelgas 2015, se puede constatar que la táctica más utilizada por este sector fue el turno ético (25,6%), fenómeno al cual subyace una ocupación pacífica del centro de trabajo.
Así entonces, la mayoría de movilizaciones huelguistas en Chile se despliegan en el espacio público-civil, lugar donde las empresas ven expuesta su imagen y marca, los trabajadores y consumidores su integridad física, y el Estado con las fuerzas policiales su neutralidad. Esta situación se extiende significativamente más días en las huelgas legales que en las extra-legales, tal como sus costos, siguiendo la columna de Diego Velásquez, “Hiper-regulación, huelgas más costosas” (La Tercera, 21/7). Con este escenario, de acuerdo al Informe 2017 del Observatorio de Conflictos (OCS) del COES, puede observarse que en el universo de acciones contenciosas las de tipo laboral-sindical constituyen las más numerosas del país, alcanzando el 36% del total. Esto puede ser la causa de otro dato: continuando con el Informe 2016 del OHL, se constata que el 2006 emerge un ciclo de huelgas que todavía está en crecimiento.
¿Cuál ha sido entonces la relevancia de las huelgas y sus tácticas complementarias en Chile, de un tiempo a esta parte? En específico, estos elementos han evidenciado una distribución geográfica desigual del derecho a huelga entre el espacio público y privado: la huelga existe casi exclusivamente fuera de la empresa, producto de que es forzada a expulsarse justamente del espacio que busca problematizar. Lo anterior resulta de que en Chile es legal dejar de trabajar grupalmente para presionar (huelga), como derecho humano laboral, pero únicamente si la conflictividad que se abre no es internalizada por la empresa sino por el espacio público. Literalmente, esto reorganiza y cambia la vía de expresión de la conflictividad, sin que se sepan con claridad los efectos asociados para el resto de la sociedad.
Con lo anterior, el actual ciclo de huelgas nos permite comprender mejor los derechos y su auge reflota una pregunta evidente para el sistema de relaciones laborales, a saber, ¿puede desarrollarse el derecho a huelga para todos los actores involucrados mediante la ocupación del centro de trabajo, desde las relaciones laborales donde emana? En este sentido, es posible afirmar que en el debate sobre los derechos sociales en el Chile actual se ha tematizado poco, entre trabajadores, empresarios y Estado, su aplicación al interior del mundo del trabajo. Es decir, si deben existir o no derechos civiles en el centro productivo.
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October 10, 2017
Mala educación
El presupuesto de la nación para 2018 enviado al Congreso por el gobierno incluye una insólita sorpresa: no reajusta, como estaba comprometido, el aporte estipulado para los colegios particulares subvencionados que se hayan acogido a la posibilidad de convertirse en fundaciones. Con ello el Ejecutivo no solo desconoce de hecho una promesa, sino que daña abiertamente a los establecimientos educacionales afectados, dejándolos imprevistamente con menos recursos de los que contaban para su funcionamiento. ¿Ahorro presupuestario, ideologización, desprolijidad de gestión? Todo puede ser viniendo de donde proviene. En cualquier caso, con toda la gravedad que posee el asunto, llega a ser anecdótico comparado con el enorme despropósito que significa el conjunto de la reforma educacional impulsada por la actual administración.
Chile necesita imperiosamente contar con una educación de calidad al alcance de todos. Ese es el gran desafío. Y requiere transitar a ese objetivo respetando la libertad de sus habitantes, en este caso tanto la de enseñanza como la de elección de los padres. La reforma va justo en sentido contrario. El acento en la calidad ha desaparecido, para ser reemplazado por la gratuidad. La mal llamada “ley de inclusión” (no a la selección, no al copago y gratuidad) conduce más bien a la exclusión, al tiempo que coarta la libertad de enseñanza y la de los padres para elegir la educación de sus hijos. En síntesis, un franco retroceso. Simultáneamente se ha gastado tiempo, energía y recursos en hacer cambios en la educación universitaria, por la sencilla razón de que sus estudiantes protestan, alteran las calles y sufragan, descuidando comparativamente los tres ámbitos realmente cruciales para encaminar al país a una mayor equidad e igualdad de oportunidades: la educación preescolar, la escolar y la técnico-profesional. Existe sobrada evidencia de que las etapas iniciales del proceso educativo son las más determinantes para el desarrollo de las personas. Casi con seguridad quien no reciba una educación de calidad en los primeros años de su vida escolar no tendrá opción de entrar a la educación superior, por mucha gratuidad de que disponga.
Con todo, la desorientación de las radicales modificaciones en curso no queda solo ahí. De una parte, el énfasis se ha puesto en las estructuras jurídicas, administrativas y las fuentes de financiamiento, cuando la auténtica búsqueda de calidad obliga a focalizarse en el liderazgo de los directores de las escuelas y liceos, en la preparación y motivación de los profesores y en aquello que ocurre en el aula (metodologías innovadoras y atractivas que faciliten el aprendizaje e involucren a los educandos en ese proceso).
De otra, nada se ha avanzado en orden a preparar a la población para el impacto en el mundo del trabajo que comportará la automatización y la robótica, fenómeno que se prevé generará alto desempleo y demandará cualidades y conocimientos distintos que los actuales para posibilitar la inserción laboral y la productividad de amplios sectores de la nación.
Resulta altamente preocupante que la sociedad chilena se encuentre transitando hacia tan mala educación. Será uno de los “legados” más onerosos que heredará Bachelet 2.0 a la patria.
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Las dudas del “redondeo”
Primero, el problema del “redondeo” lo resolvió el “mercado” hace mucho tiempo; jamás he visto que se pierda una venta o se desestime una compra por los pesos faltantes. Entonces, ¿para qué normar esta medida?, es decir, el Banco Central pudo haber disminuido gradualmente la emisión de monedas hasta que desapareciesen, entonces: ¿para qué generar incertidumbre/ruido?
Segundo, debido a las características del “redondeo” se han creado dos monedas que competirán entre sí: El “peso-virtual” contra el “peso-real”. Según las “normas” del redondeo sí hago una compra y está termina entre $1 y $5 deberán bajarme el precio si pago con peso-real ó mantenerlo si es con peso-virtual, entonces, habrá dos precios según qué tipo de “peso” se use; real ó virtual.
El efecto sobre una compra será marginal, pero sobre muchas compras a través del tiempo, no; haciendo que una “moneda” predomine sobre la otra.
Por cierto: ¿Lo supermercados aplicarán el redondeo a cada producto ó al total de la compra?, ¿cuántos productos compra usted en total?
Lo peligroso de la eliminación de monedas de baja denominación es que nos deja atrapados con precios saltando de $10 en $10 en vez de $1 en $1, es decir, una mayor inflación. Si bien, se habla que sólo afectará las compras con pesos-reales lo cierto es que la mayoría de las transacciones son hoy de esa forma, especialmente fuera del Región Metropolitana.
Por cierto, todos los argumentos para eliminar las monedas de baja denominación son técnicamente incorrectos, entonces: ¿para qué hacerlo? Sí es por costo-ahorro; lo que es falso, entonces, ¿por qué no eliminar sólo a un puesto del, creciente e innecesario, número de Senadores adicionales? Un puesto al Senado menos y evitamos la medida… innecesaria.
Mi temor es que los precios, con la justificación del “redondeo”, comiencen a saltar de $10 en $10; El precio de los combustibles, el precio del Dólar y así hasta llegar a todos los precios de la economía; más que mal fue lo que pasó con los centavos.
El Banco Central asegura que el “redondeo” se aplicará sólo a unos casos, pero: ¿Qué harán los comerciantes, los empresarios, aprovechando esta medida? Y peor que eso: ¿No acaban de crear una segunda moneda, el peso-real, que competirá con el peso-virtual?, ¿no habría sido mejor darle valor al peso, quitando un cero?; ¿están los estudios sobre los efectos en la inflación y el crecimiento?, ¿es necesario seguir adelante con esta medida habiendo dudas sobre su efectividad y peor, anticipando que habrá efectos negativos sobre la inflación?, etc.
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Palabra empeñada
Aunque el presupuesto nunca ha sido un tema muy sexy, siempre trae una sorpresa que da que hablar. Este año no es la excepción: el fin de semana se supo que el proyecto revierte el reajuste comprometido en la ley de inclusión para colegios que pasaron a la gratuidad. ¿Es posible que por la vía del presupuesto se haga tal cambio? Para responderlo hay que dar algunas explicaciones.
La llamada ley de inclusión eliminó el financiamiento compartido, es decir, la opción de que los padres pagaran cierta cantidad de dinero en los establecimientos educacionales que, sumados a la subvención, aumentaban la disponibilidad de recursos. Y dado que la eliminación restaba recursos importantes a la gestión de los colegios, la ley comprometió el aporte de gratuidad que suplementaba la subvención. La ley lo dice claro: el aporte aumentaría 0,10 USE anualmente en los establecimientos que supuestamente el gobierno quería promover: los gratuitos y sin lucro. Pues bien, este reajuste es el que el gobierno intenta eliminar usando la Ley de Presupuestos. Y eso es impresentable.
Lo es, ante todo, políticamente. Ya ha generado polémica que este gobierno pretenda desconocer lo que el Estado comprometió hace una década en relación con la reserva de antecedentes de la Comisión Valech. Pero este caso es mucho más patético: el mismo gobierno que comprometió el aumento hoy lo deshace. Incluso peor: el mismo ministro que defendió la ley e hizo la promesa -Eyzaguirre- hoy la incumple en el proyecto de presupuestos que lleva su firma. Con la soltura que lo caracteriza, Eyzaguirre mostró gráficos y comprometió el aumento que hoy olvida (la pág. 313 de la historia de la ley lo muestra con demasiada claridad como para desconocerlo). Eso es, políticamente, una burla.
Pero el tema no es solo político; también es jurídico. ¿Puede la ley de presupuestos deshacer un gasto comprometido en una ley permanente? El asunto se ha discutido mucho entre los constitucionalistas. En el siglo XIX, Miguel Luis Amunátegui y Jorge Huneeus argumentaron que era inconstitucional derogar una ley por la supresión de uno o varios ítems del presupuesto. Por eso a partir de 1884 la ley lo prohibió. Y lo mismo hace la Constitución de 1925, a instancias de Guerra y Eliodoro Yáñez. Hoy día tampoco está permitido y es lo que implícitamente reconoció el gobierno al aceptar negociar con las universidades perjudicadas por la eliminación del AFI en la última ley de presupuestos. Como puede verse, la pregunta pareciera zanjada desde hace tiempo: no es posible reducir en la ley de presupuestos los aportes determinados en ley permanente. Aun así el gobierno lo hace otra vez.
Posiblemente para privilegiar la gratuidad universitaria, perjudica a los escolares. Y de paso, vulnera un mandato constitucional muy antiguo entre nosotros. Es deber del Congreso, que comprometió en la Ley de Inclusión su palabra, evitar que sea el gobierno el que la rompa.
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Mala política
La buena política supone convicción. Ser capaz de sostener las ideas propias con coraje. La buena política también supone responsabilidad. Asumir que nadie tiene toda la verdad. Entender que las decisiones que se toman tienen consecuencias. El político con convicción no puede ser confundido con el fanático para quien el mundo se divide en unos buenos (él/ella y sus amigos) y uno malos (todos los que piensan distinto). El político con responsabilidad es el líder prudente que sabe cuándo ceder. No el mercader oportunista que transa todo. La mejor política, por supuesto, es la que combina ambas: convicción y responsabilidad.
España y Cataluña están llorando a gritos por falta de buena política.
A un lado tenemos a un movimiento autonomista razonable en sus principios, pero secuestrado por un grupo de iluminados intolerantes que han hecho del chauvinismo y la audacia banderas para ganar votos. No les ha importado dividir a la sociedad catalana. A todo el que disiente le lanzan el mote de fascista, aunque sea Joan Manuel Serrat. Tampoco les importa nada violar la Constitución. No respetan los derechos de ese 50% de los habitantes de Cataluña que no quieren independencia (véanse los resultados de las últimas dos elecciones “en forma” y todas las encuestas).
Al frente tenemos a un Jefe de Gobierno, Rajoy, que no ha hecho nada por generar un verdadero diálogo con el gobierno de la Generalitat. Tiene razón, por supuesto, cuando reivindica su deber de hacer cumplir la Constitución y las sentencias de los tribunales.
Lo que es imperdonable es que piense que eso agota su responsabilidad histórica. Tampoco ha ayudado que desde su entorno surjan voces insensatas que lancen combustible a la hoguera. Y así, ayer, un portavoz del PP, Casado, amenazaba al jefe de gobierno catalán, Puigdemont, con un destino similar al que sufrió hace 80 años otro líder autonomista catalán, Companys . Quiero pensar que Casado se refería a la prisión que Companys enfrentó en 1934 ¿Se le habrá olvidado a este descerebrado político de derecha, sin embargo, que años después el mismo Companys fue fusilado por Franco?
Hay quienes creen que frente a cuestiones tan potentes como el derecho a la autodeterminación o el sentimiento nacionalista, el respeto por las reglas jurídicas es una cosa menor, cuando no un formalismo ridículo. Se equivocan. Lo único que permite que podamos seguir luchando pacíficamente a quienes legítimamente pensamos distinto sobre lo que significa la libertad, la justicia y la Patria, es nuestra disposición a respetar de buena fe las reglas del Estado de Derecho. Si el gobierno de Puigdemont declara hoy unilateralmente la independencia, no estará desafiando a Rajoy. Estará evidenciando su desprecio por los tribunales independientes, la democracia constitucional y los derechos de quienes piensan distinto.
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Transantiago: licitación pública y certeza jurídica
La licitación del nuevo sistema de transporte urbano para Santiago no ha estado exenta de polémicas, retrasos e imprevisiones. Al asumir el presente gobierno, era reconocido por las autoridades la necesidad de llamar a un nuevo procedimiento de licitación, puesto que las actuales concesiones estaban próximas a su vencimiento y se hacía imprescindible introducir mejoras para elevar la calidad del servicio.
Es así como a mediados de 2015, el Gobierno creó la Secretaría Ejecutiva del Transantiago, bajo la dirección del actual Subsecretario de Transportes. Al alero de esta nueva institucionalidad, en febrero de 2016, se realizó un proceso de consulta ciudadana para recoger propuestas de los usuarios y mejorar el sistema de transporte urbano. En diciembre de 2016, si bien el Gobierno publicó el contenido esencial de las bases de licitación para adjudicar los nuevos recorridos, tres meses después, marzo de 2017, se posterga su ingreso hasta mayo del mismo año. Producto de los elevados índices de evasión y el cambio del titular de la cartera de transporte, se enviaron en junio las bases a la Contraloría, y en agosto el ente contralor le propuso al Ministerio de Transporte retirar y revisar el contenido regulatorio de las bases de licitación. Aparentemente, éstas tendrían problemas con la expropiación de los terrenos necesarios para la instalación de los terminales y de los recintos para dejar y retirar buses por parte de las empresas operadoras.
Finalmente, el 5 de septiembre, el Ministerio de Transporte reingresa las bases de licitación a la Contraloría, incorporando cambios relevantes en cuanto al régimen sancionatorio. Sobre las multas, no se incorporó una limitación específica en cuanto al monto aplicable.
Asimismo, las bases incorporan causales de caducidad de los contratos, asociadas a la prestación deficiente del servicio de transporte. Ello implica un duro atentado a la seguridad jurídica, puesto que la caducidad debe configurarse para los incumplimientos más graves de las obligaciones del concesionario, y siempre sometidas a fuertes exigencia de un debido procedimiento, racional y justo, en el cual el concesionario pueda exponer las debidas defensas de sus intereses.
La proximidad del término del Gobierno aumenta la incertidumbre sobre el éxito en la correcta y adecuada selección de los nuevos operadores del sistema de transporte capitalino. La ausencia de un resorte legal específico que lo regule ha permitido que sean las bases de licitación el mecanismo para introducir nuevas condiciones, cargas y requisitos configuradores del ejercicio del mercado del transporte urbano.
La legítima demanda de un nuevo modelo de transporte público para Santiago, exige un alto estándar en su diseño e implementación. En este sentido, una política pública cuyos efectos repercuten profundamente en la calidad de vida de gran parte de la comunidad, exige que el Estado genere condiciones de estabilidad y certeza jurídica que trasciendan al Gobierno de turno, y se transforme en una política del Estado con independencia de las orientaciones políticas.
Las repentinas modificaciones de las bases de licitación, no solo aumentan el grado de desconfianza en una política pública cuestionada constantemente por la ciudadanía, sino que también condicionan el real interés de los futuros operadores en participar en un proceso licitatorio sujeto a constantes vaivenes regulatorios.
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Las Majadas y nuestro desafío social
Este fin de semana tuve el privilegio de ser invitada a participar en Des.Conecta, encuentro que se realiza las Majadas de Pirque y que busca ser espacio para la construcción de capital social en Chile y Latinoamérica. Muchos de ustedes de preguntaran cual es el significado de capital social. La definición según la CEPAL es la siguiente “se entiende como un conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza y los comportamientos de cooperación y reciprocidad articulado entre redes interpersonales”.
Somos muchas las personas que estamos tratando agregar un granito de arena para construir el Chile del futuro: un Chile abierto, justo, equitativo, representativo y de oportunidades. Sin embargo, muchas veces cada uno trabaja desde su trinchera desconociendo la escalabilidad colectiva de nuestras causas. Es aquí donde el encuentro en las Majadas se vuelve tremendamente visionario e inspirador, pues permite conocerlos y respetarlos. Permite escuchar, debatir, comenzar a confiar y a entender que somos muchos y que juntos somos mas. En las Majadas se aprende que el mirarse a los ojos es una herramienta muy eficiencia para entablar confianzas. Una vez establecida la confianza, el trabajo colaborativo se vuelve muchísimo mas productivo. Como decía Ludwig, el secreto para vivir en paz con todos consiste en el arte de comprender a todos según su individualidad.
En una sociedad cambiante como en la que vivimos hoy, las organizaciones deben ser innovadoras e inclusivas. Innovadoras pues si no se adaptan cualquier día su competencia les cambiara su modelo de gestión y morirán. Inclusivas pues solo las empresas que comprenden la sociedad en las que están insertas – y son capaces de replicarlas en su organización – serán capaces de sobrevivir en el mediano plazo. Una de las grandes lecciones aprendidas durante las majadas – gracias conversaciones con personas inspiradoras – es que para innovar e incluir se requiere de un contexto de confianza y de comunicación. Una organización solo podrá ser innovadora si cuenta con trabajadores que confían en sus jefes, con trabajadores que son capaces de comunicar sus preocupaciones y sus sugerencias, con trabajadores responsables. Para poder ser innovador necesariamente hay que aprender a perder el miedo a los errores, a despenalizar el condoro. La verdadera confianza es algo difícil de lograr, pues significa vencer los miedos, estos fantasmas que entran en nuestra cabeza y que nos impiden avanzar; requiere de establecer una comunicación sincera y efectiva entre el trabajador y su jefe. Todo esto que es tan simple de escribir, es tremendamente difícil de llevar a la realidad; requiere de un tremendo, constante y perseverante esfuerzo de sus lideres. Paradójicamente, lo mismo sucede en una sociedad.
La experiencia de encuentro en las Majadas – en un entorno histórico y de una belleza única – alimenta la pasión y la convicción de muchos que soñamos con dejar una mejor sociedad a nuestros hijos. Compartir y debatir diferentes posturas (estando dispuestos a estar equivocados) y escuchar diferentes testimonios, nos permite muchas veces desaprender para reaprender: condición necesaria e imprescindible en un mundo tan cambiante. Ojala estos encuentros logren demostrar que tenemos la capacidad de poner al sector publico, privado y la sociedad civil en pos de hacer un mejor país. Ahí radica nuestro mayor desafío social.
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Leche derramada
En pocas horas Chile define su clasificación al Mundial de Rusia. Al menos, si es que el destino es jugar un repechaje con Nueva Zelanda, seguir en camino. Hay muchas fórmulas matemáticas que dan el pasaje al Mundial, una decena de resultados cruzados, se habla de porcentajes con décimas. Como ayer se consultaban brujos y adivinos, hoy se le da tribuna a ingenieros y estadísticos.
Simplificando, puro sentido común, el ganar nos clasifica directamente y el empate nos asegura el repechaje, si es que Paraguay no le mete siete goles a Venezuela. La lógica indica que los venezolanos, eliminados y todo, no se van a comer siete en el Defensores del Chaco. Pero, tratándose de quien se trata, y con el presidente de la Conmebol y la sede allá, hay que tener siempre el impermeable a mano. Como le dijo a un amigo en cierta ocasión el fallecido entrenador José Omar Pastoriza: “En el fútbol paraguayo pasa cualquier cosa”.
Continuando con el sentido común, es poco probable, casi imposible, ganarle a Brasil en su casa. Nunca lo hemos hecho, nunca ellos han perdido de local en una eliminatoria. Tal vez hace dos años, cuando todavía Brasil estaba herido tras el Mundial, pero no ahora, que volvieron a su nivel histórico y lograron la clasificación caminando. Sería algo más que una hazaña.
Pensar en el empate es realista. Más si pensamos que para los brasileños el partido es casi una celebración, que habrá homenajes, entrega de galvanos y hasta un famoso DJ animará la zandunga en el estadio de Palmeiras. Suponemos, esperamos, que muchos de los jugadores del pentacampeón, sin nada que agregar a su campaña eliminatoria, estén más preocupados de jugar el fin de semana en Europa que de gastar demasiada energía en ganarle a Chile.
Aun así, con los brasileños relajados, algo distraídos y con pocas ganas de arriesgar el físico, lograr el empate es una tarea extremadamente difícil. Será un partido donde Claudio Bravo deberá sacar lo mejor de su repertorio. Sin emplearse a fondo, hay que dar por hecho que el equipo de Tite va a tener cuatro o cinco ocasiones de gol claras. Lo mismo la zaga. Medel, bajo contra Ecuador, deberá aplicarse a fondo y Jara evitar los yerros que le hemos visto en el último tiempo. Seguro que los laterales, vuelve Beausejour, estarán más contenidos. Sobre todo Isla, porque Neymar jugará a sus espaldas.
El partido de verdad se dará en el mediocampo. No sabemos qué formación pondrá Juan Antonio Pizzi, ante la lesión de Aránguiz y la suspensión de Vidal. Son dos bajas muy importantes. El desafío indica que hay que poner hombres para luchar, que no permitan moverse con soltura a los volantes brasileños, podría estar Pulgar. Seguro si estarán Silva y Hernández. Tal vez, en un partido de otra característica, el técnico ratifique a Valdivia luego de su faena contra Ecuador. Esperamos, también, una gran jornada de Alexis Sánchez. Y que Vargas emboque una.
En fin, esperamos muchas cosas la verdad. Rescatar algo en Brasil, que Argentina no gane en Quito, que Perú y Colombia empaten, que Paraguay no golee a Venezuela, que Brasil no tenga una gran noche.
Pero la verdad es más profunda: de quedar afuera, es claro que la clasificación se perdió mucho antes, con todos esos puntos regalados de manera absurda durante toda la serie y que ahora, con el agua al cuello, echamos de menos. Queda el último esfuerzo. Complicada tarea es.
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