Pedro Cayuqueo's Blog, page 221

Un libreto ya conocido

Y una vez más caemos en cuenta que existe un conflicto no resuelto en la zona sur. Y que pésimos abordajes lo han agudizado hasta quizás un punto de no retorno. Habrá indignación colectiva. Los parlamentarios de derecha –dando cuenta de un “timing” sorprendente- desfilarán por los medios anunciando las siete plagas y el fin de los tiempos. Los de gobierno, compungidos, llamarán a trabajar más unidos que nunca, “ahora si en serio” porque la ciudadanía, a quienes ellos se deben, lo demanda.

El intendente, como siempre en estos casos, anunciará sendas querellas contra los responsables. Y hablará del terror terrorífico del terrorismo (sic). No faltará el general de Carabineros que –parafraseando al difunto Bernales- les advertirá cual Sheriff que no se duerman, que irán tras ellos, que ya sospechan quiénes son. La Moneda dirá que prepara un paquete de medidas, lo usual. Y los gremios -una vez más- amenazarán con marchar rumbo Santiago y clamarán por mano dura y militares en los campos.

¿Y luego saben qué sucederá? Absolutamente nada.

Porque si algo hemos aprendido en las últimas dos décadas de conflicto en Wallmapu es que poco y nada importa el tema en los alfombrados salones del poder capitalino. Es la Araucanía, esa región incógnita, salvaje, incorporada tarde y a la mala a la soberanía del Estado y que esconde demasiados cadáveres, dolores y enojos bajo la alfombra. Un cacho por donde se le mire. Y no sucederá nada porque además el gobierno está en retirada y, si somos honestos, nunca el tema le interesó lo suficiente.

Vean promesas de Bachelet; reconocimiento constitucional, nueva institucionalidad y abordaje político al conflicto. A la fecha cero cumplimiento. No es propaganda mía. A casi tres décadas del retorno de la democracia, el pueblo mapuche sigue negado en la Constitución. En el principal pacto social, no existe. Ser mapuche en Chile es ser un holograma. O un virus informático. De la nueva institucionalidad ni hablar. No verá la luz en este mandato, me confidencia una fuente de Palacio.

La tercera promesa la encarnó Huenchumilla, aquel Veranito de San Juan que vivimos en 2014 como región. Abordar el conflicto requiere visión de Estado, diálogo político y una hoja de ruta a largo plazo, señaló fuerte y claro desde la Intendencia Regional. Rápidamente puso manos a la obra. Se reunió con cuantos quisieron hablar con él, visitó zonas de conflicto, llamó “despojo” al despojo y pidió perdón a los mapuche en nombre del Estado. Su atrevimiento le costó el puesto.

Razón tenía en su diagnóstico. Y en aquella propuesta que tras dejar el gobierno nadie leyó. Resolver el conflicto tomará una década, no hay atajos, advirtió. Eso, créanme, resulta demasiado poco sexy para gobiernos de cuatro años y políticos oportunistas a la caza de likes, selfies y titulares. Dicho en simple, nadie tiene asegurado los aplausos o la foto en primera plana la mañana siguiente. Ni pensar en el corte de cinta o en poner la primera piedra. Mal en cualquier escenario. Fatal para un político en año de elecciones.

De ello vive hoy la clase política; del show pirotécnico, de la teatralidad del poder y no de cargar sobre sus hombros la responsabilidad de un conflicto que, día tras día, allanamiento tras allanamiento, atentado tras atentado, hipoteca nuestra convivencia social. Es lo que está en juego hace décadas en Wallmapu. No hablo del libre tránsito de camiones. Tampoco de la seguridad jurídica que amenaza con pinos nuestros campos y centrales de paso nuestros ríos. Hablo de la posibilidad de construir un futuro juntos.

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Estrategias comunicacionales de Bolivia y Chile

Bolivia reinició la suya obteniendo que los países del ALBA (Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra América) apoyen su demanda ante La Haya, luego que el Ex Canciller Choquehuanca fuera elegido su Secretario General. Era de esperar, pues agudizarán su campaña ante la presentación de la Réplica a la Contramemoria chilena, al 21 de marzo. Los “Bolivarianos” (Antigua y Barbuda; Bolivia; Cuba; Dominica; Ecuador; Nicaragua; San Vicente y Granadinas), inspirados ideológicamente, financiados y reunidos por Venezuela, adoptaron una Declaración Especial para el acceso al mar boliviano, que calificaron de “derecho justo”, a obtenerse con “soberanía” y mediante el “diálogo pacífico”. Términos que parecerían inocentes, salvo que constituyen las bases y propósitos de la demanda contra Chile en La Haya. No sólo se procura orientar políticamente la sentencia, sino que presionar su resultado. Una intromisión inaceptable en el pleito y contra Chile.

Reaccionamos calificando acertadamente la declaración como “irrelevante” y de un “organismo intrascendente”.  Sin embargo, es demostrativa de que algunos países Latinoamericanos y Caribeños, continúan apoyando claramente a Bolivia y no a Chile, por razones principalmente políticas, a pesar de los decisivos cambios ocurridos en la región, y el cansancio de mandatarios eternos. Faltan a las prácticas y al principio de no injerencia y debida prescindencia en las controversias internacionales, sobre todo si éstas se encuentran sometidas al principal Tribunal Mundial para aquellas de carácter jurídico. Chile no ha podido contrarrestarlas. Se suman a distintas acciones que se han acumulado, obligándonos a sólo reaccionar; salvo el caso de nuestra demanda por el Silala en que tomamos esa iniciativa.

Con motivo de la renuncia del Asesor de Comunicaciones de muestra defensa, se aseguró de que existe una completa estrategia, anticipativa y efectiva. Sin embargo, permanece en reserva, junto a sus posibles logros. Natural prudencia para las gestiones de política exterior o diplomáticas, pero inapropiada y restrictiva para una campaña que debería buscar la más amplia difusión nacional e internacional, como objetivos naturales. Bolivia utiliza la suya profusamente,  sobredimensiona resultados y aprovecha cualquier buen deseo lógico de que el conflicto se resuelva pacíficamente, como un apoyo concreto a su aspiración y al pleito en La Haya. La Corte  no fallará basada en las comunicaciones, sino en derecho. No inciden. Pero constituyen un aspecto adicional de gran utilidad en el mundo de hoy, para difundir las razones de ambos juicios y precaver desnaturalizarlos, o servir de pretexto a eventuales incumplimientos, si nos favorecen.

 

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Honorables querellantes

¿ES RAZONABLE que un parlamentario pueda presentar querellas en los tribunales? La respuesta es, como siempre en derecho, hay que distinguir. El emblema de los parlamentarios querellantes es Hugo Gutiérrez. Activo abogado e inconfundible rostro por esa frondosa (y envidiable) barba, su carrera ha girado en torno a los tribunales. En los noventa recuerdo haberlo visto en TV presentando querellas en defensa de los familiares de las víctimas de violaciones a los DD.HH. Hoy pareciera seguir en lo mismo… Pero en causas menos nobles. Por ejemplo, se querelló contra el senador Rossi a quien posiblemente intentará desbancar en la próxima elección; y también lo hizo contra el expresidente Piñera sobre la base de antecedentes que desecharía un estudiante de derecho penal.

Pero el diputado Gutiérrez solo ha llevado esto al extremo. Antes otros diputados también actuaron como querellantes. La pregunta es si deben seguir haciéndolo.

Desde el principio de nuestra república se ha intentado aislar el ejercicio del cargo de parlamentario con otras funciones públicas. Se busca así evitar la influencia indebida y el conflicto de interés. La principal preocupación ha sido la relación del parlamentario con la administración. Así, la Constitución de 1833 impedía que un diputado ejerciera otra función pública y les prohibía celebrar ciertos contratos con el Estado; la del 25 les prohibió intervenir en gestiones particulares de carácter administrativo; y la del 80, ser directores de banco o de sociedades anónimas y ejercer influencias en conflictos laborales o estudiantiles.

Pero en 1925 las prohibiciones se extendieron también al ámbito judicial. Ese año se estableció que cesaría el parlamentario que actuare como abogado en juicios contra el Fisco. Y luego el 2010 se amplió la prohibición impidiendo que los parlamentarios actúen como abogados en cualquier clase de juicios. Esta última reforma se fundaba, decía la primera Presidenta Bachelet, en “el poder que tiene un congresista respecto de los jueces”.

Es ese mismo poder el que hace aconsejable evitar que los parlamentarios puedan presentar querellas en el futuro, como lo ha planteado recientemente el senador Moreira. ¿Por qué? Para alejar a jueces y fiscales del poder político; evitar usar un mecanismo institucional cargado de consecuencias con fines eminentemente electorales; reducir conflictos de interés y riesgos de llevar a instituciones con una vocación jurídica a la refriega electoral; en fin, evitar esa peligrosa alianza entre políticos y fiscales que (¿es necesario repetirlo?) tanto daño ha hecho ahora último.

Es cierto que nada impide que se use un “palo blanco”. Pero ello nunca le generará al congresista los mismos beneficios que la figuración por actuar a nombre propio. También es cierto que esta regla requiere excepciones (ej. defensa de sus propios intereses).

En definitiva, aprobar una regla como ésta no censurará a Gutiérrez; solo lo llevará a usar las armas que le son propias (las de la política y del legislador) sin degenerar herramientas institucionales que abren espacio a una mayor judicialización de la política y a una más evidente politización de la justicia.

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La contienda

EL SENADO se encuentra estudiando una importante contienda de competencia. El Contralor ha solicitado a la Cámara Alta que resuelva que la Corte Suprema no tiene facultades para conocer y fallar de un recurso de casación en que se discute el reclamo (“acción de mera certeza”) de 1.300 funcionarios de la DGAC que sostienen que deben ser traspasados desde el régimen de AFP al sistema previsional de las FF.AA.

Hay razones para simpatizar, en principio, con la solicitud del Contralor.

En primer lugar, debe señalarse que la interpretación legal sobre el tema de fondo que la Contraloría ha venido sosteniendo, en numerosos dictámenes, parece ser correcta. En efecto, y en lo que concierne a la situación de los interesados, su pretensión supone extender injustificadamente el concepto de “personal” de las FF.AA. Es perfectamente explicable también, y merece consideración, por supuesto, que la Contraloría haya querido defender su facultad legal de interpretar de manera general las leyes administrativas.

En segundo término, cabe advertir que cualquiera que sea alérgico al activismo judicial desatado no puede sino preocuparse por la forma abstracta en que está construida la demanda de los funcionarios de DGAC. El que se acoja una acción como ésta podría, en efecto, abrir la puerta para que mañana otro grupo de ciudadanos busque, y encuentre, un tribunal que, aun a falta de agravio concreto y sin ley habilitante, le cambie, y mejore, sin embargo, su régimen legal de salud, vivienda o educación.

La existencia de una sentencia del TC del 18 de enero recién pasado, recaída en contienda similar, aunque predicada de un juzgado civil y no de la Corte Suprema, y que acogió la tesis de la Contraloría, aparece, en fin, como otra razón para que, en aras de la igualdad y la seguridad jurídica, el Senado siga un criterio análogo.

No obstante lo anterior, creo que es altamente problemático que, en base a consideraciones prácticas y a temores como los anotados, el Senado decida sustraer este asunto del conocimiento de la Corte Suprema.

En mi opinión, las contiendas deben acogerse cuando se pretende que un órgano del Estado conozca de una materia que claramente ha sido encomendada -por la Constitución- a otro poder público (como si alguien quisiera que la Corte Suprema destituyera a un ministro o fiscalizara los actos del gobierno). La contienda de competencia no es para evitar que una demanda temeraria o mal hecha sea acogida. El buen funcionamiento del Estado de Derecho, y el equilibrio entre los poderes, supone confiar en que los propios jueces actuarán razonablemente y rechazarán las demandas a las que falte algún presupuesto procesal básico. Siempre existe, por supuesto, el riesgo que un tribunal se equivoque. Hay remedios sensatos para eso. Lo que no me parece conveniente, sin embargo, es que el Senado recorte ad hoc la jurisdicción en base a ese temor o por razones de responsabilidad fiscal. Estaríamos levantando un precedente para que mañana otra mayoría política cualquiera decida, desde el Senado, que algún otro reclamo opinable es pura y simplemente no justiciable. No se nos puede olvidar que el acceso a un juez independiente e imparcial es un derecho humano inalienable.

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Una reunión muy oportuna

EL MUNDO atraviesa un periodo turbulento. El malestar con la globalización es evidente en los países industrializados (paradojalmente, sus principales impulsores). El Brexit y las recientes elecciones en Estados Unidos son las manifestaciones más obvias. Aumenta la oposición a la migración y al comercio, al que se le culpa del desempleo, el estancamiento salarial, la creciente desigualdad y la desindustrialización. En esta nueva era de la posverdad, poco importa que la evidencia indique lo contrario. Gran parte de la pérdida de empleos industriales en el mundo desarrollado se debe a la creciente automatización, y el aumento de la desigualdad obedece principalmente a factores como la inequidad en el acceso a la educación y estructuras tributarias insuficientemente progresivas. Peor aún, se prefiere ignorar que el comercio ha sido un ingrediente fundamental de la impresionante reducción de la pobreza mundial en las últimas décadas: según el Banco Mundial, la pobreza extrema se redujo del 42% de la población mundial en 1981 al 11% en 2013.

China, India y tantos otros países asiáticos son el mejor ejemplo de cómo la participación en el comercio mundial ha sacado a cientos de millones de personas de la miseria. En América Latina, Chile también es un buen ejemplo. El fuerte desarrollo que hemos tenido en las últimas tres décadas -con todas sus limitaciones- resulta inconcebible en una economía cerrada. Si hoy somos una sociedad de clase media, con derecho a plantearnos nuevas aspiraciones, es porque no le hemos dado la espalda al mundo sino que hemos buscado integrarnos en él. Obviamente, debemos y podemos hacerlo mejor. En particular, el desafío de la diversificación exportadora resulta ya ineludible.

Estas reflexiones cobran especial relevancia en la actual coyuntura internacional. El periodo 1945-2015 fue quizás el de mayor progreso económico y social en la historia de la humanidad. Contar con un sistema comercial abierto fue central, y EE.UU. tuvo un rol clave en su creación y desarrollo. Sin embargo, hoy sus nuevas autoridades anuncian que el multilateralismo pasará a segundo plano, y que el nuevo énfasis estará en el bilateralismo y -más preocupante- el unilateralismo. Es la “America First Trade Policy”. El retiro del TPP y la anunciada renegociación del Nafta se enmarcan en este nuevo enfoque, caracterizado por el nacionalismo económico (el mismo que critican a otros países) y la primacía absoluta del “interés nacional” por sobre el bienestar global.

Es necesario recordar las lecciones de la historia, y la tragedia en que culminó la espiral proteccionista en que entró el mundo tras la Gran Depresión de los años treinta. Estamos aún lejos de ello, pero en una economía mundial que ha entrado en una “nueva normalidad” de bajo crecimiento tras la crisis de 2008-2009, las señales que llegan del norte son muy preocupantes.

En este contexto, resulta muy oportuno el liderazgo asumido por el gobierno de Chile al convocar esta semana a Viña del Mar a los miembros del TPP más China, Colombia y Corea. El objetivo es discutir opciones para fortalecer los vínculos entre la Alianza del Pacífico y Asia Pacífico en esta nueva y desafiante coyuntura. Pero quizás más importante es el mensaje político de la reunión: en estos tiempos inciertos, somos muchos los países que no vemos el comercio como un juego de suma cero y que seguiremos privilegiando la cooperación por sobre la confrontación.

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Precio de la electricidad en la Encuesta Nacional de Energía

Hace unos días se hizo pública la Segunda Encuesta Nacional de Energía, la cual fue encargada por el Ministerio de Energía a la empresa Feedback, y que tiene como objetivo obtener una apreciación ciudadana del sector eléctrico. Los resultados parecen haber descolocado al gobierno, que ve con preocupación la negativa percepción de la ciudadana hacia su sector estrella. Un dato decisivo: el 90,6% de los consultados señaló que la electricidad en el país es cara. Y es que el precio de la energía no es un indicador más. El sector puede avanzar en sustentabilidad, seguridad, transparencia, pero si el precio se mantiene o sube, la ciudadanía no valorará dichos avances y tenderá a rechazar la política energética como un todo.

Pero,  ¿a qué se debe esta percepción? Durante el 2015, el exministro Máximo Pacheco insistió en cada oportunidad posible que Chile tenía una de las energías más caras de la región y esos precios no han bajado.  De acuerdo a reportes de Empresas Eléctricas AG, un consumidor representativo en Santiago paga hoy mensualmente 65 pesos más que hace un año atrás.  Ciertamente las tarifas son altas y seguirán entre las más caras de la región.  El propio ministerio, así como la CNE,  han insistido que la baja de tarifas a clientes finales sólo se hará efectiva en la década del 2020.  Es más, esto solo pasaría si la tendencia de precios que se observaron en la última licitación se consolida en las próximas subastas.

Es importarte considerar que el trabajo realizado por el Ministerio en iniciativas como los cambios a las licitaciones de suministro, la nueva la ley de transmisión y la creación del coordinador eléctrico, entre otras, tendrán  frutos a mediano y largo plazo y no de un día para otro.

En política, la implementación de políticas públicas de largo aliento suelen ser incomprendidas y eventualmente mal evaluadas por la ciudadanía. En sectores claves para el país como el energético, la solución es combinar el trabajo de largo plazo con políticas visibles que generen ganancias a corto plazo. Ello permitirá a las autoridades obtener el apoyo político y ciudadano necesario para su implementación y avanzar de manera adecuada.

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Castigo con límites

En el firmamento del fútbol conviven dos espacios: uno monumental y otro diminuto. Sin embargo, atraído por sus destellos de estrellas muertas y superficiales luces, paradojalmente es el grande quien gira alrededor del pequeño. Ahora el centro del universo es el planeta de los pequeños. Ese mundo inventado, alimentado de mitos y leyendas de los corrientes, es difundido por todo el orbe. Y éste los sacraliza.

Los excepcionales son pocos, pero brillan con luz propia. Los pequeños son muchos y necesitan acomodadores con linternas.

En realidad, el mundo del fútbol del “lo más importante es no perder” está prácticamente matando la gallina de los huevos de oro al menospreciar el fundamental buen juego y la habilidad de sus protagonistas. Intereses ajenos se han impuesto sobre la calidad del juego.

La semana pasada en el webshow El Deportivo de La Tercera dije “Castillo es un jugador limitado” y di mis razones con fundamentos técnicos. Estas palabras corrieron como reguero de pólvora y la bomba estalló en los cruzados y los Pumas de México. La ira, odio, cólera, intolerancia no se hicieron esperar. Hasta amenazas de muerte me llovieron de tierras aztecas. El club también envió su mensaje. Me imagino la espuma escurriéndose entre sus comisuras por tocarles a su ídolo circunstancial.

¿Por qué ofende la palabra limitado? ¿Por qué no pueden reconocer sus debilidades futbolísticas? ¿Han escuchado decir a un jugador, soy goleador pero no tengo dribling, amagues ni fintas? Incluso Zamorano carecía de esa habilidad. Pero cabeceaba como los dioses. Campos, del Ballet azul, y Dabrowsky, del Colo Colo 91, tampoco eludían a su abuelita ¿Es verdad o mentira?

Pero con terno y corbata puedo decir; soy impuntual, desmemoriado, violento, flojo, apolítico, no sé cantar rancheras… Allí creemos ser honestos.

Hemos creado figuritas de barro, ni de plomo para la colección ni de papel para completar el álbum. La masa inconsciente los devora, los traga saboreando la tierra. Urgen mejores cocineros en el castillo de la comarca.

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La beatería de los progres

SEMANAS ATRÁS, el dueño del restorán Baco dio una entrevista a La Segunda en donde defendió una convicción estética: no permite que al local entre gente mal vestida. A su entender, estas personas contaminan visualmente el lugar al lucir hawaianas, musculosas o yoquis. La entrevista vino a consecuencia de que Luis Larraín, en ese entonces presidente de la Fundación Iguales, informara a través de un tuit que, tras llegar al restorán, le ofrecieron un par de zapatos a cambio de las chalas que llevaba puestas, y que los zapatos, ay de él, resultaron ser dos números más pequeños que el suyo. Si bien es un poco grotesco eso de pagar por comer con los pies apretujados en calzado ajeno para luego quejarse, lo peor vino después: cientos de liberales biempensantes desataron su furia en las redes sociales contra Frederic Le Baux, el propietario de Baco, quien también es, por razones obvias, el que pone las reglas de la casa. Entre los insultos memorables que recibió el francés -memorables por lo cicateros, tontos o deschavetados- se cuentan los siguientes: “bruto”, “siútico”, “facho”, “aspiracional” y “machista” (las mujeres sí pueden sentarse a comer con chalas).

En rigor, el concepto de “liberal biempensante” viene a ser bastante contradictorio: biempensante, según la Real Academia, es aquel “que piensa de acuerdo con las ideas tradicionales de signo conservador”. Sin embargo, la incongruencia se da solamente en el papel, ya que en la cotidianidad existe una multitudinaria casta de severos juzgadores, que, jurando defender la igualdad, la libertad o el progresismo, actúan bajo el alero de lo que podría denominarse fascismo liberal. En Chile, al igual que en otros lados, abunda este tipo de personas: no hay más que darse una vueltecita por las redes sociales para identificarlas, vociferantes, incendiarias y rotundas, imponiendo a cada instante su beatería laica.

Dicha beatería, cabe agregar, es de las peores que existen, pues al no seguir otro dogma que el de la arbitrariedad del momento, ni otra escuela que la del espontaneísmo bobo, da pie a una religión que se perpetúa hasta el infinito a punta de pataletas avivadas por el progresismo hipócrita y por el cretinismo a secas. En general, estos beatos adhieren a ideas de izquierda, votaron por la Nueva Mayoría y se suman con fanatismo a todo tipo de causas que ensalzan la corrección política del sector. En algunos casos, además, se ubican en altas posiciones de poder.

Liberal Fascism se titula el libro que hace casi 10 años publicó Jonah Goldberg en Estados Unidos. Allí, el analista conservador se detiene en diferentes momentos de la historia del siglo XX en su país para demostrar que fueron los liberales, no los conservadores, quienes muchas veces sustentaron ideas de indudable corte fascista. En la era pre Trump, es decir, durante los últimos años de la administración de Barack Obama, ocurrieron famosos episodios en los que se hizo evidente la destemplada intolerancia liberal hacia individuos que no comulgaban con la beatería ya mencionada. Las redes sociales, convertidas en piras inquisitoriales, ardieron en incontables ocasiones para incinerar a tal o cual víctima del liberalismo biempensante. Poco se ha dicho al respecto cuando se analiza el fenómeno Trump. Lo que sí está claro es que no fue él quien inventó el fascismo con que hoy en día nadie titubea en definir su breve y lamentable mandato.

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Educación superior

SE ESPERA que el gobierno reenfoque el proyecto de Ley de Educación Superior, excluyendo áreas de disenso y que requieren más trabajo. Debe cuidar de no arriesgar una mirada integral, que comprometiera el desarrollo futuro de la educación superior como un todo.

Especial aprensión surge de la constatación que para un conjunto relevante de instituciones, universidades y CFT e IP son sustitutas para los estudiantes. La mera posibilidad que se excluya del proyecto al sector Técnico Profesional (TP), que se deje para más adelante, una vez resuelto el tema universitario, representa un peligro y que se puede ilustrar en dos áreas, calidad y selección.

Si se introducen criterios diferenciados de calidad para universidades y para instituciones TP, se relegará a la educación TP a una categoría inferior, a la que se le exige menos. Es claro que el sistema de aseguramiento de calidad requiere mejoras, pero la actual concepción de calidad es valiosa al cruzar toda la educación superior. Calidad se entiende como la cercanía que tiene el funcionamiento real de la institución con su proyecto específico, admitiendo diversos proyectos y comparabilidad. Se subentiende que una universidad que investiga es diferente de la que no lo hace y ambas de una institución TP. La calidad de cada proyecto se mide con métricas diferentes, pero es, como en las disciplinas del atletismo, comparable. Por ello, una institución TP que forma personas con alta empleabilidad y remuneraciones, puede ser de mayor calidad que una universidad que promete buena investigación y no la realiza. No es necesario parecerse a una universidad compleja para ser bueno.

También la admisión TP debe entrar en un mismo proyecto, lo que tampoco significa que tengan iguales requisitos. Un proyecto que integre los sistemas de admisión abordaría el problema de exceso de demanda que se exacerba con la gratuidad. Restringir como hoy los beneficiarios imponiendo cuotas al crecimiento por institución, hace que alumnos que no tienen cabida en instituciones que prefieren, sí la tienen en otras menos preferidas, seguramente de menor calidad.

Si el financiamiento estatal para los estudiantes es limitado, no tiene sentido además limitar sus opciones de acceso a las mejores instituciones que puedan absorberlos. Y como, aparte de un puñado de universidades de más selectividad, la sustitución entre instituciones del mismo tipo y entre universitarias y TP es muy alto, un sistema integrado permitiría que los escasos cupos para beneficiarios, se abran en las mejores instituciones.

Finalmente, un sistema integrado de admisión reduciría la incertidumbre para cumplir con las nuevas restricciones al crecimiento. Así, en el sector TP aproximadamente un 2% de los alumnos que se matriculan no asiste nunca a clases porque cambian su decisión posteriormente, cuando otras instituciones definen su proceso.

Separar completamente el proyecto reduciría la eficiencia del uso de los recursos y no le estaría dando a la educación técnico profesional el estatus que requiere el país.

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¡Menos escombros!

EN JUNIO del año pasado, se publicó la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Una buena noticia que aún no está operativa, y que espera para junio de este año 2017 se dicten los reglamentos correspodientes que la harán aplicable. La ley establece en lo central que los productores de los denominados productos prioritarios (aparatos electrónicos y eléctricos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas) son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos generados por ellos. En lo que se refiere a la generación de uno de los residuos más molestos, difíciles de disponer, y hoy ampliamente ilegales en su disposición final…nada dice. ¿Qué podemos hacer para que la autoridad y legisladores se tomen en serio el problema de los escombros de la construcción?

¿Dónde van a parar esos pedazos de ladrillos, fierros, cemento, trozos de madera, vidrio, yeso, fibro cemento, azulejos, tejas, tarros de pintura, hojalata, etc, etc? Nadie lo tiene muy claro. El servicio de “flete de escombros” no está regulado ni tampoco dónde van a parar esos desechos. Los escombros no son aceptados en los rellenos sanitarios autorizados ni en las plantas de residuos peligrosos, y por tanto terminan en pozos y vertederos ilegales, rellenos no controlados o simplemente abandonados en predios o caminos de poco tráfico. Cuando uno aterriza en el aeropuerto de Santiago, puede verificar cómo millones de metros cúbicos de desechos, mayoritariamente de la construcción, se han ido acumulando en sectores de Pudahuel, Lampa o Colina. Si bien puede ser que empresas más estructuradas y ambientalmente responsables tengan implementados protocolos de disposición final de residuos de la construcción, estos casos siguen siendo voluntaristas y no necesariamente transversales.

¿De qué sirve proyectar “edificios verdes”, si para ejecutarlos somos tremendamente poco ecológicos? ¿Es posible hacer algo a favor de la regulación de estos molestos residuos?

El tema de los residuos de la construcción es sin duda un tema que hoy “no tiene dueño”. En países desarrollados, justamente esta temática ha sido abordada con decisión dado lo disruptivo de los residuos mismos y su difícil disposición final.

Un ejemplo digno de ser analizado es el del Estado de California en Estados Unidos. California tiene vigente una ordenanza estatal obligatoria, que se refiere en forma exhaustiva a todo tipo de residuos. Asimismo, dedica un capítulo especial a los “Residuos provenientes de la Construcción y Demoliciones”. Señala que toda obra o demolición solo está autorizada a llevar a puntos autorizados de disposición final un 50% de los residuos generados. El otro 50% está obligado a reutilizarlo, reciclarlo o reducirlo. La exigencia es alta y ha generado una amplia oferta y mercado para poder dar cumplimiento a dicha regulación. Entre otras cosas, a la par de las autorizaciones de demolición y/o de construcción, el titular debe aprobar un plan de disposición de residuos. El cumplimiento de este permiso adicional se fiscaliza con el mismo rigor que la construcción o demolición misma.

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