Ascanio Cavallo's Blog, page 5

La pena, pena

El grupo Penta ha sacudido a la UDI más allá de todo lo que parecía posible. Un grupo de dirigentes de primera línea está severamente dañado, y podría estarlo en forma irreversible si la justicia determina que, además de recibir auspicios suculentos, lo hicieron participando en delitos.

Hay afectados colaterales -el ex precandidato Andrés Velasco, quizás los ministros Alberto Undurraga y Luis Felipe Céspedes-, pero es indiscutible que el eje estructural del escándalo radica en la UDI, cuya relación con Penta ha sido, más que financiera, política y estratégica.

Por eso, algunos de sus parlamentarios reaccionaron con excitación al conocerse una cena de recaudación para la candidata Michelle Bachelet encabezada por el ahora canciller Heraldo Muñoz en Miami, en septiembre del 2013. Y por eso, también, ha comenzado a circular en los mentideros políticos la versión de que otros cuatro grupos económicos estarían en una situación parecida a la de Penta.

Aunque lo niega una y otra vez, la UDI ha insistido en parapetarse en la estrategia del empate o, lo que es más claro, en la sentencia “somos todos iguales”. Esto es muy parecido a la primera reacción de algunos dirigentes de la Concertación cuando el ex ministro Carlos Cruz reveló la existencia de sobresueldos en el gobierno de Ricardo Lagos, que quisieron atribuir a prácticas heredadas de Pinochet.

La lección de entonces es que esto no �funciona.

El daño estaba hecho, como lo está ahora en la UDI. ¿Y cómo se sigue, entonces? Sólo la cabeza fría de un profesional -no las de los aficionados que se infatúan por Twitter- puede percibir dos cosas fundamentales para el futuro inmediato: que el caso está encapsulado en un grupo de dirigentes, y que ese grupo ya no depende de una negociación política, sino de la calidad individual de sus defensas ante la fiscalía.

El gobierno parece haber llegado a una conclusión parecida. Penta ha abierto la compuerta para volver a revisar el financiamiento de la política y la intervención de los grandes empresarios. El efecto de esto sobre el sistema político puede ser mucho más importante que la eliminación del sistema binominal. El gobierno le ha dado una importancia exagerada a esta última reforma -la vez pasada, el binominal favoreció más a la Nueva Mayoría- y hasta ha proclamado que se recuperará el interés masivo por las elecciones. Esa osadía sólo se podrá poner a prueba en tres años más.

En cualquier caso, en una sociedad como la chilena, para erigirse como candidato es más importante disponer de un tejido de relaciones personales prósperas que tener un distrito. Eso, como cualquier otra cosa, se puede ver después.

De modo que si la compuerta se ha abierto, es hora de negociar. Es lo que sugirió el ministro Rodrigo Peñailillo al recibir a parte de la directiva de la UDI; y es lo que admitió la propia UDI al llevar una propuesta a esa reunión. No es de negociar ya sobre el caso Penta, ni sobre los delitos tributarios, ni sobre los penosos correos electrónicos, ni sobre las mentirijillas de los involucrados, sino sobre el problema de fondo.

¿Incluye ese problema a las empresas? Sí y no. Se puede discutir sobre la conveniencia de que las empresas (y en especial las que cotizan en Bolsa) puedan dar donativos para las campañas políticas. Pero es preciso poner en sacos diferentes a las que lo han hecho con acuerdo a las normas de la ley y a aquellas que lo usaron como otra triquiñuela para evadir más impuestos. Para efectos judiciales, el caso Penta es primero una defraudación, no un problema político.

En lo propiamente político, la reformulación de la legislación sobre financiamiento electoral puede tener todas las aristas que quieran incorporarle el gobierno y la oposición. Pero por encima de las normas y los procedimientos, lo que hoy parece más importante cautelar es algo de lo que se ha hablado demasiado poco: la dignidad de los candidatos.

De los que se han referido a sus peticiones a Penta, sólo el senador Iván Moreira ha mencionado esta dimensión: la dureza de “tener que pedir plata”. Ese sentimiento de humillación puede estar en la base de su confesión, y también sustenta su credibilidad, en parte, porque contrasta con la elusión o el silencio de los otros sobre este preciso y penoso asunto.

Lo triste de la mayoría de los correos electrónicos revelados en estos días es la posición suplicante de los candidatos, y el hecho de que no lo reconozcan dice menos sobre sus condiciones morales que sobre su libertad política.

La mendicidad nunca ha dado �autonomía.

La olla y el raspado

La UDI vive una debacle que no tiene precedentes en la historia de los partidos políticos chilenos. Es una catástrofe que se inició hace más de tres meses, una vez que se conoció la investigación por fraude tributario en contra de los controladores del grupo Penta. A pesar de todas las advertencias, la UDI recién vino a apreciar algo de la magnitud de su crisis el miércoles pasado, cuando el senador Iván Moreira reconoció la irregularidad de los aportes de Penta a su campaña y rechazó el argumento de que esta práctica podría ser generalizada como un modo de eludir su responsabilidad.

Moreira actuó en consonancia con muchos factores -su conciencia, desde luego-, pero también con una inferencia que ya era conocida días antes: que los dos controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habían decidido entregar toda su información a la fiscalía, con la expectativa de mitigar la penalidad que se les pueda imponer. En pocas palabras, la delación compensada y el juicio abreviado tienen hoy más valor que la sobrevivencia de la UDI.

La declaración de Moreira dinamitó la línea defensiva establecida por el presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, y puso de manifiesto lo que en verdad -e incluso más allá de sus intenciones- ha significado su gestión al frente del partido.

Aunque fue presentado como el rostro de la “renovación” de la UDI, en los hechos no ha sido mucho más que el esbozo de una “renovación controlada”, sujeta a la incontestada influencia de Jovino Novoa y lo que va quedando de los “coroneles” de los 90.

Horas antes de que Moreira derribara su defectuoso fortín, Silva ya había quedado expuesto por la revelación de un correo electrónico en el que Carlos Eugenio Lavín le pide aclaraciones acerca de una modificación a la ley de isapres. Se ha dicho con demasía que este tipo de solicitudes para los parlamentarios es frecuente y normal. Pero cualquiera que conozca el estándar de los congresistas chilenos sabe que el tipo de patronización que sugiere ese mensaje requiere una de dos condiciones: una amistad muy estrecha o una posición de control. Ambas cosas son tóxicas para un partido que quiera servir ideas y no cuentas corrientes.

Tampoco las ideas quedan muy bien paradas en la montaña rusa en que ha devenido el caso. Un diputado que no es de la UDI y que dice no haber recibido aportes del grupo, el líder de Evópoli, Felipe Kast, reconoce haber pedido ayuda al mismo Lavín. Su correo argumenta “la defensa de nuestras ideas”, lo que por sí mismo supone una oferta de retribución, un canje de ideas por dinero. El financista Lavín habría rechazado su petición por estimar que este nuevo movimiento no sería el canal adecuado para tales fines.

Aquí, la selectividad de Lavín ya no es una decisión monetaria, sino político-estratégica. No es el control de Penta y de la UDI, sino de la derecha como tal.

Lavín y Délano sentían tener la autoridad para decidir qué era bueno o malo para la derecha, aunque la expresión final de ese discernimiento no era más que un mero cheque. A lo menos uno de ellos, Délano, ha participado en varios de los mayores errores políticos del último cuarto de siglo, y aunque tendrá derecho a decir que todo lo ha hecho por el bien del país, también significa que una parte de la derecha y de la UDI ha convertido el problema del pensamiento y las credenciales en uno de transacciones.

Una selectividad similar parece haber operado dentro de la misma UDI. No todos los candidatos de ese partido recibieron el dadivoso trato del grupo financiero. Moreira no se relacionó con Délano ni Lavín, sino con el ejecutivo Hugo Bravo; no recibió los montos que obtuvieron otros postulantes, y se resignó a pedir, como dicen sus correos, “un cupón de combustible” o “un raspado de la olla”.

Las palabras de Moreira no son sólo coloquiales. Revelan la perfecta conciencia del senador acerca de la marginalización que ha sufrido dentro de la UDI, de la cual dejó contundente constancia en su declaración del miércoles. Esas operaciones de desplazamiento fueron ejecutadas por un grupo de dirigentes del partido que casualmente resultó ser el de los mejores amigos de Penta. Moreira sabía que la olla estaba allí, y que el resto sólo podía aspirar a los raspados; de ahí el intenso sentimiento de humillación que describió en su comparecencia ante la prensa.

Por razones que es difícil escrutar, la UDI ha actuado desde el comienzo de las revelaciones como si estuviese narcotizada, alienada de la capacidad de distinguir entre lo grave y lo superfluo, desestimando, acusando, negando y mintiendo a plena vista pública.

Ahora que la gangrena es innegable, la pregunta del día es si la conducción de la UDI puede seguir como ha estado. La respuesta larga es que el partido tendría que entrar en una redefinición estructural si quiere restaurar algo de su prestigio y, por lo tanto, no es un simple problema de caras. La respuesta corta es que la presidencia de Silva está muerta, no sólo porque ya no protege a nadie, su estrategia fue hecha añicos y la UDI ha desaparecido de todos los escenarios de debate político, sino también porque la multiplicidad de sus lazos con Penta hace que su sola aparición recuerde la forma en que ese grupo ha escorado mortalmente a uno de los principales partidos políticos de Chile.

El factor Molina

La tenacidad de la Presidenta Michelle Bachelet para sostener a su gabinete parece tener dos orígenes: uno personal y uno político. En la primera categoría está esa imputación que la persiguió durante todo su primer cuatrienio, según la cual tenía dificultades para tomar decisiones, un fantasma que no ha terminado de esfumarse, a pesar de las autoafirmaciones invertidas para eliminarlo.

El origen político es algo más claro. Cuando hay tanta gente presumiendo, promoviendo o requiriendo un cambio de gabinete, es razonable entender que hay segundas intenciones -no importa si vienen de la oposición, la propia Nueva Mayoría o los medios de comunicación-, todas las cuales pasan por propinarle al gobierno algún grado de derrota política, alguna demostración de que no es el propietario de la verdad. Después de todo, un cambio de ministros envuelve el reconocimiento de una equivocación, aunque siempre se lo trata de presentar como el inicio de una nueva etapa.

Pero he aquí que por el escenario se ha cruzado la doctora Helia Molina, con una de las renuncias ministeriales más extrañas de los últimos años. Si es cierto, como ha dicho, que puso su cargo a disposición en cuanto pudo hablar con el ministro secretario general de Gobierno, entonces la desautorización emitida desde su propio ministerio sólo pudo ser una manera -probablemente decidida desde La Moneda- de volver irreversible esa decisión inicial.

Abruptamente aislada de su mando y de su rango, la ministra no podría dar ningún otro paso que no fuera “hacia el costado”, como dice la siutiquería en boga.

Los gobiernos siempre están infectados de pequeñas conspiraciones. En el primer mandato de la transición, el Presidente Patricio Aylwin consiguió mantener a todo su gabinete, con una sola excepción: el ministro de Salud Jorge Jiménez, destituido a fines de 1991. El doctor Jiménez salió, en apariencia, por una huelga de los médicos de urgencia, pero, como no tardó en saberse en los salones de aquellos días, el motivo de fondo fue una conspiración de otros ministros que lo dejó sin piso frente al Presidente.

La manera en que salió la ministra Molina tiene el mismo aire enrarecido del caso de Jiménez.

Con todo, esto no basta. Es cierto que la ministra, como reconoció, hablaba en público con más frecuencia y menos prudencia que lo esperado de su cargo. Quizás le afectaba también esa rara disonancia que hace que personas que en privado son simpáticas se conviertan en lingotes en cuanto se enciende una grabadora. Sin embargo, este no es un problema que le sea exclusivo en el actual gobierno, como tampoco lo es la verborragia. En el campo más amplio del oficialismo, esta última está más cerca de la epidemia.

Lo más cierto es que, en nueve meses de gestión, la ministra había llegado a convertirse, dentro de su esfera, en el estandarte de lo que los empresarios han llamado “hostilidad” contra la iniciativa privada -concesiones, isapres, fármacos, clínicas-, la negación reiterada de lo que el gobierno ha querido promover, enfrentado al eje de la caída de la inversión como “cooperación público-privada”.

En este punto, el de la doctora Molina deja de ser un caso individual, pierde su carácter de excepción y muestra una fractura más profunda. Durante todo el 2014, el programa de reformas estructurales del segundo gobierno de Bachelet se vio tensionado entre las ansias maximalistas y las fuerzas moderadoras, con un cierto predominio de las primeras, al menos en cuanto a retórica pública.

Este puede haber sido inicialmente un reflejo de la constitución, un tanto vertiginosa y un tanto improvisada, de la Nueva Mayoría; la nueva coalición se creó sobre la base de un acuerdo grueso sobre las transformaciones que el país requiere, un acuerdo que quizás satisfacía los estándares de algunas ciencias sociales, pero no los de la política, que siempre es detalles, plazos y ajustes con acuerdo a la realidad.

A estas alturas ya no se trata de lo mismo, sino más bien de las dificultades de conducción política de un grupo donde conviven, no exactamente visiones antiéticas, sino más bien expectativas diferentes, con distintos cálculos y alcances.

Si esto es así, entonces un cambio de ministros tendría que conciliar la evaluación sobre sus respectivas gestiones con la necesidad de ordenar la casa para por lo menos atemperar las tensiones y evitar los tropiezos del primer año. Y quizás en ese caso ya no se hable sólo del gabinete.

La DC, un año más

La Democracia Cristiana termina este año igual que muchos en su historia: situada cerca del medio de las tensiones entre las fuerzas conservadoras y las reformadoras que han creado en Chile el escenario más crispado de los últimos 25 años.

En esta ocasión sólo está cerca del medio, porque no ha pretendido constituirse en una tercera vía, no ha puesto en duda su pertenencia a la Nueva Mayoría y no ha renunciado a su condición de partido gobiernista. Algunos de sus problemas del 2014 derivan, hasta cierto punto, de haber sido demasiado oficialista, hasta el punto de antagonizar rabiosamente con esas figuras y facciones que se mueven en las cercanías del conglomerado, como Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami.

No es raro que el sector más ansioso con la situación de la DC sea la derecha. Sacar a la DC de la centroizquierda es parte de la libido de la derecha. En estos días repitió ese deseo el ex Presidente Piñera, bajo la forma de un llamado a decidir entre la lealtad a sus principios o a un programa de gobierno. Pero ni siquiera el idiosincrático Piñera es novedoso en esto: en 1988, tras el plebiscito que derrotó a Pinochet, decidió renunciar a la DC para seguir (o empujar, si se prefiere) al entonces candidato del pinochetismo, el ex ministro Hernán Büchi.

Su alejamiento de aquellos años era una protesta contra la naciente Concertación y contra su líder, Patricio Aylwin, a quien nadie podía acusar de jacobinismo.

Hay otros ansiosos por la izquierda, desde luego. Contra lo que muchos creen, no es el PC, que en los 70 hizo ingentes esfuerzos por evitar que la DC rompiera con Salvador Allende. Si falló no fue por voluntad, sino porque lo limitaba su cerrada obediencia al bloque soviético y sobre todo porque la UP fue crecientemente copada por el radicalismo de ultraizquierda.

Algo de ese radicalismo ha resurgido dentro de la Nueva Mayoría -y este es el real origen de la incomodidad de la DC-, ya no con las tinturas ideológicas de los 70, sino con el rótulo mucho más laxo del “progresismo”.

En ese domicilio, donde cohabitan algunos parlamentarios del PS y una parte significativa del PPD, el sueño es una DC enclaustrada en una especie de pastoral política, dedicada a las CVX y los centros de padres, de ningún modo a los grandes debates nacionales.

Es esta hostilidad derogatoria la que ha llevado a algunos dirigentes DC -Gutenberg Martínez a la cabeza- a decir que la Nueva Mayoría puede tener fecha de caducidad, sin todavía precisar si tal advertencia se refiere a las próximas elecciones presidenciales o a alguna fecha anterior a eso, una ruptura con el gobierno muchísimo más catastrófica que la deserción personalista que fue la salida del “zaldivarismo” en el anterior gobierno de Bachelet. Aquel desgarro mostró también los límites de las aventuras: de allí nació el PRI, que nunca ha podido superar su desnutrición de origen. 

En La Moneda se dice, con toda rotundidad, que sin la DC no hay Nueva Mayoría. Es el tipo de convicciones que, como muchas en política, combina su vigencia con su límite: existe hasta que alguien deja de tenerla.

Pero por ahora, es un respaldo fuerte, que quizás explica la cortesía novedosa con que el partido encabezado por Ignacio Walker ha sido tratado en el último trimestre. Alguien en Palacio parece haber comprendido que el problema de la DC en este primer año no ha sido el fondo del proyecto reformista, sino la velocidad y la simultaneidad que se le ha impreso. La DC es hoy un partido más gradualista de lo que fue en los 60, cuando Eduardo Frei aprovechó su mayoría para lanzar de un sopetón las reformas agraria, educacional, laboral, minera y vecinal.

La cortesía reciente es un buen aliento para iniciar el segundo año de gobierno, aunque no existe ninguna razón para creer que el ritmo de las iniciativas oficiales disminuya en intensidad y profundidad durante el 2015. Por el contrario, el calendario del gobierno está retrasado en lo que se proponía para el año que termina -en educación, por ejemplo, sólo hay uno de ocho proyectos aprobado, y todavía en forma incompleta- y dispone únicamente de unos cuantos meses antes de que sea inundado por el torrente de las estratégicas municipales del 2016. La Moneda tendrá que multiplicar sus esfuerzos para evitar que la DC sea de nuevo enervada por la velocidad, porque lo que fue sólo incomodidad en un año puede tomar un cariz algo peor en dos.

La otra parte de la ecuación pertenece, por supuesto, a la DC. Dado que tendrá que seguir braceando entre corrientes procelosas, necesitará lo mismo que los buenos nadadores: más destreza que fuerza.

Alerta de terremoto

La revelación de un diálogo privado entre el ejecutivo del grupo Penta Hugo Bravo y uno de sus superiores, Carlos Eugenio Lavín, hizo público lo que hace varias semanas era un secreto a voces en el mundo de la derecha: que por detrás de las investigaciones sobre fraude al Fisco en contra de los controladores de Penta, vendrían revelaciones feroces sobre figuras públicas de primera magnitud.

Si la caracterización fuese puramente dramatúrgica, Bravo aparecería como un hombre acorralado, que se defiende y se hunde sin permitir que no se hundan con él quienes fueron sus mandantes. Los jefes presentarían ese tono poco astuto de los aficionados, los que se declaran sorprendidos por la conducta de una persona que después de todo fue uno de sus hombres de confianza por casi 30 años. Son los que no vieron las películas ni leyeron los libros apropiados y quizás no confiasen en otra cosa que la fuerza de sus bienes. Y los beneficiarios políticos, los mencionados en la grabación de Bravo, adoptan todas las variantes de la crispación política, desde el silencio huidizo hasta las explicaciones especiosas.

Nada de esto es muy creíble.

¿O alguien cree que la UDI podrá salir indemne de este vendaval? En las primeras líneas aparecen, en calidad de repartidores, pero no de beneficiarios personales, Pablo Longueira y Jovino Novoa, controladores sucesivos del partido. Más sombrío es el caso de Laurence Golborne, fallido candidato presidencial y senatorial que, según el detallista Bravo, recoge los aportes en sociedades personales situadas fuera de Chile. Luego están Evelyn Matthei, Pablo Zalaquett, Ena von Baer, Iván Moreira e incluso el actual presidente del partido, Ernesto Silva (aunque en este caso sólo atribuye el apoyo a su suegro Carlos Alberto Délano y no al grupo como tal).

En el mundo de la derecha se admite en voz baja el carácter escandaloso y desprolijo de las gruesas donaciones a los candidatos de la UDI, mientras se guarda un prudente silencio público por si las investigaciones las confirman. Pero la verdadera esperanza de este sector es que caigan en el paquete de receptores de dinero por vías ilegales el ex precandidato presidencial de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el candidato a senador y actual ministro DC Alberto Undurraga, como si la repartición de culpas constituyera algún tipo de liberación. El supuesto implícito es de orden mafioso: todos somos cómplices, nos une la ley de la omertà. Pero si Bravo tiene una imaginación calenturienta -como dicen sus impugnadores-, esa imaginación no ha alcanzado a tocar ni a Velasco ni a Undurraga. Al menos de momento, no aparecen en su memorioso recuento.

Y luego está el problema de los montos. Cien, 200, 400 millones, puestos en boletas, facturas, incluso sociedades fuera de Chile, todos en candidatos apoyados por la UDI. ¿Este sesgo masivo y salvaje se le ocurrió a Hugo Bravo por sí solo, no tiene relación alguna con las bien conocidas inclinaciones de los controladores del grupo y no se conecta en nada con la angustiosa carrera electoral de la UDI en el 2013, que de todos modos culminó en un desastre? Aun en el supuesto de que Bravo esté obsesionado con destruir a sus ex jefes, habría que atribuirle una condición de estratega político para llegar a su tan delicada selección.

 

Dado el tamaño de la generosidad, ¿cuál sería el tamaño de la reciprocidad requerida a esos receptores en caso de que resultasen elegidos? ¿Cómo ejercería un candidato elegido con montos tan decisivos otorgados por un grupo en particular?”

 

Y queda todavía, para el fin, el problema de fondo. Como es sabido, en el sistema binominal los candidatos de la Alianza del 2013 debían enfrentar a sus rivales abiertos -los de la Nueva Mayoría-, pero también, y a veces sobre todo, a los de sus socios, RN e independientes. ¿Será indiferente para el elegido senador Manuel José Ossandón que tres de sus principales contendores dentro del pacto (Von Baer, Moreira y, al final, Golborne) hayan sido tan generosamente financiados como dice Bravo? ¿Cuál será la conclusión de Andrés Allamand al ver las cifras asignadas a sus contendores presidenciales primero, Golborne y Longueira, y luego al senatorial Zalaquett?

De seguro, Ossandón y Allamand, como otros candidatos de RN con más elecciones en el cuerpo, tendrán por descontado que este tipo de maniobras forma parte de las asperezas de la política. Pero la revelación pública de los montos y las vías usadas para favorecer a sus competidores parece un poco más de lo que la lealtad opositora puede �soportar.

Hay decenas de abogados dedicados en estos días a la defensa de las figuras de la UDI, pero la mayoría de ellos sólo está concentrada en el control de daños. Si sus esfuerzos parecen limitados de antemano, es porque la lucha de fondo se libra sólo parcialmente en tribunales -sobre todo, en la dimensión del fraude al Fisco- y principalmente en la exposición pública de la intervención del dinero en la política. Es un terremoto en ciernes, que hasta ahora sólo ha liberado el enjambre telúrico que lo precede.

Tempus fugit

Pareció muy poco razonable que el gobierno se declarase en emergencia con la rara e inusual simultaneidad de las encuestas del CEP y Adimark el jueves pasado. No es razonable porque, salvo una grave falla de información, debió saber que esos resultados eran inminentes. No lo es, tampoco, porque en la fase final de un trimestre tormentoso sería ilusorio que La Moneda esperase resultados brillantes. Y sobre todo no lo es porque las evidencias del deterioro de la popularidad se venían acumulando en todas las muestras conocidas, públicas y privadas. Si los sondeos propios del gobierno -que no son pocos- decían otra cosa, bueno… habría un problema en ellos.

¿Tiene esto algo que ver con las reformas? Los voceros del oficialismo explicaron los resultados de las encuestas por la resistencia al cambio, por la desaceleración económica e incluso por los trastornos de los servicios públicos, como el Metro y el transporte. Muy buenas ideas genéricas. Lo que falla en ellas, al menos hablando de la economía, es que el deterioro de la aprobación de la reforma tributaria, que ya fue promulgada, ha continuado después del debate parlamentario, lo que sugiere que la gente está haciendo una valoración dinámica de esa reforma y la está vinculando con los malos síntomas de la economía.

Más claro es el caso de la educación. El gobierno sabe, desde hace semanas, que la resistencia a esos proyectos ha crecido, y no al revés. La evidencia es la campaña de pedagogía pública lanzada en los últimos días, articulada sobre la base conceptual de que las personas no están comprendiendo las bondades sistémicas de tales cambios. Esta es la explicación estándar en todos los choques entre convicción y recepción. Lo singular de este caso es que van nueve meses de pedagogía y las muestras no mejoran.

 

 

Con agudeza, el ex ministro Francisco Vidal ha defendido otro tipo de pedagogía, más material: hay todavía una desconexión entre el avance de las reformas y la ejecución de sus beneficios. Esta noción es perfecta para proyectos de segundo orden -AVP, aborto terapéutico, nuevos ministerios-, pero no cuadra con el hecho de que la reforma educacional no venía preparada, sino apenas delineada. Pedirle resultados rápidos -y no sólo simbólicos- suena contradictorio con su origen”. 

 

Pero este es el punto. Si hay que esquematizar los polos en que se está moviendo el gobierno, un eje es el de la convicción versus la recepción; el otro es la urgencia contra la demora. Ejemplo: en el primer semestre, el gobierno emitió un tríptico -acaso el primero “pedagógico”- para clarificar el mapa de la reforma educacional. De acuerdo con ese documento, antes de julio debían estar aprobados los proyectos de administrador provisional, fin del lucro, el copago y la selección, nuevas universidades estatales y CFT en regiones y otros menores. Nada de eso ha sido concluido cuando está por terminar el año.

Para el segundo semestre debía estar en curso el debate sobre los proyectos de educación pública y carrera docente. Ya se sabe que quedarán para el siguiente año. Es posible que el plan original fuese demasiado voluntarista, pero, de acuerdo con sus propios cálculos, ya está atrasado en medio año.

¿Y qué importancia tiene esto? El gobierno estima que su iniciativa y su ventaja legislativa duran hasta mediados del 2016, antes de que comience la campaña municipal, cuando los intereses partidarios empiecen a centrarse en sí mismos. Es decir, tendría unos 18 meses a contar de enero del 2015. En ese período debería movilizar a lo menos seis de los proyectos principales de la reforma educacional, más los que constituyan la reforma laboral, más los avances para una reforma constitucional, más…

La prisa conspira, desde luego, contra la construcción de acuerdos amplios, que siempre se toma su tiempo. En la Nueva Mayoría conspira también contra su propia unidad, porque mucho de lo que está en el programa de gobierno nunca fue discutido antes de la campaña del 2013, salvo como generalidades y expresiones de deseos. El resultado son unas presiones tectónicas cuya única liberación se radica en el gabinete. Las encuestas contribuyen a confirmar esa inestabilidad, pero no son su última fuente. Un cambio de gabinete en estas condiciones pasa a ser menos una valoración que un esfuerzo por ganar un poco de tiempo, un pequeño respiro sobre la crítica adversa.

En las antiguas doctrinas militares, la marcha forzada significaba presionar a las tropas para pasar de 70 a 75 pasos por minuto, con descansos de cinco en vez de 10 minutos y un total de horas de caminata por día que casi duplicaba a la normal. Los generales calculaban de antemano que muchos soldados caerían con los huesos fracturados por efecto del esfuerzo. Ahora como entonces, cuando el tiempo apremia más allá de las resistencias humanas, muchos músculos se atrofian y muchos huesos se quiebran. Y los generales hacen ese costo.

Lonely man

La forma de expresión más dura que tienen los empresarios no son los discursos flamígeros -que a menudo les salen mal, como el legendario “déjennos trabajar” de Ricardo Ariztía ante Ricardo Lagos- ni las formas de boicot -que suelen atentar contra sus propios negocios-, sino una mucho más sutil, corrosiva e insidiosa: el desinterés. No es ninguneo ni desprecio, sino esa delicada desatención que implica que un interlocutor ha perdido validez.

 

 

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, inauguró el Encuentro Anual de la Empresa el jueves 27 frente a una audiencia hirsuta, con numerosos asientos vacíos y la total ausencia de los grandes empresarios, los que tienen peso real en el PIB. Esto es inédito. No había ocurrido nunca en las reuniones de Enade ni en otras donde el empresariado se dispone a medir el peso de la máxima autoridad económica. Nadie desafió ni provocó al ministro: hasta donde se sabe, fue recibido con la gentileza usual. Sólo le quitaron el principal componente de su presencia: la expectación”.

 

 

El significado inesquivable es que los empresarios han dado por descontado al ministro de Hacienda, otra cosa inédita, y mucho más aún cuando ni siquiera cumple un año de gestión. Algunos lo dicen abiertamente, otros sotto voce. Y su percepción se confirma a sí misma con la ausencia, en el mismo encuentro, de otros altos funcionarios del gobierno que hubiesen podido representar el respaldo del ministro, aun con poca audiencia. Para los efectos del escenario, Arenas fue ese día un hombre solo.

Esto tampoco había ocurrido en los años recientes. Durante los cinco gobiernos posdictatoriales, el ministro de Hacienda fue el miembro más estable del gabinete. Excepto Eduardo Aninat, que dejó el gobierno de Eduardo Frei en sus meses finales, mientras arreciaba la crisis asiática, todos los demás -Alejandro Foxley, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco, Felipe Larraín- entraron y salieron de Teatinos junto con los presidentes con que asumieron. Casi se podría decir que, con la autonomía del Banco Central y las reglas de déficit fiscal, esa estabilidad ha sido una de las claves de la credibilidad de la economía chilena.

 

 

¿A qué se debe entonces el fenómeno del desinterés empresarial con Arenas? La respuesta corta es: la reforma tributaria. Fuera del gobierno, no hay nadie entre ellos que acepte que la reforma no ha tenido ningún efecto macroeconómico como ha insistido en sostener el ministro”.

 

 

Los empresarios le han restado credibilidad no por la reforma misma -cualquiera entiende que ella es parte del encadenamiento de reformas propuesto por el programa de Bachelet-, sino por la persistente negación de que ella signifique algo en el curso de desaceleración. Cosa similar ocurre con la insistencia en atribuir el declive de la economía al gobierno de Piñera.

Como respuesta al cada vez más deprimente cuadro de la economía, el ministro, y desde luego el gobierno, vienen ofreciendo al empresariado un nuevo impulso para la llamada “alianza público-privada”. Pero este fuego tampoco ha prendido. Aquí ya no se trata de que no le crean a Arenas, sino de que no advierten que su autoridad ordene o esté por sobre otros sectores del gobierno donde esa idea es resistida o francamente rechazada. Lo mismo ocurre con su anuncio de que la reforma laboral será gradual. Nuevamente en esto, Arenas parece un hombre solo.

Estas no son invenciones, sino las conversaciones reales del mundo empresarial. Pero el cuadro quedaría incompleto si no considerase también la dimensión clasista del juicio patronal. Antes que ser de derecha, de centro o incluso de izquierda, los empresarios pertenecen a las clases altas y tienden a medir a las autoridades según su grado de pertenencia a esos sectores. Hay que oír lo que dicen los corrillos de la elite acerca de la formación de Arenas para comprender en toda su profundidad el desagradable peso que tienen estas circunstancias.

Los empresarios han descontado a Arenas, pero todavía no descartan al gobierno. Obviamente, no pueden hacerlo sin romper con el espíritu democrático. Pero no es lo único y quizás ni siquiera lo principal. También han descontado, de facto, a la Alianza, a cuyos partidos ven sumidos en la división, la ineficacia política y, ahora último, un ambiente de imprudencias financieras que van camino al escándalo. Muchos de ellos no guardan un buen recuerdo del gobierno de Piñera y preferirían no apoyar su repostulación, a menos que no haya ninguna alternativa.

La ilustración nítida de esto es la altísima valoración que los asistentes a Enade han hecho de la intervención del ex canciller Alfredo Moreno, que pareció elevarse sobre las miserias locales y los ribetes ingratos de la coyuntura, algo que los empresarios admiran aunque ellos mismos no lo hagan casi nunca. Nadie debería extrañarse si Moreno empieza a figurar más allá de los límites de la actividad privada.

Un pacto desgarrado

Al parlamentario y pensador inglés Edmund Burke se debe una de las ideas más inspiradoras de la política, aquella que describe a la sociedad como una asociación en la que “participan no sólo los vivos, sino también los que han muerto y los que están por nacer”. Cuesta imaginar una noción más inclusiva y generosa, fundada en la sencilla constatación de que los fines sociales más nobles “no pueden ser alcanzados en muchas generaciones”.

Burke escribía en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa proponía la implantación de grandes nuevos ideales, mientras al mismo tiempo se desgarraba entre la tentación de refundarlo todo y la erupción de feroces tiranías revolucionarias. Observando esos fenómenos, Burke llegaba a la conclusión de que el verdadero pacto fundamental no era el de los políticos, las instituciones o los grupos de interés, sino el pacto intergeneracional que hace posible el progreso con la alianza entre los vivos, los muertos y “los que están por nacer”.

Todo esto puede tener un cierto aire de poesía inmaterial, pero adquiere una abrupta concreción cuando un sistema político se ve sacudido por un recambio generacional que, junto con ser inevitable, se parece de manera inquietante a un desgarro de ese pacto fundamental.

 

 

Lo que ha estado ocurriendo en el Chile de los últimos años es que los partidos que encabezaron la transición (cuesta llamarlos tradicionales, porque en sus configuraciones actuales no sobrepasan los 25 años) se han visto desbordados por grupos generacionales que los desdeñan o los ignoran”.

 

 

Este no es un fenómeno privativo de la Nueva Mayoría, aunque allí pueda ser por ahora más notorio. De los dos grandes partidos de la derecha se han desgajado otros dos en poco más de un año. Hacia la izquierda han surgido grupos de todo pelaje posible, desde anarquistas hasta igualitaristas bastante tradicionales, todos ellos con la pretensión de superar y terminar con los anteriores.

Hay un aspecto del fenómeno que es normal dentro de la política democrática. La última creación partidista exitosa fue el PPD, a fines de los 90. Desde entonces hasta ahora han tenido nacimientos y muertes jóvenes más de una decena de partidos (tal como ocurrió en el siglo pasado con el agrariolaborismo, el MIR, Patria y Libertad, el Mapu, el PIR, la Usopo, el API y otros fenómenos epigramáticos de laya similar), lo que es una confirmación de que el voluntarismo no es un impulso político que tenga un vigor automático. No se hace fuerte a un partido con sólo una idea para crearlo ni un sujeto para impulsarlo. Pero, a lo menos desde el 2006, la agenda pública ha sido tomada por un movimiento estudiantil que ha venido desafiando, no sólo a tres gobiernos, sino a la totalidad del sistema de partidos, incluyendo al Parlamento.

 

 

Es normal que los jóvenes quieran desplazar a los viejos y que crean ser moralmente superiores a ellos, a sus experiencias de renuncias y transacciones. No es normal, en cambio, que los mayores cierren los ojos ante la presión por renovación, la natural emergencia de ‘los que están por nacer’ al espacio público, para utilizar la luminosa idea de Burke. No es normal que no haya delfines ni maestros que los cultiven”.

 

 

La Concertación y la Alianza envejecieron del mismo modo que les ocurre a los seres vivos: sin darse cuenta. Los nuevos líderes de la calle prefieren fundar nuevos grupos antes que suscribir o representar a los que perciben controlados por las generaciones anteriores.

Los partidos de los 90 han descuidado peligrosa, acaso mortalmente, a sus propias juventudes. Apenas se sabe si las tienen. Las federaciones universitarias no se disputan entre esos partidos, sino entre unas agrupaciones con nombres cambiantes e identidades enigmáticas. Para qué hablar de los estudiantes secundarios, a los que los clivajes democracia-dictadura, mercado-estado, izquierda-derecha, les suenan más a paleontología que a política. El clivaje nuevas generaciones-viejas generaciones puede ser ahora más importante de lo que nunca fue desde los años 60.

En el clima de “crispación” -como lo han llamado los ex presidentes Lagos y Piñera- este aspecto parece delicadamente omitido, pero es posible que tenga una importancia similar a los problemas de conducción del gobierno, los paquetes de reformas, el trancazo económico y los anarquizados reclamos sectoriales. La pregunta es si alguien lo está tomando en cuenta más allá del esfuerzo por utilizarlo.

Futuro hipotecado

El primer indicio serio de que la Concertación podría no alcanzar la mayoría en las elecciones presidenciales del 2013 se produjo en las municipales del 2012, cuando los cuatro partidos juntos apenas superaron el 35% de los votos. El 5,4% del PC sería indispensable, pero todavía insuficiente. El resto debía estar en “la calle”, la misma que había convertido el 2011 de Sebastián Piñera en una pesadilla de descontrol.

Esta es la base matemática de la Nueva Mayoría. La base ideológica, ya se ha dicho, son las tesis sobre el descontento elaboradas en el PNUD, apoyadas en ciertas nociones de la inclusión social procedentes del vecindario de la vieja tradición igualitarista. Como operación política, la creación de la Nueva Mayoría fue un golpe de genio y aseguró el triunfo de Michelle Bachelet.

Con un solo defecto de nacimiento: no fue consultada con nadie. Fue planteada por la entonces candidata y aceptada sin chistar por unos partidos que atravesaban por una aguda crisis de inseguridad. Esa gestación de cinco minutos, o de algunos meses de reflexión en el mejor de los casos, se compara mal con los más de seis años de análisis y negociaciones que tomó en los 80 la consolidación de la Concertación como pacto político.

 

Esto podría carecer de importancia si no fuese porque, antes de que cumpla un año, hay sectores de la Nueva Mayoría que la quieren entender no como una ampliación de la Concertación, sino como una sepultación. El funeral imaginario del cadáver imaginario incluye un enjuiciamiento implícito de sus gobiernos y una descalificación explícita de su papel en la transición”.

 

Convergen en este esfuerzo matrices muy diferentes: los novatos en la coalición gobernante, las generaciones ansiosas de convertir el reformismo en su épica particular y los políticos que aspiran a desplazar por negación a los que fueron sus líderes en la transición. Debido a esa misma diversidad, hay en esta visión mucho de ficción y de voluntarismo. Y también lo que el sociólogo Florencio Ceballos, a propósito de la idea de que el No fue sólo un triunfo de publicistas, ha descrito como una tesis “deshonesta y oportunista”. Toda simplificación política suele ser deshonesta y oportunista.

Como la historia es lo que es y no lo que uno quiere, es útil recordar que la Concertación triunfó, no sobre un programa adversario, sino sobre dos. El más obvio era el de la continuidad de Pinochet. El otro -no menos importante- era el de la ruptura insurreccional, encabezada por el PC (en uno de los peores errores políticos de su historia), pero integrada también por el ultrismo tradicional que desconfió hasta de Salvador Allende. No es extraño que esos sectores -tan derrotados como Pinochet en 1988- quieran reescribir el pasado; lo anómalo es que se subordinen a ellos algunas de las figuras de los partidos que construyeron ese triunfo ya remoto.

 

No era inevitable ni necesario que la Nueva Mayoría se confrontara con la Concertación. Si esto ha estado ocurriendo, es porque hay un desorden conceptual que nadie ha resuelto”.

 

Lo que los partidos miembros no hicieron antes de las elecciones del 2013 -ponerse de acuerdo respecto de la naturaleza y la proyección de su acuerdo político- no lo han hecho tampoco después, y se puede augurar que mientras ese debate no ocurra, los desacuerdos persistirán.

Hasta ahora, La Moneda ha abdicado de esa responsabilidad. Parece creer que este tipo de trifulcas se resuelven solas y que ellas tienen poco o nada que ver con la gestión de su programa. Una de las tendencias inerciales más insidiosas de los gobiernos es clasificar sus tensiones según partidos, facciones o personas, como si la sola catalogación pudiese resolverlas. Esta es una ilusión en la que es fácil que tomen ventaja las interpretaciones más atrevidas, con menos historia social y más sociología de manual.

 

La disyuntiva entre continuidad y cambio se presta con frecuencia a que medre cierta charlatanería. En general, en política no existen los que no quieren cambiar nada; esos están en otras actividades, mucho más lucrativas. En cambio, proliferan los otros, los que se miden por el tamaño de sus pretensiones”.

 

El más insigne demagogo español, Alejandro Lerroux, no dejó nada perdurable en sus gobiernos republicanos de la primera mitad del siglo XX; la doctrina del lerrouxismo se reduce hoy a una sola frase: “Quiero cambiar todo”.

Mientras se sienta atrapada en este dilema retórico, mientras privilegie la atención hacia los intérpretes del cambio social caricaturizado, la Nueva Mayoría tendrá su destino hipotecado. Y en ese caso no será muy largo.

El gabinete, la democracia y otras latas

A la Presidenta Michelle Bachelet no le gusta la política. Esta es una afirmación que parece complicado fundamentar, porque se trata de una figura que ha vivido en la política antes de cumplir 20 años. La primera aproximación se puede hacer de manera sencilla: no le gusta la política “chica”, la de los debates apasionados (“incomprensibles”, los ha llamado), la de las facciones y las refriegas de los partidos. Prefiere la “gran” política, la que vuela por sobre esas menudencias. Ya veremos las implicancias de esta visión.

De momento, esta es la principal explicación de lo que está pasando con el oficialismo. No se trata de que el equipo político sea menos o más débil, ni de que el ministro del Interior esté un poco “solo” en la tarea de articulación política, ni siquiera de que haya mayor o menor talento en La Moneda. Se trata de que la única persona que dispone de mayor capital político que todos ellos, la Presidenta, no desea intervenir en la rosca partidaria, como no lo ha hecho desde antes de las elecciones. Y esto tiene un lado razonable, porque meterse en esas turbulencias puede dañar su propio liderazgo, un riesgo tanto más inaceptable si ocurre en sólo ocho meses de gobierno.

Sin embargo, tampoco es posible eludir un clima generado desde el propio gobierno. Cuando el Presidente Piñera tomó el teléfono para detener por decisión personal el proyecto eléctrico Barrancones demolió la institucionalidad ambiental y paró para todo el resto de su período las inversiones energéticas.

 

El Barrancones político de Bachelet fue la mantención en su cargo del embajador en Uruguay Eduardo Contreras después de una entrevista que ofendió a un partido aliado y más encima sumió al embajador en una espiral de humillaciones públicas. La decisión personal de la Presidenta -nada que ver el equipo político, nada que ver el ministro del Interior- dio la señal para la anarquización del oficialismo, todo lo contrario de lo que hizo al desautorizar la ya famosa figura de la ‘retroexcavadora’ de un senador parecidamente apasionado”.

 

¿Cómo se sale de ese error capital? Los gobiernos suelen crear puntos de inflexión introduciendo ajustes de gabinete, lo que explica por qué las apuestas sobre esto suben de precio día por día. Los gobernantes se enojan ante esta forma de “pauteo” público, pero muy pronto se ven obligados a elegir entre el costo del inmovilismo y el beneficio de la inflexión.

En el fondo de este panorama político hay una cierta idea de la democracia que se ancla en el siglo XX. Tras el fracaso del socialismo colectivista con la caída del Muro de Berlín, la cultura de izquierda se movió hacia las ideas tradicionales del igualitarismo, la forma de contrarrestar la victoria temporal de la economía de la desigualdad, esto es, del libremercadismo. El historiador francés Pierre Rosanvallon ha estudiado hasta el exceso el modo en que este desplazamiento terminó por concentrar a parte de la izquierda en los problemas del control de los mercados, las políticas públicas y, en fin, en la ingeniería social (todo bastante estatal).

Algo similar -con las premisas inversas- ha acompañado a la evolución de la derecha, con sus obsesiones por la gestión y el “buen gobierno”. Pero en ambos casos se produce un cierto abandono de la función simbólica de la democracia, que consiste en la sensación de pertenecer a una misma sociedad y de que ésta se sostiene sobre la solidaridad entre sus miembros.

Pues bien: entre muchas otras cosas, esta sensación depende también de la política “chica”, de participar en el debate aun con ideas menores, de ser considerado como igual sin las fronteras de la capacidad económica, el género sexual, la procedencia social o incluso el nivel intelectual. La “gran” política puede construir próceres, pero raramente construye ciudadanos, y nunca es razonable pretender que ello ocurre porque las personas “no entienden” las buenas intenciones de los gobiernos.

 

Lo que se está viendo en el Chile de estos días es que los grupos ideológicamente afines comienzan a atrincherarse como si hubiese una guerra en ciernes. Se juntan y se retroalimentan con los propios. Se confirman en sus propias ideas, abrevan en las mismas fuentes y asisten a sus mismas ceremonias. Depuran sus campos de malezas y rarezas. Reducen el debate e incrementan la uniformidad. En la Nueva Mayoría, esto está ocurriendo dentro de los partidos y en las relaciones entre ellos. En la derecha, con partidos depreciados, sucede entre empresarios, gremios, centros de estudio y grupos de interés”.

 

Es un fenómeno larvario, aunque potencialmente muy serio. No se había producido en Chile en casi 30 años.

Pero no tiene mucho que ver con las reformas y sólo un poco con el programa del gobierno, excepto en lo que diga relación con su desorden o sus imprecisiones. Lo más importante es la depreciación de la función simbólica de la democracia. Y frente a esto, el cambio o la mantención de un gabinete sólo puede ser el símbolo de un símbolo. Un metasímbolo.