Pedro Cayuqueo's Blog, page 29

El derecho a ser dictador

En un ensayo reciente sobre la corrupción de las instituciones políticas tras un simposio organizado por “The New Criterion”, Roger Kimball utiliza dos epígrafes, uno de Edmund Burke, el pensador británico del siglo XVIII, y otro de James Madison, uno de los fundadores de Estados Unidos, que calzan como guante en el acto de despotismo que acaba de perpetrar Evo Morales en Bolivia.

La cita de Burke, sacada de uno de sus famosos panfletos, sostiene, a propósito de la conducta de Jorge III, que “las formas de un Estado libre y de un Estado arbitrario no eran cosas del todo incompatibles”. La de Madison, tomada de El federalista, la recopilación de ensayos que sirvieron para defender la Constitución estadounidense, afirma que la gran dificultad para diseñar un Estado en el que los hombres gobiernen sobre los hombres es que “primero tienes que permitir que los gobernantes controlen a los gobernados y, en segundo lugar, obligar a los gobernantes a controlarse a sí mismos”.

Casi dos siglos y medio después de escritas estas observaciones sobre la tendencia del poder a perpetuarse usando las armas de la propia democracia, un nuevo ejemplo latinoamericano nos recuerda el problema medular de esta región del mundo. Haciendo tabla rasa de la legalidad y la constitucionalidad, el régimen de Evo Morales ha allanado el camino para que él se presente a una cuarta elección presidencial consecutiva y a las que quiera en el futuro.

No lo ha hecho declarándose “dictador”, cerrando el Parlamento y los tribunales, o sacando los tanques a las calles. Le ha bastado que dos instituciones de la democracia, la Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional Plurinacional, desmonten el entramado jurídico de la propia democracia -y reviertan la decisión del pueblo boliviano expresada mediante referéndum- para dejar las cosas expeditas, a fin de hacerse reelegir indefinidamente. En ese sencillo y grave acto está resumida la tragedia de las repúblicas independientes de América Latina. De todas las formas que asume el populismo en esta parte del mundo para perpetrar sus estropicios, la más importante, la que define a todas, es la concentración desmesurada, ilimitada, de poder en manos del “redentor” (según la feliz expresión de Enrique Krauze) que se erige por encima de las instituciones para salvar al pueblo.

Los antiguos romanos inventaron la figura del “dictador” para situaciones de emergencia. El Senado delegaba en los “cónsules”, ante una emergencia, por lo general de tipo militar, la responsabilidad de proponer el nombre de un magistrado al que, temporalmente, se le otorgaban poderes extraordinarios para mandar. Una vez pasada la emergencia -o, en su defecto, habiendo transcurrido seis meses-, el Senado le retiraba a ese magistrado dicho poder. Con el tiempo, el sistema degeneró y, mucho después de Roma, el mundo occidental vivió distintas formas de dictadura que poco tenían de temporales, al menos voluntariamente, y a las que los críticos denunciaron utilizando el vocablo romano. La forma que emplea Morales es una de las variantes más perversas: aquella en la que, en lugar de abolir las instituciones de la democracia, hace que ellas mismas le concedan los poderes dictatoriales de forma vitalicia.

En este caso, un grupo de diputados enfeudados a él, encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, plantearon un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral. Los magistrados, por unanimidad, aceptaron los argumentos de los diputados y dieron la luz verde a Morales, que gobierna desde 2006, para presentarse a la tercera reelección -o cuarta elección- consecutiva en 2019 a fin de que pueda gobernar de 2020 a 2025.

Pero la argumentación ni siquiera fija el siguiente mandato como un límite: más bien como el comienzo de una secuencia potencialmente infinita. Porque el argumento es que la postulación de Morales es un derecho político que él tiene como ciudadano; que ese derecho está amparado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que, según la Constitución boliviana, los tratados internacionales prevalecen sobre la legislación interna del país cuando ello redunda en beneficio de los derechos humanos, y que, por tanto, los artículos de la Ley de Régimen Electoral que limitan su reelección son inconstitucionales.

Esta argumentación, aceptada por el tribunal que, se supone, existe para impedir la violación de la Constitución, será válida no sólo en las elecciones del próximo año, sino en las que tengan lugar cinco años más tarde, y así sucesivamente. Por tanto, Morales ha convertido la ya dúctil democracia boliviana en una plastilina con la que sus manos juegan a su antojo. Ha demostrado, una vez más, que un Estado libre y un Estado arbitrario pueden ser la misma cosa, que se puede vestir a un sistema dictatorial con los atuendos de una democracia formal.

El proyecto vitalicio era evidente desde el inicio, como lo fue en todos los gobernantes populistas, empezando por Hugo Chávez, que desde finales del siglo pasado llegaron al poder por la vía electoral y de inmediato organizaron las cosas para reemplazar las instituciones por otras, dóciles y cómplices.

Recordemos que Morales, quien llega al poder en 2006, convoca a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Fundamental y que en ella ocurren, entre muchas otras, dos cosas que facilitarán luego su perpetuación en el mando. Una: los constituyentes cambian el nombre del país, que deja de ser la República de Bolivia y pasa a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. La otra: la nueva Constitución permite dos mandatos consecutivos, es decir, una reelección.

Con lo primero, Morales se aseguró de que el mundo empezara de nuevo, por tanto de que la legalidad anterior, de un país que ya no existía, quedase abolida. Así, su primer mandato dejó de ser el primero: su reelección, que ocurrió en 2009, se convirtió en su primera elección. Lo segundo permitió que, cumplido ese segundo mandato que había pasado a ser el primero, pudiera presentarse en las elecciones de 2014 sin violar su Constitución. Para ello necesitó que el Tribunal Constitucional, usando un mecanismo muy similar al que había empleado en su día Alberto Fujimori en el Perú, interpretara que el primer mandato no había sido el primero y que Evo Morales había empezado a gobernar a partir del periodo surgido bajo la nueva Constitución.

El tiempo pasó y llegó el tercer gobierno consecutivo de Morales -segundo bajo la nueva Constitución-, lo que implicaba que, con las reglas de juego que él mismo se había hecho dar, debía abandonar el poder en 2020 por estar impedido de presentarse a los comicios de 2019. La solución que ideó para sacar del camino el escollo y presentarse al cuarto mandato consecutivo fue un referéndum, que convocó, obedientemente, el Tribunal Electoral en febrero de 2016. A estas alturas, ni Evo Morales era ya tan popular como antes, ni había estómago suficiente en la ciudadanía como para tragarse un bocado reeleccionista tan suculento. Ocurrió lo impensable: más de 51% de los votantes le dijeron “no” en el referéndum. Morales se había comprometido a cumplir la decisión -que era vinculante- afirmando, cuando fue convocada la consulta, que “si el pueblo dice no”, él se iría porque “no vamos a hacer un golpe”.

Así es como llegamos a noviembre de 2017, en que fue menester volver a hacer compatibles -en palabras de Burke- el Estado libre y el Estado arbitrario, es decir a usar las formas de la democracia para abolir la democracia. El Tribunal Constitucional, aceptando la argumentación de los diputados del MAS, el partido oficialista, ha hecho escarnio de la Constitución del propio Morales que limitaba a una sola el número de reelecciones y del referéndum, la voz del pueblo, que en un régimen populista es, se supone, incontestable.

La argumentación del régimen de Morales -todas las instituciones del Estado son suyas porque él manda en ellas tras haber acabado con el juego de pesos y contrapesos diseñado en una democracia liberal para impedir el abuso de poder- es que sus derechos políticos estaban siendo vulnerados por la legislación electoral. Legislación electoral que el propio Morales había hecho aprobar bajo los parámetros de la nueva Constitución, también suya. Para esto se recuesta en el artículo 23 del Pacto de San José (a Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en 1969, que es un pilar del Sistema Interamericano).

Ese artículo habla de los derechos de los ciudadanos a participar en política y tiene como razón de ser exactamente lo contrario de lo que Morales pretende hacer creer a su país. La función de ese artículo es proteger a los ciudadanos contra el despotismo, consagrando sus derechos políticos (el derecho a ser elegidos, por ejemplo), que forman parte de sus derechos humanos. No dice que para proteger esos derechos haya que violar la legalidad, es decir los derechos de los demás, que es lo que está haciendo Morales. Su espíritu (lo más importante) y su letra (limitada, como inevitablemente lo es todo texto de este tipo) tienen la clara finalidad de evitar la dictadura, no de entronizarla.

El ex Presidente Jorge Quiroga ha dicho que Morales está invocando, insólita y cínicamente, el derecho a ser tirano. Y ha pedido, junto con muchas otras voces bolivianas, que el propio Sistema Interamericano se pronuncie. Es imperiosamente necesario, sin duda, que ello suceda. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (y la Corte de Derechos Humanos del mismo organismo) seguramente tendrán en sus manos, más temprano que tarde, esta papa caliente. Aunque algunos de sus fallos han sido controvertidos, y aunque es verdad que hay en dichas instancias algunas personalidades con simpatías políticas de izquierda (habrá pronto, por cierto, una renovación de miembros), en lo que se refiere a la defensa de la democracia y los derechos humanos el balance es muy positivo. Hay hoy día, además, en la Secretaría General de la OEA un líder que está jugando un papel de primer orden en la defensa del estado de derecho. No es concebible que, ante esta aberración emblemática del mal político de nuestro tiempo, avalen la interpretación delirante que La Paz pretende hacer del Pacto de San José.

Todos sabemos, sin embargo, que la verdadera batalla no se libra en Washington, sino en Bolivia, donde una mayoría se opone al “derecho” de Morales a ser tirano. No hay duda de que se vienen meses violentos, en los que el gobierno empleará todo lo que esté a su alcance para salirse con la suya. Ojalá, por el bien de América, que no lo logre.

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Suma cero

A ver si entendí bien: lo que los chicos listos de Giorgio declaran es que serán oposición a cualquier gobierno que venga por delante, sea encabezado por Piñera o Guillier, pero al mismo tiempo exigen que el exrostro incorpore sus propuestas en su inexistente programa.

No soy bueno para las matemáticas, pero mis cálculos preliminares indican que eso suma exactamente cero.

Piénselo bien: si se cumplen todos los deseos de estos Mapu con iPhone, como los llamó un brillante columnista, terminarían oponiéndose a sus propias ideas.

Eso, mis estimados y escasos lectores, resulta tan enredado como llamar a votar para derrotar al candidato de la derecha, pero sin apoyar al candidato de la izquierda, que es, más o menos, lo que el Frente Amplio consiguió hacer en su declaración pública del pasado jueves.

No sé a ustedes, pero a mí no me sorprende. Giorgio y sus chicos tienen una innegable e insaciable vocación por el poder y, en ese proceso, casi todo está permitido: apoderarse del Ministerio de Educación para luego arrancar cuando las cosas se pusieron difíciles, abandonar a doña Josefa cuando se destaparon los problemas financieros en Providencia, incluir a Pamela Jiles en su lista para luego intentar “domarla” y un extenso etcétera que no tengo tiempo ni ganas de reproducir.

Lo que importa, como queda de manifiesto, es mantener contentos a sus clientes electorales. ¿Y cuáles son esos clientes? Por lo pronto, todos los molestos. Molestos con cualquier cosa: con las AFP, con las isapres, con Entel porque se cayó la señal, con las farmacias porque cobran caro, con la productora de espectáculos por las entradas al concierto, con su jefe, con su banco, etc. Y luego están los hijos de papá: imberbes que neutralizan su leve sentimiento de culpabilidad con alguna bravuconada social para luego partir a surfear a Pichilemu.

Por lo mismo, no se desconcierte si observa que las promesas de los candidatos empiezan a desbandarse (¡900 mil empleos comprometió el exrostro! Tendrá que fabricar trabajadores).

Porque a estas alturas a nadie le importa. Cada uno votará por el que mejor represente su domicilio político, independiente de lo que proponga, anuncie o cambie de su programa.

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Minimizando responsabilidades en la debacle de las encuestas

Fueron dos las encuestas electorales que acapararon casi toda la atención mediática durante la primera vuelta de la elección presidencial: la Cadem y la CEP. Cada domingo, uno de los principales programas de política en televisión anunciaba las nuevas cifras de la Cadem, seguidas de un análisis de sus vaivenes semanales por parte de los panelistas estables del programa. Ni una palabra sobre las debilidades metodológicas de la encuesta, que solo una de cada ocho personas contactadas responde, que no existe evidencia alguna de que quienes responden votan parecido a quienes no responden.

En el caso de la CEP, solo hubo dos encuestas electorales durante la campaña, cada una de las cuales concentró una atención mediática que resultó ser desproporcionada. Transmisión en directo del evento donde el oráculo dilucidaba el resultado electoral; primeras planas de los medios más influyentes; editorialistas y líderes de opinión exponiendo teorías sociológicas cuyo escaso sustento empírico descansaba en la encuesta, y mucho más.

El 19 de noviembre supimos que la Cadem y la CEP estaban equivocadas. No eran errores menores, fue un fracaso estrepitoso. La Cadem sobreestimó la votación de Piñera en más de ocho puntos porcentuales y subestimó el apoyo a Sánchez en más de seis puntos. Los errores de la CEP fueron aun más grandes. Proyectó más del 48% para Piñera y en torno al 10% para Sánchez, las votaciones efectivas fueron de 36,6 y 20,3%, respectivamente.

Lo que hemos presenciado luego de la debacle de las encuestas tiende a minimizar las responsabilidades. En el caso de la Cadem, la estrategia consistió en intentar redefinir los criterios con que se evalúa una encuesta electoral. El criterio habitual es ver si los errores de las proyecciones estuvieron dentro del margen de error de 3% que anuncian todas las encuestas. Si anduvieron cerca -errores del 4 o 5% serían aceptables para candidatos con altas votaciones- pasan la prueba. Pero errores del 8, 10 y 12%, como los observados, no pasan este test. Probablemente, por eso, el vocero de la Cadem, con el apoyo de uno de los panelistas del programa que daba las primicias semanales, contribuyeron a los anales de las encuestas con un nuevo criterio para evaluar su poder predictivo: la encuesta Cadem habría sido un éxito porque acertó el orden en que llegaron los tres candidatos con mayor votación. Que los errores fueron mucho más de lo razonable da lo mismo.

Para comunicar que al menos ellos se creen su cuento, que no se arrepienten de nada y que no tienen nada que aprender, Cadem decidió seguir con sus encuestas para la segunda vuelta. Y es así como publicó una primera encuesta el lunes de esta semana. Al menos esta vez no se dieron a conocer las proyecciones en el programa de televisión, sino que por la prensa y con menos cobertura que durante la primera vuelta, aunque ningún medio se atrevió a publicarla junto al horóscopo.

Se han utilizado varios argumentos adicionales para minimizar los errores de las encuestas. Entre ellos, mencionar los serios errores de encuestas electorales recientes en otros países, partiendo por el Brexit. Nadie ha mencionado que la magnitud de los errores en el caso chileno fue mucho mayor que para el Brexit.

También han aparecido teorías más sofisticadas, o al menos difíciles de falsificar, para explicar la debacle de las encuestas, destacando entre estas que fallaron los modelos de “votante probable”. La idea es la siguiente: con la introducción del voto voluntario cualquier proyección debe partir por determinar cuáles encuestados irán a votar y cuáles no. Llevamos poco tiempo con el nuevo sistema y todavía no tenemos un buen modelo para hacer esta clasificación.

Un análisis de los datos de la encuesta del CEP sugiere que es improbable que esta explicación sea correcta. En primer lugar, porque los errores de proyección basados en los votantes probables son similares a aquellos que resultan si se usa toda la muestra. De hecho, un cálculo muy sencillo indica que se requieren diferencias de participación implausibles entre quienes respondieron que votarían por Sánchez y por Piñera para explicar los gruesos errores cometidos por esta encuesta. Concretamente, una tasa de participación del 80% para el primer grupo de encuestados (Sánchez) versus un 35% para el segundo (Piñera).

La creatividad de algunos analistas ha llegado a niveles notables buscando argumentar que los errores de las encuestas lejos de perjudicar a Beatriz Sánchez en realidad pudieron favorecerla. Las encuestas fueron creando un ambiente de expectativas respecto de una victoria inevitable de Piñera y un colapso de la candidatura de Sánchez que hace difícil creer que esto no benefició al candidato de Chile Vamos y perjudicó a la candidata del Frente Amplio. Si se va a argumentar que no fue así, lo mínimo es presentar alguna evidencia.

Es importante que sepamos qué sucedió realmente con las encuestas, es dañino para nuestra convivencia democrática que quienes se equivocaron de manera tan notoria busquen minimizar lo ocurrido. Cualquier explicación que den debiera ir acompañada de evidencia sólida, no de una que otra anécdota. Idealmente, que un grupo de analistas independientes de las instituciones que hicieron las encuestas evalúe la fuente de los errores e informe sus conclusiones a la ciudadanía.

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¡Quemen a la bruja!

Hay cambios que pueden pasar inadvertidos hasta que algo revienta, remece la escena y cae un telón que deja al descubierto lo que había estado ocurriendo sin que lo notáramos. Algo así tuvo lugar en Brasil a principios de noviembre pasado, cuando la filósofa norteamericana Judith Butler acudió a una conferencia en Sao Paulo. Butler es un nombre clave en círculos académicos, principalmente por sus trabajos sobre sexo, género y política; una intelectual de renombre, pero no un personaje popular al punto de aparecer con frecuencia en televisión o provocar aglomeraciones. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió durante aquella visita a Sao Paulo. Desde que llegó a Brasil, la autora debió enfrentar el revuelo nacional que provocó su presencia. El interés que despertó en la opinión pública no era por conocer más sobre sus reflexiones, sino por la campaña que en su contra organizaron miles de evangélicos fundamentalistas. Los grupos ultraconservadores cristianos usaron todos los medios disponibles -sólo la Iglesia Universal tiene más de 20 canales de televisión y otras tantas radios- y a los líderes de una bancada parlamentaria confesional, que cuenta con 87 diputados y dos senadores, para atacar a Butler. Una alianza religiosa, económica -el negocio de la fe es una industria en Brasil- y política manifestándose en plenitud.

Repentinamente, Butler se convirtió en un tema de alarma pública.

Los mismos grupos político-religiosos que habían pedido que Dilma Rousseff dimitiera, ahora pedían que Judith Butler no hablara. Exigían que su conferencia fuera cancelada. En sus comunicados no mencionaban la obra de la intelectual, no citaban ni un párrafo de sus libros, pero resumían mañosamente su trabajo filosófico en una síntesis apta para usarla como un eslogan para esparcir rechazo. Decían, por ejemplo, que ella era “la creadora de la ideología de género” y que su objetivo era dañar a los niños. Para ilustrar sus propósitos hicieron circular un video por redes sociales que mostraba a una profesora obligando a un chico a pintarse los labios. En eso consistía el pensamiento de Butler.

El diputado evangélico Marco Feliciano -célebre por sostener que los descendientes de africanos son personas malditas y los gays incitan al crimen- denunciaba que el objetivo de Butler era destruir la familia. A las declaraciones y protestas se sumó una campaña de recolección de firmas organizada por la plataforma religiosa española Hazte Oír-CitizenGo. Esta organización es la misma que trajo a Chile el llamado “Bus de la Libertad”, transformando, de paso, en personaje público a Marcela Aranda, la mujer que asesora a parlamentarios chilenos para frenar el avance en la legislación de derechos humanos. A través de la plataforma se reunieron más de 300 mil firmas que pedían que Judith Butler fuera censurada, que sus ideas fueran prohibidas.

El día de la conferencia llegaron cientos de manifestantes hasta las puertas del edificio en donde se organizaba el encuentro. Llevaban carteles con una foto del rostro de Butler tachado y otros con leyendas difamatorias en su contra. La acusaban de promover aberraciones. Un grupo llevó un muñeco hechizo que representaba a la norteamericana. Le prendieron fuego para atraer a las cámaras. En el interior, la conferencia comenzó con el discurso de uno de los anfitriones, quien dijo que pocos simposios realizados en Brasil habían recibido tantas amenazas y presiones.

Butler partió su conferencia agradeciendo a los organizadores haber soportado las hostilidades.

En medio del remolino de incidentes pasó casi inadvertido un detalle: el tema principal del simposio no era el género, tampoco el feminismo ni la teoría queer, sino la democracia en los tiempos que corren. Durante su intervención -de la que poco se habló en los medios-, Judith Butler dijo: “La democracia es una lucha continua para resistir las fuerzas políticas que censuran nuestras palabras, controlan nuestra libertad, condenan nuestros afectos y nuestras vidas y que reproducen legados de violencia y dominación”.   

Afuera, el muñeco que representaba ardía y alguien gritaba: “¡Quemen a la bruja!”.

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La nueva “Nueva Mayoría”

Otro de los inconvenientes de los balotajes, como medios para resolver empates, es que terminan por forzar mayorías a lo sumo circunstanciales, flor de un día. Se vio el año 70 bajo el antiguo esquema de radicar el asunto en el Congreso. Recordemos como la entonces poderosa DC acepta apoyar al candidato popular para muy luego enfrentarse con la UP y sumarse a quienes querían derrocar el gobierno. Pasa de nuevo con Bachelet y su máquina. Inflados y empoderados con el 62% de los votos el 2013, creen que pueden hacer lo que se les venga la gana. ¿Pese al 58% de abstención original y al decreciente apoyo posterior avalándoles aún menos? Nada que los detenga; a números tan vagos se les puede manipular demagógicamente. De ahí que, en la noche del 19 de noviembre, se adjudicaran un presunto 55%, supuestamente a favor de sus estupendas reformas.

Sabemos lo que es la demagogia: un intento burdo de mantenerse en el poder (en este caso, el de un progresismo reformista que presume tener la llave maestra que va a corregir la historia) halagando sentimientos muy primarios de una ciudadanía nunca del todo clara si quiere o no que se la pastoree. Hoy sí, mañana no tanto, o bien, siempre sí aunque no por las mismas fuerzas, nunca pudiéndose saber a ciencia cierta.

Da lo mismo. Lo que de veras incidiría -se cree- es que la soberanía otorga bendiciones y soplos divinos. Cuestión que afirman en el siglo XVII teóricos del absolutismo, y en su segunda formulación, a fines del XVIII, revolucionarios tras la guillotina francesa. Ambos, sin embargo, planteando nada muy distinto, como ha sostenido Bertrand de Jouvenel (De la souveraineté, 1955). Cualquiera sea el referente legitimador invocado, la atribución de una soberanía ilimitada y arbitraria no altera lo medular. El rey rara vez es el poseedor efectivo del poder despótico conferido, y el pueblo nunca lo puede ser. Lo que no obsta que se funcione como si, de hecho, lo sean. En el segundo caso amparándose en “sufragios debidamente emitidos” y en que la mayoría más uno se lleva todo, ficciones legales tan groseras y mañosas como que la ley se presume conocida.

El drama de esta elección no es quién gana o pierde la presidencial (cualquiera que “triunfe” la tendrá difícil, ¡qué cuento lo de las mayorías!), sino quién va a hacerse cargo del enredo mayor: gobernar una vez elegidos. Y ahí, si nos atenemos al espectáculo que se viene dando, las perspectivas no se ven auspiciosas. Los ya elegidos al Congreso están empeñados en lo de siempre, en puramente empoderarse y seguir en lo único que saben hacer: las interminables vueltas electorales y empates, obstruyendo a quien sea, amigos o enemigos, mientras tanto. En primerísimo lugar, los del Frente Amplio, en especial sus genios tácticos, con una estrechez de mente que los retrata.

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Chicos listos

El Frente Amplio, un grupo que se asocia a jóvenes idealistas, que viene a cambiar la política y el país, sorteó su primera prueba de fuego a la vieja usanza. En vez de apoyar o rechazar la candidatura de Guillier, de seguir sus principios, optaron por acatar la regla del clásico manual de la política: ante decisiones complejas, mejor navega por aguas tibias; no te comprometas, evita el conflicto.

En una declaración llena de buenas intenciones y deseos; lo que nunca aclaran es precisamente lo que se les preguntó. Es más, en ningún párrafo aluden a Guillier y prefieren optar por el camino clásico, que es hacer un llamado a sus adherentes a votar de acuerdo a sus propias convicciones o análisis. O sea, es el triunfo de la ambigüedad, una que se supone ellos están llamados a desterrar de la política.

Quien mejor resumió lo ocurrido es el propio Alberto Mayol, ex candidato de esa colectividad, quien dijo que se trata de una suerte de antimensaje, ese que uno lee y no sabe cuál es la conclusión. Salvo que cada uno puede hacer lo que quiera, algo tan obvio que para ello no necesitaban decir nada.

Ahora, es evidente que el problema es que ellos no quieren votar por el candidato de la Nueva Mayoría. Tienen claro que son enemigos de Piñera, pero tampoco quieren ser amigos de Guillier. Para ellos, al final del día, ambos son igualmente molestos. Pero no se atrevieron a decirlo con claridad, por miedo a la crítica de los sectores más tradicionales, esos que se supone ellos vienen a desafiar. Guillier entendió el mensaje. Ofuscado, dijo que sabía que iba a pasar esto, pero que uno espera en política que la gente tenga decisiones definidas. Estás o no estás o te abstienes, disparando al corazón del movimiento al que, hasta esta semana, se podía acusar de muchas cosas, pero nunca de ambigüedad.

Hay dos lecturas posibles de todo esto: la primera es mala, en el sentido de que se trata de un grupo que no se la juega, que no habla claro, que no quiere arriesgar nada, algo que suena a una negación de lo que pretenden ser.

La segunda, más benigna, es que son chicos listos. Que entienden que ya son un partido con 21 parlamentarios y que ahora las decisiones ya no se toman con puro ímpetu, sino con calculadora en mano, porque la cosa no está para aventuras, ni idealismos.

En cualquier escenario, la conclusión es una: con su actuar de esta semana, se convirtieron en un grupo más de la política chilena tradicional. Lo que no tiene nada de particular. Pero, si es así, al menos debieran dejar de pontificar, dar lecciones al resto y sentirse poseedores de la verdad como si fueran los elegidos. Ahora, ya son parte del club que dicen renegar. Al final, la política es la política. Porque, como todo en la vida, las cosas no cambian porque se tenga ideas disruptivas, sino por como uno actúa en los momentos claves.

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La incondicionalidad de la DC

La Democracia Cristiana atraviesa un momento muy difícil, como otros que ha enfrentado en su historia. Pero es un partido con tradiciones fuertes y con raigambre cultural. Fue capaz de salir adelante de retos muy complejos en el pasado, y puede, si quiere intentar superar la situación actual. Sin la DC es imposible imaginar una experiencia de gobierno tan exitosa como la de los cuatro gobiernos de la Concertación. Personalmente, me siento orgulloso de la contribución que los democratacristianos hicimos a la modernización y al progreso del país.

Creo que la DC ha pagado un precio muy alto al volverse borrosa su identidad, al aceptar un estilo ajeno de hacer política y, sobre todo, al callar ante un discurso que casi implicó pedir disculpas por lo hecho, entre 1990 y 2010. El binominalismo influyó mucho en esa distorsión, porque estimuló las alianzas/camisa de fuerza. Eso fue la Nueva Mayoría, en la que la DC se asoció con seis fuerzas de izquierda y con frecuencia soportó la hostilidad y la falta de respeto de algunas de ellas. Ha quedado en evidencia que nuestras diferencias con el PC son profundas.

Es hora de que la DC recupere su autonomía. Ninguna fuerza política que no defienda eso merece consideración de los ciudadanos. Y para ello, debe respetarse a sí misma. No comparto la decisión de apoyar a Guillier rápidamente y sin condiciones. Considero no solo reñida con la ética, sino también con la estética, la actitud de Silber y los hermanos Rincón, que antes de que pasaran 24 horas de la elección, ya estaban pidiendo la renuncia de Carolina Goic a la presidencia del partido. Muchas veces actuaron contra la candidatura partidaria y luego reclamaron, escandalizados por el bajo apoyo recibido por nuestra candidata. Hacía tiempo que no veía algo tan obsceno.

Carolina Goic merece reconocimiento por su valentía al asumir una candidatura en difíciles condiciones. Hubo un sector del partido que, por mero cálculo de ventajas, trató de impedir que hubiera un candidato propio de la DC, y que proponía ir a una primaria en la que habríamos tenido que competir con el candidato de seis partidos, lo que habría sido el suicidio. Aunque hubo un costo electoral, los democratacristianos pueden -si lo quieren- recuperar la autoestima.

Creo que el comportamiento oportunista es un gran mal de la política en estos días, y constituye el caldo de cultivo para el populismo desatado, para las ofertas que no miden consecuencias, para los atajos que prometen la felicidad y que, al final, pueden terminar en grandes calamidades. Yo no quiero que el populismo se imponga en Chile. Aspiro al perfeccionamiento del régimen democrático y rechazo absolutamente el establecimiento de un sistema de asambleas que la arrastre hacia un pantano.

Es indispensable que la DC vuelva a ser una fuerza que aporte a la estabilidad y la gobernabilidad de Chile. Una fuerza que, junto con defender los derechos individuales, aliente el sentido de comunidad y la cultura de la solidaridad. La DC no debe dejarse intimidar ni por la derecha ni por la izquierda. Debe hablar su propio lenguaje, sostener los valores que la han identificado desde su fundación como fuerza democrática y reformadora, defensora de los DDHH aquí y en todas partes. Solo por ese camino, aunque sea largo, habrá futuro. Quiera Dios que sus actuales conductores sepan salir de la “incondicionalidad”, como verbo rector de su actuar en política.

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La disyuntiva electoral

La disyuntiva en la segunda vuelta presidencial no es impulsar o no reformas. Chile las necesita para ser un país moderno y desarrollado. Las requiere, por ejemplo, para acelerar el crecimiento, reducir la desigualdad, aumentar las pensiones, mejorar la salud y la educación, generar empleos y modernizar el Estado. La disyuntiva es qué candidato puede hacerlas mejor, atendiendo el bienestar general de la población, sobre la base de políticas bien diseñadas, sólidos equipos técnicos, acuerdos políticos y una implementación gradual que asegure buenos resultados.

Los contenidos de los programas de gobierno y las promesas electorales importan porque denotan intenciones, pero no son decisivas. Son cartas de navegación que se deben ajustar según los problemas que se presenten en el camino, la opinión de la gente y los acuerdos en el Congreso; en ningún caso derroteros a seguir contra viento y marea.

Más relevantes son los lineamientos que orientarán la acción del gobierno. Necesitamos un ambiente de libertad que estimule la creatividad, la innovación y el emprendimiento, premie el esfuerzo y castigue los abusos. Requerimos construir un país tolerante y solidario que privilegie la inclusión y la diversidad y no discrimine por género, nacionalidad, raza, origen social, creencias o inclinación sexual. Anhelamos seguridad y acceso igualitario a la justicia, en las ciudades y en el campo. Queremos más crecimiento, productividad, ciencia y tecnología, cultura, fin de la pobreza y cuidado del medio ambiente. Exigimos descentralización de verdad. Debemos insertarnos en la cuarta revolución industrial, facilitando los cambios y protegiendo a los afectados.

Ninguna candidatura recoge plenamente estos conceptos, pero la responsabilidad política obliga a elegir, recordando que no estamos escogiendo al empresario o periodista modelo -ninguno lo es- sino al presidente para los próximos cuatro años. Mi voto será para Piñera. No es decisión trivial porque siempre voté por la Concertación y, en la última elección, por Bachelet, creyendo que continuaría la positiva senda de los gobiernos precedentes, incluyendo el suyo. Estoy decepcionado porque el desempeño de su gobierno ha sido mediocre, renegando de las políticas que posicionaron a Chile en un papel de liderazgo. Celebro los avances en la agencia valórica, incluyendo la aprobación de las causales de aborto, pues resuelve un problema real, pero, con escasas excepciones -como energía- hay poco que celebrar en materias económicas y sociales. Tenemos una economía estancada y endeudada, reformas tributaria, laboral y educacional mal hechas e implementadas; el desafío de la calidad educativa aún pendiente, proyectos de salud retrasados por razones ideológicas, el espíritu emprendedor sometido a sospecha por la demonización del lucro y un ambiente de desconfianza y división acentuado por la lógica de la retroexcavadora.

Frente a esta evidencia y una candidatura de Guillier que pretende acentuar la obra del actual gobierno, sin mayor experiencia y con un equipo menguado por el desprecio a sus figuras más señeras, prefiero una opción que da más confianza, tiene cuerpos afiatados, rescata el espíritu de la Concertación que tanto aportó a nuestro desarrollo y, en todo caso, favorece la alternancia de los equipos de gobierno. No comparto todas sus propuestas o visiones, pero espero que si sale elegido, Piñera acoja los planteamientos que represento y reemplace la figura de la retroexcavadora por una camioneta doble tracción, que avance superando obstáculos y con doble cabina, para que quepan todos. Y cual sea el resultado de la elección, llamo a restablecer el clima de conciliación y acuerdo requerido para transitar al desarrollo. Chile se merece nada menos.

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El retorno de Correa

Rafael Correa ha regresado al Ecuador (desde Bélgica) para enfrentarse al Presidente Lenin Moreno. Quiere desplazarlo del control de su partido, retarlo por “traicionar” su Revolución Ciudadana y detener una consulta popular orientada a acabar con la reelección indefinida, que le impediría volver a la Presidencia.

La sorprendente política ecuatoriana nos ha deparado un extrañísimo -e interesante- conflicto entre el Presidente al que Correa creía poder instrumentalizar para que le guardara el puesto unos años y el populista prepotente y tonitronante que instaló a su país, por un tiempo, en la órbita chavista. No ha sido la oposición liberal o socialcristiana, ni la izquierda indigenista o la izquierda ideológica, quienes han desplazado del poder al correísmo, sino un hijo político de Correa, al que éste convirtió en su sucesor sin sospechar las consecuencias.

Muchos ecuatorianos han sido escépticos viendo que Moreno denunciaba el legado económico y el autoritarismo de Correa, dejaba sin funciones a su Vicepresidente -hoy detenido por imputaciones de corrupción-, le arrebataba el liderazgo del partido a su antecesor e iniciaba un proceso de consulta popular para cerrarle el paso en el futuro. Pero el tiempo ha demostrado que la pelea iba en serio. Y Correa tiene miedo: por eso ha regresado al Ecuador a reclamar su cetro en el partido y entre los congresistas de Alianza País, y a tratar de detener la apisonadora que lo puede aplastar.

Para la causa de la democracia ecuatoriana y el desarrollo de ese país, no hay duda: lo que conviene es que Moreno derrote a Correa. Todo parece indicar que así será, pues el partido se alineará mayoritariamente con quien detenta hoy el poder, además de que el horizonte penal del propio Correa y su gente es cada vez más sombrío, dada la abundante corrupción de su extinto gobierno. Además, si en esta lucha sin cuartel Ecuador puede lograr avances como eliminar la reelección indefinida que Correa impuso inconstitucionalmente hacia el final de su gobierno, tanto mejor.

La cuestión, sin embargo, es si esta es sólo una disputa de poder fratricida o un enfrentamiento -además- entre dos visiones de la sociedad. Por momentos hay síntomas de lo segundo y a ratos, de lo primero. Moreno tiene un estilo mucho más dialogante y menos autoritario que su antecesor, y un sentido del daño que hizo Correa al país. Pero falta comprobar de una vez por todas que entiende que la nuez del problema no es el talante de quien controle a la mayoría parlamentaria y al partido principal, sino el legado populista, tanto en su vertiente política como económica.

De nada serviría que Moreno sustituya a Correa en el control del poder si no desmonta el aparato populista. Un error que cometió en los primeros meses fue mantener la política económica de Correa, con sus exacciones tributarias, su proteccionismo comercial, su gasto y endeudamiento exorbitantes, su intervencionismo antiempresarial. Ahora, por fin, ha removido al equipo económico que heredó, pero aún no está claro que vaya a modificar sustancialmente la orientación económica. Está en su interés hacerlo porque el Ecuador no crece desde hace tres años y los niveles de inversión privada son paupérrimos. Nada le dará tanta legitimidad en su empeño contra el pasado como un presente económicamente dinámico.

Una acotación final. Para la oposición, esta disputa es un problema porque Moreno y Correa copan casi todo el espacio. También es una oportunidad: Moreno, a la larga, no podrá sentirse seguro contra Correa si no tiene el respaldo parcial de la oposición liberal y socialcristiana. Tal vez esa oposición pueda, por ello, influir en Moreno para mejor.

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Parece que no entienden

Cabeza dura, muy requete dura. O lisa y llanamente desfachatez, desparpajo extremo. Es imposible concebir otra explicación para entender al caso omiso que sigue haciendo el Consejo de Clubes a las clarísimas señales externas, a la deteriorada imagen pública que hasta hoy los sigue con la fidelidad de un perro.

Hagamos un pequeño recuento: aunque les duela, aunque en muchos casos sea injusto, aunque parezca un exceso, para la mayoría de la gente los dirigentes del fútbol son una tropa de tránsfugas. Malos bichos. Mentirosos, corruptos, deshonestos. O, al menos, pésimos profesionales. Descuidados, pavos, irresponsables. Un lote de mediocres como pocos. Y vaya que se han ganado esa fama. Con creces. Es más: pareciera que cada día hacen más esfuerzos por alimentar el mito.

Materia para la cual, convengamos, ha ayudado bastante la “situación externa”, la gran certeza jurídica de los últimos años: hace rato que las principales caras del fútbol mundial se pasean por los tribunales del mundo acusados de los más variados delitos. Poco han servido también, en materia de imagen, que el feroz desfalco de la ANFP por parte de Sergio Jadue y sus bribones no haya generado hasta aquí castigos reales, detenciones o al menos una autocrítica brutal. Al revés: la basura sigue bajo la alfombra. Y a veces hasta encima.

Digo: el escenario es malo. Dantesco. Ser dirigente del fútbol hoy resulta, seamos francos, algo muy cercano al total descrédito social. Una contra, un estigma. Y eso debiera, piensa uno, apurar transformaciones, cambios. Preocupación. Vergüenza, más que sea. Pero no es así. A ratos pareciera que los involucrados ni se enteraran ce lo que piensa de ellos el común de la gente ¿Como entender, sino, la estupidez mayúscula de seguir sosteniendo ese discurso añejo y bobo del “somos entidades privadas y no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie”? Por Dios. No entendieron nada. Hoy la transparencia casi total es el DESDE, el mínimo. De ahí partimos. No basta con cumplir la ley. Hay imperativos éticos mayores si se quiere recuperar la fe perdida…algo que aún no consiguen internalizar abogados y asesores.

Hoy, el Consejo de Clubes está en el ojo del huracán. Entero. Todos. Los más pomposos y los más penquitas. Vigilado desde todos los frentes. Mal querido. Los dirigentes del fútbol son sinónimo de problema legal, de potencial trampa, de seguir sacando las castañas con la mano del gato. Existen legítimas y naturales dudas, por ejemplo, respecto de cómo se está llevando a cabo la venta del CDF. Poco transparente, enredada, con lobbys descarados, con filtraciones extrañas y “convenientes”, con métodos peligrosos (como hacer ofertas sin notarios presentes, vía mail). Mucha gente piensa, de hecho, que se van a saltar las leyes autoimpuestas y, en vez de invertir esa porrada de plata en infraestructura, en las divisiones inferiores, en crecimiento, se la van a meter al bolsillo y van a salir arrancando o van a gastársela en forma irresponsable. ¿Quién podría negar que, siguiendo la línea histórica, probablemente vaya por ahí la mano? Se han ganado, con creces, el que ya nadie confíe en ustedes, muchachos.

¿O creen que todos nos quedamos tranquilos, por ejemplo, con la forma como se “solucionó” el tema de la violencia en los estadios? ¿Creen que pensamos que “ganaron” la pelea cuando muchos clubes siguen sin invertir el mínimo en seguridad o los partidos más importantes se juegan con medio estadio vacío, cerrado para evitar gastos y riesgos? ¿De verdad creen que eso es un “avance”? ¿Cerrar el estadio para no gastar en guardias? ¿Achicar los aforos en vez de ampliarlos? ¿Jugar sin público visitante para evitar conflictos?

¿También creen que no sabemos que vulneran todos los días las reglas al tener, varios integrantes del Consejo, la propiedad de más de un club? (al menos en esto el Congreso parece estar tomando medidas en estos días). ¿Y creen que nadie se dio cuenta que las garras de varios representantes de jugadores y dueños de factories ya están hace rato sobre la propiedad los clubes, con todo lo insano y peligroso que eso es?

Muchachos: los estamos mirando. Desde la calle, desde Valparaíso, desde las fiscalías, desde Impuestos Internos. Todo el día, todos los días. Y se han seguido portando mal. Hasta aquí no han entendido la lección. No han generado fórmulas reales, concretas, eficientes, para auto vigilarse y auto castigarse. No han cambiado su discurso de verdad, desde el alma. Han avanzado muy poco en materia de transparencia ¿No será hora de que le pongan freno al descrédito? ¿Que los pocos buenos que hay adentro expulsen de una vez por todas a los malos? ¿Que se den cuenta que el problema mayor sigue estando adentro? Ya pues. Se acaba el tiempo.

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