Óscar Contardo's Blog, page 128

Bus de la libertad, verdad histórica y amenazas a la libertad de expresión

Han sido días agitados en la coyuntura nacional. La intensa agenda política y legislativa del país transita entre las aguas de un período de campaña electoral presidencial, combinadas con las de un gobierno necesitado de consagrar algún legado político. A toda máquina la gran reforma universitaria –que en nada contribuirá a las mejoras anheladas- y el aborto, buscan transformarse en emblemas de un progresismo a la chilena donde priman las agendas “valóricas y políticas” de la izquierda en desmedro de un genuino respaldo ciudadano que a estas alturas es irreversible. Pero mientras eso sucede, no podemos dejar de advertir algunas señales que, silentes pero amenazantes, se han instalado en el debate con connotaciones muy desfavorables respecto a los estándares mínimos de una sociedad libre.

Dos ejemplos por estos días. El primero de ellos, es el “Bus de la Libertad”. Cuesta entender cómo la agresividad del lobby gay y la ideología de género buscan anular mediante la violencia –literal- a quienes defendemos la realidad natural del matrimonio entre hombre y mujer. Mientras las organizaciones LGTBI pueden realizar festivales, cientos de marchas –algunas con cobertura en noticieros-; mientras llegan a “acuerdos” con el Gobierno en temas legislativos sin que nadie se oponga, se los agreda o se los “fune”, una manifestación que no consiste más que en la circulación de un bus con una leyenda donde se reivindica el matrimonio natural y el derecho de los padres a educar a los hijos no sólo es agredido, rayado y “funado”, sino que las organizaciones detractoras piden a las autoridades “impedir” que el bus circule. Incluso se lo llamó “bus del odio” y de la “intolerancia”, como si discrepar de las posturas del MOVILH fuera una incitación al odio. Ridículo.

Buscar la ofensiva a partir de la descalificación es una táctica propia de grupos en extremo ideologizados, quienes buscan imponer una postura en base no a argumentos, sino desde la energía que confiere la indignación moral. Quienes no piensan como ellos simplemente no tienen derecho a expresar su postura. Insólito e inaceptable.  

El mismo martes 12 de julio, mientras el bus naranjo llegaba a Valparaíso, la comisión de constitución de la Cámara aprobó el proyecto de ley que “sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, (Boletín N° 8049-17).” Un proyecto que lo que busca penalmente es velar por un bien jurídico protegido denominado “verdad histórica” (ver intervención del Diputado socialista Leonardo Soto), cosa que es bastante novedosa desde el punto de vista de los fines del derecho penal. Reconocer violaciones a los derechos humanos no puede implicar promover una policía del pensamiento de corte orweliano.

Para ser claros, si una persona no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privado de libertad. ¿Hay algo menos democrático y totalitario que imponer una verdad histórica oficial por ley? Como dato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó en contra del proyecto.

Lo propiamente ideológico es la imposición por la fuerza de un conjunto de ideas que pugnan con la realidad. De ahí que Joaquín Fermandois haya definido ideología como una fe, social, secular y pararracional que busca la construcción de una utopía. En ambos casos se perciben estos rasgos: un verdadero integrismo secular, tanto en la forma de mirar a la naturaleza humana como respecto a imponer una verdad de la historia. Y como es pararracional –por atentar contra el sentido común- la única posibilidad de hacerlos valer es mediante la imposición violenta, ya sea política o física. Estamos, por ende, frente a actitudes que amenazan flagrantemente a uno de los pilares esenciales de la arquitectura democrática en una sociedad libre: el derecho a la libertad de expresión y opinión sin censura previa.

¿Quién es el intolerante?

 

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Seguridad social: acompañamiento de hijos en situaciones graves de salud

Ingresó a discusión parlamentaria a través del Senado un proyecto de Ley que crea un seguro social para el acompañamiento por el padre y o madre trabajadora –incluido la o el trabajador que tiene a su cuidado un niño por resolución judicial–, de menores de un año o más, hasta los 18 o 15 años, según el caso, que enfrentan una condición grave de salud, centradas ellas en: padecer cáncer, trasplante de órgano sólido, desahucio o estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente.

Este seguro se aplicará en cuanto la ley esté en vigor, con permisos por cáncer y cuidados paliativos del niño/a y anualmente se irá incorporando una de las demás condiciones graves de salud señaladas. Para hacer efectivo el cuidado, acompañamiento e integración familiar, se establece un subsidio, que reemplaza la remuneración o renta de la y o el trabajador que dejan de trabajar por este motivo. Así, entre otros positivos efectos, el trabajador/a no verá afectada su fuente laboral, el empleador tendrá certeza de la fecha de reinserción al trabajo de su colaborador y, por cierto, evita pérdidas relevantes de productividad en la economía en general.

La propuesta legislativa no distingue entre padre o madre, es para ambos y tampoco considera derecho de opción preferente para uno de ellos como en el post natal parental. Aquí ambos padres trabajadores podrán acompañar a su hijo/hija, en forma conjunta o separada, sin afectar su fuente laboral y los ingresos que de ella se generan, por el período de tiempo que se contempla a jornada completa o parcial y en que la afiliación es automática. No será necesario que, como en muchos casos, la madre o el padre (usualmente ella), renuncie o pida permisos no remunerados, para cuidar al hijo en condición grave de salud, y ello lo podrá hacer, conservando la cobertura de seguridad social, en todos sus ámbitos.

Para acceder al subsidio el padre y o madre debe contar con la licencia médica correspondiente validada por la COMPIN, en un procedimiento que se contempla ágil por los plazos de resolución que se indican.

El financiamiento de este seguro social, solidario y colectivo, será de cargo patronal y sin afectarle su actual carga de cotizaciones ¿Cómo ocurre esto? El seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contempla desde hace varios años una cotización extraordinaria del 0,05% mensual (adicional al 0,90% de aporte básico uniforme por trabajador), para crear un fondo de contingencias. Pues bien, por Ley 21.010, de abril de este año, esta parte de la cotización empresarial por riegos del trabajo entra en proceso de extinción: el fondo está casi constituido. De ese aporte, se destinará un 0,03% de la remuneración imponible al seguro que aquí comentamos, en un proceso gradual a contar de este año y que, en el 2020, estará en régimen tanto en cotización como en la cobertura de los subsidios por todas causales que se establecen.

En la gestión del seguro intervendrán las entidades de previsión social que hoy tienen a su cargo el seguro de Ley 16.744, es decir, las Mutuales y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), quienes recaudarán tanto la cotización del seguro que gestionan como las correspondiente a este nuevo mecanismo de protección. Asimismo, se encargarán del pago del nuevo subsidio.

Esta propuesta de ley integra medidas de derecho del trabajo y seguridad social que mejoran la cobertura de la familia y el empleo formal. Ahora, siempre por la vía de la negociación colectiva es posible la mejora estas prestaciones, como efectivamente ya se consagran en algunos contratos colectivos.

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¿Perdimos el foco?

En una entrevista publicada por la Revista América Economía, el Ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena indicó: “El movimiento ambiental en Chile ha perdido el foco, se han centrado en problemas que no afectan a la gente, sino en los que dan más titulares de prensa”.

Desde Fundación Terram nos parece necesario responder a los dichos del ministro, a partir de nuestro trabajo, sin arrogarnos la representación del movimiento ambiental chileno.

Nuestra institución se dedica a analizar y proponer políticas públicas en materia ambiental, por lo que todos los años elabora un “Balance Ambiental”, documento que recoge los principales sucesos ocurridos, que involucran al país.

El Balance elaborado en 2016 fue titulado: “Notable abandono de deberes” aludiendo al incumplimiento del rol del Gobierno en esta materia, aseveración que el Ministro Mena señala como “injusta”. Pese a ello, es evidente que la gestión ambiental de este Gobierno ha sido bastante pobre, basta con ver lo que ocurre en las zonas de sacrificio, especialmente en la Bahía Quintero, donde el Gobierno no ha realizado acciones concretas para disminuir la contaminación que afecta a las personas que habitan dicho lugar. Situación evidenciada en junio de este año, por la Contraloría, la cual en un documento señala “abandono de deberes” por parte de las Secretarias Ministeriales de Salud y Educación, por el incumplimiento del Oficio 1.448 del año 2011.

Lo mismo ocurre con la contaminación atmosférica que afecta a muchas ciudades del país, que sufren preemergencias y emergencias ambientales año a año, porque no basta con dictar planes, lo más importante es que se cumplan, y la historia nos muestra que esto no ha ocurrido.

Todas estas razones nos dan a entender que el Gobierno dejó en segundo plano su deber de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza, tal como lo señala nuestra Constitución.

Nos preguntamos también, cuál es el rol que ha jugado la autoridad (Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia Ambiental y Sernapesca) tras la crisis ambiental y sanitaria vivida en Chiloé el año 2016. Nos gustaría saber si como país estamos preparados para enfrentar un nuevo florecimiento algal nocivo (FAN) y si existen protocolos de acción en caso de que esto vuelva a suceder.

Otro tema relevante sobre el cual el Ministro se pronuncia es el Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, el cual, gracias a la gestión de este Gobierno terminó protegiendo prácticamente nada y su tramitación quedo durmiendo en el parlamento. Sabemos que es urgente una ley de esta naturaleza que resguarde las reservas de agua y que elimine los impactos que en ellas provoca la minería, sin embargo, el Gobierno no ha tomado acción.

En el caso de la Gran Donación de áreas terrestres de Tompkins Conservation, el Gobierno y en particular la presidenta, jugaron sin duda un rol importante, sin embrago la iniciativa nace de Douglas y Kristine Tompkins, quienes entregaron al Estado de Chile su enorme legado.

El Ministro mena se equivoca al decir que hemos perdido el foco, ya que las ONGs tenemos una función pública, lo que nos vuelve una contraparte de la institucionalidad vigente. Es parte de nuestro rol contribuir al debate y trabajar para que nuestra sociedad transite hacia espacios con mejores estándares ambientales, más justos y democráticos.

Desde Fundación Terram estamos abiertos a aportar a la discusión en temas de fondo, a través de un dialogo que cuente con la voluntad de avanzar en materia de protección ambiental, democracia y respecto a los derechos humanos.

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Contra la censura

SI EN ALGO retrocedimos la semana pasada, eso fue en la valoración de la libertad de expresión. Y es que tres sucesos la pusieron al centro del debate e hicieron que algunos olvidaran su relevancia.

El más comentado fue el del Bus de la Libertad; pero es también el menos interesante desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y es que el bus circuló, transmitió su mensaje y probablemente todos nos formamos opinión. Salvo voces aisladas, ninguna autoridad llamó a censurar el paso del bus. Solo ciertos grupos opositores (a veces con la violencia propia del intolerante) intentaron impedir su circulación fundándose en que el mensaje los ofendía. ¿Puede censurarse una expresión porque algunos se sienten ofendidos? Obviamente no. Desde hace mucho tiempo en el mundo, y en Chile desde el caso de La Última Tentación de Cristo, la libertad de expresión no puede limitarse por esas percepciones subjetivas.

Solo hay ciertas expresiones muy específicas y ligadas al llamado “discurso del odio” que admiten algún tipo de censura previa. Pero nada de eso se observó en los mensajes del bus de la libertad.

El segundo evento, menos polémico pero a mi juicio mucho más grave, es la censura que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, impuso sobre una campaña de la AFP Habitat. Macías cuestionó que era “parcial” pues no contemplaba todos los anuncios del gobierno. Luego el ministro Valdés agregó que era “provocadora”. ¡Todo mal! ¿En qué país serio se acepta que un gobierno censure las críticas por considerarlas parciales o provocadoras? Y es que el contenido de un mensaje no es una cuestión que deba valorar positiva o negativamente la autoridad sino que, al decir del Juez Holmes, corresponde al “mercado de las ideas”, esto es, al valor que la gente le da a ese mensaje en el contraste con otros. Dicho de otra forma, si las ideas que más influyen son las del gobierno o las de la AFP no debe depender de la censura sino que de la valoración que le damos a cada una. Para eso todas deben circular libremente; incluso si a Macías y Valdés eso los provoca.

El tercero, que ha pasado desapercibido, sucedió en Valparaíso. Ahí, con los votos de la NM, se aprobó en la Comisión de Constitución la sanción de cárcel para quien públicamente niegue los hechos referidos a delitos cometidos durante la dictadura. ¿En qué están pensando quienes promueven esta censura? Claramente no se trata de recordarnos que durante el gobierno de Pinochet se cometieron graves delitos. La historia ya ha hecho lo suyo a este respecto. El asunto es más complejo: pretende que la verdad histórica, siempre susceptible de juicio y revisión, quede fijada no por el acuerdo compartido sino que por el manto de castigo que impone la ley. Eso, más que fortalecer dicha verdad, la debilita pues la opinión de las personas deja de fundarse en la convicción para pasar a estarlo en el temor de una sanción. ¿De verdad quiere eso la Nueva Mayoría?

Al final, tanto el gobierno como el Congreso debieran recordar que, como narra Coetzee recordando la experiencia sudafricana en un libro del que esta columna toma su título, la censura institucional es una muestra de debilidad; no de fortaleza.

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Reforma agraria

HACE 50 años, el 16 de Julio de 1967, el entonces Presidente Frei Montalva, promulgó la ley de reforma agraria. Fue este cuerpo legal el que abrió las puertas a la más importante transformación social del campo chileno. Desaparecerían los grandes latifundios tradicionales, cuya escasa productividad (en muchos casos) planteaba severos límites al desarrollo económico del país.

Exigencias básicas de la justicia, y de la modernidad, como ciudadanía efectiva, derechos iguales tutelados por la ley, remuneraciones en dinero y asociacionismo libre empezarían a reemplazar relaciones sociales fundadas en el paternalismo y la dependencia.

Tengo claro, por supuesto, que existen, legítimamente, diversas apreciaciones sobre los efectos sociales, políticos y económicos de la reforma agraria. Los críticos destacan el hecho que no se alcanzó el fin declarado del proceso, esto es, la creación de una gran clase media campesina, formada por cientos de miles de pequeños propietarios. Se reprocha, además, la ausencia de un suficiente apoyo técnico y crediticio a los asentamientos y a los asignatarios individuales. En varios casos, los propietarios y sus familias sufrieron violencia. La multiplicación de tomas ilegales y los intentos de la ultraizquierda por desbordar el marco legal solo sirvieron para acentuar una trágica polarización.

Es mucho, sin duda, lo que podemos aprender de un proceso complejo y profundo como el recordado. Todos. Quienes lo valoramos y quienes lo rechazan. Es con sentido crítico y autocrítico, entonces, que, a propósito de estos 50 años, rindo homenaje a algunas de las personas que pusieron sus mejores esfuerzos para superar estructuras sociales que reñían con la dignidad esencial de la mujer y el hombre del campo chileno.

Comienzo trayendo a la memoria a Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, amigo, compañero de estudios y alma gemela de San Alberto Hurtado. Desde el Obispado de Talca, que serviría desde 1939 hasta su muerte en 1966, Larraín sería un constante defensor de los derechos de los campesinos. Y así, cuando parecía que el gobierno del General Ibañez iba a reprimir con violencia la primera huelga agrícola, Larraín no dudó en ponerse del lado de los dirigentes gremiales. Luego, a partir de 1962, y junto al Cardenal Silva Henríquez, Larraín llevó adelante la primera de las reformas agrarias, la que practicó la Iglesia Católica con varios de sus propios fundos.

Destaco, en segundo término, a los cientos de líderes sociales y sindicales que, como Emilio Lorenzini, se jugaron por organizar a los trabajadores del campo. Especial mención merecen aquellos que, por su compromiso gremial y social, sufrieron persecución, tortura y muerte luego del golpe de 1973. Me remito, en esto, a la nómina que recoge un libro reciente de José Bengoa. Recuerdo, luego, la contribución de los ingenieros, agrónomos, abogados y técnicos del Ministerio de Agricultura, la CORA, Indap e Inproa. Evoco, como emblema de ese compromiso, el testimonio de Hernán Mery, joven agrónomo asesinado cumpliendo su deber. Concluyo con una referencia ineludible a Frei Montalva: “Presidente de los campesinos”, comprometido a fondo, hasta su muerte, con la construcción de una sociedad en que el sol brille para todos.

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¿Entrevistadores o entrevistados?

EN PRIMERA PERSONA. Hace algunos años me autoimpuse, salvo excepción calificada, no ver televisión abierta chilena, en particular sus espacios noticiosos. Las razones fueron muy simples: en general me parecía de mala calidad y, por lo mismo, una pérdida de tiempo. Habían (hay) muchos usos alternativos del tiempo más provechosos. Sin embargo, en un año electoral como el presente donde Chile parece estar jugándose algo importante he tenido la debilidad de volver a ser televidente de esos canales, esta vez especialmente de programas y debates sobre política contingente. Unas pocas excursiones en la materia han bastado para reafirmar con renovadas fuerzas las viejas convicciones.

Es cierto que, en ocasiones, los candidatos entrevistados no dan la talla y defraudan las expectativas mínimas esperables. Pero, más frecuente está resultando que los entrevistadores sean quienes no cumplan adecuadamente su papel, lo malentiendan o lisa y llanamente se adueñen del rol de sus invitados, dejando de paso a los telespectadores casi sin posibilidad alguna de informarse sobre las propuestas concretas y sus fundamentaciones de boca de los propios postulantes a cargos de representación popular. Desde luego, lo primero que se echa de menos es el auténtico arte de entrevistar que, en principio, consiste en generar las condiciones para que la persona entrevistada y sus ideas puedan darse a conocer de la forma más veraz posible. Esto es, que la realidad -de las personas y conceptos- quede expuesta (se haga patente) de forma nítida para la consideración de quienes acceden a ella a través de la pantalla. Solo así el espectador estará en condiciones de formular su propio juicio al respecto. Y, luego, actuar en consecuencia.

Lo que acontece, en cambio, es que -con escasas excepciones- los entrevistadores se plantean en una lógica hostil, agresiva, irreverente, impertinente, y hasta mal educada, al tiempo que abiertamente protagónica. Efectúan interrogatorios apremiantes sobre asuntos que parecen interesar más a ellos que al público destinatario. Las más de las veces el contenido de las inquisiciones guarda relación con acusaciones personales no siempre demostrables o con temas que preocupan únicamente a pequeños grupos socialmente influyentes o vociferantes, o a obsesiones ideológicas y fijaciones sobre el pasado que, queda la impresión, son parte del panorama psicológico de sus autores o de sus compromisos con la tan socorrida “corrección política”.

¿Y sobre las necesidades más relevantes de la población, los planes ideados para satisfacerlas, la sustentabilidad económica de los mismos, las visiones de desarrollo integral para el futuro de la Patria? De eso, poco. Mejor resulta elegir el camino de gatillar la “pelea corta”, escudriñar la cosa nimia o el yerro desconocido del pasado y dar cabida al morbo que ello puede suscitar, o imponer alguna “agenda ideológica” a todo trance. En suma, prima el show y el interés individual o sectario, el lucimiento individual y los propósitos predeterminados de quienes, contrariamente, debieran preguntar, ocultarse y desaparecer, para plantear luego -y cuando corresponda- interrogantes inteligentes que permitan efectuar precisiones que ayuden a develar siempre la verdad de cara al público, que espera ser bien servido. Un periodismo así no colabora al país ni a su democracia. Es hora de enmendar.

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Mi infierno en el Sename

Hace unos días se publicó una carta de Edison Gallardo, escritor del libro “Mi infierno en Sename”, dirigida a la diputada Camila Vallejo. En ella, Gallardo relataba su experiencia yendo al Congreso a presentar diferentes propuestas para mejorar la hoy famosa institución. Tenía un objetivo claro: además de dirigírsela a la diputada, aludía a Giorgio Jackson y Gabriel Boric. A la primera, porque fue con quien conversó y quién le lloró en la cara luego de haber escuchado sus dramas de niño y, aludía a los tres, por ser los más fieles representantes de la idea de que los políticos no se corromperían y nunca perseguirían sus propios intereses, sino que, como ángeles incorruptibles, siempre velarían por el “bien común”.

Serían ellos, además, la realización terrenal, al fin, de este ideal: son jóvenes y nuevos, sin manchas en estas lides de la política. Y es por esto que Gallardo los increpa, por haber fallado en algo tan simple como no haber aprobado un informe de la Cámara de Diputados que induciría a claras acciones de mejora en el Sename. Algo inexcusable y, finalmente, hecho en pos de una barata defensa política. Los impolutos jóvenes habrían finalmente sucumbido, a pesar de toda su monserga. Así, concluía Gallardo, una vez más se había “demostrado que la clase política sólo protege sus intereses y favores para perpetuarse en sus cargos”. Primaba la defensa de intereses propios en desmedro de los niños, simplemente porque no son votos.

Hechos como este demuestran, por enésima vez, los riesgos a los que nos exponen las ideas de estos adalides de la bondad humana y estatal: al introducir un sistema de reparto: al riesgo de que los políticos aumenten las pensiones actuales (los viejos sí votan) con cargo a las generaciones futuras, llevando al país al desfalco –para perpetuarse en sus cargos, como en Grecia–; al impedir la libre elección educacional y curricular, además de la creación de colegios y universidades: al riesgo de uniformar las instituciones y educación en pos de evitar la diversidad educacional y que surjan ideas que el poder establezca como “importantes” –para perpetuarse en sus cargos manipulando conciencias, como ha ocurrido en varios países–; al introducir al Estado como agente empresarial: al riesgo de que los recursos y creación de empresas no se atengan a criterios empresariales sino que a criterios políticos o amistosos –como ocurrió “aquí y en la quebrada del ají”–. Ejemplos sobran.

Comprender esto no implica eliminar ni satanizar al Estado, sino que simplemente, con mayor escepticismo, diseñar sus instituciones en función de nuestra débil naturaleza humana y sus móviles, no olvidando lo que somos. Es meramente sentido común que, día tras día, sin embargo, se nos confirma por enésima vez también, es el menos común de los sentidos.

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Villa San Luis: Derecho de propiedad y certeza jurídica

El 28 de junio pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó la conveniencia de declarar como monumento nacional dos edificios ubicados en el lote 18 A1, de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, situados en la Villa San Luis de la comuna de Las Condes. Su valor comercial, que supera las 150 UF por m2, los alza como uno de los terrenos más caros de Santiago.

Según lo informado por el vicepresidente del CMN, los valores fundamentales que se tuvieron en cuenta para su declaratoria fueron de carácter social, histórico y urbanístico, porque este fue un proyecto emblemático de vivienda social para los problemas de habitabilidad que millones de chilenos sufrían en Santiago en décadas pasadas.

Además, se indicó que estos edificios son un vestigio material del proceso de desalojo que las autoridades civiles y militares realizaron a las familias pre-asignadas por el Estado a la Villa San Luis, durante el Gobierno de Salvador Allende, en un radical proceso de segregación social.

Hoy, el tema está en manos del Ministerio de Educación, que se encuentra dictando un Decreto Supremo para declarar dichos inmuebles como monumentos históricos, dejándolos automáticamente bajo el control y la supervigilancia del CMN. Esto implica, por ejemplo, que todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos queda sujeto a su autorización previa, y el propietario, por consecuencia, no puede destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna sin haber obtenido previamente el referido permiso.

Máxime, en circunstancias que cuando el propietario de los terrenos los compró al Fisco, se tuvieron en consideración las condiciones de constructibilidad, siendo estas  determinantes para decidir realizar la inversión y para pagar el precio que el organismo público fijó por dichas propiedades. Junto a ello, se tomó en cuenta que la Municipalidad de Las Condes tenía aprobado un plano regulador, que estableció condiciones urbanísticas para ese sector, que lo transformaban en un foco de desarrollo inmobiliario de primer nivel en Santiago.

Por este motivo, la declaratoria del CMN, vulnera el principio de Buena Fe que protege a los particulares frente al Estado. Los certificados de informes previos y los anteproyectos aprobados por los organismos públicos competentes deben otorgar certeza jurídica respecto a lo que legítimamente se puede hacer en una determinada propiedad. 

La acción del CMN, en este sentido, vulnera así el derecho de propiedad, el respeto a la buena fe y el debido proceso al cambiar las condiciones urbanísticas del predio teniendo permisos aprobados y vigentes. Más aun sin hacerse cargo del impacto económico que tiene para el propietario.

Resulta paradojal que se quiera declarar Monumento Nacional estos edificios en ruinas, para conmemorar la erradicación arbitraria de pobladores por parte de la Dictadura Militar, y ahora se abuse del propietario de los terrenos, quien, mediante esta declaratoria, de hecho, quedaría privado de su derecho a desarrollar dicho inmueble.

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Familia, Educación, Estado y la autocontradicción del bus de la libertad

Los buses de la libertad y de la diversidad han originado mucha broma, mucho meme, mucha intervención destemplada, a ratos diferencias conceptuales que parecen de conversación de curados… un absurdo vergonzante. ¿Hay algo serio en todo esto? Sí, y muy serio: la relación entre familia, Estado y sistema educativo.

Hasta ahora, la discusión en Chile respecto al sistema educativo se ha centrado en el acceso y la calidad; es decir, en el límite que debe existir entre el Estado, los derechos y el mercado. La derecha —especialmente en el Chile deudor de Jaime Guzmán— no sólo es neoliberal; también es conservadora: no sólo quiere menos estado y más mercado, sino también menos Estado y más familia. Esto es, que el Estado no intervenga en los contenidos educativos de la escuela, especialmente en materia de educación y del trato a la diversidad sexual. El “bus de la libertad” apela a la “libertad” respecto del Estado.

Efectivamente, esa libertad no es respecto a cualquier agente externo a la familia. Sus impulsores no tienen problema con la intervención de las iglesias. Estado no, iglesias sí. Aquí adquiere toda su relevancia uno de los conceptos más importantes para el conservadurismo chileno: la libertad de la familia a elegir el proyecto educativo de la escuela.

Las movilizaciones y la reforma estudiantil —concentrada de modo justificado, sin duda, en cuestiones económicas y de calidad— han pasado de largo en este tema que es crucial. En Chile, la relación entre familia-escuela-iglesia tiene una fuerza descomunal y la legitimidad del Estado de educar en derechos, en ciudadanía, es cuestionada una y otra vez.

Los del “bus de la libertad” no son víctimas de un atropello. Más bien tienen en Chile un paraíso anti-republicano. No es sólo un paraíso neoliberal. Tiene una Constitución —hecha a la medida de este doble paraíso— a la que se puede acudir sin problemas (vía Tribunal Constitucional) no sólo para rechazar la reforma laboral sino que también para poner en jaque el libro “Nicolás tiene dos papás”.

A quienes llevan adelante la iniciativa del “bus de la libertad” se les ha olvidado algo fundamental: ellos apelan al derecho de manifestarse libremente en democracia, pero su máxima anti-Estado socaba precisamente las bases que hacen posible ese derecho. Viven cada minuto en una contradicción, en la esquizofrenia entre su particularismo familiar-religioso y la apelación a derechos universales.

La familia es legítimamente el terreno de lo particular, de lo propio y concreto. Pero por lo mismo, ella no es el terreno donde de genera a los ciudadanos de derechos, menos aun cuando está en férrea alianza (muchas veces asociada a estrategias de clase) con colegios religiosos. Así es, en el mundo moderno, es sólo la escuela —entendida como pública y republicana, aquella que tiene como obligación educar en el respeto a la diversidad, no sólo sexual— la institución elegido para realizar el tránsito desde el ser particular, familiar y religioso, al ciudadano preparado para la vida pública.

Un colegio religioso puede establecer una alianza con lo público en vez de establecerla sólo con la familia. De hecho, los hay. Pero no es algo que se les pida necesariamente. Sí, a la educación pública. Ella debe preparar ciudadanos para hacer y reconocer leyes que expresen lo universal; capaces de habitar lo público, con cercanos y extraños, a quienes debe aprender a tolerar, y respetar por igual también en sus derechos y deberes, en tanto seres humanos.

Contraponer el Estado a la Familia, lo universal a lo particular, como lo hace el “bus de la libertad”, es un error, pues si quisieran ser coherentes no deberían ni reclamar derechos o, más radicalmente aún, deberían aceptar como decisión soberana de la familia el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, entre muchas otras cosas que ocurren puertas adentro y donde el Estado, no sin dificultades, ha logrado llegar.

Nuevamente, ¿hay algo serio en juego en todo este absurdo mediático? Sí, nuestro concepto de sociedad y los Derechos Humanos.

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El dilema de Carolina Goic

El próximo 28 de Julio se celebra la Junta Nacional DC que ratificará las candidaturas al parlamento de dicho partido. Carolina Goic logró despejar la amenaza que se instaló de que dicha reunión podía bajar su candidatura. Los enredos comunicacionales y políticos de la candidatura de Alejandro Guillier ayudaron a dicha tarea. Pero el juego estratégico entre ambos no es de suma cero. Lo que ha perdido el senador por Antofagasta no se ha ido hacia Goic y su opción sigue estancada.

Su candidatura, pese a ser correcta, no tiene emoción. Algún símbolo que sea equivalente a la tanqueta con la que la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet recorrió las poblaciones anegadas de Santiago y empezó a figurar en los sondeos públicos para dolor de la entonces segura sucesora de Ricardo Lagos, la también ministra Soledad Alvear.

Goic tendrá un dilema complejo en la Junta Nacional DC por la ratificación de la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, quien iría a la reelección. Hay que recordar que fue cuestionado por haber sido condenado en un caso de violencia intrafamiliar de varios años atrás. Alguien podría preguntarse por qué estalló justo ahora en las cercanías de la nominación como candidato, y podría pensar que hay intereses en reavivar dicha polémica.

Más allá de las motivaciones, es un tema difícil en estos tiempos. La agenda sobre violencia intrafamiliar está hirviendo por el fallo de la Corte Suprema sobre el agresor de Nabila Rifo o la conmoción que causaron las fotos de las lesiones provocadas a su pareja por el cantante de una banda musical de éxito. Los medios irán a la junta a ver polémicas alrededor de la nominación del diputado Rincón como candidato. Y una de las primeras imágenes que buscarán es la de Carolina Goic y cómo influirá en la junta al respecto.

Echar abajo esta candidatura podría abrir una guerra civil dentro de la DC con efectos de alto riesgo. Goic posee mucha resistencia en varios diputados que ven, en la aventura presidencial, una amenaza para sus reelecciones si no se llega a un acuerdo con la otra parte de la Nueva Mayoría. Además, ante la probable victoria de Sebastián Piñera, quedarse fuera del Congreso será más frío y oscuro que hace ocho años. Un paso en falso de Goic interviniendo la planilla electoral podría desatar los demonios.

Por otro lado, mirar para el lado le podría significar daño reputacional. Goic es una persona respetada con una historia de vida que no ha sido suficientemente explotada por quienes llevan las comunicaciones de su comando. Si no se ve firme ante una historia de violencia intrafamiliar, el poco capital que ha acumulado puede simplemente depreciarse.

Hasta ahora, ante los dilemas, el diseño del equipo de Carolina Goic ha sido mantener las formas y los cuidados. Así fue en el caso del Sename, donde propuso una idea inviable pero correcta: crear otra comisión más, mientras al frente Piñera lanzaba una andanada de medidas y se tomaba la agenda. Ante la baja de calificación de riesgo de Chile, pese a contar en su equipo con economistas de calibre, su candidatura guardó silencio y le dejó el espacio al piñerismo, que instaló exitosamente la culpa en la coalición de gobierno.

Ese diseño cuidadoso le ha significado a la senadora por Magallanes no meterse en líos adicionales, pero en contraste le ha significado mantenerse estancada en las encuestas. Pareciera que los arquitectos de su campaña no logran ver que meterse en problemas es justamente una de las razones de éxito de una candidatura.

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