Óscar Contardo's Blog, page 214

Depeche Mode: adelantados

Suena descabellado, curioso, hasta inapropiado esto de confirmar un show con 364 días de anticipación. Pero lo que acaba de hacer Depeche Mode (1980), grupo que esta semana oficializó su retorno al país para el miércoles 21 de marzo de 2018, es lo que empezaremos a ver de aquí en más y lo que comúnmente sucede en destinos con alta demanda de conciertos como Santiago.

Ante los rumores de posibles visitas de U2 y Radiohead para las mismas fechas y considerando además que Lollapalooza también se realiza por esos días, los británicos se aseguraron temprano y dieron el primer golpe al confirmar el tramo sudamericano de su Global Spirit Tour, ese que parte a comienzos de mayo en Suecia y con el que están promocionando las canciones de su estupendo último disco de estudio llamado Spirit y lanzado hace apenas una semana.

No hay dudas. Es claramente una estrategia para mercados saturados como el sudamericano y una muestra de lo competitiva que se ha vuelto la industria para los productores con representación local e incluso para un conjunto como Depeche Mode que por muy adelantados que estén para su tercer show en el país (debutaron en 1994 en el Velódromo y regresaron en 2009 con un recital en el Club Hípico) igual tienen que saber llenar un Estadio Nacional con un disco nuevo y no con una gira de grandes éxitos o de un álbum exitoso que facilitaría la tarea.

Por eso es que el real mérito de esta aventura de anticipación tiene que ver con que lo hace una banda que planifica con tiempo, que piensa en grande y que no ha renunciado a sus convicciones. Spirit lo confirma. El trío de Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher sigue haciendo lo que se le viene en gana y resistiendo la tentación de sumarse a una tendencia de moda o, ya está dicho, recurrir a la efeméride para mantener vivo el negocio.

Aunque odioso como ejemplo, imposible no pensar en U2, grupo tan referencial como ellos del mejor pop de los 80, pero que ha decidido hacer un tour mundial para “celebrar” los 30 años de un disco tremendo como fue The Joshua Tree (1987). Depeche Mode, en cambio, ha dejado pasar fechas de sus propios clásicos -como los 25 de Violator, que se cumplieron en 2015- para seguir ejercitando el músculo de la creación A veces de manera fallida como en Delta Machine, de hace cuatro años, otras con plena lucidez como pasa hoy con Spirit, la recompensa artística de un grupo que hasta con su calendario confirma que siempre fue adelantado a su tiempo. 

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Oddó Mala suerte

Hace 12 años Ismael Oddó tocaba bajo en la banda rock Alamedas, luego se unió al grupo de Francisca Valenzuela, y en 2009 inició camino solista con Déjame dormir, placa pop rock con ecos de The Strokes, entre otros referentes. Para la siguiente, Démonos un tiempo (2014), Oddó tomó distancia del sentido orgánico original de su música, mientras el salto de ahora retrotrae al intento pop de Chris Cornell con Scream (2009), para perplejidad de fans. Oddó se ha reconvertido en músico urbano, la denominación amable para hablar derechamente de reggaetón. Y aquí surge una primera paradoja que quizás le favorezca: para el promedio del género Oddó es un musicazo porque canta y tiene ideas claras sobre melodías y arreglos, detalles no siempre garantizados en la casilla.

En este EP figuran los componentes básicos insoslayables -el ritmo machacón, las sugerencias eróticas-, como también asoma de inmediato sofisticación y un carácter sombrío y melancólico, atípicos en la categoría. Tres cortes concitan perfecto estas bondades, Domingo, No tiene vida (con excelente letra sobre el tedio en una pareja) y Solo. En todas la percusión de Lego Moustache (ex Astro) destaca por su elegancia. Difícil vaticinar la reacción del público ante este punto aparte de Oddó, pero su jugada es prácticamente una manifestación progresiva en el reggaetón.

 

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Hacia un sistema de seguridad basado en evidencia

HEMOS CONOCIDO los resultados de la nueva encuesta nacional de victimización (ENUSC). Objetivamente tenemos una buena noticia. La nueva encuesta otorgará al Estado de Chile la mejor información delictual de su historia. La autoridad conocerá más sobre delitos, intentos de delitos, incivilidades y las causas del alto miedo ciudadano. Todo ello en el entorno más cercano a las personas. Su comuna.

Las políticas públicas modernas demandan de sus instituciones eficacia y eficiencia y, para ello, la calidad de la información disponible resulta determinante para no seguir financiando aquello que “no da resultados”. En la encuesta, los ciudadanos revelaron en detalle las “condiciones o factores de riesgo” que les causan alto temor. Surgió allí el concepto de “incivilidades o desórdenes”, hechos que sin ser necesariamente delitos, afectan la seguridad y causan miedo en la población. Balaceras, rotura de vidrios y otras situaciones que ocurren en el espacio público generan alto temor en el barrio donde ocurren, ya que a diferencia de los delitos que intentan pasar desapercibidos, éstos son visibles, generan un sentimiento de pérdida del espacio público y producen fricción e impotencia en las comunidades. Actos que rompen las reglas tácitas de nuestra convivencia, amenazan la inocuidad de nuestra relación con el espacio público, alterando su carácter previsible y pacífico.

La teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling nos demuestra que nuestro comportamiento es influenciado por los entornos en los que vivimos o transitamos. Allí donde impera el desorden, el abandono, la suciedad y el descuido las personas tienden a infringir de manera más frecuente la reglas que sostienen nuestra convivencia pacífica y los vecinos no están dispuestos a arriesgarse para hacerlas cumplir. Allí, la presencia de las instituciones públicas es escasa, tardía e ineficaz, lo que incrementa la sensación de impunidad y con ello se legitima la incivilidad y aumenta el temor.

En contraste, en sectores limpios y cuidados nos comportarnos aceptando las restricciones que nos impone el orden del espacio público. Los desórdenes y las incivilidades están estrechamente relacionadas con la delincuencia y la violencia y, por lo tanto, deben ser abordados de manera sistémica por las políticas públicas.

Esta nueva información disponible podría cambiar la métrica de las políticas públicas de seguridad. Desde una profunda revisión del inequitativo sistema de financiamiento municipal para mejorar zonas descuidadas o degradadas; la focalización de programas de prevención social (reinserción escolar, capacitación e inclusión laboral) para devolver “la esperanza” de un mejor vivir; y hasta la incorporación de las incivilidades en la metodología de distribución policial, podrían constituir cambios positivos en nuestra acción pública en pos de la seguridad.

La calidad de la nueva información, y la decisión de utilizarla como herramienta de gestión, harán que las formas de prevenir y reaccionar frente a una incivilidad o delito sean integrales y basadas en evidencia y no en definiciones institucionales aisladas fundadas en supuestos, ello permitiría instalar metas de resultado colectivas propiciando finalmente la conformación de un verdadero “sistema integral de seguridad”.

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La democracia no se rinde ante el terrorismo

Londres no sufría un atentado como el de este miércoles desde julio de 2005, cuando una célula local de Al Qaeda atacó con bombas un convoy del metro y un bus de dos pisos, que entonces dejó más de 50 muertos.

Hasta el momento, las cifras oficiales hablan de cuatro muertos (incluyendo al atacante) y casi 30 heridos de diferente gravedad. Y si bien el ataque fue reivindicado por el Estado Islámico, no existe certeza de que haya sido organizado desde lo que va quedando de su autoproclamado califato y que, por el contrario, realmente fue una iniciativa local “inspirada en el terrorismo internacional islamista”.

Asimismo, aunque se confirmaron arrestos en la ciudad de Birmingham, donde Khalid Masood arrendó el vehículo 4×4 que utilizó como arma, su actuar se acerca mucho al perfil de un “lobo solitario” que eligió el momento propicio para actuar.

Cada nuevo atentado sienta un precedente por su ejecución y objetivos. El uso de vehículos motorizados como arma en contra de población civil es una técnica utilizada desde hace años en muchos países de Medio Oriente y que solo en el último tiempo se ha vuelto más frecuente en Europa. Basta recordar el atentado en Niza, el 14 de julio, o lo ocurrido en un mercado navideño de Berlín, en diciembre. Lo que, lamentablemente, hace pensar que es muy posible que hechos de este tipo se repitan.

Por otra parte, este ataque se produjo al día siguiente de que el Reino Unido se sumara a Estados Unidos en la prohibición de que pasajeros provenientes de países de Medio Oriente puedan llevar tablets y notebooks en la cabina. Y también coincidió con el primer aniversario de los atentados del 22 de marzo de 2016 en Bruselas. Este último punto no es una casualidad y seguramente Masood buscaba vincular ambos episodios con el objetivo de reforzar la sensación de que la amenaza terrorista sigue presente en toda Europa.

Todo lo anterior demuestra lo difícil que es, para cualquier país, enfrentar al terrorismo actual, sea este de corte islámico o no.  

En momentos en que el Reino Unido se apresta a iniciar su proceso de desvinculación de la Unión Europea, este acto terrorista seguramente intentará ser capitalizado por muchos que el año pasado apoyaron el Brexit y que creen que solo extremando los controles migratorios se pueden prevenir estos actos.

Pero Masood no era un inmigrante o refugiado que hubiese llegado al Reino Unido hace pocos meses. Muy por el contrario, había nacido en territorio británico hace 52 años. Una información importante que —al igual que en 2005— obligará a las autoridades británicas a investigar qué circunstancias (alienación, xenofobia, desempleo) gatillaron su decisión de cometer este acto de violencia. Y sobre todo, de qué manera neutralizar la influencia a distancia que grupos como el Estado Islámico tienen en Occidente a través de redes sociales y medios de comunicación digitales.

La sociedad británica es una de las más cosmopolitas y multiculturales del mundo. Un ejemplo de convivencia e integración que, por ejemplo, ha permitido que Londres tenga hoy a Sadiq Khan como el primer alcalde musulmán en la historia de esta capital.

Frente a la violencia intolerante del terrorismo, lo que corresponde es reforzar la convicción de que la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia son las mejores armas contra el radicalismo islámico y cualquier otra expresión violentista. Algo que, sin duda, no se puede perder jamás.

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El rol del Congreso en la calidad del gasto público

¿Cuándo es exitoso un gobierno? La respuesta es sencilla: es exitoso cuando produce resultados que inciden de forma positiva en la calidad de vida de los ciudadanos. Como consecuencia, medir estos resultados y saber con cuántos fondos públicos se lograron, es esencial para analizar y mejorar la calidad de cualquier gobierno. Hoy, no obstante, no existen procesos para levantar dicha información de forma sistémica y objetiva, pues Chile todavía no tiene un presupuesto por resultados, ni a nivel central ni municipal.

En “cambio”, sí existen muchísimos datos “secundarios” que el Ejecutivo produce para analizar otros aspectos de la calidad del gasto público, como por ejemplo el avance de la ejecución presupuestaria de los hospitales, gastos de publicidad y difusión de la Presidencia, programas de inversión en las regiones, desarrollo de la deuda pública, nivel de cumplimiento de los proyectos del Transantiago, entre mucha otra información. Todos estos datos se envían semanal, mensual, trimestral o anualmente al Congreso Nacional, como parte de la rendición de cuentas continua de la ejecución de la Ley de Presupuestos.

Son ante todo las glosas de dicha Ley que exigen la entrega de información sobre la calidad del gasto, cumpliendo así un cierto rol sustitutivo frente al hecho de no tener datos objetivos sobre los resultados de los productos y servicios públicos, con su respectivo gasto presupuestado y real ejecutado.

La fragilidad de nuestro sistema para incentivar una mayor calidad del gasto público en Chile, es aún más evidente al considerar que recién desde enero 2017 -gracias a gestiones del diputado Pilowsky, del ministro de Hacienda y del director de Presupuestos- toda la información que exigen las glosas de la Ley de Presupuestos llegarán al Congreso en formato “digitalmente legible”, y no en papel como antes. Aun así, vale preguntarse, ¿cuántos de estos datos serán realmente utilizados por los parlamentarios?, considerando la gran cantidad de información que solo podrá ser analizada a través de procesos informáticos, inteligencia de negocios y ciencia de datos, que permitan extraer conocimiento en forma masiva.

Más allá de la tecnología que le falta al Congreso para analizar los datos, le falta, ante todo, una oficina de análisis presupuestario que tenga capacidad para no solo analizar lo que el Ejecutivo envía al Congreso, sino también para desarrollar análisis y proyecciones por su propio lado, y exigir mayor y mejor información al Ejecutivo en relación a la Ley de Presupuestos o sobre cualquier otro proyecto con impacto financiero.

Para inspirar este debate, el BID apoyó a inicios de marzo un seminario donde el ministro de Hacienda, el anterior presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y su actual presidente, Andrés Zaldívar, se mostraron comprometidos para concretar los próximos pasos: principalmente el diseño conceptual de esta oficina, como institución conjunta entre el Senado y la Cámara de Diputados. El Senador Zaldívar, aparte de promover definiciones clave en esta materia, confesó que, por el momento, el Congreso recibe tanta información por parte del Ejecutivo que no solamente no tienen capacidad de analizarla, sino que, además, ni saben dónde está guardada. En parte se trata, entonces, de un desafío de manejo de datos, que hoy con las nuevas tecnologías es solucionable.

Aparte del contexto nacional, ¿cómo estamos parados en la región? Según el Open Budget Survey 2015, al menos diez países de América Latina y el Caribe ya cuentan con una institución especializada de análisis parlamentario; al menos cinco de ellos con suficiente personal, recursos y capacidad analítica para llevar a cabo su misión.

En momentos de estrechez fiscal, el foco de la discusión debiera ser la calidad del gasto, por lo que el país debiera plantearse como objetivo estratégico avanzar en una agenda respectiva. Uno de los compromisos de esta agenda, debiera ser la implementación de una oficina de análisis presupuestario en Chile durante el próximo gobierno. De esta manera, el Congreso no solamente sería contraparte y contrapeso real frente al Ejecutivo a la hora de analizar el gasto público, expresión financiera de todas las políticas públicas, sino también impulsaría reformas para mejorar la calidad y la transparencia del gasto público en Chile, basadas en datos y no en intuición.

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Transantiago: un proceso de licitación en entredicho

A 10 años de Transantiago, el inicio del periodo de licitaciones –que sucederán entre el 2017 y el 2021- fue visto como una ventana de oportunidad para el mejoramiento del sistema, al permitir incluir nuevas reglas del juego a su funcionamiento. Se trata, también, de una experiencia nueva para todos los actores involucrados –gobierno, empresas, trabajadores, expertos y ciudadanos-, al ser el primer hito que tiene el potencial para reestructurar el sistema de transporte metropolitano desde su implementación. Al respecto, la primera experiencia práctica sobre el modo en que las licitaciones serán dirigidas por parte del gobierno, está siendo la del uso de vías a empresas operadores de buses, que en conjunto, corresponden a alrededor del 40% de la flota total del sistema.  

A pesar del ya mencionado potencial refundacional del proceso de licitación, la difusión de los contenidos esenciales a las bases sembró dudas respecto a la voluntad que tiene el Ejecutivo para hacer uso de dicho potencial, por lo que variadas corrientes académicas y expertas han criticado el tono conservador de las mismas. Desde Espacio Público, el hecho de que éstas no expliciten los incentivos para generar un mercado más competitivo, eliminando barreras de entrada a nuevos oferentes y asegurando que activos estratégicos tales como los terminales no distorsionen las posibilidades de participación, ha sido evaluado como un mal signo. Asimismo, la falta de consideración del cálculo de la flota en el contexto de la ampliación del Metro y el auge de la intermodalidad en los próximos años, parece un desacierto. Por último, la baja alusión a temas centrales en la sostenibilidad del sistema, tal como la evasión, muestra que temas estructurales para el correcto funcionamiento de éste no fueron elementos centrales en los contenidos de la presente licitación.

Asimismo, la información reciente acerca del aumento histórico de la evasión y la entrega de nuevos recursos a empresas con problemas financieros, pero con desempeño insatisfactorio en el servicio, refuerzan los planteamientos aquí esbozados sobre la necesidad de generar nuevas condiciones de negociación y esquemas de incentivos entre empresas y Estado, teniendo como foco que los usuarios experimenten una mejor calidad de viaje.

Además de las críticas sustantivas sobre el proceso de licitación, durante estas últimas semanas los aspectos formales y procedimentales han sido motivo de atención. En el contexto de año electoral que vive el país, la sucesión de hechos asociados a la calidad de las consultas públicas realizadas – en la medida que no se conoce el grado de incidencia que dichas opiniones tendrán en el resultado final-, los escuetos plazos originales para llevar adelante la licitación y los cambios de liderazgos dentro del Ministerio en momentos claves del proceso, ponen en entredicho la legitimidad y seguimiento del contenido de las bases. En términos agregados, estos elementos le brindan una cuota de incertidumbre al proceso. 

Así, y pese a las dudas aquí expuestas, el anuncio del día de ayer de posponer la ajustada agenda del proceso de licitación en un mes para su revisión, puede ser un signo en la dirección correcta. Más que la duración de la prórroga, lo que interesa evaluar es cómo transformarla en una verdadera oportunidad de cambio y evitar que sea recordada como el cumplimiento de un procedimiento formal. Para ello, contar con una visión consensuada a largo plazo sobre el transporte público metropolitano es del todo necesario y obliga a una reflexión de calibre. 

 

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Militancia post heroica

EL DEBATE político ha estado marcado por algo que, visto inicialmente como un trámite, ha devenido en situación casi de infarto. Las dificultades que los partidos encaran para refichar a 18.000 militantes ha puesto en jaque, no solo la posibilidad de recibir financiamiento del Estado sino algo más grave: la de presentar candidatos para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El problema trasciende nuestras fronteras. En España, por ejemplo, comienza a instalarse la pregunta acerca de por qué los partidos inflan sus censos. Según la agencia tributaria, poco menos de 95.000 personas declaran pagar cuota a un partido político y eso que permite desgravar de impuestos.

A medida que se acerca el plazo exigido por el Servel, los partidos vuelven sobre sus dichos, diseñando planes b. En el caso de la Nueva Mayoría, se ha manifestado la intención de buscar otra fórmula, distinta a las primarias, para elegir al candidato presidencial cuando, hasta no hace mucho, éstas se erigían como la única posible y panacea de democracia interna. Pero también están los atajos que, aunque pudieran ser legales, resultan impresentables. Es el caso de la UDI, tolda política que llegó a estar entre las más votadas y donde algunos asoman la posibilidad de fusionarse con otro partido.

Distintos analistas afirman que las dificultades para el refichaje constituyen un síntoma más de la crisis que experimentan los partidos en su vinculación con la ciudadanía. Sin embargo, quienes los conducen responden a incentivos institucionales planteados desde la técnica política y aprobados por ellos mismos en el Congreso, que descansan en visiones nostálgicas de la militancia. El hecho de que algunos partidos como el PS, Evópoli y el PRO hayan cumplido la meta se explica más por las condiciones específicas de cada uno. En el caso de los dos últimos, tiene su mérito ya que no disponen de cargos en el aparato público para satisfacer los intereses materiales de sus seguidores.

Parece evidente la necesidad de estudiar más y mejor las condiciones de posibilidad, así como los resortes psicológicos y sociales del compromiso político. Frente a quienes postulamos que prácticas digitales como el ciberactivismo o la cooperación digital anticipan formas de articulación social novedosas, posturas como la del filósofo, sociólogo y ensayista César Rendueles son más escépticas. En su libro Sociofobia afirma que vivimos una era de ciberfetichismo. La define como la ficción de que las tecnologías de la comunicación y los conocimientos asociados tienen un sentido neutro al margen del contexto social, institucional o político. Por el contrario, no serían más que “las fases terminales de una profunda degeneración en la forma de entender la sociabilidad que afecta decisivamente nuestra comprensión de la política”. ¿Qué sucederá en las capas más profundas de un país como Chile que, al tiempo que lidera la revolución tecnológica en América Latina y asiste a una creciente politización ve disminuir el número, tanto de votantes como de militantes?

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En piloto automático

TUVO QUE surgir la polémica acerca de la compra de una parcela en las cercanías del proyecto minero Dominga para que volviera a escucharse fuerte la voz de Michelle Bachelet. No fue el recrudecimiento del conflicto mapuche, la prolongada huelga en Escondida o el bajo crecimiento de 2016 lo que despertó a la Mandataria del letargo en que se la ha visto sumida en el último tiempo. Fue un asunto familiar: “¡Dejen a mi hija tranquila!”.

Resulta perfectamente normal y lógico que una madre salga en defensa de su hija cuando siente que esta ha sido acusada injustamente. Ni siquiera los presidentes de la república escapan a esa ley de la naturaleza. Lo que sí resulta llamativo es que nuestra Jefa de Estado solo parezca decidida y motivada cuando lo que está en juego es su propia honra o la de su familia.

Al igual que en el episodio en el que terminó querellándose contra la revista Qué Pasa, la Presidenta reaccionó indignada frente a la revelación de que su hija es dueña del terreno en el norte. Más allá de la explicación que dio y de lo que esta enseña acerca de su comportamiento tributario, el hecho de que solo asuntos personales motiven una intervención enfática de la Mandataria habla mucho de cómo ella está concluyendo su gobierno.

Las formas republicanas imponen obligaciones: el período presidencial termina el 11 de marzo y hasta ese día Michelle Bachelet es la Presidenta constitucional. Sin embargo, todo indica que, para muchos efectos, su mente ya no está en La Moneda. En la mayoría de los temas relevantes para el país, la Mandataria calla y se ve ausente, con lo cual resiente su capacidad de conducir.

El liderazgo de Bachelet, que alguna vez se pensó indestructible, hoy está hecho trizas. Fue construido sobre la premisa de una popularidad aparentemente inoxidable. La misma que le permitió convertirse en candidata en 2005 contra los deseos de buena parte del establishment concertacionista. Y que la hizo volver como un hada madrina desde Nueva York en 2013 e imponer sus condiciones a una Nueva Mayoría confundida.

Pero Bachelet perdió la popularidad y su gobierno, la mística. Hoy salen ministros y a nadie le importa demasiado, porque todos entienden que esto ya se acabó. El país parece avanzar -estancarse, más bien- en piloto automático.

Sin embargo, todavía queda un año de gobierno. Y, aunque está claro que ya no hay tiempo para nuevas iniciativas ni grandes propuestas, sí hay espacio para tratar de enderezar el rumbo y vigorizar la gestión con el objetivo de acabar con el estancamiento y la apatía. Para eso se necesita una Presidenta con ganas, que dé el ejemplo de que la pega se hace bien hasta el último día. Pero ese impulso parece no existir ya en Bachelet, quien solo posee energía para defenderse a sí misma y su familia. Si sigue así, lo que la espera es un triste y solitario final.

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Creatividad parlamentaria

EN LAS últimas semanas, la habitual creatividad de nuestros parlamentarios ha superado todas las marcas. Solo tres ejemplos bastan para señalar cómo el populismo ya está instalado en buena parte de la clase política.

Así por ejemplo, hemos sido testigos de cómo ha evolucionado la discusión en relación a la nueva ley que regula los cobros de estacionamientos y la correspondiente alza de tarifas.

Parlamentarios de distintos sectores políticos propusieron transformar el uso de estacionamientos privados en una especie de derecho social, eliminando el cobro inicial y estableciendo el concepto de gratuidad en estacionamientos. Es evidente, que una iniciativa como esta terminará incentivando el uso del automóvil particular, lo que va en contra de la tendencia mundial y se contrapone al mayor uso del transporte público y cuidado del medioambiente. Asimismo, los costos asociados al servicio serán incorporados en el precio de arriendo de los locatarios y en los productos vendidos. Esto terminará siendo en gran parte de cargo de los peatones, quienes subsidiarán a los automovilistas.

En la misma lógica anterior, la diputada Camila Vallejo no quiso quedar fuera de la cruzada populista y presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios de los trabajadores.

Asimismo, señaló que su iniciativa aumentaría la productividad en términos globales. A todas luces parece una iniciativa loable, en cuanto a que un mayor tiempo de ocio disponible generaría mayor bienestar. Sin embargo, la diputada no entiende que su iniciativa tiene un problema de causalidad, es decir, una mayor productividad permitiría trabajar menos horas, pero trabajar menos no asegura una mayor productividad. Solo tengamos en mente que Chile genera US$27 de producción por hora trabajada, mientras que Bélgica e Irlanda alcanzan US$68 y US$66 respectivamente. Estas cifras desnudan que el problema de fondo con la menor productividad y el mayor número de horas de trabajo es el déficit en capital humano.

El último botón de muestra es la nueva normativa para el traslado de niños en automóviles particulares. De esta forma, se cursarán sanciones por llevar a un niño menor de 9 años sin un sistema de retención infantil como una silla, butaca o alzadores y en el caso de menores de 12 años, la normativa prohíbe que ocupen el asiento delantero de un vehículo. ¿Quién puede estar en contra de que debemos proteger a nuestros hijos?

Sin embargo, nuevamente la visión socialista impone un regulación que le da la espalda al sentido común y a las preferencias y restricciones de los automovilistas.

Muchas de las actuales políticas públicas requieren el diseño de intervenciones que deliberadamente impulsen a las personas, sin coerción y sin afectar su libertad de elección, hacia acciones que les beneficien en el largo plazo. Es evidente que los ejemplos señalados no van en esa dirección. Ya es hora que nuestros parlamentarios impulsen iniciativas más racionales. La ciudadanía y los votantes lo agradecerán.

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República y voto obligatorio: ¿Deber o derecho?

En las últimas semanas se ha generado un interesante debate con respecto a la publicación del Manifiesto por la República y el buen gobierno y distintas columnas de opinión y análisis han surgido a raíz de este debate. Debido a que es una invitación a pensar, quise participar en la relevante discusión sobre la obligatoriedad del voto.

El manifiesto define el concepto de república como “la cosa común, que nos vincula a todos con la realidad colectiva”. Adicionalmente, el documento agrega que esta república “implica exigencias respecto de los ciudadanos, comenzando por la necesidad de participar en los asuntos que nos incumben a todos”. Y pese a que no propone de manera explícita la restauración del voto obligatorio en Chile, el documento plantea que “para quien vive en democracia, la participación política constituye un deber” y aclara que “entre los deberes que es necesario proclamar especialmente están aquellos que se refieren al ejercicio de la participación política, al cumplimiento de las diversas cargas públicas (…)”

Estas afirmaciones son compartidas por varios políticos, intelectuales y académicos, donde la mayoría de ellos tienden a ser partidarios de la restauración del voto obligatorio, y consideran que esta institución ayuda a la construcción de un “proyecto común”.  Pero las preguntas que están asociada a este argumento son ¿Se vincula realmente el voto obligatorio con la construcción de una identidad común? ¿Es prudente el cambio al sistema obligatorio a menos de 5 años de la implementación del voto voluntario?

Lo cierto es que dichas preguntas vienen rondando desde la misma aprobación del voto voluntario. En la práctica, las voces detractoras han provenido principalmente de los políticos incumbentes y de altos funcionarios de gobierno. Estas voces tienden generalmente a estar asociadas a movimientos socialcristianos, comunitaristas y nacionalistas.

La lógica del argumento esgrimido es variable: cambia entre la idea según la cual el voto voluntario es la causa de la alta abstención en las últimas elecciones, y aquella que dice que, la demanda de derechos sociales, debe ir de la mano con el cumplimiento de ciertos deberes. De alguna manera, se dice que la participación política intensa -no sólo a través del voto obligatorio, sino también en comunidades de base-, implicaría la construcción de la sociedad “entre todos” y no sólo a partir, en los términos de Hayek, de un “orden espontáneo”.

Sobre lo primero, hay que decir que la alta abstención resulta efectivamente baja si, por ejemplo, nos comparamos con los países nórdicos, modelos predilectos para muchos personajes públicos en el Chile de hoy. Y si bien es relevante ponerse una meta de votación alta, lo cierto es que países como Suecia y Dinamarca poseen una tradición cívica mucho más arraigada y desarrollada que la chilena. Por eso es que parece mucho más realista hacer la comparación con países como Colombia y Costa Rica, donde obtuvieron un 37% y un 35% de participación respectivamente en recientes jornadas electorales. Colombia, en el referéndum por el proceso de paz; y Costa Rica, en las últimas elecciones locales.

Ahora bien, para no caer únicamente en el juego de los números, es importante considerar que no se le puede asignar toda la responsabilidad al sistema electoral de la abstención, ya que pensar que la ciudadanía no vota, porque no está obligada, es una abstracción que simplifica la realidad. En ese sentido, la abstención también está asociada a otras variables relevantes como la oferta programática de los candidatos y las facilidades prácticas para ejercer el sufragio.

Sin embargo, entre quienes venimos defendiendo el voto voluntario desde comienzos de la actual década, hay un factor normativo que resulta, por cierto, mucho más fuerte que consideraciones meramente prácticas.

Un primer punto a tomar en cuenta es que la visión del voto voluntario —o del voto como un derecho y no como una obligación coactiva—, considera que empodera a las personas para tomar sus propias decisiones. Y que sea el individuo el que decida libremente si quiere votar o no, incluso enviando un mensaje político cuando decide no hacerlo, produce como consecuencia que los candidatos se acerquen en mucha mayor medida a la ciudadanía con la intención de motivarla. Y aunque, para esta tarea, los candidatos puedan caer en prácticas demagógicas, no cabe duda que la decisión de votar o no —de levantarse un día domingo— se efectúa cuando se genera un vínculo con el candidato y su propuesta, y no necesariamente de votar por el que menos le molesta entre las opciones disponibles.

El debate entre quienes defienden el voto voluntario y quienes, legítima y razonablemente, proponen volver a la obligatoriedad del sufragio es válido y sano en una democracia. Sin embargo, para saber el grado de vinculación de la ciudadanía con la “cosa común”, resulta mucho más adecuado que la participación electoral sea voluntaria. Y que, en todo caso, existan suficientes incentivos para que las personas voten el día de la elección. No sólo en cuanto a la oferta política y al mejor acercamiento de las propuestas de los candidatos, sino de las facilidades que el Estado debería dar para que todos puedan acercarse a las urnas. Facilidades, por ejemplo, asociadas al voto anticipado para las personas con problemas de movilidad o adultos mayores, o para aquellos votantes que residen en el extranjero pero viven lejos de los consulados.

En conclusión, desde la perspectiva de la obligatoriedad del voto, la construcción de una república, en cuanto el espacio común, no pasa necesariamente por el establecimiento de cargas públicas, sino también por el respeto de la libertad personal y, en todo caso, por el deber del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos políticos antes que convertirlos en obligaciones. La crisis de representatividad que hoy afecta al país no se supera, precisamente, a través de la imposición, sino de la persuasión y la generación de confianza.

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