Pedro Cayuqueo's Blog, page 22

Derecho y política

Resulta paradojal la evolución que están experimentando tanto el derecho como la política en el último tiempo en nuestro país. Tradicionalmente los conflictos jurídicos se han resuelto encontrándole la razón a una parte en detrimento de la otra. La tarea de los jueces consiste precisamente en determinar a quién le asiste el derecho para luego adjudicarle, a través de su sentencia, lo disputado. De allí que se diga que los conflictos jurídicos son de aquellos de suma cero: en que todo lo que gana uno lo hace a costa del otro.

Por múltiples razones esta visión está hoy en cuestión. Se sostiene que la imposición de un veredicto no resuelve los problemas de fondo que hay en una relación, sobre todo en aquellos casos en que ella deberá seguir proyectándose en el tiempo. Que es mucho mejor una solución en que las partes se involucran directamente, construyendo un acuerdo que logra trascender sus meras posiciones para acercar sus intereses más profundos. Que esa es la forma democrática de entender y resolver los conflictos, pues estos -por ingratos que nos parezcan- son parte esencial de la vida y debemos aprender a enfrentarlos y no esperar siempre que sea otro el que nos los solucione. Naturalmente no todos los conflictos pueden resolverse a través de una mediación, pero en el caso de aquellos propios de la convivencia, que no entrañan el uso de la fuerza y en que las partes se encuentran en una situación de relativa igualdad, la calidad de una solución negociada es muy superior a la alcanzada a través de una sentencia. Algo de esto hay en el aforismo de que es mucho mejor un mal arreglo que un buen juicio. De allí que las políticas públicas en materia de justicia hayan puesto un fuerte énfasis en alentar este tipo de soluciones en materias como las de familia, laborales o de consumo.

Como puede apreciarse, el derecho transita así un camino que lo acerca a la forma como tradicionalmente se han resuelto los conflictos en la política, la que siempre ha estado caracterizada como el arte de lo posible, siendo buen político sinónimo de gran negociador.

Pero extrañamente no es lo que hoy en día se observa en la política chilena, en que las posiciones tienden a ser cada vez más inflexibles, en que los acuerdos y el consenso se han convertido casi en malas palabras y en que las cuestiones asociadas al bienestar de los ciudadanos, el objeto de la lucha política, se expresan hoy en términos de derechos, es decir, en un escenario que no admite la negociación sino la imposición. En fin, una forma de hacer política que cree que alcanzando una cierta mayoría, aunque sea circunstancial, basta para no tener que transar nada.

Es curioso que al mismo tiempo que en el derecho hemos ido construyendo una aproximación más pragmática y empática, se ha ido levantando una cada vez más rígida e ideologizada en la política. Más curioso aún es que sean las nuevas generaciones las que están transformando el derecho y que esos mismos actores, cuando se trata de la política, retomen una forma de actuar que creíamos superada.

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¿Por dónde debe ir un sistema de pensiones que considere la evolución nacional?

Desde 1981 tenemos un sistema de pensiones por capitalización individual, el cual rompió con la lógica del financiamiento por reparto solidario, pasando a uno de orden individual y gestionado por sociedades anónimas (AFP). Fue esa la forma que los militares y su equipo económico aplicaron para enfrentar las diversas y graves dificultades que afectaban al sistema vigente a esa fecha: que requería reformas profundas, requeridas desde fines de los años ´50 y que llevó a reclamar al Presidente Frei M. en su último mensaje al Congreso (1969), por la falta de apoyo para efectuar los cambios.

El modelo de capitalización individual, ya con 37 años, aún no está en aplicación definitiva y única. Sirva este dato para dar cuenta que los cambios en esta materia, siendo necesarios, requieren cuidado y tiempo por los efectos que en el bienestar de las personas y del país pueden generar una inadecuada evaluación de las modificaciones necesarias.

Algunas características de la capitalización individual, y que están a la base de sus fallas y deslegitimidad:

Frente a la cotización de alrededor de 17% (mayoritariamente del empleador) pasó a uno de un 10% del trabajador exclusivamente, más comisión (sobre un 13% total por más de dos décadas).
La edad de pensión se uniformó para los hombres en 65 años y para la mujer en 60 años.
La subsidiaridad del Estado se acentúo en gestión y administración: los privados lo harían mejor.
El Estado se hace cargo de financiar los déficits y toda la transición (aun no cerrada) con altos costos fiscales.
El principio de la libertad de opción de los afiliados -desinformados o poco formados en temas financieros- es una de las reglas del modelo y lleva a las personas adoptar malas decisiones o sugeridas por terceros que no siempre están orientadas a apoyarlo.
Competencia poco regulada en el primer tiempo de vigencia.
Rol de las AFP centradas sólo en rentabilidad, muy importante, pero descuidando la cercanía con las personas y sus necesidades en esta materia.

A poco andar el modelo empieza a experimentar cambios.  Destacándose entre otros:

Trabajadores que efectúan labores pesadas (mineras, subterráneas nocturnas, etc.), deberían pensionarse antes, para ello se debe sobre cotizar y adelantar la edad: se establece cotización del empleador y trabajador (1996).
Multifondos (2002), se diversifican las inversiones para asegurar mayores rentabilidades y no exponer a los mayores a excesivos riesgos con sus cotizaciones en el esquema de la capitalización.
Restricciones a las pensiones anticipadas (2008), ya que las necesidades de las personas los llevaban a solicitarlas a edad temprana, arriesgando quedarse sin pensión o con una muy baja con el transcurso de los años.
Transferir al empleador el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia (2008), con lo cual se disminuye los costos de los trabajadores en este sistema.
Mejoras a la forma de determinar la invalidez para acceder a pensión, varios cambios se han efectuado a objeto que la invalidez y su declaración sea efectiva, más oportuna y con mejores condiciones de acceso (1990 y 2008).
Creación del pilar solidario (la más importante reforma), con pensión de alivio a la pobreza para adultos mayores sin pensión y un aporte para mejorar el monto de la mayoría.

Todos estos cambios se efectuaron con grandes acuerdos, dado el quorum calificado requerido, en un Congreso generado binominalmente.

La tendencia a nivel comparado es la instauración de sistemas de pilares: a) el Estado se hace cargo del alivio a la pobreza en la vejez para quienes no alcanzan pensión; b) un sistema contributivo, en base a aportes de trabajadores y empleadores, de carácter obligatorio y colectivo; c) capitalización complementaria a los sistemas generales contributivos, vía ahorros personales y empresariales.

Decir, que muchos de los sistemas que pasaron de reparto a capitalización (1990- 2000) evolucionaron a mecanismos mixtos: pocos han vuelto al reparto puro.

No procede atrincherarse en un solo esquema hay que buscar alternativas, viables conforme la experiencia internacional y la tradición nacional, no es posible copiar, interrumpir o romper con lo existente a raja tabla, los cambios en pensiones son graduales y deben respetar los derechos de los que están por pensionarse.

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Solo los tontos cumplen las leyes

Un país donde la participación electoral  alcanzó un 46% del padrón  el pasado 19 de noviembre y donde el  33% de la población no paga su boleto de transporte público debiera preocuparnos… nos acerca a eso que Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley,  llamó la “anomia boba”  y que proviene de un juego en que todos pretenden sacar ventaja y terminan en la peor de las situaciones. El punto es que la llave para superar esta mala práctica está en las normas morales y en la convicción de seguirlas sin cálculos de beneficios y perjuicios individuales, con la disposición de individuos conscientes de sus derechos y de los derechos de los otros. Pero aquí viene lo interesante, porque  esto supone haber recibido una previa educación ciudadana que nos debiera imprimir una ética universalista,  según sostiene Guariglia.

 Es sorprendente que pese a nuestra evidente falta de formación ciudadana -acentuada por la eliminación del curso de Educación Cívica en 1997- nuestras autoridades insisten en hacernos parte de procesos reformadores profundos, como el de la reforma a la Constitución. Lo anecdótico es que según la encuesta realizada por la   Facultad de Derecho de la UDD en el 2015, el 60% de los encuestados señaló que considera indispensable una reforma a la Constitución, pero un 73% declaró no conocer ninguna materia de la Constitución, un 84%  declaró no conocer ningún artículo de la Constitución, y el 82% señaló no saber en qué consiste una asamblea constituyente.

Estas estadísticas son más que suficientes para tomar en serio esto de la Educación Cívica y su  indispensable valor en una sociedad democrática que pretende construir identidad nacional, generar pertenencia a una comunidad, con arraigo en una historia y destino común. Lo peor que nos podría pasar como país es que nos quedemos sin sustento institucional, jurídico y político, y que nadie se sienta motivado a participar de la construcción democrática de un proyecto compartido, en el que el rol de cada ciudadano  es determinante.

Esto debiera orientar nuestra mirada hacia lo importante e indispensable que es la formación ciudadana, que hoy aparece como una herramienta para que las futuras generaciones puedan recibir referencias culturales en torno a valores intemporales, respetando nuestras legitimas diferencias, enfatizando la vocación social y trascendente.

Hace un tiempo hemos venido constatando una creciente crisis de confianza, de credibilidad en los que eran nuestros pilares institucionales. Hemos visto  que quienes tienen el deber de ser garantes del cumplimiento de las normas morales o jurídicas, no las cumplen y eso nos acerca peligrosamente a esta nueva forma de relación social marcada por la desconfianza mutua, la falta de respeto a la autoridad, el individualismo, la ausencia de pertenencia a una comunidad y  devaluación del bien común.

 Estamos a tiempo para no llegar a replicar lo que el 27 de junio de 2009 los argentinos institucionalizaron a través del día nacional del boludo, como una forma de reivindicación de los ciudadanos que respetan las leyes, cumplen con sus deberes y adhieren a las instituciones democráticas, en contraste con los “piolas” que practican la viveza criolla y no dudan en transgredir las normas si con ello van a sacar provecho personal.

 Las próximas elecciones debieran ser una invitación a construir un  país entre todos,  participando respetuosamente en los procesos cívicos, predicando con el ejemplo. Pongamos todo nuestro empeño para que Chile nunca sea el país donde solo los tontos cumplen con las leyes.

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Educación Escolar y Agenda Política

*Esta columna fue escrita junto a Marcelo Correa, Secretario General CONES.

 En los últimos días hemos conocido dos novedades importantes para la educación general en Chile. En primer lugar, la OECD, a través de su informe de evaluación de las políticas educacionales para nuestro país (que observa el ciclo 2004-2016), entrega un sólido respaldo a las reformas que se han estado poniendo en marcha en el último tiempo. La ley de inclusión, la nueva educación pública y el sistema de desarrollo docente, con sus fortalezas y limitaciones, diría la OECD, representan condiciones fundamentales para dar un salto en calidad y equidad en nuestro sistema escolar en los próximos años. En segundo término, también en los últimos días la Agencia de Calidad ha dado a conocer los resultados de la primera participación de Chile en el Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés). La evidencia ahí recolectada nos muestra que las oportunidades de aprendizaje que provee nuestro sistema a los niños y niñas de educación primaria – en un área fundamental para el desarrollo humano como la lectura – están todavía lejos de aquellos países con PIB similar a Chile, que persiste una gran proporción de estudiantes (40%) en los niveles inferiores de desempeño y que seguimos siendo testigos de niveles inaceptables de inequidad y segregación. Esta combinación de noticias es probablemente un reflejo muy claro de lo que hoy representa nuestra educación general: un sistema en plena transformación, pero en el que al mismo tiempo se requieren nuevos impulsos y políticas que permitan traducir dicha transformación en un mejoramiento sustantivo de las oportunidades de desarrollo integral que ofrecemos a todos los niños, niñas y jóvenes.  

En este escenario, los programas para la educación escolar de las candidaturas presidenciales en carrera debiesen ser motivo de preocupación. Cuesta encontrar en ellos una visión de futuro para la educación obligatoria, a pesar de que, como toda la evidencia indica, es en la educación inicial y general donde esencialmente se juega el éxito o fracaso de cualquier sistema educativo. En el caso de Sebastián Piñera, un largo y desarticulado listado de iniciativas para la educación general convive hoy con la intención – comunicada públicamente –  de “corregir” o retroceder en algunos aspectos de las reformas en curso (como abrir nuevamente la puerta a la selección o establecer un copago encubierto). En el caso de Alejando Guillier, si bien su programa da cuenta de la necesidad de consolidar y proyectar algunos de los avances logrados en el último tiempo, no se aprecia con claridad cuáles son las políticas para la educación escolar que concretamente priorizará en su gobierno.

El desafío del próximo período gubernamental consiste en, a partir de los cambios ya en ejecución, iniciar un nuevo ciclo de políticas educacionales, con un claro protagonismo de las comunidades educativas y sus integrantes, que le permita al país avanzar mucho más decididamente en calidad e inclusión. Un salto en las condiciones para la calidad – como el coeficiente técnico – de la educación parvularia, un plan de fortalecimiento radical de la formación inicial y continua de nuestros docentes y directivos, una discusión y decisión de fondo sobre la racionalidad del currículum, una reforma profunda al sistema de aseguramiento de la calidad (SAC), una política de expansión de la educación pública escolar, y la puesta en marcha urgente de un nuevo sistema financiamiento para la educación general, debieran ser agendas prioritarias para este nuevo ciclo político y educacional que se ha abierto en Chile.

No cabe duda que para avanzar en estas nuevas reformas es indispensable, primero que todo, implementar rigurosamente, pero con visión crítica y una amplia participación de sus protagonistas, cada uno de los cambios – como la ley de inclusión, la nueva educación pública y la ley de formación ciudadana – que se han venido concretando para la educación general en los últimos años. Cualquier retroceso o estancamiento en estas materias sería una mala noticia para nuestro sistema escolar. 

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La última semana del pugilato

Esta semana va a ser recordada por siempre en la historia política chilena. Lo que parecía una segunda vuelta aburrida se ha convertido en un embrollo con campañas del terror y acusaciones de todo tipo. La escasez de datos fiables que permitan hacer una predicción de los resultados hace aún más erráticos los comportamientos de los comandos. Todo puede pasar.

Nadie quiere aventurar públicamente un resultado, a diferencia de la vez anterior, donde los medios estaban llenos de pronósticos hechos por los analistas de la plaza. Pero hay algunos datos que, si se exprimen con cuidado, hablan de qué esperar el próximo domingo.

Uno de ellos es la cantidad de votos que cada candidato debe reunir. Las segundas vueltas son un ejercicio de captura de nuevos electores. Quienes votaron por Guillier o Piñera el pasado 19 de noviembre no querrán dejar de ser actores en la serie de televisión que se ha convertido la segunda vuelta. El gran problema consiste en capturar a los que votaron por otros y los que se quedaron en la casa.

Según un análisis publicado por el chat conversacional de noticias Labot, la mayor dificultad es para el senador por Antofagasta. Si votan los mismos que lo hicieron en primera vuelta, tendría que conseguirse 1 millón ochocientos mil votos para ganarle a Piñera. Esto es mucho más de lo que obtuvo en primera vuelta. En contraste, a Piñera le faltan pocos para llegar a la mitad más uno. En términos de proporciones, por cada voto adicional que se consigue el candidato de la derecha, el de la Nueva Mayoría debe buscar tres. Muchos en la izquierda, incluyendo el gobierno, creen que el antipiñerismo puede llevar más gente a votar, pero olvidan que por muchos errores que cometa, el ex presidente no va a perder los votos que ya tiene o los que le sumó Kast.

El bolsón de votos más interesante para Guillier son los del Frente Amplio en la Región Metropolitana, y sobre todo, como en los Juegos del Hambre, en el distrito 12. El apoyo de la Sinsajo ayuda mucho, pero no garantiza el traspaso. Las redes territoriales en realidad las maneja el “Bromance”, como se denominan a sí mismos los diputados Jackson y Boric. Y en ninguno de los dos se ve mayor pasión por mover su infantería a favor del senador por Antofagasta.

Esto podría haber sido un desastre para la Nueva Mayoría si no fuera por la gran ayuda por parte del comando de Chile Vamos. Su estrategia ha sido polarizar la elección e insultar al gobierno, al sistema electoral, a los migrantes, a “Joven y Alocada” y a las personas transexuales, entre otra larga lista de estridencias. Tanto trumpismo motiva a electores de izquierda a abandonar sus remilgos hacia la Nueva Mayoría y apoyar a Guillier. Piñera no les ha sacado el jugo a los rostros moderados que han ido a apoyarlo. Como símbolo de lo que realmente pasa por su cabeza, en el acto donde varios de ellos fueron a apoyarlo -incluyendo al prestigiado ex ministro Alejandro Jadresic- ocupó la tribuna de ese espacio para comparar a Guillier con Maduro.

La Moneda ha sido, contrario al sentimiento que primaba en el invierno de centrarse en el legado de la Presidenta, un factor en esta campaña. En una entrevista reciente a este medio, el candidato de Chile Vamos se queja amargamente de ello. El problema es que fue su propia campaña antirreformas la que convenció a la Presidenta de que con la foto de devolución de la banda presidencial no había legado que valiera; pues Piñera en la Moneda se iba a dedicar a desmantelar, tornillo por tornillo, su gestión. Por ello, y no por simpatías a Guillier, La Moneda entró en la batalla. Se anotará entre la larga lista de errores de la campaña de la derecha haber despertado a la leona dormida.

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La política por sobre las políticas públicas

Se ha discutido sobre la conveniencia de modificar el régimen de urgencias en el proceso legislativo, particularmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.  ¿Tiene sentido ponerle suma urgencia a un proyecto de ley incompleto y con falta de consenso “para sacar al pizarrón” al adversario político?

Lamentablemente, no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a este tema y, honestamente, es difícil lograrlo. ¿Quién podría dirimir cuál proyecto de ley tiene mérito público para su discusión y cuál responde a un oportunismo político?

En inglés hay una buena distinción entre politics (política) y policy (política pública). El primer término hace referencia al ejercicio del poder y al debate entre quienes lo ostentan o pretenden hacerlo.  El segundo, a un curso de acción para la solución de un problema público, para lo cual se definen objetivos, metas, instituciones y mecanismos, entre otros.

Evidentemente, la política pública se formula en un contexto político donde hay ideología y temporalidades, pero idealmente también debe incorporar evidencia, coherencia, eficiencia y  capacidad de implementación.

El programa del actual gobierno, presentado en octubre de 2013, ya establecía una reforma a la educación superior: modernizando la institucionalidad pública, creando la Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una Agencia de Calidad de la Educación Superior,  la gratuidad universal (parcial al 70% más vulnerable de la población) y un nuevo sistema de acreditación. En julio de 2015 el Mineduc presentó un documento titulado “Bases para una Reforma de la Educación Superior”, el cual fue posteriormente desechado por la autoridad. En febrero y marzo de 2016 se presentó “Minutas sobre la reforma” que planteaba nuevas miradas sobre esta reforma. Posteriormente, en julio de 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley de Educación Superior que tuvo una mala recepción y en la práctica perdió su respaldo político. En octubre de 2016, la autoridad difunde un “Protocolo de rediseño de la reforma” con nuevos elementos. Finalmente, en abril de 2017 el ejecutivo introduce una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto ingresado nueve meses antes, que en la práctica tampoco implica modificaciones estructurales, pero sí elimina lo referido a Educación Superior Estatal, que se incorpora en un nuevo proyecto de ley que, por lo demás, no logró dejar contento a ninguno de los actores del sistema de educación superior. 

En suma, a pesar de todo este proceso de definiciones e indefiniciones, idas y vueltas, desconocimiento, falta de consenso y recursos insuficientes, se llega a que, por tercera vez, una de las políticas icónicas de la administración se vuelve a implementar por la vía de la glosa presupuestaria de la partida del Ministerio de Educación en la Ley de Presupuestos.

 

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El derecho a la ciudad

 

*Esta columna fue escrita junto a Genaro Cuadros, equipo programático de Guillier.

Es verdad, existen muchos lugares comunes sobre la ciudad en el debate presidencial. Todos estamos por acabar con los campamentos, la sustentabilidad, por mejor convivencia vial, por ciudades inteligentes y sin violencia. Pero otra cosa es garantizar que se cumplan, porque todas ellas disputan el mismo suelo y el mismo espacio público. Allí está la decisión, y la diferencia entre Piñera y Guillier.

Mientras la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano era debatida en la comisión convocada por el expresidente, su ministro confrontó a decanos de universidades y al Colegio de Arquitectos, señalando “sobre mi cadáver incluiremos una política de suelo”, y resulta que para tener parques, plazas, equipamientos e infraestructura adecuadas, así como para disponer de una movilidad sustentable, barrios y viviendas sociales bien localizados con accesos a los beneficios de la ciudad, es necesaria más gestión pública de suelo.

Para una mejor ciudad se requiere garantizar constitucionalmente la función social del suelo hoy debilitada, donde se establezca el derecho a la vivienda y a la ciudad, para lo cual se necesita una nueva Constitución que lo consagre, lo demás es música.

Es por eso que es necesario profundizar la mirada integral de movilidad y ciudad, el enfoque inclusivo y el acceso a beneficios garantizados, al mismo tiempo que elegir al gobernante de nuestras regiones, que constituyen un cambio de paradigma, que ha animado la Presidenta Bachelet. Allí están la elaboración de una política de suelo; la ley del 7% de aportes al espacio público, la de transparencia de suelo y la de convivencia vial que los senadores de derecha se niegan a apoyar.

Guillier mira la ciudad y su enorme potencial con optimismo. Los planes de ciudad son una buena oportunidad para contar con la participación activa y temprana de la ciudadanía. Los grandes proyectos urbanos deben respetar a los vecinos, y las autoridades deben defenderlos de abusos que enfrentan diariamente con la creatividad destructiva del mercado sin gobierno.

Su programa propone implementar Planes de Ciudad desde el territorio que sean el resultado de un Pacto Social de confianza y una visión compartida con cada barrio, comuna y ciudad. Se trata de un Contrato de Ciudad que garantice viabilidad financiera con acuerdos de ciudadanía, empresas y servicios públicos. Que aborde la provisión de vivienda y bienes públicos, garantizando transporte público y movilidad de calidad.

Para su implementación convocaremos a profesionales de todo el país a una Misión Ciudad, un programa nacional de servicio al país para transferencia técnica dirigido por nuestros principales arquitectos e ingenieros urbanistas para dotar de capacidades técnicas que permitan implementar los proyectos estratégicos de los Contratos de Ciudad.

Chile requiere un Presidente que sepa escuchar. Guillier representa el derecho a la ciudad que queremos, una más justa para tod@s.

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El oficio de saber

No podemos negar que el final estuvo entretenido. La presión de Unión Española ganando su partido trasladaba toda la atención sobre un Colo Colo irresoluto en Concepción. Hasta que los albos se acordaron de su carácter y sacaron un partido adelante. Con un penal inexistente a mi juicio en el primer gol, pero con oficio y carácter para terminar encerrando a Huachipato.

¿Cuáles son los atributos de este equipo? Son varios y distintos. Los individuales están a la vista. Valdivia será, para muchos, el mejor del torneo. Se insertó muy rápido en un fondo de juego aprendido y aportó su desequilibrio. Cuando Paredes no apareció sí lo hizo Octavio Riveros, qué pasó de estar totalmente cortado a ser una de las grandes vedettes de Colo Colo.

Hay que sumar a Orion y Barroso también. Sin embargo hay un nombre propio que es el gran artífice del poder colectivo albo. Es Jaime Valdés, que a sus 36 años, sigue marcando el ritmo del equipo, tomando decisiones dentro de la cancha. Es probablemente el jugador más importante que tienen hoy los de Macul.

Pero hay otros atributos que necesita un equipo, de manera indefectible, si quiere ser campeón. Además de tener un fondo de juego que le permita atacar (que no es lo mismo que salir a no perder), se necesita un carácter especial. No sólo para ganar los clásicos (que sí ganó esta temporada), también para los partidos enredados. Esos donde la presión te empieza a comer por dentro hasta que colectivamente encuentras el ángulo de solución. Recuerdo el partido frente Wanderers, Curicó y el mismo Huachipato.

Ganar cuando todo parece nublado se te puede dar en alguna oportunidad. Pero no siempre. Y los albos supieron hacerlo.

Es tentador acostumbrarse a ganar con más oficio que fútbol, con más categoría que fondo. Pero el desafío es afuera, para Colo Colo y todos los clasificados la responsabilidad es enorme.

Por hoy el equipo de Guede ganó cuando tenía que ganar. Bien o mal supo ganar cuando otros, que tenían que hacerlo, no supieron cómo. Para nuestro torneo, es más que suficiente.

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En blanco

Que Beatriz Sánchez haya tenido que recurrir a un pretexto burdo -el magnificado asunto de los votos marcados de Piñera- para justificar que va votar por Alejandro Guillier, muestra que anunciarlo le provocaba serios costos, no ante el ciudadano común, sino que ante los dirigentes y bases más ideologizadas del Frente Amplio (FA).

Si bien he planteado que el FA se resiste a votar por Guillier por motivos tácticos, ahora pienso que quizás la razón es que votar por él sería permitir que haya gobierno y dar gobernabilidad, o sea, que el país siga adelante, lo que es inconsistente con sus propósitos refundacionales.

Para cambiar de opinión, tengo en vista una reforma constitucional presentada por los diputados Jackson y Boric “para reconocer validez al voto en blanco” en las elecciones presidenciales. Parece un gustito inocuo, pero el efecto que el voto blanco se compute como válido en ellas, según la reforma, sería que: “Si en la elección de Presidente de la República el voto blanco obtuviere más sufragios que cualquiera de los candidatos, deberá repetirse por una sola vez la votación y no podrán presentarse los mismos candidatos”. Esto se aplica tanto a la primera vuelta como a la segunda.

Sucede que en la reciente primera vuelta, hubo dos candidatos (Navarro y Artés) que obtuvieron menos votos que los blancos (0,59%) y si estuviere vigente esa reforma, habría que repetir la votación con otros candidatos, no obstante que el 98,44% de los sufragios manifestó preferencia por uno de los ocho que se presentaron, que quedarían excluidos. Más aún, con esa norma pudiera lograrse el fracaso de la segunda vuelta, incluso si uno de los dos candidatos obtuviere la mayoría absoluta, si el FA obtuviere que los votos blancos superaran a los que obtenga el segundo.

Todo ello, sin que la reforma explique cómo se haría para llevar a cabo una nueva elección con candidatos hoy desconocidos, lo que probablemente haría necesario primarias para seleccionarlos, y una potencial segunda vuelta, si son más de dos y ninguno tiene mayoría absoluta en la primera, antes del 11 de marzo próximo, cuando se acaba el actual gobierno. Es que parece no importar, lo relevante sería que la protesta y el descontento tengan un cauce de expresión -el voto blanco-, incluso si eso significa que no haya gobierno ni gobernabilidad.

Alguien podrá salir en defensa de los diputados, diciendo que la idea es buena pero fue mal plasmada y que habría que corregirla. Eso, a lo menos, habla mal de su capacidad como legisladores, cuando ya llevan cuatro años en la pega, y que por realizarla bien reciben dieta y fondos para costear asesorías. Pero cabe sospechar que no es un error, que el voto blanco que pretenden validar es el camino diseñado para que la minoría descontenta pueda obstruir el avance del país y dejarlo en blanco, para luego moldearlo a su gusto. Eso sí que es ser “contra mayoritario”, el supuesto pecado de la Constitución que pretenden reformar.

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Semana eterna

A siete días de resolverse la elección presidencial, se mantiene la incertidumbre sobre su resultado. El nerviosismo se refleja en el rostro de los protagonistas y sus colaboradores, como también se demuestra en sus vacilaciones y errores de las últimas semanas. En un ambiente apretado, donde cada voto cuenta más que nunca, todos saben que el balotaje podría decidirse menos a favor del candidato con más aciertos y sí más contra el aspirante que cometa mayores equivocaciones.

Se trata, además, de un proceso marcado por la asimetría de las expectativas. Después de que todos daban a Piñera como seguro triunfador y Guillier era sindicado como el símbolo de la estrepitosa derrota oficialista, el solo hecho de que se haya instalado un proceso competitivo se transformó en una pesada mochila para el primero y en una inyección de optimismo para el segundo. Es por eso, y pese a que estamos en presencia de los mismos candidatos, con similares propuestas y despliegue comunicacional, que tanto la prensa como la opinión pública los perciben ahora de manera diferente.

Otro rasgo a destacar en este segundo proceso, es su carácter eminentemente emocional. Confirmando que lo más objetivo de la política es justamente su dimensión subjetiva, hoy más que nunca las emociones juegan un rol estelar en la decisión que adoptarán los ciudadanos, y muy especialmente en la capacidad para movilizarlos ese día. En la discusión ya poco importan el programa o las medidas, y menos todavía la racionalidad de sesudos análisis económicos o sociales. Lo que se instaló sobre la mesa son los símbolos e imágenes, que representan conceptos como esperanza, miedo, confianza, empatía, capacidad y voluntad.

Es la propia Presidenta de la República quien mejor ha entendido esta cuestión y así lo hizo ver en las últimas semanas. Azuzada por un renovado aire a consecuencia de la mejor evaluación de su gobierno, ha querido responder a la pregunta de qué se decide la próxima semana. En efecto, en un escenario de mayor polarización, y donde paradojalmente nuestra política se hizo más binaria que nunca, ella se instaló como la barrera que divide a los que están de uno y otro lado. Así entonces, el balotaje es también un plebiscito sobre la inspiración política que animó su administración en general, y sobre el sentido y profundidad de las reformas implementadas en particular.

A días de la elección, y ya que se trata de una variable decisiva para determinar quién será el próximo Presidente de la República, la mayor interrogante es saber cuánto más, o menos, será la participación electoral comparada con la primera vuelta. Y aunque a estas alturas ya no me atrevo a apostar, sí creo que se consolidó la idea de que nos jugamos algo muy relevante.

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