Pedro Cayuqueo's Blog, page 19

Hijos en edad de juzgar

Los tres relatos de Huérfanos, un libro ejemplar en todo sentido, hablan de relaciones peculiares entre padres e hijos adultos. En el primero de ellos, “El reencuentro”, el protagonista arriba a un pueblo tropical a orillas del río Uruguay llamado El Soberbio, para participar en las ceremonias fúnebres de una madre a quien creía muerta desde la infancia. “Mi madre quería ser enterrada sin ataúd, desnuda, en campo no consagrado. En la selva”. Después, en “La huida”, un hombre cuyos procreadores fueron torturados y asesinados por la dictadura argentina, un tipo contrario a la doctrina “biempensante”, se da el tiempo de visitar al viejo que considera su legítimo padre: aquel que, en complicidad con los militares, lo adoptó y lo educó. Y en “La despedida”, el narrador entabla con su papá anciano, que en algún momento de la vida fue gigoló, una conversación por partes que se desarrolla en lugares típicos de Valparaíso.

El escritor y cineasta argentino Edgardo Cozarinsky, autor de este libro, demuestra un soberbio manejo de lo tenebroso, de aquello que, sin ser presentado de modo explícito, se ramifica hasta lo indecible, retumba, y atrapa al lector a través de las sutilezas de una prosa firme, impredecible y, en comunión con lo recién expresado, precisa como mandoble que cercena pero no desangra. Hay belleza aquí, por supuesto, que no se me malentienda: la opacidad que cabalga sobre las frases perfectas de Cozarinsky emite un lustre inquietante que no sólo se explica en los grados de cinismo que, cuál más, cuál menos, practican los tres hijos que articulan los cuentos de Huérfanos.

Las revelaciones de pasados inimaginables –¿quién puede jactarse de conocer la existencia de nuestros progenitores antes de que, por así decirlo, nos familiarizáramos con ellos?– construyen ejes que cruzan por los relatos con sutileza, vértebras comunes que le otorgan identidad unitaria al libro. Además, la convicción de que a un padre sólo se le puede juzgar cuando se es adulto, que es algo en lo que Cozarinsky parece creer a pie juntillas, pone al descubierto, en su precariedad, a cierta tendencia de la joven literatura chilena contemporánea: cansados estamos ya de escritores que, sin nada mejor que hacer, y sin gracia alguna, se largan a impostar las voces de niños o niñitas o adolescentes que quieren comunicárnoslo todo acerca de sus papis o mamis.

“Toda una vida de ficción urdida por mi padre”, sostiene al principio de “El reencuentro” el narrador. En “La huida”, el visitante observa que “el afecto latía púdico bajo el silencio, pero el tiempo, la ausencia, las amenazas de una sociedad que se quiere de puros y justos habían hecho de ellos [de él y de su viejo] individuos que difícilmente pudieran retomar la relación interrumpida”. Y en “La despedida”, luego de observar ciertas fotografías, el hijo deduce a partir de la “sonrisa serenamente desafiante”, del “aplomo próspero, que lo acompañaban en playas brasileñas o en la cubierta de un barco de excursión”, que a su padre “no le importaba si era una mujer madura o un señor muy mayor el que invitaba”.

Tremendamente humanas y conmovedoras, las historias de Cozarinsky revelan a la vez una dimensión comúnmente ocultada de la adultez y de la vejez, algo que tiene que ver con el hastío existencial que otros autores, menos talentosos, sin lugar a dudas, sólo son capaces de denunciar antes que insinuar.

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Honorables

Se dieron cuenta cuando lo estaban grabando. Pancho Sazo interrumpió una toma que había quedado particularmente bien y bromeó con el resto de sus compañeros: “Esto es lo mejor que hemos hecho en harto tiempo, ¿ah?”. Las caras sonrientes en el estudio de grabación reafirmaron la sentencia de su cantante más histórico y aquello terminó siendo el antecedente más privado e íntimo de lo que algunos meses después se confirmaría de manera pública.

La Canción que te Debía, su álbum recientemente editado, no sólo vino a saldar una deuda con el catálogo de Congreso. Su título disco original en siete años (apenas el cuarto en las últimas dos décadas), también se ha convertido en uno de los títulos fundamentales en la discografía de un grupo que a punto de cumplir 50 años podrías estar fácilmente abanicándose en su ilustre pasado. Y probablemente ésa sea la real ventaja de una agrupación como la nacida en Quilpué en 1969 y que nunca se ha dejado presionar por las exigencias del mercado. Lo más cerca que estuvieron de eso fue en 1990 con Aire Puro, en una época muy especial para la música chilena y el país en particular. Pero esto es distinto, porque responde a otra época, y porque tiene un peso artístico que Congreso no alcanzó en sus títulos más recientes, Con los Ojos en la Calle (2010) y La Loca sin Zapatos (2001).

Son 15 canciones las de este nuevo álbum con un amplísimo repertorio de estilos. Desde el electro tango de París hasta la electricidad rockera de A las Yeguas del Apocalipsis, pasando por el pop en clave reggae de Premio de Consuelo y otro en clave andina como Canción por la Paz, además del vals peruano que se escucha en Rey Midas y la balada que le da el nombre al disco y que en rigor es una melodía que Sergio “Tilo” González que le escribió a su hija Gabriela, diseñadora teatral, pero que se escucha como un manifiesto de lo que significa este conjunto para la música de hoy: “Tú me has inspirado todo lo que soy / la canción eterna que dura hasta hoy / todo lo que fui te lo debo a ti / nostalgia de mi amor”.

La tapa del álbum no solo esconde la riqueza multicolor de su contenido. Una foto en blanco y negro tomada por el saxofonista Jaime Atenas en la década de los 80, se ve borrosa, lejana, oscura. Casi como si la intención también fuera renunciar conscientemente a lo que sería más recomendable desde el punto de vista del marketing. Es decir, una portada vistosa y colorida para uno de los mejores títulos de su discografía. Pero Congreso nunca ha estado preocupado de asuntos tan mezquinos. Estos músicos han estado ocupados más bien en hacer lo que les corresponde, crear sin temor al riesgo, a poco de los 50, con la certeza de lo hecho y un oficio que les permite firmar el mejor disco chileno de la temporada.

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Denise Rosenthal: en vías de desarrollo

A los 27 años Denise Rosenthal es una veterana de los espectáculos en Chile. Desde 2007 figura en 13 producciones para televisión y cine más media docena de álbumes de series juveniles. Cuando se hacía llamar D-Niss publicó Fiesta (2013), disco independiente de pop masticable con títulos en inglés y versos en spanglish, tanteando R&B y electrónica bailable sin mucho convencimiento. Ahora que los sellos transnacionales retoman el fichaje de artistas locales con Javiera Mena, Kudai y Américo en Sony, ella y Camila Gallardo son las cartas de Universal. El plan es proclamar borrón y cuenta nueva.

Cambio de piel se oferta como el verdadero nacimiento musical de la artista de la misma manera que Miley Cyrus, parangón de actriz adolescente devenida en cantante, desconoció su discografía hasta Bangerz (2013). Pero mientras la ex Hannah Montana se reconvirtió erotizada y narcótica, a Denise no le acomoda la condición de símbolo sexual que cosecha en los hombres. Así el sexo, temática recurrente en estrellas juveniles, acá representa escasa relevancia.

El disco se teje en torno a la canción homónima. Cambio de piel traza apuntes biográficos, norte musical y lírica de autoayuda en pos de sueños y realización, no muy distinta a la búsqueda de identidad de las series teen que protagonizaba, inspiradas de soslayo en Disney. “Me deje llevar por la corriente, la ilusión jugó contra mi mente, alejándome de todo lo que soy y quiero ser”, canta confesional y coqueta en una combinación de soul y funk de salón. Con Marcelo Aldunate (Manuel García, Camila Moreno) como productor y otros nueve nombres entre composición e invitados, Cambio de piel coincide con las reglas del pop del Primer Mundo: los discos registran muchas firmas. 

Las declaraciones de principios y carácter continúan siempre comedidas en lo musical e interpretativo en clave ritmo urbano para Lucha en equilibrio -”no necesito más fundamentos que mi voz (…) voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy”-; soul de ojos azules en Luna -”se que tengo mi propia luz, en órbita vuelvo a mi verdad”-, y ritmos caribeños de Encadená -”yo me voy a liberar, de mi vida encadená, si tengo mis delirios es porque yo quiero siempre transformar”-. A cambio, Cabello de ángel, El reflejo de mi amor y Niñita de mar vislumbran a una intérprete en vías de desarrollo.

Para el R&B, el soul y los toques de world music que convoca Denise Rosenthal en esta etapa, necesita más vena y sangre para encarnar y proyectar tragedias, romances y malicia, ingredientes vitales de los géneros que pretende dominar. Por ahora su canto resuena agradable pero difícilmente atrapa.

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Señor presidente, por favor no partamos de cero

Sabemos dos cosas. Mañana tendremos nuevo presidente y será un hombre. ¿Cuál? Para estos efectos, da lo mismo. Nuestro sistema de gobierno dura cuatro años y es sin reelección. Un desastre. Si ya los latinos somos poco proclives a pensar en el largo plazo, esto sólo incentiva a gobernar teniendo en mente proyectos que se puedan concretar en menos de 48 meses. Hay excepciones, por suerte, como el Metro, pero sólo confirman la regla.

Uno de los altos costos de este sistema político es el recambio de autoridades cada vez que entra un nuevo presidente, especialmente si el que gana es de oposición. Se pierden kilos de experiencia acumulada, redes, capacidad operativa. Se cortan programas, muchas veces exitosos, por simple resentimiento o mero ajuste de cuentas. Se amputan equipos de trabajo que ha costado formar y cohesionar. Es un sinsentido. Un despilfarro. Y una zancadilla para los ciudadanos, que estamos mucho más preocupados del accionar del Estado como ente garante de derechos y de comunidad social que vela por nuestro futuro, antes que de aparato para los caprichos de un personaje que entra y sale cada cuatro años.

Señor presidente, le pido que no destruya lo que ha costado tanto construir. Por favor mantenga lo que funciona bien. Piense en Chile primero. Y asuma lo que es obvio: el camino al desarrollo será una infinita carrera de vallas si partimos de cero con cada elección presidencial.

Déjeme darle dos ejemplos de buena gestión que hay que mantener y potenciar. Sé que es injusto dar nombres, porque eso implica dejar a muchos afuera, pero a veces vale la pena jugársela. Primero. El intendente metropolitano. Claudio Orrego ha sido el mejor que hemos tenido en nuestra capital en los últimos 20 años. Por respeto a ese gigante que fue Fernando Castillo Velasco, quien dirigió Santiago entre 1993 y 1994, no me atrevo a decir que la calidad de la gestión de Orrego supera comparativamente las dos décadas, pero si no, me arriesgaría a expresar que su alcance llega hasta 1927, cuando el gran Alberto Mackenna termina sus seis años de gestión. Con menos presupuesto que la Municipalidad de Las Condes y con atribuciones mínimas (esa es la dura realidad del cargo de intendente), se las ha arreglado para desarrollar un plan que busca limpiar el Mapocho de vertederos ilegales (Mapocho Limpio), llamó a concurso para convertir el cerro Chena en Parque Metropolitano, logró financiamiento para el Mapocho Pedaleable e inventó las Plazas de Bolsillo junto al MOP. Pero más importante aún, Orrego contagia su amor por Santiago a quien lo escuche. Decidido a terminar con la segregación en la capital, es el primer intendente que dura cuatro años en el cargo desde Luis Pareto (1990-1994) y es un fiel promotor de la movilidad sustentable, por lo cual usa frecuentemente su bicicleta para ir al trabajo. Es el mejor para el cargo. Así de simple.

Segundo. El director del Parque Metropolitano. Mauricio Fabry ama lo que hace, sabe de lo que habla, al igual que Orrego ha construido un gran equipo y el parque, el cuarto más grande del mundo, ha brillado este 2017 en la celebración de su primer siglo de vida. Pero además hay que sumar otros 18 parques en Santiago que son administrados con un altísimo estándar de calidad por Fabry y su gente, los que en total reciben 30 millones de visitas en el año. Médico veterinario con especialización en Estados Unidos, apasionado por su pega y gran promotor de ese hito santiaguino que es el Parquemet, Fabry es el mejor para el cargo. Así de simple.

Señor presidente, por favor, inspírese en estos dos ejemplos de gestión y pasión por el trabajo, y deje que los buenos sigan haciendo su pega.

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Los grandes ausentes

En el griterío a que nos han sometido los candidatos y sus partidarios, así como en los programas que le han ofrecido a la ciudadanía, quiero destacar dos grandes temas a los que no se les ha dado la atención que merecen, quizás por no ser taquilleros. Ambos forman parte del documento Crecer Juntos, que elaboramos siete economistas de tres universidades (de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez). Ellos son lo reforma del Estado y nuevas políticas de desarrollo productivo. En relación al primero, insistimos de que existe una necesidad imperiosa de modernizar al Estado para que las políticas públicas sean bien diseñadas, implementadas y evaluadas periódicamente. Estas reformas modernizadoras también incluyen terminar con el clientelismo en el estado, reemplazándolo por mecanismos meritocráticos de contratación y remuneración.

La otra gran ausente es una política de desarrollo productivo. No existen economías desarrolladas que sean tan dependientes de un producto: el cobre, en nuestro caso, el que todavía representa 50% de nuestras exportaciones. No se trata de producir bienes con “mayor valor agregado”, como pregonan algunos. Sí de dotar al país de una estructura productiva más resistente a las perturbaciones que vienen de la economía internacional y que le otorguen más vías de crecimiento.

En el documento Crecer Juntos, mencionamos algunos de los requisitos de una nueva política de desarrollo productivo en el contexto chileno (que es diferente al coreano, finlandés o al que al lector le guste). Algunos elementos: (1) Instituir instancias de diálogo del sector público con los gremios empresariales, para solucionar impedimentos al surgimiento de nuevos sectores prometedores; (2) concentrar los recursos públicos hoy dispersos en pequeños programas de escasa efectividad en un programa que favorezca el surgimiento de nuevas industrias y la adopción de tecnologías de punta, y que las empresas se autoseleccionen; (3) los beneficios que se otorguen deben ser transparentes, modestos, con fechas de término bien especificadas y con requerimientos de participación financiera privada; y (4) todo beneficio debe ser evaluado por entidades externas, abandonando a los que no funcionan.

Mis lectores se preguntarán por qué estoy relacionando dos áreas de acción tan diferentes. Me temo que sin mejor Estado cualquier política de desarrollo productivo tiene escasas posibilidades de éxito. La planificación de cualquier programa debe ser cuidadosa y muy bien pensada; su ejecución involucrará a muchos actores, que deberán ser técnicamente muy competentes; y cualquier beneficio financiero es susceptible de ser capturado, por lo que es importante asegurarse que los funcionarios públicos que los administren no sólo sean competentes sino también personas de los más altos estándares éticos. Empecemos la reforma del Estado por las nuevas políticas de desarrollo productivo.

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Elección

El 7 de diciembre se realizó el debate radial entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera. Mientras en dicha confrontación las diferencias programáticas entre ambos candidatos quedaron al descubierto, en el posterior debate de Anatel se notó un claro esfuerzo -mejor logrado por parte del representante de Chile Vamos- de atraer, en el eje de izquierda a derecha, al votante de preferencias medianas. Es este votante, poco ideologizado, que en definitiva determinará el resultado de la elección.

No obstante, el gobierno luego tenderá a reflejar las preferencias del Presidente, por lo que vale la pena indagar por lo menos algo sobre los principios del ordenamiento social que subyacen a las prioridades de ambos candidatos.

Alejandro Guillier concluyó su participación en el debate radial esbozando una sociedad de derechos. Agregó posteriormente que los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda -que sabemos le gustaría den origen a servicios de calidad- tienen que estar acompañados de las gratuidades universales correspondientes. Debiera ser evidente para todos que tal ofertón no puede ser más que un anhelo. Es importante señalar que si bien se mostró definitivamente partidario de la provisión estatal de los nombrados servicios, manifestó que su producción podía ser mixta, es decir, al menos parcialmente privada.

Sebastián Piñera, en cambio, reafirmó en el debate radial su preferencia por una economía social de mercado, el sistema económico-social imperante en Chile y en la mayor parte de los países desarrollados. Más realista que su contendor, enfatizó que era necesario tomar las medidas necesarias para retomar el crecimiento de modo de apoyar a los chilenos en la solución de sus problemas, para que así puedan desarrollar en plenitud sus potencialidades. Destacó además que el Estado tiene que ayudar a los ciudadanos en esa tarea, pero no asfixiarlos ni pretender controlarlos. Fue un mensaje a favor de la libertad individual, en que sin embargo el Estado debe velar por igualar, en la medida de lo posible, las oportunidades para todos. En particular, Piñera se mostró partidario de un Estado que sea un efectivo sostén para una amplia clase media recién emergente.

Sin embargo, en la dura realidad una cosa son los objetivos finales -la grandiosa utopía de la sociedad de derechos por parte de Guillier, y la próspera sociedad de libertades con un importante rol subsidiario del Estado por parte de Piñera- y otra cosa son las medidas concretas que se proponen para lograr esos fines. En ese sentido, Guillier ofrece -en el mejor de todos los casos- más de lo mismo que hemos tenido bajo el actual gobierno de Michelle Bachelet, en cambio Piñera -conocido por lograr los objetivos que se propone- se ha comprometido a buscar los consensos necesarios para hacer las reformas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y más próspera para todos.

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Cárcel sin ley: propuestas de Piñera y Guillier en materia penitenciaria

Esta columna fue escrita junto a Jörg Stippel, académico Facultad de Derecho Universidad Central de Chile.

Las cárceles en Chile todavía son lugares sin ley. Se ha insistido en varios gobiernos en la elaboración de una Ley de Ejecución de Penas y en propuestas para crear juzgados especializados en materia penitenciaria. En los 90, el proyecto de reforma procesal penal iba acompañado con un anteproyecto de Ley de Ejecución. Pero se decidió que no se podía avanzar en dos reformas estructurales al mismo tempo. Perseguir a delincuentes parecía políticamente más rentable y el anteproyecto de Ley de Ejecución fue olvidado. Una vez implementada la reforma procesal penal, se retomó el trabajo de dotar de una base legal al sistema penitenciario, pero la necesaria reestructuración de Gendarmería de Chile generó resistencia. Los oficiales temían perder poder. Recordemos que antes del golpe de estado existía un servicio de prisiones cuya primera planta estaba compuesta por profesionales. A nivel comparado se entiende que dirigir una cárcel es una tarea gerencial con fuerte connotación legal y social. Se requieren profesionales con estudios superiores, como abogados, sociólogos o psicólogos, para asumir estos desafíos, aunque no sepan marchar y cuadrarse (o justamente por ello). En fin, el nuevo intento de reforma penitenciaria quedó frustrado, pues a nivel político se optó por no enfrentar el problema, no prometía votos. Esperamos ahora que el hecho que una Ley de Ejecución Penal esté en los programas presidenciales de ambos candidatos, sea una buena señal.

Sebastián Piñera propone en su programa de gobierno (2018-2022) modernizar a Gendarmería de Chile con “un foco especial en la reinserción, avanzando hacia una mayor segmentación de los reclusos”. Propone “enviar un proyecto de ley sobre ejecución de penas”, sin profundizar la orientación de dicho proyecto. A su vez quiere incorporar a Gendarmería a una “comunidad de inteligencia confiable” bajo la dependencia de la Presidencia de la República, con las FF.AA., Gendarmería, Carabineros y la PDI. También desea “incentivar la educación y trabajo de los reclusos como instrumentos de rehabilitación“.

Si Alejandro Guillier gana la presidencia, pretende dictar un Código de Ejecución de Penas que “establezca los derechos de las personas sometidas a una pena privativa de libertad”. A su vez propone crear una justicia especializada para “regular las formalidades del control de la ejecución de penas” para que “esto no quede sometido a la mera actividad administrativa”. Por otra parte, señala nueve medidas para “implementar un nuevo sistema de gestión en la administración penitenciaria”.

Vemos que el enfoque de ambos programas es diferente. Piñera quiere, por un lado, fomentar actividades de reinserción, y por otro convertir a Gendarmería de Chile en un agente de inteligencia. La misma institución que debe ganarse la confianza de las personas recluidas para incidir en su futura inserción fuera de la cárcel, debe espiarles. Así puede entenderse la idea de avanzar hacia una mayor segmentación. Mientras más información se tenga sobre cada sujeto, mejor se le puede agrupar y controlar. Es una visión que ve en cada persona privada de libertad a un enemigo. Asimismo, la educación y el trabajo en el contexto penitenciario son esencialmente derechos fundamentales que deben ser garantizados, y no “instrumentos de rehabilitación”.

La propuesta de Guillier está redactada desde una visión pro homine. Se propone fortalecer las garantías individuales de cada sujeto, aunque esté recluido. La propuesta coincide con lo que la comunidad internacional espera de Chile. En abril del 2016 el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (en adelante SPT) visitó Chile. En su informe recomienda crear en Chile un sistema que “atribuya la labor de control y dirección sobre la ejecución de la pena privativa de libertad a un órgano jurisdiccional especializado” (punto 38), como Juzgados de Ejecución de Penas, tal como existen en casi todos los países de la región. El SPT critica la falta de legislación “que regule de forma orgánica y comprensible la situación de las personas privadas de libertad” y opina que “el sistema penitenciario sigue fundándose en una normativa de rango infra-legal” como es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Para esto, recomienda “adoptar un marco legal penitenciario integral, de conformidad con los estándares internacionales, a fin de regular, entre otros, el uso de la fuerza y las sanciones disciplinarias” (punto 40).

Vemos que según el SPT, las personas privadas de libertad en Chile están sometidas a una situación “infra-legal”, una cárcel sin ley. Pero no solo ellos, también los funcionarios de Gendarmería. No existe, por ejemplo, ninguna ley que le permita a un funcionario de Gendarmería esposar, requisar, o reducir a la fuerza a un recluso cuando, por ejemplo, agrede a otro. En cambio, cuando un policía hace esto, el Código Procesal Penal contempla normas precisas que regulan el procedimiento a seguir. La falta de una Ley de Ejecución de Penas hace que no exista claridad acerca de los derechos y deberes de los diferentes actores y de los objetivos del sistema.

Esperamos que tras las próximas elecciones, los proyectos de creación de una Ley de Ejecución Penal no se queden solo en buenas intenciones, como en el pasado.

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Una alianza para erradicar la pobreza rural

América Latina ha sido una región exitosa en la reducción de la pobreza rural. Desde el año 2000 en adelante, algo más de veinte millones de habitantes rurales han superado esa condición, con lo que la pobreza rural ha caído a la mitad de lo que era a finales del siglo XX. Esta mirada de largo plazo demuestra que erradicar la pobreza rural en toda la región es posible.

Existen, sin embargo, señales y situaciones muy preocupantes. En los últimos años el ritmo de reducción de la pobreza rural se ha estancado en la región. Según estadísticas de la CEPAL disponibles para dieciséis países de la región, en 2015 existían 54 millones de habitantes rurales pobres. Esto equivale al 47% de la población rural de dichos países y muestra que la tasa de pobreza rural es 60% más alta que pobreza urbana en dichos países.

Aún más grave que lo anterior es el número inaceptablemente alto de habitantes rurales que no sólo vive en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Son casi 33 millones de personas cuyos niveles de ingreso no les basta siquiera para comprar la canasta básica de alimentos.  Es decir, seis de cada diez pobres rurales viven en una condición inhumana, en la extrema pobreza o indigencia. Y la indigencia es tres veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas.

La primera década del siglo XXI fue una de buenos avances en la mayoría de los países de la región. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana redujeron su número de personas en condición de pobreza y también de pobreza extrema. Algunos de ellos, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, tuvieron un desempeño realmente positivo en dicho período.

Honduras y México, en cambio, tuvieron alzas y bajas, sin que se pueda observar una tendencia sostenida de mediano plazo, aunque la diferencia (no menor) entre estos dos países es que en el caso de México la tasa de incidencia de la pobreza se mueve entre el 45 y 55 por ciento, mientras que la de Honduras supera el 80 por ciento (CEPAL). Guatemala, lamentablemente, vio crecer su población rural en situación de indigencia en casi 1.2 millones de personas: para 2010, siete de cada diez habitantes rurales vivían en la pobreza.

En términos positivos, Uruguay sigue siendo el líder regional, con tasas de pobreza y de indigencia de apenas 1 y 2 por ciento, respectivamente, y se trata de un ejemplo vivo de que sí es posible cumplir la ambición de erradicar de la pobreza rural en América Latina.

Pero la buena tendencia de la primera década del siglo XXI se perdió en los años más recientes. Hoy en día la velocidad de reducción de la pobreza en la región es casi cinco veces menor en comparación con el ritmo que se observaba en la década del 2000-2010. Hemos visto un repunte lamentable de la pobreza rural en países como Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay e incluso en Uruguay. En el caso de Venezuela, el país no ha publicado estadísticas que nos permitan hacer un análisis, aunque es del todo probable que el fenómeno de la pobreza rural – y aun de la extrema pobreza – se haya agravado.  En Argentina, otro país que no dispone de estadísticas de pobreza rural, es posible argumentar con base en evidencias parciales, que la pobreza rural muy posiblemente se redujo en la primera parte de la década 2000-2010, que tuvo un aumento importante en los años posteriores, y que en el último año ha comenzado nuevamente a descender.

¿Cómo podemos recuperar la velocidad de reducción de la pobreza rural en la región? Para responder a esta pregunta y ayudar a los países a implementar estrategias de respuesta, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), dos organizaciones hermanas de las Naciones Unidas, crearon la Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural en América Latina.

Esta Alianza está compuesta por más de treinta de los más importantes expertos de nuestra región, mujeres y hombres con diversas formaciones, nacionalidades y experiencias, que conocen en profundidad el problema de la pobreza rural, ya que muchos han sido líderes de los equipos que diseñaron y condujeron algunas de las políticas más exitosas de reducción de la pobreza rural. La Alianza se propone apoyar la implementación de un conjunto renovado de propuestas políticamente viables y técnicamente factibles de implementar en América Latina, para que nuestros países puedan cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que nos convoca a erradicar la extrema pobreza del planeta en los próximos trece años.

El trabajo de la Alianza se desarrolla en tres frentes. El primero busca construir una nueva narrativa que permita reposicionar la eliminación de la pobreza rural en la agenda pública latinoamericana. El segundo está centrado en diseñar propuestas para ampliar las oportunidades económicas de los pobladores rurales en situación de pobreza e indigencia, articulando los programas de protección social con iniciativas de inclusión económica, tomando ventaja de los mercados laborales y de las actividades en distintos sectores económicos, con base en la experiencia acumulada en la región y en otras zonas del planeta. El tercer frente de la Alianza es apoyar procesos que ayuden a fortalecer la institucionalidad requerida para erradicar la pobreza rural.

En pocas palabras: la Alianza creará ideas que inspiren y que indiquen un Norte, una dirección que seguir en el escenario actual, más complicado que el de años anteriores, lo que se sumará a políticas y herramientas concretas y probadamente eficaces e instituciones más fuertes.

La Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural en América Latina está ya disponible para colaborar con los países que la requieran. De esta forma, la FAO y el FIDA – junto con los expertos que la conforman- nos ponemos al servicio de los países que quieran acelerar su velocidad de avance hacia la meta de erradicar la pobreza rural de nuestro continente.

 

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El PPD y sus raíces históricas: ¿Hacia el cierre de un ciclo político?

El 15 de diciembre de 1987 llegamos unas 200 personas al Círculo Español. En un modesto salón sin gran producción de escena dimos vida al PPD. En un sencillo escenario había una mesa para los que presidirían el evento, entre ellos Ricardo Lagos Escobar. Un grupo de jóvenes sostenía un improvisado lienzo con la simple frase “Ganemos la democracia”. Éramos testigos de un momento relevante de nuestra historia. Con el nacimiento del PPD nos disponíamos a confrontar políticamente a Pinochet por los caminos de una acción política no violenta. Sabíamos que enfrentábamos un recorrido que sería épico para Chile.

Así nació el Partido Por la Democracia: como en el pesebre de Belén (guardando las proporciones). Es decir, de manera humilde; sin fanfarria y cargado de mística, contenido y energía ciudadana. Hacia 1999, el fundador, Ricardo Lagos, ganó la presidencia de la República. En el 2005 el PPD fue la tercera fuerza política con más de un millón y medio de votos y 21 parlamentarios, senadores, alcaldes y concejales. Sin embargo, nuestra presencia en la sociedad civil fue disminuyendo y esto no causó mayor inquietud pues el llamado “poder real” de la política se jugaba en el gobierno  y parlamento, espacios que representaron por mucho tiempo el abrazo entre la transición democrática y la “política de los consensos”.

Entre 1987 y 1999 el PPD fue muy nutritivo. Con fronteras ideológicas amplias y situado en la centro – izquierda los ciudadanos buscaron y encontraron en el PPD, lo que años después buscaron y encontraron en el PRO, con la emergencia imprevista de Marco Enríquez Ominami el 2009 y más recientemente con el Frente Amplio. El PPD durante 12 años representó un relato nuevo y sus figuras y dirigentes eran refulgentes impulsando en el debate nacional temas tabús y concitando enorme adhesión ciudadana. Sus líderes, como algunos ahora, también fueron irreverentes con el orden establecido. A partir de 1999, la administración del poder, el acceso a los medios de prensa, la batalla electoral por mantener los enclaves parlamentarios, de gobierno y municipales fueron minando esa mirada refrescante de la política. De la humildad del acto fundacional pasamos a las grandes producciones de escena, con campañas fuera de serie, y de la relación con el poder surgió ese sello típico de las aristocracias políticas que fueron rotando en el gobierno, parlamento y municipios taponeando a las nuevas generaciones. La élite del PPD se convirtió en una gran administradora de cuotas de poder y se fue perdiendo, esencialmente, esa frescura de lo nuevo.

Esto es un dilema que acontece con todos los partidos. Cuando no se renuevan de verdad, pierden su esencia. Es inevitable. Es como la vida: se nace y se envejece hasta morir. El punto es saber cómo llevar la vida sin perder valores, convicciones y sobre todo sabiduría. Al cumplirse este 15 de diciembre 30 años de existencia, el PPD ya sabe que entró a una edad muy adulta y en veloz tránsito a la tercera edad. Y para sostenerse tendrá que revitalizar su organismo, hacer ejercicio, depurarse, adoptar una dieta saludable, sacudirse el sedentarismo del poder y capitalizar sabiduría y desapego por los oropeles para recuperar la confianza ciudadana. Dicho en clave política: esto significa renovarse o morir. Y todos en el PPD sabemos que lo primero será resultado de una lucha con nuestros propios placeres, dilemas y errores acumulados y no bien resueltos.

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Freno al proyecto de Ley Sernac

Bien sabemos todos que a mediados del 2014 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaba fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, a través de la entrega de atribuciones de fiscalización, sanción y normativas al Servicio Nacional del Consumidor -Sernac- (Boletín N° 9.369-03).

El proyecto pretendía dotar al Sernac de herramientas para una moderna, ágil y eficiente protección de los derechos de los consumidores, siendo el objetivo central generar incentivos adecuados para la resolución de los conflictos en el tráfico económico que afectan a una gran cantidad de ciudadanos en plazos razonables, todo según invoca el Mensaje Presidencial.

Dicho proyecto de ley fue objeto de una dilatada tramitación parlamentaria (cerca de 3 años), la que concluyó el pasado mes de octubre cuando fue aprobado y despachado, pasando al control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional -TC-.

Diversos medios de prensa han adelantado que el pasado 12 de diciembre el TC concluyó su ejercicio de control preventivo y mediante voto dividido de seis contra tres suprimió, al menos, 28 normas relativas a facultades sancionadoras y normativas, manteniéndose así el Sernac como el mismo servicio que es al día de hoy, en el que carece de dichas atribuciones. Lo anterior ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por parte del Ejecutivo y del propio Servicio. Estos críticos a su vez alegan que las facultades que se pretendían conceder al Sernac ya existen para otros servicios, tales como el SII, SVS, SBIF y, de paso, se incluye en la lista a la SMA, entre otros.

Lo que olvidan los críticos es que en el control preventivo de constitucionalidad el TC sólo se limita a aprobar las normas o declarar su inconstitucionalidad, sea que esta disconformidad se presente en toda la norma o sólo en una parte (por muy pequeña que sea). Por tanto, habrá que esperar el texto de la sentencia para conocer las razones técnico jurídicas que motivaron al TC a suprimir las normas que abordan las facultades sancionatorias y normativas, pero desde ya podemos sacar conclusiones, y el Gobierno una lección.

Primero, se empujó un proyecto de ley para conceder nuevas atribuciones al Sernac que busca aplicar a la realidad chilena prácticas internacionales que no son necesariamente compatibles con nuestro ordenamiento institucional, ya que se plantean algunos puntos que exceden el marco y garantías de nuestra Constitución, tal como varios advirtieron durante la tramitación. En la misma línea, la segunda conclusión es, si se quieren conceder nuevas facultades, sean fiscalizadoras, sancionatorias, tutelares o normativas, éstas se tienen que armonizar para evitar excesos y, en ese sentido, no sería posible tenerlas todas a la vez y de manera amplia para así no caer en concentraciones de poder. A su vez, que una mejor protección de los derechos de los consumidores no significa necesariamente más Estado.

Independiente del resultado del TC, lo cierto es que los proveedores de bienes y servicios deberán incrementar sus controles en materias de derechos de los consumidores, ya que sabemos que de una manera u otra aumentarán los estándares de cumplimiento y sanciones a aplicar. Así, con estos futuros cambios que vienen se espera que las organizaciones establezcan modelos de prevención para minimizar estos riesgos.

Ansiosos estamos muchos por conocer el texto de la sentencia del TC, ya que del mismo dependerá la arremetida del Ejecutivo para sacar adelante este objetivo incluido en su Programa de Gobierno, el que probablemente vaya por una Ley corta, la cual, tiene la ventaja y posibilidad de evitar los excesos y errores del primer proyecto, para así alcanzar lo que efectivamente se propuso: una moderna, ágil y eficiente protección de los derechos de los consumidores. Con todo, es importante tener presente que la tramitación de los proyectos de ley es sin picarse.

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