Álvaro Bisama's Blog, page 214

El rol del Congreso en la calidad del gasto público

¿Cuándo es exitoso un gobierno? La respuesta es sencilla: es exitoso cuando produce resultados que inciden de forma positiva en la calidad de vida de los ciudadanos. Como consecuencia, medir estos resultados y saber con cuántos fondos públicos se lograron, es esencial para analizar y mejorar la calidad de cualquier gobierno. Hoy, no obstante, no existen procesos para levantar dicha información de forma sistémica y objetiva, pues Chile todavía no tiene un presupuesto por resultados, ni a nivel central ni municipal.

En “cambio”, sí existen muchísimos datos “secundarios” que el Ejecutivo produce para analizar otros aspectos de la calidad del gasto público, como por ejemplo el avance de la ejecución presupuestaria de los hospitales, gastos de publicidad y difusión de la Presidencia, programas de inversión en las regiones, desarrollo de la deuda pública, nivel de cumplimiento de los proyectos del Transantiago, entre mucha otra información. Todos estos datos se envían semanal, mensual, trimestral o anualmente al Congreso Nacional, como parte de la rendición de cuentas continua de la ejecución de la Ley de Presupuestos.

Son ante todo las glosas de dicha Ley que exigen la entrega de información sobre la calidad del gasto, cumpliendo así un cierto rol sustitutivo frente al hecho de no tener datos objetivos sobre los resultados de los productos y servicios públicos, con su respectivo gasto presupuestado y real ejecutado.

La fragilidad de nuestro sistema para incentivar una mayor calidad del gasto público en Chile, es aún más evidente al considerar que recién desde enero 2017 -gracias a gestiones del diputado Pilowsky, del ministro de Hacienda y del director de Presupuestos- toda la información que exigen las glosas de la Ley de Presupuestos llegarán al Congreso en formato “digitalmente legible”, y no en papel como antes. Aun así, vale preguntarse, ¿cuántos de estos datos serán realmente utilizados por los parlamentarios?, considerando la gran cantidad de información que solo podrá ser analizada a través de procesos informáticos, inteligencia de negocios y ciencia de datos, que permitan extraer conocimiento en forma masiva.

Más allá de la tecnología que le falta al Congreso para analizar los datos, le falta, ante todo, una oficina de análisis presupuestario que tenga capacidad para no solo analizar lo que el Ejecutivo envía al Congreso, sino también para desarrollar análisis y proyecciones por su propio lado, y exigir mayor y mejor información al Ejecutivo en relación a la Ley de Presupuestos o sobre cualquier otro proyecto con impacto financiero.

Para inspirar este debate, el BID apoyó a inicios de marzo un seminario donde el ministro de Hacienda, el anterior presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y su actual presidente, Andrés Zaldívar, se mostraron comprometidos para concretar los próximos pasos: principalmente el diseño conceptual de esta oficina, como institución conjunta entre el Senado y la Cámara de Diputados. El Senador Zaldívar, aparte de promover definiciones clave en esta materia, confesó que, por el momento, el Congreso recibe tanta información por parte del Ejecutivo que no solamente no tienen capacidad de analizarla, sino que, además, ni saben dónde está guardada. En parte se trata, entonces, de un desafío de manejo de datos, que hoy con las nuevas tecnologías es solucionable.

Aparte del contexto nacional, ¿cómo estamos parados en la región? Según el Open Budget Survey 2015, al menos diez países de América Latina y el Caribe ya cuentan con una institución especializada de análisis parlamentario; al menos cinco de ellos con suficiente personal, recursos y capacidad analítica para llevar a cabo su misión.

En momentos de estrechez fiscal, el foco de la discusión debiera ser la calidad del gasto, por lo que el país debiera plantearse como objetivo estratégico avanzar en una agenda respectiva. Uno de los compromisos de esta agenda, debiera ser la implementación de una oficina de análisis presupuestario en Chile durante el próximo gobierno. De esta manera, el Congreso no solamente sería contraparte y contrapeso real frente al Ejecutivo a la hora de analizar el gasto público, expresión financiera de todas las políticas públicas, sino también impulsaría reformas para mejorar la calidad y la transparencia del gasto público en Chile, basadas en datos y no en intuición.

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Transantiago: un proceso de licitación en entredicho

A 10 años de Transantiago, el inicio del periodo de licitaciones –que sucederán entre el 2017 y el 2021- fue visto como una ventana de oportunidad para el mejoramiento del sistema, al permitir incluir nuevas reglas del juego a su funcionamiento. Se trata, también, de una experiencia nueva para todos los actores involucrados –gobierno, empresas, trabajadores, expertos y ciudadanos-, al ser el primer hito que tiene el potencial para reestructurar el sistema de transporte metropolitano desde su implementación. Al respecto, la primera experiencia práctica sobre el modo en que las licitaciones serán dirigidas por parte del gobierno, está siendo la del uso de vías a empresas operadores de buses, que en conjunto, corresponden a alrededor del 40% de la flota total del sistema.  

A pesar del ya mencionado potencial refundacional del proceso de licitación, la difusión de los contenidos esenciales a las bases sembró dudas respecto a la voluntad que tiene el Ejecutivo para hacer uso de dicho potencial, por lo que variadas corrientes académicas y expertas han criticado el tono conservador de las mismas. Desde Espacio Público, el hecho de que éstas no expliciten los incentivos para generar un mercado más competitivo, eliminando barreras de entrada a nuevos oferentes y asegurando que activos estratégicos tales como los terminales no distorsionen las posibilidades de participación, ha sido evaluado como un mal signo. Asimismo, la falta de consideración del cálculo de la flota en el contexto de la ampliación del Metro y el auge de la intermodalidad en los próximos años, parece un desacierto. Por último, la baja alusión a temas centrales en la sostenibilidad del sistema, tal como la evasión, muestra que temas estructurales para el correcto funcionamiento de éste no fueron elementos centrales en los contenidos de la presente licitación.

Asimismo, la información reciente acerca del aumento histórico de la evasión y la entrega de nuevos recursos a empresas con problemas financieros, pero con desempeño insatisfactorio en el servicio, refuerzan los planteamientos aquí esbozados sobre la necesidad de generar nuevas condiciones de negociación y esquemas de incentivos entre empresas y Estado, teniendo como foco que los usuarios experimenten una mejor calidad de viaje.

Además de las críticas sustantivas sobre el proceso de licitación, durante estas últimas semanas los aspectos formales y procedimentales han sido motivo de atención. En el contexto de año electoral que vive el país, la sucesión de hechos asociados a la calidad de las consultas públicas realizadas – en la medida que no se conoce el grado de incidencia que dichas opiniones tendrán en el resultado final-, los escuetos plazos originales para llevar adelante la licitación y los cambios de liderazgos dentro del Ministerio en momentos claves del proceso, ponen en entredicho la legitimidad y seguimiento del contenido de las bases. En términos agregados, estos elementos le brindan una cuota de incertidumbre al proceso. 

Así, y pese a las dudas aquí expuestas, el anuncio del día de ayer de posponer la ajustada agenda del proceso de licitación en un mes para su revisión, puede ser un signo en la dirección correcta. Más que la duración de la prórroga, lo que interesa evaluar es cómo transformarla en una verdadera oportunidad de cambio y evitar que sea recordada como el cumplimiento de un procedimiento formal. Para ello, contar con una visión consensuada a largo plazo sobre el transporte público metropolitano es del todo necesario y obliga a una reflexión de calibre. 

 

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Militancia post heroica

EL DEBATE político ha estado marcado por algo que, visto inicialmente como un trámite, ha devenido en situación casi de infarto. Las dificultades que los partidos encaran para refichar a 18.000 militantes ha puesto en jaque, no solo la posibilidad de recibir financiamiento del Estado sino algo más grave: la de presentar candidatos para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El problema trasciende nuestras fronteras. En España, por ejemplo, comienza a instalarse la pregunta acerca de por qué los partidos inflan sus censos. Según la agencia tributaria, poco menos de 95.000 personas declaran pagar cuota a un partido político y eso que permite desgravar de impuestos.

A medida que se acerca el plazo exigido por el Servel, los partidos vuelven sobre sus dichos, diseñando planes b. En el caso de la Nueva Mayoría, se ha manifestado la intención de buscar otra fórmula, distinta a las primarias, para elegir al candidato presidencial cuando, hasta no hace mucho, éstas se erigían como la única posible y panacea de democracia interna. Pero también están los atajos que, aunque pudieran ser legales, resultan impresentables. Es el caso de la UDI, tolda política que llegó a estar entre las más votadas y donde algunos asoman la posibilidad de fusionarse con otro partido.

Distintos analistas afirman que las dificultades para el refichaje constituyen un síntoma más de la crisis que experimentan los partidos en su vinculación con la ciudadanía. Sin embargo, quienes los conducen responden a incentivos institucionales planteados desde la técnica política y aprobados por ellos mismos en el Congreso, que descansan en visiones nostálgicas de la militancia. El hecho de que algunos partidos como el PS, Evópoli y el PRO hayan cumplido la meta se explica más por las condiciones específicas de cada uno. En el caso de los dos últimos, tiene su mérito ya que no disponen de cargos en el aparato público para satisfacer los intereses materiales de sus seguidores.

Parece evidente la necesidad de estudiar más y mejor las condiciones de posibilidad, así como los resortes psicológicos y sociales del compromiso político. Frente a quienes postulamos que prácticas digitales como el ciberactivismo o la cooperación digital anticipan formas de articulación social novedosas, posturas como la del filósofo, sociólogo y ensayista César Rendueles son más escépticas. En su libro Sociofobia afirma que vivimos una era de ciberfetichismo. La define como la ficción de que las tecnologías de la comunicación y los conocimientos asociados tienen un sentido neutro al margen del contexto social, institucional o político. Por el contrario, no serían más que “las fases terminales de una profunda degeneración en la forma de entender la sociabilidad que afecta decisivamente nuestra comprensión de la política”. ¿Qué sucederá en las capas más profundas de un país como Chile que, al tiempo que lidera la revolución tecnológica en América Latina y asiste a una creciente politización ve disminuir el número, tanto de votantes como de militantes?

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En piloto automático

TUVO QUE surgir la polémica acerca de la compra de una parcela en las cercanías del proyecto minero Dominga para que volviera a escucharse fuerte la voz de Michelle Bachelet. No fue el recrudecimiento del conflicto mapuche, la prolongada huelga en Escondida o el bajo crecimiento de 2016 lo que despertó a la Mandataria del letargo en que se la ha visto sumida en el último tiempo. Fue un asunto familiar: “¡Dejen a mi hija tranquila!”.

Resulta perfectamente normal y lógico que una madre salga en defensa de su hija cuando siente que esta ha sido acusada injustamente. Ni siquiera los presidentes de la república escapan a esa ley de la naturaleza. Lo que sí resulta llamativo es que nuestra Jefa de Estado solo parezca decidida y motivada cuando lo que está en juego es su propia honra o la de su familia.

Al igual que en el episodio en el que terminó querellándose contra la revista Qué Pasa, la Presidenta reaccionó indignada frente a la revelación de que su hija es dueña del terreno en el norte. Más allá de la explicación que dio y de lo que esta enseña acerca de su comportamiento tributario, el hecho de que solo asuntos personales motiven una intervención enfática de la Mandataria habla mucho de cómo ella está concluyendo su gobierno.

Las formas republicanas imponen obligaciones: el período presidencial termina el 11 de marzo y hasta ese día Michelle Bachelet es la Presidenta constitucional. Sin embargo, todo indica que, para muchos efectos, su mente ya no está en La Moneda. En la mayoría de los temas relevantes para el país, la Mandataria calla y se ve ausente, con lo cual resiente su capacidad de conducir.

El liderazgo de Bachelet, que alguna vez se pensó indestructible, hoy está hecho trizas. Fue construido sobre la premisa de una popularidad aparentemente inoxidable. La misma que le permitió convertirse en candidata en 2005 contra los deseos de buena parte del establishment concertacionista. Y que la hizo volver como un hada madrina desde Nueva York en 2013 e imponer sus condiciones a una Nueva Mayoría confundida.

Pero Bachelet perdió la popularidad y su gobierno, la mística. Hoy salen ministros y a nadie le importa demasiado, porque todos entienden que esto ya se acabó. El país parece avanzar -estancarse, más bien- en piloto automático.

Sin embargo, todavía queda un año de gobierno. Y, aunque está claro que ya no hay tiempo para nuevas iniciativas ni grandes propuestas, sí hay espacio para tratar de enderezar el rumbo y vigorizar la gestión con el objetivo de acabar con el estancamiento y la apatía. Para eso se necesita una Presidenta con ganas, que dé el ejemplo de que la pega se hace bien hasta el último día. Pero ese impulso parece no existir ya en Bachelet, quien solo posee energía para defenderse a sí misma y su familia. Si sigue así, lo que la espera es un triste y solitario final.

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Creatividad parlamentaria

EN LAS últimas semanas, la habitual creatividad de nuestros parlamentarios ha superado todas las marcas. Solo tres ejemplos bastan para señalar cómo el populismo ya está instalado en buena parte de la clase política.

Así por ejemplo, hemos sido testigos de cómo ha evolucionado la discusión en relación a la nueva ley que regula los cobros de estacionamientos y la correspondiente alza de tarifas.

Parlamentarios de distintos sectores políticos propusieron transformar el uso de estacionamientos privados en una especie de derecho social, eliminando el cobro inicial y estableciendo el concepto de gratuidad en estacionamientos. Es evidente, que una iniciativa como esta terminará incentivando el uso del automóvil particular, lo que va en contra de la tendencia mundial y se contrapone al mayor uso del transporte público y cuidado del medioambiente. Asimismo, los costos asociados al servicio serán incorporados en el precio de arriendo de los locatarios y en los productos vendidos. Esto terminará siendo en gran parte de cargo de los peatones, quienes subsidiarán a los automovilistas.

En la misma lógica anterior, la diputada Camila Vallejo no quiso quedar fuera de la cruzada populista y presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios de los trabajadores.

Asimismo, señaló que su iniciativa aumentaría la productividad en términos globales. A todas luces parece una iniciativa loable, en cuanto a que un mayor tiempo de ocio disponible generaría mayor bienestar. Sin embargo, la diputada no entiende que su iniciativa tiene un problema de causalidad, es decir, una mayor productividad permitiría trabajar menos horas, pero trabajar menos no asegura una mayor productividad. Solo tengamos en mente que Chile genera US$27 de producción por hora trabajada, mientras que Bélgica e Irlanda alcanzan US$68 y US$66 respectivamente. Estas cifras desnudan que el problema de fondo con la menor productividad y el mayor número de horas de trabajo es el déficit en capital humano.

El último botón de muestra es la nueva normativa para el traslado de niños en automóviles particulares. De esta forma, se cursarán sanciones por llevar a un niño menor de 9 años sin un sistema de retención infantil como una silla, butaca o alzadores y en el caso de menores de 12 años, la normativa prohíbe que ocupen el asiento delantero de un vehículo. ¿Quién puede estar en contra de que debemos proteger a nuestros hijos?

Sin embargo, nuevamente la visión socialista impone un regulación que le da la espalda al sentido común y a las preferencias y restricciones de los automovilistas.

Muchas de las actuales políticas públicas requieren el diseño de intervenciones que deliberadamente impulsen a las personas, sin coerción y sin afectar su libertad de elección, hacia acciones que les beneficien en el largo plazo. Es evidente que los ejemplos señalados no van en esa dirección. Ya es hora que nuestros parlamentarios impulsen iniciativas más racionales. La ciudadanía y los votantes lo agradecerán.

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República y voto obligatorio: ¿Deber o derecho?

En las últimas semanas se ha generado un interesante debate con respecto a la publicación del Manifiesto por la República y el buen gobierno y distintas columnas de opinión y análisis han surgido a raíz de este debate. Debido a que es una invitación a pensar, quise participar en la relevante discusión sobre la obligatoriedad del voto.

El manifiesto define el concepto de república como “la cosa común, que nos vincula a todos con la realidad colectiva”. Adicionalmente, el documento agrega que esta república “implica exigencias respecto de los ciudadanos, comenzando por la necesidad de participar en los asuntos que nos incumben a todos”. Y pese a que no propone de manera explícita la restauración del voto obligatorio en Chile, el documento plantea que “para quien vive en democracia, la participación política constituye un deber” y aclara que “entre los deberes que es necesario proclamar especialmente están aquellos que se refieren al ejercicio de la participación política, al cumplimiento de las diversas cargas públicas (…)”

Estas afirmaciones son compartidas por varios políticos, intelectuales y académicos, donde la mayoría de ellos tienden a ser partidarios de la restauración del voto obligatorio, y consideran que esta institución ayuda a la construcción de un “proyecto común”.  Pero las preguntas que están asociada a este argumento son ¿Se vincula realmente el voto obligatorio con la construcción de una identidad común? ¿Es prudente el cambio al sistema obligatorio a menos de 5 años de la implementación del voto voluntario?

Lo cierto es que dichas preguntas vienen rondando desde la misma aprobación del voto voluntario. En la práctica, las voces detractoras han provenido principalmente de los políticos incumbentes y de altos funcionarios de gobierno. Estas voces tienden generalmente a estar asociadas a movimientos socialcristianos, comunitaristas y nacionalistas.

La lógica del argumento esgrimido es variable: cambia entre la idea según la cual el voto voluntario es la causa de la alta abstención en las últimas elecciones, y aquella que dice que, la demanda de derechos sociales, debe ir de la mano con el cumplimiento de ciertos deberes. De alguna manera, se dice que la participación política intensa -no sólo a través del voto obligatorio, sino también en comunidades de base-, implicaría la construcción de la sociedad “entre todos” y no sólo a partir, en los términos de Hayek, de un “orden espontáneo”.

Sobre lo primero, hay que decir que la alta abstención resulta efectivamente baja si, por ejemplo, nos comparamos con los países nórdicos, modelos predilectos para muchos personajes públicos en el Chile de hoy. Y si bien es relevante ponerse una meta de votación alta, lo cierto es que países como Suecia y Dinamarca poseen una tradición cívica mucho más arraigada y desarrollada que la chilena. Por eso es que parece mucho más realista hacer la comparación con países como Colombia y Costa Rica, donde obtuvieron un 37% y un 35% de participación respectivamente en recientes jornadas electorales. Colombia, en el referéndum por el proceso de paz; y Costa Rica, en las últimas elecciones locales.

Ahora bien, para no caer únicamente en el juego de los números, es importante considerar que no se le puede asignar toda la responsabilidad al sistema electoral de la abstención, ya que pensar que la ciudadanía no vota, porque no está obligada, es una abstracción que simplifica la realidad. En ese sentido, la abstención también está asociada a otras variables relevantes como la oferta programática de los candidatos y las facilidades prácticas para ejercer el sufragio.

Sin embargo, entre quienes venimos defendiendo el voto voluntario desde comienzos de la actual década, hay un factor normativo que resulta, por cierto, mucho más fuerte que consideraciones meramente prácticas.

Un primer punto a tomar en cuenta es que la visión del voto voluntario —o del voto como un derecho y no como una obligación coactiva—, considera que empodera a las personas para tomar sus propias decisiones. Y que sea el individuo el que decida libremente si quiere votar o no, incluso enviando un mensaje político cuando decide no hacerlo, produce como consecuencia que los candidatos se acerquen en mucha mayor medida a la ciudadanía con la intención de motivarla. Y aunque, para esta tarea, los candidatos puedan caer en prácticas demagógicas, no cabe duda que la decisión de votar o no —de levantarse un día domingo— se efectúa cuando se genera un vínculo con el candidato y su propuesta, y no necesariamente de votar por el que menos le molesta entre las opciones disponibles.

El debate entre quienes defienden el voto voluntario y quienes, legítima y razonablemente, proponen volver a la obligatoriedad del sufragio es válido y sano en una democracia. Sin embargo, para saber el grado de vinculación de la ciudadanía con la “cosa común”, resulta mucho más adecuado que la participación electoral sea voluntaria. Y que, en todo caso, existan suficientes incentivos para que las personas voten el día de la elección. No sólo en cuanto a la oferta política y al mejor acercamiento de las propuestas de los candidatos, sino de las facilidades que el Estado debería dar para que todos puedan acercarse a las urnas. Facilidades, por ejemplo, asociadas al voto anticipado para las personas con problemas de movilidad o adultos mayores, o para aquellos votantes que residen en el extranjero pero viven lejos de los consulados.

En conclusión, desde la perspectiva de la obligatoriedad del voto, la construcción de una república, en cuanto el espacio común, no pasa necesariamente por el establecimiento de cargas públicas, sino también por el respeto de la libertad personal y, en todo caso, por el deber del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos políticos antes que convertirlos en obligaciones. La crisis de representatividad que hoy afecta al país no se supera, precisamente, a través de la imposición, sino de la persuasión y la generación de confianza.

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El peso de nuestros niños

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI por la organización Mundial de la Salud. En nuestro país muchos son los esfuerzos por contener este dilema que crece a un ritmo alarmante. En ese sentido, el estudio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con relación al sobrepeso de nuestros estudiantes es un gran aporte para visibilizar esta preocupación.  A eso si agregamos los antecedentes del Ministerio de Salud, hacia el año 2009 en Chile cerca del 40% de la población mayor de quince años tenía sobrepeso y más de un 25% era obesa, llegando al 19% para los hombres y al 30% para las mujeres. Más preocupante se vuelven dichas cifras al considerar la población infantil, que según el Estudio Nacional de Educación Física 2015, realizado en la Agencia de Calidad a octavo básico y dado a conocer en octubre pasado, el 45% de los estudiantes tiene sobrepeso u obesidad, es decir,  cuatro de cada diez niños tienen ese problema. Esto implica un alto factor de riesgo para la obesidad adulta, y por ende, elevados niveles de vulnerabilidad ante la diabetes y otras enfermedades crónicas.

En base del estudio de la Agencia antes mencionado  y los datos de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social obtenidos a partir de los Cuestionarios de Calidad y Contexto respondidos por los estudiantes junto a la aplicación Simce 2014, fue posible identificar una serie de factores asociados al sobrepeso en niños y niñas. Dentro de estos se evidenció una mayor probabilidad en las mujeres, en escuelas con nivel socioeconómico bajo, y entre los más pequeños. Al ajustar las variables, se ratificó la importancia del nivel socioeconómico de la escuela –compuesta en gran parte por el nivel educacional de los padres–. Dicho indicador no es solo un determinante de la probabilidad de sobrepeso, sino que también es una característica capaz de moderar los efectos de variables tan estructurales como el género.

Dentro de los resultados, las escuelas son clave para que los niños  valoren la actividad física y constituyen espacios seguros donde se practica y fomentan hábitos de vida activa, lo que en su conjunto podría redundar en hasta un 23% de los estudiantes con mejor rendimiento en la capacidad aeróbica en el estudio del 2015.

Frente a esto y a semanas del inicio del año escolar, la función de la escuela en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad es un eje esencial, la cual se vincula también a la educación en hábitos alimenticios y de salud. No obstante, y según los factores asociados, dicha tarea debiese considerar también el contexto del niño y de su grupo familiar. Es decir, la promoción no basta si es que se practica solo dentro del establecimiento, como, por ejemplo, el caso de las convivencias saludables realizadas por los profesores a partir de la Ley de Rotulado en junio pasado. Debe expandirse a los hogares, contemplando a los miembros de la familia como receptores de las diferentes intervenciones.

Estamos convencidos de que la promoción de hábitos de vida saludable es un cambio significativo en materia de políticas públicas. Un desafío país a afrontar con una mirada intersectorial que no solo incluya las carteras de salud, educación y, por supuesto, deporte. Esperamos de esta manera disminuir las tasas nacionales de sobrepeso  de niñas y niños y poder recordar en el futuro, como quien mira un álbum antiguo de fotografías, el día mundial contra la obesidad como algo lejano y superado.

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Salir del clóset

El término «salir del clóset» viene de la sensación de encierro que vive quien está dentro y no se atreve a «salir» de él. No se sale para no comunicar una situación vergonzosa a la sociedad. En ese closet se puede estar por dos razones: por ignorancia y/o por lucha de la voluntad. Así, salir sería difícil principalmente por esta última razón: a pesar de unas fuerzas centrípetas que empujan a escapar, el ser humano envía a la voluntad a luchar contra ellas para frenar el ímpetu de arranque. Nuestra tradición cultural lleva años forjando un condicionamiento social que invita a la voluntad a luchar: no se «debe» salir afuera, la sociedad te va a linchar.

La otra razón ―la ignorancia― hace que esas fuerzas que expulsan hacia afuera ni siquiera existan. No se sabe, entonces, que se está dentro de un clóset y, además, esa ignorancia es cegada o «culpable», porque este fuerte condicionamiento social de rechazo hace evadir o ignorar el cuestionar(se).  Y fue esta la ignorancia que se vio en un seminario celebrado hace unas semanas en el GAM. En él, el tema a tratar era la fuerza y el rol que tendrían actualmente los movimientos sociales en la discusión y generación de políticas públicas. El panel de discusión estaba compuesto por una académica, dos diputados y el presidente de Iguales, Luis Larraín. Este último no habló de lo difícil que había sido para él salir del clóset ni del condicionamiento social externo que había sufrido. Sin embargo, uno de los diputados, en una de sus intervenciones, empezó a divagar en contra los «tecnócratas», en contra de aquellos que diseñaban políticas públicas en base a estudios.  En contraposición a estos «expertos», alabó la sabiduría oculta de los movimientos sociales y, para aclarar su punto, habló de una nueva «aplicación tecnológica». Fue enfático en decir que ésta era «una aplicación muy humilde» y que funcionaba bajo unos fundamentos extremadamente poco arrogantes.

Ante esta introducción, uno, como espectador, esperaba el inicio de un discurso cargado del clásico buenísimo relativo a la «innovación social» o «sustentabilidad» o, por qué no, alguna explicación de la iniciativa de algún «sacerdote sencillo e innovador». Pero no: sorpresivamente habló de Waze, la aplicación para autos.  Y así, empezó a describir cómo ésta funcionaba utilizando la información de cada persona que se mueve por la ciudad para luego entregarla a quien quiera ir por aquí o por allá. De esta manera, valoró la importancia y el valor de esa información dispersa en la sociedad que ningún tecnócrata sería capaz de ordenar y codificar, por su complejidad y velocidad. Para él, continuó el diputado, el reconocer el valor y la consecuente utilización de esa información implicaba un gran ejercicio de humildad ―muy necesario― y muchos beneficios para la comunidad. El diputado era Giorgio Jackson e ignoraba ―desde la profundidad del clóset―, que estaba haciendo una apología del «sistema de precios» y de una de las principales ideas por la cuales Friedrich V. Hayek ganó el Premio Nobel de Economía y demostró la imposibilidad del Socialismo. Estaba alabando las más profundas y esenciales ideas que fundamentan la superioridad del libre mercado: ser humilde y reconocer el valor del orden espontáneo y la información que éste genera al resto de la sociedad, algo imposible de obtener desde un diseño central.

Y así como Jackson alabó esta humildad, Hayek acusó la falta de ésta en uno de sus últimos y más famosos libros: La Fatal Arrogancia. Se podría deducir que Giorgio Jackson está dentro del clóset por ignorancia, pero al parecer también por voluntad: hoy en día no es muy taquillero defender ideas de la libertad, por lo que ante tanta corrección política que se ve emanada de sus discursos, es esperable el temor del diputado por asumirse liberal y salir del clóset. Sin embargo, al menos podría partir superando esa arrogancia y eliminando la ignorancia, de manera que se cuestione, al menos, sus creencias y empiece a olvidar su obsesión por subirse a un pedestal para empezar a planificar.

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Vida y salud del amigo forastero”

A propósito del día de la eliminación de la discriminación racial, es necesario reflexionar acerca de nuestra creciente población migrante internacional. Los movimientos migratorios son tan antiguos como el hombre. Este se movilizaba de un territorio a otro buscando mejores lugares de caza, refugio y seguridad para el sustento de su manada y de esta manera asegurar  la supervivencia de su especie. Nuestro propio país se origina del mestizaje entre pueblos originarios e inmigrantes europeos. Más aún, posiblemente no existe persona en Chile que no tenga en su historia genealógica a algún extranjero valiente que llegó a esta tierra buscando una mejor vida y encontrando en ella oportunidades de progreso y bienestar.

La migración es un reconocido determinante social en el mundo. Las condiciones que rodean al proceso de migración hacen que esta población sea potencialmente vulnerable y que su movimiento transfronterizo tenga gran impacto en el desarrollo económico, progreso y salud pública de una nación. Acercándose al 3% de la población total en Chile, se estima esta comunidad en torno a las 550.000 personas. Además del flujo inmigrante más conocido, proveniente de países fronterizos, en los últimos años ha aumentado el ingreso de personas de países más lejanos de la región, tales como Venezuela, Colombia, y varios países de Centroamérica. Este cambio en el patrón migratorio ha sido notorio especialmente por el ingreso de personas afrodescendientes, que traen sin duda nuevas formas de representar e imaginar a la población que habita nuestro territorio y a su progenie.

Si bien la población migrante internacional no ha alcanzado en Chile las proporciones de otros países de la OCDE (España, por ejemplo, en torno al 13%), ciertamente experimenta algunas vulnerabilidades y vulneraciones específicas que son importantes de conocer. En mi experiencia investigando sobre las condiciones de vida y salud de inmigrantes en Chile he podido observar que: (i) es una población altamente heterogénea, con diversos países de origen, idiomas, nivel educacional, creencias y tradiciones; (ii) enfrentan desafíos importantes durante el proceso de migrar, asociados a un nuevo plan de vida personal y familiar, así como también corren el riesgo de sufrir vulneraciones a los derechos humanos y de ser perseguidos si ingresan de manera irregular; (iii) enfrentan el desafío de intentar integrarse a la nueva sociedad que los recibe y de comprender su sistema de gobierno, trabajo, vivienda y salud, entre otros; (iv) tienen necesidades especiales de salud, en especial si viven procesos de pobreza, discriminación y exclusión social, que muchas veces quedan invisibilizados.

Nuestro país, alineado con metas globales de progreso y bienestar social, así como de sus propios Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020, tiene la oportunidad de colaborar con otros sectores de gobierno, académicos y civiles para promover la salud de toda la población que reside en nuestro territorio, incluyendo la migrante. En este sentido, una política nacional migratoria acorde a los tiempos actuales, y una política de salud de migrantes en particular, son un imperativo ético, legal y social de urgente formalización en Chile. En tensión con otras prioridades y emergencias nacionales, y en el marco del día de la no discriminación racial, es importante abogar por que ambas políticas se materialicen a la brevedad, idealmente desde enfoques de derechos humanos, inclusión y respeto a la diversidad, así como también de determinación social y equidad. Así, el mundo entero verá de manera concreta como quieren en Chile al amigo cuando es forastero…

 

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Alianza público privada para las comunicaciones en Astronomía

La instalación y operación de grandes proyectos astronómicos en Chile solo es posible gracias al desarrollo en paralelo de infraestructuras de comunicaciones como las provistas por las Redes de Investigación y Educación.

Cuando el equipo detrás del mega proyecto astronómico LSST evaluó la mejor ubicación para su emplazamiento, además de la calidad excepcional de los cielos, necesitaba estar seguro que contarían con las condiciones de red adecuadas para movilizar los enormes volúmenes de datos que  espera generar el observatorio. Todos sabemos que Chile fue el lugar elegido, y uno de los factores determinantes  fue la existencia de una Red de Investigación y Educación, que no solo fuera capaz de responder a este desafío, sino que interconectara el ecosistema de investigación con el desarrollo y la innovación (formación de profesionales), para enfrentar así uno de las transformaciones  más importantes que está experimentando la ciencia y la industria: La era de los datos o Big Data.

Hoy  Chile alberga casi el 50% de la inversión astronómica y al 2020 se espera llegar a cerca del 70%, con una producción del orden de petabytes de datos por noche. Este fantástico recurso natural nos plantea importantes desafíos y, por cierto, nos ha brindado una oportunidad única para el despliegue de infraestructuras de comunicación de excepcionales condiciones, que no solo responden a la astronomía, sino que impactarán diversos ámbitos de la ciencia y de la sociedad. Pero esto no se hace solo, ni de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo arduo de más de diez años, con los observatorios, las universidades y, por cierto, las empresas del sector. A través de la articulación hemos establecido un marco de trabajo y confianza, que ha permitido dar saltos de gigante. Primero fue el desarrollo conjunto con la ESO de la primera red óptica para la ciencia, luego se sumó ALMA y ahora, en conjunto con AURA, estamos ad portas de dar luz a la infraestructura de comunicación para el sistema de I+D+ ES más ambiciosa a nivel nacional y con estándares de primer nivel internacional.

La presencia de observatorios, el acceso a fondos públicos internacionales, el convencimiento de los socios de REUNA y la compresión de empresas del sector -que se han movido de su marco tradicional y visualizan esto no como un  “capricho” de los investigadores, sino como una oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios-, han permitido establecer una alianza público-privada, que ha acelerado el desarrollo de la Red Universitaria Nacional y de las redes académicas internacionales, con quienes hoy estamos trabajando juntos en el ambicioso proyecto BELLA, que unirá América Latina directamente con Europa. En esta ecuación hay un actor que sigue ausente: el gobierno de Chile.

Aún nos queda mucho por hacer. La conferencia ADASS, que por primera vez se realizará en Chile y en Latinoamérica en octubre de este año, será un espacio de discusión y diseño que debemos aprovechar para que Chile no sea un país de recolección y tránsito de los datos astronómicos, sino que demos un nuevo paso en la cadena de valor y nos movilicemos hacia la astroinformática. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de desarrollar infraestructuras de centros de datos para fines científicos y de negocios en forma colaborativa.  Chile tiene la oportunidad de ser el polo de la astronomía mundial en la era del Big Data, y para ello necesitamos aunar los esfuerzos ya existentes, compartir una visión de desarrollo y trabajar por ella. Aquí  no sirve el divide y vencerás.

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