Álvaro Bisama's Blog, page 204

Una reforma disruptiva

Habiéndose cumplido largamente el plazo autodefinido por el gobierno, finalmente éste ha enviado al Congreso Nacional un proyecto que introduce un nuevo artículo en el actual Capítulo XV de la Constitución que regula las reformas constitucionales. El proyecto viene a establecer un nuevo mecanismo de reforma que se sustenta en la creación de una Convención Constitucional, figura que se aparta de los lineamientos originales dados por el Ejecutivo.

Cuesta entender la porfía del gobierno en seguir impulsando un proceso de reforma que concita escaso interés entre los chilenos y que no sintoniza con sus reales preocupaciones. Sabido es que las principales prioridades de los chilenos son el crecimiento económico, generación de empleo, educación de calidad, salud, seguridad ciudadana, entre otros, aspectos en los cuales el gobierno exhibe un evidente déficit de iniciativas. Es cierto que la gente dice querer una nueva Constitución cuando se le pregunta autónomamente, pero cuando analiza la relevancia del tema en relación con otros problemas, la reforma constitucional siempre se ubica entre las últimas prioridades. El tema constitucional es una discusión de élites, que no va a resolver los problemas reales de los chilenos.

No hay que olvidar que el gobierno envía esta reforma porque quiere seguir discutiendo el mecanismo sin que todavía sepamos ni hayamos discutido que hay que cambiar de la Constitución. Es una forma de evitar entrar en los temas complejos que generan tensiones al interior de la Nueva Mayoría. Con este proyecto, el gobierno insiste en poner la carreta delante de los bueyes. El sentido común, que no necesariamente abunda en este Gobierno, sugiere que lo primero es identificar los temas que requieren un perfeccionamiento. Hay muchos que pueden mejorarse y por eso Chile Vamos hizo un conjunto de 80 propuestas para reformar la Constitución. Una vez identificados los temas en cuestión, corresponde hacer los cambios siguiendo la institucionalidad vigente.

Aunque algunos personeros de la Nueva Mayoría parecieran olvidar o desconocerlos, los mecanismos para modificar la Constitución y el espacio para su discusión están claros. Tal como ha sido nuestra larga tradición republicana, esta tarea le corresponde al Congreso Nacional, máximo depositario de la soberanía popular. Y aquí radica lo más disruptivo y grave del proyecto: se salta al Parlamento y lo descalifica como legítimo espacio deliberativo. Es un intento del Gobierno de la Nueva Mayoría por privar a aquél de lo que han sido sus atribuciones y responsabilidades tradicionales en una democracia representativa y un Estado de Derecho.

Parece oportuno recordar que el nuevo Presidente del Senado, Senador Andrés Zaldívar, declaró recientemente con ocasión de su elección: “Ha sido un proceso de participación ciudadana que se debe valorar y considerar. Sin embargo, hay que ser claro, la facultad constituyente está radicada en el parlamento. Será en esta sede donde debemos decidir el contenido de nuestra carta fundamental de acuerdo con las normas vigentes de nuestra constitución“.

Una mención especial merece la justificación del ministro Eyzaguirre para impulsar este proceso: la supuesta ilegitimidad de la Constitución, explicación que no es compartida por destacados políticos y constitucionalistas de su propia coalición de gobierno. Sin ir más lejos, el ex Ministro Jorge Burgos nos recordaba recientemente que dicho argumento es “feble”, considerando las más de 30 reformas que en plena democracia ha tenido el texto constitucional así como su aplicación y respeto riguroso durante los últimos 25 años. En este sentido, la justificación del ministro Eyzaguirre parece más bien un último intento desesperado del Gobierno por mantener vigente un proceso constitucional que solo genera más dudas que certezas, prefiriendo ahondar en una reforma que solo causa incertidumbre en momentos que los chilenos reclaman confianza y certidumbre.

Considerando que el actual Gobierno tiene un nivel de apoyo que roza el 20% y que sus reformas generan amplio rechazo entre los chilenos, cabe preguntarse si es el momento más oportuno y adecuado para presentar un proyecto de esta naturaleza. Un gobierno que ya se encuentra en una fase terminal, y que ha demostrado tener un diagnóstico errado de los problemas que afectan al país y una enorme incompetencia para diseñar e implementar sus reformas, solo hace presagiar que ésta será otra de sus malas reformas, sumando a su triste legado una reforma disruptiva en lo constitucional.

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El capital periodístico

Nuestra sociedad parece haber tomado nota de la emergencia de un nuevo actor en la hoy por hoy agitada vida política chilena. La presencia de dos pre-candidatos presidenciales como Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez anuncia la aparición innegable del periodista en el campo político, ya no solo como espectador o mero transmisor de informaciones, sino que como agentes activos del campo.

¿Cómo se explica este nuevo fenómeno? En realidad, la novedad se entiende mejor si miramos como se ha configurado nuestra esfera pública a lo largo de nuestra historia. Durante buena parte del siglo XIX y del XX, la política era esencialmente en nuestros países un asunto de abogados. Los años 70 marcaron la irrupción de los economistas como protagonistas del campo, confirmando con ello la relativa permeabilidad de la política a otro tipo de capitales. Los años 80 y 90 marcaron la irrupción de lo que Alfredo Joignant define como Tecnopols, cuya combinación de capitales técnicos y políticos prometía resguardar el largo tránsito de la dictadura a la post-dictadura.

Hoy, a la luz de todas las encuestas, la fortaleza de esta configuración del campo da muestras serias de fractura. La desconfianza en las instituciones, sobre todo en aquellas que son producto de la democracia representativa, es su síntoma más elocuente. Todo indica que este tipo de capital político ha comenzado a descapitalizarse, promoviendo con ello una mayor receptividad del campo hacia otros tipos de capital.

Bourdieu no tuvo dudas en señalar que el periodismo se constituía en la actualidad como un campo relativamente autónomo. Este espacio social estaba compuesto por unos agentes, los periodistas, cuyo principal producto es “ese bien altamente perecible que son las noticias”. Al interior del campo, los agentes compiten  por acumular un cierto capital, bajo la forma de una carrera, cuyo principal trofeo consiste en “conquistar la prioridad”. Es decir, los agentes y sus medios, estarían permanentemente a la búsqueda de los llamados “scoop” o golpes noticiosos.

Esta imagen tan clara se ha modificado, al menos desde hace un par de años, por varias razones. En primer lugar, por la decadencia de un discurso periodístico centrado en la neutralidad. Hoy los profesionales de la prensa y los medios no tienen temor a ser más opinantes ni ocupar un rol de vigilancia –gatekeeper – frente a las autoridades. En ese sentido, la búsqueda del golpe periodístico resulta hoy por hoy menos central que la defensa de un cierto rol público en la profesión. Por otro lado, la doble dependencia del periodismo, de la que habla Patrick Champagne, nos somete a una encrucijada. La dependencia de la profesión tanto al campo económico como al político, parece haber orientado la profesión hacia un espacio cada vez más editorial. Los casos de corrupción y la emergencia de los movimientos sociales han demandado de los periodistas una toma de posición bastante más relevante de la que observamos en los años 90.

Tomando en consideración estas coordenadas, ¿qué nos enseña el caso de Alejandro  Guillier y Beatriz Sánchez? Primero, nos dice que el capital periodístico puede originarse en el espacio de la prensa, pero se capitaliza y consagra solo en otros dos espacios de la profesión: la radio y la televisión.  La notoriedad pública se alcanzaría entonces en una combinación de visibilidad, arrojo, coraje y credibilidad, acreditada a lo largo de una carrera profesional en el campo. Son estos atributos los que instalan hoy en día a ambos candidatos como verdaderos bastiones morales. Ambos cercanos, ambos instalados en el imaginario de una izquierda en plena reconfiguración, su figura no puede más que levantar sospechas entre los viejos detentores del campo político. 

 

 

 

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¿Quién ganó la Guerra Fría?

LA HISTORIA es una ciencia veleidosa y por eso mismo engañadora. Al vivirla, leerla o interpretarla, muchas veces persiste en nosotros la convicción de que ciertos procesos quedaron nítidamente establecidos y zanjados, y aunque transcurran décadas, siglos o milenios, la certeza que tenemos sobre ellos permanece inmutable. Es el caso, por ejemplo, de la Guerra Fría, fenómeno que todos daban por muerto pese a que cobró una inusitada actualidad durante la última campaña presidencial en Estados Unidos: basándose en la retórica incendiaria del entonces candidato Donald Trump, varios analistas y expertos concluyeron que en el ambiente electoral flotaba un distinguible tufillo a Guerra Fría. Meses después la Historia, juguetona a fin de cuentas, nos ofrece una perspectiva diferente y más dramática, esto a raíz de las revelaciones de la comisión de Inteligencia del Senado estadounidense en relación a los vínculos entre el gobierno ruso y Donald Trump.

Hasta hace poco, lo que todos daban por hecho era que Estados Unidos había derrotado a la Unión Soviética gracias a la sagacidad del presidente Ronald Reagan y, por el lado opuesto, debido al insoportable descalabro económico que venía soportando el imperio soviético. Hoy en día, sin embargo, existen nuevos ángulos para juzgar lo mismo. En 1987, poco antes de que se declarara el fin de la Guerra Fría, Reagan, afectado ya por el Alzheimer, apenas se enteraba de lo que ocurría a su alrededor. Tanto así que Howard Baker, el jefe de personal de la Casa Blanca, pidió en ese entonces un informe para establecer si el Presidente estaba o no en condiciones de continuar ejerciendo el poder hasta el final de su período. Hacia el ocaso de su gobierno, el Mandatario ni siquiera recordaba los nombres de los miembros de su gabinete.

Ahora bien, mientras estuvo lúcido, Reagan manifestó una voluntad de hierro. Así quedó demostrado en uno de los programas más importantes de su gobierno: en 1983, basándose en un guiño a la ciencia ficción más que en la evidencia científica, el Presidente lanzó la célebre Iniciativa de Defensa Estratégica, convencido de que un cerco de misiles espaciales sería útil para derrotar a la URSS. Con bastante razón, la prensa se mofó del asunto llamándolo Star Wars.

Llegado a este punto, debo aclarar que la intención de esta columna no es atacar a Reagan ni, mucho menos, mancillar el legado de su presidencia. Por el contrario: cualquiera, incluyendo al ex presidente Obama, es capaz de encontrar rasgos admirables en su gobierno. Como sea, lo que quiero destacar es que el proclamado vencedor de la Guerra Fría fue un tipo que gozó de una tremenda fortuna, de una buena suerte fuera de lo común. Eso quería decir Robert McFarlane, el asesor de seguridad de la Casa Blanca durante la era Reagan, cuando se maravillaba de que “el presidente sabe tan poco y consigue tanto”.

La ironía es francamente brutal para los tiempos que corren: supongamos, aunque sea por un instante, que Reagan no ganó la Guerra Fría, y que ésta, como su nombre lo indica, permaneció congelada por décadas en el olvido colectivo de Occidente. Ello hasta que los rusos, haciendo gala de esa escalofriante paciencia eslava que venció a Hitler, dieron el último golpe, letal y magistral a la vez: pusieron a su propio hombre a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, la antigua potencia archirrival. Las investigaciones del Senado estadounidense proveen cada día mayor evidencia de los vínculos entre el gobierno ruso y la campaña presidencial de Donald Trump. No hay dudas: la Historia es veleidosa y juguetona, cuando no aterradora.

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Democracia a la carta

LA DESORIENTACIÓN en la que se encuentra la izquierda democrática no termina de tocar fondo. La velocidad con que se decretó un futuro post neoliberal, luego de la crisis financiera del 2008, se ha visto superada por el avance de los populismos en las democracias occidentales. Encuentra por estos días a su expresión socialdemócrata, luego del batacazo experimentado en las recientes elecciones holandesas, poniendo sus fichas en Martin Schultz. Se espera de él que pueda poner fin a la era Merkel. Sin embargo, en las recientes elecciones en el Sarre, el partido de la canciller resistió bien los embates. Más duro es el periodista John Carlin. Para él, si hubiera sido otro quien estuviera al frente del laborismo y no Corbyn, la salida del Brexit se habría evitado.

Pero su crisis de identidad ideológico-política, atribuida un tanto simplistamente a su inclinación por políticas de corte socioliberal, se acompaña de cierta confusión -a veces utilitaria- acerca de los desafíos que enfrenta la democracia. El término, como diría Bernard Crick, es el más promiscuo en el mundo de los asuntos públicos. ¿Será eso mismo lo que impidió anticipar los niveles en los que se vería prostituida? Cosa de ver Venezuela.

Un ejemplo lo entrega el Partido Socialista Español (PSOE) que, no sin dificultades, se mantiene como el principal partido de oposición. Sus primarias, con perspectivas ásperas, serán a tres bandas. Pedro Sánchez, su anterior secretario general, primero elegido vía primarias y artífice de sus peores resultados históricos, en 2016, podría terminar arrojándolo en brazos de un Podemos, hábil no sólo en la pirotecnia verbal sino también en el arte de eclipsar a sus socios. ¿Alguien escucha hablar hoy de Izquierda Unida?

Defenestrado en el último comité federal, las consignas encauzan su revancha: “Militancia o aparato” y “elegir entre un PSOE del siglo XX o siglo XXI”. Partió tempranamente su campaña recolectando financiamiento a través de un crownfunding. Debió cerrarlo, obligado por los órganos centrales, para plegarse a una norma de partidos que se ve superada por la irrupción de plataformas bajo demanda. Los militantes pueden expresar sus preferencias mediante votos, pero no pueden hacerlo con sus euros.

El Partido Socialista, su homónimo en Chile, acaba de suspender la realización de la consulta ciudadana que se había impuesto para elegir su candidato en las primarias legales. Cumplir las exigencias de refichaje transmitía la impresión de tener musculatura para hacerla. Que la potestad de decisión se transfiera al comité central, parte de su institucionalidad, no es de antemano reprochable. Pero sí el uso meramente táctico del mecanismo, mientras las encuestas son miradas de reojo. Además, lo sorprendente no es que el partido de la Presidenta replique su misma incapacidad para impulsar liderazgos alternativos sino que sea el que más apele, de manera recurrente, a la participación ciudadana como una de las formas de enfrentar la crisis de la propia democracia.

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El cuarto año de gobierno: el último apaga la luz

*Esta columna fue escrita junto con Gonzalo Serrano del Pozo Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez.

A un año de que finalice el segundo gobierno de Michelle Bachelet, las impresiones que genera el ocaso de este periodo no pueden ser sino negativas, percibiéndose una sensación de malestar generalizado en el ambiente. Este es quizás uno de los pecados más graves de Bachelet, su gobierno pareciera no dejar satisfecho a nadie, ni a la oposición ni a la coalición que la apoyaba.

Aunque algunos han querido denostar a la mandataria calificándola de populista, habría que decir que si bien en lo campaña lo fue, prometiendo, por ejemplo, la gratuidad en educación, en la práctica, no lo ha sido. Quizás, más por falta de carácter y apoyo que de ganas. La mejor demostración de su impopularidad es que no existen sectores duros que se cuadren con ella y que defiendan a rajatabla su gestión. Sería impensable ver después del 11 de marzo de 2018 expresiones populares a su favor como una marcha o un grafiti lamentando su salida, como sí ha sucedido con gobiernos populistas como los de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil o la Sra. K en Argentina. La propuesta bacheletista que se encarnó en una coalición que ella misma bautizó como Nueva Mayoría, simplemente se desfondó.

Culpar a la oposición de no poder cumplir con el programa sería una respuesta facilista para un tema que reconoce bases diferentes. En términos simples, fue la propia Nueva Mayoría la que merced a su incapacidad técnica, abortó sus propias reformas antes siquiera que pudieran cuajar. Hay problemas respecto de los cuales hubo consenso amplio, como el estado paupérrimo en que se encuentra la educación pública. Se pudo haber partido por mejorar la educación municipal como un punto en común y no haberse desgastado en aquellos en los que había disenso como la propiedad de los colegios o la gratuidad universal. Pero no, había que gobernar para la galería imaginaria. Resultado: ni los estudiantes, ni los profesores, ni las universidades, ni la oposición quedó contenta. Lo único que los une en este momento es que todos encuentran que la reforma es mala.

Los últimos cambios de ministros han dejado en evidencia la falta de interés de su coalición por ser miembros de una tripulación de un barco que pareciera hundirse lentamente, sin mayor remedio. Los ministros de Bachelet nos recuerdan a los músicos del Titanic que siguen tocando a pesar de la debacle, conscientes de que hipotecaron la opción de ser partícipes de un nuevo gobierno.

La elección de Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado es una muestra de esta situación, si no es posible encontrar aprobación pública, al menos hay recompensar al grupo cada vez más menguado de leales. A Michelle Bachelet pareciera que ya no le interesa revertir los pésimos niveles de aprobación que posee. Más importante resulta blindar a los que la acompañaron en esta procesión y que, alguien pudiera sugerir, podrían destapar la interna de un gobierno que si por fuera se ve malo, por dentro puede estar podrido.

Quizás la mejor analogía que permita comprender este último año de Bachelet a cargo de la presidencia de la República sea el de una resaca. Nos referimos a esa sensación de que nada de lo que se haga en el día será de utilidad y que todos los esfuerzos por tratar de revertir la sensación de malestar serán en vano. A este gobierno le pasa lo mismo, solo quedan 365 días.

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El futuro de la gratuidad universitaria

La crítica

La semana pasada, rectores de universidades privadas suscritas a la gratuidad, lanzaron críticas por los problemas que ésta les traerá si el gobierno persiste en el proyecto de ley que busca perpetuarla. El programa de gratuidad que hoy se está implementando –recordemos- es de carácter transitorio (fue implantado a través de la ley de presupuestos que se vota cada año) y cubre a los alumnos de los 5 primeros deciles de ingreso. El proyecto de ley que se tramita en el parlamento, en tanto, pretende extenderla en forma permanente hasta la gratuidad universal.

La crítica se debe a que la gratuidad vigente está entregando recursos insuficientes y ha dejado a las instituciones con importantes déficits: $4.576 millones para la universidad Diego Portales y $4.247 para la Autónoma, por mencionar algunas. Y no se ve cómo esta situación podría mejorar; la DIPRES calcula que para 2020 el gasto comprometido por el gobierno superará a los ingresos fiscales en US$ 784 millones, de tal forma que, para mantener los equilibrios fiscales, no se puede gastar ni un peso más, e incluso, se deberá recortar gastos ya comprometidos.

La contradicción

Los rectores advirtieron que, en la medida que el gobierno persevere en el actual mecanismo, la falta de recursos se acrecentará. Excepto en el caso de las universidades estatales, para quienes sí se dispondrán recursos fiscales adicionales que permitirán compensar sus pérdidas.

La falta de recursos se agravará en un contexto de acreditación obligatoria –como pretende imponer la reforma del gobierno-, pues con déficits económicos es difícil que las universidades gratuitas logren alcanzar los estándares necesarios para cumplir con ella (especialmente en materias de investigación). La contradicción entonces es evidente: una universidad privada que quiera gratuidad para sus alumnos, no recibirá del fisco los recursos necesarios para acreditar la calidad que el mismo Estado paralelamente le exigirá.

Cómplices

Me parece bien que los rectores den cuenta del problema y exijan una solución por parte del gobierno. Sin embargo, como bien dijo la Ministra de Educación, la adscripción a la gratuidad fue voluntaria. Los rectores sabían desde un principio que la fijación de aranceles contemplada por el gobierno llevaría a un sub financiamiento y que mientras no hubiese una ley permanente que estableciera un mecanismo definitivo, quienes aceptaran la propuesta estarían sumidos en la incertidumbre.

Por ello, los rectores que aceptaron someter a su universidad a dicha incertidumbre, fueron cómplices del gobierno en una pésima reforma. Y es que fue gracias a su aprobación que esta iniciativa se legitimó y sentó las bases para avanzar en ella en el futuro. Si las universidades hubiesen rechazado inicialmente el precario acuerdo con el gobierno, éste se habría visto en la obligación de hacer mejor las cosas para cumplir con su más emblemática promesa de campaña.

¿Y ahora quién podrá salvarlos?

La cordura. Sólo queda esperar que las personas sensatas que estoy segura hay dentro del gobierno y el oficialismo, le exijan responsabilidad a los populistas que quieren seguir adelante con un mecanismo deficitario. Que piensen en el país, en los alumnos de hoy y mañana, y en el futuro de la educación superior; que pongan los pies en la tierra y hagan una reforma que contribuya a resolver los problemas de acceso, pero que no atente contra el progreso del sistema de educación superior.

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Opeth: da confianza

Antes de iniciar el bis el líder Mikael Åkerfeldt repasa el rasgueo de Faith de George Michael y habla de los placeres culpables. Rato antes pidió paciencia mientras afinaba la guitarra entre chistes que iban y venían entre él y la audiencia. Mikael -Miguelito según los gritos de la fanaticada que repleta el miércoles por la noche el teatro Nescafé de las artes- está encantado con su público favorito en el mundo, como ha declarado sobre Chile en revistas especializadas de la talla de Spin. Ha bromeado toda la cita con la gente que no para de exigir temas. A veces el líder de la banda sueca coge alguna solicitud, cortes que claramente no están en el listado, y se lanza con lo que recuerda mientras los músicos lo siguen a tientas, el ambiente da para ese tipo de licencias. Casi siempre son composiciones antiguas, cuando se trataba de un grupo de death metal con voces guturales. Pero Opeth no es como la mayoría de las figuras del rubro, sino que pertenece a esa categoría decidida a desafiar a sus seguidores en general reacios a los cambios, para correr los cercos y abrir sus oídos, buscando cosechas en un territorio en apariencia yermo. Como si se tratara de la parábola de los talentos, Opeth invirtió su capital para maximizar sus habilidades técnicas que son sencillamente impresionantes, abarcando distintos estilos con pasmosa elocuencia, raíces que hurgan en el rock progresivo, el jazz, la fusión, e incluso cierta rítmica latina gracias al fluido estilo del bajista uruguayo Martín Méndez complementado a la perfección por el virtuoso baterista Martin Axenrot, oscilante entre patrones matemáticos y el relajo sin transar precisión.

Aunque Opeth trae en esta visita un álbum como Sorceress (2016), excedido en guiños a los clásicos progresivos de los 70, y cuya canción homónima abrió la gala previa al show oficial de esta noche en el teatro Caupolicán, el aplomo en la interpretación junto a la complicidad con el público chileno, hicieron memorable la jornada como suele pasar con sus conciertos. A ratos parecía un show de stand up por los diálogos y bromas constantes de Mikael, también por el griterío aclamando a cada músico incluso mediante apodos. El guitarrista Fredrik Åkesson fue vitoreado al grito de “Peluca”.

Opeth repasó material antiguo como The Grand conjuration de Ghost reveries (2005), que mejora una enormidad respecto de la original, Demon of the fall de My arms, your hearse (1998), y piezas más recientes como The Devil’s orchard de Heritage (2011) y Cusp of eternity de Pale comunnion (2014). Puede ser chovinismo, quizás, pero es casi seguro que Mikael Åkerfeldt seguirá declarando que su público favorito en el mundo está en Chile.

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Socialistas a la deriva

LA DECISIÓN de la dirección del Partido Socialista de no realizar la consulta ciudadana a través de la cual elegiría a su abanderado presidencial, y traspasar la decisión al nuevo Comité Central, es una didáctica expresión de por qué hoy existe una brecha de desconfianza, cuando no de indiferencia, entre los ciudadanos y la representación política, pero más profundamente de cómo hoy se entiende que se debe construir un liderazgo.

Una de las razones para suspender la consulta ciudadana es que los dos candidatos con militancia socialista -Insulza y Atria- marcaban poco en las encuestas. El próximo Comité Central elegirá ahora entre un candidato que también marca poco (Lagos) y otro que marca, pero que de pronto puede dejar de hacerlo o estancarse (Guillier). ¿Es bueno Guillier por su posición en las encuestas o porque tiene un programa que identifica a los socialistas? ¿No se debe apoyar a Lagos porque no se comparte su visión o porque no despega en las encuestas? ¿Y si comenzara a despegar habría que apoyarlo?

El drama de un partido que reemplaza su reflexión, y la construcción de su programa y de liderazgos propios, por lo que dicen las encuestas es que queda al desnudo que carece de un proyecto político y, lo que es peor, quizás no le interese tenerlo. Lo principal pasa a ser conquistar o retener el poder, no lograr el poder para llevar adelante un programa. El pragmatismo deja de estar al servicio de un proyecto político y se transforma en el proyecto mismo.

Cuando la ideología pragmática reemplaza al proyecto es lógico que el candidato se elija por encuestas. También lo es que el partido político se vacíe de contenido y se despolitice. Mantener el partido despolitizado es condición de funcionamiento de una política sin proyecto. La consecuencia de esta despolitización al interior de los partidos, incluye el reemplazo de la clásica militancia política por un “militante ficha” (aquel que apenas sabe en qué partido se encuentra pero que es movilizado para las elecciones) y el desplazamiento del dirigente político por el “operador”.

Quienes tuvieron la posibilidad de ver de cerca la reciente elección del Partido Socialista -fenómeno extensivo a otras tiendas políticas- pudieron percatarse de que existen dos partidos en uno: un “partido militante” y un “partido clientelar”; este último conformado a partir de redes de índole estatal, municipal o parlamentaria. En elecciones internas el acarreo del “partido clientelar” tiene todas las de ganar e imponer su “mayoría” frente al “partido militante”.

Los partidos políticos son fundamentales para un sistema democrático, pero ciertamente, no partidos despolitizados, sin proyecto, gobernados por encuestas o capturados por redes clientelares. Los socialistas habían dado algunas muestras de vitalidad con su refichaje. El paso siguiente era buscar reconectarse con la ciudadanía y los movimientos sociales. La bajada de la consulta ciudadana ha significado para los socialistas un grave retroceso en la posibilidad de ese reencuentro.

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Nación y república: respuesta a Miguel Vatter

El 15 de marzo, Miguel Vatter comenta nociones sobre las que he venido reparando en artículos de prensa. Entiende que la idea republicana por la que abogo no coincidiría con la “tradición republicana moderna”. Que en ella se trataría de atribuirle funciones a las distintas partes del cuerpo político, y el mando a los mejores, o los más ricos. Plantea que el “principio nacional” que sostengo –“integración de todos los grupos en una cierta forma de existir común”–, sería excluyente, pues “necesariamente debe determinar quiénes representan esa ‘cierta forma de existir común’ y quiénes no”. En fin, indica que, según el principio republicano, debiese avanzarse hacia el federalismo y darse reconocimiento a las comunidades locales. Federalismo e integración, en cambio, serían “antónimos”.

Sabe Miguel Vatter que “republicanismo” y “nación” se dicen de muchas maneras.

El republicanismo admite diversos sentidos. Ciertamente, ligado a democracia, puede significar que el poder reside en el pueblo. Pero también cabe que signifique, simplemente, oposición a la monarquía. En Kant, el término adquiere un sentido preciso: republicano es el régimen donde el poder ejecutivo y el legislativo se hallan separados. Es en este sentido que uso la idea de republicanismo.

Una tal definición permite distinguir lo republicano del principio nacional, al modo en el que lo entiendo, y que incluye el elemento democrático o popular. Además, esa definición posibilita discernir algo que se pierde si sólo se enfatiza el elemento democrático en la noción de republicanismo, pues bien sabemos quees pensable un gobierno popular sin división clara del poder.

¿Qué persigue el principio republicano? Dividir el poder, bajo la idea de que cuando se lo divide, y en la medida en que los poderes divididos se limitan, los sometidos a él alcanzan mayores grados de libertad. Esta idea, luego de la revolución tecnológica, exige ser expandida a la consideración de la relación del Estado y el mercado: si todo el poder –político y económico– está concentrado en el Estado o todo el poder en grandes grupos económicos, la libertad de los sometidos a esos poderes se debilita o sucumbe. Y es la misma idea la que está tras la defensa, que vengo planteando hace tiempo, de la división territorial del poder.

La nación puede ser, ciertamente, un concepto excluyente, por ejemplo, cuando se la liga a la raza o al colonialismo. Pero también puede ser un concepto que explícitamente se haga cargo del problema de la integración. Benedict Anderson ha mostrado la distancia entre una idea anclada en la biología, como la de racismo, y el nacionalismo como concepción eminentemente cultural. En Chile, y no en último término debido al mestizaje, a la existencia de pueblos originarios y a olas de inmigración que no se han detenido, el pensamiento nacional ha poseído, en su etapa más reflexiva, un carácter integrador, poroso, antioligárquico o popular. Es lo que han mostrado, entre otros, Jorge Larraín y Bernardo Subercaseaux. Decir que para el nacionalismo la integración es “siempre” “reducción de la diferencia” o “necesariamente” excluyente importa desconocer las consideraciones anteriores.

El principio nacional y el republicano se hallan en tensión, en la medida en que uno apunta a la integración (de lo diverso) y el otro a la dispersión. Pero pueden operar en una tensión productiva. Así ocurre, en el caso del federalismo. El principio federal se dirige a la división del poder territorial. Estaría del lado de la idea republicana de la división el poder. Pero, a la vez, puede volverse base de una política compatible con la integración nacional, pues permite otorgarle más poder político a las comunidades no-capitalinas; lograr mayor igualdad social, económica y cultural entre Santiago y las provincias; dar, de esta forma, cabida política articulada a las diferencias que ha de reconocer un principio nacional no excluyente, sino popular.

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Intereses ideológicos

NUESTRA SOCIEDAD se ha vuelto crecientemente inquisitiva, cuestiona a quienes tienen poder y, bombardeada de información, exige transparencia a todos los actores sociales. Un signo de nuestros tiempos es la lucha contra la opacidad que permite ejercer una influencia engañosa, usando en beneficio personal los espacios que son propios de la deliberación o de las decisiones de interés común.

Así los políticos y las autoridades del Estado deben declarar sus intereses; incluso las personas que participamos del debate público haciendo análisis debemos transparentar nuestro domicilio político o nuestros intereses. Estaría muy mal que yo usara este espacio para promover agendas particulares o que comentara la actuación de quienes ejercen funciones políticas ocultando que tengo una opción personal definida.

En esta tarea de aportar transparencia, la prensa y los periodistas ejercen un rol fundamental, porque al informar hacen posible el llamado control social del poder. Ello ha llevado a entender que entre el periodismo y la política, por ejemplo, hay una relación de coexistencia, pero de independencia. El que quiere ser periodista asume la opción de no ser, al mismo tiempo, político, así como el árbitro no puede ser también jugador.

Es verdad que las concepciones tradicionales han ido cambiando y ha surgido un estilo de periodismo “militante”, que tiene posición, que no solo informa o denuncia hechos, sino interpreta y acusa, convirtiendo a algunos periodistas en líderes de opinión, tanto o más influyentes que el parlamentario más connotado. Pero la línea se ha corrido a un punto que, en mi opinión, merece ser analizada en su legitimidad.

Es perfectamente probable que, en la próxima elección, dos de los tres candidatos más competitivos sean periodistas de connotada trayectoria anterior. El senador Guillier fue largos años rostro de un canal de TV y el periodista de mayor credibilidad del país. Beatriz Sánchez, ejercía el periodismo hasta hace unas pocas semanas, ¿es razonable que haya entrevistado al expresidente Lagos, de una manera particularmente ruda, para luego -casi inmediatamente- convertirse en candidata y competir contra él?

No me parece que esto supere el estándar de transparencia que se exige hoy a otras figuras públicas. No estoy sugiriendo que ellos no puedan ingresar a la política y ser candidatos, pero creo que el público tiene derecho a saber si un periodista tiene un compromiso ideológico tan fuerte y específico, como para llegar a competir por la presidencia de la República en representación de determinados partidos. Al menos debiera dejar transcurrir un tiempo entre una actividad y otra, porque lo que hizo la candidata del Frente Amplio es un tipo de puerta giratoria.

La antigua expresión que reza “quién custodia a los custodios” se aplica también al periodismo. De hecho muchos de ellos harían bien, cuando hablan de “los poderosos”, en comenzar a decir “nosotros los poderosos”, transparentando sus intereses ideológicos, porque actualmente ejercen una de las cuotas más importantes de poder y si la utilizan en beneficio de convicciones militantes, o agendas personales, tenemos derecho a saberlo.

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