Pedro Cayuqueo's Blog, page 225

Una ley del siglo XXI

DESDE EL inicio de su tramitación hasta ahora en que se transformó en la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, la normativa ha tenido críticas de todo tipo. Lo claro es que este ha sido un debate legítimo, tanto por la envergadura como por los alcances que tendrá esta transformación para el mundo del trabajo.

Se podrá debatir respecto de la nueva institucionalidad, pero no es bueno exacerbar las posiciones, comparando en muchas oportunidades actuales situaciones de conflictividad que, en rigor, están normadas por la antigua ley. Un gran error.

La nueva ley contempla más de 100 artículos y cambia por completo un capítulo del Código del Trabajo. Es por ello que tanto el Ministerio del Trabajo y Previsión Social como la Dirección del Trabajo (DT) hemos desarrollado un trabajo exhaustivo y completo en diversas áreas para la implementación de esta ley. Se han desarrollado capacitaciones, charlas de difusión para trabajadores, empresarios y abogados a lo largo del país, folletería y próximamente se realizará un seminario con el Poder Judicial.

Esto se suma a la elaboración de tres reglamentos (Consejo Superior Laboral, arbitrajes y Fondo de Formación Sindical), circulares y órdenes de servicios al interior de la Dirección del Trabajo y, muy especialmente, resaltan como ilustrativos de este intenso trabajo los nueve dictámenes publicados por la Dirección del Trabajo, cuyo objetivo es ayudar a la correcta interpretación de la ley.

El hecho de tener los nueve dictámenes listos antes de la implementación de la reforma es muy importante, ya que todos los actores han podido conocer, informar y debatir sobre ellos. Así hemos contribuido a entregar certezas a las partes, más allá de las diferencias de interpretación que se puedan producir.

Otro punto distinto es que pretendan que la DT quiera legislar sobre materias que no están en la ley, y eso es un error conceptual.

El fallo del Tribunal Constitucional dejó un espacio en relación a los grupos negociadores y será la propia DT la que deberá interpretar y aplicar ese aspecto. Para ello emitirá el dictamen, a raíz de una consulta específica.

Igualmente distinto es que sectores políticos, empresariales, dirigentes sindicales, organizaciones gremiales y sindicales, tengan sus propias visiones acerca de las mismas, pero ello no debe, por el bien del país, contaminar el debate y evaluación de la ley.

Es decir, más allá de las críticas legítimas que genera un cambio de esta envergadura, el gobierno se ha ido encargando de disipar las dudas y entregar certezas en todas las materias y, además, está abocado desde el primer día a implementar de la mejor manera la ley, todo ello como corresponde dentro del marco del estado de derecho.

Es por ello que el llamado es que empresas, trabajadores y autoridades aprendamos a utilizar de buena fe las nuevas herramientas que entrega la normativa y generar los espacios de diálogos necesarios al interior de la empresa, que es cómo se deben abordar las relaciones laborales en el siglo XXI.

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El purgatorio del refichaje:

Los partidos políticos se encuentran nuevamente en el ojo del huracán. Han cimentando la semilla de la que podría ser su propia destrucción. Todo comenzó porque resignados al juicio crítico ciudadano, agobiados y desmoralizados frente a algunas poco decorosas actuaciones de sus pares, sucumbieron a los designios de una serie de personajes que en la opinión pública se erigieron como exégetas de la probidad: los intérpretes de la claves y designios de una nueva democracia más transparente y participativa. En buenas cuentas, los partidos redimirían todas sus culpas en el purgatorio del refichaje.

La aprobación del re fichaje como una disposición transitoria de la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y la Transparencia de la Democracia fue presentada a la opinión pública como una de las piezas claves del engranaje para la recomposición de las alicaídas confianzas entre la ciudadanía y su elite político-dirigencial. Pero el resultado dista mucho de aquello. El sentido común y una mirada imparcial de la evidencia sugería que rigidizar, sobre-regular y complejizar los procesos de la vida interna partidaria harían que el ya deteriorado vínculo ciudadano/partido se viera aún más deprimido. A los partidos había que re insertarlos en la sociedad civil, no situarlos en el seno de una compleja maraña burocrática; había que dotarlos de autonomía y libertad para interpretar los designios de la ciudadanía, pero hoy los únicos que interpretan lo que los partidos pueden hacer o no, es el Servicio Electoral, mientras los ciudadanos han pasado a ser meros espectadores de un teatro de lo absurdo.

En esa lógica, se instalaron ideas que distorsionaron la realidad de las cosas. Sin ir más lejos, nadie duda que el problema de los padrones de militancia ficticiamente abultados constituyera una falta grave desde el punto de vista de la fe pública, pero los partidos políticos en una democracia en forma, se validan esencialmente por sus votos y no por sus registros de militantes. De hecho, un partido fantasma sería aquel que en lugar de votos tuviera militantes, y no viceversa. Con el nuevo escenario, el partido más votado de Chile a nivel de concejales como RN, podría dejar de existir, pero partidos con menos de un tercio de su votación podrán seguir operando, no porque cautiven más a la ciudadanía en las urnas, sino que porque son capaces de llevar más gente a firmar ante un notario o ministro de fe. Curioso.

En este contexto, contra las prevenciones y advertencias son nuevamente los políticos tradicionales quienes quedan en una posición desmejorada, tal y como en otros casos (véase la bullada Ley de Estacionamientos), por sobre regular, se genera un espiral creciente de expectativas, que luego se ven frustradas por la cruda realidad. Legislando a la rápida y sin mayor reflexión ni consideraciones de la aritmética más elemental, ¡imagine usted que con 10 partidos constituidos en Aysén, más del 15% de la ciudadanía de esa región tendría que ser militante de un partido político!

¿La solución? Desesperación de último minuto y ansiedad en la búsqueda de militantes frente al cumplimiento de la fecha del juicio final para las agrupaciones partidarias. Mientras tanto, los más pragmáticos ya esbozan una “salida institucional” vía ley express para otorgar un perdonazo. Como si los partidos pasaran por su mejor momento de adhesión y confianza ciudadana para premiarlos con una prórroga y omitiendo el hecho -no menor- de que partidos nuevos ya se constituyeron a nivel nacional con la misma exigencia de los partidos tradicionales. Una medida como ésta no sólo sería injusta para los actores nuevos, sino que también desacertada a la luz el momento político, puesto que solo agudizaría el fondo del problema, aumentando el descrédito y la desafección partidaria ¿Resultado? Políticos nuevamente pidiendo excusas y pagando culpas, en tiempos donde la misericordia es cada vez más escasa.

 

 

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Encasillamiento

Chile no ha logrado superar las dicotomías de “izquierda” y de “derecha” que tanto mal nos han hecho en el pasado y que parecían superadas con el retorno a la democracia. ¿Cómo se definen estas aparentemente contradictorias visiones sobre la vida económica y social? La “izquierda” propone fundamentalmente que los problemas que tenemos deben ser resueltos por la acción directa del Estado, no solo como regulador, sino también como productor e inversionista. Así, por ejemplo, la corrección de las malas prestaciones de salud para la gran mayoría debe ser atacada con más y mejores prestaciones por parte de los hospitales públicos y de Fonasa. Igualmente, la solución de “izquierda” a nuestro déficit de infraestructura estaría en más construcción por parte del Estado. La izquierda desconfía de las soluciones tales como hospitales autogestionados o de licitaciones y concesiones de infraestructura al sector privado.

Por otra parte, la “derecha” aboga por entregar todo al mercado. En el problema de las pensiones, lo único que se requeriría sería hacer algunos cambios paramétricos al sistema de capitalización individual (por ejemplo, edad de jubilación, obligatoriedad de cotizar para los trabajadores por cuenta propia). En educación, más subsidios a la demanda y dejar que los privados, con o sin fines de lucro, se encarguen de la oferta.

Esta manera de pensar acota los grados de libertad con los cuales se abordan los problemas que tenemos. Y, al encasillar en la dicotomía izquierda-derecha a los que emiten opiniones, las rechazamos o aceptamos sin un análisis serio. Si alguien está a favor de una solución en que se le da espacio a la acción del mercado, esa persona es rotulada como de “derecha”. Igualmente al revés: una opinión a favor de una intervención estatal es motejada como de “izquierda”.

Ni lo uno ni lo otro. El mercado puro y duro no resuelve problemas de la mayor importancia: la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, la protección del medio ambiente, las asimetrías de información que caracterizan a muchos mercados (los financieros, especialmente) y que requieren de regulación, la transformación de la estructura productiva. Por otra parte, el Estado no es un ente omnímodo que puede resolver cualquier problema que tenga la sociedad. De hecho, las acciones del Estado suelen ser defectuosas y prestarse para abusos. En el caso chileno, hemos visto que la calidad del Estado ha ido retrocediendo, a medida que criterios políticos y clientelistas han pasado a primar por sobre la capacidad técnica necesaria para solucionar problemas. Por otra parte, no utilizar el mercado, corrigiendo los incentivos que entrega con el objetivo de inducir comportamientos deseados, es un evidente desperdicio: el mercado suele ser el mecanismo más barato e impersonal para asignar recursos.

Es importante que retomemos la capacidad de reflexión libre de rótulos y que salgamos del encasillamiento de izquierda-derecha, tan característico de nuestro pasado reciente, y que todavía nos agobia.

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Reforma del Estado

HACE DOS semanas escribíamos que la capacidad del Estado chileno para realizar sus más fundamentales tareas ha sido totalmente sobrepasada y que éste requiere de una profunda reforma.

En efecto, se le han encomendado al Estado más tareas que las que puede realizar adecuadamente, aunque opere eficientemente. Pero en más ocasiones que las deseables no lo hace así y a diario nos informamos de sus fallas. En parte éstas tienen su origen en una costumbre de vieja data en Chile, en que cada gobierno contrata a miles de partidarios, sin que necesariamente tengan las calificaciones requeridas y sin que se despidan a los empleados públicos cuyas funciones reemplazan.

Los estados nacen en la época de la Edad Media y sus funciones fueron entonces solo de defensa, de orden interno y de justicia. Con el transcurso del tiempo se fueron ampliando sus facultades para corregir las así llamadas fallas del mercado. Surgen entonces nuevas funciones estatales, como la provisión de bienes públicos, la regulación de actividades de privados y la acción redistributiva, entre otras. No obstante, a medida que el tamaño de las burocracias estatales crecía vertiginosamente se empezaron a hacer evidentes las fallas del Estado.

De lo anterior se desprende entonces la existencia de un Estado que podríamos calificar como óptimo. Se trata de aquél que interviene en la economía en aquellos casos en que los beneficios sociales de la intervención son superiores a los costos sociales asociados a ella, y lo hace solo cuando se cumple el mencionado criterio. Se trata de una norma técnica, alejada tanto del dogmatismo pro mercado como de aquél pro Estado.

En Chile el Estado gasta aproximadamente el 25 por ciento del PIB y genera además externalidades -positivas y negativas- muy significativas para otros sectores. Hay estudios técnicos que concluyen que en Chile el aporte de un incremento en el gasto estatal tiene un impacto negativo significativo sobre el nivel del PIB, lo que en sí ya es una llamada de alerta para preocuparse del tema.

Probablemente no exista reforma más importante que la del Estado para aumentar la productividad de la economía chilena. Sin embargo, realizarla es extremadamente complejo, por sus aristas técnicas y políticas, y debe guiarse al menos por los siguientes principios. Primero, debe ser un esfuerzo de Estado, permanente y empoderado acordemente. Segundo, debe tener por objetivo generar un aparato burocrático eficiente, que sin embargo responda a los requerimientos de política de los gobiernos. Tercero, éstos últimos deben estar obligados a considerar estrictamente el impacto burocrático de las nuevas iniciativas que propongan. Cuarto, los funcionarios deben ser de carrera y deben ser nombrados con total prescindencia de la política contingente, para evitar la rotativa de funcionarios de alto nivel y la contratación indiscriminada de operadores políticos. Y quinto, las remuneraciones deben mantener, para funciones de similares características, una razonable relación con aquellas del sector privado.

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Superar el “estándar Golborne”

El Presidente Piñera nombraba el 2012 a Jorge Bunster como Ministro de Energía, fuertemente cuestionado por su participación accionaria en COPEC y Enersis. Asumió su defensa en los medios de comunicación Laurence Golborne, señalando que “pareciera que aquí uno debiera venir del cielo o de un universo paralelo (…) El tema de la probidad tiene que ver con los valores y la ética que cada persona tenga”. Mucha agua ha pasado bajo el puente en estos 5 años. El propio Golborne está fuera de la política por haber protagonizado escándalos relacionados con la probidad: Omitió en su declaración de patrimonio e intereses una millonaria sociedad en paraísos fiscales, y fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas en el caso Penta.

La legislación también ha avanzado empujada por consensos sociales en el debate público que vuelven obsoletos los argumentos de Golborne. Tenemos una nueva regulación para las declaraciones de patrimonio e intereses, según lo dispuesto en la Ley de Probidad, que también estableció la obligación de realizar un fideicomiso ciego a las autoridades cuyo patrimonio supere las 25 mil UFs. Las autoridades pueden mantener sus inversiones, pero éstas son administradas por un tercero independiente para evitar conflictos de intereses. Esta figura suele ser criticada porque el supuesto de la incomunicación entre autoridad y administrador es fácil de vulnerar.

Existe otro tipo de fideicomiso, denominado diversificado, que implica ampliar el portafolio de inversiones con porcentajes más bajos de propiedad. El Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción propuso que se estableciera el fideicomiso diversificado en vez del fideicomiso ciego, pero el legislador optó por esta última herramienta. Por esto el Observatorio Anticorrupción evalúa este aspecto de la Ley de Probidad con la nota más baja entre las nueve áreas temáticas sobre las cuales se ha legislado.

El ex presidente Sebastián Piñera está siendo investigado por negociación incompatible y uso de información privilegiada, ocurridos antes de las disposiciones de la actual Ley de Probidad. Convenimos que el caso del ex presidente Piñera es muy particular, tanto por el alto valor de su patrimonio como por el tipo de inversiones que posee, por lo que algunas de las disposiciones de la Ley de Probidad no contemplan ciertos aspectos de esta particularidad. Me refiero principalmente a las inversiones en el extranjero –no contempladas en la ley- y la obligación de diversificar el portafolio de inversiones.

Argumentos del estándar del ex ministro Golborne no pueden ser en la actualidad la guía de acción de las autoridades. Aunque la ley no contempla la obligatoriedad de establecer un fideicomiso de las inversiones en el extranjero, no lo impide, por lo tanto Piñera debiera hacerlo en el caso de ser elegido Presidente. La ley tampoco exige la diversificación de la cartera de inversiones, pero sí permite que a través de las instrucciones de inversión la autoridad la disponga. El mero cumplimiento de la ley, en la actualidad, no es garantía de probidad suficiente, pues existe consenso generalizado en que la probidad ya no es cosa de cada persona.

 

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Imacec de 1,7%: ¿Nuestro “nuevo normal”?

Una sorpresa positiva generó el Imacec del mes de enero, que registró un crecimiento en doce meses de 1,7%. “Es mejor de lo que se esperaba”, “es superior al crecimiento de 2016, de 1,5%”, fueron frases que dejaron relativamente tranquilas a las autoridades. Es cierto que después de conocidas las cifras de actividad minera, industrial y de construcción, las expectativas eran peores. Se sumaban además los efectos de los incendios y la pérdida de 68 mil puestos de trabajo asalariado en el trimestre móvil noviembre –enero, lo que había llevaba al mercado a apostar por cifras más cercanas a 1%. El salvavidas vino principalmente del sector comercio y de servicios, favorecido por un aumento importante del ingreso de turistas, de 32% de acuerdo a cifras preliminares. Cerca de un millón de extranjeros nos visitaron en enero, lo cual es una muy buena noticia, ya que existe consenso de que el turismo debería ser uno de los rubros a desarrollar en nuestro país. Sin embargo, casi un 90% del aumento del turismo se explica por el mayor ingreso de argentinos, por lo que habría un componente transitorio importante explicado en la ventaja cambiaria, que ha convertido a nuestros vecinos en los principales visitantes de los malls chilenos, contribuyendo de paso a que el Imacec no resultara tan deprimente.

Pero más allá de la coyuntura, lo realmente preocupante es que una cifra de 1,7% logre sacar caras alegres, cuando hace algunos años probablemente con un resultado así de malo, frente a una clara mejoría del escenario externo, habría peligrado el cargo del ministro de Hacienda. Se suele decir que el “hombre es un animal de costumbres” y efectivamente nos hemos acostumbrado a crecimientos entre 1,5% y 2%, es nuestro “nuevo normal”. De hecho, las expectativas de crecimiento para este año, por varios meses pegadas en 2%, se redujeron a 1,9% en la última encuesta, y probablemente vuelvan a caer si la huelga de Escondida no se resuelve en el corto plazo ¿Cuál es el problema de fondo? Creciendo al 2% promedio por año alcanzaríamos el desarrollo (PIB per cápita que hoy tiene Portugal) el año 2034, aunque obviamente en ese momento el de Portugal ya sería bastante superior.

Se suele decir que cuando los países tienen niveles de ingreso más altos, disminuye su tasa de crecimiento de tendencia, lo cual tiene asidero teórico. Sin embargo, en general cae bastante menos que en Chile, y además las políticas económicas siguen siendo claves en el resultado. En el último cuarto de siglo los países desarrollados han crecido a una tasa promedio en torno a 3%, ritmo que a estas alturas nos dejaría contentos en Chile. Sin embargo, los países del Asia desarrollada han logrado crecer a tasas de 5% o más, aún después de llegar a un nivel de desarrollo equivalente al de Chile actual. Irlanda ha logrado un resultado incluso mejor, por lo que las políticas liberalizadoras parecen ser claves. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también han logrado sostener ritmos de expansión superiores a los que Chile registra actualmente, y sólo los países europeos (excluyendo a Luxemburgo y Holanda) muestran cifras de crecimiento similares a las de Chile, aunque con puntos de partida mejores que el nuestro.

La conclusión; no nos podemos acostumbrar a un 2% y hacer fiesta cuando nos acerquemos a 3%. Con políticas correctas se puede aspirar a resultados mejores, que nos permitan ser a nosotros testigos de un Chile desarrollado, y no lo logren recién nuestros bisnietos.

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Universidades públicas: más que una vocación

Las universidades públicas buscan, no sólo por una simple vocación, hacer participar a todos los ciudadanos de nuestra sociedad en un conocimiento común, sin importar su etnia, religión o su cultura. Este deber, que busca universalizar el saber más complejo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías, no tiene como fuente principal un sentimiento subjetivo. La motivación por integrar cultura, sociedad y desarrollo humano, que reúne a todas las universidades públicas, tampoco nace de la emocionalidad de una vocación.

Reducir la función pública del Estado a un deseo de vocación humanista o religiosa es desde ya un error, pero el hacerlo con las universidades, es todavía más grave. Significa confundir las cosmovisiones de los humanismos o las religiones (todos ellos, por definición totalizantes y, por lo mismo, excluyentes) con los deberes propios de un Estado secularizado y moderno, que debe resguardar para cada uno de sus ciudadanos los valores democráticos de universalidad, integración e igualdad en el conocimiento, el saber y las artes.

Bienvenidas sean las universidades privadas de cuño humanista o religioso que manifiestan, entre otras cosas, una vocación por lo público. Sobre todo, si ese sentimiento se traduce en un profesionalismo eficaz y eficiente. Un Estado secularizado y moderno también debe garantizar que los proyectos privados que tienen en su base ideológica una “imagen del mundo” (en palabras de Heidegger), puedan disputar desde su lenguaje de la fe o desde sus puntos de vista, las interpretaciones prácticas que cada ciudadano hace en sus decisiones individuales, colectivas o políticas. No obstante, ello no puede ser interpretado en el sentido de que el Estado deba dar a estas visiones ideológicas de las instituciones privadas, prioridad alguna respecto a sus propias universidades.

Las casas de estudio públicas expresan, sin ambages, el deber de universalidad, integración e igualdad que no nace, a su vez, de ningún ánimo de lucro o de dominación ideológica. Son universidades eminentemente públicas, que buscan el saber para ponerlo al servicio de los ciudadanos sin importar si son creyentes o no. Por lo mismo, las universidades eminentemente públicas expresan la acción del Estado que está mucho más allá de cualquier vocación particular.

Este gobierno y nuestras autoridades políticas tienen en sus manos a instituciones valiosísimas para la vida y la salud de la democracia misma. Cuidar las universidades eminentemente públicas es fortalecer nuestra propia vida democrática. No es posible dejarlas a merced de los intereses particulares del juego del libre mercado ni tampoco a la subjetividad de una vocación, cualquiera sea ésta.

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Día de la Mujer: vivir peor que en la cárcel

Según cifras de Gendarmería a enero de 2017,  15.289  mujeres cumplen algún tipo de condena en el sistema penitenciario adulto, y  3.902  lo hacen al interior de las cárceles en calidad de condenada o imputada. Las motivaciones para comenzar a delinquir dicen relación con la necesidad de sostener un hogar y el mayor porcentaje tiene causas contra la Ley de Drogas (51,5%). 

Los resultados del Estudio de Exclusión Personas Privadas de Libertad (Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana 2015) dan cuenta de que  1 de cada 3 mujeres sufrió violencia grave antes de caer detenida, cifras que casi duplican a la población general, lo que se suma a un conjunto de condiciones de exclusión.

Estas cifras nos indican que vivir peor que en la cárcel es posible. Un 28,3% de las mujeres sufre violencia en sus casas en forma habitual y grave. Entornos donde  persiste la violencia, la perpetúa generacionalmente y destruye modelos adecuados y pro sociales de relacionamiento. De allí que no es extraño que 1 de cada 4 internos haya tenido un padre preso y cerca de la mitad a un adulto responsable en la misma condición. Asimismo, cada año  ingresan cerca de 250  niños y jóvenes al sistema de protección de Sename porque su madre esta privada de libertad, menores que serán más propensos a desarrollar un comportamiento delictivo (Murray & Farrington, 2008), riesgo que podría aumentar mientras más prolongada es la condena de la madre (Valenzuela, 2012).

Por esta razón, nos parece necesario y urgente  velar por mejores condiciones que permitan a las mujeres acceder a beneficios y formas alternativas a la condena en el medio libre, sujeto a mejorar las condiciones de vínculo positivo con sus hijos, además de  los incentivos a la reinserción y disminución de la reincidencia. En efecto, es fundamental avanzar en mejorar las condiciones de inserción de las mujeres luego de haber cumplido sus condenas, promover los espacios de reunificación familiar y las posibilidades de acceder a un trabajo o micro emprendimiento. Sin embargo, hemos observado que la mayor dificultad reconocida por las mujeres a la hora de acceder a un trabajo es tener antecedentes registrados al término de la condena.

La legislación vigente establece, a través del decreto 409, la posibilidad de eliminación del prontuario y el DS 64 la posibilidad de omitir antecedentes según fines especiales. En ambos casos establece requisitos de temporalidad exigentes según tipos de delitos y reincidencia. Naturalmente hay condiciones que hacen complejo poder acceder a este beneficio, toda vez que requiere una vinculación post penitenciaria sujeto a controles periódicos constituyendo en sí misma una extensión de las consecuencias de la pena ya cumplida. Hoy, con los medios tecnológicos y de monitoreo actualizado, no se entiende un sistema que tiene más de 80 años de vigencia y que en la práctica obstaculiza la búsqueda de empleo y la reunificación familiar, haciendo del prontuario un lastre que está a la base de la reincidencia.

Es pertinente avanzar hacia la eliminación automática de antecedentes, diferenciando períodos en relación al tipo de condena, condicionando más que a plazos  a la  participación en procesos terapéuticos y laborales.

Quisiéramos que en estos días, en que conmemoramos a la Mujer, seamos capaces de hacernos parte de su realidad: detrás de ellas hay familias e hijos, hay sueños  que aún en las sombras merecen un nuevo amanecer.

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Solidaridad como principio político

*Esta columna fue escrita junto a Eduardo Fuentes, filósofo.

La diferencia entre la propaganda y una discusión racional, es que la primera se construye a partir de la deformación de la posición ajena, y termina por descalificarla sin entrar en su profundidad, de modo tal que hace imposible un diálogo político reflexivo. Este parece ser el caso respecto al concepto de solidaridad que ha tenido eco en el discurso político de sectores de centroderecha y socialcristianos, pero que para algunos no es más que un influjo estatista encubierto o un intento populista que podría derivar en posiciones totalitarias. Detrás de este recelo se advierte una incomprensión del contenido de este concepto.

La solidaridad viene a enriquecer el discurso que se ha acostumbrado a una perspectiva individualista, que resulta insuficiente para abordar ciertos temas políticos que trascienden este ámbito: seguridad social, relaciones laborales, cuidado del medio ambiente, sistema tributario, etc. Este principio, derivado de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), no sólo se predica como una virtud moral, sino también como principio rector del orden social. La solidaridad, invita a reconocerse parte de una comunidad y responsable del bien de los demás, aun cuando esto importe un sacrificio. Cada uno en diverso grado, sin duda, pero conscientes de que nuestras acciones (y omisiones) sólo son posibles y repercuten en el todo social. Es decir, la solidaridad reconoce que existe una interdependencia entre las personas y las organizaciones para la consecución del bien en su conjunto.

Así, es un error pensar que la solidaridad no puede predicarse de cuerpos intermedios u organizaciones colectivas, incluyendo al Estado, o que el carácter de su acción dependa exclusivamente de la virtud de sus miembros, ya que sólo ellos tendrían la capacidad de actuar de forma virtuosa. Decir eso implica negar que la solidaridad sea un principio de orden social, como sostiene la DSI, reduciéndola a la sola virtud moral, lo cual conlleva serios errores. Por un lado, simplemente asume que los actos solidarios individuales transformarán las acciones de las organizaciones a las que pertenecen en solidarias. Por otro, desconocen que  los cuerpos intermedios no sólo posibilitan la solidaridad de las personas, sino que en muchos casos esta acción individual puede realizarse únicamente mediante estas organizaciones. La Teletón es un buen ejemplo de ello

Quizás la raíz de los errores de quienes tanto temen el ingreso de la solidaridad en el debate político es que no han reparado en un aspecto central del concepto. A saber, que él —así como los demás principios  de la DSI— cobra sentido en el entendido de que la sociedad no es sólo un vehículo para lograr aspiraciones individuales. La realización personal no sólo “ocupa” la sociedad, sino que se da “en” ella, de forma comunitaria.  Quienes defendemos la importancia política de la solidaridad también reconocemos que la sociedad está compuesta por cuerpos intermedios, y  por tanto, no es una mera suma de individuos. Luego, la realización personal y con ella las acciones virtuosas —y en este caso, la acción solidaria— requieren plasmarse directamente en estas estructuras. Vivir en una sociedad solidaria implica vivir en una sociedad cuyas organizaciones están regidas por este principio.

 

 

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Día de la Mujer: De las promesas a la práctica

En pleno año electoral, salvo las recientes declaraciones de Carolina Goic, las mujeres brillamos por nuestra ausencia en las candidaturas presidenciales. ¿Cómo hemos avanzado en igualdad de género? Cabe reflexionar sobre algunas de las promesas del gobierno actual respecto a este tema.

¿Avanzamos en materia de salarios equitativos? No. A ocho años de publicada la ley que resguarda el derecho a la igualdad en remuneraciones, seguimos con una brecha salarial del 31,6% en desmedro de las mujeres (ESI 2015). Considerando que el 38,7% de los hogares chilenos depende de una mujer como principal fuente de ingresos (CASEN 2015), la ausencia de la reforma prometida es una deuda profunda del Estado con las mujeres.

Paralelamente, la brecha también se refleja en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que es un 23% menor que la de los hombres (ENE 2015). Llama la atención que, habiendo cada vez más mujeres profesionales en Chile, su inserción al mercado laboral no haya tenido un cambio significativo desde el 2010. Como contraparte a esa ausencia, existe una hiperpresencia en el trabajo doméstico y de cuidados. La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2015 demuestra que la mujer trabaja el doble que el hombre en las labores del hogar y el cuidado de otras personas. De hecho, el 97% de las mujeres que no ingresan al mercado laboral declaran no hacerlo por razones familiares permanentes (ENE 2015). ¿Y las que sí?, ¿qué pasa con esas súper mujeres activas laboralmente? Llegan a casa a cumplir la doble carga, porque en 2017 aún está vigente la división sexual del trabajo: las mujeres salen a trabajar y, al regresar a su espacio privado, siguen trabajando en el cuidado de hijas/os y en la mantención del hogar.

Estas mujeres, tanto las que trabajan fuera de casa como las que no, están (estamos)  sosteniendo la economía del país sin reconocimiento. Pero este trabajo tiene un valor, pues como diría mi abuelita “en la vida nada es gratis” y las mujeres estamos pagando un costo social que no nos corresponde. Como un primer esfuerzo para valorar el trabajo doméstico, en 2008 se calculó que éste equivale al 26% del PIB de la región Metropolitana y que, de este valor, casi un 70% es aportado por las mujeres (EEUT 2008).

Como parte de las promesas de gobierno está la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que reduciría la carga socialmente impuesta a las mujeres en el cuidado de adultos mayores y personas en situación de dependencia. Sin embargo, al momento no se ha concretado y, de hacerlo, tampoco es una solución integral ante la disparidad que vivimos en este tema. Justamente, el paro internacional promovido este día internacional de la mujer trabajadora busca visibilizar y reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres.

¿Está todo perdido? ¿Nos vamos a casa oliendo las rosas que nos regalan en la calle este 8 de marzo? No. Avanzamos, pero vamos lento. Estamos ad portas de la aplicación de la Ley 20.840, que cambió el sistema binominal del Congreso Nacional por uno proporcional inclusivo. Esta es una oportunidad para que las mujeres pasemos de la representación simbólica a una representación real y formal de nuestros intereses en el parlamento. Veremos si el voto de la ciudadanía permite equilibrar la participación de mujeres en el legislativo – donde actualmente ocupamos el 15,8% de los asientos – y, con esto, agilizar los procesos que restablezcan nuestros derechos desde la igualdad.

Cerca de comenzar un nuevo ciclo político, es clave que la y los posibles candidatos a la presidencia se pronuncien en torno a las acciones que incorporarán en su programa de gobierno para construir una sociedad justa, incluyente e igualitaria en Chile. Al momento, no lo han hecho, ¿qué esperamos como ciudadanía para exigirlo?

 

              Encuesta Suplementaria de Ingresos

              Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

              Encuesta Nacional de Empleo

              Encuesta Experimental de Uso del Tiempo

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