Álvaro Bisama's Blog, page 148

La Franja de la Post Verdad

A esta década en política se le ha llamado de la Post Verdad, que el diccionario Oxford define como: “Circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”; en otras palabras, le creemos más al show que a la realidad. El ícono de la Post Verdad fue la campaña presidencial de Donald Trump.

Cuando llevamos esto al plano local y observamos la franja electoral de las primarias, iniciada la semana pasada, vemos que el principal inconveniente de ésta no es su transmisión. El objetivo de que todos los candidatos -independientes de su poder adquisitivo- puedan tener su espacio en la televisión abierta me parece bien; el problema que tiene nuestra franja presidencial es que se ha transformado en la venta de un producto (candidato) y no en su objetivo primario de informar sobre el qué y el cómo se lograrían las propuestas de sus diferentes programas de gobierno.

Hace ya bastante tiempo que el marketing se tomó este espacio televisivo, pero sus creativos han olvidado algo que es clave y es que, tanto para un producto determinado, como para un candidato, junto al carácter comercial del anuncio debe incluirse un aspecto informativo y la franja no lo tiene, “vende” trenes, vacaciones, pensiones, salud, es casi un ofertón al mejor estilo all inclusive.

Mientras Mayol nos vaticina una crisis total con cataclismos, guerras y hambrunas; proponiendo a su vez conectividad vial, salud, educación y justicia social, por medio de la reasignación del dinero de las AFP, es que francamente parece que no ha entendido nada. Todas sus medidas requieren de un Congreso con el que no cuenta y no va a contar. Una de las características de la post verdad es la manipulación de los datos y cuándo nos dan información incompleta, se cae en eso.

Una cara totalmente distinta nos ofrece Beatriz Sánchez, al menos tiene la deferencia de no prometer cosas que se escapan de sus manos. Apelando a la emoción y a los sentimientos invita a los electores a votar por ella, es una campaña claramente comercial donde el producto es ella, de ideas sólo esbozos y uno que otro rostro, pero al menos es dinámica y entretenida a la vista.

Felipe Kast, a diferencia de Mayol, no habla sobre hechos consumados, sino que lo hace como propuestas, como lo que le gustaría hacer. Aunque su primera franja era sobre explotada en imágenes, con el paso de los días ha ido bajando la intensidad de la misma y agregándole toques de humor, lo que se agradece. Muestra equipos, muchos del ex gobierno de Piñera y además logra esbozar algunos principios liberales que le han permitido desmarcarse de la derecha tradicional; sin embargo, su primo José Antonio sigue siendo su sombra, el apellido común confunde entre quién propone un programa de gobierno basado en la Biblia y Felipe que pretende recoger lo mejor de Harvard y La Habana.

En el caso de Piñera, él partió mirando desde la ventana de una moderna oficina y aceptando que está dispuesto a ser nuevamente candidato porque Chile lo necesita; esa imagen mesiánica de su primera franja fue algo extrema, con los días ha empezado a transmitir una mayor cercanía con la gente, algo que evidentemente no le queda cómodo, afortunadamente para él, Cecilia Morel sí encarna esa cercanía. De igual manera pretende transmitir una imagen de estadista que tampoco le queda, el exceso de escudos, estrellas y banderas -tan republicano o derechista- apela exclusivamente a un público: el adulto conservador. ¿En qué minuto el empresario liberal se transformó en un cauto conservador? Quizá en el mismo momento en que dejó de ser Cruzado y se hizo colocolino, pero eso es otra historia.

Volviendo a la post verdad, la omisión es otra de sus tradicionales características, cuando Piñera muestra un esbozo de su gobierno, también cae en ello; si a eso se le suma el ofertón cómo subir los días de vacaciones, ya llegamos al populismo en su mayor expresión.

Ossandón es caso aparte, no sólo por su obsesión beligerante para con el ex presidente Piñera, sino que también porque sus recursos son escasos, reduciéndose al abrazo y el beso, propios de una campaña del siglo pasado y el resto del tiempo, en vez de dedicarse a mostrar ideas y equipos para gobernar, lo destina -en su estilo campechano, pero latifundista a la vez- a criticar el anterior gobierno de derecha, evidenciando otra característica de la Post Verdad: la “demonización del adversario”, en este caso Piñera.

Las franjas, unas más otras menos, caen en este concepto de la Post Verdad. Sería conveniente que, junto con verlas, los ciudadanos vayan analizando que tan factibles son de llevar a cabo las propuestas que nuestros candidatos prometen y les exijamos acto seguido que demuestren cómo lo planteado es posible de lograr. Ese es un desafío que dudo mucho los candidatos puedan lograr.

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Oportunidades al talento para el crecimiento

CONSTRUIR UNA  sociedad más inclusiva es crucial para elevar nuestro crecimiento económico. En 1960, el 94% de los abogados y médicos estadounidenses eran hombres blancos. En 2010 ese porcentaje cayó a 62% producto del aumento en mujeres y personas afroamericanas. Entre esos años el PIB per cápita de EE.UU. aumentó de 17.000 dólares a 48.000 dólares. La evidencia indica que cerca de un cuarto de dicho incremento se explica por la mejor asignación de talentos asociada a la mayor inclusión.

La incorporación de más mujeres y personas de distintos orígenes a la economía permite no solo construir una sociedad más justa, sino también potenciar el crecimiento de manera significativa. Y en nuestro país tenemos un gran desafío en esta materia. Algunos ejemplos: las mujeres representan un 6% de los directorios de sociedades anónimas abiertas; gran parte de los gerentes de nuestras empresas vienen de un número acotado de colegios; mientras 5 de las 20 empresas más grandes del mundo no existían 25 años atrás, en Chile, las 20 empresas más grandes tienen al menos 25 años.

Inclusión, innovación y emprendimiento van juntos. Nuestro país necesita que la innovación se transforme en una fuente de ventaja competitiva y que el emprendimiento genere nuevas empresas capaces de contribuir a la sofisticación de nuestra matriz productiva. La única forma en que vamos a cumplir estos objetivos es generando oportunidades al talento que tenemos en nuestro país. Por eso en la Agenda de Productividad le hemos asignado un papel central a la democratización del emprendimiento y la innovación.

Democratizar el emprendimiento requiere avanzar decididamente en simplificación de trámites. Como gobierno estamos implementando la plataforma digital Escritorio Empresa, que ofrece una serie de soluciones para crear y operar una empresa, reduciendo tiempo y recursos.

Desde que asumimos, hemos aumentado en 55% los recursos destinados al emprendimiento. Esto se traduce en más de 1.000 emprendedores innovadores apoyados a través de Corfo anualmente, en la creación de una red de 36 coworks a lo largo del país, y en que nuestras startups puedan recibir financiamiento de nuevos fondos de etapa temprana.

La internacionalización de nuestras empresas es crucial. Por eso es un gran logro la reciente incorporación de Chile a la red Eureka, una de las líderes en materia de emprendimiento e innovación en el mundo. Esto generará oportunidades a nuestras empresas para asociarse con centros de investigación y empresas extranjeras.

Democratizar el emprendimiento y la innovación requiere además mercados competitivos. Si las ganancias de coludirse son mucho mayores que las sanciones, no tendremos innovación. Si una empresa puede abusar de su poder de mercado para bloquear a una empresa emergente, no tendremos nuevos modelos de negocios que aumenten la productividad. Por eso la ley de libre competencia iniciada y aprobada en este gobierno es clave para nuestro crecimiento.

La tarea de generar un crecimiento sostenido requiere evitar recetas simplistas. No puede reinventarse cada cuatro años. Requiere una mirada de corto y especialmente de mediano y largo plazo. Requiere corregir errores y generar consensos mínimos. Solo de esta manera tendremos la posibilidad de seguir construyendo un mejor país.

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El pacto de Fausto

Durante esta semana, el Ejecutivo anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley que busca concretar una promesa de campaña de la presidenta Bachelet: el “trato preferente” a las universidades de propiedad del Estado. Originalmente, esto buscaba cumplirse a través del proyecto de Ley de Educación Superior actualmente en la Cámara de Diputados, pero con el objetivo de acelerar su tramitación, se presentó como un proyecto aparte.

El concepto de “trato preferente” es de larga data y ha tenido diferentes significados en la discusión pública. La agrupación de rectores de las universidades estatales (CUECH) se ha referido a la necesidad de reparar el “abandono” de estos planteles por parte del Estado, responsabilizando al Estado de asegurar su calidad. En la mayoría de los casos, esta discusión se ha materializado en la transferencia de más recursos fiscales para estos planteles.

Lo cierto es que el trato fiscal preferente para un grupo de instituciones ya existe, con la diferencia de que no es exclusivo para las universidades estatales, sino para las universidades que existían antes de 1981, usualmente denominadas “tradicionales”. Este trato se materializa en instrumentos de financiamiento basal (Aporte Fiscal Directo) y mejores becas y créditos para sus estudiantes (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Becas Bicentenario), entre otros, que el resto del sistema de educación superior no tiene. Las universidades pertenecientes al Consejo de Recortes de las Universidades Chilenas (CRUCH), entre las que se cuentan todos los planteles estatales incluyendo los creados el año pasado y nueve universidades privadas, gozan hoy de un trato especial que las universidades privadas creadas después de 1981, aunque algunas sean de mayor calidad y prestigio, no reciben.

El problema es, entonces, más complejo. Si ya existe un trato preferente para un grupo de universidades estatales y privadas en base a un criterio histórico y arbitrario, ¿qué hacer con las estatales? ¿Dejar el trato preferente solo para las universidades estatales y excluir a todas las universidades privadas? Considerando que en este grupo de universidades privadas “tradicionales” y “preferenciales” se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, ésta se vuelve una opción improbable. ¿Darles un trato aún mejor y crear tres “tipos” de universidad? Esto es lo que pretende hacer el proyecto de ley, pero no ha encontrado la recepción esperada. La reacción de las universidades estatales fue tibia hasta ayer, cuando el rector de la Universidad de Chile rechazó vehementemente el proyecto.

¿Por qué? Como ha sido el patrón de las políticas de educación superior de este gobierno, la gratuidad es un ejemplo, se propone a las universidades un intercambio forzoso: recursos fiscales a cambio de control gubernamental. El proyecto de ley de universidades estatales establece mecanismos de control directo, a través del nombramiento de un tercio de la junta directiva de todas las instituciones, e indirecto, a través de una participación en las instancias de financiamiento y de coordinación que se crean. El resultado para la Universidad de Chile es grave: hoy en su máximo órgano colegiado ejecutivo hay dos representantes de la Presidenta de la República de un total de 21 miembros (7%). Con el proyecto de ley, estos representantes serían 3 de 9 (33%). Como si fuera poco, también se excluiría la participación de estudiantes y no académicos en esta instancia, algo que hoy existe. SI esto no fuera evidencia suficiente de la intención controladora del gobierno, la bullada y finalmente “ilegal y arbitraria” destitución de la rectora Roxana Pey debiera ser una clara muestra, para la opinión pública, de que el gobierno está más que dispuesto a tomar el control de las universidades estatales, sin importar el costo.

Como el pacto de Fausto, la ambición de un trato preferente para las universidades estatales no será gratis, sino a cambio de su autonomía.

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No es razonable oponerse al Matrimonio Igualitario

El debate en torno al matrimonio igualitario –materia sobre la cual la Presidenta Bachelet acaba de anunciar el envío de un proyecto de Ley al Congreso– se transforma en una discusión entre sordos. Contra esto, quienes estamos a favor de la aprobación de dicha ley tenemos la obligación de escuchar mejor.

Los conservadores de Chile y el mundo que se oponen a dicha ley tienen muchos argumentos, algunos mejores que otros, obviamente. El mejor de ellos, el más robusto, es aquél que señala que la diferencia sexual entre hombre y mujer constituiría un bien en sí mismo pues hombre y mujer se complementan o equilibran como padre y madre en la generación de un medio de procreación y/o crianza (no se sabe si procreación o crianza pues esta diferencia queda escondida en el argumento conservador) del que los niños no debiesen ser privados, so pena de causarles un perjuicio, cuya especificación técnica nunca se pone a disposición.

Dicho medio propicio se podría constituir sólo bajo una fórmula: el padre está ontológicamente asociado al hombre y la madre a la mujer. Padre/madre no serían roles sociales, que pudiesen ser cumplidos por una combinación distinta a la de hombre/mujer, so pena de romper la complementariedad y con ello de generar un medio perjudicial para el niño.

Es esta fórmula ciertamente ontológica, igual al matrimonio heterosexual, la que el Estado debiese simplemente sancionar como matrimonio institucional. Evidentemente esto no se puede discutir, pero no porque sea verdadero, sino por su carácter: frente a algo así sólo cabe creer o no hacerlo. Ello no es distinto a cuando el pastor Soto nos llama a aceptar su interpretación de la Biblia.

Se trata de una petición de principios. Lo que los hombres y mujeres quieran hacer con sus instituciones, si no coincide con dicha ontología, sólo puede ser falso y además patológico, y ello con independencia de lo que ellos y ellas construyan de acuerdo a su sentido común, a su autocomprensión cultural y la deliberación democrática en tanto ciudadanos, pero sobre todo  —y este es el verdadero punto aquí— con independencia de lo que digan las ciencias empíricas.

No se trata de si el argumento conservador es de índole religioso o no. Se trata únicamente de que exige una creencia que no sólo no admite la posibilidad de su falsedad, sino que declara como falso y perjudicial lo que no se condice con él. El problema es que, nos guste o no, en sociedades plurales, diversas, que además se dicen democráticas, frente a este orden de debates y controversias, no contamos con otro patrón de racionalidad que el de las conclusiones de las ciencias empíricas, cuando ellas expresan amplios consensos, como es aquí el caso: no hay tal perjuicio para el niño en familias donde los roles parentales están asumidos por personas del mismo sexo.

No aceptar esta conclusión, no es razonable.

El mejor argumento de los conservadores no es razonable, no sólo porque tiene inconsistencias internas insalvables, sino que además porque apela a reglas del mundo, seguramente ciertas para ellos, pero de las cuales no sólo no existe evidencia empírica alguna, sino que además son ampliamente contradichas por las ciencias empíricas. Pese a los esfuerzos de sus defensores, la discriminación entre parejas heterosexuales y homosexuales respecto de la institucional matrimonial es final e inapelablemente arbitraria. Esa discriminación —que lentamente está siendo desalojada de la historia de todos los países modernos— está condenada a acompañar en un futuro no lejano a la doctrina “separate but equal” de la USA segregacionista racial de fines del siglo 19 y la primera mitad del 20.

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Niñez mapuche

El mundo indígena celebra por estos días el nuevo año. We tripantu para el pueblo mapuche, Machaca Mara de los aymara, Aringa Ora o Koro de los rapanui, Inti Raimi de los quechua, Huata Mosoj de los kolla. Las distintas ceremonias coinciden en el hemisferio austral con el solsticio de invierno, es una fecha cargada de profundos significados y marca el incio de un nuevo ciclo.

Es una ocasión para reflexionar una vez más sobre la realidad de la niñez mapuche. Los niños y niñas de la Escuela  Municipal G 816 de la comunidad mapuche de Temucuicui, han quedado otra vez en la mitad del conflicto. Por un lado hay una comunidad que reivindica sus derechos ancestrales y por la otra, procedimientos policiales en una zona altamente sensible y especialmente insegura para los niños.

Según los preceptos contemplados en todos los instrumentos internacionales de derechos de la niñez ratificados por Chile, en contextos de conflicto es prioritario considerar el interés superior del niño en las actuaciones de la fuerzas de orden, y  es obligación de todos los poderes de los Estados proteger a la niñez y garantizar sus derechos.

Creemos  que el estándar de actuación para las instituciones de orden público, debe ser más alto cuando existe la presencia de niñas, niños y adolescentes, y acorde con el principio de resguardo del bien superior del niño. En el caso de la Escuela de Temucuicui, si bien existía una orden emanada del Ministerio Público y que hubo agresiones hacia las fuerzas de Carabineros, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, en consonancia  con los  acuerdos internacionales firmados por Chile y las resoluciones judiciales en la materia, el procedimiento policial vulneraría esos derechos porque no consideró los efectos sobre la salud física y psíquica de los 70  niños y niñas presentes en la escuela.

Hemos conversado con las autoridades de Carabineros para manifestar nuevamente nuestra preocupación por el cumplimiento de los protocolos establecidos en materia de procedimientos policiales cuando hay niños involucrados.

Como Consejo Nacional de la Infancia, hacemos un llamado a Carabineros de Chile a respetar estrictamente el contenido de sus protocolos y hacer las investigaciones correspondientes  cuando se trasgredan dichos acuerdos, como lo ha dispuesto el Ejecutivo en esta ocasión.

El primer avance como sociedad democrática para que fructifique un diálogo eficaz, debe ser el respeto irrestricto a los derechos de la niñez en la zona en tensión.

Feliz año nuevo a todos los pueblos originarios y especialmente feliz We tripantu a los niños y niñas mapuche.

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Proyecto aborto

EL PROYECTO de ley de aborto ha llegado a su etapa final. Es el momento de decidir si se quieren hacer bien las cosas. Se ha acentuado la idea de que se trata de un proyecto de “mera despenalización” del aborto, pero no se entiende que los parlamentarios lo crean de verdad. Lo que están haciendo es incorporar una “causa de justificación”: autorizar a eliminar directamente a un ser humano inocente. Los senadores han contado con las indicaciones alternativas presentadas por el senador Zaldívar en orden a racionalizar la herramienta penal, sin tener necesariamente que legalizar la producción de la muerte directa de un inocente. Las comisiones especializadas no solo no han acogido las soluciones alternativas, sino que además han manteniendo problemas de técnica legislativa. Entre otras:

1. Se ha utilizado el eufemismo “interrupción del embarazo” para reemplazar la denominación exacta (y jurídica), de aborto. La interrupción del embarazo era el concepto utilizado por la lex artis médica para describir actos médicos destinados a salvar ambas vidas, aun cuando muriera el hijo en este proceso. En este proyecto, no queda claro si el concepto mantiene su significado, o muta a la de matar al feto en el vientre. El efecto es que, si se mantiene, los médicos estarán obligados a proveer “cuidados paliativos” en aquellos bebés que se mantengan vivos, sin que haya existido hasta ahora la elaboración de protocolos consensuados sobre lo que ello significa. ¿Se los dejará morir en una gaveta del hospital? O, ¿habrá que protegerlos del frío?, ¿habrá que alimentarlos?

2. Al menos dos causales se basan en indicaciones médicas para la autorización legal. Pero el proyecto mantiene garantías de ciertas acciones en salud sin exigir que los diagnósticos provengan de especialistas capacitados en dichas competencias. Frente a la inexistencia de dichas exigencias y careciéndose del equipamiento necesario para la gravedad del diagnóstico, es evidente que las autoridades de salud tendrán que recurrir a gastos adicionales que han sido obviados en la discusión pública.

3. El proyecto, en la causal de inviabilidad, se basa en un error basal: los médicos, incluso especialistas, aseguran que no están en condiciones profesionales de realizar diagnósticos de inviabilidad (o letalidad), sino solo de diagnosticar patologías congénitas o genéticas. Los pronósticos de sobrevida no son certeros, por lo que la decisión de certificar la letalidad sobrepasaría las capacidades de la ciencia médica actual. La falta de exigencia de profesionales idóneos, así como este error basal, generan incertezas .

4. Una discriminación social inaceptable es aquella que se produce al aceptar objeciones de conciencia solo a los médicos, pero negárselas al resto de los profesionales del equipo de salud.

Como se puede observar con estos ejemplos, independiente de la aceptación de fondo respecto a la necesidad de esta regulación, lo cierto es que este proyecto de ley mantiene incertidumbres inaceptables en un Estado de Derecho. Mi opinión sigue siendo negativa al mismo.

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La hora de los balances

LAS AUTORIDADES no han desaprovechado tribuna para dar cuenta de que en los últimos cuatro años nos habríamos transformado en un mejor país: bajo desempleo, caída en la pobreza y desigualdad, mayor acceso a la educación e importante inversión social, no obstante estar en un “contexto más restrictivo”. Lamentablemente, esta realidad está muy lejana a la que se vive en Chile.

Solo se han creado cerca de 99 mil puestos de trabajo al año, muy por debajo de los 255 mil del gobierno anterior. La administración pasada recibió el país con una tasa de desempleo cercana al 10%, terminando en marzo de 2014 con un nivel algo superior a 6%. Mantener el desempleo relativamente constante como lo ha hecho este gobierno (a costa principalmente de empleo por cuenta propia, mayormente sin acceso a seguridad social) no es comparable con esta rebaja de casi tres puntos.

Algo similar ocurre con las cifras de pobreza. Si bien ésta cayó entre 2013 y 2015, la lucha en su contra disminuyó en intensidad: mientras entre 2009 y 2013 nuestro país redujo la pobreza en 427.251 personas al año, en el período 2013-2015 la disminución anual cayó a 217.634 personas. Respecto a la caída en la desigualdad, el “logro” de reducción del Gini de 0,5 a 0,495 ocurrió gracias a una reducción de la velocidad de crecimiento de los ingresos, que afectó en mayor medida a los más ricos. Bajo este criterio Chile también estaría mejor si todos los ingresos cayeran, en especial el de los quintiles superiores, lo cual no parece ser el resultado de un país más próspero.

Tampoco parece del todo correcto justificarse en un “contexto más restrictivo”. La baja sostenida en nuestras tasas de crecimiento no se funda solo en un menor precio del cobre. Las políticas internas han generado incertidumbre y las malas perspectivas han deprimido la inversión. El bajo crecimiento y los compromisos adquiridos harán que el próximo gobierno, si quiere cumplir las metas de reducción de déficit, deberá recortar gastos por cerca de US$ 1.800 millones, lo que equivale a más del 80% del gasto anual en pensiones solidarias realizado por el Estado.

Es sabido que el beneficio de la gratuidad en educación superior solo es posible para quienes llegan a ella, oportunidad a la cual pocos estudiantes vulnerables logran acceder. Se optó por destinar millonarios recursos a este fin en vez de entregar herramientas durante la educación escolar para derribar las barreras que los grupos más necesitados tienen para alcanzar los niveles superiores.

La eliminación del copago reemplazó recursos privados por públicos, despreciándose la oportunidad de poder inyectar mayores recursos a la educación escolar. Además, con la exigencia a los sostenedores de ser dueños de los establecimientos, disminuirán aún más la disponibilidad de recursos que pueden dedicar a la educación de los niños.

Por último, políticas reconocidas transversalmente como valiosas -como la ampliación de beneficios del seguro de cesantía- son la materialización de reformas impulsadas por la anterior administración, las cuales no pueden ser atribuidas completamente a este gobierno. ¿Es Chile hoy un país más justo e inclusivo? Juzgue usted mismo.

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Padres ausentes: el talón de Aquiles chileno

El apego es un vínculo emocional que desarrolla el bebé con sus padres y que le brinda seguridad afectiva para su óptimo desarrollo. Esta seguridad emocional significa para el niño, ser aceptado y protegido incondicionalmente; para desarrollarse es fundamental la presencia y proximidad física de la madre, el padre u otro adulto significativo, de manera permanente.

Sin embargo, este vínculo está cada día más ausente en Chile. En algún momento, durante las últimas dos décadas, la clase media chilena entendió que ambos progenitores debían salir a trabajar al unísono, dejando a los hijos desde temprana edad solos, es decir al cuidado de “padres sustitutos”, ya sea en una guardería infantil, un kinder o simplemente con una nana. Pero esta suplencia nunca podrá reemplazar el apego hacia los padres, el cual necesitan los niños desde que nacen y durante toda su infancia. Lamentablemente para el país, la realidad es que los padres están cada día menos preocupados de sus hijos y más interesados en ganar dinero, en desarrollarse ellos como personas. Es este el individualismo que corroe actualmente a nuestra sociedad, y que conduce a un triste destino si las cosas no cambian radicalmente.

Se entiende entonces que se haya impuesto la consigna, el eslogan, que dice que “lo más importante es dar calidad antes que cantidad”, una burda manera de justificar la ausencia parental. Así, muchos padres han encontrado en dicha teoría la excusa para argumentar que en la crianza de los hijos es suficiente dedicar poco tiempo, siempre y cuando este reúna todo lo necesario. Sin embargo, existen proyectos que buscan darle más tiempo a los niños, en Colombia, Estados Unidos y muchas naciones europeas; en aquellos países ese argumento ya no parece convincente o aceptable, y los padres buscan ahora la forma de recortarle tiempo al trabajo para dedicárselo a los hijos.

En Chile los padres tienen exceso de trabajo, llegan exhaustos a la casa, están preocupados por el dinero, la salud, la seguridad y el futuro de ellos, y también de la familia. El poco rato que dedican a sus hijos, a menudo demasiado escaso, se ve opacado por otras responsabilidades y aunque tanto la madre como el padre quizás expresen permanentemente cuánto los quieren, los niños sienten pocas veces su presencia activa. Existen innumerables estudios que avalan esta inquietante y penosa realidad.

No estar con los hijos en calidad y cantidad desde que nacen, es un camino seguro hacia una adolescencia conflictiva. No da lo mismo que los niños de nuestro país estén siendo criados por una parvularia, una nana o los abuelos. Los padres deben ser los primeros actores en este gran desafío que enfrenta Chile, el mayor dilema para nuestra sociedad actual y el verdadero drama de nuestra juventud. Este drama, esta crisis, se gatilla por el abandono de los padres, por el no cumplimiento con su  mayor y más grande responsabilidad, como es el hecho de estar presentes para sus hijos e hijas, no por control remoto, sino que físicamente, creando lazos efectivos de apego.

Esta ausencia parental va generando graves problemas para los niños en áreas como la disciplina o los estudios, y enormes vacíos afectivos. No es de extrañar entonces que un 17% de los chilenos sufra depresión y otras enfermedades mentales, una de las tasas más altas del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Pero lo más complejo es que los niños de nuestro país están expuestos a padecer serios trastornos psíquicos por los motivos antes señalados, siendo Chile una de las dos naciones, junto con Corea de Sur, donde la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta año tras año, en vez de disminuir. Es hora de poner el freno de mano, analizar crudamente esta realidad y dedicarle más tiempo a nuestros hijos, por encima de cualquier otra consideración.

 

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Educación Financiera y Conciencia Previsional

Las cifras de empleo que entregó el INE del trimestre febrero-abril de 2017, muestran una tendencia preocupante. Si bien el desempleo (6,7%) se ha mantenido prácticamente estancado, hay una realidad que se esconde detrás de esa cifra y es el aumento de los independientes y trabajadores por “cuenta propia”.

Al analizar las cifras entregadas por el INE se desprende que tres de cada cuatro nuevos empleos generados los últimos 12 meses corresponden a ocupaciones por “cuenta propia”, es decir,  personas que venden productos a través de las redes sociales, se instalan con un carro de comida, ofrecen servicio de almuerzos, hasta Uber.

Los economistas de CEP, Rodrigo Vergara y Francisco Szederkenyi, advirtieron que este no fenómeno no es nuevo, viene desde hace cuatro años, probablemente como consecuencia de la desaceleración económica. En su estudio plantean que la participación de trabajadores dependientes ha caído en 1,9 puntos desde 2013, mientras que la participación de los cuenta propia ha aumentado en 2,4 puntos.

El problema es que, en su mayoría, se trata de trabajos informales, con precarias condiciones, la mayoría de ellas en la calle. Así lo refleja la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, que establece que el promedio de ingresos de este grupo es de $280 mil promedio. Lo más preocupante, es que  el Informe Laboral 2016 del economista de Clapes UC, Juan Bravo, el 83% no cotiza para salud ni previsión.

Dada la realidad del mercado laboral chileno, en que el mayor porcentaje de trabajadores cotiza por sueldos inferiores a los $500 mil pesos, para muchas familias resulta imposible ahorrar, ya que la prioridad es cubrir las necesidades más inmediatas.

La cruda realidad es que no solo serán futuros adultos mayores sin ahorros para pensión – lo que en un mediano plazo se convertirá en un problema para el Estado porque a diferencia de los independientes no estarán obligados a cotizar- sino que además están desprotegidos en caso de enfermedad o accidente laboral, no tienen derecho a una licencia médica y, en el caso de las mujeres, a pre y post natal. Además quedan al margen de otras garantías de la seguridad social, como el pago de asignación familiar y de los beneficios que ofrecen las Cajas de Compensación.

Dadas las características de las nuevas generaciones, que vienen con una fuerte formación en innovación y emprendimiento, es un hecho que el trabajo independiente o por cuenta propia llegó para quedarse. Por ello es importante incorporar desde temprana edad hábitos de ahorro y previsión, no solo para cumplir sus metas y proyectos, sino también para anticipar riesgos y prepararse para cuando no sea posible generar sus propios recursos en la vejez.

En términos generales, en nuestro país no hay una cultura de ahorro, en parte porque los ingresos de las familias son bajos, y también prevalecen los altos niveles de endeudamiento, especialmente en los segmentos adulto mayor jóvenes, que carecen de una cultura financiera. Así lo reflejó la Prueba PISA, según la cual el 38% de los estudiantes de 15 años son analfabetos financieramente, rasgo que difícilmente logra revertirse en su futuro.

Por ello es imprescindible que se incorpore la educación financiera desde temprana edad, tanto en la casa como en la educación formal, para que los niños y jóvenes se familiaricen con conceptos básicos como: inflación, rentabilidad, tasa de interés, comisiones, CAE o los efectos que tienen las multas por no pago de cuotas, con el fin de que tomen buenas decisiones respecto al manejo de su dinero y los productos financieros.

Con una buena base de educación financiera, las nuevas generaciones tendrán una mayor capacidad de ahorro, lo que les permitirá tomar conciencia sobre el impacto que tiene el ahorro inicial y la necesidad de involucrarse en la construcción de la que será su pensión.

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Desigualdad y gobernabilidad

El informe “Desigualdad. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, publicado recientemente por el PNUD muestra que, si bien la desigualdad económica ha disminuido levemente en los últimos años, históricamente el país ha mantenido índices altos de desigualdad. Algunos deducirán entonces que la sociedad chilena tiene una alta tolerancia a la desigualdad y, por tanto, podría pensarse que enfrentarla no es necesariamente una prioridad. Hay al menos dos razones para pensar que esto no es así y que más bien existen condiciones favorables para enfrentar este desafío.

En primer lugar, la desigualdad se politizó. Mientras por largo tiempo la discusión pública estuvo marcada por generar crecimiento económico y combatir la pobreza, desde hace un tiempo que la desigualdad se ha transformado en un tema central en el debate público. El informe “¿Cómo y cuándo se habló de desigualdad?”, también publicado por el PNUD, analiza los manifiestos políticos en el periodo de campaña y los discursos presidenciales del 21 de mayo. Uno de los resultados más interesantes del análisis es que la palabra desigualdad empieza a aumentar en su frecuencia entre las elecciones de 1999 y 2005, pero cobra mayor fuerza después del 2011. Como señala uno de los líderes estudiantiles de la época en un documental del Consejo Nacional de Televisión, “el avance [del Movimiento Estudiantil] tiene que ver con el discurso; […] con cómo concebíamos la desigualdad, cómo muchas desigualdades que antes eran tolerables antes y cómo, después del 2011, ya no lo son”. Por otra parte, el informe sobre desigualdad del PNUD muestra que los ciudadanos están cada vez más en desacuerdo con que los recursos económicos individuales definan el acceso a servicios sociales. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2016, el porcentaje de chilenos y chilenas que afirma que no es justo que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor educación aumentó de un 52% a un 64%, y en relación a la salud, de un 52% a un 68%.

En segundo lugar, las nuevas reglas de la política facilitan que se articule el descontento con la desigualdad en distintas alternativas programáticas. En los últimos años se han aprobado reformas sustantivas al financiamiento de la política y el funcionamiento de los partidos políticos. Estas reformas introducen un financiamiento público basal para los partidos políticos, condicionado a la reinscripción completa bajo la supervisión del Servicio Electoral, así como mayor transparencia en las donaciones que se realizan a los partidos políticos. Las nuevas reglas del juego también significan una democratización de los espacios públicos para hacer propaganda electoral: ya no ocupa más espacio el partido que tiene más recursos públicos y brigadistas. Por último, el fin del sistema binominal aumentará la competencia política y facilitará el reordenamiento de alianzas políticas en pos de una agenda definida contra la desigualdad.

Dado que la tolerancia de la ciudadanía frente a la desigualdad ha venido disminuyendo, quien sea electo Presidente o Presidenta en noviembre de este año, tendrá que seguir liderando la lucha contra la desigualdad en Chile. En ese trabajo se jugará gran parte de su gobernabilidad, ya que los chilenos y chilenas somos cada vez más conscientes y críticos a las distintas expresiones de la desigualdad en nuestro país.

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