Ascanio Cavallo's Blog

Cada año puede ser peor

Aunque no hay que ser un mago para imaginar que, de mantenerse las actuales condiciones, el voto voluntario logrará que haya más abstención que votantes, las elecciones municipales de octubre de 2016 pondrán a prueba las tendencias a la dispersión que han estado latiendo en la política chilena. En otras palabras, permitirán saber cuánto pesan realmente los nuevos partidos y movimientos que se han proclamado como los renovadores de la política.

La Nueva Mayoría, con una eficiencia que no ha tenido durante gran parte del gobierno, ya inició el esfuerzo de contención de sus propias fuerzas. En la semana acordó llevar candidatos a alcaldes en una lista unitaria en todo el país, y dejó abiertas a las negociaciones entre los partidos la decisión de postular a los concejales en dos o tres listas separadas. La forma de selección de los candidatos únicos a alcaldes -primarias o designaciones- sería analizada caso a caso, bajo criterios de eficacia electoral.

Cuestión diferente es si todos esos candidatos se promoverán durante esa primavera con las insignias de sus partidos y de la Nueva Mayoría, y con quién desearán salir en la foto. En su caso, aún pueden esperar por algunas encuestas más.

Estas definiciones suponen una primera valla para posibles acuerdos con el PRO, Revolución Democrática u otros grupos similares (el PRI se ha integrado definitivamente a la oposición). No es un obstáculo insalvable, pero supone que quien se acerque tendrá que partir por subordinarse a esas reglas.

Está por verse si los grupos de izquierda más radical, como los que han venido controlando las federaciones estudiantiles, algunos sindicatos y facciones de cartel indigenista, tendrán alguna capacidad para mostrar en las urnas que son algo más que agitación callejera. Desde que el Tribunal Electoral objetó las elecciones de la Fech, la representatividad de estos sectores ha quedado seriamente en entredicho. Siempre se puede argüir que uno no cree en las elecciones, pero en ese momento se deteriora el derecho a pataleo.

Aparte de haber cambiado su nombre desde los sustantivos Alianza o Coalición hacia el verbo Vamos, y de no haber conseguido reunir a la totalidad de sus fragmentos (uno de los resultados paradójicos del gobierno de Sebastián Piñera), la centroderecha ha avanzado muy poco respecto de estas elecciones.

Una de las razones es que está bajo una seria amenaza: el anuncio de 122 alcaldes en funciones de que no competirán con las insignias de sus partidos, lo que significa una forma intermedia de independencia, puesto que tampoco renunciarán (por ahora) a sus militancias.

Esta crisis ya había sido anunciada a la directiva de la UDI -que es el partido más afectado- en junio pasado, durante un encuentro de alcaldes en Pucón. En ese momento primaba una discusión de orden estratégico, no meramente táctico. Los alcaldes estimaban que la conducción de la UDI se había mostrado vacilante y permisiva con los militantes involucrados en el caso Penta, privando al partido de su base ética. La UDI, sostenían, debió haber adoptado medidas para dejar en claro que no respaldaba las conductas de los imputados; en lugar de eso, se presentaba protegiéndolos. A menos que se rectificara ese rumbo, los alcaldes amenazaban con renunciar en masa al partido, acción que hubiese sido tanto o más devastadora que el caso Penta.

Finalmente, el nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín, logró frenar esa estampida, pero no pudo impedir que los alcaldes mantuviesen su voluntad de no identificarse con el partido. Por supuesto que algunos de ellos no comparten las durísimas críticas de Pucón, pero tienen una razón igualmente persuasiva: la marca del partido, hoy por hoy, no les agrega ni un solo voto y más bien los expone a perder unos cuantos.

Vamos Chile aún no ha establecido si tendrá una sola nómina de alcaldes y concejales. Tampoco está claro si, por razones tácticas, buscará alguna forma de articulación con Amplitud (escisión de RN) o con Fuerza Pública (escisión de la Concertación), que han proclamado un pacto de amplio alcance. Tampoco se divisa lo que ocurrirá con Ciudadanos, el movimiento lanzado por el ex dirigente “pingüino” Julio Isamit.

Parece una paradoja que, dadas las cifras de popularidad del gobierno y de la Nueva Mayoría, sea ésta la que enfrenta amenazas menos dramáticas para las municipales, lo que, en otras palabras, significa que no se vislumbra la creación de un polo alternativo de izquierda, ni en el estilo amébico de Podemos ni en el del maoísmo chavista. En la derecha, uno de los problemas más serios es justamente que no ha podido aprovechar la debilidad de la Nueva Mayoría y sus propias cifras de aprobación son parecidamente malas, contraviniendo hasta el principio de Arquímedes. En vez de eso, tiene en su interior un potencial centrífugo que, antes de abrir espacio a un movimiento nuevo o alternativo, puede provocar un nuevo estallido en pedazos.

Todavía falta un año.

La marcha forzada

El inicio del debate presupuestario ha repuesto el problema de la eficiencia del gobierno para gastar los recursos públicos o, lo que es parecido, para sacar adelante sus proyectos. La crítica respecto de las debilidades de gestión en el Estado es bastante concordante en todo el espectro político y la propia Presidenta las mencionó como uno de los factores de su nuevo enfoque en el “cónclave” de la Nueva Mayoría en agosto pasado.

Después del cambio de gabinete se instaló en forma progresiva la idea de que la administración acelerada de las reformas fue responsabilidad de Rodrigo Peñailillo y la tramitación accidentada de la reforma tributaria, de Alberto Arenas. En un proceso que no tiene precedentes, quienes fueron los dos principales puntales del segundo gobierno de Bachelet han sido culpabilizados como si se tratara de otras gentes y otro gobierno, espectros de un período turbulento ya perdido en el tiempo. Cuando la execración política alcanza tales niveles, es prudente tomar distancia. Alguien ha de estar interesado.

En primer lugar, los ministerios de Interior y Hacienda no tienen el monopolio de la mala gestión en el Estado; de hecho, ambos pueden mostrar avances significativos en algunas de sus áreas propias. En segundo lugar, los problemas de mayor déficit de competencia o eficacia se encuentran, según clama la evidencia reciente, en otros ministerios, como Educación, Salud, Transportes o Deportes, y no siempre como resultado único del actual gobierno. En tercer lugar, los esfuerzos por llevar al servicio público a profesionales de alta calidad han sido continuamente saboteados por la presión de los partidos para ubicar a sus feligreses en todas las líneas del aparato del Estado.

Y por encima de todo ello sobrevuela la obsesión con las encuestas, que impone a todos los altos funcionarios la obligación, no ya de mejorar su gestión, sino de reventar sus agendas de trabajo con acciones de muy dudosa eficacia. Dos ejemplos en un solo día: el miércoles 30, después de que la Presidenta explicara -en cadena nacional- los componentes del proyecto de Presupuesto 2016, los ministros recibieron la instrucción de desplegarse en regiones para explicar lo mismo; aquella tarde, los cinco principales ministros habían debido acompañar a Carmen Castillo en la interpelación del Congreso, como si la respetada titular de Salud necesitara de una guardia pretoriana para salvar el momento.

La cantidad de horas dedicadas cada semana sólo por el gabinete a operaciones de comunicación es difícil de calcular y alcanza volúmenes inusitados si se agregan las que en forma de cascada se trasladan a los equipos internos de los ministerios. Parece un milagro que, en tales condiciones, aún funcionen. Queda para otro debate la cuestión de si un Estado con el PIB de Chile puede soportar los inevitables efectos de engordamiento que se derivan de todo esto; en esa discusión siempre se esconden supuestos ideológicos.

La pregunta, entonces, no es cuán ineficiente es el Estado, sino cómo podría ser de otra manera con un estilo de conducción que se distribuye en tantas direcciones diferentes.

El gobierno ha concentrado muchas de sus expectativas de mejoría (“los números”) en el 2016, como el año en que la gente debería empezar a sentir los efectos benéficos de las reformas; las expectativas no son demasiado grandes, porque al mismo tiempo alguien ha ofrecido a La Moneda la explicación de que la distancia con el poder es un fenómeno universal. Aquí, en este tipo de razonamiento y en la lógica del 2016, sí que reaparecen los fantasmas de Peñailillo y Arenas, quienes fueron -más el primero que el segundo- los dueños de este plan estratégico.

Caso modelo: el adelantamiento de la gratuidad en la educación superior para el próximo año. Aquí se puede divisar el tipo de exageración con que Peñailillo presentaba, digamos, la reforma del binominal como una refundación de la democracia. Sólo que el anuncio del anticipo de la gratuidad fue hecho por la Presidenta -sin Peñailillo ni Arenas-, lo que obliga a pensar que los residuos de ese estilo tan execrado siguen perfectamente vivos. El anuncio, que se convertirá en uno de los debates más crispados del presupuesto, tiene el aire napoleónico de las empresas casi imposibles, que son impuestas por el comandante para que, a pesar de todo, ocurran. Marcha forzada, 80 kilómetros por día. Se rompen los músculos del 10% de las tropas, pero el resto logra la conquista.

Desde luego, está por verse si esta modalidad consigue los resultados deseados (“los números”) en un ambiente donde lo más deteriorado del gobierno son los atributos blandos, la confianza y la credibilidad. El hecho, por supuesto calculado, es que tales resultados deberían impactar en las municipales de octubre de ese año, esas elecciones de mid term retrasado que han sido tan predictivas del siguiente período presidencial.

Pero si se diera el caso de que todas las mejores expectativas se cumplieran y todos los cálculos se confirmaran, quedaría todavía por enfrentar el problema de la imagen de incompetencia que transmite el gobierno. Si las elecciones fuesen en estos días, girarían en torno a un solo tema: quién viene a rescatar al país de tanto enredo, quién repone un poco la idea de eficiencia del aparato institucional, quién puede ordenar las prioridades, mantener un mensaje constante y conseguir las disciplinas que todo eso requiere. Por supuesto que es un muy mal síntoma que ocurra con un gobierno que no cumple ni 19 meses.

We have a problem…

El fallo de la Corte Internacional de Justicia del jueves tiene un solo significado jurídico para Chile: desbarató la estrategia de terminar de una sola plumada la controversia planteada por Bolivia, como quien se sacude una mosca de la oreja. La excepción preliminar destinada a que la corte declarase su incompetencia no tenía ninguna otra finalidad, ni podía tenerla.

La Cancillería llegó a la convicción de que, a pesar de sus bajas probabilidades de éxito, debía interponerla, porque no hacerlo constituiría desestimar un recurso legítimo y, quizás más secretamente, podría poner coto al entusiasmo boliviano con la ofensiva de Evo Morales. Esto no quiere decir que haya en la Cancillería nadie tan cándido como para suponer que esto terminaría el caso, porque hace rato que se toman en serio la advertencia de Morales acerca de que usará todos los canales y tribunas disponibles.

Naturalmente, la sentencia de La Haya fue entendida en Bolivia como una victoria y ha sido un aliento objetivo para que Morales persevere y, si le es posible, refine lo que todavía es una demanda confusa, que se mueve brumosamente entre obtener una salida al mar con soberanía o retrotraer los efectos de la Guerra del Pacífico. Pero a estas alturas es una tontería, por no decir un agravio, sostener que el Presidente boliviano actúa sólo en función de la política interna y de su proyecto de reelección permanente. Más bien es al revés: ese proyecto incluye en forma central la reparación histórica, perenne -más perenne que sus reelecciones- de una situación a la que Bolivia ha atribuido por décadas muchos de sus males políticos, económicos y sociales. Chile tiene la convicción de que ello no es así, pero la certeza propia no elimina porque sí la del otro.

Con su español irritante, que se salta preposiciones y artículos, Evo Morales tuvo, sin embargo, la perfecta claridad para saludar el jueves a los bolivianos por la estabilidad que les ha permitido tener una nueva presencia internacional. La idea contiene un autoelogio, porque Morales ha logrado la presidencia más larga de la historia de Bolivia, pero es, sobre todo, un llamado a seguir un proyecto que ha sido objetivamente exitoso en dar al país crecimiento, trabajo, inclusión y autoestima. En astucia, esto es muy superior a la fanfarronería egótica de un Chávez o al aire enviciado de un Ortega.

Desde el punto de vista político, el fallo tiene alcances un poco más amplios, en cuanto le ha recordado a Chile que tiene con Bolivia un problema de relación, y que ese es en realidad su principal problema de política exterior, algo que en el pasado se veía oscurecido por los recurrentes diferendos limítrofes con Argentina y, en los últimos años, por los ingeniosos artilugios de Perú en la frontera norte.

En realidad, Perú no ha hecho más que anticiparse, una y otra vez, al reclamo boliviano. Su objetivo es impedir que esa demanda pueda expresarse en el camino explorado por Pinochet con Hugo Banzer en las conversaciones de 1975 en Charaña. Durante unos años, la diplomacia chilena fue mareada por la diplomacia peruana (hasta el punto de que el Presidente Piñera inventó la tesis de las “cuerdas separadas”), como si el apaciguamiento de Lima fuese la necesidad primaria de la política vecinal chilena. El humo de la demanda marítima peruana en La Haya no dejó ver que Torre Tagle miraba mucho más a La Paz que a Santiago. Lo último que Perú desearía es verse convocado a resolver la salida al mar por territorios que perdió en la misma guerra, y Evo Morales ha sido cuidadoso de no tocar esa cuerda que despertaría todos los fantasmas sangrientos de 1879.

Desde luego, esto crea el espacio para que Perú desarrolle un nuevo caso en torno al famoso triángulo terrestre del punto Concordia, lo que podría ocurrir en los dos o tres años en que Chile estará litigando con Bolivia en La Haya, de manera que si este juicio sigue alentando las expectativas bolivianas, se pueda poner un nuevo candado en la frontera vigente.

Chile se aferra al Tratado de Límites de 1904, que consagró la pérdida de los territorios marítimos de Bolivia. No podría hacer otra cosa, desde que ese tratado fue aprobado por ambos países con sus propias leyes, después de la pérdida de muchas vidas por lado y lado. De manera algo más silenciosa, se aferra también a las facilidades que ha dado a Bolivia y a las muchas conversaciones -prácticamente de todos los gobiernos chilenos desde 1948- que fracasaron a último minuto por la exigencia boliviana de soberanía. Todo esto es cierto, y los bolivianos no lo niegan, sino que lo matizan y, en sus peores momentos, acaso lo distorsionan. Pero ¿y qué? ¿Significa eso una solución final? La Haya ha dicho que no. También ha sugerido que, aunque quiera conocerlo a fondo, ella no lo resolverá (para desconsuelo de La Paz), lo que, otra vez, tampoco lo extinguirá.

El Presidente Ramón Barros Luco solía decir que los problemas son de dos tipos: los que se solucionan solos y las que no tienen solución, pero ese desdén aristocrático está en retirada en todas las actividades de la política. En un mundo perfecto, Chile tendría razones para confesarse extenuado por tantos laboriosos esfuerzos fallidos ante Bolivia. Pero la diplomacia es lo contrario del cansancio, y quizás sea hora también de soslayar a los termocéfalos y a los simplones y admitir que en este mundo imperfecto Chile tiene un problema serio, profundo, complejo, frente al cual ninguna imaginación de Estado tiene derecho a declararse agotada.

El sueño de la primera piedra

En el ambiente febril que ha estado viviendo la política local, la petición de los partidos de la Nueva Mayoría a la Presidenta Bachelet para postergar por algunos días el inicio del “proceso constituyente” sonó como una chambonada más, otro síntoma de la desconexión entre los partidos y las preocupaciones de las personas. Por supuesto, están los que sostienen que el verdadero síntoma es la sola idea de cambiar la Constitución, pero esos no parecen formar hoy mayoría.

De momento, los hechos básicos son tres: el comienzo de un proceso de cambio está comprometido en el programa de Michelle Bachelet; un equipo de gobierno ha estado trabajando en el desarrollo de tal proceso, y la Presidenta anunció en el cónclave que el primer paso del proceso sería un bimestre de “información a la ciudadanía” que se iniciaría en septiembre.

El origen de la petición para postergar esto último es incierto. Algunos dicen que nació espontáneamente en los partidos, cuando se dieron cuenta de que la agenda de septiembre estaba demasiado recargada. Otros insinúan que la idea no tuvo nada de propia, sino que nació de sucesivas insinuaciones del propio gobierno.

Para la galería, los partidos argumentaron que faltaba que algunos de ellos entregaran todavía sus propuestas a la Presidenta. ¿Cierto? A medias. La campaña de “información” no necesita, en modo alguno, las propuestas de los partidos; pero, sobre todo, nadie ha dicho, al menos oficialmente, que las ideas de la Nueva Mayoría sean una condición para iniciar la discusión.

A pesar de eso, el balance hasta ahora es más o menos el que sigue:

* El PPD entregó un documento bien pormenorizado, que aborda tanto los temas de fondo que serían objetos principales de la reforma como las cuestiones relativas al mecanismo de participación (su horizonte es, de cualquier modo, una asamblea constituyente para la que incluso ensayan cuotas de participación y otras menudencias).

* El PS preparó una minuta en la que se describe con cierto detalle los capítulos que deberían ser materia de reformas; la cuestión de los mecanismos está menos analizada, pero los socialistas requieren el concurso de las instituciones.

* El PDC, claramente dividido e indeciso, presentó un documento (cuya autoría principal se atribuye a Andrés Zaldívar) que aborda aspectos de fondo y de procedimiento (en este caso el horizonte es una fórmula bicameral, radicada en el Congreso, para hacerse cargo del texto).

* El PC ha entregado más de un documento, a veces sobre el fondo y a veces sobre el mecanismo, pero todas sus iniciativas están supeditadas al propósito de iniciar el proceso durante el actual gobierno.

* El PRSD hizo llegar una minuta con sus opiniones sobre los temas que deberían ser abordados; al mismo tiempo, enfatiza en la necesidad de seguir caminos institucionales y respetar las facultades del Congreso (en sintonía con el PDC).

* El MAS no ha entregado nada.

* La Izquierda Ciudadana tampoco.

De manera que los partidos “que faltan” son los dos más pequeños de la coalición. Y al menos uno de ellos -el MAS, a través de su líder único, el senador Alejandro Navarro- ha repetido hasta la majadería que no cree que la Constitución deba ser abordada por el gobierno actual. Su opción óptima es que sea la bandera principal de la próxima elección presidencial, de modo que los chilenos tengan la oportunidad de votar sobre una encrucijada mayor, que incluye nada menos que su definición como nación para el próximo medio siglo.

Aun sin terremoto, el calendario tiende a favorecer la postergación. Algunos preferirían que fuese indefinida (aquí podrían coincidir, por razones diferentes, Navarro con una parte de la DC) y otros, que las condiciones fuesen un poco mejores. A fin de cuentas, un gobierno situado en los bordes del 20% de apoyo corre el riesgo de que su aspiración constitucional caiga en la misma bolsa de descrédito y escepticismo al que han sido arrastradas las reformas tributaria, educacional y laboral.

Pero esto chocaría con la continua tributación de la Presidenta a su programa, a los compromisos que ha tomado en público y a las fantasías de las primeras piedras que suelen asediar a los ocupantes de La Moneda. Lo que parece más probable ahora es que el anuncio de inicio del “proceso constituyente” se retrase un par de semanas, momento en el cual arrancarían dos meses de lo que en el viejo lenguaje del socialismo se llamaba agitprop.

¿Y entonces? Al régimen militar, que también era una coalición ancha, aunque sometida a la disciplina del mando vertical, le tomó seis años y tres comisiones (más un grupo final minúsculo, pero decisivo) reorganizar al país bajo un nuevo orden constitucional, y aun así siguió gobernando por siete años más con artículos transitorios. Se necesitó en ese caso la concurrencia de dos condiciones: la megalomanía de la refundación revolucionaria y la ingeniería jurídica de una división de proyectistas. Después de 35 años de vigencia relativa, esa Constitución es la más modificada de la historia, lo que quizás confirma que el consenso constitucional no ha dejado de ser en Chile una utopía con rasgos de falacia.

No parece tarea para un gobierno que tropieza tan a menudo con cosas harto menores.

Noli me tangere

En cualquier medida de ética personal, meterse en la correspondencia privada es un acto de escasa decencia. Incluso, el Código de Etica del Colegio de Periodistas, asaz laxo, lo prohíbe en su artículo 25, aunque a línea seguida le incrusta como excepción el “interés público”, un concepto que da tanto para coartada jurídica como para analgésico moral.

Esté o no en la esfera del “interés público”, es un hecho que la revelación de correos intercambiados entre el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el cardenal y arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz ha creado a la Iglesia un mayúsculo problema público. Las sacudidas de este problema recién comienzan y no hay nada que asegure que no escalarán hacia dimensiones mayores. Así lo insinúa, por ejemplo, la petición de que Ezzati no oficie el tedeum de Fiestas Patrias, formulada por un diputado de la DC, Matías Walker, que no puede ser situado entre los comecuras. Es improbable que esto ocurra, porque el arzobispo es el dueño de casa en esa ceremonia, pero no hay cosa más ingrata para la Iglesia que un tedeum con un gobierno hostil.

Dejemos de lado las claves personales de las comunicaciones, aunque algunas de ellas tienden a refrendar una versión que circulaba hace ya meses en la Iglesia de Santiago, según la cual la conducción real de la arquidiócesis ha seguido bajo la influencia del cardenal Errázuriz, ya no sólo en apoyo a su defensa frente las acusaciones que se le han formulado por el caso Karadima, sino también en la toma de decisiones acerca de sacerdotes y feligreses.

Fuera de esto, hay tres elementos que resaltan en el intercambio de correos electrónicos.

El primero es el inaudito deterioro de las relaciones entre la arquidiócesis y el gobierno, expresado en la secreta controversia por la designación del capellán de La Moneda. En sí mismo, este es un cargo más honorífico que influyente -con mayor razón en un gobierno laico- y, por lo general, representa un reconocimiento a la carrera de un sacerdote destacado. No es mucho más que eso, aunque cualquier cargo de La Moneda siempre se puede convertir en una ventana hacia otras cosas.

Siguiendo el protocolo usual en estos nombramientos, la Presidenta Bachelet envió al arzobispado una terna de tres nombres. Los tres son jesuitas, y el primero de la nómina -que suele ser el nominado- era Felipe Berríos. El gobierno tenía ya la sospecha de que el arzobispado no deseaba que el honor recayera sobre Berríos, especialmente después de la entrevista que el sacerdote diera el 24 de junio de 2014 al programa El Informante, de TVN, que encendió las iras de la jerarquía. No es claro que para entonces La Moneda hubiera recibido el mensaje de advertencia que el cardenal Errázuriz dice haber enviado a través de Enrique Correa; de ser así, su decisión habría significado desafiar conscientemente al arzobispado.

El caso es que, tal como curiosamente anuncia el correo de Errázuriz, el arzobispo Ezzati rechazó no sólo a Berríos, sino a la terna completa, y solicitó a la Presidencia el envío de un nuevo trío de sacerdotes. Esta vez, la Presidenta decidió no seguir el juego y despachó un solo nombre: el sacerdote de los Sagrados Corazones Fernando Vives. Ezzati se quedó sin más alternativa que aprobarlo. ¿Hace falta agregar algo para establecer cuál es el estado de las confianzas entre la arquidiócesis y La Moneda?

Hay una historia derivada de esta, y posiblemente más larga, en lo que concierne a las relaciones entre el cura Berríos y la jerarquía. En los mismos días en que están fechados los correos donde Ezzati y Errázuriz declaran su indignación por la entrevista de TVN, se supo que la nunciatura había iniciado una indagatoria sobre Berríos y otros dos sacerdotes.

Ahora hay una razón para preguntarse si esas averiguaciones eran tan independientes de la arquidiócesis, y la permanente insistencia en que Berríos está fuera de la doctrina e intenta erigirse como profeta sugiere un esfuerzo por sacarlo, ya no sólo de la diócesis, sino del sacerdocio. El delito configurado por esas causales es nada menos que la herejía.

El segundo tema de relieve es el trato hacia Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes en el caso Karadima. Como quiera que los obispos pudiesen considerar agresivas y hasta injustas las acusaciones de encubrimiento que Cruz formuló contra el cardenal Errázuriz, parece desmedido que se empeñaran esfuerzos cuasi diplomáticos -¡incluso ante el Papa!- para impedir que formase parte de una comisión vaticana sobre agresiones sexuales. La implicancia de que el cardenal se sintiera con más fuerza para vetar la presencia de Cruz que para refutar sus imputaciones resulta perturbadora.

El tercer aspecto es una frase de Errázuriz cuyo significado resulta incierto. En el mismo contexto de rechazo a Cruz, se pregunta por qué la Curia no invita a alguien “que presente las cosas desde nuestro punto de vista”. Se trata del caso Karadima y de lo que los mismos cardenales (más Ezzati que Errázuriz) denominan como hechos condenados. ¿Cuál es, pues, “nuestro punto de vista”? ¿Cuál es la coincidencia que hace que sea “nuestro”? Parece tratarse del rechazo a la acusación de encubrimiento en contra de Errázuriz, pero ¿por qué “nuestro”, siendo Ezzati el encargado de investigar?

En fin: queda también el problema del lenguaje. Está claro que salteadores, lobos y serpientes son hipérboles. El lenguaje evangélico es bastante a menudo hiperbólico. Pero no se podría decir que en este caso contribuya a la fraternidad dentro de la Iglesia. Si ese era el clima que Ezzati debía restablecer en la Iglesia de Santiago después de la década de gobierno del cardenal Errázuriz, frecuentemente descrito como “distante” y “autoritario”, los correos han de tener un fuerte componente de decepción. Y algo más, de seguro

Cariños secos

Entre diciembre y enero pasados, la evaluación del gobierno tuvo la última de sus alzas significativas. Esos cuatro puntos (en la medición de Adimark GfK) fueron explicados de una manera que sonaba razonable: al concluir 2014, con la reforma tributaria promulgada y con cuatro de las leyes de la reforma educacional aprobadas, la administración de Miche-lle Bachelet mostraba que su gestión no era una pura sumatoria de conflictos, sino que podía gobernar concretando sus proyectos.

Si las cosas seguían así -parecían decir las encuestas- bastaría con aprobar más reformas para triunfar año por año. Los que promovían esta interpretación entusiasta se anticipaban a prevenir, eso sí, que el 2015 habría nuevos conflictos, y un nuevo impulso en el respaldo ciudadano para el 2016. Esta idea resultó tan persuasiva, que hasta hoy es uno de los principales alicientes de La Moneda.

En febrero vino el caso Caval, con su bien conocida estela de sospechas y vergüenzas, la tembladera del gabinete, la caída del gabinete y la interminable inestabilidad del gabinete. Las encuestas se fueron al suelo. Fue como si todos los cariños pasados y presentes se hubiesen disecado en el pozo consuntivo de Machalí.

El gobierno no encontró manera de encapsular el caso Caval. ¿No era posible hacerlo? Quizás: de esa evaluación se encargará la historia. El caso es que por los ocho meses siguientes, el mismo expediente ha estado regresando a las puertas de La Moneda y recordándoles a los ciudadanos lo mal que estuvo todo eso.

No es todo. La vacilante reacción de la Presidenta en ese incidente hizo pensar a muchos -adversarios, pero también partidarios- que el problema general de su gobierno es su capacidad de liderar un proyecto complejo, o quizás cualquier proyecto. La falta de liderazgo se ha convertido en la contraseña del club de la derecha. En su primer gobierno, el 2006, se ponía en duda su capacidad de mando, su autoridad, el golpe del puño en la mesa; ahora es la capacidad de conducción. ¿Hay en ambos casos un patrón machista, un prejuicio que la castiga sólo por ser mujer? Quizás. Pero ya está claro que no es la única explicación, ni siquiera la suficiente.

En estos penosos ocho meses de 2015, el gobierno ha encontrado más, y no menos, dificultades para sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, en estas últimas semanas pareció que podría crearse una nueva buena racha a partir de fenómenos específicos: la conversión de una mayoría de colegios subvencionados en colegios gratuitos, el final del debate sobre el aborto, el posible acuerdo en la reforma laboral, incluso la revisión de la reforma tributaria. Casos de conflicto resueltos de mejor forma que los del 2014.

Y entonces reaparece Caval, que hace tropezar al vocero, al gabinete y al gobierno, que eriza los pelos del Congreso y que vuelve a secar todo lo que toca.

Hay malas noticias políticas, desde luego: el desfile del financiamiento ilícito no se ha terminado. Y hay malas noticias económicas: las perspectivas de los próximos dos años se han vuelto mes por mes más sombrías. Los ímpetus reformistas tendrán que moderarse y ahora es la izquierda la que, a la vista de las lecciones del pasado, asume con amargura que no se juega con los bordes de la economía. Todo esto es negativo para un gobierno tan entusiasta, que empezó con tanta sonrisa y tanta verbosidad orgullosa, un gobierno constituido a medias por las ganas de refundar el país y a medias por la venganza contra la derecha piñerista. Pero no hay nada más desalentador, más desestructurante, que la presencia de un problema individual que cada cierto tiempo pone a prueba los nervios de todo el gobierno y que puede hacer que su sombra ominosa reduzca cada logro político a una minucia.

En el consejo de ministros extraordinario del lunes pasado -el mismo día que las encuestas confirmaron un nuevo descenso del gobierno, aunque un par de días antes de la nueva arista de Caval-, la Presidenta instruyó un reforzamiento del trabajo “en terreno”, ahora orientado a mostrar los beneficios de los cambios. Alguna prensa internacional lo interpretó con un “nuevo giro” del gobierno, aunque en realidad se trata de una insistencia en sustituir los discursos más ambiciosos por las “cosas concretas, los “problemas reales de la gente”.

Este es un lenguaje conocido, desde luego: lo inventó la campaña de Joaquín Lavín en 1999 y desde entonces no ha abandonado la política chilena. Ha sido, también desde entonces, un esfuerzo de sustituir la ideología por el cariño. Y ha sido siempre una apuesta.

Los polvos contados

El salto conceptual que llevó desde el clamor callejero del “fin al lucro” hasta la oferta de gratuidad universitaria cumple algo más de cuatro años. En ese período se obtienen casi todas las licenciaturas chilenas, se está a meses de terminar una carrera universitaria y se completa una carrera técnico-profesional. Es decir, se ha producido la transformación más dramática o más exultante en la vida de un ser humano. Lo que viene después es el mundo, con sus polvos contados.

Los líderes estudiantiles que iniciaron el salto en el 2011 -y que en algún momento hicieron temer al Presidente Sebastián Piñera que pudieran sacarlo del sillón- ya son grandes, han formado familias y en su mayoría trabajan, como el resto de los chilenos. Algunos, los menos, se entusiasmaron con la política y hasta llegaron al Congreso, pero dentro de poco, antes de que se den cuenta, será ridículo que se sigan denominando “bancada estudiantil”. El peterpanismo no tiene buen pasar en la esfera del poder.

Esta brevedad del tránsito por la educación superior es uno de los factores que hacen que cualquier medida que la toque resulte tan dramática. Por eso no puede compararse ni con el Transantiago ni con la Reforma Procesal Penal, extremos polares de la brusquedad y la gradualidad. Aquí se trata -de nuevo- de polvos contados, poco tiempo, gran urgencia. Y ahora ocurre que el mismo gobierno que quiso emprender la mayor reforma posible en este campo, el mismo que se mostró sensible a la demanda callejera y tradujo la protesta en gratuidad, ha terminado exhibiendo una rara atrofia sensitiva hacia la singularidad del fenómeno de la educación terciaria.

Ya no hace falta decir que el abordaje de la gratuidad constituye el más grave tropiezo técnico-político del actual gobierno, más serio incluso que los problemas de la reforma tributaria. La intervención de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación habla por sí misma. Tampoco importa ya si fueron los deseos de la Presidenta o los consejos de esos especialistas los que la hicieron prometer que el 60% de los universitarios de los grupos más vulnerables tendría acceso gratuito desde el 2016. El conjunto de parches y contramarchas que ese compromiso ha sufrido después del 21 de mayo clarifica la calidad técnica que fundamentó esa promesa.

El hecho actual es que, en las condiciones anunciadas por la Presidenta en el cónclave del 3 de agosto -que no son las mismas del 21 de mayo-, es posible que cerca de un 20% de los alumnos del sistema terciario consiga la gratuidad al matricularse en marzo del 2016. Esto es mucho menos de la mitad de los estudiantes más vulnerables. Entre los que quedarán fuera se juntan, además, los más frágiles de todo el sistema: los de educación técnico-profesional (CFT e IP), los vespertinos y los de regiones.

La Moneda se ha convencido de que, aun bajo tales condiciones, es preciso iniciar la gratuidad cuanto antes. De todas maneras -se confirman- en el 2016 habrá unas 200 mil familias beneficiadas, lo que es mucho mejor que ninguna, especialmente si la aprobación anda en los 25 puntos. Los que quedan fuera -sigue el razonamiento- no tendrán capacidad de protesta, porque estarán esperando entrar en el 2017, acaso otro 20%, y así por delante.

Este razonamiento es, en verdad, una apuesta. Supone que el mecanismo, cualquiera que sea, funcione. En años de esfuerzos, decenas de economistas han fracasado tratando de establecer un promedio de valor monetario para una carrera terciaria. En el improbable caso de conseguir un valor estandarizado, el gobierno tendría que fijar el precio a la institución que la imparte, y fijarle, por tanto, los costos con que lo hace, y así hacia atrás, por años y por regiones. Ni el Gosplan estalinista habría llegado tan lejos. Y después de eso faltaría por saber si los estudiantes lo aprueban, si los académicos lo aceptan y si los niveles de calidad son satisfactorios. ¿Y si algo de eso no ocurre? Cada paso forma una interrogante propia y, como se ha visto en las primeras reacciones de las universidades, no se puede dar por cierto que todos serán aceptados. Por último, tampoco es posible anticipar la reacción de los que se sientan excluidos en el 2016, que tendrán a su alcance la calle, las encuestas y las elecciones municipales.

Pero esta no es toda la apuesta. Para que resultase realmente persuasiva necesitaba también un componente mesiánico, un cierto aleteo de revolución y futuro. Ese componente es el propósito de generar ciertos elementos de irreversibilidad de la reforma, dar algunos pasos que hagan imposible volver atrás y que empujen a seguir la misma senda.

Y en efecto, si sólo siguiera el ritmo ya anunciado para el 2016, el proceso de extensión de la gratuidad terminaría alrededor del 2020. Después de una cohorte completa de estudiantes. Después de una generación de nuevos profesionales. Y, desde luego, con otro gobierno.

He aquí otra estimación más que dudosa. La anterior reforma de la educación superior, la que emprendió el régimen de Pinochet a partir de 1980, tomó 10 años en completarse sólo en el aparato estatal, y su momento climático, el troceo de la Universidad de Chile, se llevó por delante a rectores, decanos y muchísimos profesores y estudiantes. El resto del sistema se configuró en unos 20 años. Para suponer que se lo va a transformar de nuevo en un par de gobiernos hay que tener en muy poca estima la complejidad de la sociedad chilena. O, a la inversa, tener la autoestima muy alta.

Como una bruma

La Presidenta cumple un segundo período presidencial que debía ser de hojuelas; pero en cosa de meses se ha convertido en una pesadilla. La economía va de mal en peor, con caída de ingresos, signos de inflación y amenazas recesivas; el gobierno responde aumentando el gasto público. La popularidad de la Jefa de Estado se ha desplomado y, aunque suele olvidar que fue elegida en segunda vuelta, se sigue preguntando adónde se fueron los que votaron por ella. Algunos hasta apuestan a que no termina su mandato.

No, no es Chile. Es Brasil.

El dramatismo de la situación por la que atraviesa Dilma Rousseff hace que los días amargos de Michelle Bachelet parezcan casi una humorada. Pero, desagregados uno por uno, los componentes de ambas crisis tienen más de un parecido. Esta semana, escribiendo para El País, el ex ministro Milton Seligman plantea una brava disyuntiva: quienes eligieron a Rousseff, dice, deben ayudarla a gobernar o liberarla del fardo que sobrelleva. El ex ministro no es tan ingenuo para implicar que los electores deben recuperar su fidelidad porque sí; se refiere, más bien, al Partido dos Trabalhadores, ese invento de Lula que ya cumple 12 años en el poder.

Esto no se parece al caso de Michelle Bachelet. La Nueva Mayoría no es un partido, sino varios, sólo ha existido para ella y, si tuviese que enfrentar una definición súbita, dejaría de existir esta tarde. Pero, siguiendo a Seligman, aquellos que no ayudan tendrían que asumir la responsabilidad del perjuicio producido. El gobierno insinuó algo de esto en mayo, cuando mandó a un solitario destierro político a Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, artífices del programa y del primer año de gobierno. Desde entonces viene anunciando un “segundo tiempo” que sigue en veremos. Pero pretender que Peñailillo y Arenas son los culpables de todo sería como el consuelo de los tontos.

Con un poco de exasperación ante la dificultad de iniciar de una vez una nueva etapa, la Presidenta Bachelet llamó esta semana a ser “optimistas”. Eligió un ejemplo: el próximo año, miles de jóvenes cursarán gratis sus estudios superiores. Es cierto. Sólo que el ejemplo es incompleto: más miles que seguirán pagando, a pesar de tener las mismas estrecheces sociales. Y otros tantos no saben aún si serán beneficiados, porque las instituciones ignoran si recibirán los montos adecuados.

¿Cómo llega a ocurrir esto? Dado que es improbable que la Presidenta haya hecho los cálculos por sí misma, alguien debió decirle que el presupuesto alcanzaría para dar este salto. El 21 de mayo, la Presidenta lo convirtió en promesa. Semanas después, tuvo que ajustarla. Pero cuando lo hizo, quienes le dijeron que esto era posible aún no sabían bajo qué condiciones lo sería. Y todavía no lo saben. Hasta donde se puede ver, todas las personas que formularon esas recomendaciones siguen en el gobierno y ahora hacen un ímprobo esfuerzo por ajustar la promesa a la realidad.

Este es un patrón que se repite en otros compromisos que ha adquirido el gobierno, como lo han mostrado con dramática elocuencia las tareas para corregir la reforma tributaria, labores que por sí mismas, sin necesidad de más pruebas, confirman que estaba mal hecha. No se ha necesitado un bajo precio del cobre ni una caída de la inversión para llegar a esa conclusión.

La experiencia del Transantiago dejó la lección de que una política pública de gran escala lanzada con precipitación y sin más respaldo que el voluntarismo adquiere un aspecto irreversible. El transporte público de la capital sigue siendo insatisfactorio y ya languidece a la espera de que en el 2018 -fecha de vencimiento de los contratos más grandes- vuelva a entrar en crisis. La lección está a la vista, pero los alumnos son obstinados.

Así, el “segundo tiempo”, esa idea brumosa que se expresó con el cambio de gabinete, empieza a convertirse no en un impulso nuevo, sino en otra brumosa sucesión de correcciones del “primer tiempo”. Los ideólogos del gobierno, que han mostrado una trágica limitación para mirar en plazos largos, se satisfacen pensando que las iniciativas lanzadas en ese “primer tiempo” seguirán teniendo el mérito de haber iniciado un camino sin retorno. Esto es cierto, pero nuevamente se parece a consuelo poco inteligente: una reforma mal hecha, dudosamente hará más valiosa la necesidad que la molestia.

Este estado de cosas es lo que hace un tanto irrelevantes -incluso aburridoras- las también brumosas pugnas de poder dentro de La Moneda que han llenado páginas en estas semanas. Reducidas a su última expresión, se trata de disputas por administrar problemas, nada demasiado halagüeño para quien quiera participar en una carrera política. En un período parecido, en Brasil ya hay más carreras liquidadas que nuevas estrellas en el firmamento del poder. Peor aún, esos astros se encuentran hoy entre los fiscales, no entre los políticos.

Visto que en Chile todo esto sucede antes de que se cumpla la mitad del cuatrienio, la pregunta final es cuántos tiempos necesitará la segunda administración Bachelet para llegar a marzo de 2018.

El bosque petrificado

¿Cuánto sabe la Presidenta acerca del estado anímico del país? Depende. Las encuestas son negativas, más negativas que nunca antes, incluso las que encarga La Moneda, que a veces logran anticipar las malas noticias. Pero las encuestas tienen algo abstracto, impersonal, y siempre habrá alguien que las interprete en la dirección deseada, o que las atenúe, ya mostrando otras peores, ya encontrando alguna tendencia universal, del tipo “la desafección”.

Las salidas a terreno tampoco son un buen indicador -aunque Bachelet les cree más-, porque hace rato que la selfie es patrimonio de cualquiera y porque son pocos los pelmazos que puedan pasar los cordones de seguridad para alcanzar a importunar. Esto se duplica en el caso de las catástrofes, que han pasado a ser como la quintaesencia del “terreno” en la actual administración. Opera en estos casos la misma campana de cristal que el gobierno tiene dentro de La Moneda.

Pero si pudiera oír las voces más descarnadas, la Presidenta tendría que enfrentar cosas muy desagradables. Por ejemplo: la idea generalizada, expandida entre los propios altos funcionarios, de que el gobierno no es bueno, y peor ha sido su gestión; la percepción, predominante entre los votantes de la Nueva Mayoría, de que el impulso transformador estuvo en manos de aficionados y, por lo tanto, ya se perdió; la evidencia de que la credibilidad personal de las cabezas del gobierno está por los suelos o, lo que puede ser peor, dejó de importar; y ese cansancio, cabreo, hastío, con las contramarchas conceptuales de la Presidenta, que tienden a confirmar que es un gobierno sin pensamiento estratégico, nacido con un flaco marco teórico acerca del pasado y ninguno acerca del futuro.

¿Que es un gobierno con muchas contradicciones, ambigüedades, indecisiones? ¿Que se debate entre el “realismo” y la “sin renuncia”? ¿Que a veces se justifica inflando al Estado y en otras reclama una modernización a la europea? En realidad, la pregunta más valiosa sería la contraria: ¿Alguna vez no fue así? ¿No fue ese el gen de nacimiento de la segunda administración Bachelet, con una coalición que es más similar al peronismo que a los grandes frentes históricos chilenos?

Después de la entrevista con La Tercera del domingo pasado, que causó confusión a pesar de que no hay razón para creer que no está allí lo que la Presidenta realmente piensa, parte del gobierno parece haber llegado a la conclusión de que ya no es útil seguir enredándose en este bosque de conceptos oscuros -ideas antiguas y enredosas, RDA con Finlandia, hospitales como fantasmas, megaproyectos sin dirección, Venezuela con China- y poner atención, en cambio, a las cosas que permiten romper el inmovilismo del 2015.

¿Cuáles son estas cosas? Las siguientes: 1) Los ministros son los que están en sus cargos y si no actúan como si tuvieran la confianza total de la Presidenta, sería mejor que no siguieran. 2) Las perspectivas económicas ya han puesto límite a la imaginación reformista y esto está aceptado por los partidos de la Nueva Mayoría. 3) Hay que corregir reformas mal hechas, como la tributaria. 4) Hay que frenar la tentación de hacer aullar los números con promesas como la gratuidad en la educación superior, que en sólo unas semanas ya se ha perfilado como un gigantesco perdigonazo en los pies, claro candidato a ser el peor de todo el cuatrienio.

Por encima de todo esto: la Presidenta sabe, aunque sea con amargura, que no podrá hacer lo que hubiese querido si el ciclo económico hubiese sido como el que tuvo a inicios de su primer mandato. La frustración, como se sabe, produce melancolía.

El tamaño de su melancolía será el tamaño de sus ambiciones.

Pero ese será también el tamaño de su éxito, si es que ella misma se lo permite.

Bachelet no logrará realizar la transformación educacional que cambie el nivel de Chile en cinco años. Pero habrá iniciado la ruptura de un statu quo que, siendo reconocido como insostenible, nadie quería abordar de frente. No habrá movido más que alguna centésima del índice de Gini, pero eso es lo que han hecho todos los buenos gobiernos. La discusión tributaria habrá mostrado la incompetencia de alguna de su gente, pero ya nadie duda de que el anterior sistema impositivo estaba por detrás de la justicia. No tendrá una nueva Constitución, pero ya ha conseguido que la inteligencia constitucional se movilice como no lo había hecho en tres décadas. Y quizás tenga que presenciar un desempeño desastroso de su nuevo sistema electoral, aunque fue Piñera quien inició el amargo reinado de esa ingeniería con su infausto voto voluntario.

Hay estas y muchas otras buenas razones para que la Presidenta sienta que durante su paso por La Moneda algo ha cambiado en Chile, aunque no haya refundado la historia. Y esto, con un gobierno que no ha sido, no es, ni será de ideas. Otra pretensión inicia el camino de vuelta al bosque.

Un sepulcro en el viento

Manuel Contreras Sepúlveda vivió para contradecir esa desgraciada sentencia que Bertolt Brecht puso en boca de la martirizada Pelagia Vlasova: luchó toda la vida, pero no fue bueno, ni mejor, ni muy bueno, ni siquiera imprescindible. Y a pesar de eso, Contreras luchó toda su vida, con denuedo, con dureza, convencido de que su lucha era la de un héroe: hasta la noche del viernes, cuando la muerte lo alcanzó ya convertido en una de las figuras más repudiadas de la historia de Chile. Nada de héroe: sólo el viento negro del desprecio.

¿Imaginó alguna vez el oficial Contreras que este iba a ser su destino, a cambio de cuatro años ejerciendo un poder letal, pero siempre fáustico, delegado y prestado y quitado a cambio de que el día menos pensado ya no valiese un peso? ¿Habría entregado sus 86 años por esos miserables cuatro?

El infortunio personal de Manuel Contreras debió empezar, como todos, en algún punto ignoto de los años 30. Pudo haberlo superado, como casi todos, en los venideros. Contreras casi no conoció desde entonces otra cosa que el Ejército, al que entró antes de cumplir los 15. Fue un buen alumno, esforzado y tenaz, como se esperaba de los futuros oficiales, y siguió siéndolo en las academias que le tocaron dentro del arma de los Ingenieros.

Progresó en su carrera dentro de un Ejército que, pasada la Segunda Guerra Mundial, se iba deslizando poco a poco en el oscuro dualismo de la Guerra Fría, y en un país que se debatía por salir de la pobreza sin ponerse de acuerdo en la estrategia con que abordaría ese esfuerzo titánico. El oficial Contreras no pudo darse cuenta de que empezaba a ser arrastrado por esa ola, como no se daban cuenta muchos de sus compañeros y la mayor parte del país. Debió imaginar que su carrera se construía con la sola fuerza de su voluntad, porque eso es lo que creía haber aprendido en su lucha contra la adversidad.

Cuánta carencia tuvo que haber en esa existencia para poner tanto empeño en demostrar que no las tenía. Quería parecer temible, a pesar de esa fisonomía regordeta y mofletuda; quería ser imponente, con la porfía de su estatura; quería ser fuerte, pero siempre dependió más de su revólver que de sus músculos; quería saber mucho de inteligencia política, lo que nunca le reconocieron los verdaderos especialistas. Y quería tener poder.

Allí empezó su perdición histórica. En el momento más crudo que siguió al golpe de Estado de 1973, inventó la DINA y la puso a disposición del general Pinochet, que por esos días le temía tanto a la izquierda como a los propios altos mandos militares que habían estado a un tris de dejarlo al margen. Pero Contreras era sólo un coronel. Y es parte de su proverbial torpeza no haberse dado cuenta de que con ello crearía una colección de generales, almirantes y, más tarde, ministros y políticos civiles que no tolerarían esa posición anómala y desproporcionada. En alguna parte de su raciocinio, Contreras tuvo sin embargó razón: ninguno de esos mandos superiores tuvo el coraje de denunciarlo en público; una inmensa mayoría prefirió limitar su rechazo a los espacios cerrados de la conspiración, un silencio que alimentó su propia leyenda tal como él la deseaba.

Tampoco se dio cuenta de que ese poder tenía límites, aunque muchos le dijeran lo contrario. Contreras entendió el poder como miedo, y el miedo como sufrimiento. Bajo su mando la DINA mató, hizo desaparecer, flageló y traumatizó a millares de chilenos, como si todo eso no dejase rastro, como si nunca nadie fuese a saber que ellos fueron sus víctimas. Extremando esos arranques de desmesura, llevó el puño metálico de la DINA hasta fuera de las fronteras, persiguió a enemigos menores y mayores, perpetró la mayor de las traiciones en un Ejército disciplinado -asesinar a un ex comandante en jefe- y cayó en la trampa de atentar contra un ex canciller en el centro de la capital de Estados Unidos. Este crimen inició su caída: un año después de cometerlo, hacia fines de 1977 las huellas encontradas por el FBI eran tan incontestables, que Pinochet lo sacó de la DINA, lo ascendió a general y unos pocos meses después lo pasó a retiro. La discusión sobre el rango que alcanzó en el Ejército tiene algo sardónico: Contreras fue uno de los generales más breves de la historia militar chilena, y quizás el único que recibió sus preseas únicamente como precio por su silencio.

Contreras vivió desde entonces especulando con los secretos que guardaba, aunque cada año los iba perdiendo, hasta que el mayor de todos -que todas las órdenes fueron dadas o cohonestadas por Pinochet- ya era totalmente público e innecesario. Vivió irradiado por esos cuatro años de gloria omnipotente, cada uno de los cuales se convertiría en más de un siglo en condenas a presidio. Habría tenido que vivir más de dos historias de Chile sólo para completar las sentencias ya dictadas, y un milenio para alcanzar las que deja pendientes.

Ese fue el tamaño de su desgracia. Ayer, el cuerpo del oficial Contreras fue cremado y sus cenizas quedarán entre los suyos, incluso aquellos a quienes condenó a ocultarse para siempre. Ninguna tumba llevará su nombre.