Álvaro Bisama's Blog, page 61

Los desafíos hídricos de la nación

En los tres últimos años se ha abierto decididamente la polémica sobre la gestión de los recursos hídricos en el país. Para ser riguroso, tal vez debiera fijar el inicio del debate, ya más estructurado, con la aparición de la “Política nacional para recursos hídricos” publicada por el gobierno de la Presidenta Bachelet en enero de 2015. Desde luego, hay esfuerzos anteriores por plantear el tema. Entre ellos posiblemente el más completo es el trabajo de la Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros de 2012 “Hacia una gestión integrada de recursos hídricos”. Cabe destacar que en 2010 el Colegio de Ingenieros en su publicación “Proyecto País Etapa III”, que revisaba los desafíos nacionales en temas que iban desde “mujer y trabajo” hasta “energía nuclear”, pasando por biotecnología y digitalización, no consideró el tema hídrico como una de las áreas estratégicas de preocupación en el horizonte a 2025.

Es decir, el tema hídrico, su distribución entre usos alternativos y la gestión del recurso pasó en engrosar la agenda de políticas públicas solo en los últimos años y, me atrevo a postular, a raíz de la sequía que aquejo al país a partir los años 2010-2011. Notablemente, durante una de las sequías más prolongadas y profundas que ha experimentado nuestro país, ninguna de las grandes aglomeraciones urbanas sufrió cortes o racionamiento de agua como había sido la práctica habitual en episodios de sequía anteriores.

Con esto no pretendo ignorar que, en varias zonas rurales, especialmente de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ha sido necesario abastecer de agua a muchos hogares con camiones aljibe. Pero lo que esa experiencia demuestra es que agua hay en el entorno de esos hogares y lo que no se ha resuelto es el tema de cómo abastecerlos debidamente. Por lo demás, cuando las instalaciones se construyen bien y son bien gestionadas, el costo del agua entregada por cañería directamente a las casas es muy inferior al costo de entregarla en camiones aljibe. Por lo tanto, en estos casos hay una evidente ineficiencia que nos conviene corregir.

La escasez del recurso hídrico ha pasado a ser un dato. Más aún, las proyecciones nacionales e internacionales muestran que para nuestro país el agua fresca será cada vez más escasa básicamente porque con el proceso de cambio climático que está experimentando nuestro planeta, en la zona centro sur de Chile precipitará entre 30 y un 40% menos de lo que considerábamos “normal” hasta antes de la última sequía.

Esta menor precipitación ira acompañada de una elevación de la temperatura ambiental y, en consecuencia, la isoterma cero (altura a la cual la lluvia se convierte en nieve) estará a mayor altura. Esto último es importante porque al acumular menos nieve en la cordillera, el agua fluye más rápidamente hacia el mar con lo que las nieves dejan de ser un reservorio natural de agua para el período estival. Adicionalmente, las reservas de agua, en cualquier forma, serán menores porque al aumentar la temperatura también aumenta la evaporación, efecto no despreciable sobre los cuerpos de agua y nieve. No escapará a la atención del lector que esta combinación de factores hará que los glaciares disminuyan de tamaño y con ello el agua acumulada, como ya está ocurriendo.

Por el lado de la demanda, los usos “consuntivos”, en agricultura, industria, minería y humano tenderán a aumentar junto con el aumento de la producción y el crecimiento de la población. El consumo de agua dulce se reparte entre estas actividades aproximadamente en las siguientes proporciones: agricultura 81%, industria 7%, minería 6% y consumo humano otro 6%. A pesar que sobre estas cifras hay consenso, la verdad es que son estimaciones ya que no tenemos cómo medirlo, sobre todo en el sector agrícola. Además, el consumo no se reparte uniformemente a lo largo del territorio nacional. En la zona Norte el 85% del consumo de agua fresca lo realiza la minería. En cambio, en la zona sur la minería representa un 3% del consumo de agua fresca.

Tampoco tenemos buenas estimaciones de la oferta de agua. Todo lo que hay son estimaciones y cálculos educados. Especialmente importante es el poco conocimiento de las aguas subterráneas donde hay grandes diferencias entre los expertos. La Dirección General de Aguas del MOP, acaba de publicar el primer Atlas del Agua 2016 donde no hay datos de la oferta de agua y sólo hay estimaciones de los usos. Incluso algunas mediciones de las precipitaciones tienen más de 15 años. Un importante primer paso para conocer mejor el recurso y su disponibilidad, pero indicativo también de lo mucho que queda por hacer para entender lo que tenemos y los desafíos que enfrentamos.

Por la diversidad climatológica y geográfica de nuestro país, en primer lugar, necesitamos contar con información de calidad y oportuna sobre cada una de las 101 cuencas existentes en el país. La información debe incluir la disponibilidad de agua y también su uso, el que debe ser medido por una entidad imparcial que dé garantías a todos los interesados que los usos son los apropiados. Así se podrá administrar el recurso de una manera racional y asignar los derechos de uso de agua apropiadamente. El tema de la falta de información es tan serio que en la Política Nacional de Recursos Hídricos se puso en primer lugar de importancia.

En segundo lugar, necesitamos tener un criterio acordado de distribución. Las Naciones Unidas ha incluido el acceso al agua fresca y a sistemas sanitarios adecuados como un derecho humano. Ese estándar aún no ha sido incorporado a nuestra legislación y hay mucha preocupación entre los tenedores de derechos de agua, otorgados legalmente, respecto de lo que pueda ocurrir con sus derechos si se modifica el Código de Aguas y la Constitución. La razón es obvia: el precio de una propiedad o el valor de una propiedad minera tienen directa relación con la disponibilidad de agua fresca, aunque recientemente las grandes mineras están usando agua de mar. Relacionado con la distribución, los usos priorizados deben incluir la disponibilidad de agua que permita la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. La vida humana depende de ello.

En tercer lugar, necesitamos mejorar la institucionalidad que rige la asignación y gestión del recurso hídrico. Hoy hay decenas de instituciones que tienen poder de decisión, o de bloqueo de las mismas, en temas hídricos. Un solo ejemplo basta para ilustrar la descoordinación existente: la Política Nacional elaborada por un “zar del agua” priorizó ciertos proyectos de embalses para riego. Sólo un par de esos proyectos están considerados en los programas de inversión de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Todo esto en el mismo gobierno. Los ejemplos de descoordinación son prácticamente ilimitados. Al menos es necesario avanzar hacia la creación de una Subsecretaría de Asuntos Hídricos con capacidad para ordenar las actividades y políticas del sector.

Por último, es necesario dejar al mercado lo que este hace bien. Si se acuerdan los usos prioritarios y se asegura su cumplimiento, en base a acuerdos políticos refrendados en legislación, hay que dejar que los mercados resuelvan los usos productivos del agua. Evidentemente, asegurados los usos básicos (humanos y ambientales) el mercado es el mejor mecanismo para asignar el uso del agua a fines consuntivos. El sistema de precios es un gran incentivo para realizar las inversiones necesarias para conservar y distribuir el agua existente y generar nuevas fuentes, como es desalar. Asimismo, se puede invertir en sistemas de acumulación y de reciclaje de agua, así como en la tecnificación de los sistemas de distribución que en nuestro país son bastante primitivos. Todo esto significa que el agua y su uso dejará de ser gratis para fines productivos. Como se sabe, nunca ha sido gratis para el consumo humano, al menos en las zonas urbanas y podemos argumentar que no falta agua en las ciudades precisamente porque los consumidores pagan por ella y por los sistemas de saneamiento.

Lo que en el año 2010 el Colegio de Ingenieros no incluyó en una larga lista de preocupaciones, hoy se ha convertido en una prioridad nacional. Ojalá tengamos la sabiduría para llegar a un acuerdo razonable y razonado antes de enfrentar una crisis como las que hubo en Australia o California. Sería lamentable que tuviéramos que quedarnos “sin agua” para comenzar a diseñar un sistema que se haga cargo de los desafíos que enfrentamos. No tenemos mucho tiempo. Este será un problema que el próximo gobierno no podrá postergar.

 

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Chile: 10 claves ambientales para un desarrollo sostenible e inclusivo

Chile enfrenta una elección presidencial en la que crecimiento económico y desarrollo social acaparan la discusión pública. No obstante, si el país aspira a transitar hacia un escenario donde el progreso de hoy comporte más prosperidad mañana, es necesario que la dimensión ambiental gane protagonismo en el debate político y ciudadano.

Con ese propósito, el PNUD ha lanzado recientemente 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo, poniéndolas a disposición de las candidaturas presidenciales y la sociedad en general.

El espíritu de nuestra propuesta es claro: la calidad ambiental debe formar parte integral del progreso económico y social. Solo así Chile logrará satisfacer el fin del desarrollo sostenible: generar bienestar humano a corto, medio y largo plazo.

Es innegable que el país ha avanzado en materia ambiental en los últimos años: ha adoptado acuerdos internacionales en ámbitos como cambio climático y biodiversidad; ha fortalecido su institucionalidad y aumentando su presupuesto; ha mejorado el desempeño de sectores y actores claves para avanzar hacia la sostenibilidad.

Más aún: ha sido uno de los primeros países del mundo en identificar sus retos para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en presentar sus progresos ante Naciones Unidas.

Sin embargo, el modelo productivo chileno sigue generando impactos importantes sobre los sistemas naturales y los bienes y servicios que proveen y, en especial, sobre las comunidades humanas que dependen de ellos. El deterioro ambiental se manifiesta en Chile de manera heterogénea: algunos territorios están expuestos a condiciones mucho más negativas que otros, lo cual amenaza con acrecentar desigualdades y vulnerabilidades.

A ese contexto de avances y retos responden las 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo. Con ellas lanzamos una invitación, decidida y esperanzadora, a consolidar la mirada ambiental en el centro de las decisiones que repercuten sobre el funcionamiento del país.

¿Cómo diversificar la matriz productiva? ¿Cómo hacer de la equidad ambiental un principio activo de las políticas públicas? ¿De qué modo se puede garantizar la disponibilidad de agua en todo el país? ¿Cómo impulsar un cambio cultural y tecnológico para un consumo responsable? ¿Cómo acelerar la transición hacia la energía limpia? Estas preguntas, que impregnan a las 10 claves ambientales y conversan con los retos identificados por Chile como prioritarios para cumplir la Agenda 2030, forman parte de una discusión imprescindible si el país quiere crecer económicamente sin poner en riesgo el bienestar de las siguientes generaciones. De ello surge esta invitación, a las candidaturas presidenciales y a la ciudadanía, a conversar sobre los temas mencionados.

Chile posee el capital social, político, intelectual, económico y natural para abordar con éxito tales interrogantes; es por esta razón que un debate en torno al medio ambiente sólo puede suponer oportunidades y ventajas para avanzar hacia un país más sostenible y donde se viva mejor.

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Legado

Palabra muy de moda en estos días y con dudosa veracidad. En el plano político se discute su implicancia y en el fútbol debería ocurrir lo mismo. Por ahora, los diez años de éxito de la generación dorada y los múltiples logros en la cancha que generaron muchos millones de dólares no se ven reflejados en ningún proyecto de desarrollo a futuro.

Lo único que ha surgido tras la dolorosa eliminación es una serie de cahuines y acusaciones atemporales que sólo hacen más daño. Nadie habla de una maravillosa oportunidad ofrecida por este grupo para intentar que las victorias se multipliquen y quedé una base de sustentación en el tiempo.

Tras la Eurocopa del año 2000 y aprovechando los abundantes ingresos obtenidos, Holanda y Bélgica desarrollaron dos proyectos deportivos diferentes en el tiempo. Los holandeses apostaron a la capacitación de decenas de técnicos que, a su vez, fueron reclutando niños que absorbían los conocimientos. Como consecuencia, disfrutaron de un subcampeonato mundial y un tercer puesto, aunque el plan se terminó cayendo por la incapacidad de reinventarse, pero igual se sostuvo por 15 años.

Bélgica apostó a potenciar y desarrollar la técnica en espacios reducidos y así fue implementando juegos de dos contra dos en chicos de hasta seis años, cuatro contra cuatro en los más grandes, hasta llegar a siete contra siete en las categorías juveniles. El resultado es conocido; hoy disfrutan de su generación dorada y de ese proyecto han salido cracks como Kompani, Fellaini, Hazard, Mertens, Lukaku y de Bruyne. Llegaron a ocupar el primer lugar del ranking mundial de la FIFA y ahora gozan de una nueva clasificación a una Copa del Mundo, invictos en su grupo.

La pregunta que cabe es ¿Qué hizo la Federación de fútbol de Chile con la plata que ingresó en estos años de éxito? ¿Cuál es el proyecto que elaboró? La respuesta es sabida y triste. Salvo pagar cuantiosos premios a los jugadores, incluidos los nueve millones de dólares por no clasificar, se ha hecho poco y nada. Los dineros fueron a parar a la logística de la Selección y a los bolsillos de los jugadores que, legítimamente o no, cobraron caro sus victorias y también sus derrotas. Ni siquiera hay un esbozo de un nuevo Juan Pinto Durán, para que las selecciones nacionales tengan un lugar adecuado. La farra puede ir más allá de la no clasificación a Rusia, podría ser más global y por tanto, más irresponsable.

El fútbol chileno está a punto de desaprovechar su época de mayor éxito y abundancia económica. Aún hay tiempo de corregir para que no aparezcan los arrepentimientos tardíos e inútiles. Esos que hoy se sienten como fantasmas en las polvorientas y abandonadas canchas de tenis.

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Un Estado en las nubes

Cuando usted lea esta columna, Carlos Puigdemont, Presidente de la Generalitat, debiera haber respondido la segunda pregunta que le formuló el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Recordemos que, en la novela por entregas en que se ha ido convirtiendo la más reciente etapa del secesionismo catalán, no respondió directamente si declaró o no la independencia a la primera consulta. Por el contrario, optó por irse por la tangente, demandando un diálogo sin condiciones sobre sus aspiraciones de desconexión. Rajoy le respondió que todo lo que tienen que hablar será dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que diga, de una buena vez, si declaró la independencia la semana pasada. Sin señales de rectificación de su parte, todo apunta a que el gobierno intervendrá Cataluña recurriendo al artículo 155 de la Constitución. Dado que el separatismo se ha echado a la calle, decretando el estado de “movilización permanente”, su aplicación está lejos de ser un mero procedimiento administrativo.

El intercambio epistolar, en apariencia curioso, no debiera hacer perder de vista que la situación, calificada como la más grave desde que España recuperara su democracia, salpica también a Europa. El continente, primero con distancia, luego con espanto, ve que el precedente podría servir de contagio por lo que muchos se apresuran a sacar las lecciones del caso.

Un ingenioso tuit de Ignasi Guardans entrega algunas pistas: “España se comunica con el mundo vía embajadas con tradición del siglo XVII. Cataluña usa redes sociales y buenos agitadores locales en todo Occidente”. Efectivamente, el bloque separatista, desde el poder autonómico, ha logrado dominar la cobertura en los principales medios. El actuar de la policía durante el referéndum ilegal del 1-O permitió pasar, de una cobertura centrada en el aspecto territorial a otra, relativa al respeto a los derechos humanos. La rigidez discursiva del gobierno y lo paquidérmico de su aparato se estrelló con una comunicación diferente, mostrando un choque entre paradigmas y donde el relato es tan solo un aspecto. En el caso de la Generalitat, se trata de una utilización eficaz de la tecnología, con Estonia como referente, país modélico en gobernanza digital. Los únicos trámites que requieren presencia física son casarse y divorciarse.

Bernardo Larraín, líder de la Sofofa, ha señalado que le sorprende que la modernización del Estado no sea el tema principal de la campaña presidencial. Las retóricas en referencia, centradas en términos de su mayor o menor tamaño en relación al PIB o a una estructura capturada por los partidos políticos, poco ayudan a ganar votos pero, además, escamotean aspiraciones de fondo como la posibilidad de que Chile se proponga -¿por qué no?- llegar a tener una estructura estatal etérea.

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Gestión y convicción

La derecha enfrenta una oportunidad histórica en las próximas elecciones. La debilidad y la división de sus rivales auguran un triunfo relativamente cómodo en las presidenciales, mientras que en las parlamentarias el panorama también asoma favorable.Hasta ahora, a Chile Vamos le ha bastado con mostrarse ordenado detrás del liderazgo de su candidato para gozar de una posición privilegiada. Si en 2013 tuvo un resultado catastrófico a nivel presidencial y parlamentario, en 2017 abriga la expectativa de recuperar La Moneda y convertirse en la coalición más numerosa en el Congreso.

Como bien aprendió la Nueva Mayoría, una cosa es ganar el poder y otra muy distinta saber usarlo. En el caso de la derecha, la pregunta es si está en condiciones de transformar esos resultados esperables en influencia política duradera o si arriesga dilapidar el enorme capital político que seguramente conquistará. Todo depende de cómo resuelva lo que para ella es un dilema antiguo: ¿De dónde proviene el éxito en la política? ¿De la gestión o de la convicción?

En el gobierno de Piñera primó el criterio de que una buena gestión sería suficiente. En el actual, la cosa fue al revés: mucha convicción y cero gestión. En ambos casos el resultado fue similar: tanto Piñera como Bachelet fueron duramente cuestionados y bastante impopulares.

La enseñanza es que la gestión resulta un requisito imprescindible, pero insuficiente. Se requiere mucho más que indicadores azules y posicionamiento en rankings internacionales; se necesita un relato basado en ideas profundas que provengan de la identidad propia del sector. Solo una autenticidad sin complejos es capaz de entusiasmar y convencer.

Por desgracia, poco de eso asoma hasta ahora. En algún momento se dio en el sector una discusión interesante y se produjeron documentos valiosos que pudieron resultar orientadores. Sin embargo, hoy ya no se escucha nada por el estilo.

La próxima divulgación del programa de la candidatura presidencial del sector permitirá evaluar si la derecha posee una propuesta contundente y distintiva sustentada en convicciones propias o si otra vez cree que una lista de supermercado con ideas de parche es suficiente. Si no ofrece una alternativa verdadera, cambiarán los nombres de los intérpretes y el ritmo al que bailamos, pero la música seguirá siendo muy parecida a la que venimos escuchando desde 2011.

En buena medida gracias a los desaciertos de un gobierno torpe y obcecado, la derecha se encamina sin demasiado esfuerzo a conseguir un triunfo electoral que puede ser tan amplio como inédito. Pero si es incapaz de aprender de sus errores y no se atreve a recurrir al instrumental propio para proponer -sin nostalgia ochentera o noventera- soluciones a los problemas actuales, volverá a conquistar el poder político por cuatro años para seguir cediendo espacios en las cuestiones que definen nuestra convivencia en el largo plazo.

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Narco territorios

En los últimos días la opinión pública ha conocido de la penetración de los grupos de narcotráfico en nuestra sociedad. A la aparente infiltración en un municipio, se agrega ahora la noticia de días de balaceras en un conocido barrio de Santiago, las que ocurren con total impunidad, puesto que la policía se ve sobrepasada por organizaciones que tienen penetradas a las comunidades, que cuentan con armamento con alto poder de fuego y que se vuelven invisibles en calles y pasajes donde reinan por el temor.

Los dos principales enemigos que tiene la seguridad de las personas son el terrorismo y el narcotráfico, ambos han destruido países enteros, son capaces de corromper, paralizar por el miedo, desestabilizar sistemas políticos, apropiarse de la democracia, todo sin que sean necesarios demasiados años. Ambos tienen, además, ciertas lógicas equivalentes: organizaciones con alto nivel de preparación, dinero para encubrir sus acciones y, por último, un desprecio total por la vida.

Por ello, los países que han sido exitosos en combatirlo tienen también algunos factores comunes: una voluntad política mayoritaria, que comprende que no se trata de delincuentes comunes y corrientes, por lo que el Estado debe aplicar mecanismos que, dentro del marco esencial de un estado de derecho democrático, permita el actuar eficaz del sistema de justicia.

Incrementar las herramientas de inteligencia policial en un nivel completamente diferente al que se usa para los desafíos habituales que plantea la delincuencia. Por último, una sanción moral muy fuerte, que impida a las bandas organizadas convertirse en una suerte de modelos de admiración para los jóvenes que viven en las poblaciones y que terminan como “soldados” o “carne de cañón” de estas organizaciones.

Así como estos son elementos indispensables para el éxito, hay otros que son constantes en los países que fracasan. Menospreciar la gravedad del problema, pensando que son otras naciones las que tienen dificultades mayores, pero que nosotros nunca alcanzaremos esa proporción. La verdad es que ambos son enemigos siempre peligrosos y desde que existen se les debe enfrentar como un desafío mayor.

Confundir los problemas sociales que suelen estar en la base como caldo de cultivo, con la violencia derechamente delictual que aplican narcotraficantes y terroristas. Es indudable que se deben resolver las dificultades que están en las bases sociales, recuperar espacios públicos, llegar con la mano civilizatoria y pacificadora del Estado a cada comuna y cada barrio; pero la violencia debe enfrentarse sin contemplaciones por el sistema de justicia.

Por último, caer en la disputa maniquea de represión o prevención. No son estrategias antagónicas, sino complementarias. Se requiere tanto una mano firme, como una mano solidaria para ir a las raíces del problema.

A nuestro país le ha llegado la hora de asumir que ambos problemas ya están aquí, nada ganamos con esconder la cabeza como el avestruz.

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Hacia nueva Europa

El Presidente Macron pronunció en La Sorbonne un discurso que podría transformarse en histórico. Su tema único: la refundación de Europa. En una cuidada presentación, abogó por una transformación profunda de Europa, a partir de un diagnóstico lapidario: “La Europa que conocemos es demasiado débil, lenta e ineficaz”. Y si no se refunda terminarán imponiéndose “los que prometen el odio, las divisiones y el repliegue nacional”. Se trata de una propuesta para los próximos 10 años en cinco grandes áreas: defensa, migración, revolución digital, comercio y fortalecimiento de la zona euro. Respecto a ésta última se busca resolver el conocido problema que afecta al euro: la ausencia de una política y una autoridad fiscal. Para ello se propone dotar a la Unión Europea (UE) de un presupuesto consistente y la nominación de una suerte de súper ministro de Hacienda capaz de tomar decisiones rápidas en caso de crisis, administrar el presupuesto y poner en práctica las grandes orientaciones económicas resueltas por la UE.

Consciente de la imposibilidad de lograr la unanimidad de los 27 se plantea derechamente que los países puedan avanzar a distintas velocidades. Esto es crucial porque se elimina el derecho a veto que han ejercido, en especial, los nuevos miembros de la UE y que se ha traducido en una parálisis que la llevó durante los últimos años a transformarse en un actor secundario en la escena internacional. Razones geopolíticas derivadas del colapso de la URSS obligaron a la antigua comunidad europea de los 10 a ampliarse hasta llegar a la Unión Europea de los 27. Al mismo tiempo que se ganó en inclusión se perdió mucho en coherencia. El mínimo común denominador de los 27 es exiguo y no permitió nuevos avances del proceso de integración. La clave para generar un nuevo impulso a la construcción europea radica en la recomposición de un potente eje franco alemán. Así fue en el pasado y solo a partir de él es posible pensar en un mejor futuro. El distanciamiento en las últimas décadas entre Alemania y Francia fue determinante en la declinación de la UE.

Existen en la actualidad signos alentadores. Hay muchas dudas respecto a las orientaciones políticas de Macron. Hay, sin embargo, una definición que no está en cuestión: su convicción acerca de la importancia crucial del fortalecimiento de la integración de Europa.

Por otra parte, del lado alemán, en su nuevo periodo de gobierno la canciller Merkel parece decidida a dejar un legado que haga historia, llevando la construcción europea a niveles superiores. Es cierto, la obligación de pactar con los liberales y el fortalecimiento de la extrema derecha, ambos poco inclinados a la profundización de la integración, es una dificultad. Pero, no le ha impedido a la canciller luego de las elecciones afirmar con claridad que la UE “no puede seguir igual” y que el planteamiento de Macron constituye una “buena base” para intensificar la cooperación entre Alemania y Francia.El mundo requiere de una Europa fuerte que aporte a una gobernanza global, racional y equitativa. Y aunque sea dicho al pasar, si países grandes como Francia y Alemania consideran que no pueden solos , ¿qué queda para los nuestros?

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Alejándonos del desarrollo

La reciente revisión de las cifras de crecimiento económico dadas a conocer por el FMI no traen buenas noticias para Chile. En un contexto en el que se augura un mejor desempeño de la economía mundial (3,6% y 3,7% para 2017 y 2018, respectivamente), las proyecciones para Chile han sido rebajadas a 1,4% para este periodo, y ajustadas a 2,5% para 2018. En simple, la economía chilena continuará creciendo menos que el mundo en su conjunto, como ha sido la tónica en estos últimos años.

El significado práctico de este aletargamiento es bastante evidente, y cualquiera lo puede observar: menor dinamismo en la generación de empleos de calidad, menor crecimiento de los salarios, y menor recaudación de ingresos para poder financiar programas sociales orientados a quienes más lo necesitan.

Pero el deterioro que nos reflejan las cifras del FMI va mucho más allá de unas décimas más o menos en cuanto a expansión del PIB: lo que se desprende del reciente informe de este organismo es que Chile se está alejando de la meta de poder cruzar el umbral del desarrollo. Con un nivel de producción por habitante algo inferior a US$25 mil en 2017 (medido en base al parámetro de paridad de poder de compra), faltan varios años para poder llegar al registro que exhiben los países que hoy se encuentran en la parte inferior de la tabla del grupo de las naciones desarrolladas, como es el caso de Portugal y Grecia. En su informe anterior el FMI estimaba que ello podía ocurrir en el año 2022, pero el menor dinamismo que ha exhibido nuestra economía inevitablemente va a retrasar esta fecha.

Pero no solo esto: en la medida que países como los señalados continúan creciendo, la brecha con ellos incluso se acentúa, con lo cual poder alcanzarlos se hace cada vez más difícil, alejándose esa meta en el tiempo.

Aquí no se trata de una competencia deportiva, obviamente, en la que el objetivo es ganarle a los rivales, sino que lo que se persigue es lograr mejores condiciones de vida para los chilenos. Para mejorar posiciones en la tabla global no basta con simplemente sumar puntos, sino que lo fundamental es avanzar más rápido que el resto.

La economía chilena necesita mejorar su productividad no solo en términos absolutos, sino que también debe mejorar su competitividad en comparación con los demás países, para así poder acceder a nuevos mercados y con nuevos productos.

En la actual encrucijada es imperativo concentrar esfuerzos para retomar la senda perdida, mejorando las condiciones para que pueda desplegarse con todo su potencial la capacidad de emprendimiento e innovación de los chilenos, con menores trabas, con una carga y estructura tributaria más razonables, con una regulación laboral compatible con la realidad que nos impone la nueva revolución industrial que está teniendo lugar, y con un sistema educacional que permita una capacitación continua de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de habilidades digitales. No podemos seguir perdiendo el tiempo.

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Mayor presencia de policías de civil en calles: herramienta disuasiva ante el delito

Independientemente de lo que indiquen las cifras respecto al aumento o no de los índices de delincuencia y de percepción de inseguridad, lo concreto es que el asunto de la delincuencia, en sus distintas expresiones, es, después de la calidad de la salud,  el que más preocupa a la ciudadanía, incluso por sobre otros tan importantes como la amenaza de  cesantía o la gratuidad en educación (Ver Estudio “Chile Dice” de la UAH ). Además, como señala un informe de Paz Ciudadana, recientemente difundido,  cuatro de cada diez hogares ha sido víctima de un delito en el último semestre.

Produce impotencia y gran molestia ver lo extendido que está la delincuencia afectando diversos espacios territoriales y poblacionales.   Por una parte, la que detentan a través del  creciente e invasivo narcotráfico, y la narcocultura descrita por el Capellán del Hogar de Cristo, Padre SJ Pablo Walker, ejerciendo dominio  por medio del miedo y del chantaje a sus vecinos: una dramática realidad que afecta a barrios completos.  Por otra, la que se implementan en los sectores más acomodados a través de los robos a residencias, asaltos –muchas veces a mano armada– y portonazos, entre otros delitos. Pese a las medidas tomadas a nivel nacional, como aumento en la dotación de Carabineros,  planes comunales (como el cuadrante) o las redes de vigilancia vecinales, da la impresión, o al menos una parte mayoritaria de la ciudadanía lo percibe así, de que los delincuentes siguen actuando con un apreciable grado de impunidad y violencia sobre las personas. En definitiva muchas personas y  familias afectadas en confianzas mínimas, lo que ciertamente afecta la salud mental de los afectados.¿Cómo aminorar este flagelo, ya que es imposible eliminarlo , como alguna vez, pretenciosamente, pretendió el ex presidente Piñera? ¿Qué medidas podemos tomar para que los delincuentes aumenten su grado de riesgo cuando planifican un delito?

Es sabido que los delincuentes son sujetos entrenados que miden las consecuencias penales de sus actos y también, por supuesto, el grado de riesgo que asumen antes de perpetrarlos: de allí el uso indiscriminado y criminal de menores de edad en ilícitos. Una forma de aumentar esas variables y, por tanto, de inhibir al delincuente sería a través de una mayor presencia de policías de civil en las calles, en especial en aquellos lugares, y horarios, en que los malhechores suelen actuar. Creo que sería una forma de utilizar de manera más inteligente los recursos que tenemos para combatir ese flagelo.

El dicho de que “la oportunidad hace la ladrón” se cumple con bastante frecuencia: si se junta un hogar a medio cerrar, sin alarma, sin ni siquiera una mascota que alerte a sus habitantes y la improbable posibilidad de que aparezca Carabineros, el antisocial tendrá todas las condiciones objetivas para llevar a cabo su tarea delictual. Igual cosa acontece con los asaltos en la vía pública. La labor, entonces, de los habitantes y, en mayor medida, de las policías que por ley detentan el uso de la fuerza, consiste, en gran parte, en aumentar el grado de riesgo de quien delinque y bajar la percepción de inseguridad de los ciudadanos, mayoritariamente honestas y esforzadas personas y comunidades, que no merecen vivir con miedo. El uniforme policial si bien es un requisito indispensable cuando se actúa sobre ciudadanos presumiblemente inocentes, se convierte en un problema al operar ante los delincuentes, los que se sienten alertados ante la presencia evidente de la policía.  Los delincuentes proceden allí donde tengan menos riesgo de ser sorprendidos y detenidos, es decir, donde exista la menor probabilidad de presencia policial.. La obscuridad y la soledad favorecen atracos y asaltos sobre personas indefensas. Distinto sería el caso, si el  asaltante tuviese una sospecha fundada en que el asaltado pudiese ser un policia encubierto de civil pero en ejercicio.  Sucedería algo parecido con los asaltos de residencias y portonazos si el  malhechor tuviera una mínima sospecha de que en las proximidades puede haber un policía armado y preparado para actuar ante la contingencia, sin que lo alerte la sirena de un radio patrulla ni la identificación de una camioneta de seguridad ciudadana, dispositivos que normalmente se activan una vez producidos los delitos.

Lo mismo es aplicable a los sectores de las poblaciones modestas de Santiago donde los antisociales diseminan el miedo para ejercer sin contrapesos el narcotráfico y otros ilícitos. Una mayor presencia policial bien documentada, pero con vestimenta de civil, a través de agentes con aspecto comun y corriente, sería una tremenda contribución para el ciudadano vulnerable y un disuasivo eficaz para el delincuente que actúa cuando las garantías de impunidad se lo permiten.

Por supuesto ese despliegue no puede ser un trampolín para eventuales abusos policiales ni para que los efectivos ejerzan una coacción indebida sobre las personas. El objetivo de esa red policial de civil debiera ser siempre el delincuente peligroso y los actos claramente constitutivos de delito. Existen herramientas tecnológicas que permitirían controlar el correcto uso de esta fuerza policial preferentemente disuasiva.

Una medida de esta naturaleza serviría también para revertir la caída en la imagen pública de Carabineros detectada en el mencionado estudio de Paz Ciudadana. Por otra parte, si bien está comprobado que seguir aumentando la dotación de Carabineros no es la solución, sí parece muy necesario, aparte de utilizar mejor a los efectivos existentes, asegurar una debida coordinación de las policías entre sí y  de estas con el Ministerio Público con el fin de  hacer más eficaz la acción de la justicia y mejorar los medios de prueba para juzgar a los delincuentes; nuevamente el uso de tecnologías modernas tales como drones u otros mecanismos de inteligencia podrían ser de mucha utilidad..  

En una  temática tan compleja, multidisciplinaria y difícil de evaluar como es la seguridad ciudadana, he querido poner una propuesta para la discusión de posibles soluciones, que permitan disminuir un flagelo que está generando enorme daño a la salud mental y físicas de miles de compatriotas, fuera de poner en entredicho el quehacer esencial de nuestras autoridades y de nuestras policias. La fe pública debe ser resguardada y esta se nutre de resultados objetivos que hoy no son percibidos por la población.

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¿Qué educación de calidad queremos?

Una de las críticas más frecuentes que profesores y directivos levantan en torno al Simce dice relación con que esta prueba se orienta exclusivamente a la dimensión académica, dejando fuera una serie de otros aspectos cruciales para lograr una educación de calidad: la formación valórica (desde distintas perspectivas), la vinculación afectiva y la preocupación por los problemas personales de los alumnos, la formación de “habilidades para la vida” así como las dimensiones deportiva y artística, entre varias otras.

Para muchos profesores y directivos, que trabajan con estudiantes de distintos contextos y niveles socioeconómicos, estas otras dimensiones de la calidad son incluso más importantes que los aprendizajes puramente académicos, por lo que el Simce entregaría una visión estrecha y reduccionista de la calidad educativa de un establecimiento.

Desde la institucionalidad educativa, sin embargo, así como desde un amplio espectro de expertos, policy-makers e investigadores, esta percepción tiende a ser mirada con desconfianza. Se sospecha que los profesores y directivos aluden a estas otras dimensiones de la educación no porque crean en ellas, sino como una excusa, para no responsabilizarse por los bajos resultados académicos de sus estudiantes. De esta forma, el énfasis otorgado a la formación valórica, el vínculo afectivo con los alumnos, o la formación de hábitos, que profesores y directivos destacan una y otra vez como unas de sus prioridades educativas, no se comprenden siempre como propuestas sinceras, de relevancia crucial, sino más bien como pretextos para dejar de lado lo realmente importante (los resultados académicos).

Sin duda este temor tiene algún fundamento. Buena parte de la investigación especializada (principalmente la de origen anglosajón) sugiere que el foco permanente en los aprendizajes es un componente central para la obtención de buenos resultados académicos (Hopkins, 2008, Fullan, 2010). Así, la priorización en otros elementos, o la dificultad para establecer una conexión clara de éstos con los procesos de aprendizaje, redundaría en una baja de los resultados académicos.

Pero sucede que la visión de los directivos y docentes también tiene un importante fundamento. A través de su práctica diaria, estos actores protagónicos de la educación se dan cuenta muy bien que la educación que deben entregar a sus alumnos no se relaciona sólo con logros académicos sino que debe incorporar una serie de otros elementos mucho más importantes para su formación y para su vida. En un estudio para la Agencia de Calidad, que me tocó dirigir hace un par de años y que fue posteriormente publicado por esta institución (‘Calidad educativa desde la percepción de los actores claves del sistema’ (http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/uploads/2016/02/Estudio_Calidad_educativa_percepcion_actores_clave_del_sistema.pdf), llegamos a la conclusión de que los directivos y docentes tendían a concebir la calidad de la educación como una pirámide. En la punta, o bien en los niveles superiores de la pirámide, se ubicaba la formación curricular y los logros académicos, pero a la base de la pirámide estaban los aspectos que sirven de sustento para estos logros y que tenían que ver precisamente con el vínculo afectivo con los alumnos, la formación valórica y la formación de habilidades para la vida, entre otros aspectos.

Después de docenas de entrevistas con directivos y profesores de un conjunto muy amplio de establecimientos, como equipo de investigación llegamos a la convicción de que estas ideas no surgían de un deseo de excusarse o evadir responsabilidad por los resultados entrevistados. Muy por el contrario, eran parte de un discurso auténtico, comprometido, y que en verdad hacía pleno sentido. Más aún, tampoco era un discurso que buscara poner en cuestión la importancia de los resultados académicos (que en general se reconoce), sino más bien complejizar el concepto de calidad educativa, incorporando una serie de componentes de gran relevancia sin los cuales no se puede concebir un proceso educativo integral.

Para avanzar efectivamente hacia una educación de calidad es importante que seamos capaces, como país, de conciliar cada vez más estas dos visiones.  No es posible implementar políticas educativas efectivas, con una institucionalidad central orientada exclusivamente a mejorar los resultados académicos, y una escuela que trabaja enfocada, a veces preponderantemente, en base a otro concepto de calidad educativa. Tampoco es posible avanzar como país hacia una mejor educación, a partir de una relación entre institucionalidad y establecimientos, entre expertos y profesores, que esté basada en la sospecha y la desconfianza, donde los primeros tienden a pensar que los segundos estén buscando excusas, y éstos últimos funcionan en la presunción de que en Ministerio y la Agencia “no tiene idea lo que pasa en una escuela real” (otra creencia muy difundida en las escuelas).

La incorporación de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) en la evaluación de los establecimientos educativos es sin duda un buen avance en este sentido, aun cuando representan sólo un tercio de la calificación del establecimiento (los otros dos tercios siguen correspondiendo al Simce). La priorización por parte de la Agencia de una serie de estudios, iniciativas y publicaciones tendientes a problematizar y discutir el concepto de calidad educativa, considerando la visión de los distintos actores involucrados, también resulta muy importante para avanzar en esta materia.

Es necesario seguir profundizando este camino, para avanzar en la construcción de un concepto de calidad común, que interprete e interpele a los distintos actores, y que sea capaz de movilizar un esfuerzo colectivo por una mejor educación. En este trabajo de construcción conjunta, negociada, participativa, es importante tomar en cuenta el aporte de algunos referentes de la investigación internacional, pero también la experiencia cotidiana de miles de directores, jefes de UTP y docentes, y que sin duda pueden contribuir de modo sustantivo a la definición de un concepto de calidad más amplio y ajustado a la a realidad de nuestro país, de los estudiantes y sus familias.

 

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