Óscar Contardo's Blog, page 30

Perpetuar la especie

Noel Gallagher partió como un bribón al mando de Oasis. Tomaba de aquí y allá con impresionante descaro. Entre sus primeras fechorías, el zarpazo de Cigarettes & alcohol al riff de Get it on de T Rex. La moral musical del héroe de Manchester semeja a la de Gustavo Cerati, otro hábil reducidor de citas e influencias para componer música novedosa y familiar a la vez. En este disco, el tercero junto a High flying birds, hay una canción fantástica paradigmática de ese talento: She taught to me how to fly y su síntesis precisa entre Electric Light Orchestra en voces y ambientación espacial, más pulso y melodía con el sabor inconfundible de New Order. El arco entre Cigarettes & alcohol y este nuevo corte refleja cuánto ha crecido el guitarrista articulando sus gustos.   

Who built the moon? se promociona como el capítulo experimental de Gallagher bajo la producción de David Holmes, músico electrónico de gran reputación en bandas sonoras contando la saga Ocean’s eleven. El rótulo exagera. El material es directo. Lo que ha cambiado es el sonido y la necesidad de tratar las canciones con lograda grandilocuencia. Cuando arranca la instrumental Fort Nox se oyen ecos del pasado, la densa Fuckin‘ in the bushes de Oasis. Pero mientras esta última era una pieza de rock crudo modernizado, Fort Nox suma psicodelia, góspel, soul, hip hop y ruidos varios -esa alarma de viejo despertador que enerva a mitad de tema, el rugido sónico de un avión-, collage que abre la puerta a un álbum que se mueve en distintas direcciones y épocas, pero siempre moderno gracias a Holmes.

It’s a beautiful world encara electrónica bailable y guitarras fantasmagóricas con aires de medio oriente. El coro sugiere sensaciones cósmicas, ejemplo espléndido sobre cuánto se ha desprejuiciado el oído y paladar de Gallagher. Black & white sunshine, la favorita del álbum para tocar en vivo según el guitarrista, es puro rock clásico con algo de R.E.M. y costa oeste, coro de estadios, y prueba de la seguridad que proyecta frente al micrófono a los 50 años. If love is the law, junto a Johnny Marr en guitarra y harmónica, es pop redondo según los planos de Phil Spector. Más tarde The man who built the moon ofrece trama cinematográfica, como cinta de espías en una densa construcción instrumental. 

Noel Gallagher empuña la guitarra acústica para Dead in the water, la canción final, hermosa balada que registró en Dublin hace un par de años e interpretada con pasmosa seguridad pese a ser un estreno en su momento. Who built the moon? representa las posibilidades del rock clásico cuando se alimenta del pasado y se colorea con las opciones del presente bajo el deseo de perpetuar el alicaído género con cierta esperanza.

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La condonación del CAE para el 40% de las familias de menos ingresos

El senador electo de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo, según reseña la prensa de hoy, que la propuesta de Alejandro Guillier sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado “se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra. Siento que no le está hablando al electorado del FA” y que “les hablamos a miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el negocio de la educación superior, de los bancos, etc. Guillier las puede recoger, puede decir, mira me parece o puede decir los plazos en que él pretende abordar, puede que no sean los mismos que nosotros, que el FA. Eso está en mano suya pero por lo menos que las recoja”.

La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.

Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.

Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.

Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.

 

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La Legua y la violencia en barrios: ¿Por qué la seguridad es un problema de ciudad?

En las últimas semanas la agenda noticiosa ha vuelto a poner a la población La Legua en primer plano. Las balaceras, las muertes, el tráfico de drogas, las armas y la violencia aguda que deben soportar los vecinos, se han convertido en reiterados hechos mediáticos. También este año, hemos conocido diversos estudios que evidencian que en nuestras ciudades existen muchos otros barrios en condiciones urbanas, sociales, económicas y criminales que son críticas. Así, por ejemplo, el informe de la Fiscalía sobre narcotráfico da cuenta que existen 426 barrios en 9 regiones que presentan graves problemas de venta ilícita de drogas, junto a altas tasas de reiteración de condenas de imputados y que suman cerca de 600 sujetos a nivel nacional.

Por otra parte, para la región metropolitana, la oficina Atisba Monitor analizó los barrios incluidos por el Ministerio Público en el mencionado informe y muestra las críticas condiciones urbanas que tienen estas zonas. Según este estudio, 702 mil personas viven en 162 barrios que presentan altas tasas de hacinamiento, desconexión del resto de Santiago y precarias condiciones físico-urbanas. Por último, un estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez junto a la Cámara Chilena de la Construcción en 2016 identificó 68 zonas en Santiago que requerían políticas de regeneración urbana por el nivel crítico de sus condiciones de infraestructura, acceso a servicios y áreas verdes. Estos estudios nos indican que la tarea es urgente.

Pero esto no es novedad. Desde 2001, año en el que se inició la intervención estatal en la población La Legua, se han levantado voces para señalar la necesidad de revertir la tendencia al deterioro y de agudas condiciones de precariedad urbana y social en que habitan muchos chilenos y chilenas y han existido esfuerzos por mejorar las condiciones de entornos barriales precarios. Junto a ello, y también desde ese año, hemos sido protagonistas de las intervenciones estatales de seguridad y acción policial focalizadas. Diferentes iniciativas de intervención en barrios, de carácter nacional o local se han implementado desde el enfoque de la seguridad. En este ámbito, el Estado no sólo ha mostrado ser poco eficiente, sino que también ha actuado de manera contradictoria: es decir, ha reconocido las condiciones de exclusión y precariedad de cada barrio intervenido, pero ha aplicado más intensivamente una política punitiva.

Para quienes conocemos estos barrios, esta contradicción es inexplicable y casi absurda. Y es que no es posible pensar en ciudades seguras si no nos hacemos cargo de las condiciones de violencia estructural que afecta a quienes habitan en estos territorios. Johan Galtung en los años noventa, destacaba que la violencia que se ve, aquella que se manifiesta en una bala, en un homicidio o en un asalto en una comuna rica, se funda en una violencia que es mucho más profunda y que remite a estructuras sociales y económicas. La aguda desigualdad territorial y la guetización de nuestras periferias urbanas, es desde esta perspectiva, nuestro principal factor de inseguridad. Esta violencia es, a su vez, acompañada con aquella que es simbólica, que es la que ejercemos cuando discriminamos y estigmatizamos a quienes viven en estos entornos y que produce una clausura territorial. Ambas, desigualdad y estigma, operan de manera silenciosa y están a la base de las otras múltiples violencias visibles y que se producen de manera encadenada en territorios que han quedado al margen de la ciudad.

Así, preocuparnos hoy de la seguridad implica hacernos cargo de la desigualdad territorial, del derecho a la ciudad y de ir disminuyendo el ritmo bajo el cual han crecido nuestras ciudades. El Programa Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad, que ha impulsado la Intendencia Metropolitana es, sin duda, una buena noticia en este sentido. Sin embargo, será mejor noticia cuando avancemos hacía una política pública de carácter nacional que aborde la inseguridad no sólo como efecto de la acción individual, sino que como una consecuencia del ritmo del desarrollo desigual que afecta a nuestras ciudades y territorios.

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Rescate de una campaña extraviada

La obligada inyección de realismo que ha sufrido la campaña de Sebastián Piñera le hará bien a la derecha. El candidato ha debido hacer concesiones impensadas para atraer el apoyo de Manuel José Ossandón, quien en pocos días pasó de némesis a salvador. Si Piñera gana, habrá adquirido una enorme deuda con el senador y se verá forzado a dar un giro programático a su gobierno, incorporando un diagnóstico que ni el candidato ni el sector han sido capaces hasta ahora de asimilar, pero que Ossandón tiene claro hace rato.

La certeza del triunfo hizo que la candidatura de Piñera perdiera contacto con la realidad y con el electorado que debía encantar. Quizás el más serio de los errores de apreciación fue creer que era posible hacer en 2017 la misma campaña que en 2009. Como si nada hubiera pasado en Chile en los últimos años, el abanderado volvió a plagar su discurso de cifras (gráficos truculentos incluidos) y promesas de crecimiento económico. Repitió la cantinela de que nos situamos en el umbral del desarrollo y -otra vez- no pudo explicar satisfactoriamente sus negocios. Sus colaboradores tampoco ayudaron al insistir en que “el gobierno de Bachelet fue solo un paréntesis” y al viralizar un video donde el reformalizado Pablo Longueira era protagonista. Al final, la gran diferencia entre 2009 y 2017 fue que ahora surgió el corpóreo “Piñerín”.

Lo anterior ayuda a explicar por qué Piñera convenció apenas a un tercio de los votantes. El resultado deja de manifiesto que -como hemos venido sosteniendo hace largo tiempo- Piñera no era el mejor candidato para los tiempos que corren. Ni él ni su entorno directo han mostrado condiciones para interpretar adecuadamente lo sucedido en Chile en los últimos años, menos aún para representar el cambio de percepciones y prioridades que ha tenido lugar desde 2011.

La ayuda vino desde afuera. Súbitamente, el comando y el candidato han tomado nota de que era Manuel José Ossandón, y no ellos, quien había hecho la lectura correcta de la realidad y de lo que se necesita hoy para ganar una elección. Así, paradojalmente, el perdedor de las primarias puede llegar a convertirse en uno de los grandes ganadores de la segunda vuelta.

Aunque su desembarco involucra riesgos, el senador no solo trae votos, sino, principalmente, otra mirada. Una más anclada en la realidad y menos en la ilusión; más práctica y menos soberbia; más política y menos económica; más centrada en la gente y sus necesidades que en las recetas de laboratorio; más popular y menos elitista.

Puede que el tiempo no le alcance a Ossandón para conseguir los votos que necesita Piñera, pero su rehabilitación sugiere que nada debería volver a ser lo mismo para la derecha. Eso supone un paso adelante para un sector que no puede seguir anclado en la nostalgia noventera y debe, sin sacrificar su identidad esencial, ofrecer un relato acorde al Chile de hoy.

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Candidatos y educación superior

ERsta columna fue escrita junto a Mirentxu Anaya.

Habiendo revisado los programas de ambos candidatos, surgen preguntas sobre educación universitaria y técnico profesional, en temas omitidos o poco tratados. 1.La acreditación de instituciones y también de carreras ha sido hasta hoy flagrantemente laxa, como lo demuestran las recientes crisis de las Universidades Arcis e Iberoamericana. Por lo demás, un porcentaje significativo de egresados de muchas carreras e instituciones supuestamente acreditadas, literalmente, no entiende lo que lee, generando pérdidas monumentales de recursos privados, fiscales y años de vida de alumnos. ¿Qué proponen, específicamente, en materia de introducción de mejoras al sistema y criterios de acreditación de la educación superior? ¿Es pertinente dar financiamiento a una carrera cuya acreditación ha sido rechazada o es inexistente, por mucho que la institución esté acreditada?

2. Los esquemas actuales de gratuidad generan un déficit financiero en muchas carreras, debido a aranceles regulados de manera arbitraria. ¿Qué proponen hacer en materia de aranceles, tanto para gratuidad como también para becas, cualquiera sea su naturaleza? ¿Con qué institucionalidad debieran administrarse, fijarse y/o regularse estos esquemas de aranceles, y también de cupos para la gratuidad, de manera de no incurrir en injusticias o errores?

3. ¿Continuaremos con un sistema de acceso a la educación superior en base a un Cruch cuya composición obedece meramente a un origen histórico? ¿Está obsoleto el Consejo de Rectores definido por ley? ¿Debiéramos avanzar a un sistema de acceso único, integrado, con criterios modernos que vayan más allá de una prueba estandarizada, y que diferencie adecuadamente las instituciones técnicas y universitarias? ¿Quién debería administrar ese sistema, y con qué criterios?

4. El mundo avanza a pasos agigantados hacia trayectorias educativas flexibles, tanto universitarias como técnicas, e incluso entre ellas. ¿Tiene sentido que un estudiante deba definirse por periodismo o ingeniería de ejecución eléctrica a los 18 años de edad? ¿No debe redefinirse completamente el esquema de “college”, licenciaturas, títulos y grados universitarios y técnicos? ¿Qué opinan sobre la necesidad de un marco de cualificaciones, y de certificación de competencias laborales específicas, cuestión que ya es candente en países avanzados? ¿Es necesaria la modificación de los financiamientos de manera de facilitar trayectorias flexibles?

5. Tenemos un 19% de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. A medida que avanza el siglo XXI, más y más carreras irán quedando obsoletas, y tendremos severos déficits en novedosas carreras técnicas y universitarias. ¿Dejaremos todo en la mano del libre mercado de la oferta y demanda de carreras, que han surgido por miles al calor del libertinaje de 30 años? ¿Es pertinente otorgar gratuidad o becas de la misma manera a una carrera flagrantemente en descenso de su demanda laboral, en que hay ya un ejército de desocupados, que a otra con evidente déficit de personas calificadas en el presente o futuro?

En suma, ¿tendremos educación superior para el siglo XXI o para el siglo XX?

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¿Un nuevo Chile?

El fallo de las encuestas en la primera vuelta presidencial  incorpora a Chile, junto con el Brexit, Colombia y las elecciones que le dieron el triunfo a Trump, en el conjunto de casos que vienen mostrando sus limitaciones. Se ha señalado que el problema sería la fórmula para identificar el votante probable. Al parecer, el asunto va más allá de correcciones técnicas. Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio, las ha acusado de imposibilitar su paso a la segunda vuelta. Y es que el problema está, como ha planteado en este mismo espacio Eugenio Guzmán, “en las expectativas que se generan a partir de la reputación que se les asigna”. Por ello, cabe preguntarse ¿en qué minuto llegaron las encuestas a tener tanto poder? Si bien se trata un fenómeno mundial, su ascenso específico en Chile corre paralelo al deterioro de la investigación en las universidades, al declive relativo de la labor de los centros de pensamiento, al cometido poco ambicioso asignado al INE, a la crítica a una tecnocracia que derivó en el auge de la G-90 y a la duda que el cálculo de la pobreza sembró en las estadísticas oficiales. Su influencia es solo comparable al protagonismo que se le asigna a los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convertido en la atalaya desde la que se monitorean los cambios de la sociedad chilena.  

Ello nos remite a la pregunta por la información como sustento de las decisiones políticas. Las sucesivas oleadas de modernización del Estado no han brindado, a este punto, su necesaria atención. En el reciente informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) titulado “Un Estado para la ciudadanía”  se aborda parcialmente el tema. Junto con la propuesta de crear una Dirección de Gobierno Digital y Tratamiento de la Información, se presentan los desafíos de la gobernanza de datos desde uno de sus aspectos: mejorar la gestión de la información al interior del Estado. Como contrapartida, una experiencia a mirar, aunque más volcada hacia afuera, es la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de España. Autónomo, aunque dependiente del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, su fin es el estudio científico de las sociedad española. Desde 2009, difunde gratuitamente los archivos de microdatos de sus encuestas, habiendo realizado unas 2.200 hasta la fecha.

Mientras tanto, desde el Frente Amplio se afirma que su avance representaría a un nuevo Chile, al de unas capas medias distintas (”hijos de la modernización” les llaman ahora) que, más que individuación extrema, exigirían algunas garantías. Cuando ganó Piñera en 2010, se dijo que esas mismas clases medias, recogidas en la figura de “Andrea, la vendedora de isapre”, anhelarían igualdad de oportunidades más que de resultados. ¿Cómo cambios tan radicales en menos de una década?

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Un patrimonio que “circula”…

Es bien sabido que, al menos desde el año 800 y gracias al impulso de la civilización islámica, el mediterráneo se fue transformando, paulatinamente, en un espacio de intercambio económico virtuoso y animado. La misma civilización del islam se encargo de tender “un puente” que vínculo a oriente con occidente. Los resultados de lo anterior no solamente se manifestaron en el desarrollo de una revolución agrícola, y en un intercambio de materias primas y productos elaborados, sino que también, en el ámbito de la circulación cultural; esta cultura, a su vez, manifestada en aspectos tecnológicos, científicos, filosóficos y religiosos, entre otros.

Todo esto explica que, incluso, en un lugar que, hoy por hoy, nos parece excéntrico, se haya generado un repositorio cultural que hasta el día de hoy preserva uno de los legados más apreciados de la cultura islámica: los cientos de manuscritos de todos los tipos que se conservan en Tombuctú, Mali.

Ese conocimiento, contenido en aquellos códices no es un patrimonio exclusivo del islam; por cierto, lo es también de occidente, ya que esas obras preservan un acervo cultural que tiene manifestaciones “universales”. Conocimiento que viajó y se instaló allí, para, por medios diversos, expandirse.

Preservados por cientos años, protegidos de ser destruidos, no han sido sino las recientes manifestaciones “barbáricas” las que los han puesto en peligro. Muchos de ellos se han salvado providencialmente y otros han sido rescatados a partir de la migración; sí, del movimiento permanente de las personas que en ese circular han “atesorado” esos testimonios como único bien. Y así ha sido a lo largo de la historia. La migración, no sólo comporta el movimiento de personas, también de la propia cultura que se exporta hacia el lugar de acogida.

No es ningún misterio que a fines del siglo XIX Chile se transformó en receptor de una migración importante de sirios y libaneses, y más tarde, palestinos. Un grupo no menor de los mismos eran musulmanes y entre sus reliquias, muchos, atesoraban el libro sagrado del islam, el Corán. Lo traían en formato pequeño, pero también en grandes y decorados manuscritos. Porque, el mismo, comporta una seña de identidad indiscutible del musulmán.

No sabemos como, pero pudo haber sido por esa vía, en la Biblioteca Nacional existe un hermoso ejemplar de un manuscrito coránico. En alguna oportunidad, nos aventuramos en hacer un perfil codicológico del mismo. Por su aspecto externo, su caligrafía, la tinta y la encuadernación pareciera ser de origen magrebí. Sin embargo, adolece de una serie de elementos que podría ayudar en su datación, aunque se cree que es del siglo XVI. Un análisis pormenorizado de sus materiales nos daría señas más concretas. Lo anterior, no es sino, una manifestación de lo que hemos comentado: el conocimiento circula, como lo hace la palabra escrita, como lo hacen las personas; y es bueno que así sea, porque la contribución de la circulación de ideas ha sido una clave en el desarrollo de la cultura y de civilización contemporánea. Y eso hace que aquí, en el finis terrae, se encuentre una muestra de ese patrimonio circulante, que, a la vez, es universal.

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Agujeros negros

Una fotografía captura una imagen. Una imagen fotográfica pretende significar algo. Sin embargo, en la medida que simulemos o disimulemos la realidad que la imagen intenta captar, la fotografía carga con un déficit, cual es, no dar cuenta de lo que realmente indica dicha imagen. Si nos han dicho siempre que las encuestas son una fotografía, una muestra de un momento, podemos legítimamente reclamar hoy  su déficit. Claro pues, como sabemos, las imágenes que capturaron las encuestas durante la campaña no lograron dialogar con los –archi analizados- resultados electorales. En ese sentido, se hace necesario -antes de cifrar a los electores o describir las nuevas posiciones de poder y anunciar el cambio de ciclo político- hacer un esfuerzo por indagar un poco más sobre la mutación de la sociedad y los sujetos que la componen.

La trama de los cambios en el comportamiento electoral viene a anunciar la necesidad de un giro en las técnicas por medio de las cuales operan quienes miden y pretenden leer el comportamiento electoral. Pero esta trama implica también nuevos desafíos (y problemas) para la forma en que los sistemas democráticos, con sus respectivas instituciones, actores y representantes, se relacionan con los ciudadanos. Toda proyección requiere primero una comprensión de aquello que ha mutado y de cómo ha cambiado. Esa capacidad de comprensión, que se había adjudicado la politología y encuestología,  ha menguado.

Cada vez se hace más estéril buscar patrones estables o constantes en la forma en que se comportan y manifiestan los ciudadanos. Sus silencios operan casi como una herramienta que los protege frente a la multiplicidad de mensajes que no los colman de sentido. Asistimos así a voluntades que suponen verdaderos agujeros negros cada vez más difíciles de descifrar y que ponen en jaque a las hegemonías y los clásicos clivajes.

Esto es preocupante e interpela a la política y sus técnicas no solo porque se hace más difícil mapearlos, sino porque obstruyen las posibilidades de organización, representación y participación (únicos modos hasta ahora conocidos para legitimar lo político). Si, para organizarse, representar y participar, se requiere de lenguajes comunes que hagan posible “lo común”, entonces la política y la democracia enfrentan desafíos importantes de aquí en más. Claro pues, lo que observamos hoy al otro lado de nuestras ventanas son sujetos rizomáticos y sociedades cada vez más atomizadas. Esto ocurre precisamente porque el efecto sociológico y político de la relativización de algunas categorías humanas y del lenguaje mismo no podía sino decantar en una imposibilidad de la interrelación y compromiso ciudadano con aquello que llamamos sociedad. La opacidad que tanto ha sorprendido a los encuestadores y analistas supone una fuga o irreductibilidad de los silencios ciudadanos a las técnicas de comprensión de las masas.

Esto supone un paso en falso para la era de la transparencia, donde la información dejaría todo al descubierto, particularmente las preferencias de las personas. Por lo mismo, deberíamos admitir (para iniciar una búsqueda seria por encontrar nuevas formas de relacionarse con los ciudadanos) que enfrentamos identidades tanto solitarias como nómades que no se dejan convencer fácilmente, precisamente porque desprestigiamos al lenguaje como canal de verdad. Un diagnóstico así supone un divorcio entre los sujetos con la política, sus instituciones, y con la sociedad. Vencer el silencio, el desencanto y la incomunicación pasa por dotar de sentido político la atomización de las personas que miran desde lejos la política como proyecto común. En su momento, Dios fue quien unió y dio sentido unitario a las sociedades, luego fueron los Estados Naciones. Hoy, apenas alcanza con espantar parcialmente los miedos materiales para captar un poco de atención ciudadana.

 

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Chile puede más… Chile puede mucho más

No puedo negar que me impactó conocer la historia de Daniela. Una niña de 13 años que no fue considerada en una de lista de espera para trasplante, debido a que –según recomendaciones internacionales- no contaba con un soporte social suficiente. Falleció el 2015.

Esta historia espera que la justicia determine si fue resguardado su derecho a la vida. Sin embargo, debo plantear una posición ética, porque la mentada recomendación internacional a la que han hecho alusión especialistas y medios de comunicación, también afecta a personas con “incapacidad cognitiva”, un concepto que quienes trabajamos en discapacidad no utilizamos, pero que para estos fines es un detalle cuando hablamos del derecho a la vida.

En Estados Unidos, antes de los años 90 la discapacidad intelectual era considerada una contraindicación para el trasplante de órganos ¿La razón? Un supuesto temor de que la persona no sería capaz de seguir las complejas pautas de tratamiento. Incluso un estudio de los especialistas Marilee A. Martens, Linda Jones, Steven Reiss, daba cuenta que “las personas con discapacidad intelectual estaban en desventaja o incluso ni siquiera se les consideraba para operación de trasplante porque se suponía que tenían una pobre calidad de vida”.

El año 2006 el National Work Group on Disability and Transplantation, creado a partir de un caso que tuvo revuelo judicial y mediático, realizó una encuesta a la principal organización de Estados Unidos sobre discapacidad intelectual y arrojó que el 80% creía que eran discriminados en el acceso a operaciones de trasplante de órganos.

Esta preocupación está presente en otros países. Lamentablemente, no se ha resuelto. Más de un artículo de la prensa internacional da cuenta de hechos recientes.  Y me preocupa, porque con tantos años trabajando en discapacidad, pienso en cuántas familias chilenas podrían haber sufrido por una decisión discriminatoria y lo han hecho en silencio.

Chile no debiera de tener reparos a  las recomendaciones internacionales, pero en este caso sí, porque no podemos estar de acuerdo con criterios que vulneren derechos. No aceptamos personas de primera y segunda categoría. Tenemos que mostrar que somos un país que ha avanzado con los tiempos. No podemos aceptar que alguien con “discapacidad cognitiva” no tenga oportunidades. Tampoco podemos permitir que la falta de soporte social sea un impedimento para que una niña aspire a la vida.

El Estado de Chile debe resguardar los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas, sin importar su condición o la cuna donde nació. Como sociedad no podemos perder el asombro y la dignidad, frente a noticias indignantes. Debemos exigir y ser parte de esas exigencias.

Chile puede más, Chile puede mucho más.

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Caso Luchsinger-Mackay: cuando la opinión pública no es suficiente

Hace unas semanas, nos golpeó el veredicto que entregó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde absolvió a los 11 comuneros Mapuches imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, tras el juicio oral desarrollado desde agosto pasado.

La opinión pública ha sido muy crítica durante estos años, decretando hace rato quiénes son los “culpables” de forma anticipada. Y está quiénes son los inocentes. ¿Las pruebas? Para la sociedad no son importantes, por lo que la absolución de los involucrados –para este caso- fue un balde de agua fría que logró levantar cuestionamientos muy importantes: ¿es nuestro sistema procesal penal capaz de lograr justicia a través de la búsqueda de la verdad? ¿Realmente se puede dar con la verdad?

Este “Tribunal público” ha confirmado una realidad que sabíamos se nos vendría encima: las víctimas, curiosamente, siguen siendo las mismas. Víctimas, quemadas, amenazadas o aterrorizadas, para el caso, da igual. Víctimas, al fin y al cabo.

Esta situación, nos lleva a analizar con atención los hechos, la forma en que los medios de comunicación abordaron los acontecimientos y el seguimiento del caso. Nos conduce a preguntarnos ¿cuánto poder tienen los medios de comunicación? ¿cuánta presión puede ejercer la opinión pública en un caso como éste?

Por mucho que en las Redes Sociales y en los medios se diera por culpables a los 11 comuneros imputados, las pruebas no fueron lo suficientemente decisivas para que el tribunal concluyera y resolviera como esperaba la opinión pública, convencida esta última de que estuvieron involucrados en los hechos de la noche de 2013. Esta decisión no solo ha generado gran revuelo, sino que también se comienza a cuestionar la labor de investigaciones y la contundencia de las pruebas.

Pero en lo concreto, hoy sólo hay un detenido por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Y nos quedamos con la sensación que, en nuestro país, la delincuencia y el terrorismo le ganan a nuestro sistema penal. Las diferentes autoridades e incluso candidatos presidenciales cuestionan el fallo del tribunal.

El diputado por La Araucanía, José Manuel Edwards, fue lapidario con el resultado e indicó: “Hay más de 600 atentados que están impunes desde el gobierno anterior y alrededor de 600 en este gobierno. Prácticamente no hay condenados en la totalidad de los juicios que se han llevado a cabo y, por lo tanto, lo que hay acá en contra de la familia Luchsinger-Mackay es una violación a los derechos humanos”.

Pero el asunto es que sin pruebas no hay sino la duda razonable, pero no es suficiente con generar corrientes de opinión. El juez, y en este caso el tribunal que lo integran tres jueces, no pueden abstraerse de lo que dice la ley y que todo lo clave para lograr una sentencia o absolución, debe suceder en el tribunal.

Quedamos con una sensación amarga, y nos damos cuenta que es tarea de los comunicadores, con mayor urgencia que nunca, hacerse cargo de la complejidad de la información evidente, donde la percepción o la imagen no son suficientes.

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