Pedro Cayuqueo's Blog, page 25

Antipatriotas

Hace un par de meses tuve una larga conversación con un importante empresario de nuestro país. En medio de ella llegamos al tema de la persistente caída que ha tenido la inversión en Chile en los últimos cuatro años y las razones que la explicarían. Yo comencé señalando que obviamente la reforma tributaria y los cambios en la legislación laboral habían influido negativamente en la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello habían deprimido la inversión. El empresario, al que de aquí en adelante llamaremos Mr. X, asintió con su cabeza como validando mis comentarios. Pero para mi sorpresa tomó la palabra y me dijo: “Es cierto que las reformas de este gobierno han influido negativamente en la inversión, pero en mi caso el discurso antiempresarial ha sido más relevante. Por casi 30 años en que me tocó crear empresas, expandirlas en Chile y en el extranjero y contribuir a general miles de puestos de trabajo, pensé que era parte de la solución de los problemas de nuestro país. Sin embargo, el discurso de este gobierno ha terminado por convencer a miles de chilenos que los empresarios como yo somos parte del problema de Chile y no parte de la solución.” Mr. X, continuó su relato contándome cómo el discurso antiempresarial de la Nueva Mayoría lo había afectado muy profundamente, hasta el punto de pensar seriamente en abandonar Chile. Cosa que finalmente no hizo.

Traigo a colación esta conversación con Mr. X , a raíz de la acusación que hizo hace algunos días el candidato Alejandro Guillier, en la cual acusó a los empresarios chilenos de antipatriotas y amenazó con meterles la mano al bolsillo si llegaba a ser Presidente de la República para que por fin contribuyeran en algo a nuestro país.

Desde la elección de primera vuelta, el candidato Guillier ha tomado como propias varias de las propuestas de Frente Amplio. Condonar el CAE y desintegrar el sistema tributario (alza de impuestos a las empresas), cobrar impuestos al patrimonio, dar más poder a los sindicatos y hacer una nueva Constitución. Es decir otra reforma tributaria, otra reforma laboral y una súper retroexcavadora que borre nuestro orden constitucional y lo reemplace por uno completamente nuevo. Todas estas propuestas son como un tren fantasma que a su paso por Chile va espantando a los profesionales talentosos, a los inversionistas y los emprendedores.

Sin embargo, recordando la conversación con Mr. X, probablemente ninguna de las amenazas vertidas hasta ahora por Guillier se compara en su efecto destructivo para el crecimiento y el progreso de nuestro país con haber acusado a los empresarios de antipatriotas a los que estaba permitido robarles.

En un mundo donde el talento y el capital no tienen fronteras, las amenazas de Guillier podrían tener un efecto devastador en la confianza de consumidores y empresarios, y producir una fuga significativa de inversionistas y profesionales de alto nivel.

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Convivencia entre gasto militar y gobernabilidad

En marzo de 2016 Barack Obama, por entonces presidente de Estados Unidos, visitaba Argentina escoltado por cuatro aviones de combate aéreo extraordinario ya que la Fuerza Aérea de ese país no poseía la capacidad para proteger el avión presidencial de Estados Unidos. Asimismo, la UK Defence Journal, medio británico conformado especializado en defensa, informaba en 2015 que Argentina había perdido casi en su totalidad su capacidad militar. Hoy, por un inadecuado mantenimiento de la flota naval, la Armada trasandina tiene que lamentar una de sus peores tragedias en tiempos de paz: la pérdida del submarino ARA San Juan y la vida de sus 44 tripulantes.

Argentina tiene uno de los gastos en defensa más bajos de la región. Según datos del Banco Mundial, los países latinoamericanos promediaron en 2016 un gasto militar de 1,3% en relación a su producto, mientras que Argentina en el mismo año registró una cifra de 0,95%. Más aún, en 2011 dicha cifra fue de 0,8%, la más baja en 50 años. Las estadísticas explican buena parte de la “política” de defensa de Argentina de los últimos años, basada principalmente en el desmantelamiento y el castigo de las fuerzas armadas por su rol en la inestabilidad política argentina del siglo XX. En 1930, las fuerzas armadas llevaron a cabo el primer golpe de estado del siglo XX, luego, sobrevinieron cinco golpes más entre 1943 y 1976. Esta serie de eventos, y en particular la convulsionada época de los años 70, se convirtieron en una justificación ideal para el desmembramiento de las fuerzas. Medido en relación al producto, el gasto militar promedio se redujo de 2,5% en los años 80 hasta 0,93% en la primera década del siglo XXI y a 0,8% entre 2011 y 2016.

Mirando la historia, el argumento podría resumirse en que las fuerzas armadas son una amenaza para la estabilidad política. Sin embargo, es una hipótesis difícil de sostener si se consideran otros hechos. Uno de ellos, es que en las últimas semanas de diciembre de 2001 Argentina tuvo cinco presidentes sin ninguna intervención militar. Otro hecho, es que países de la región como Chile y Uruguay sostienen un gasto militar muy superior al promedio de la región (1,9% en relación al PIB en ambos casos) y al mismo tiempo conservan elevados índices de estabilidad política. Asimismo, en Latinoamérica, la correlación entre gasto militar y estabilidad política en la última década es de apenas 1,6%.

El trabajo de Besley y Robinson (2010) da importantes indicios sobre este rompecabezas. En principio, señalan que un ejército poderoso puede traer beneficios como la defensa ante una agresión externa o bien un cumplimiento más efectivo de la ley, pero también puede incrementar el riesgo de un golpe de Estado. Sin embargo, también advierten que las fuerzas armadas son poco peligrosas para la gobernabilidad cuando el ejército está bien remunerado y los límites institucionales del país obligan a los gobiernos a dedicar su gestión al bien público y no a otro tipo de intereses. Esto, ayuda a explicar la convivencia entre altos índices de gobernabilidad y gasto militar como lo tienen países desarrollados como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, o bien países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Otra conclusión a la que llegan Besley y Robinson es que, cuando los limites institucionales a un gobierno son débiles, la única alternativa que tienen los países de evitar una desestabilización política es mantener un ejército débil. Esto pareciera ser el caso de Argentina y según las sugerencias de los autores, la estrategia del país pareciera ser lógica. Sin embargo, el país se queda sin medios para defenderse, y peor aún, tiene que lamentar la pérdida de vidas humanas por diseñar una política basada en la estigmatización de una institución de la que pocos países prescinden.

 

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Distinciones importantes en la aprobación de la reforma

El contexto de la campaña presidencial tiende a sobre simplificar ideas, caricaturizar posturas e identificar relaciones de causalidad donde no las hay, algo que afecta a ambos bandos en disputa. La aprobación en general del proyecto de ley de educación superior es un buen ejemplo de lo anterior. Algunas distinciones son importantes.

En primer lugar, la aprobación en general del proyecto por la oposición no implica una coincidencia total con el mismo, ni se contrapone a un rechazo explícito de su contenido específico. De hecho, en estricto rigor solo implica acuerdo con la idea de que es necesario legislar sobre educación superior, algo ampliamente compartido hace mucho tiempo, incluso antes del actual periodo presidencial. Además, en el momento de la votación ambos senadores hicieron ver sus profundos reparos con el detalle del proyecto, relacionados con la vulneración a la autonomía universitaria, las atribuciones desproporcionadas de la subsecretaría que se crea, entre otras. Si estas observaciones no se consideran, difícilmente el proyecto podría aprobarse para convertirse en ley con votos de la oposición.

En segundo lugar, es importante distinguir entre la gratuidad para el 90% de los estudiantes más vulnerables matriculados centros de formación técnica e institutos profesionales que el ex Presidente Piñera ha planteado y la gratuidad universal del proyecto de ley en discusión. La primera es una promesa de campaña cuyo detalle técnico es desconocido, y cuya fisonomía en términos de política pública debiese ser muy diferente a la gratuidad universal. Podría, por ejemplo, no generar déficits en las instituciones que adscriben, o mejor aún, podría ser no discriminatoria entre estudiantes matriculados en instituciones técnicas con y sin fines de lucro (recordando que el retiro de excedentes es permitido por la ley para estas instituciones). También podrían buscarse formas de incentivar a las instituciones a captar más alumnos vulnerables, en lugar de castigarlas con un apoyo fiscal menor al arancel real. Si bien puede sonar poco, la diferencia entre financiar o no a los estudiantes pertenecientes al 10% de mayores ingresos es relevante en términos financieros y conceptuales. En relación a la responsabilidad fiscal, también es posible que esa promesa se concrete en un proyecto de ley efectivamente financiado al momento de promulgarse, en lugar de amarrar el presupuesto de educación por un siglo, como propone el proyecto de ley recién aprobado.

La gratuidad es una política regresiva e injusta, que debiera ser rechazada desde una perspectiva liberal. Pero de esto no se sigue que los mecanismos que se propongan para implementarla sean indistinguibles entre sí. En el ámbito de la educación técnica, es posible proponer esquemas muy superiores al definido en el proyecto de ley, que permiten cumplir mejor los objetivos propuestos. En el ámbito político, asumir que declaraciones de campaña son equivalentes a un respaldo a un proyecto de ley en trámite, no es más que una interpretación, que refleja más los deseos del intérprete que los del emisor de la declaración.

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La Teletón o el individualismo estatista

¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Una en que las personas sientan que porque pagan sus impuestos los problemas del resto no son sus problemas? Finalmente, un Estado que se hace cargo de todo nos lleva a un individualismo extremo.

La Teletón le hace bien a Chile, porque ayuda a generar una virtud de la que se habla mucho, pero sobre la que se hace poco: la empatía. Ponerse en el lugar del otro, que en el lenguaje cristiano se parece mucho al “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Si realmente todos nos pusiéramos en el lugar del otro, los impuestos, la seguridad pública, incluso las leyes y el poder judicial podrían ser innecesarios. Obviamente es un imposible, pero todo aquello que contribuya a generar una sociedad más empática es positivo. En esas 27 horas de la Teletón vemos como nunca historias de valentía y superación que nos sacan lágrimas y nos hacen ser mejores personas, y al menos por un día, más generosos y preocupados por nuestros compatriotas que enfrentan mayores dificultades. Nuestros diarios problemas, que nos amargan y apesadumbran, parecen nada, lo que nos genera un sentimiento de agradecimiento con la vida.

Pero no sólo nos hace más empáticos; en lo concreto, con una historia de cuarenta años, es una institución que ya tiene presencia en 14 ciudades de Chile. A pesar de que en muchos otros lugares se realizan campañas similares, “no existe otro país que logre unir a todos los medios de comunicación, artistas, empresas, colegios y organizaciones sociales en una fecha determinada y con un objetivo común”. Ya son más de 90.000 niños y jóvenes que han recibido la ayuda de esta fundación, y cada año ingresan 3.000 nuevos pacientes, a lo que se suman 370.000 atenciones médicas terapéuticas. Pero no sólo eso, sin duda, esta obra ha contribuido a generar un país más inclusivo, en que no sólo salen favorecidos aquellos con capacidades diferentes, sino principalmente todo el resto. Por último, aunque las comparaciones en este ámbito son complejas, lo recaudado en esta Teletón para el funcionamiento de la institución representa sólo el 0,4% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, mostrando lo mucho que se hace con recursos escasos.

Sin embargo, a pesar de que es una obra que la mayoría de los chilenos admira y respalda, cada año y en forma creciente, surgen voces de la izquierda más radical que, sin condenar a la campaña y la institución, plantean que esta labor debería ser un rol exclusivo del Estado. El abogado Fernando Atria, uno de los líderes intelectuales de la nueva izquierda, la clasificó como “un gran bingo” para resolver problemas de salud, que deberían ser financiados por los impuestos. Dos objeciones se pueden plantear frente a esta idea; una de forma y otra de fondo. La primera es que no sólo estamos hablando de un Estado deficitario, sino que además con un funcionamiento deficiente, especialmente en el área de la salud, en una severa crisis actualmente. En estas circunstancias, entregar una labor adicional al Ministerio de Salud sería equivalente a una condena a esos miles de pacientes con discapacidad. La segunda objeción es más de fondo ¿Queremos construir una sociedad estatista en que cada persona piense que porque paga sus impuestos le es completamente indiferente lo que le ocurra a los demás? Ese camino de un estatismo individualista, que aplasta la iniciativa de la sociedad civil, es negativo para Chile. Necesitamos mucha más filantropía, no menos.

 

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Piñera y Guillier debate al fin

Esta mañana, a solo una semana del fin de la campaña de segunda vuelta presidencial se produjo el debate radial organizado por la Archi. Y al fin pudimos ver a Sebastián Piñera y a Alejandro Guillier recuperar el tono centrado en propuestas, y en establecer sus diferencias no en otra cosa que en las legítimas diferencias que provienen de dos visiones distintas de la sociedad. 

 Dejar atrás el tono beligerante y descalificados es quizás el mayor aporte de este primer debate, la excesiva polarización de las últimas semanas. Menos votos marcados y meterle la mano al bolsillo de los chilenos, y más definiciones concretas y propuestas. También los medios tienen en esto un rol, el quedarse solo en la frase destemplada de turno, que tantas veces invisibiliza una propuesta o tema que cada candidato quería poner en discusión con los ciudadanos. 

 

Esta moderación en el tono, pone en evidencia algo complejo para ambos candidatos, que las diferencias en propuestas no difirieren tanto como ellos quisieran, solo como ejemplo frente al problema del CAE, donde Alejandro Guillier insiste en usar la palabra condonación para el 40% más pobre, cuando en realidad su propuesta consiste en una suspensión de pago contingente al ingreso. El problema de Guillier y que explica que siga usando la palabra condonación aunque sea erróneo es que porque así su propuesta se parece a la demanda del Frente Amplio en este tema, aunque en realidad su propuesta es casi igual a la que propuso Sebastián Piñera como Presidente el 2012, que los estudiantes y los parlamentarios de izquierda rechazaron. 

 

Es precisamente que Guillier en cada tema se vea tensionado por acercar sus propuestas al lenguaje del Frente Amplio, sin pasar a llevar sus electores de la Nueva Mayoria ni tampoco enajenar a los más moderados de la DC, lo hizo aparecer indefinido o poco claro. El avanzar desde la generalidad a algo más concreto se le hace un ejercicio difícil cuando no imposible. 

Esto le dio ventaja a Sebastián Piñera que tiene un electorado más ordenado, permitiéndole incluso moverse hacia el centro más moderado en algunos temas, sin generar tanto ruido entre sus partidarios. 

 

Vuelven a coincidir en la importancia del crecimiento, como eje del desarrollo, aunque la ironía de Piñera a que la izquierda chilena siempre centra en la mala suerte con los precios de los comodities como el cobre, las razones de su mal desempeño en esta materia. Sin duda que es positivo que ambas opciones se pongan metas en mejorar el crecimiento aunque siempre la credibilidad en estas materias corre en ventaja para Piñera en la evaluación ciudadana.  

 

Lo apresurados que muchos de los dirigentes del Frente Amplio tomaron su decisión de apoyar al Senador Guillier, como la mismísima Beatriz Sánchez, los pondrá en una incómoda posición, al ver que ninguna de sus propuestas o exigencias fueron recogidas realmente por El candidato del oficialismo y aún así deberán votar por él. Dejando en evidencia que no fue su programa o cercanía con las propuestas lo que motivó su decisión sino solo el estar contra Sebastian Piñera. 

 

El debate abrió una oportunidad de recuperar el sentido de la campaña de segunda vuelta, de que fueran los problemas de los chilenos y no las peleas intrascendentes entre los candidatos lo que dominará la agenda. De ellos depende que este tono se mantenga y proyecte, desterrar el lenguaje del odio y que sean las diferencias programáticas y las capacidades de los candidatos quienes inclinen la balanza en esta última semana de campaña. 

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¿Es justo condonar el CAE?

La necesidad de Alejandro Guillier de contar con el apoyo del Frente Amplio para mejorar su posición ante la segunda vuelta lo ha llevado a incorporar a su discurso nuevas consignas, tan difíciles de justificar como de cumplir. Así, con cierta liviandad pero con gran entusiasmo se anunció una condonación del Crédito con Aval del Estado cuyo diseño y efectos merecen un análisis riguroso.

Lo primero es determinar si efectivamente se trata de una verdadera condonación. La respuesta de su propio comando es que en realidad se trataría de una suspensión de los pagos mientras el deudor esté entre el 40% de menores ingresos, de tal forma que mejorando sus ingresos vuelve a pagar reconociendo la deuda total. No es muy diferente a lo que Sebastián Piñera plantea en su programa de gobierno al referirse a un nuevo sistema de créditos estudiantiles.

Despejada la duda de la condonación, queda por aclarar quienes serían los beneficiados. Cuando se anunció la medida, se dio a entender que estaba dirigida a quienes al momento de tomar el crédito estaban en situación de vulnerabilidad. Esa propuesta desconoce por completo el efecto en movilidad social que tiene la educación superior y conlleva una muy equivocada forma de focalizar el gasto público. De hecho, de los jóvenes que están al día en sus créditos, un 62% de ellos pertenecía a los dos primeros quintiles de ingreso al momento de pedirlo y solo un 11% se mantiene en la misma situación durante la etapa de pago. ¿Por qué habría que condonar la deuda a quienes hoy están en mejor situación?

Cabe preguntarse entonces si la condonación de los créditos se enmarca dentro de un criterio de justicia que debe tener la política y el gasto público. La educación superior aporta bienes públicos, lo que justifica la inversión del Estado, pero también beneficia en forma exclusiva a quien accede a ella, facilitándole el acceso a nuevas oportunidades y mejorando su situación económica. De hecho, de acuerdo a la OCDE en promedio en Chile una persona que tiene estudios superiores gana 2,8 veces más que otra que no los tiene. Esto explica que los mecanismos de crédito sean un elemento importante de la política de ayuda estudiantil, combinados adecuadamente con la gratuidad y las becas. La clave es que dicho crédito no genere sobreendeudamiento, lo que se aborda con un diseño que vincule la cuota a pagar con los ingresos, de tal forma que nunca excedan de un porcentaje de los mismos o que si estos son muy bajos o no se tiene trabajo, el pago se suspenda.

La condonación, que implica un enorme gasto fiscal, tampoco es justa respecto de quienes con esfuerzo han cumplido su obligación de pagar el crédito, o bien en relación a quienes tienen otras carencias que deben ser abordadas por la política pública y, por razones de vulnerabilidad o exclusión ni siquiera han podido acceder a la educación superior. Además, se establece un mal precedente para Chile. ¿Qué incentivo habrá para que el Estado cobre los créditos del nuevo sistema de financiamiento que ambos candidatos proponen?

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Ante el dilema

La segunda vuelta es una elección incómoda para muchas personas, pues les plantea legítimas dudas respecto de las consecuencias de optar por uno u otro candidato. Quisieran que hubiera una alternativa distinta, más cercana a sus ideas, pero ya no es posible. Por lo tanto, su decisión tiende a estar condicionada no por la esperanza de conseguir lo mejor, sino por el deseo de evitar lo peor.

En Chile existe un régimen marcadamente presidencialista, por lo que el elegido contará con un enorme poder, que usará bien o mal según el equipaje intelectual, cultural y moral de que disponga. ¿Qué rumbo le darán uno u otro a su gestión, con qué equipos trabajarán, con qué prioridades? ¿Serán capaces de actuar con cordura, temple y sentido nacional?

Los aciertos o desatinos de quien gobierna son determinantes para la suerte colectiva. Por eso, es obligatorio preguntarse qué harían Piñera o Guillier para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad, sin lo cual todo está en riesgo. Qué pasos darían para estimular el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Cómo actuarían frente a una crisis institucional que nadie quiere que llegue.

Necesitamos cuidar este país. O sea, proteger las condiciones que hacen posible la paz, la libertad y el derecho. No puede haber concesiones a la violencia. La política no puede seguirse degradando, que es lo que ocurriría si se impone la lógica de las trincheras. El Presidente no puede usar el poder arbitrariamente, ni entregarlo a un comité de partidos, una secta o un grupo corporativo. El Congreso debe tratar de inspirar algún respeto.

Es indispensable combatir las corruptelas en el aparato del Estado, el despilfarro y la captura de los ministerios y servicios públicos por parte de los gremios de funcionarios. El país necesita alentar la inversión, el ahorro y la productividad, y focalizar los recursos públicos en necesidades tales como financiar un seguro universal de salud, elevar la pensión básica solidaria, invertir en la educación preescolar, erradicar los focos de pobreza que son los guetos de inmigrantes, etc.

“Vamos a estar como perros cancerberos”, dijo Miguel Crispi, del Frente Amplio, al anticipar cómo actuará su bloque ante un eventual gobierno de Piñera (LS, 1/12). Hay que impedir que la soberbia y la irracionalidad conviertan a Chile en tierra de perrerías.

“Los gobiernos no pueden hacer feliz a nadie -dice Fernando Savater-; basta con que no le hagan desgraciado, que es cosa que sí pueden lograr en cambio bastante fácilmente”. Debemos tenerlo presente en esta hora.

¿Cuál es la mayor amenaza? El populismo, entendido como técnica de embaucamiento. ¿Y la mayor exigencia? El diálogo democrático, orientado a establecer un clima de cooperación que permita que Chile progrese.

Nadie debe indicarnos cómo votar. Ser ciudadano implica ejercer nuestra autonomía, que es intransferible, y asumir las consecuencias.

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Reportera del dolor

Son muchos los documentales biográficos que adolecen de jerarquización de la información y tensión narrativa. Sus realizadores confían en que el solo nombre (o la fama) garantiza el atractivo de la película, desconociendo que la personalidad de cualquiera puede ser delineada a través de unas pocas experiencias. La lección de Borges, en este sentido, también resulta fundamental para los cineastas: uno o dos acontecimientos permiten entender el destino de un hombre.

Parece que los biopic beben demasiado de Freud: se enredan en la infancia, en la relación con el padre y en detalles que más que alumbrar, aburren. Me ha pasado con documentales de rockeros, narcotraficantes, deportistas y, ahora mismo, con El centro cede, sobre la escritora Joan Didion. Distinto es el caso de Boris Becker, el jugador, que está lejos de la exhaustividad biográfica: a partir del presente, marcado por una deuda que atemorizaría a cualquiera y el desgaste irreversible de un tobillo, la cinta indaga en lo que hace que Becker desconozca las derrotas económicas que se han sucedido, una tras otra, después de su retiro.

Pero me desvío. El documental de Didion se detiene en cada etapa de su vida y repasa sus libros con una ecuanimidad que termina ocultando las cimas. Poco jugado, El centro cede se limita a mostrarla como la gran cronista de la movida contracultural de los 60 y los cambios vertiginosos que la sociedad gringa experimentó en los 70 y 80.

Puede que todo eso sea verdad, pero lo que Didion ha hecho mejor que nadie es reportear el dolor, desde las migrañas hasta la muerte de un ser querido. Su propia internacionalización vino con la publicación de El año del pensamiento mágico, un ensayo sobre el duelo, es decir, sobre la fragilidad, la autocompasión, la culpa, la aflicción y el sinsentido en que se puede transformar la vida sin el otro. Es un texto sentido y abierto en múltiples direcciones, que Didion escribió casi un año después de que su esposo falleciera de un infarto, en circunstancias especialmente complicadas, pues su única hija se encontraba en coma debido a una septicemia.

“Te sientas a cenar, y la vida que conoces se acaba”, escribe Didion en este ensayo que cuestiona “el deber ético del goce”, esa admiración que existe hacia quien no demuestra su dolor. Asimismo, analiza su enfermedad (porque eso es el duelo), en aspectos muy puntuales, como las fallas en la memoria, la falta de apetito y esa sensación descorazonadora de vivir sin futuro, cuando ya todo son recuerdos.

Dos años después de la partida de su esposo, Didion sufrió la muerte de su hija. Narró este duelo en Las noches azules, volumen que junto a El año del pensamiento mágico conforman una melancólica meditación sobre el paso del tiempo. No sé si fue Pessoa o Tabucchi el que definió la vida como “una suma de restas”, una imagen que podría aplicarse a estos hermosos libros que Didion le ha dedicado al dolor y la pérdida.

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Ley de Inclusión Laboral

*Esta columna fue escrita junto a  Juan Pablo Prüssing , Palma Abogados

En diciembre del año 2010 se dictó la ley N° 20.422 de “igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”. Dicha normativa tenía – y tiene – como objetivo establecer igualdad de oportunidades para aquellas personas con discapacidad, de manera que puedan lograr plena inclusión social, asegurándoles sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación que se relacione con la discapacidad. Ahora bien, el pasado 1 de diciembre comenzó a regir la Ley de Inclusión Laboral, Ley N° 21.015, que viene a modificar la legislación vigente, tanto para el ámbito público como el privado, por cuanto no sólo modifica la Ley N° 20.422, sino que también el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo.

En efecto esta nueva normativa, entre otras temáticas, consagra por una parte el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo y por otra deroga el artículo 16 de la Ley que establece normas sobre deficientes mentales, eliminando la remuneración libre convenida entre las partes, rigiéndose en consecuencia la remuneración que perciba una persona con discapacidad mental por las normas sobre ingreso mínimo.

En el ámbito privado, no sólo incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo – Libro I denominado “De la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” – sino que obliga a aquellas empresas de más de 100 trabajadores a contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad o que tengan pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, lo que en definitiva – según los cálculos realizados por los expertos – permitirá que se habiliten hasta 27.500 cupos laborales aproximadamente para personas con discapacidad.

La medida sin duda es positiva, ya que llega a reforzar otras acciones que buscan instaurar una cultura inclusiva, profundizando la normativa que se encontraba vigente. Sin embargo, quedan dudas respecto a la aplicación material de la ley y qué tan preparados están en las empresas para ello, sobre todo pensando en el derecho de opción que otorga la ley.

Este derecho de opción es novedoso. La misma ley otorga la posibilidad para aquellas empresas que por razones fundadas no pudieren cumplir con la cuota, cumplan con la obligación de manera alternativa ya sea celebrando contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o bien efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones de la Ley N°19.885 (Ley de Donaciones). Cabe señalar que la ley considera como razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

Por último, también resulta positiva la obligación de evaluar la implementación de la ley de manera conjunta entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social cada cuatro años, informando a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados.

A pesar de todo lo positivo que presenta esta normativa surgen algunas dudas. Éstas principalmente se relacionan con la amplitud de las razones fundadas, los tipos de trabajos que se ofrecerán por parte de las empresas, la existencia en el mercado de capacitación adecuada para los trabajadores que presenten alguna discapacidad y cómo las empresas podrán adaptarse a las personas con discapacidad, considerando que en ocasiones requerirán de capacitaciones puntuales, específicas, donde el método de aprendizaje es completamente distinto al de una persona sin capacidad, aunque no por eso invalidante.

Habrá que esperar la dictación de los reglamentos que ordena la ley para aclarar los puntos dudosos de una normativa que de por sí presenta luces de una sociedad mejor.

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Desigualdad de género y educación

El 2017 será recordado como un año de reivindicación de los derechos de las mujeres. El momentum lo estableció Naciones Unidas durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, con un potente exhorto por la igualdad de género. De ahí en más, el desafío de la equidad de género se tomó gran parte de la agenda de todo foro internacional. En paralelo, una multiplicidad de reportes globales y el despertar de nuevos movimientos sociales, hicieron eco del carácter pandémico que posee la discriminación y violencia hacia la mujer.

Sin embargo, estamos frente a una batalla cuesta arriba. Informes anuales de la OCDE y el Foro Económico Mundial nos presentan un panorama invariante. La igualdad de género no se ha logrado en ningún país del mundo y no ocurrirá en el corto plazo. Los modelos señalan que bajo el statu quo, tomará cerca de un siglo llegar a una equidad general en el mundo. Esto en oportunidades económicas, educación, salud y empoderamiento político. Las mayores desventajas para las mujeres se detectan a nivel laboral, y las menores en cuanto a acceso y logros educacionales. Esto indicaría que, en esta larga marcha por la igualdad, la educación puede ser el caballo de carrera para llegar a la meta.

A nivel educacional, se puede desarrollar una estrategia para cambiar el escenario de desigualdad desde una dimensión novedosa. Estudios recientes han identificado que las mujeres se sienten estimuladas a llevar a cabo proyectos con fines sociales. Así, en algunos países desarrollados, la tendencia en programas de ciencias e ingeniería es incorporar la solución de problemas que persigan el bien social, como el desarrollo sostenible y la inequidad económica. Cabe preguntarse si, en Chile, los objetivos formativos se enmarcan en estas áreas, o si debemos potenciarlos. El diagnóstico es preocupante. Según el último  informe de la OCDE, tenemos una de las mayores brechas en participación laboral y de salarios entre hombres y mujeres, y el mayor aumento en la diferencia de sueldos en los últimos años. Nuestro país tiene la representación más baja de mujeres en educación superior en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Entonces, ¿Qué frena la participación femenina en las áreas de la ciencia y la tecnología? Destacan factores culturales contenidos en estereotipos profesionales y sociales para hombres y mujeres. Un 50% de los padres chilenos esperan que sus hijos de 15 años estudien en áreas STEM versus un 18% para sus hijas. Por lo demás, a nivel escolar, las pruebas PISA muestran una marcada diferencia en matemáticas con un mucho mejor desempeño masculino. La tendencia prácticamente no ha variado en los últimos años.

La desigualdad de género tiene un alto costo económico. Estimaciones indican que reducir la brecha laboral en un 25% de aquí a 2025, puede traducirse en un incremento en el PIB de hasta 1% anual para los países de la OCDE. Es prioritario abordar este problema con un diseño de largo plazo. Las reformas educacionales del próximo gobierno deben incluir políticas de inclusión femenina y modificaciones curriculares que reflejen las necesidades sociales más relevantes. Así el género femenino, altamente atraído por el altruismo, se verá representado de mejor manera y en áreas donde existen remuneraciones profesionales más altas.

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