Óscar Contardo's Blog, page 7

Indicaciones al proyecto de Educación Superior

El jueves pasado se presentaron más de 600 indicaciones al emblemático proyecto de ley de educación superior. Esto solo refleja la dura y entrampada tramitación que ha tenido la iniciativa, la que acaba de ser declarada única prioridad legislativa en el primer comité político del año. Si bien se requiere tiempo para analizar los alcances del proyecto tras los cambios que propuso el gobierno, un análisis inicial permite dar cuenta que se trata de una iniciativa diferente a la presentada en un principio por La Moneda, cuestión que demuestra que el Mineduc entendió parte de las innumerables e incesantes críticas.

En pocas palabras, las indicaciones del Ejecutivo parecen mostrar la intención de lograr ciertos consensos en áreas específicas. Aunque se sigue estableciendo un excesivo control estatal de la educación superior, permanecen varias limitaciones a la diversidad de proyectos, y lo que es más grave, se insiste en la cobertura universal de la gratuidad; se crean espacios interesantes de debate. Si estos son aprovechados por el Senado, es posible que tengamos un proyecto menos perjudicial que todo lo que el gobierno ha sugerido anteriormente. Obviamente, el diablo está en los detalles, y esa discusión pendiente se torna cada vez más relevante.

Para valorar este cambio, es necesario mirar la discusión y tramitación de la iniciativa, incluso antes de la gratuidad. El gobierno pensó, entre otras cosas, en forzar a las universidades a tener un gobierno “triestamental” en el cual alumnos, funcionarios y académicos se repartieran el poder en partes iguales. Se le daba a la superintendencia la atribución de vigilar la “viabilidad académica” de las instituciones: un burócrata decidiría si acaso es académicamente viable una carrera de antropología, o no. Se buscó reemplazar la Comisión Nacional de Acreditación por un control centralizado del aseguramiento de la calidad, que no incluiría la autoevaluación de las propias instituciones, despreciando la experiencia acumulada y contra toda evidencia nacional e internacional. Por suerte, todas estas propuestas quedaron atrás: después de dos años de fiebre, parece que los paños fríos (y la derrota electoral) están haciendo efecto.

A pesar de lo anterior, hay ciertas ideas que se niegan a morir, y bien podrían causar el estancamiento de nuestro sistema de educación superior. En primer lugar, la fijación centralizada de aranceles, determinada más o menos arbitrariamente por la autoridad política, someterá a las instituciones adheridas a la gratuidad a una dependencia total del fisco, más aún cuando se insiste en fijar precios para estudiantes no gratuitos. Permitir que el Estado sea el único financista de la universidad es entrar en un camino de servidumbre del cual es casi imposible salir. En segundo lugar, el proyecto sigue entendiendo a la educación superior como un commodity, estandarizado y fácilmente reproducible, cuando sabemos que cada institución tiene un proyecto único y que la diversidad es parte de la riqueza de nuestro sistema.

Es fundamental entonces, y a eso debe apuntar el resto de la tramitación: evitar en todo lo posible la fijación de aranceles, acotar el beneficio de la gratuidad para el 60% más vulnerable y evitar el control centralizado del sistema de admisión. Para ello, se necesitan más de tres semanas.

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Qué fue de la Agenda de Probidad

Espacio Público lleva casi tres años monitoreando la Agenda de Probidad impulsada por la Presidenta Bachelet a través del Observatorio Anticorrupción, herramienta que diseñamos con Ciudadano Inteligente y que ha permitido evaluar el cumplimiento y calidad de las recomendaciones de la Comisión Engel, y empujar la agenda de políticas para combatir la corrupción. Durante este tiempo ha habido avances notables, en particular en materia de financiamiento de la política, transparencia de los partidos políticos, y prevención de los conflictos de interés. De hecho, las elecciones del 2016 y 2017 nos permitieron conocer los efectos de estas reformas que buscan instaurar un nuevo paradigma en la forma de hacer política.

Junto con las reformas implementadas, se han promulgado más de diez leyes cuyo fin es prevenir la corrupción, quedando ahora en manos de las próximas autoridades garantizar su correcta implementación. Así, por ejemplo, con el cambio de coalición gobernante, se pondrán a prueba las modificaciones introducidas para perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y una de sus principales reformas, la estabilidad de las autoridades y funcionarios de primer y segundo nivel seleccionados bajo este sistema. El propio programa del Presidente Piñera establece que seguirá profundizando estos ajustes para reducir la discrecionalidad en la contratación de funcionarios públicos. En este mismo sentido quedará en manos del próximo gobierno implementar la nueva Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Aquí también el próximo mandatario se ha comprometido a modernizar la gestión de proyectos de infraestructura y mejorar la capacidad de fiscalización y transparencia del Estado y modernizar los sistemas de contratación de obras públicas. En vista de lo anterior, esperamos que las promesas electorales se cumplan y no haya retrocesos en estas materias.

Sin perjuicio de los avances, aún quedan varios temas pendientes. Por ello es necesario que efectivamente se aprueben aquellas reformas aún en discusión en el Congreso, como las iniciativas para transparentar el uso de suelo, que aumentan las penas para los delitos de corrupción, reforma al Congreso en materia de probidad y transparencia, entre otras.

Finalmente, cabe llamar la atención sobre aquellas áreas en donde el avance ha sido escaso, y respecto de las cuales Piñera debería liderar su cumplimiento. Algunas de ellas están contempladas en su programa de gobierno, como la necesidad de avanzar en materia de “puerta giratoria”, esto es, regular el tránsito entre el sector público y el privado, y la creación de una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Si bien el programa hace referencia al fortalecimiento de ChileCompra, no se especifican medidas concretas en este sentido. Cabe recordar que actualmente existe un anteproyecto de ley que recoge casi la totalidad de las recomendaciones de la Comisión Engel en materia de compras públicas, pero que por temas presupuestarios no ha sido ingresado al Congreso. Otro tema que brilla por su ausencia son las medidas necesarias para combatir la corrupción en municipios.

Chile es uno de los pocos países de la región que ha sido capaz de hacer frente a los escándalos de corrupción mediante reformas concretas. La agenda de probidad ha avanzado de forma consistente, pero con el paso del tiempo es fácil olvidar que aún queda mucho camino por recorrer. Por ello es fundamental que el próximo gobierno haga suya esta agenda y el combate de la corrupción sea una de sus prioridades.

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Francisco

Francisco, Papa, marcará el inicio del 2018 en Chile. Es de esperar que el país sepa valorar su presencia. No se tratará solo de una visita ilustre más, será la del Vicario de Cristo en la tierra. Lo que diga y haga debería tener un profundo significado para un pueblo que, como éste, se declara mayoritariamente cristiano y, específicamente, católico. Y también para todas las personas de buena voluntad que lo componen, aun si no confiesan el cristianismo. El mensaje de Su Santidad posee un carácter eminentemente religioso-espiritual y así debería ser recibido. Ese es el ámbito propio de su autoridad. El contenido esencial de aquello que Francisco pueda expresar en las diversas ceremonias en que participará es de naturaleza inmutable, en cierta medida conocido, pues descansa en la enseñanza evangélica, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, siempre nuevo, pues es palabra viva, que habla a todos los hombres de todos los tiempos y, por su condición insondable, siempre de forma renovada, portando luces a las particulares circunstancias de cada sociedad y de cada persona. En esta línea, el Santo Padre tendrá posibilidades de sorprender (nos), más todavía conociendo su inclinación a adoptar riesgos para hacer que la voz de Cristo llegue con fuerza y actualidad a las conciencias en un afán por removerlas y configurarlas con las del Hijo de Dios.

Es presumible que el Pontífice no dejará indiferentes a aquellos que tengan el corazón bien dispuesto y el oído atento. Aparte de su investidura, él conoce bien la realidad de la América hispana y, con seguridad, se encuentra muy bien informado sobre la sociedad y la Iglesia en Chile. Atendida su profunda vocación pastoral-misionera buscará con misericordia -pero conforme a la verdad- “meter el dedo en la llaga”, hasta los tuétanos. Enfrentados a tal escenario, parece prudente disponerse a callar, meditar y ponderar pausadamente antes de reaccionar. Como il dolce Cristo in Terra (Santa Catalina de Siena) que es, hay que tener en cuenta que sus alocuciones poseen el espíritu del amor paterno que busca sinceramente el bien de los hijos que le han sido encomendados. Probablemente Francisco, siempre desde una mirada sobrenatural, tratará de solidaridad, justicia, equidad, pobreza, marginación-inclusión, periferias, unidad, Iglesia en salida y otros grandes temas que han atravesado su pontificado en el cual el amor misericordioso, la necesidad de acercar a las personas a Dios y la labor apostólica necesaria para tal fin han sido su leitmotiv. E interpelará, de una forma u otra, a todos, en particular a quienes pueden influir más directamente en la vida política, en la marcha de la economía o en la conformación de la comunidad nacional. Hará énfasis en la exigencia cristiana y moral de procurar dar forma a una vida social más acorde con el querer divino que, en continuidad con la Doctrina Social de la Iglesia, ha de buscar el desarrollo humano integral: de todos los hombres y de todo el hombre. Espiritual y material.

En un momento relevante para el devenir nacional, parece recomendable atender con humildad y generosidad a lo que Francisco nos quiera comunicar. Haría mucho bien a la patria y todos sus miembros.

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La izquierda y sus padres

No hay que desatender el proceso de reflexión que inicia la izquierda tras la derrota presidencial y parlamentaria. Este proceso irá definiendo no solo el tipo de oposición que enfrentará el gobierno del Presidente Piñera, sino que el mensaje que transmitirá la elite de izquierda a sus electores históricos y a los nuevos que intenta atraer.

Lo interesante es que una variante del mensaje de izquierda (el menos socialdemócrata) ya se ha ido articulando en los últimos años. Y su elaboración intelectual se ha tendido a imponer sobre otra izquierda que no ha sabido construir desde sus éxitos. Una buena forma de apreciarlo es un libro breve pero intenso; perfecto para, en el calor del verano, conocer los puntos cardinales del discurso de la izquierda que intenta imponer su hegemonía.

El libro es de LOM ediciones y se llama “Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas”. Lo edita Faride Zerán y escriben figuras nuevas (Boric) y antiguas (Arrate); políticos (Jadue) e intelectuales (Ruiz y Águila). Por cierto, no escribe ningún concertacionista ni menos algún DC. Todos abordan el futuro de la izquierda en ensayos cortos y con el único afán de trazar las líneas que debería seguir la izquierda en las próximas décadas.

De los trabajos pueden extraerse tres puntos cardinales para esta izquierda. El primero, que ya se ha instalado, es el lenguaje de los derechos sociales, esto es, la nueva utopía que supone que la prédica y consagración de derechos sociales (seguramente los veremos en el proyecto constitucional del gobierno) tiene un efecto transformador con independencia de la realidad. La abstracción de tal relato se acomoda al lenguaje utópico tan común en la historia de las izquierdas opositoras a la socialdemocracia; por eso pareciera que llegó para quedarse.

El segundo punto cardinal es una versión más sofisticada del discurso de la violencia. Ya nadie justifica la vía armada, como lo escuchamos en los sesenta, sino que ahora el discurso se construye desde la lógica amigo-enemigo. Así, nos dicen, el futuro de todos estaría limitado por la voluntad de otros que son los enemigos. Estos últimos no están equivocados; simplemente son los enemigos que hay que derrotar. No cabe duda que tal planteamiento proscribe los acuerdos, siembra el odio y polariza la política.

Y el último punto cardinal, de sobra conocido, es la profunda crítica a la transición y a la Concertación. Jadue dice que esos años fueron una “larga época marcada por la derrota” y Ruiz acusa a esos gobiernos de llevar “más lejos las herencias dictatoriales originales”. Esa crítica, que atraviesa todos los artículos, me recuerda uno de los últimos libros de Héctor Aguilar Camín. En “Adiós a los padres” relata la historia con los suyos. Y ahí escribe que los padres “son nuestros dioses cotidianos, gigantescos en la primera edad, rutinarios en la intermedia, nuevamente esenciales al final de la vida”. Es hora de que la izquierda de hoy decida en qué edad se encuentra a la hora de juzgar a los suyos.

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Podio constitucional

Es tiempo de balances. Se ofrecen selecciones variadas sobre cuáles habrían sido para el 2017 las mejores películas o los mejores libros. Quisiera proponer un ranking relativo a mi área de ejercicio profesional: la acción de los tribunales constitucionales. Ya habrá tiempo, en febrero, para ensayar un balance de la actuación de nuestro TC (que tuvo, sin duda, un año intenso en trabajo y visibilidad pública). En estas líneas, quiero destacar, en mi podio personal, las que considero las sentencias más notables pronunciadas durante 2017 por Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales extranjeros.

Medalla de Oro se lleva la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido de enero de 2017 por la cual se decide que, independientemente del hecho de que un 52% de los británicos hubiera votado en plebiscito por la salida de la Unión Europea, el gobierno de Theresa May no podía seguir adelante con su plan de implementar directamente el Brexit. Reconociendo que el referéndum tiene gran significación política, la Corte señaló que cualquier cambio en la ley para darle eficacia a dicho plebiscito debe hacerse por la única vía permitida por la Constitución británica, esto es, por un Acto del Parlamento. “Hacerlo de otro modo, afirma la Corte, quebrantaría firmes principios constitucionales asentados desde hace varios siglos”.

La Medalla de Plata va para el fallo de octubre del TC español en que se anula la inconstitucional resolución independentista catalana. Esta sentencia, redactada por el reputado jurista Andrés Ollero, le recuerda a la “Generalitat” que el estado de derecho democrático no consiste solamente en ejecutar la voluntad de la mayoría, sino que también supone respetar las reglas formales de la deliberación y los derechos de las minorías (las últimas elecciones confirman, por lo demás, que si bien existe un 47% de los catalanes que votan por los independentistas, hay otro 53% que no lo hace).

La Medalla de Bronce, finalmente, es para el fallo de la Corte Suprema de Israel, de hace apenas un mes, que invalida la política del gobierno de ese país de negar la entrega a sus familiares de los cadáveres de individuos pertenecientes a grupos terroristas, y que han muerto en el contexto de acciones contra el Estado de Israel o sus ciudadanos. El gobierno había condicionado la devolución de dichos cuerpos a la entrega de los restos de soldados israelíes capturados por grupos extremistas palestinos y desaparecidos hace varios años. Con justicia, y recordando probablemente a Antígona, la Corte de Israel ha reconocido el derecho humano básico de hijas, padres y hermanos a despedir los despojos del ser querido.

Las Cortes y los TC no están llamados a sustituir la decisión del pueblo o de los órganos de representación democrática. Lo que sí pueden hacer, y, a veces, deben hacer, es tener la valentía de frenar el abuso de poder. Cuando lo hacen, merecen reconocimiento.

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La bancada PC- Frente Amplio

El 10 de marzo a las 23.59 horas termina la Nueva Mayoría. La coalición surgió para sustentar la candidatura presidencial de Michelle Bachelet y el programa de reformas que prometió para combatir la desigualdad. Una vez devuelta la banda a Sebastián Piñera no tienen mucho más que hacer. El antipiñerismo no es razón suficiente para constituir un bloque unido de oposición como demostró la reciente segunda vuelta, donde desde la campaña de Guillier y el oficialismo se intentó construir el rechazo al actual Presidente electo como motivante para ir a las urnas.

Probablemente el último acto -y quizás el único- de toda la oposición será el acuerdo para constituir la mesa de la Cámara de Diputados y las principales comisiones de dicho cuerpo legislativo. Nadie quiere darle el poder total a la derecha. Después de ello, los senderos se bifurcarán y cada uno tendrá que buscar su propio destino.

Para el PC, ser oposición de nuevo es difícil. Se estaban empezando a acostumbrar al Estado y por segunda vez que caen junto a un gobierno no son los culpables. Su militancia rechazará todo aquello que implique el juego de acuerdos de la oposición y presionará por volver a la calle como fue en los años de la Concertación. Ya se nota algo de ello en la propia agresividad verbal de sus dirigentes, como lo fue un violento comentario en redes sociales de la diputada electa Carmen Hertz contra el ex presidente Lagos por ir a visitar a Piñera.

En ese espacio de enojo, resulta natural la coalición que se ha estado armando con el Frente Amplio. Además de confluencia ideológica en el rechazo a cualquier cosa que parezca democracia de los acuerdos, hay también lazos históricos en todas las generaciones. Los dirigentes más jóvenes del PC, en especial las diputadas Vallejo y Cariola, pertenecen a la misma generación de dirigentes estudiantiles que Jackson y Boric, los mayores accionistas del Frente Amplio. Compartieron directivas, largas jornadas de protestas y sus rostros representaron un movimiento que dio la vuelta al mundo.

Los dirigentes más antiguos conocen perfectamente al Partido Humanista, integrante del Frente Amplio y por ser partido legalmente constituido, un pilar de hormigón armado fundamental en su construcción. Hay que recordar que el diputado electo Tomás Hirsch fue candidato presidencial de una coalición a la cual pertenecían los comunistas. Por tanto, el encuentro en el congreso es entre viejos compañeros de lucha, que tienen que consolidar la alternativa de izquierda.

El Frente Amplio, después de la derrota de Guillier, de la que no son responsables en modo alguno, tiene el camino libre para intentar la versión chilena del “sorpasso” como se llamó a la operación política que realizó Podemos para destrozar al PSOE español y con ello convertirse en la verdadera oposición a la derecha. Un acuerdo con el PC le viene de anillo al dedo, pues puede instalar que allí está la verdadera izquierda, tentando a sectores socialistas a moverse hacia ese mundo.

También la unidad, al menos de principio, proporciona una bancada de 28 diputados, que es suficiente para imponer agenda en varias comisiones claves y obliga al gobierno a tenerlos en cuenta. Para el PC, por su lado, la alianza con sus antiguos adversarios en las federaciones universitarias, le permite recuperar la mística de la calle y la lucha contra la derecha.

También hay un elemento adicional. Ni los diputados Jackson y Boric, las figuras mejor valoradas del FA tendrán edad para ser candidatos presidenciales en la segunda vuelta. Aunque Beatriz Sánchez obtuvo una votación envidiable, sin plataforma pública le costará más mantener su liderazgo. Si cae entonces, el PC podría proporcionar la figura necesaria para volver a la carga presidencial. Para ese desafío, el actual alcalde de Recoleta puede estar disponible.

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Hasta el final

El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de nueva Constitución, que culminará el proceso constituyente en que participaron unas doscientas mil personas. Pero lo cierto es que ese proceso se debió más que nada a un impulso refundacional del gobierno y que se tratará de un proyecto redactado por éste.

Por eso, es llamativo que sea enviado a trámite cuando queda poco tiempo para que concluya el período presidencial y estando ya electo el nuevo Presidente, que es de signo opuesto; y más todavía, cuando la agenda de la Presidenta resultó claramente derrotada en las urnas; es decir, cuando la ciudadanía resolvió que quiere un cambio. Plantear hoy una nueva Constitución solo tiene espacio por la obstinación de quien gobierna y por una transición innecesariamente extensa.

El paso de un gobierno a otro debiera ser corto y no extenderse más allá de lo indispensable, porque el pueblo ya se pronunció y debe asumir el mandatario electo. En Estados Unidos dura unos dos meses y medio, porque las tradiciones democráticas datan de una época en que las cosas ocurrían en forma distinta. Pero en las democracias europeas los cambios de gobierno tardan poco. Está fresco el caso de Francia, en que el Presidente saliente y el entrante se pusieron de acuerdo en una fecha inmediata -no hay norma- y simplemente se materializó la entrega del poder. En cualquier caso, las buenas prácticas democráticas demandan que no se haga entretanto nada que pretenda dejar a la autoridad entrante bajo condiciones que perturben el despliegue de su agenda o que le impidan fijar un nuevo rumbo.

En Chile el lapso para la transmisión del mando puede llegar a casi cuatro meses, si la elección se resuelve en primera vuelta, o cerca de tres meses si ocurre en segunda vuelta. Esto se debió -una vez más- a una reforma constitucional mal hecha. Como la votación en primera vuelta tenía lugar en diciembre y una eventual segunda vuelta a mediados de enero, había una interferencia con las fiestas de fin de año. Entonces, las votaciones se corrieron un mes hacia atrás, pero no se movió la fecha de toma de posesión (que solo habría implicado un acortamiento menor del mandato presidencial por una vez), dando lugar a esa excesiva extensión.

Pero si las cosas se hicieron mal, nada justifica que no se observe la práctica democrática de no adoptar decisiones que enturbien el inicio del nuevo mandato. Y es obvio que enviar un nueva Constitución, que pretende rehacer la institucionalidad del país, busca imponer un debate ajeno al plan del gobierno electo y ante una renovada composición del Parlamento. Es un simple gustito ajeno a las buenas prácticas.

Pero además, denota que la Presidenta Bachelet se niega a entender que el resultado de las elecciones le fue adverso y que no es efectivo que su agenda haya sido la vencedora. Y en fin, que ellas marcaron que Chile hoy tiene nuevos legítimos representantes, tanto en el gobierno como en el Congreso, y que hay que cederles el paso.

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Al menos raro

En el último día del 2017, la primera tentación pudiera ser recurrir al expediente del balance. Se trata de un recurso sospechoso, por cuanto la mayoría de las veces se acomodan los argumentos e interpretaciones, para así explicar o justificar -con la seguridad propia de quienes pontifican ex post- sobre acontecimientos y resultados que en su momento generaron muchas dudas y vacilaciones.

En lo personal, soy más bien de los que se declaran perplejos, y reconozco la tremenda inseguridad que me generan las tradicionales herramientas y usos con los cuales hacemos un esfuerzo por interpretar la realidad política y social. Pese a que nos hemos equivocado tantas veces, habrá siempre quienes -con un envidiable desparpajo camaleónico- pueden transitar entre una a otra tesis, por más contradictorias que éstas sean, presentando como grandes descubrimientos del presente, aquello que solo confirma que estaban profundamente equivocados en el pasado. Otros, con algo más de elegancia, pero no por eso de forma menos obscena, se reafirmarán en sus dichos, ya sea acomodando lo que habían sostenido o, peor todavía, negando el literal sentido de lo que muchos leímos o escuchamos.

Como sea, para mí el 2017 fue un año de profundos contrapuntos y contradicciones. Así como fuimos incapaces de anticipar el magro resultado electoral de la derecha en la primera vuelta de la elección presidencial, menos todavía previmos la contundente paliza que nos darían en el balotaje. Fue una sorpresa la mediocre convocatoria que el Frente Amplio tuvo para las primarias, pero mayor fue el asombro al constatar que meses después elegían a 20 diputados y que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta electoral. Y Michelle Bachelet, aquella impermeable política que vimos sucumbir durante buena parte de su mandato, dejará la Presidencia de la República como la indiscutible figura de las fuerzas de centroizquierda.

Fuera de la contienda estrictamente electoral, una de las grandes victorias para la causa feminista -me refiero a la despenalización del aborto en tres causales- fue precedida por el inhumano y vejatorio tratamiento de los medios y jueces al crimen contra Nabila Rifo. Así también, se destapaba el robo del siglo al interior de Carabineros, para después constatar que ningún candidato acusado por casos de corrupción lograría entrar al Congreso. El 2017 la selección chilena de fútbol ganó la China Cup y quedó fuera del Mundial de Rusia; la U salió campeón del torneo de clausura y lo propio hizo Colo Colo en el de transición; o el fuego desató un infierno en nuestros bosques, para después tapar con nieve nuestra capital.

No tengo idea de cómo vendrá el 2018 y, esperando que sea bueno para Chile y su gente, solo me resta desearles Feliz Año Nuevo.

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Resumen y conclusiones

El 2017 será recordado como un año crítico de nuestra historia. Se detuvo, y con mucha autoridad electoral, el avance intolerante e irreflexivo de la retroexcavadora, de muy malos resultados para el país. En lo económico el resultado ha sido letal, básicamente por el desajuste de las cuentas públicas y el desplome de la inversión. Se hizo una reforma tributaria con dos fines específicos: financiar la educación y eliminar el déficit fiscal. Por cierto nada de eso ocurrió. Lo real es que Bachelet se endeudó como nunca para pagar gastos corrientes y bonos políticos. La seriedad de las políticas públicas simplemente se acabó y fue reemplazada por la retórica, el eslogan, el clientelismo, la desfachatez y el voluntarismo.

En educación, la gran bandera fue la gratuidad, pero hecha en base a resquicios legales; simplemente no fueron capaces de hacer una ley. Incompetencia sin precedentes. El resultado es popular, pero el costo es la inevitable reducción de la calidad, dada la situación deficitaria en que quedan todas las universidades que adscribieron al sistema. El resultado final, como ocurre con la izquierda, será aún mayor segregación social. Si no alcanzan los recursos para la gratuidad con tarifas y cupos manejados, jamás habrá recursos para la calidad. Incluso se destruyeron los colegios emblemáticos y atacaron la educación subvencionada (“los patines”).

En salud, el resultado es realmente malo. Los hospitales quedan con una deuda de casi $ 700 mil millones; las listas de espera crecen, se denuncia la muerte de muchos esperando; los pacientes son rehenes de huelguistas una y otra vez, las Isapres fenecen por la judicialización y porque no se hizo nada. En materia de pensiones simplemente no hubo avances, aparte del discurso y las improvisaciones. Para qué hablamos del Sename, total y completamente abandonado, a pesar de que Bachelet tuvo el primer informe en su escritorio desde el primer día de su gobierno. Debutó el nuevo sistema electoral para el Parlamento y muchos fueron elegidos con un 1 a 3%, incluso peor que en el binominal.

Otro evento del año fue el escándalo de Carabineros, en que llamó la atención la mantención del Director. Lo mismo en TVN, un verdaderto escándalo, en que se financió una farra sin precedentes y, como es obvio, sin responsables.

Positivo para algunos, malo para otros, es ley el aborto en tres causales, que en mi opinión en el balance es positivo para la sociedad y la libertad. El quiebre del equipo económico fue relevante, así como la gran farsa del “proceso constituyente” del que no quedó absolutamente nada.

La Araucanía olvidada como siempre por el gobierno. La Roja queda fuera del Mundial, los incendios y supertankers hacen noticia, las nuevas notarías truchas, los súper jubilazos de Gendarmería, el Censo es peor que el anterior, Garay aparece, las encuestas se desprestigian, los escándalos de la CUT, el mal manejo de Dominga, la caída final de ME-O, la evasión del 30% en el Transantiago sigue incólume, Enel y las nevazones, el cabildeo, el relleno de Tiltil, el aumento del Sida, son apenas temas al pasar. En lo internacional, el Brexit, las Farc, Macron, los escándalos de Brasil, Macri, Cataluña, la derrota de Isis y la continua degradación de Venezuela marcaron interés especial.

Desde el punto de vista político, Bachelet, además de sus malos resultados en economía, salud y educación, destruyó primero la Concertación, y luego a la Nueva Mayoría. Este año vimos emerger con fuerza al Frente Amplio. También emergió Evópoli y J.A. Kast, todo lo cual anuncia un cambio fuerte de nuestra ecología política.

Fue el año en que el gobierno trató de imponer las mentiras de la posverdad y en que perdió el progresismo sin progreso. A partir del 2018 esperamos que cada día sea mejor. La clave es el camino intermedio de los grandes acuerdos.

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Desafío constituyente

La Presidenta Bachelet ha confirmado que el gobierno presentará su proyecto de nueva Constitución en el transcurso de enero. En paralelo, el rol opositor que el conjunto de las fuerzas de centroizquierda debe asumir en marzo permite anticipar que el cambio constitucional mantendrá su centralidad, volviendo a ser uno de sus ejes ordenadores más allá de la prioridad que el gobierno de Sebastián Piñera decida darle. No puede descartarse, incluso, que la asamblea constituyente se reinstale como una de las principales demandas del movimiento social en los próximos años.

Aunque a primera vista no resulte evidente, la próxima administración tiene aquí una enorme oportunidad. Si efectivamente uno de sus objetivos políticos es construir una base de acuerdos transversal, estable y de largo plazo, nada asegura más dicha disposición que un nuevo pacto constitucional. En particular, en un ciclo donde la correlación a favor de Chile Vamos mejorará de manera significativa en la nueva legislatura, y con un gobierno que, tras una contundente victoria electoral, tiene una legitimidad importante para defender sus posiciones.

Lo imprescindible es asumir que la controversia constitucional que recorre a los actores políticos desde la derrota de la Concertación en 2010, no tiene más alternativa que ser zanjada en algún momento, y difícilmente la centroderecha se va a encontrar en una mejor situación para abordar este desafío que a partir de marzo. En efecto, si es genuina la convicción de que el Chile de las próximas décadas requiere una base institucional de acuerdos amplios, reglas del juego legitimadas que atenúen los riesgos de polarización y de aventuras refundacionales, el horizonte político para ello hoy se observa óptimo.

Sin ir más lejos, las señales de colaboración con las nuevas autoridades emitidas por el expresidente Lagos y por sectores DC, también son funcionales en esta dirección. A su vez, la derrota de la Nueva Mayoría y la orfandad en que ha quedado el centro político pueden facilitar nuevas convergencias. Así, el escenario para empezar a construir un consenso institucional que permita dejar por fin atrás el Chile del Sí y del No, se ve ahora más despejado que hace cuatro años, entre otras cosas, porque el mayor equilibrio de fuerzas emanado de las urnas hace inviable cualquier tentación hegemónica.

El rol subsidiario del Estado en una sociedad cada día más globalizada, el imperio y el alcance de los derechos sociales, los quórums legislativos requeridos para aprobar ciertas materias, el papel que debe jugar a futuro el Tribunal Constitucional e, incluso, eventuales correcciones a nuestro régimen presidencial, requieren una base de consensos que hoy no existe en nuestro sistema político. Sobre esa base, luego, surgen y se expresan los distintos proyectos de sociedad, visiones de país legítimas y diversas, pero que tienen un piso institucional común, por lo que no suponen el riesgo de estar jugando el futuro a los dados cada cuatro años.

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