Pedro Cayuqueo's Blog, page 27

Judicialización o falta de acceso a la justicia

Solo el tiempo dirá si el legado ambiental de la Presidenta Bachelet será insuperable, pero de la revisión de las propuestas en esta materia de los candidatos que siguen en carrera, preocupa que sean tan poco ambiciosas. En lo que sí coinciden –irónicamente- es la necesidad de fortalecer al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Guillier plantea avanzar hacia una institucionalidad más ágil y menos compleja que facilite la inversión sustentable, mientras que Piñera propone fortalecer al SEA para mejorar los procedimientos de evaluación, lo que incluye generar instancias de diálogo temprano.

Este tipo de propuestas, uno puede suponer, se enmarcan en un contexto en donde se ha instalado la idea de la judicialización de los proyectos de inversión,  y la necesidad de otorgar certeza jurídica para los inversionistas y la prevención de futuros conflictos sociales. Así, por ejemplo, a principios de noviembre la CPC lanzó alarmantes cifras que postulan que el equivalente a casi el 90% de la inversión en grandes proyectos se ha judicializado este año, y que desde 2013 existe un porcentaje creciente de proyectos con reclamaciones judiciales respecto del universo total de proyectos que ingresan al SEIA. Sin embargo, la misma nota  señala que de 2.694 RCA aprobadas entre 2013 y 2017, sólo 73 de ellas se han reclamado judicialmente, esto es, sólo un 2.7%.  En este escenario, también sería aceptable suponer que quienes recurren mayoritariamente a los Tribunales Ambientales son las comunidades que se oponen a los proyectos, y de hecho así lo afirma la CPC al señalar que un 26,4% de las reclamaciones proviene de titulares de proyectos, mientras que un 73,6% corresponde a  terceros.

Frente a estos datos hago un llamado a la cautela. Ello, por cuanto el estudio en torno a los conflictos ambientales se ha centrado en las etapas iniciales de los proyectos –pre-inversión y evaluación de proyectos-, pero poco se conoce sobre el funcionamiento de la institucionalidad ambiental en las etapas de operación y cierre, esto es, una vez que la RCA ya está aprobada. En este contexto, cobra relevancia el rol de la sociedad civil, y el esclarecer quiénes son realmente los que reclaman ante los Tribunales Ambientales.

En Espacio Público nos hemos abocado a dilucidar esta incógnita, respecto de la cual podemos vislumbrar algunas conclusiones preliminares. Entre el año 2013 y 2016 han ingresado a los Tribunales Ambientales 184 reclamaciones, de las cuales la mitad han sido ingresadas por titulares de proyectos y la otra mitad por la ciudadanía (considerando a comunidades indígenas,  personas naturales, municipios, organizaciones de la sociedad civil, e incluso a otras empresas que se ven afectadas).

En el caso de los titulares de proyectos reclaman principalmente contra resoluciones de la SMA (68.5%), y en segundo lugar contra una RCA desfavorable o aprobada con condiciones (9.8%). En materia de resultados un 15% son acogidas por el Tribunal Ambiental, 17% son acogidas parcialmente y 66% son rechazadas. Sin embargo, si se consideran las impugnaciones ante la Corte Suprema, los titulares de proyecto ganan el 28% de las veces.

Por su parte, la sociedad civil reclama principalmente por la invalidación de actos administrativos ambientales, en particular la RCA (34.8%). En segundo lugar, se reclama contra resoluciones de la SMA (31.5%), sea contra sanciones impuestas, aprobación de planes de cumplimiento, archivo de denuncias, entre otras. Finalmente, sólo un 16.3% de las reclamaciones son ingresadas por quienes consideran que sus observaciones no fueron debidamente consideradas. En cuanto a resultados, un 15% son acogidas por los Tribunales Ambientales, 19% se acogen parcialmente, y 64% son rechazadas. A primera vista se aprecian resultados similares entre la sociedad civil y los titulares, sin embargo, si consideramos las impugnaciones ante la Corte Suprema la sociedad civil sólo gana el 11% de las veces.

Si bien estos son datos preliminares nos permiten plantear que las mejoras a la institucionalidad ambiental no deben enfocarse en evitar la judicialización, sino que en fortalecer el acceso a la justicia ambiental. Esperemos que el próximo gobierno, cualquiera éste sea, tenga a la vista la evidencia empírica al momento de ejecutar sus políticas ambientales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¿Qué podría cambiar en el mundo en 2018?

Vivimos en un mundo de grandes personalidades políticas, de noticias de último minuto y eventos que se mueven rápido, pero para entender cómo el mundo cambiará en 2018, debemos mirar más atentamente a cuatro tendencias políticas importantes que se desarrollan de manera sutil.

Primero, es una tendencia regional, no global, la seguridad que importará más para la guerra y la paz. Los llamados de Donald Trump de llevar adelante una estrategia de política internacional en la que “Estados Unidos será primero” inspiró temores de que Trump fuera a desmantelar las alianzas que tomaron décadas para ser construidas. Su provocadora estrategia inicial respecto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sumó más preocupaciones. Eso sí, Trump ha confiado principalmente en experimentados hombres que usan uniforme para establecer sus políticas, con un resultado, dejando la tormenta de tuits a un lado, que no es tan diferente de lo que podríamos haber tenido en el caso de que Hillary Clinton hubiera sido Presidenta.

El cambio real es una estrategia más regional respecto de la seguridad. En el futuro más predecible, Estados Unidos permanecerá siendo el único país en la Tierra capaz de extender el poder militar en cada región del mundo (Estados Unidos continúa gastando más que China en defensa por un margen de 3 a 1). Aun así, aunque resulte sorprendente, no hay más probabilidades que Trump use esa fuerza en comparación con Obama, a menos que fuera forzado por una crisis. Trump, al igual que Obama, está más interesado en ganar las batallas de la política interna.

Esto abre la puerta para destacar la competencia por la influencia global que incluye Estados Unidos y China, pero también India y Japón en el este de Asia, además de Rusia, Arabia Saudita, Irán y Turquía en Medio Oriente. Estas son las arenas de conflicto, y potencial conflicto que ahora más importan.

Segundo, las batallas ideológicas respecto de los valores políticos como la democracia, el respeto de la ley, la libertad de prensa, libertad de expresión están abriendo camino a luchas que se basan más directamente en el interés personal. Hace una década, los valores políticos “occidentales” parecían haber ganado la batalla. Los estadounidenses y los europeos asumieron que estos valores eran tan obviamente centrales a su seguridad y prosperidad que los poderes emergentes como China, Rusia y los Estados árabes seguramente los iban a adoptar. Ellos también creían que el auge de la clase media en los países en desarrollo iba a moderar su política al usar su recién descubierto poder económico para tener gobiernos más responsables.

Pero aquellos que lideran China, Rusia y la mayoría de los Estados árabes tienen otras ideas. Ellos creyeron que podrían construir prosperidad dentro de sistemas autoritarios. La estabilidad financiera y la disfunción política en Estados Unidos y Europa en los últimos años ayudó a que fueran exitosos, y los persuadió respecto que la prosperidad dependía en su negativa a abrir sus sistemas políticos al caos creado por la democracia multipartidista. Los gobiernos en otros países emergentes, como Brasil y Turquía, por ejemplo, han luchado por mantener el orden político, a medida que las clases medias hacen demandas que los gobiernos no pueden cumplir. En Turquía, Recep Erdogan ha respondido con una fuerte apuesta para tener más poder. La política de Brasil está agobiada con un cinismo generado por la corrupción, recesión y una sociedad polarizada.

En 2018 estas tendencias continuarán y la política internacional se convertirá en una batalla de cada nación y gobierno por separado.

Tercero, la naturaleza del comercio internacional continúa evolucionando. Trump ocupó los titulares en 2017 con una estrategia agresiva para los potenciales acuerdos y una estrategia beligerante para los que ya existían. Pero es China quien contará la historia comercial más dinámica en 2018. A medida que Trump se aleja de nuevos compromisos, el gobierno chino continuará avanzando el proyecto de la Ruta de la Seda para extender su influencia económica y, por lo tanto, política, en Asia, Medio Oriente y Europa, mediante la inversión en nuevas carreteras, puentes, puertos y otros proyectos de infraestructura de gran escala. Esta es la iniciativa que deja al descubierto a China como uno de los poderes mundiales más significativos en el mundo, con una estrategia de desarrollo global coherente para el siglo XXI. El comercio continuará siendo un tema controvertido en las elecciones de Estados Unidos en los próximos años y China continuará invirtiendo, expandiendo, construyendo y escribiendo nuevas reglas bajo las cuales mucho otros países harán negocios.

Finalmente, es en el ciberespacio que el equilibrio global de poder está cambiando más rápidamente. Esta es la arena donde los países más pobres pueden competir por influencia con otros más ricos. Aquí es donde los políticos dentro de los países pueden atacar a otros con nuevas armas. Aquí los criminales pueden crear nuevas formas de crimen, los hackers pueden exponer los más profundos secretos de los gobiernos y los terroristas pueden inspirar y dirigir ataques en nuevos países.

En 2017, las economías en todo el mundo ignoraron las turbulencias políticas nacionales e internacionales. En 2018 comenzarán a ver más claramente que las conexiones entre la política, la seguridad y nuestras economías están cambiando más rápidamente y se están convirtiendo en más complejas de lo que podríamos haber imaginado en 2017.

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Expectativas incumplidas

La centroderecha sufrió una enorme desilusión el pasado 19 de noviembre. En parte porque el comando de Piñera y los dirigentes de los partidos de Chile Vamos generaron expectativas desmedidas respecto a los resultados que pensaban obtendría su candidato. Hay quienes llegaron a transmitir que se ganaría la elección presidencial en primera vuelta. Entre ellos algunos antiguos dirigentes que terminaron haciendo francamente el ridículo con sus videos difundidos por redes sociales alentando a los electores a consolidar en las urnas un supuesto escenario de triunfo inmediato. Como atenuantes a tan craso error de estimación valga mencionar los porcentajes desconectados de la realidad que vaticinaron diversas encuestas de opinión y la inmejorable oportunidad potencial que abría el desencanto popular con el pésimo segundo gobierno de Bachelet. Con todo, como consecuencia lamentable, la clara primera mayoría relativa obtenida esa noche de domingo se transformó en una derrota político-psicológica para el sector. Sin lugar a dudas, en relación a lo esperado el resultado fue magro. Pero, a no confundirse, solo en parte debido al hiato antes señalado.  

El desengaño experimentado parece ser explicado en buena medida por otros aspectos reales que urge tener en consideración por la coalición de cara al balotaje del 17 de diciembre y, tanto más, a contar de esa fecha independiente de quien gane. Primero, hay que superar un mal endémico: el déficit de auténtica política. La economía y la eficiencia en la gestión siguen siendo el leitmotiv de programas, propuestas y la comunicación de los mismos. Ocurre que los porcentajes de crecimiento económico, por relevantes que puedan ser, no configuran ideales ni suscitan adhesiones personales, menos conquistan corazones. Así de claro. Segundo, como la sociedad ha caminado hacia relaciones cada vez más horizontales y cercanas, los votos se obtienen con empatía y conexión emocional, no únicamente con apelaciones racionales y afirmaciones de autoridad. No basta tampoco con digitar información desde centros de operación, se requiere “calle”, el máximo contacto y trato personal posibles. Tercero, y en conexión con los puntos anteriores, es preciso entender el sentir profundo de la ciudadanía, aquel que subyace tras la simple constatación de sus necesidades concretas. Queda la impresión de que no se logra interpretar cabalmente los anhelos de amplios grupos de la población. Cuarto, aunque ya imposible en el tiempo restante para la definición presidencial, todo indica que han de ser renovados liderazgos y estilos, tanto de los posibles candidatos como de sus equipos. Sea justo o no, se percibe cansancio con los mismos nombres y caras, miembros de una generación que, más allá de sus eventuales méritos y aportes, han quedado asociados probablemente para siempre con la proliferación de malas prácticas y la falta de un lenguaje sincero y creíble. Entre las aspiraciones de los chilenos parece estar la de una verdaderamente nueva forma de hacer política (la alta abstención podría estar diciendo algo al respecto).

Aun en circunstancias de que la centroderecha ganase en dos semanas más, deberá cambiar si quiere representar a la mayoría.

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Urgencia irrelevante

El gobierno, buscando sacar alguna ventaja en la elección, puso urgencia al proyecto de reforma constitucional que regula la “convención constitucional”. Pero no hay que confundirse: el proyecto debería rechazarse porque, como ya otras veces en el tema constitucional, no resuelve nada.

¿Qué es esto de la “convención constitucional”? Para entenderlo hay que retroceder a octubre del 2015. Ese mes (curiosamente en un martes 13) la Presidenta anunció el inicio del proceso de consulta y el envío al Congreso de una reforma al procedimiento de reforma constitucional que tendría cuatro opciones. Pero durante el 2016 cambió de opinión y finalmente envió al Congreso una sola alternativa: “La convención constitucional” que supuestamente será la encargada de dar a luz una nueva Constitución. Todos los otros temas relevantes (integración, organización, formas de elección, etc.) quedan entregados a un proyecto posterior del que no se sabe nada.

Es esta reforma constitucional la que votarán en estos días los diputados. Y hay buenas razones para votar que no. Desde luego porque la jugarreta es demasiado burda: el proyecto ingresó en abril y recién el miércoles, como superando el olvido, el gobierno lo calificó con “suma” urgencia.

Pero más importante es que el proyecto ningunea al Congreso despojándolo de la decisión fundamental; y eso es más grave en un país que, como el nuestro, necesita fortalecer la política y el Congreso, no erosionarlo.

Quien ha sido muy transparente al momento de argumentar es el ministro Fernández. Dijo que en la Convención “lo ideal sería tener una mezcla lo más representativa de la sociedad chilena”. Sugiere el ministro entonces que habría un mecanismo mejor que las recientes elecciones para asegurar una mezcla representativa de la sociedad. Y también agregó que “el actual Congreso está en situación de poder abrirse en sede distinta para la elaboración de una nueva Constitución”. Con eso sostiene que habría un grupo de elegidos, distinto de los parlamentarios, que pueden representarnos mejor al momento de hacer los cambios constitucionales.

En ambos puntos se equivoca. Quien debe decidir la reforma constitucional son los parlamentarios en el Congreso Nacional. Ahí están los representantes elegidos para tomar las decisiones políticas relevantes, oyendo a la ciudadanía pero sin delegar su facultad.

Y si alguien cree que esta votación repetirá el supuesto quiebre que generó la votación de las reformas laborales el año 99, se llevará una decepción. El proyecto del gobierno no tiene impacto en el Frente Amplio donde la única fórmula aceptable es la utopía de la AC. Tampoco parece tenerlo demasiado para el votante de Guillier pues el propio equipo constitucional del candidato tuvo que salir a “profundizar” la reforma informando lo que esta debía agregar. Y por cierto no lo tiene para el votante de Piñera quien, casi por definición, prefiere la vía institucional.

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Los jueces de Evo

Una de las novedades del régimen constitucional instaurado en Bolivia en 2009 fue la elección popular de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dos años después, en 2011, se llevaron a cabo las primeras elecciones para determinar a los integrantes de esta Corte. De acuerdo a los datos oficiales, solo un 42% votó válidamente por alguno de los candidatos, un 44% votó nulo y el 13% marcó blanco (con una abstención del 20%).

Los partidarios de la fórmula de elegir a los jueces del Tribunal Constitucional sostuvieron, entonces, que el mecanismo escogido aseguraría una justicia más cercana a los intereses del pueblo boliviano, sin que se afectara la necesaria independencia de estos magistrados. Más allá de la teoría o las intenciones, sin embargo, lo ocurrido con el Tribunal Constitucional boliviano está lejos de haber acercado “la justicia a la gente” ni, menos aún, puede decirse haya garantizado la indispensable autonomía de este órgano. El fracaso, en todo caso, no deriva necesariamente del sistema de selección.

A principios de 2015, el partido de Evo Morales, disconforme con una decisión del Tribunal Constitucional que había suspendido la operación de una ley sobre notarios, no encontró nada mejor que aprovechar su mayoría en el Senado para acusar constitucionalmente a tres de los siete magistrados de dicha entidad. Y así fue como salieron del TC quienes habían logrado la primera mayoría popular (Cusi), la tercera (Velásquez) y la séptima (Chanez).

Depurado así el TC boliviano, no puede sorprender que este se haya transformado en un dócil instrumento del gobierno. La última y vergonzosa demostración de servilismo está dada, sin duda, por el fallo de hace 10 días en que el TC del país altiplánico decidió que la prohibición de una nueva reelección del Presidente Morales (quien detenta el cargo desde 2006) constituye una vulneración de un derecho humano suyo a seguir candidato per omnia saecula saeculorum.

Hay que recordar que la Constitución boliviana, hija de los esfuerzos del propio Morales, tiene texto expreso contra la posibilidad de una nueva reelección. Consciente de lo anterior, Morales intentó cambiar la Carta Fundamental en este punto  vía plebiscito en enero de 2016. Una mayoría del pueblo le dijo que no. Nada de eso le ha importado, sin embargo, al TC. Armado de activismo judicial y una comprensión patológica del peligroso “control de convencionalidad”, el TC decidió saltarse todas las reglas internas y, aplicando directamente una singular interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, resolvió que no dejar postular a Evo por cuarta vez consecutiva violaba el artículo 23 de dicho Tratado.

Los ciudadanos de Bolivia, en todo caso, ya dictaron su sentencia sobre este Tribunal. En las elecciones de anteayer para renovar los jueces, más del 65% votó nulo o blanco (siguiendo el llamado de la oposición a Evo Morales).

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Elecciones y sociedades del futuro

Hay un desafío político creciente para América Latina, especialmente ahora que entramos en un nuevo ciclo de elecciones presidenciales: avizorar el futuro y definir políticas públicas para sociedades cada vez más determinadas por realidades de cambios acelerados y nuevos. Cambios no sólo derivados del devenir interno del país, sino también por transformaciones profundas provenientes del exterior. Chile, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México y Brasil están en los calendarios inmediatos de elecciones presidenciales en los meses venideros. Y allí es donde cabe hacerse una pregunta esencial: ¿Cómo hacemos en períodos de cuatro, cinco o seis años para definir y poner en marcha políticas de largo plazo que, más allá de elecciones a futuro, alimenten una perspectiva estratégica para el país?

Porque hay temas que están vivos y latentes en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. ¿Cuánto cambiarán a futuro las fuentes de trabajo? ¿Qué profesiones dejarán de tener sentido y qué nuevas realidades traerán las tecnologías de avanzada? ¿Cómo educar para eso? ¿Cómo prepararse para vivir en un planeta donde el cambio climático genera transformaciones ya evidentes?

Los programas de los candidatos, en cualquiera de nuestros países, deben impregnarse de una mirada larga. Y hoy, casi no tenemos esa mirada. Es cierto que existen la Cepal y sus aportes analíticos, pero la visión política más amplia, aquella que se instala por encima de la contingencia para dar un horizonte de largo plazo a la sociedad, no está visible. Hay países, como China, que nos dicen al 2035 quiero ser esto y al 2050 esta es mi meta. Hace poco más de 20 años no existía el internet que tenemos hoy, ni la triple “w” ni ninguna de las aplicaciones hoy universales. Y ya estamos hablando del “Internet de las Cosas”, de las producciones vía redes digitales, de una robotización creciente. Es ahí donde debieran instalarse los procesos electorales que se avecinan.

Dos noticias recientes hacen pensar sobre estas realidades y las complejidades que, por ejemplo, trae la interconectividad. La primera dice relación con esta decisión de la empresa Uber (hoy valorada en 70 mil millones de dólares) que cierra un trato con la empresa automotora Volvo para comprar 24 mil vehículos autónomos sin conductor, a ser entregados entre el 2019 y 2021. Volvo, de origen sueco y hoy propiedad de una empresa china desde 2010, recibirá de Uber 300 millones de dólares para hacer ajustes y poner en marcha una cadena de producción en California. Todos sabemos cómo Uber y su sistema global generaron fuertes protestas de los taxistas por la invasión de esos privados que, con su auto particular, salían a trasladar pasajeros. El proyecto Uber significa que esos particulares a mediano plazo ya no tendrán esa fuente de trabajo. No se van a necesitar personas que conduzcan el automóvil.

Es aquí donde toma fuerza la segunda noticia. Nuevamente ha emergido una idea que parecía desechada: la existencia de un ingreso básico universal. Básicamente, la idea es que se debiera entregar a toda persona mayor de edad, independiente de su condición social, un ingreso con un mínimo indispensable para sobrevivir. La propuesta está generando debates en varios lados y también ya se están llevando adelante experiencias pilotos. Hay dos razones sobre la mesa. Por un lado, la globalización ha incrementado la desigualdad, los salarios se van quedando atrás, la precariedad se ha extendido para ciertos sectores, incluso en países desarrollados. Por otro lado, la robotización creciente se ve desplazando en el futuro a muchos seres humanos de sus lugares de trabajo y cadenas de producción.

Hace un par de años el tema se sometió a plebiscito en Suiza y fue rechazado porque la mayoría consideró que sería un premio a la ociosidad. Pero en Finlandia llevan dos años de experimento con otro punto de vista. Allí suponen que un ingreso básico universal lleva tranquilidad a los ciudadanos, les permite rechazar trabajos mal pagados o menores y transformarse en innovadores en ámbitos donde crean ver una oportunidad. Y ahora en el estado de California se ha iniciado la aplicación de la idea de manera experimental en dos municipios con muchos ingresos bajos para ver cuáles son las reacciones. Incluso, el Fondo Monetario Internacional, reconociendo que la pobreza ha disminuido en nuestros países, piensa que este ingreso básico universal apuntaría en la dirección correcta para disminuir los niveles de desigualdad vigentes. Claro, hay gente como el premio Nobel Joseph Stiglitz quien dice que la gente quiere trabajo, no dádivas ni dinero a cambio de nada. Los teóricos finlandeses, por su parte, piensan que esa política es un medio para que el ciudadano se transforme en un ciudadano innovador y creativo.

Situaciones como las descritas llaman a pensar en el largo plazo. No basta con decir esto ahora está lejos. Ya nada está lejos ni en tiempo ni en espacios geográficos. ¿Cuáles son los efectos de lo que viene? ¿Cómo lo convertimos en realidad positiva para nuestras sociedades? Los cambios vienen y debemos proponer políticas donde esos cambios traigan progreso para todos.

Estas políticas debieran ser punto de encuentro en nuestras sociedades y de esta forma superar la fractura creciente entre gobernantes y gobernados. Transformar estas políticas en políticas de Estado es el gran desafío para que estas perduren en el tiempo. De esta manera la globalización adquiere un rostro humano, pues nadie quedará excluido de sus beneficios. Se trata, entonces, de poner al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones.

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La cumbia de la unidad

Se han escrito ríos de tinta sobre el Frente Amplio. En particular, porque su comportamiento es distinto al de las coaliciones políticas tradicionales y, en especial, para tomar decisiones políticas. Su comunicado para definir su paso a segunda vuelta es inédito. La ambigüedad calculada y las frases propias de los movimientos estudiantiles y sus asambleas muestran que dentro de dicha coalición no hay algo parecido a conducción política. No hay mesa directiva ni comité central ni nada que se le parezca. Simplemente adhesiones, todas con el mismo peso y, por tanto, con baja capacidad de generar guías de conducta hacia sus adherentes.

La reacción inesperada a dicho comunicado que incluyó celebraciones en el piñerismo y críticas desde figuras públicas que apoyaron a Sánchez en la primera vuelta hizo que los rostros más importantes del Frente Amplio se desmarcaran de la ambigüedad. A manera de ejemplo, el diputado Vlado Mirosevic y el ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo, fueron claros en la definición de su voto a favor del candidato oficialista.

El alcalde Sharp fue más lejos aún en desmarcarse del comunicado. Después de un acto con la Presidenta Bachelet que podría denominarse como la “cumbia de la unidad”, no dejó lugar a interpretación alguna: votará por Guillier. La Presidenta logró con su sola presencia lo que los integrantes del comando de la Nueva Mayoría que se autodenominan cercanos al FA no hicieron en 10 días.

Pero el nuevo modo de construir posiciones por el FA debe ser analizado con cuidado. En el futuro Congreso tendrán una bancada de 21 diputados que serán importantes en la configuración de la mesa y las respectivas comisiones. Podrán dar la mayoría en comisiones investigadoras o simplemente abstenerse. Y en el Senado, aunque poseen sólo un integrante, no deja de tener valor. Tiene la capacidad con su voto de construir una mayoría en la Cámara Alta. Para tomar decisiones respecto a quién aliarse, no sirven las declaraciones ininteligibles.

El FA estará obligado a negociar, palabra prohibida en su léxico. ¿Entonces cómo actuarán en el futuro Congreso? Serán distintos si gana Piñera o si la Nueva Mayoría logra retener el gobierno con Guillier a la cabeza. En ambos casos seguirá la pugna entre quienes abogarán por la cumbia de la unidad con la Nueva Mayoría o quienes querrán seguir el camino de Podemos y hacer el “sorpasso” quitándole la preponderancia al actual oficialismo. En el escenario de que gane Piñera, el comunicado de entonces culpará a Guillier por no hacer lo necesario (que nunca es suficiente) para conquistar los corazones frenteamplistas. En el futuro Congreso, varios de los diputados elegidos por la Nueva Mayoría preferirán cambiarse de coalición y hacer oposición testimonial en conjunto con el Frente Amplio.

Un escenario distinto ocurrirá si gana Guillier. El FA ha declarado de todos los modos posibles que serán oposición a éste, lo que implica que no estarán sus votos disponibles para la agenda del gobierno, salvo en aspectos puntuales, como el matrimonio homosexual o la ampliación de la gratuidad. Pero nuevamente, para evitar la palabra negociación, su bancada tendrá que recurrir a comunicados ambiguos, declaraciones de principios, asignación de culpas a otros y otros recursos similares.

La Moneda de ese entonces tendrá una disyuntiva. O inventa nuevos ritmos para seguir bailando con el Frente Amplio, o va a la derecha a negociar los votos para así avanzar en su agenda legislativa.

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Número de médicos y especialidades falentes en Chile

En los últimos años el número de médicos inscritos en el registro de prestadores aumentó en forma progresiva. De los casi 39 mil facultativos que existían en el 2015, hoy bordean los 44 mil.

Esto se explica por el creciente número de egresados de escuelas de medicina, estatales y privadas, las cuales han aumentado en casi 77% los egresos. Se pasó de 960 a casi 1.700 en 2016. Un rol fundamental han tenidos las escuelas de medicina de universidades no tradicionales. Pero lo más sustantivo ha sido el incremento de médicos titulados en el extranjero, siendo la transferencia, fundamentalmente de profesionales venezolanos para los especialistas; ecuatorianos y cubanos para los médicos generales.

Se pasa así de una relación de 1.9 médicos por 1000 habitantes a 2,39 x 1000 habitantes y se espera llegar a 3 médicos x 1000 habitantes en los próximos tres años. El sector estatal (hospitales y atención primaria) cuenta en la actualidad con casi 23 mil médicos revirtiéndose la crónica mayor concentración en el área privada.

La inmigración médica de calidad es bienvenida y su aporte es valioso especialmente en la APS y en las especialidades a nivel hospitalario. La apertura de fronteras para el ingreso de más y mejores médicos es correcta, siempre y cuando se cumpla con criterios de calidad en forma rigurosa.

Sin embargo, debido a diferentes problemas de interpretación de la ley para el ejercicio profesional de estos médicos, se hace necesario modernizar su reglamentación, especialmente el acápite que limita su campo de acción sólo al ámbito público. Es incomprensible esta limitación, pues es necesario la competencia de ellos en ciudades donde la medicina privada no está al alcance de las personas.

El número de geriatras y expertos en adolescencia, así como especialistas en salud mental es aún insuficiente para los requerimientos que conlleva el aumento progresivo de adultos mayores de nuestro país, la alta prevalencia de trastornos en la salud mental y corregir el rumbo en el manejo del consumo de drogas y alcohol.

No es la única solución, ni de corto plazo. La adecuada capacitación y perfeccionamiento de médicos en APS y profesionales de colaboración de los equipos de salud son parte inherente del programa de salud del ex Presidente Piñera, así como la formación creciente de especialidades falentes como la geriatría y otras a desarrollar con fuerza pensando en su incorporación en las redes hospitalarias y de APS. Se continuará el esfuerzo de formar más y mejores especialistas y subespecialistas, pero con reglas claras y transparentes especialmente en la asignación y uso de los campos clínicos.

 

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Justicia para todos

Un Chile más Justo es el lema de Guillier y también lo fue de Longueira. Quién copio a quien debiera dar lo mismo. Si nos ponemos en sintonía con la retórica de la segunda vuelta podríamos decir que de lado a lado la justicia es el eje central del debate político chileno de los últimos años. Y lo es, aunque se discuta de ella de manera más bien pueril. Todos hablan y apelan a esta palabra, la quieren encarnar e instalar, pero ¿de qué diablos hablan cuando la invocan? Ahí está el vacío, porque si bien todos hablan de justicia, nadie ha llenado de contenido ese significante, a estas alturas vacío. Ahí está la disputa, en todo sentido.

Carlos Peña acaba de lanzar un libro, Lo que el dinero sí puede comprar, donde busca responder a Michael Sandel y su Lo que el dinero no puede comprar. La discusión también tiene relación con lo que se entiende por justicia. Por eso quizás, el académico de Harvard escribió otro libro llamado Justicia, donde aborda las tensiones y dilemas en torno a lo que deberíamos hacer. Porque como decía Aristóteles, los seres humanos tenemos esa capacidad única de dirimir acerca de aquello. Tarea titánica que quiso retomar John Rawls en los setentas y que Robert Nozick alimentó con ahínco en su respuesta kantiana, dándole un nuevo impulso a la filosofía política contemporánea. ¿Conocerán estas discusiones los candidatos y sus asesores al momento de hablar de Justicia?

De seguro, algunos han leído a Gerald Cohen y su Why not Socialism? y con eso se quedan para definir sus nociones, superficiales, de lo justo. Pero está Jason Brennan que escribe Why not Capitalism? donde en base lo planteado por Nozick, propone una idea radicalmente distinta ―o quizás no tanto― de justicia. Entonces surge la duda ¿desde qué principios están hablando de justicia nuestros actuales candidatos, políticos y asesores? El debate está abierto en ese sentido.

Muchos probablemente apelan a la noción de justicia como aquella que reza: dar a cada quien lo suyo. Pero, tal como decía Hans Kelsen, aquello no resuelve el dilema en cuanto a qué es lo que cada cual puede considerar lo suyo. Y sin embargo, esa noción hueca de justicia es la que predomina en los debates públicos actuales. Todos hablan de merecimientos y cargas pero nadie justifica tales asignaciones. Quizás deberíamos partir por una base esencial, la inviolabilidad del individuo, de la persona. Me quedo con la reflexión final de Kelsen: «la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia». Pero tengo una duda ¿quién defiende realmente esos valores hoy?

 

 

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Datos Abiertos y Ciudadanía: El nuevo camino del Estado (*)

(*) Esta columna fue escrita junto a Carlos Ruz, coordinador del Laboratorio de Datos Chile.

Hace algunos días atrás se celebró en Buenos Aires, Argentina, el “Encuentro Regional de las Américas 2017” de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), en las cuales se expusieron diversas experiencias y avances en materia de Gobierno Abierto en América Latina. En esa línea, es importante tener presente que durante este mes de noviembre, sesionó por primera vez la “Mesa de Gobierno Abierto” (MSA), la cual integra tanto al mundo de la sociedad civil, académicos y diferentes sectores del Estado, los cuales han comenzado un camino de entendimiento y confianzas en la construcción del próximo plan de acción en la materia para el siguiente período. Es por ello, que es importante tener presente y mencionar la relevancia que tienen los datos abiertos en la construcción de una mejor y más sólida democracia, y por sobre todo, en la generación de confianza entre las instituciones, gobiernos y sociedad en su extensión.

Los datos abiertos son una oportunidad que, en el marco de la sociedad del conocimiento y la información, nos permite tener una mayor responsabilidad como ciudadanos activos, garantes del desarrollo y bienestar colectivo, dentro de las diferentes formas de participación en la política. El acceso abierto a la información, conlleva mayores grados de involucramiento en las decisiones de los gobiernos, tanto nacionales como locales, aumenta el uso de la tecnología y la innovación, logrando una horizontalidad en los mecanismos de gestión y administración del poder.

Un elemento fundamental en la contribución de este camino, es el uso de los datos abiertos en educación, como además de los recursos abiertos en educación, con el fin de alcanzar un adecuado nivel de competencias en cuanto a pensamiento crítico, reflexivo y de creatividad en nuestros estudiantes. La apuesta entonces es en múltiples niveles, pero con un foco siempre desde las aulas hacia la política pública, vale decir, desde “abajo hacia arriba”. Solo así, seremos capaces de construir marcos políticos y sociales en los cuales la ciudadanía sea realmente parte de la construcción de lo político, en lo esencial, de lo que constituye el Gobierno Abierto.

Tenemos una enorme oportunidad como país, y no podemos dejarla pasar. Es una tarea de todos, en donde los esfuerzos entre los diversos actores del país, deben estar dirigidos en lograr que la ciudadanía, mundo académico y de gobiernos, logremos el camino del desarrollo en base a la confianza, la humildad y los datos abiertos.

 

 

 

 

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