Álvaro Bisama's Blog, page 205

Valdés versus Alejandra Krauss

EL MINISTRO de Hacienda regañó a su par, la ministra del Trabajo y Previsión Social, por actuar “imprudentemente”, pese a ser un tema de su cartera dejando además en evidencia, la disparidad de opiniones en la administración. Ello explica la fuerte reacción de Carolina Goic y de otros parlamentarios DC. Sin embargo, ha sido la exministra Rincón quien puso el punto sobre las íes: “Valdés debía entender que la previsión depende del ministerio del Trabajo y que los ministros son sus pares, no subalternos”: es muy distinto que la reforma del sistema de pensiones sea liderado por el Ministerio del Trabajo, cuyos interlocutores principales son los trabajadores y la clase media, a que sea dirigido por el ministro de Hacienda cuya interacción principal es con el empresariado.

Rincón además destacó el papel dominante que, como herencia de la dictadura, juega el Ministerio de Hacienda al interior del Ejecutivo. Este predominio se ha consolidado en los 25 años de restaurada la democracia. Primero, como efecto de la utilización de su rol presupuestario para imponer sus criterios a las otras carteras, bajo la mirada prescindente de varios presidentes de la República, y luego por la injerencia que le permiten la obligación legal de preparar un informe financiero sobre cada proyecto de ley y el papel de la Dipres en la evaluación de los programas públicos. Esto implica que su mirada ortodoxa de la economía y su criterio presupuestario predominan sobre la mirada técnica y política propia del sector de que se trate. Este sobredimensionamiento del rol de Hacienda imprime también su sello sobre la gestión global del gobierno. Esto resulta particularmente preocupante en el caso de la reforma de pensiones, que detona este conflicto.

Si en el mundo privado resulta inconcebible que el gerente de finanzas asuma la gerencia general, en el sector público resulta aún más inconveniente. El gobierno tiene como funciones fundamentales, entre otras, conducir políticamente al país, asegurar su cohesión social, enfrentar las amenazas internas y externas, asumir sus tareas respecto del desarrollo económico, en todas las cuales el criterio macroeconómico y presupuestario constituyen un elemento indispensable, pero no el único que se debe considerar para asegurar una gestión gubernamental exitosa. Es por eso que el ministro del Interior es el principal colaborador del Presidente de la República; justamente por el rol político que le cabe. Corresponde por su parte a la Segpres el “logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión de gobierno”, pues la tarea de este ministerio es apoyar al Presidente para que conduzca efectivamente el gobierno. El rol hipertrofiado de Hacienda en la formulación de la política pública, alcanza las decisiones presidenciales, pese a la estructura descrita del gabinete. Ejemplo de ello es la designación de Valdés a la cabeza de la reforma de pensiones, lo cual no resulta comprensible ni desde el punto de vista de la gestión global del gobierno ni de su contenido. Si se considera que la ministra no es capaz de cumplir con sus funciones, lo lógico sería que fuese cambiada y no afectar las atribuciones de su ministerio.

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Estereotipos de la mujer en los medios

Esta semana en Glasgow se reunieron dos importantes líderes mundiales, la Primera Ministra británica, Teresa May, y la cabeza del gobierno regional de Escocia, Nicola Sturgeon. El tema del encuentro fue el inicio de las negociaciones para concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y sus posibles implicancias en la propuesta de independencia que están negociando los escoceses.

La relevancia del encuentro era evidente, sin embargo, el periódico inglés Daily Mail publicó en su portada una foto de ambas sentadas de frente con el título “No importa el Brexit, ¿Quién gana en piernas?”. De inmediato surgieron reacciones en las redes sociales, unas contrarias a la decisión editorial del medio y otras que apoyaban la publicación con el argumento de que en la política es positivo incorporar el humor.

Pero el tema central no es el humor en la política, sino el papel que ejercen los medios de comunicación en la creación de valores y que en este caso se aplican a la legitimidad simbólica de las mujeres en la sociedad.

De acuerdo con estudios realizados en el Observatorio de la Mujer en Medios de Comunicación de la Universidad del Desarrollo, a pesar de que la mitad de la población está compuesta por mujeres y que entre ellas hay muchos talentos que les permiten realizar contribuciones significativas en distintos ámbitos, el análisis de medios es desalentador.

Primero porque la visibilidad de la mujer como fuente de información y opinión en temas de relevancia no está siendo recogido ni reconocido a cabalidad. El desconocimiento por parte de la opinión pública limita las posibilidades reales que tienen las mujeres de participar en áreas importantes del país como la política, la economía y la cultura.

En segundo lugar, junto con ser escasamente visibles, a las mujeres se las muestra mal representadas, a la vez que se mantienen los estereotipos y sesgos que limitan su riqueza y oportunidades. Al focalizar la atención en la apariencia física, vestimenta o temas relacionados a la intimidad familiar, se deja de lado lo que es más importante para el desarrollo del ámbito público: la trayectoria y competencias que le permiten a una persona realizar una contribución significativa a nivel social.

El problema se ve potenciado aún más si consideramos los mensajes subyacentes que prevalecen en los contenidos de la publicidad y el cine chileno. En ambos casos priman dos estereotipos: el de la mujer cuidadora de la familia y el de objeto decorativo erotizado, lo que limita la visión del desarrollo futuro, especialmente de las niñas que focalizan su atención en la apariencia física por sobre las oportunidades educativas y profesionales.

La proyección de modelos de rol expande o limita las posibilidades para todas las mujeres de decidir libremente qué vida aspiran tener. En este contexto, los actores de la industria de la comunicación tienen aún como desafío pendiente relevar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad representativa, pluralista y democrática.

 

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Resultados y desafíos del nuevo sistema de admisión escolar

Esta columna fue escrita junto con Angélica Bosch, Coordinadora Nacional SAE; Rafael Epstein, Prorrector Universidad de Chile; y Juan Escobar, Académico Ingeniería Industrial y Director Instituto para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP).

Con motivo de la Reforma Educacional, y con el objetivo de implementar el fin a la selección en colegios municipales y subvencionados, entre agosto y diciembre de 2016 se implementó en la región de Magallanes un moderno sistema de admisión escolar desarrollado por el Mineduc junto con investigadores de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, del Núcleo Milenio Información y Coordinación en Redes y del Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas.

El sistema tuvo por finalidad mejorar la eficiencia y transparencia del proceso e igualar las oportunidades a padres y apoderados que postulan a sus hijos a establecimientos municipales y subvencionados.

La región de Magallanes ha sido la primera donde se ha implementado el sistema de asignación basado en el algoritmo de “Aceptación Diferida” (DA) postulado por los matemáticos David Gale y Lloyd Shapley en 1962. Este algoritmo está en la frontera del conocimiento y ha sido aplicado por el profesor de Stanford Alvin Roth a muchos problemas de política pública. En 2012, Roth y Shapley recibieron el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones en esta área.

La implementación de este nuevo sistema contó con la participación de todos los actores relevantes. Los colegios informaron activamente a los apoderados sobre los diversos aspectos de sus programas educativos y sus vacantes. Luego de acceder a esta información (de manera presencial o a través de la plataforma web diseñada por el Mineduc), los apoderados declararon una lista de preferencias de los colegios en los que deseaban matricular a sus hijos. El sistema está diseñado de modo que ellos expresen sus preferencias sobre los distintos establecimientos de manera honesta y transparente.

Muchos colegios tienen más postulantes que cupos. Para decidir los alumnos que serán admitidos a un establecimiento, los postulantes se ordenan en una lista. Esta lista respeta las prioridades indicadas en la Ley de Inclusión y garantiza la igualdad de oportunidades resolviendo empates de manera aleatoria.

Mecanismos de asignación similares al implementado en Magallanes se utilizan en diversos países del mundo, destacando los casos de EE.UU. (Boston y Nueva York, entre otros), Holanda y Finlandia. En cada caso, el algoritmo DA debe resolver demandas locales que hacen que cada implementación sea única e interesante. En Chile, por ejemplo, la ley establece criterios de prioridad para los postulantes por lo que el algoritmo de asignación debe dar preponderancia a hermanos e hijos de funcionarios, así como a aquellos alumnos considerados prioritarios por su situación socioeconómica.

Nuestro balance del proceso 2016 es positivo. Participaron 3.580 alumnos en dos rondas de postulación: 3.147 exclusivamente en la ronda principal, 222 exclusivamente en la segunda ronda y 211 en ambas. De estos postulantes, en la ronda principal, 1.959 (58,3%) fueron asignados a su primera opción, mientras que en la segunda ronda este número llegó a 357 (82%). En el proceso completo 3.107 estudiantes fueron asignados a alguna de sus preferencias, mientras que 258 se retiraron del proceso. La experiencia internacional muestra que estos números son positivos. En Nueva York, por ejemplo, en el proceso de admisión a la educación secundaria del año 2006, cerca del 40% de los alumnos quedó asignado a su colegio favorito.

Uno de los desafíos para las próximas implementaciones es la simplificación de las distintas etapas del proceso. Del mismo modo, es importante informar a los padres y apoderados para motivarlos a utilizar el nuevo sistema de admisión y, de esta forma, aumentar las opciones de que sus hijos queden en un colegio que les satisfaga. Nuestro desafío es escalar este sistema para que realice la asignación escolar de todos los niños de Chile.

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El camino de la derecha al poder

 

Sebastián Piñera ya es oficialmente candidato, teniendo las encuestas de su lado. Si bien ganar la presidencial no será cosa fácil, comienza a instalarse en la derecha un ánimo optimista y una seria proyección de ser gobierno. Al final del día, los tiempos son de cambio y la ciudadanía está profundamente desilusionada de la Nueva Mayoría.

Pero el optimismo es ilusorio. Los tiempos actuales requieren de una lectura política precisa que permita enfrentar a una ciudadanía distinta. Nos encontramos abrumados por la desconfianza, la sensación  de abuso y falta de oportunidades, lo cual se arrastra desde tiempos anteriores a los de la Nueva Mayoría. Se ha dañado la relación entre la sociedad civil y la política, se ha cuestionado la relación entre la economía y la política, y ello obliga a pensar cómo fortalecer las espaldas de una clase dirigente vulnerable a no poder liderar.

Frente a esto, la idea de representación se torna un concepto relevante para el fortalecimiento de una institucionalidad cuestionada y dirigentes debilitados. Si la derecha vence, es necesario distinguirse de la ciudadanía, sin que esta considere la brecha como un abuso. Es decir, debe empoderarse con normas lo suficientemente claras y transparentes que impidan sospechar de sus acciones y efectivamente representar a la sociedad. Esto iría más allá de un fideicomiso.

Perfeccionar la división de poderes del Estado, con todos sus contrapesos, es un paso fundamental para evitar las repercusiones del populismo constituyente. Si continúan señales de impunidad como las del caso Dávalos, que muestra la débil independencia de poderes y los privilegios de la política, es difícil volver a confiar en esta última. Sumado a ello, también será relevante integrar a equipos heterogéneos que no representen solamente a una elite profesional. Si la derecha se instala como un sector clausurado, iluminado y beneficiado, de difícil manera podrá encontrar vasos comunicantes con el imaginario colectivo.

Ahora, el tema no refiere solamente a quienes tendrían poder. También entre los ciudadanos y la clase política ¿cómo será esa relación? ¿qué hacer con la temida opinión pública? Será necesario observarla y considerarla, pero sobre todo influir en ella. Hacerlo es ejercer verdaderamente la autoridad del gobernante y evadirlo es caer en las lógicas reaccionarias e insípidas de meros gobiernos administradores.  No habría proyecto político y se terminaría gobernando para minorías opositoras que conocen la organización de masas.

Lograr un empoderamiento limitado, que devuelva la confianza en la clase política, permitirá gobernar sin profundizar la crisis actual. Si no se consideran estos temas, es posible que la derecha llegue al poder para desocuparlo en el corto plazo. Los resultados podrían favorecer a quienes hoy quieren debilitar el orden sistémico y acrecentar la crisis de liderazgo. No la Nueva Mayoría, sino al Frente Amplio. Un sector con hambre de reformas y con ganas de destacar la caricatura colectiva de la derecha.

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El 5% adicional y el desafío de mejorar las pensiones

Por estos días comienzan a conocerse más detalles de la propuesta previsional que presentaría el gobierno. Y aunque no es lo único en discusión, el debate ha estado mayormente centrado en qué hacer con los 5 puntos adicionales de ahorro para pensiones. Esta pregunta debiese tener una sola respuesta: el 5% debiese destinarse a aquello que permita maximizar el aumento en las pensiones de los trabajadores, y no podemos concluir que esto ocurrirá con el bosquejo de reforma presentado por el gobierno.

Las estadísticas muestran que existe una relación directa entre el monto ahorrado en las cuentas individuales y la pensión obtenida al momento de jubilarse. La razón de que las pensiones estén por debajo de lo esperado radica en que, por distintos motivos (unos más y otros menos controlables por los trabajadores), nuestro ahorro para la vejez resulta insuficiente. De hecho, sólo ahorramos, en promedio, la mitad del tiempo que dura nuestra vida activa. Es por ello que la forma más directa y eficiente de mejorar las pensiones (si consideramos las potenciales externalidades económicas que esto podría traer) es aumentar el monto que se destina a las cuentas individuales. Lamentablemente, sólo la mitad de la mayor cotización sería destinada a este fin.

Ha trascendido también que este nuevo mayor ahorro individual no iría a las cuentas de capitalización de los trabajadores, sino que a nuevas “cuentas personales”, las que si bien aumentarían el ahorro que destina cada uno a su pensión, en caso de que el trabajador muera no serían heredables, sino que pasarían a formar parte de un fondo común. Esto atenta contra los derechos de propiedad de las personas sobre su ahorro para la vejez. Además, no es trivial cómo la nueva “cuenta personal” se fusionará con las cuentas individuales. ¿Podrán en conjunto ser utilizadas para el cálculo de la pensión al momento del retiro? Si es así, ¿cómo se sabrá cual será la fracción “no heredable” (“expropiable”)? La forma en que esto se resuelva incluso podría llevar a que lo que supuestamente iba a ser destinado a un mayor ahorro individual sólo termine alimentando un fondo común para financiar las pensiones de otros.

¿Quién debería administrar el mayor ahorro individual? Si lo que buscamos es aumentar las pensiones, el encargado debiese ser aquel queminimice los costos administrativos de gestionar los ahorros y maximice la rentabilidad de lo acumulado. A diferencia de lo señalado por parte de nuestras autoridades, no cerraría las puertas a que las AFP realicen esta labor: como el mayor ahorro es sobre el mismo salario imponible, las comisiones recaudadas no aumentarían, por lo que la gestión sería realizada a costo cero. Por su parte, los resultados de nuestros fondos de pensiones han sido tales que de lo acumulado las cotizaciones representan sólo cerca de 30% de los fondos acumulados. El 70% restante corresponde a rentabilidad. En suma, parece del todo razonable permitir que los cotizantes decidan dónde invertir su cotización adicional, sin excluir que las AFP sean parte de las alternativas.

La otra mitad del mayor ahorro (los 2,5 puntos restantes) se utilizarían para financiar (con el ahorro individual de los trabajadores) las pensiones de otros: ya sea de los que hoy están jubilados o de quienes en el futuro no alcancen un determinado nivel de pensión. En ambos casos se rompería la lógica entre ahorro realizado y beneficio obtenido, desincentivando la cotización y fomentando la informalidad. Todo ello juega en contra del objetivo final (mejorar las pensiones), además del impacto negativo que esto podría tener sobre el mercado laboral, el ahorro y las finanzas públicas que incluso ha reconocido el Banco Central en un reciente informe. Mención especial para los efectos de financiar con cotizaciones presentes las pensiones de los hoy jubilados (“solidaridad intergeneracional”). Ello no es más que instalar un componente de reparto en nuestro sistema, que dada nuestra realidad sociodemográfica (envejecimiento acelerado de la población y baja tasa de natalidad) resultaría imposible de financiar en el futuro. Si lo que buscamos es mejorar las pensiones de quienes no alcanzan un nivel de ahorro suficiente para su retiro, debiésemos fortalecer el Pilar Solidario, el que se financia a través de rentas generales y no con un impuesto al trabajo.

Estamos ante una oportunidad única: se ha generado un consenso tácito en torno a la idea de aumentar el ahorro que destinamos para financiar nuestras pensiones, lo cual era impensado hasta hace algunos meses (de hecho, los efectos de este aumento en el mercado laboral podrían no ser menores, por lo que resulta clave implementarlo de manera gradual). Sin embargo, todo apunta a que una vez más lo político primará a lo técnico y que este gobierno desaprovechará la posibilidad de acercar nuestra tasa de cotización a un nivel que permita revertir nuestro bajo nivel de ahorro y que esté más acorde a las mayores expectativas de vida que hoy existen.

 

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No hay atajos

“Como Chile es un Estado de carácter presidencialista, una opción es que el Gobierno nombre a un Interventor especial conforme a la problemática de este particular conflicto, único en el país. El propio Senado debe respaldar tal decisión, para que sobreviva a los cambios de los gobiernos. Puede ser seleccionado de forma parecida al Fiscal Nacional. Este Interventor debe dar garantías a todas las partes de que su actuación será en pos de la búsqueda de soluciones factibles”.

Lo anterior no fue dicho por un candidato presidencial. Tampoco por un parlamentario sureño. Mucho menos por una alta autoridad de gobierno. Son palabras del oficial en retiro de Carabineros, Jorge Aguirre Hrepic, ex comisario de Nueva Imperial y miembro de las Fuerzas Especiales en Temuco, hoy consultor en seguridad. Su mirada, política y estratégica, sorprende tratándose de alguien cuya misión, mientras fue uniformado, trató más bien de repartir lumazos y no precisamente grandes ideas.

Si hasta un excomisario es capaz de analizar correctamente lo que sucede y proponer un audaz abordaje político, ¿qué impide a parlamentarios y autoridades hacer lo mismo? Lo responde el propio Aguirre en entrevista con Cambio 21. “Se visualiza falta de interés, como si solo fuera local y no se sospecha de las consecuencias que pudiera tener si determinados actores deciden accionar de forma aún más radical, como ha ocurrido en otros países, generando conflictos que luego a los estados y a la propia Naciones Unidas les ha costado años controlar”.

Lo dicho por Aguirre no es nuevo. La responsabilidad del Estado en el agravamiento del conflicto fue subrayada hace días por la propia ONU. El bochorno lo vivió la Presidenta Bachelet de visita en Ginebra. Hasta allí arribó buscando apoyos para que Chile pueda integrar el Consejo de Derechos Humanos del organismo. La respuesta del Alto Comisionado de la ONU fue un verdadero balde de agua fría. Chile, le recordó el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordania, tiene demasiados temas pendientes en la materia. Uno de ellos, el conflicto no resuelto en la Araucanía.

Entre autoridades, ministros y embajadores se ha vuelto una costumbre aquello, ponerse colorado en los foros internacionales. Y es que Chile bate varios record en la materia. Entre ellos, el incumplimiento de las recomendaciones que tres relatores especiales han entregado a Chile tras visitas oficiales. “Décadas de discriminación han creado una profunda injusticia y desigualdad. Un reconocimiento adecuado y un diálogo significativo son esenciales en La Araucanía”, señaló a Bachelet el alto personero, a modo de consejo.

Tiene razón el jordano. Un conflicto político, cultural y de ribetes étnicos no se ahoga con represión, camino impresentable en democracia e inconducente en cualquier otro tipo de régimen. Mucho menos con militares en los campos como piden a gritos agricultores y descendientes de colonos. La solución es Política. Trata de diálogo y negociación de alto nivel con los actores del conflicto, la CAM y los grandes grupos económicos forestales, dos de ellos. Una hoja de ruta a largo plazo, como bien propone Aguirre.

Créanme, no hay atajos.

 

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¿Cuál es la reforma?

DADA LA entrada acelerada de un sinnúmero de candidatos presidenciales al debate público, la mayoría críticos del gobierno, se ha iniciado una discusión respecto de “dar marcha atrás” o “pasar la retroexcavadora” a las reformas de esta administración, en nuestra tónica clásica de campaña del terror. En educación superior, la discusión se ha centrado obviamente en la gratuidad y su continuidad.

Sin embargo, declaraciones de dos rectores de universidades adscritas a la gratuidad, sumadas a la minuta que presenta las indicaciones al proyecto de ley de reforma a la educación superior actualmente en trámite, convierten esta discusión en un debate artificial.

Lo cierto es que hoy existe una glosa presupuestaria, que año a año tiembla por su dudosa constitucionalidad, que establece un mecanismo simple para dar acceso gratuito a estudiantes que provengan del 50% más vulnerable del país. Esta estrategia se sustentó en la promesa que habría un proyecto de ley que ordenaría todo y le daría viabilidad política y financiera. Con mayoría en ambas cámaras esto no podía ser tan difícil. Pero ocurre que el proyecto en trámite es rechazado por el oficialismo y la oposición, además de ser criticado por estudiantes y rectores. Es probable que dentro del mismo Ministerio de Educación tampoco haya acuerdo, para qué mencionar Hacienda. Las minutas que dejan ver las posibles indicaciones al proyecto son dignas de psicoanálisis: mueven, sacan y reparten, pero no cambian nada sustantivo. Sacar elementos de la ley para moverlas a reglamentos solamente fortalece la posición del Mineduc como “pequeño tirano” de la educación: ya lo sabemos por la Ley de Inclusión. Lo más llamativo es que no hay cambios respecto de la gratuidad universal, que es justamente el centro del problema, sin mencionar que se propone ajustar las condiciones de la gratuidad universal a las de la glosa. Se adapta lo definitivo para que se parezca a lo transitorio.

La viabilidad financiera de esta política, que siempre fue puesta en entredicho, es ahora confirmada por los rectores de las universidades gratuitas, amenazando su viabilidad política. Han argumentado que aspectos clave de sus proyectos, como la investigación y la vinculación con el medio, han debido ser sacrificados para cubrir el déficit de la gratuidad. En otras palabras, subirse a la gratuidad implica perder calidad. Como se acabaron los recursos (el hecho que se tenga que recurrir a un crédito del Banco Mundial solo para financiar a las universidades estatales lo confirma) no queda muy claro de dónde se sacará dinero para compensar a las universidades que suscriben a la gratuidad. Y éstas amenazan con salirse si la política se amplía al 60%, apoyadas en sus argumentos por la mejor universidad del país, que de paso está hoy demandando al Estado por incumplir la ley. Esto me parece lo suficientemente aterrador como para que sea necesaria una campaña del terror.

La pregunta que surge con todo esto en consideración es simple: ¿Cuál es la reforma? ¿Qué es lo que se quiere proteger? ¿Cuál es el avance sobre el cual no se puede dar marcha atrás? No parece razonable que el país entero tenga que hacerse cargo a perpetuidad de un intento de política que a todas luces fracasó. Esto no implica quitarle la gratuidad a nadie, ni siquiera implica que no se pueda crear una forma de financiamiento que implique que el 50% más vulnerable no pague su educación superior. Solamente significa que hoy no hay reforma, y que tenemos que volver a pensar qué hacemos para asegurar equidad en el acceso a la educación superior.

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Profunda necedad

ETIMOLÓGICAMENTE el necio es quien no sabe lo que podía o debía saber o, en otra acepción, el terco o porfiado. Los necios, como bien nos agrupó John K. Toole en el título que dio vida a su célebre obra, estamos conjurados en casi la totalidad de los temas, siempre que no digan relación con nuestras nobles profesiones.

En éstas, obviamente, no saber lo que es nuestra obligación conocer, o sostener una postura sin fundamentos es extremadamente grave y serio. Podemos caer en el descrédito, hacer las cosas mal, errar en un proyecto de ingeniería, inducir a error a un inversionista, equivocarnos en los datos. Ni hablar. El trabajo hay que cuidarlo con celo.

Pero en otras materias no importa o importa menos. La política es una de ellas.

Hoy impera el lenguaje procaz e indecente a la hora de referirse a las personas, su intimidad y sus relaciones, así como la falta de rigor en las fuentes de información, la especulación ilimitada, la repetición de afirmaciones y de datos sin comprobación ni autenticidad.

Al final del día uno no sabe con certeza donde leyó qué o quién lo dijo. Pero ahí están las historias, disponibles para la cena.

Las nuevas generaciones políticas, por otro lado, se han abierto un espacio digno de aplauso. Pero, como alguna vez señaló Tony Jundt, lo han hecho olvidando la historia antes de entenderla, y, por consiguiente, sin haber reflexionado con profundidad la visión y experiencia de los antiguos líderes, echándolos rápido; ellos, los nuevos terratenientes de las grandes alamedas.

En otros sectores, surgen las llamadas generaciones de recambio, disponibles para el timón gremial. Se les ve demasiado apuradas.

En los últimos años ha surgido una compulsión por repetir lo que no se sabe con seguridad, con terquedad, como si fuera cierto. Los personajes más famosos van dejando sus epifanías en ciento cuarenta caracteres y nosotros las comentamos como mantras, ansiosos, además, de que aparezca la estulticia que llevará al destierro a cierto personaje o que elevará a un ángel caído, y decimos… cuéntanos algo que no sepamos ya, dime tú, sobre algún alto funcionario inimaginable metido en un negocito, un pensador que plagiaba, ¿un poeta en los huesos?, no pues, algo duro, que duela, algo que contar y repetir, que sorprenda.

Y de este modo, de boca en boca, por correos, tuits u otros medios, se va cumpliendo el oculto objetivo de este pacto no escrito: la degradación de las personas, el lenguaje obtuso y malicioso, no que forme opinión sino que de algo de qué hablar.

Somos tan felices siendo necios. Recientemente, a mediados de marzo, fuimos elegidos como el país más feliz de Sudamérica, Chile es la nación más feliz de Sudamérica, ubicándonos en el puesto número 20 del World Happiness Report 2017.

Una paradoja que, al parecer, escapa a los análisis sociológicos más elementales. La cuestión es que más temprano que tarde, la falta de consideración y respeto puede pasarnos una cuenta penosa.

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Contraloría

TRADICIONALMENTE la Contraloría General de la República (CGR)no ha tenido una gran imagen, más bien ha proyectado la de un organismo anticuado, formalista, que aumenta la burocracia estatal lentificando los procesos. Tan fuerte es esta idea, que una de las razones que se ha dado para justificar una suerte de situación desmedrada de las universidades estatales frente a las privadas, es que las primeras deben someterse a la tuición de la Contraloría y las otras no.

Pero parece que esta imagen comienza a cambiar y a posicionarse la idea de que la acción de la Contraloría realmente agrega valor, asumiendo un rol protagónico en la defensa de la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Y hay que reconocerle en ello méritos al nuevo contralor quien en el último tiempo ha tomado iniciativas decididas en tal sentido.

Probablemente, el caso más significativo haya sido la invalidación de las pensiones excesivas otorgadas por Dipreca. También en el ámbito previsional, se opuso a la pretensión de los funcionarios de la DGAC de ser traspasados al sistema de Capredena, poniendo de paso en evidencia los privilegios asociados a los sistemas de reparto. Y, en otro ámbito, le ordenó a la Superintendencia iniciar un proceso de invalidación del goodwill con que la AFP Cuprum pretendía eludir el pago de impuestos.

Con estas decisiones el contralor no solo tuvo que enfrentar a los directamente afectados, sino a otros importantes actores institucionales. En el primero, debió salirle al paso a la clase política. En el segundo, ha tenido que litigar contra el propio Poder Judicial para defender sus facultades para decidir estas cuestiones.

En el último, fueron las grandes empresas las que reaccionaron pues se trata de una práctica extendida entre ellas.

Pero no hay que equivocarse, la motivación detrás de estas acciones no es ni ideológica ni política, sino simplemente la de defender el patrimonio estatal. En el caso de Dipreca, 187 funcionarios de Gendarmería jubilados entre 2014 y 2016 reciben pensiones superiores al tope de 60 UF. Por otra parte, se calcula que si se aceptara el cambio de sistema previsional de la DGAC el costo fiscal ascendería a 300 mil millones de pesos en 30 años y la pérdida fiscal por el goodwill es de 130 millones de dólares.

A todo lo anterior se suma la iniciativa de denunciar situaciones patrimoniales inconsistentes de altos funcionarios públicos. Impresiona lo sencillo que fue dar con ellas, lo que bien se podría haber hecho hace mucho tiempo. Más allá de la potente señal que manda esta acción, no está nada clara la suerte que tendrán las investigaciones penales, las que, en cualquier caso, aparejan penas muy bajas.

Controlar diligentemente la legalidad del gasto público constituye sin dudas un gran avance de la Contraloría, pero a futuro podría irse más lejos. En la experiencia comparada existen agencias, como la GAO en Estados Unidos, con facultades para analizar la pertinencia de las inversiones públicas. Se trata en ese modelo de velar no solo porque nadie se apropie de fondos que son de todos, sino de asegurar que los recursos sean realmente invertidos con sentido y no dilapidados en programas inútiles o poco efectivos.

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Macroeconomía y Felicidad

¿Qué tienen que ver? Mucho. Ahora que estamos debatiendo cuáles son las causas del bajo crecimiento de la economía chilena, veamos cómo impacta el crecimiento en el bienestar de las personas. En términos de ingreso, el impacto es evidente. Una regla utilizada por macroeconomistas establece que si una economía crece a una tasa de X%, entonces tardará “70/X” años en duplicar su ingreso (PIB). Bajo esa lógica, crecer al 1 o al 5% no da lo mismo (70 versus 14 años, en duplicar el ingreso).

La relación no es tan directa en cuanto a bienestar subjetivo (es decir, felicidad o satisfacción con la vida). Investigaciones indican que, a bajos niveles de ingreso, un aumento de éste produce un efecto directo y proporcional en la felicidad (y satisfacción con la vida) de las personas. Pero a partir de cierto umbral, investigadores como Kahneman y Deaton encuentran que incrementos sucesivos en ingreso no tienen una contrapartida en felicidad (aunque sí en satisfacción con la vida). ¿Deja el crecimiento de tener importancia? Al menos para el caso de Chile, no; tal vez, la respuesta más certera es que nunca deja de tener importancia. Un mayor ingreso permite que las sociedades accedan a una mayor oferta de bienes y servicios. Eso mejora (aunque a una tasa decreciente) la felicidad y, de manera sistemática, la satisfacción con la vida de las personas.

Pero el PIB no es la única variable macro que importa a las personas. Investigaciones han mostrado que el desempleo genera un impacto negativo sobre el bienestar subjetivo de las personas. Cuando una economía cae en recesión, se produce un efecto negativo doble sobre la sociedad: por un lado, la caída en el ingreso genera pérdida en términos de bienestar subjetivo de las personas; y, por otro lado, el aumento en el desempleo genera un impacto que va más allá de la pérdida de ingreso. De hecho, se ha encontrado que no obstante que la economía se haya recuperado, en términos sicológicos los efectos negativos de una recesión perduran en el tiempo.

¿Qué hay de la desigualdad en la distribución de los ingresos? Si bien es importante trabajar por un mayor y mejor crecimiento, no lo es menos cómo se da ese crecimiento y cómo se reparte entre la población. Estudios también muestran que una desigual distribución del ingreso tiene un efecto negativo en países donde la movilidad social es baja. Por ello es importante diseñar políticas que permitan que el crecimiento sea un vehículo eficaz para lograr una mayor movilidad social, sobre todo en una economía como la chilena que exhibe elevados índices de desigualdad.

El desafío, por lo tanto, no es solo apuntalar el débil crecimiento económico, sino también hacer que ese crecimiento maximice la felicidad de los chilenos. Existe abundante evidencia respecto de los factores que están detrás de sociedades más felices, la cuestión es incorporar este conocimiento en el diseño de las políticas públicas.

 

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