Ascanio Cavallo's Blog, page 6

La democracia como faramalla

Los promotores de la “democracia directa” -movilizaciones, comités, asambleas, cabildos- deberían mostrar los efectos de sus propuestas tal como se viven en la realidad y no como se leen en los programas o se oyen en los discursos. Dejemos de lado el hecho de que el esfuerzo por suplantar a la democracia representativa (“burguesa” la llamaba el MIR en los 60), que tan a menudo hermana a la ultraizquierda con el fascismo, oculta por lo general la finalidad de que las mayorías reales sean desplazadas por las vanguardias, los iluminados y las audaces. Un audaz siempre cree tener la razón completa.

 

Es conocido el caso de las federaciones universitarias. Los líderes principales de la protesta estudiantil del 2011, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, fueron elegidos a fines del 2010. Para entonces, la Universidad de Chile tenía 27 mil alumnos y Vallejo ganó la presidencia de la FECh con cerca de 3 mil votos. Jackson obtuvo cerca de 6 mil cuando la Universidad Católica contaba con 19 mil alumnos. Esto puede explicar por qué ambos exigieron distritos “protegidos” -binominal más omisión de toda competencia- para postular a la Cámara de Diputados, donde se necesita bastante más que 6 mil votos. Parece ser que en el futuro no dispondrán de tales protecciones, pero es posible que tampoco las necesiten. Ya llegaron”.

 

De todos modos, las elecciones son elecciones y no es culpa de los candidatos que la participación libre sea escasa. Su legitimidad no puede ser puesta en duda por esta razón, por mucho que fuese deseable algún recato para hablar de mayorías.

Otro caso son las consultas ciudadanas y los cabildos que usan los municipios para resolver asuntos que terminan por afectar seriamente las vidas de las personas. Estos mecanismos se mueven en dos cuerdas: cumplen con hacer participativa la resolución de controversias, pero también pueden ser un modo de eludir u ocultar la responsabilidad política de las autoridades, protegiendo su inestable popularidad. Siempre es bueno tener presente que el pionero de estas consultas fue Joaquín Lavín en Las Condes.

En el primer caso puede estar la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, que este mes realizó una consulta que incluyó temas sanitarios -manejo de la basura-, regulatorios -estacionamientos y horarios de botillerías- y simbólicos. La alcaldesa “perdió” con algunas ideas que eran de su simpatía -como el cambio de nombre del cerro Santa Lucía-, pero consiguió importantes claridades sobre todos los demás. Claridades de verdad, porque logró que votaran más de 55 mil vecinos, 13 mil más de los que la eligieron alcaldesa. De todos modos, es útil recordar que estos voluminosos vecinos decidieron por los 227 mil habitantes de esa comuna. Un cuarto por el todo, pero resultado meritorio que se debe en buena parte al esfuerzo personal de Tohá por promover la participación.

En un orden radicalmente diferente están las acciones de la alcaldesa Josefa Errázuriz en la comuna de Providencia. También este mes, Errázuriz puso en vigencia ordenanzas que restringen el horario de botillerías, bares, restaurantes y discotecas en el grupo de barrios donde más se concentran estos comercios, produciendo un impacto aún no calculable sobre la vida residencial, comercial, recreativa e incluso turística de la comuna.

 

La alcaldesa proclamó haber escuchado a los vecinos. En Providencia viven unas 120 mil personas y la población flotante se calcula en un millón más. Las decisiones restrictivas se habrían basado en 23 cabildos realizados desde abril del 2013, con un total de participantes de… 2 mil”.

Rastrear el origen de esas ideas es toda una pesadilla (un sarcasmo para un gobierno municipal que vocea su transparencia), pero la única referencia explícita se halla en el acta del cabildo N° 1, donde en una sola reunión de vecinos, la del área Providencia-Manuel Montt-Román Díaz, se plantea el control del número de restaurantes y su horario de funcionamiento. Los participantes fueron 15 y, según un curioso detalle del acta, “en su mayoría adultos mayores”. Al revés de Santiago, no se divisa en todo el proceso ningún esfuerzo de la alcaldesa Errázuriz por empujar un involucramiento más significativo de los vecinos.

Dejemos de lado los pobrísimos resultados del gobierno municipal de Providencia en dos años de gestión -descontrol de la basura, aumento de los asaltos (incluyendo la casa de la alcaldesa), récord de “lanzazos”, caos vial y así por delante- y la tendencia, no se sabe si voluntaria, a construir una comuna geriátrica mediante la restricción sistemática a sus renovaciones. Todo esto es casi accesorio ante la audacia de denominar “participación” -la palabra más repetida en el programa de la alcaldesa- a la intervención de menos de un 2% de los vecinos en decisiones que los afectan a todos.

¿Por qué importa un caso tan pequeño y local, aunque se trate de la tercera comuna con mejor calidad de vida del país? Porque en Providencia se reproduce, a escala, la discusión acerca de las mayorías, la representatividad y la democracia que está enervando al país en discusiones más importantes, como la reforma educacional y otros cambios que atraviesan diversas zonas del gobierno. El golpe de genio que fue la creación de la Nueva Mayoría parece estar mareándose entre lo que distingue a una mayoría de una hegemonía, el más antiguo de los dramas de la democracia.

Todos a la calle

La Presidenta Michelle Bachelet está realizando un promedio de más de tres actividades diarias en terreno, además de aquellas de carácter público que tienen lugar en La Moneda. Este inusitado ritmo de exposición es el producto de una convicción convertida en estilo: para la Presidenta, la gestión de gobierno no es concebible sin el roce continuo de las máximas autoridades con “la calle”, los muchos públicos a los cuales se deben. Hay en esto una idea subyacente acerca de la democracia y el servicio hacia las mayorías.

 

Sin embargo, en las últimas semanas, este activismo se ha convertido también en una estrategia de respuesta ante el deterioro de las expectativas económicas y lo que parece estar asociado a ese fenómeno, el declive del nivel de aprobación del gobierno en las encuestas”.

 

Entre ambas cosas se ubica también el clima de confusión e incertidumbre política creado por las sucesivas polémicas dentro del oficialismo y del propio gobierno.

De seguro, la Presidenta es consciente de que el único factor �de unidad de su coalición es ella misma, y no el programa -como tanto se dijo en los primeros meses-, lo que significa que su presencia en todos los temas es determinante para conservar el rumbo y la propia viabilidad del gobierno.

 

Por ahora, sin Bachelet no hay Nueva Mayoría, aunque, al mismo tiempo, también es cierto que sin Nueva Mayoría no hay proyecto Bachelet. Ese equilibrio precario sólo puede ser sostenido por ella. No hubo gobierno más personalizado en los pasados 24 años”.

 

Para hacer frente a la desaceleración económica, la Presidenta ya había impartido la instrucción de “des-reformizar” la agenda pública, esto es, quitar el énfasis puesto en los primeros meses sobre los megaproyectos de cambio para concentrarse en las medidas microeconómicas de reactivación. Pero esta operación se ha mostrado problemática.

Por un lado, porque las reformas ya lanzadas llevan su propio ritmo, como se pudo ver el miércoles en la sanguínea votación del primer proyecto educacional en la Cámara de Diputados, que puso en evidencia no ya las conocidas disensiones dentro de la Nueva Mayoría, sino la voluntad de emplear los mecanismos legislativos para tomar desquite contra los discrepantes. Eso no había ocurrido ni siquiera en las fases más problemáticas del proyecto de reforma tributaria, y lo que en ese caso fue una solución -la negociación en el Senado- parece ahora un anatema que algunos rechazan repetir. Por el momento, antes de la discusión constitucional, la reforma de la educación se perfila como la más seria amenaza contra la integridad del oficialismo.

Por otro lado, porque a pesar del esfuerzo de contención del reformismo “estructural”, las proyecciones de las cifras económicas se han seguido deteriorando, en una escalada de reducción del crecimiento combinada con aumento de la inflación. En poco más de un semestre, las estimaciones de aumento del Producto han bajado desde tres puntos hasta menos de dos en los pronósticos más optimistas, mientras que la inflación pasa del 3% presupuestario a un temible potencial del 5%. Por mucho que un sector del gobierno desconfíe de la poca colaboración de los empresarios, ya no puede desconocer que ella ha sido estimulada por algunos de sus dirigentes.

De allí que “la calle” ha pasado a ser también una manera urgente de restaurar la confianza social.

El caso es que La Moneda está claramente insatisfecha con el desempeño de varios de sus ministros en este plano. Desde el inicio del gobierno, el Palacio ha mantenido una atenta vigilancia sobre las decisiones de comunicación de los ministerios, que determinan su conocimiento, presencia y adecuación al programa.

 

Ahora último se ha añadido un seguimiento de las actividades en terreno y las respuestas de los ministros ante las demandas de la Presidencia para acompañar a la Jefa de Estado en esas actividades, aun a costa de alterar sus propios compromisos”.

 

No es preciso tener gran imaginación para captar el nivel de estrés que esto introduce en la gestión ministerial y la dificultad que introduce para el ejercicio de pensar en lo que está pasando.  Es un asunto delicado para un gobierno donde no abundan los intelectuales y los principales funcionarios han sido concebidos como ejecutores de ideas no siempre precisas.

El resultado momentáneo es el extendido rumor de que antes de fin de año habría un ajuste de gabinete -la especulación favorita del periodismo político-, sólo que en función no de las capacidades políticas o técnicas de los ministros, sino de sus aptitudes para ajustarse al activismo presidencial”.

La Iglesia bajo el arenal

La polvareda levantada por la revelación de que un sacerdote diocesano, Mariano Puga, y dos jesuitas, José Aldunate y Felipe Berríos, están siendo examinados por la vaticana Congregación para la Doctrina de la Fe, ha producido una espesa confusión.

¿Cuándo empezó todo? El incidente actual partió el 24 de junio de 2014, cuando, regresando de Africa, el jesuita Felipe Berríos dio una calculada y polémica entrevista al programa de TVN El informante, en la que criticó a la Iglesia, apoyó el matrimonio civil homosexual, denunció la discriminación educacional, acusó de “inmorales” decisiones de las universidades Católica y Los Andes y unas cosillas más. Incendio en el bosque.

En los días siguientes, varios obispos conminaron al provincial jesuita, Cristián del Campo, a exigir la retractación de Berríos o emitir una desautorización de la congregación. Berríos rechazó lo primero y solicitó una audiencia al cardenal Ricardo Ezzati. En la cena que compartieron, el cardenal reprobó uno por uno los dichos del sacerdote, con especial énfasis en el matrimonio homosexual. La relación quedó mal, pero no rota. El temperamento de Ezzati puede ser autoritario, pero no incluye esta clase de exclusiones, a pesar de la pobre imagen que le atrajo el confuso manejo del caso Karadima.

El Comité Permanente del Episcopado había amenazado con emitir una declaración de fuerte condena al sacerdote, pero, hasta donde se sabe, el propio Ezzati contribuyó a mitigarla y algunos incluso la interpretaron como un respaldo al sacerdote. Sin embargo, en paralelo, el mismo Comité Permanente envió una carta de reproche al principal jesuita.

En septiembre, en un encuentro con la Vicaría Zona Norte, Ezzati deslizó una infidencia que ha podido convertirse en su peor error dentro del conflicto: dijo que estaba enojado con los dichos de los sacerdotes Berríos, Aldunate y Puga y que también lo estaba la Nunciatura, que le había requerido información sobre ellos. En el lenguaje cardenalicio, probablemente esto quería decir que su enojo era mayor por el hecho mismo de que se le hubiese llevado hasta la desagradable situación de informar al nuncio. De cualquier modo, el primero en conocer la versión completa de las palabras de Ezzati, el diocesano Mariano Puga, quiso entonces hablar con el nuncio. Pero éste no lo recibió.

Así es que aquí entra el nuncio Ivo Scápolo, nombrado en Chile por Benedicto XVI en el 2011. Scápolo está, como casi todos los nuncios, en la categoría de los “carreristas” -los que hacen carrera con la diplomacia- que tan poco gustaba a Benedicto XVI como, ahora, a Francisco I. Pero el nuncio sabe mejor que nadie que después de la reforma de la Curia introducida por Benedicto XVI, la única materia sobre la cual las iglesias locales están obligadas a informar a Roma son los casos sexuales.

Para requerir información sobre controversias doctrinales, Scápolo sólo pudo actuar por iniciativa propia -cosa improbable en un profesional- o por una orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Cómo se genera una orden de este tipo? Por la denuncia de figuras eclesiásticas locales con influencia en el Vaticano o por la de laicos con peso similar; o por una convergencia o concertación de ambas fuentes. El único misterio del día son los nombres de estas personas. Cosa de tiempo.

La consecuencia lógica de esto es que el propio cardenal Ezzati puede haber sido acusado ante el Vaticano de no actuar ante sus díscolos. ¿Por qué podría querer Ezzati que su autoridad sobre los sacerdotes investigados fuese puesta en duda, especialmente si los ha recriminado en forma personal? ¿Se declararía tan incompetente?

El nuncio podría estar en una posición similar, aunque antitética con la de Ezzati. En el 2013, Scápolo realizó una indagación -menos discreta de lo que quizás pretendía- sobre Felipe Berríos, a propósito de la entrevista que dio en el Congo al mismo El informante, vaya sorpresa.

Aquí hay otro indicio: a sus 97 años y ciego, el sacerdote José Aldunate es casi un milagro de resistencia doctrinaria. Con 84, Mariano Puga da un similar testimonio de porfía y convicción. Ambos han sido sucesivamente castigados, reivindicados y admirados desde los años 60. Descubrir ahora sus posiciones sería por lo menos un pecado de ignorancia.

La verdad parece ir por otro lado: ambos son el arroz graneado del plato de fondo, que es Berríos en primer lugar y, más ampliamente, los jesuitas. Cualquiera que siguiera estos matices podría haber anticipado lo que venía: la acusación contra el jesuita Fernando Montes, ya no por sus opiniones, sino por los premios de Periodismo que otorga la Universidad Alberto Hurtado. ¿Es preciso explicarlo más claro?

Cuando el líder de los ultraconservadores Legionarios de Cristo es condenado por abusos contra una menor; cuando los jesuitas son los únicos interlocutores eclesiásticos del gobierno de Bachelet; cuando la Conferencia Episcopal sigue refrenada por los obispos discípulos de Karadima; cuando el mundo se pregunta si Chile ha entrado en el izquierdismo populista de otras naciones de América Latina, y cuando la paquidérmica Curia romana se sigue moviendo a un ritmo diferente que el de un Papa solitario, ¿quién podría extrañarse de que en el último rincón del mundo se vuelva a librar la vieja lucha global de la Iglesia entre la conservación y la actualización?

La “des-reformización”

La instrucción más reiterada por la Presidenta Bachelet en los últimos días es esta: “des-reformizar” la agenda pública. Esto significa bajar el énfasis en el espíritu transformador del gobierno, contener el ánimo estructuralista de algunos altos funcionarios y limitar, por lo menos de momento, la expansión de las reformas más allá de las áreas prioritarias definidas por el programa.

Esto parece razonable después de seis meses de frenesí legislativo y activismo ministerial al cabo de los cuales el Ejecutivo ha logrado aprobar la reforma tributaria y la parte inicial de la reforma educacional, completar los estudios para los cambios en las legislaciones laboral y de salud y avanzar en el análisis de los mecanismos para una futura reforma constitucional.

Para el gobierno, el balance es positivo. Los cambios en el régimen de impuestos han sido intensamente bombardeados desde un cierto integrismo mayoritarista, pero Hacienda cree haber cautelado su objetivo principal, que era el volumen de la recaudación. Otra cosa es el volumen de la incertidumbre que estos cambios han introducido en el mundo de los contribuyentes reales, que es la minoría de ingresos más altos. Desde la perspectiva de los objetivos del gobierno, esa situación es sólo un daño colateral, aun cuando sería vicioso ignorar su impacto en la actividad económica.

En cuanto a la educación, la introducción de sucesivos matices ha elevado la viabilidad de sus propuestas y ha reducido la resistencia que causaron hasta hace poco. Esto es innegable, a pesar de que también aquí, como en los impuestos, persistan grandes forados de incerteza. Pero hay algo más importante: el proceso eludió la captura de las reformas por parte de la dirigencia estudiantil, que ya contempla cómo se le va el año sin que haya logrado sacudir las calles y sólo pueda anunciar que el 2015 será más bravo. La condición, por supuesto, es que retenga su conducción por los mismos medios democráticos que ha promovido.

No es claro que los principales déficit del gobierno –la escasa interrelación entre los ministros y la casi total ausencia de intelectuales que estén pensando por encima de la agitación programática- tengan importancia en su propia evaluación. Cuando se habla de cambio de gabinete –que es la manera en que los gobiernos ajustan sus rumbos-, la Presidenta sólo bromea y deja sentir, con su suavidad gentil, que tales decisiones no le pertenecen a nadie más.

Pero el verdadero trasfondo de la “des-reformización” no es el descanso de los altos funcionarios exhaustos, ni la necesidad de instalar entre sucesivas “cumbres” un “valle” que se extienda hasta marzo (o algo más) del 2015, sino el agudo oscurecimiento de las condiciones económicas. El famélico crecimiento de septiembre (0,3%) apareció acompañado de un inquietante aumento de la inflación (0,8%), maniatando las posibilidades de intervención del Banco Central, el principal instrumento para producir señales de estímulo hacia la actividad económica. Es un hecho que la inversión externa viene cayendo por efectos internacionales, y la interna por condiciones locales, y no está ocurriendo nada que modifique esa dirección. Las medidas del gobierno, incluyendo el presupuesto del 2015, se declaran contracíclicos –más gasto público ante menos iniciativa privada-, pero es claro que la capacidad de ejecución de inversiones por parte del Estado está muy por detrás de las urgencias de coyuntura.  Los economistas de la Nueva Mayoría, funcionarios o satélites, sostienen que todos estos son fenómenos pasajeros y de corta duración. Lo vienen diciendo mes tras mes y ya se sabe que, después de la suerte, las ciencias más inciertas son la sismología y la economía.

Los problemas macroeconómicos aterrizan siempre en los salarios y el desempleo. En esta última dimensión, Chile ya ha perdido un punto porcentual en un año. Aún está lejos de los dos dígitos que sumieron al final del gobierno de Frei en el descrédito, pero no hay nada que galvanice al actual contra esa depresión, al menos en el próximo semestre.

Cualquier análisis tendría que admitir la astucia inmediata de la “des-reformización” de la agenda promovida por la Presidenta. En el medio de la Penta-tormenta que azota a la derecha, parecería más fácil avanzar en los proyectos duros del programa de gobierno, que al mismo tiempo rozan de manera áspera con el problema del ingreso. Es la interminable lucha entre el entusiasmo y la responsabilidad.

Don Dinero

Una de las 514 acciones judiciales que el Servicio de Impuestos Internos había iniciado hasta septiembre de este año, la denominada “Fraude al FUT”, ha reabierto el debate sobre el financiamiento de las campañas electorales y, por extensión, los partidos políticos. Es una discusión que resurge como para mostrar que las normas que regulan este problema no terminan de satisfacer a todos. Pero conviene distinguir los planos.

El caso “Fraude al FUT” se inició en julio pasado, con la acusación en contra de un ex director del Banco Penta, Hugo Bravo, por declaraciones fraudulentas de impuestos. Un mes más tarde, a partir de las declaraciones de Bravo, el SII interpuso denuncias en contra de los dos principales socios del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Hasta aquí se trata de delitos presuntos y comunes.

La salpicadura política arranca desde la vinculación de Délano con la UDI -bien conocida, nada secreta- y la presunción del SII de que también hubo traspaso fraudulento de dinero hacia algunos candidatos de las elecciones del 2013, incluyendo a figuras destacadas de ese partido, aunque también hacia el candidato de Fuerza Pública, Andrés Velasco. Tales presunciones incluyen destinaciones de dinero hacia la UDI como partido. Estas últimas son las más líquidas y seguramente las más difíciles de probar.

Dos circunstancias extrajudiciales complican la situación del principal partido opositor: la sostenida presencia de Délano en la política de derecha, que se rastrea hasta el plebiscito de 1988, y su vinculación familiar con el nuevo presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva.

A partir de aquí se han iniciado polémicas cruzadas acerca de los aportes privados al financiamiento de las campañas, desde la licitud de que las empresas pongan dinero hasta los montos donados en forma reservada a los candidatos. Aquí hay un salto lógico, porque ambas cosas son legales; nada tienen que ver con el “Fraude al FUT” ni con las presunciones de desvíos de fondos al margen de lo que permite la ley.

Sin embargo, aunque desde distintas categorías, estos hechos regresan el debate a la pregunta esencial: ¿por qué algunas empresas y personas aportan dinero en favor de ciertos candidatos? La respuesta intuitiva es que defienden sus intereses. Pero es sabido que en el caso de las empresas -sobre todo las grandes- se produce una repartición entre candidatos diferentes, incluso contradictorios. ¿Protegen sus intereses? Por supuesto. Pero, dado que esos aportes son reservados -y administrados por el Servicio Electoral-, su utilidad lineal es incierta. Es absurdo afirmar que las personas donantes no defienden también sus intereses y desde luego puede resultar que en este caso sea todavía más aguda la relación entre aporte monetario e interés político, pero también es posible que las personas donen en función de sus convicciones legítimas.

La pregunta es por qué algunos candidatos reciben “aportes reservados” tan abultados, no sólo en términos absolutos, sino también en función de sus votos. En la tarde del miércoles 1°, el diputado PPD Pepe Auth dejó en los escaños de sus 119 colegas una planilla Excel con un análisis de los aportes reservados por cada miembro de la Cámara. Hay muchas cosas que llaman la atención:

• El monto absoluto más grande lo recibió el diputado y presidente de la UDI Ernesto Silva, con 268 millones de pesos. Obtuvo más de 76 mil votos, por lo que la ratio por voto es de $ 3.506. Pero fue elegido en el distrito 23 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea), el más seguro de la derecha. Su rival y socio, Cristián Monckeberg, actual presidente de RN, recibió mucho menos, 70 millones, con una ratio de $ 898 por cada voto. No parece audaz suponer que lo recaudado por Silva no buscaba tanto su elección como su hegemonía en el distrito.

• El candidato con más votos fue el mismo Auth (cerca de 83 mil), con aportes que llegaron a 35 millones, que lo sitúan en el lugar 36 de los más voluminosos. Medido por votos, la relación es de $ 422, que lo desciende a cerca de la mitad en la lista de proporciones. Auth triunfó en el distrito conformado por Cerrillos, Estación Central y Maipú. Su competidor, Joaquín Lavín hijo, recibió más de 94 millones y obtuvo 58 mil votos, con una relación de $ 1.627 por voto, cuatro veces más que Auth.

• La mayor proporción por voto la obtuvo Felipe Kast, de Evópoli, con $ 9.711 por voto (casi 218 millones en total) y sólo 22 mil sufragios en el distrito de Santiago. Giorgio Jackson, que allí mismo obtuvo mucho más del doble de votos (55 mil), recibió apenas $ 90 por voto: diez veces menos. ¡Qué magnitud de esfuerzo para empatar el resultado!

• Entre los 31 diputados que recibieron aportes reservados superiores a 40 millones, sólo hay tres del oficialismo: los DC Matías Walker, en Coquimbo, con $ 1.413 por voto, e Iván Flores, en Valdivia, con $ 1.699 por voto; y el independiente pro-DC Iván Fuentes, líder del movimiento de Aysén, que recibió 58,5 millones para poco más de 9 mil votos, formando la tercera ratio más abultada, con $ 6.409 por voto. Es un caso extraño en una región donde han chocado tantos conflictos de interés en los últimos tiempos.

• De los 11 diputados de la Alianza con más aportes, hay tres que pertenecen a Evópoli (Kast) y Amplitud (Joaquín Godoy y Pedro Browne), las dos operaciones de desgarro dirigidas contra RN, o más exactamente, contra la directiva encabezada por Carlos Larraín, en los días postreros de gobierno de Sebastián Piñera. Esto es más curioso si se considera que, fuera de los primos Monckeberg (Nicolás y Cristián), ningún otro diputado de RN figura en la veintena de mayores aportes. Auth midió lo que se puede. Cada una de las cifras de los “aportes reservados” ha de multiplicarse por dos, tres o cuatro para obtener el gasto total y verdadero de las campañas, una parte del cual será por muchos años ciego a la ley.

Es un poco inútil, incluso hipócrita, descubrir a partir de estos datos que la derecha dispone de más dinero que el centro y la izquierda para sus fines políticos. Parece más inusitado el hecho de que esa derecha está resolviendo sus problemas intestinos con el apoyo veleidoso del viejo y poderoso caballero. Eso sí que es novedoso.

La educación� del cacique

Circula en la Nueva Mayoría un sentimiento de frustración y entrampamiento. Algunos de sus dirigentes piensan que el impulso arrollador de los primeros tres meses del gobierno de la Presidenta Bachelet se ha debilitado y que la oposición -los partidos de la Alianza, pero sobre todo los grupos empresariales- ha tenido algún éxito en hacer más accidentado el camino de las transformaciones estructurales. Los más irritados suman a ese grupo de obstáculos a la dirección de la DC, pero esto sólo se dice en voz más baja, porque, al menos por ahora, sin la DC se extingue la Nueva Mayoría. Más frustración, entonces.

Cosa más curiosa, algunos de esos empresarios “acusados” comparten la misma percepción, ahora sin decepción, sino con cierto alivio: el ímpetu estructural se ha frenado, la “retroexcavadora” ha quedado como la peor imagen del año y los equipos de gobierno parecen impelidos a tomar las nuevas aristas de conflicto. La presión sobre la reforma tributaria ya ha cedido -ahora se traslada al presupuesto 2015, segunda prueba del ministro Alberto Arenas- y la reforma educacional sigue su propio y previsible rumbo tormentoso. En cuanto a la Constitución, la Presidenta dijo esta semana en el exterior que “avanzará”, una expresión suficientemente ambigua como para estimular a todos y a nadie. Más alivio en un lado, más frustración en el otro.

En el medio de estas apreciaciones, y con su parsimonia habitual, el subsecretario del Interior, Mahmoud Aleuy, definió el fenómeno hace un par de semanas como “una instalación con puras sorpresas”: terremoto, megaincendio, inundaciones, actos terroristas. Nada de lo que se pueda culpar a la oposición, los empresarios o las disensiones dentro de la Nueva Mayoría. Quizás le faltó agregar la depresión económica, mucho más rápida de lo que hasta los más libremercadistas habrían calculado, y de cuya responsabilidad es casi imposible desanclar a los poco estimulantes factores externos de la caída de las expectativas internas.

Y una cosa más: el Estado Islámico. ¿Qué puede tener que ver ese movimiento que ha lanzado un baño de sangre en sitios tan distantes como Irak y Siria, que amenaza con expandir un terrorismo sin límites a todo Occidente y que ha sido descrito por el Papa como el germen de una nueva guerra mundial? Nada directo, por supuesto. Nada que ver con Chile.

Excepto que el Estado Islámico le ha planteado a toda la izquierda mundial una encrucijada aún peor que la de la caída de la Unión Soviética. ¿Puede guardar distancia ante un movimiento como este sólo porque sea un enemigo del capitalismo? ¿Puede ignorar sus capacidades de extensión en alianza con grupos antisistémicos, estén donde estén, incluidos los países con gobiernos de izquierda? ¿Puede prolongar el tipo de tolerancia discursiva que ha tenido con Hamás, Boko Haram o los yihadistas de cualquier latitud? Quizás la política local nuble la importancia de estas cosas, pero la declaración de abierta condena de la Presidenta chilena en la ONU tiene un significado histórico inédito, incluso superior a la negativa del Presidente Lagos ante la invasión a Irak.

Nunca se sabrá hasta qué punto esta decisión pudo ser influida por el germen de terrorismo aficionado que -por ahora- afronta Santiago, pero es evidente que este clima mundial tampoco existía cuando la Nueva Mayoría entró a la cristalería del estado social chileno. Tal como los economistas no alcanzaron a calcular los efectos depresivos que tendría una mala combinación global y local, tampoco los políticos pudieron entrever la siniestra sintonía entre el violentismo local con el resurgimiento del terrorismo mundial con una virulencia aun superior a la que tuvo en los 70. El mundo es casi siempre un lugar más peligroso de lo que fue ayer y si los nuevos gobiernos enfrentan “puras sorpresas”, no es porque los accidentes confluyan, sino porque esa es la naturaleza de los tiempos.

Algún empresario le pidió en estos días a la Presidenta que hable en Chile como lo hizo en Nueva York. No es justo: casi siempre que Bachelet habla, en Chile o afuera, su discurso suena más estructurado y tranquilizador que el de sus funcionarios. La virtud y el defecto de su segundo gobierno radica, de momento, en esto: ella proyecta más confianza que sus delegados. Pero tampoco sería justo creer que esto se debe a una especie de descriterio general de su entorno. Más bien parece posible que el discurso de la campaña ha comenzado a encontrarse con la realidad de las “sorpresas”, sin que la totalidad del equipo de gobierno logre sintonizarse con el fenómeno.

“Se hizo velocidad”, dice Neruda en su monumental poema sobre Lautaro. Pero también agrega: “luz repentina”.

Gato y ratón

En la noche del lunes pasado, después de las 22 horas, vecinos de la calle San Crescente, a un centenar de metros de la Municipalidad de Las Condes, denunciaron la presencia de un extinguidor en una de las jardineras públicas. El sector fue cercado por el Gope, que retiró el objeto sin incidentes. Es casi imposible saber si se trataba de un simple espasmo del clima de miedo instalado en la ciudad, de una falsa alarma o de un señuelo destinado a desorientar a la policía.

Esta clase de alertas proliferó durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad y ahora parece posible que los violentistas estuvieran sintiendo en la nuca la respiración de la policía. Lo que ha resultado evidente para todos en las últimas horas debió serlo para ellos algunos días antes: el gobierno estaba poniendo presión sobre la fiscalía y Carabineros para acelerar la captura de los autores del bombazo en la Estación Escuela Militar del Metro.

Ese atentado mostró que el grupo que lo produjo ya ha entrado en esa singular senda de todas las facciones terroristas: un juego secreto de mensajes y respuestas con los órganos represivos, que sólo tienen algún significado para ellos mismos, aun a riesgo de proporcionar indicios a los sistemas de inteligencia.

En la mañana del pasado lunes 8, la Corte Suprema rechazó anular el juicio contra el ex lautarista Juan Aliste Vega y confirmó su condena a 42 años por el asesinato del cabo Luis Moyano en octubre del 2007. Tres horas después detonó la bomba en la estación del Metro. Un mensaje secreto y tonto, pero que dejó tres heridos que pudieron ser muertos.

El crimen del cabo Moyano fue el primer indicio estridente de una estrecha relación entre los atentados explosivos y los asaltos a bancos y cajeros automáticos. Dado que estos delitos han recrudecido durante este año, la conclusión necesaria es que el grupo dirigente de la violencia cree que ha llegado el momento de acumular recursos y fuerzas para acciones mayores.

En la noche del miércoles, Carabineros desplegó fuertes operaciones en diferentes comunas de Santiago, y halló en una casa de La Pintana a tres jóvenes a los que la fiscalía identificó como autores del bombazo de Escuela Militar. Los tres se calificaron como “comerciantes” y alegaron inocencia, pero tanto ellos como la fiscalía han de saber que esta vez no hay espacio para errores jurídicos y que las desprolijidades que llevaron al fracaso del fiscal Alejandro Peña en el “caso bombas” no pueden repetirse.

En consonancia con su juego de gato y ratón, horas después de la detención apareció un comunicado de la Conspiración de las Células de Fuego atribuyéndose el atentado, agregando información equívoca sobre otros bombazos y afirmando que no han tenido intención de dañar a inocentes. Tal declaración se parece más a un esfuerzo (algo infantil) por desviar la atención sobre los detenidos que a una afirmación seria. Es un mensaje para la policía y la justicia, y acaso para sus propios adherentes, nada más que eso. Sin embargo, es indudable que tiene algo de cierto: detrás de los tres arrestados hay más gente, probablemente de más capacidad intelectual y social, con rangos estratégicos diferentes.

Esta semana, el diputado Gustavo Hasbún (UDI) denunció la existencia de una “red de protección” de los violentistas, que estaría radicada en el seno del oficialismo. Como ocurre con frecuencia a algunos diputados, Hasbún realiza una observación correcta y llega a las conclusiones equivocadas: en este tipo de fenómenos, la principal “red” son las propias familias de los involucrados. Por lo general, tales familias son inocentes y tienen excelentes explicaciones, mediadas por el cariño, para lo que hacen sus miembros excéntricos. Es duro decirlo, entre otr.as cosas porque parece una instigación en contra de la solidaridad de las familias, pero allí suele estar la mayor dificultad de perseguir delitos de violencia política en el marco del respeto a los derechos ciudadanos.

Las principales conclusiones tras las detenciones de este fin de semana son tres: uno de los tres acusados tiene vínculos con Aliste Vega, lo que significa que en la base operativa está actuando una alianza lautaro-anarquista; la red que los respalda es pequeña y probablemente dispersa, pero tiene una capacidad de actividad crecientemente respaldada por un financiamiento ya importante; y existe un aparato de dirección que lleva la conducción estratégica, la “lucha secreta” contra la represión y, desde el jueves, los mensajes públicos.

Nada de esto luce hasta ahora muy sofisticado. Pero así, con tres o cuatro ideas en ninguna de las cuales cabe un mínimo escrúpulo democrático, con unos cuantos agentes voluntariosos y con una interpretación acerca de las debilidades del sistema político, ha logrado plantear un problema mayor a un gobierno que ya estaba teniendo demasiados.

Toro, o la manera en que muere la transición

En la noche del sábado 13, a eso de las 8, murió en el Hospital Militar el general (R) Horacio Toro Iturra. A los 87, llevaba años fuera de la escena pública, lo que puede explicar que nadie informara de sus exequias, a pesar de que al velatorio asistieron el comandante en jefe del Ejército, delegaciones militares y los altos mandos de la PDI. Pero quizás también se trata de la forma extraña en que está muriendo la transición.

El general (R) Toro fue protagonista de la parte más secreta, peligrosa y turbulenta de ese proceso. Había roto con el general Pinochet en 1977 y 10 años más tarde se había convertido en el más prominente oficial de la campaña del No. En 1990, por la fuerza de una ley oscura, según la cual el director de Investigaciones debía ser un general de Ejército, el Presidente Aylwin nombró a Toro, sabiendo que con ello desafiaba a Pinochet.

Toro se encontró con una policía desmoralizada, que había sido utilizada por el régimen militar y que ahora debía servir a un gobierno civil. En unas semanas expurgó al pinochetismo, enseñó a sus 300 detectives del Cuartel Central a plantar cara a los 2.300 hombres de la ex CNI y la Dine y persiguió la corrupción interna asociada al narcotráfico.

Y luego decidió nada menos que vigilar al propio Pinochet. Fue su audacia final: en 1992, una espesa alianza entre la Dine, algunos comisarios y la UDI lo denunció por esas actividades, los legendarios planes “Halcón”. Aylwin no tuvo más remedio que removerlo. Más tarde, el incansable Toro dedicó sus últimos años de actividad pública a una casi obsesiva exploración de Campo de Hielo Sur.

¿De dónde salió este general tan bravo, bajo, fuerte y correoso, que durante dos años aceptó ser vigilado, seguido, grabado y fotografiado por los agentes militares, que les devolvió la mano vigilándolos a ellos y que llevó el coraje hasta la cornisa de la insensatez?

Cuando recién era un mayor, en 1967, Toro estuvo entre los oficiales que apoyaron la insurrección del general Roberto Viaux en contra del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Durante horas esperó en el Ministerio de Defensa a dos compañías de paracaidistas con las cuales debía apresar al ministro y a los altos mandos. Para su fortuna, las compañías nunca llegaron. Pero el siguiente comandante en jefe, Carlos Prats, conocía su implicación y bloqueó sus ascensos. En 1973, a cargo de la Caballería, en Concepción, Toro volvió a pasarse de rosca: redactó un documento con críticas a Prats y al alto mando.

Su baja estaba decidida cuando sobrevino el Golpe de Estado y Pinochet la revirtió, confiando en que ese favor garantizaría su lealtad. Error: cuatro años más tarde, en un consejo de generales silencioso, donde Pinochet anunció su proyecto político para la década siguiente, el general Toro levantó la mano y planteó sus dudas sobre la viabilidad de ese proyecto. Al año siguiente fue cursado su retiro; tiempo después se le prohibió cabalgar en la Escuela Militar y más tarde ingresar a las unidades del Ejército.

Toro aceptó con dolor ser un general proscrito, sabiendo que era un hijo de sus tiempos. Perteneció a unas generaciones que veían -o creían ver- que sus tareas militares ya no podían desanudarse de la convulsión política. Para temperamentos de combustión fácil como el suyo, esto significaba intervenir en la política, una cosa que lo fascinaba tanto como la repudiaba. De haber podido elegir, quizás el espíritu del jinete, el paracaidista y el explorador lo habrían dedicado mucho antes a las bravuras de Campos de Hielo.

No fue así y murió en medio del silencio público, como un eco sordo del modo en que los detalles más asombrosos de la transición se van extinguiendo. Pero quizás ese silencio también fuese necesario para que en el velatorio se hiciera visible que en su último aliento ya había recuperado la admiración del Ejército, que fue su vida.

¿En qué está Chile?

La que termina debe ser la semana emocionalmente más intensa que ha vivido la Presidenta Bachelet en el primer semestre de su segundo mandato. Tuvo, en apenas unos días, un triunfo histórico, quizás el más importante de la centroizquierda en muchos años, con la aprobación final de una reforma tributaria que llegó a convertirse en una prueba, incluso exagerada, de su fuerza política. Y tuvo, en paralelo, un rebrote del miedo político en toda su extensión posible, desde la inesperada irrupción del terrorismo, con la bomba en la estación Escuela Militar, hasta la muy previsible jornada en que los chilenos se repliegan a sus casas en horas tempranas porque se recuerda un suceso ocurrido hace 41 años.

Ambas cosas presentan caras ambiguas e inestables. No permiten lecturas enteramente concluyentes, ni menos unívocas.

La confirmación de la reforma tributaria puede dar la impresión de que el oficialismo conserva el vigor que tuvo en el momento de ser elegido, y que su éxito confirma el diagnóstico social en que se funda su programa. Pero esto es equívoco, porque la discusión acerca del cambio del modelo impositivo ha sido un proceso casi puramente parlamentario, con componentes altamente técnicos, que está bastante lejos del alcance de una mayoría de los chilenos. No hace falta decir que las campañas de comunicación, a favor o en contra, han tenido poca o ninguna significación en lo sustancial de este debate, que al final se ha resuelto entre una mayoría en el Congreso y la necesidad de negociar ante un adverso panorama económico. Ya no se puede dudar de que el acelerado frenazo del crecimiento ha modificado las expectativas que el gobierno tenía acerca de sus impulsos reformistas.

Al otro lado, el atentado explosivo del lunes sugiere la emergencia de un grupo violentista que ha iniciado una senda de desestabilización de la tranquilidad pública, una idea mucho más estructurada, aunque no lejana, que las de los encapuchados de las marchas públicas, los “resistentes” culturales o incluso las barras bravas, expresiones de furias y frustraciones como las que anidan en cualquier conjunto social. Esto es algo peor. Y por eso no es difícil imaginar la indignación y la amargura de un gobernante �-cualesquiera sean su signo y condición- que enfrenta semejante fenómeno, las sensaciones de injusticia, incomprensión, rabia, alevosía, incluso traición, ante hechos que chocan de manera tan frontal contra sus intenciones y sus estilos.

El atentado no está completamente desconectado del recuerdo del 11 de septiembre de 1973, que a estas alturas se ha convertido en una rareza mundial. Los violentistas de la estación del Metro han buscado establecer un puente de empatía con esa ultraizquierda todavía enfurecida por sus propias fantasías políticas, que encuentra una extraña forma de liberación psíquica haciendo que el resto de los ciudadanos tenga miedo de las calles una noche al año. Pero esa parece ser una alianza de conveniencia, porque son muy poderosos los indicios de que el diseño terrorista pretende ir más allá del “11”, y sería un pecado de ingenuidad refugiarse en la idea de que los cerebros del atentado han dejado de pensar. Su primer objetivo es el miedo -luego vendrán otros- y no se contentarán mientras no lo consoliden.

Ninguno de estos fenómenos, ni los luminosos ni los sombríos, se agota en sí mismo. Más bien, obligan a preguntarse cuál es el estado real de la sociedad y cuánta exactitud tienen las interpretaciones realizadas sobre ella, qué valor se les puede asignar a las encuestas, los indicadores y las estadísticas y, mejor aún, a las agregaciones con que se quiere construir una cierta ingeniería social para los años que vienen.

Chile no se ha vuelto un país más malo de lo que fue en el último cuarto de siglo, sino uno más difícil de interpretar, más multiforme, ambiguo y polifacético. La clase política, desconcertada, cede a la doble tentación de simplificar y refugiarse en sus convicciones más cerriles. Sus figuras más lúcidas retroceden y adquieren protagonismo los buenos para las frases y las consignas rápidas, y se multiplica el activismo de ocasión. Capturan las cámaras los más livianos, los más estridentes, aquellos que, viéndolos, obligan a preguntarse cómo diablos están donde están.

Esta semana hipercondensada �-como un raro Aleph político- no deja un juicio sobre el gobierno o la oposición, sino una pregunta mucho más amplia: ¿Hay alguien que esté comprendiendo lo que realmente ocurre en las capas profundas de la sociedad?

Te están avisando

La bomba casera detonada ayer en la tarde no es, por supuesto, la primera. Pero sobre todo, y aún más por supuesto, no es la última. Es sólo un cierto punto -todavía no sabemos cuál- dentro de una escalada con la cual un nuevo grupo antisistémico está usando el terrorismo como forma de acumulación de fuerza. Aún no es “propaganda armada”, porque el grupo no está todavía en condiciones de revelar su identidad política. Pero aunque sea oscura y aún difusa, sin duda la tiene.

Todos los aparatos insurgentes del último medio siglo han seguido el mismo patrón. En el caso chileno, los bombazos contra iglesias y comisarías han marcado los objetivos ideológicos. El atentado de ayer prolonga el de la estación Los Dominicos y ambos señalan la voluntad de envolver a capas más amplias de la población. Siguen la médula espinal del Metro, lo que indica que los violentistas han identificado a ese medio de transporte como el principal sistema nervioso de Santiago. Y aumentan de modo gradual su violencia, porque sin esa progresión corren el riesgo de languidecer.

El primer problema es siempre el financiamiento. En los 80, los grupos insurgentes acudían a los asaltos a bancos. En los últimos años se ha producido una epidemia de ataques al formato más moderno de la banca, los cajeros automáticos. Es seguro que en ello comparten blancos con los delincuentes comunes y estos últimos han de estar notificados -igual que en el pasado- de que les ha salido competencia al camino.

¿Y quiénes son? Obviamente, no están en los partidos que compiten por el voto, el gobierno y la escena pública. Son contrarios a este gobierno, al anterior y probablemente a todos los gobiernos. La matriz anarquista, vecina del ultraizquierdismo, tiene una larga historia en Chile y ha producido tanto intelectuales de fuste como anchas pandillas de coeficente cero.

La experiencia internacional muestra que son los mismos que desatan y administran la violencia en los actos masivos, desde los encapuchados de las marchas hasta las barras bravas. Y también otra cosa: que sus líderes casi nunca vienen de las clases pobres o del lumpen -que es la carne de cañón-, sino de las clases medias y medias altas, profesionales o a punto de serlo, suficientemente instruidos para dar alguna razón a sus actos.

El viejo prurito de la izquierda, que la violencia se explica por motivos sociales, como si algún hecho público no se pudiera explicar por las mismas razones, fracasa penosamente ante un fenómeno como el que detonó ayer. También fracasa el prurito de la derecha, según el cual estos delitos sólo se combaten con “mano dura”, como si la represión fuese más importante que la inteligencia.

Pero del mismo modo se desploma la idea de que se trata de estallidos aislados que se apagarán por falta de oxígeno, como parecen haber creído los últimos gobiernos. Al menos desde ahora, Chile -o Santiago, hasta que la “propaganda armada” decida desbordar sus episódicas incursiones en La Araucanía- se ha vuelto un lugar inseguro, y negarlo carece de credibilidad. El grupo que dirige estas acciones está consiguiendo el objetivo primordial de aglutinar a facciones dispersas, el objetivo lateral de insegurizar a los santiaguinos y, salvo que sufra un golpe decisivo en su conducción, seguirá avanzando en ese proceso. Es un aviso.