Pedro Cayuqueo's Blog, page 227

El ciclo de la violencia

Esta semana se inició en Temuco el juicio oral contra el fotógrafo Felipe Durán, acusado de tenencia de armas y municiones, un nuevo capítulo judicial en el ya latamente descrito y documentado conflicto sureño.

Durán fue detenido tras un allanamiento a su vivienda en un sector rural de Padre Las Casas cuando la policía buscaba al dirigente de Ercilla, Cristian Yebilao, prófugo por otras causas vinculadas también al conflicto. Ambos fueron detenidos esa mañana y tras once meses en prisión preventiva fueron finalmente llevados a juicio. Ambos arriesgan hasta 11 años de cárcel.

Más allá del fondo de la acusación -corresponde al tribunal dirimir si es culpable o inocente- el caso de Durán pone en el tapete una vez más lo inconducente y peligroso que resulta judicializar un conflicto de carácter político. Y como la trama de la persecución penal se vuelve una telaraña donde -tarde o temprano- cualquiera resulta atrapado.

Durán -para quienes no lo saben- es un destacado reportero gráfico, miembro de la Asociación de Reporteros Independientes, que en los últimos años ha documentado para diversos medios el conflicto y sus diversas aristas. Su trabajo, me consta, era también valorado por agencias internacionales que recurrían a él de manera periódica.

Y es que Durán, ante todo, es un gran fotógrafo, un profesional autodidacta que nunca ocultó su simpatía y adhesión por los más desfavorecidos de justicia en la zona sur; las comunidades mapuche. De allí que su lente registrara, casi de manera exclusiva, episodios de represión y abuso estatal otras tantas veces ignorados o falsamente desmentidos.

Ello y no otra cosa, denuncian las comunidades, es lo que terminó con Durán encarcelado en Temuco. Razones tienen para pensarlo. Y es que Durán no es el primer comunicador social en terminar tras las rejas por su trabajo en Wallmapu. Misma suerte corrió en 2008 la realizadora audiovisual Elena Varela y parte de su equipo mientras filmaban el documental “Newen Mapuche”.

Varela fue detenida en marzo de 2008 tras un hollywoodense operativo policial y acusada por el Ministerio Público de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia, ello en el marco de una investigación por atracos a una sucursal bancaria y a una oficina de pago de pensiones de la zona central entre los años 2004 y 2005.

A Varela, tal como acontece hoy con Durán, se la vinculó además a grupos armados de ultraizquierda en teoría infiltrados en la causa mapuche. Ni lo uno ni lo otro. Tras año y medio de investigación donde llegó a estar recluida en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, Varela fue absuelta en juicio de todos los cargos. Nunca pudo recuperar sin embargo su trabajo requisado por la policía.

No, Felipe Durán no es el primer comunicador en ser encarcelado. Y de insistir el gobierno con la lógica de los calabozos, sospecho tampoco será el último. Y mientras ello sucede ante nuestros ojos, las posiciones de uno y otro bando se endurecen, los discursos se radicalizan y las posibles salidas políticas arden junto a los restos del último camión o iglesia siniestrada.

Es el ciclo de la violencia que en el caso mapuche tiene al estado y al Ministerio Público como dos de sus más fervientes promotores en el sur. Si alguien duda de esto último lea por favor la denuncia del ex fiscal jefe de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien acusó presiones de su jefatura para encarcelar a miembros de comunidades mapuches de Ercilla.

Según Traipe, el entonces Fiscal Regional (s), Alberto Chiffelle, le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, obligándolo de manera recurrente a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche “aún sin contar con pruebas suficientes” para ello.

No solo eso. Traipe también denunció de Chiffelle “permanente discriminación y hostigamiento”, llegando a advertirle en su minuto que “los pacos lo tenían en la mira” por su condición de fiscal con ascendencia mapuche. Chiffelle, descendiente de colonos suizos del cantón de Vaud arribados a la Araucanía tras la ocupación militar, encabeza hoy el caso Luchsinger Mackay.

Académicos, juristas de renombre, incluso el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, han advertido del grave error de criminalizar la protesta mapuche. Y de los vicios que de ello se derivan.

Hoy nadie en su sano juicio cree que el Ministerio Público resolverá el conflicto estado-pueblo mapuche. Pero el gobierno insiste en su porfía; no existe un conflicto de tal envergadura, declara a los cuatro vientos. Son simples delincuentes, ladrones de madera y pirómanos anticlericales escudados cobardemente tras la causa indígena.

Lo reafirmó ayer jueves en Arauco el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ello tras encabezar el “Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Macro Zona Bío Bío – Araucanía”, pomposo nombre para designar el coto de caza de campesinos mapuche asignado a fiscales, detectives y efectivos del Gope tan racistas como violentos e inescrupulosos.

“Hay delincuentes que usan la justa causa mapuche para delinquir y eso no es justo ni razonable”, sostuvo Aleuy, agregando que gracias a una eficiente estrategia policial las tomas de tierras eran hoy un fenómeno casi inexistente en la zona. “Los delitos han mutado, ahora queman bosques, maquinarias e iglesias”, debió reconocer sin embargo ante los periodistas. Flor de consuelo para la ciudadanía.

Desde el retorno de la democracia al menos quinientos ciudadanos mapuches han sido condenados en causas relacionadas con el conflicto y la lucha por la tierra. Y el escenario lejos de mejorar, empeora cada día. Es el nefasto resultado de intentar ahogar con represión un descontento documentado por especialistas hasta el hartazgo. O de buscar apagar el fuego con bencina.

En 1992 marchas pacíficas y ocupaciones simbólicas de tierras caracterizaban el actuar de las comunidades mapuche. En 1997, con la CAM, hicieron su estreno las ocupaciones productivas, la autodefensa y los sabotajes forestales. En 2001, tras la primera aplicación de la Ley Antiterrorista y el posterior desfile de lonkos por tribunales, Chile supo de prisión política mapuche y huelgas de hambre.

Ante el evidente agravamiento del conflicto, ¿tomó La Moneda cartas en el asunto? Pudo ser Lagos con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. He allí una veintena de atinadas recomendaciones. Pero el estadista optó por el general Bernales y su estampa de Búfallo Bill o general Custer sureño. “No se duerman, vamos por ustedes”, una de sus frases favoritas. En verdad la única que recuerdo.

Se vino entonces la denominada “Operación Paciencia” que terminó, ya lo sabemos, en un fiasco judicial de proporciones. Luego los crímenes policiales de Alex Lemún en 2002 y Matías Catrileo en 2008.  Y todo, irremediablemente todo, comenzó a irse al soberano carajo.

Imposible no vincular el crimen de Matías con otro crimen, igual de miserable, el de la familia Luchsinger Mackay acontecido en 2013. O el blindaje de los gobiernos a la industria maderera con la pesadilla posterior de agricultores y parceleros. ¿Acaso ustedes todavía no hacen la relación?

Hoy al menos tres grupos reivindican acciones violentas mapuche en zonas de conflicto. Hace poco uno de ellos, el más antiguo y único que ha explicitado un proyecto político detrás, la CAM, ofreció “tregua” y “diálogo” al gobierno. La respuesta de Bachelet fue la mesa de Temuco, instancia plagada de buenas intenciones pero carente del más mínimo poder de resolución. “Y carente también de futuro”, me advierte uno de sus miembros.

Mientras se desarrolla el juicio contra Felipe Durán no viene mal recordar que es la Política y no los tribunales la llamada a resolver el conflicto. Un “Parlamento” a la usanza antigua propuso al gobierno el líder de la CAM, Héctor Llaitul. Mismo llamado hizo el ex intendente Huenchumilla en su fallida propuesta para la Araucanía, aquella que frente a Burgos le terminó costando el puesto. La respuesta para ambos fue la misma.

No me cansaré de repetirlo. El diálogo político, el de verdad, a nivel de estado, de los tres poderes del estado, es la única salida que garantiza no dinamitemos nuestra convivencia social. O entendemos esto de una buena vez o que cada quien elija su bando y su trinchera. Lo que venga después no tendrá tan fácil marcha atrás.

Un intento fallido

Finalmente se presentó la Mesa de Diálogo. El secretismo de La Moneda generó un carnaval de rumores que sólo acabó el jueves tras su primera cita en Temuco. Aclarar de entrada un punto; el diálogo siempre será positivo, necesario. Es lo que se ha demandado como alternativa a la vergonzosa táctica del avestruz. O la siempre inconducente lógica de las tanquetas y calabozos.  Pero la mesa es una buena iniciativa que ha sido pésimamente implementada. A mi juicio un nuevo intento fallido del gobierno. A continuación algunos de sus errores.

Primer error: El carácter regional de la instancia. El conflicto, lo sabemos, trasciende por lejos La Araucanía. Incluso la conflictividad mapuche/forestales es mayor en la provincia de Arauco. En fundos de Tirúa, Contulmo y Cañete acampan cientos de efectivos del Gope. Allí se concentra la militarización de facto y las acciones de protesta. Es también cuna histórica de la Coordinadora Arauco-Malleco. ¿Qué opinarán en Biobío de todo esto?

Segundo error: El enfoque en la “violencia”. ¿Es Mesa de Diálogo o Mesa de Seguridad Pública? Centrar el debate en la violencia es equivocar el camino. La violencia es un síntoma de un conflicto mayor, político e histórico no resuelto.

“El Estado falló en gestar al sur del Biobío comunidad regional”, ha escrito el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto. El Wallmapu una sociedad fragmentada, de frágil convivencia social y escasa vocación por el diálogo interétnico. Allí la verdadera enfermedad a tratar.

Tercer error: La convocatoria. La mayoría de los invitados a la mesa son líderes de la sociedad civil. Rectores, escritores, académicos, una destacada emprendedora gastronómica, todos actuando de buena fe pero sin poder político real. Esta debilidad cualquier aprendiz de político la olfatea a kilómetros. Todavía más aquellos liderazgos políticos mapuche que trascienden la demanda social.

Cuarto error: El inoportuno protagonismo del intendente Andrés Jouannet. Hace tan solo semanas negaba existencia del pueblo mapuche y sus reclamos. Hoy lidera una mesa que, en teoría, busca caminos de solución al conflicto entre el Estado y el pueblo que él mismo asegura no existe. Si alguien nota alguna incongruencia por favor avise a La Moneda.

Quinto error: Insistir una vez más en el diagnóstico. No hay una agenda pauteada de temas, reconoció el propio ministro Mario Fernández en Temuco. Pésimo.

En La Moneda ya existe una biblioteca completa de diagnósticos similares. Al menos diez comisiones desde 1990 a la fecha. Una de ellas fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato bajo el gobierno de Lagos. Fue encabezada por el expresidente Patricio Aylwin. Sesionó más de un año y participaron académicos, líderes de los nueve pueblos indígenas, políticos y hasta empresarios de derecha. Emanó un informe de seis tomos con potentes recomendaciones al Estado. En algún cajón acumula polvo desde entonces.

Sexto error: La no inclusión de la CAM, Weichan Auka Mapu u otros sectores del mundo mapuche que han optado por la autodefensa y la violencia política, desechando las vías institucionales. Sin ellos, créanme, cualquier arreglo resulta imposible. O bien una fantasía.

Lo explico de la siguiente forma; si buscas resolver conflicto armado en Colombia no dialogas con Juanes o Shakira. Dialogas con las Farc. Aprendan del Presidente José Manuel Santos.

La violencia política mapuche es un fenómeno reciente, partió en Lumaco el año 1997 con el primer sabotaje a camiones. En un siglo de historia, la vía político institucional y la protesta social pacífica han sido predominantes en el movimiento mapuche. Volver a ello pasa por diálogo y acuerdos vinculantes.

Séptimo error: La insólita no inclusión de víctimas de la violencia rural, sean agricultores víctimas de atentados o mapuches víctimas del actuar policial. Ello resulta imprescindible para estudiar medidas de justicia y reparación. No invitarlos es una grave afrenta. El conflicto implica drama humano. Y respetar ese dolor es clave para pacificar los espíritus y curar las heridas.

¿Un acierto? La inclusión de alto ejecutivo de CMPC, grupo controlador de la todopoderosa Forestal Mininco. Un dato al respecto. Nunca antes las empresas madereras aceptaron sentarse a conversar. Era reconocer el conflicto y, con ello, cierto grado de responsabilidad. Nada que dialogar, nada que negociar, fuerza pública y se acabó el problema. Esta fue por décadas su consigna. Hoy están dispuestos. Ello abre una pequeña luz de esperanza.

¿Qué sucederá finalmente con la Mesa de Diálogo? Dos de los referentes mapuche convocados por La Moneda se restaron. Hablo de la Asociación de Alcaldes Mapuche y la Corporación Mapuche Enama, ambas con incuestionables credenciales por el diálogo y la paz social. Hoy articulan una inédita mesa paralela donde confluyen sectores políticos mapuche tradicionalmente dispersos.

Puede ser la interlocución política que La Moneda tanto dice requerir de una sociedad mapuche diversa, plural, formateada de manera distinta a la chilena. Juan Carlos Reinao, joven alcalde de Renaico, ex miembro de la CAM y cara visible de esta nueva instancia, ha subrayado la vocación de todos por el diálogo. Y la búsqueda de una salida política.

Si el gobierno corrige los errores iniciales, esta mesa paralela puede ser la mejor noticia en décadas de conflicto. Veamos cómo evoluciona todo.

La nueva salida del sol

La semana recién pasada se celebró en todo Chile el We Tripantu, la nueva salida del sol en la cultura del pueblo mapuche. Se trata de una fiesta que reemplazó la antigua Noche de San Juan, festividad de raíces celtas integrada en la cultura española y que los chilenos heredaron de la Colonia.

El San Juan se celebraba la noche del 23 de junio y se caracterizaba por el misterio. Era la noche en que la higuera florecía y las familias, en sus casas, realizaban una serie de ritos y pruebas para la buena suerte. También era la noche donde podía aparecer el diablo. Muchos, siendo niños, la esperábamos con ansias junto al fogón y las papas asadas.

Pero lo cierto es que el We Tripantu no reemplazó a la Noche de San Juan. Más bien recuperó su lugar en esta parte sur del planeta. Fue a mediados de los ochenta cuando el activismo cultural mapuche la rescató del olvido. Grupos de teatro vinculados a la organización Ad-Mapu y más tarde al Consejo de Todas las Tierras, obraron el milagro.

El We Tripantu era un antiguo rito que celebraba el cambio de ciclo de la Tierra y que había sido desplazado por la festividad católica. También por el racismo y el menosprecio cultural, aquel que calificaba como “supercherías” nuestras creencias y “fantasías de indios” nuestra rica cosmovisión ancestral.

Los mapuches, fantásticos observadores de su entorno, habían aprendido hace siglos que el solsticio de invierno marca la renovación de los ciclos naturales. Sin calendario romano ni telescopios, otros eran los métodos para establecer su llegada.

Uno de ellos era el método estelar. Observaban los antiguos mapuche aquel grupo de estrellas denominado Gul Poñi (“montón de papas”, las Pléyades) que en esta fecha se pueden ver mucho más cerca de la tierra. La observación de su comportamiento advertía de la proximidad del solsticio de invierno, de la nueva salida del sol.

Pero el más usado por los sabios sureños era sin duda el método solar. Este se mimetizó con el diseño, estructuración y ubicación de la ruka, la vivienda mapuche. Con un fogón en el centro y un tronco o palo situado frente a una puerta orientada hacia la salida del sol, la ruka determinaba y controlaba el movimiento del astro durante todo el año.

Un verdadero reloj solar camuflado en vivienda, capaz de definir y marcar el movimiento del día, el sol, la luna, las estrellas y el tiempo en el exacto calendario mapuche. También, por cierto, definía las cuatro estaciones del año: Pukem, ‘tiempo de lluvias’, invierno; Pewün, ‘tiempo de brotes’, primavera; Walüng, ‘tiempo de abundancia’, verano; y Rimü, ‘tiempo de descanso’, otoño.

El We Tripantu marca el día más corto del año y la noche más larga. Es también la fecha en que las lluvias se vuelven más intensas, preparando a la naturaleza para acoger y favorecer el crecimiento de la nueva vida. Una fecha de gran importancia en la Tierra y que da cuenta del sustento científico tras muchas de las creencias mapuche.

Este cambio de ciclo acontece en todo el Hemisferio Sur y ello también lo sabían otras naciones originarias. Es la fiesta del Machaq Mara de los Aymará, el Inti Raymi de los Quechua y el Aringa Ora o Koro de los Rapa-Nui. Y es también la fiesta que celebran otras culturas en África del Sur, Australia y Oceanía.

Es lo mismo que acontece, en otro periodo del año, en el Hemisferio Norte donde el solsticio de invierno ronda el 21 de diciembre. Diferentes pueblos indoeuropeos celebraban también este día, así como los romanos que festejaban Saturnalia en honor al dios homónimo, y a Mithra en honor a la deidad de la luz heredada de los persas.

Monumentos como Newgrange, en Irlanda, también se relacionan con este cambio de ciclo; su planta está diseñada para capturar la luz en ese preciso momento, algo similar a lo que acontece con el diseño de la ruka mapuche. Una fiesta religiosa moderna ocultó en varios países del norte esta milenaria tradición. Hablamos de la Navidad que celebra el nacimiento de Jesús.

Hoy en Wallmapu pocos celebran la Noche de San Juan y sus misterios. Así opera el cambio cultural, en este caso favoreciendo un saludable retorno a lo propio, a lo nuestro. El We Tripantu es hoy por lejos la festividad mapuche más popular. Cientos fueron las actividades y miles sus participantes en diversas regiones. En decenas de comunas fue izada además la bandera mapuche, cosa maravillosa.

Es sin duda una noticia esperanzadora. Habla bien de los chilenos. Y de su apertura a la diversidad y a la valoración del conocimiento y los símbolos más preciados del otro.

Pero allí donde la sociedad civil avanza dos pasos, la clase política y el gobierno gustan retroceder al menos tres. ¿Cómo es posible que la principal festividad indígena de Chile siga sin ser declarada feriado nacional? No lo es aún. Tampoco regional. Sepan que en la vecina provincia de Neuquén, dos días “no laborables” estableció en 2011 la legislatura argentina para todos los mapuches en We Tripantu.

Una muestra de respeto que aún se extraña por estos lados.

Estamos solos

Tras su tercera cuenta pública, la Presidenta Bachelet ha dado inicio a la última etapa de su gobierno. Lo hizo destacando logros y el ímpetu reformador de su mandato. He allí su legado, comentan en la Nueva Mayoría. Si Chile fuera la plácida Finlandia, todo ok. Una cuenta pública de despedida. Pronto nuevas elecciones. Gracias muchachos, fue un placer y hasta pronto.

Pero Chile sabemos no es Finlandia. Mucho menos en La Araucanía, donde un conflicto intercultural  y violento amenaza nuestra convivencia hace décadas. Pese a ello, la región brilló por su ausencia en el mensaje del 21 de Mayo. Cero referencias de la Mandataria al conflicto. Ninguna línea. Una verdadera bofetada para víctimas de lado y lado.

Fue la conclusión del propio obispo de Temuco. “Para la Presidenta no existe La Araucanía”, señaló tajante monseñor Vargas. Y tiene razón. El conflicto sureño, me confidenció  una vez un asesor ministerial, es demasiado complejo y poco sexi. Complejo, porque requiere años, quizás décadas de abordaje para arribar a una solución. Y poco sexi porque ninguna autoridad tiene, en ese caso, asegurada la foto y el corte de cinta.

¿Fue la omisión de Bachelet una sorpresa? Para nada. Ya un ministro había adelantado “el fin de la obra gruesa” del gobierno. Y en ella ni por asomo figuraba resolver el conflicto. Pudo ser la idea el 2014 con Huenchumilla. Su salida, lo he dicho antes, fue la renuncia a siquiera intentarlo. Lo que vino luego fue más de lo de siempre; contención policial y agravamiento del problema.

En eso estamos hasta hoy como región. Y solos. Completamente solos.

¿Qué nos queda por delante? Creo olvidarnos por un rato de Santiago y su ninguneo. Y apostar a diseñar, desde Temuco, una salida política y pacífica al conflicto. Ello implica varios desafíos. El principal, dejar las desconfianzas y prejuicios de lado. Y sentarnos mapuches, gremios productivos y sociedad civil, de una vez por todas, a conversar. Y llegar a un piso mínimo de acuerdos.

Es la idea que lanzó esta semana la Asociación de Alcaldes Mapuche. Son nueve municipios, de Biobío a la región de Los Lagos. No son pocos votantes los que representan. Los lidera Juan Carlos Reinao Marilao, joven médico y edil de Renaico, quien no solo ha criticado la desidia del gobierno; también, duramente, la violencia irracional y sin norte de unos pocos.

Reinao es un dirigente a considerar. Se trata de un ex miembro fundador de la CAM que optó en su minuto por la vía político electoral. O lo que es lo mismo, por pasar de la protesta a la propuesta. Mal no le ha ido en su empeño. Hoy representa un nuevo tipo de liderazgo mapuche, mucho más pragmático y conciliador. Tal vez justo lo que nos hace tanta falta.

El modelo nórdico

Existe una curiosa fascinación en Chile con los países nórdicos. No hablamos de superpotencias. Todo lo contrario; se trata de pequeños países cuyo peso en la escena global es inexistente. Lo mismo a escala europea. Pero sucede que allí se vive bien, extremadamente bien. Según informes de la ONU, allí, en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia existe la mejor calidad de vida del planeta.

Estabilidad democrática, crecimiento económico, servicios públicos de calidad, sistema educativo de excelencia, es el llamado “modelo de bienestar nórdico”. Este se sustenta en la intervención del Estado en la economía y en una notable conciencia cívica de la sociedad. Hasta chistes existen al respecto. “¿Qué pasa cuando dos noruegos se encuentran en una esquina? Forman una cooperativa”. Y ello a pesar del frio.

Son las cosas que destacó Bachelet a su arribo a Suecia la semana pasada, primera escala de su reciente gira europea. Ante el Parlamento local la mandataria resaltó el “valor” de la experiencia sueca como un ejemplo para Chile. “Nuestro objetivo es construir un modelo inclusivo social, con crecimiento económico sostenible y una democracia participativa”, dijo Bachelet. Tal como hicieron los suecos.

Si, de Suecia se puede aprender. Y también en el conflictivo tema indígena, donde –siempre olvidan mencionarlo nuestras autoridades viajeras- los países nórdicos constituyen otra referencia a nivel global. Y ello por su relación con el pueblo Sami, los indígenas rubios del Círculo Polar ártico.

Los sami habitan Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. No siempre fue así. Ellos, de hecho, ya vivían en esa remota zona del norte de Europa antes que los estados nórdicos soñaran siquiera con existir.

Su historia no es muy distinta de otros pueblos indígenas en el mundo. Sus primeros vestigios datan de hace 10.500 años. Pese a lo durísimo del clima, los sami se adaptaron muy bien al entorno. Vestían con pieles de animales y eran cazadores trashumantes hasta que la agricultura y el comercio los volvió sedentarios. Por siglos la crianza de renos fue su principal actividad económica.

Esta forma de vida duró hasta el siglo XVII, cuando Suecia, Dinamarca y la República de Nóvgorod empezaron a colonizar sus territorios. Poco a poco fueron dibujándose las fronteras estatales, el territorio quedó dividido y la asimilación fue avanzando. A nivel identitario este proceso supuso a los sami la pérdida de su propia cultura. A nivel político, la pérdida de su independencia como pueblo.

Esto cambió a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la cultura sami experimentó una fuerte revitalización. Clave en este proceso fue la creación en 1956 de la Conferencia Nórdica Sami, defensora de la cultura y promotora de los derechos sami a nivel internacional. En 1975 sería una de las fundadoras del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, institución pionera en el cabildeo indígena en el seno de Naciones Unidas.

Desde entonces y con apoyo de la ONU, la lucha de los sami por recuperar sus derechos no ha cesado. Reclamación de derechos sobre el territorio, lengua propia y participación política, las principales demandas. Frenar el avance de las industrias extractivas, otra de sus batallas cotidianas. Tal como los mapuche en Chile.

Veamos entonces. ¿Cuál ha sido la postura de Estocolmo al respecto?

En Suecia la relación del estado con el pueblo Sami dista mucho del indigenismo de Estado existente en Chile con los mapuche. Y de su inherente paternalismo. El “modelo nórdico” se sustenta en el traspaso de atribuciones para el desarrollo autónomo de los sami. Si, autónomo, palabra que tantos temores acarrea en dueños de fundo y columnistas de El Mercurio.

Los sami en Suecia son considerados una “minoría nacional”, un estatus diferente al de otras minorías étnicas que han llegado al país en un tiempo histórico reciente. Tienen bandera propia desde 1986 y hasta celebran cada 6 de febrero su Día Nacional.

A nivel político desde 1993 los sami han elegido en Suecia su propio órgano de representación: El Parlamento Sami. Este se encuentra conformado por 31 miembros que representan la variedad de los partidos y las asociaciones sami. Tienen derecho a voto los inscritos en un registro electoral especial donde el único requisito es la autoafirmación cultural.

El Parlamento Sami lejos está de ser decorativo. Tiene facultades en el área económica, así como en lengua y cultura, siendo consultivo en otras materias. También coordina la relación con los parlamentos de Noruega y Finlandia, fortaleciendo la cooperación entre los sami y la conexión de estos con otros pueblos indígenas del mundo. Es financiado vía subvención estatal.

A nivel cultural, en 1962 la lengua sami pasó a ser asignatura en las escuelas y el año 2000 fue reconocida como lengua minoritaria oficial en Suecia. Hoy existen escuelas secundarias, primarias y jardines infantiles sami en todo el país con apoyo estatal. A nivel superior es posible estudiar dicha lengua en las universidades de Umeå y Uppsala. Académicos y científicos sami brillan hoy en diversas áreas.

Suecia queda a 13 mil kilómetros de Chile. La distancia no solo es geográfica, también mental. En Chile, sabido es, el conflicto con los pueblos indígenas lejos está de ser resuelto. Por el contrario, se agrava cada día. Las diferencias saltan a la vista. Donde los suecos han abierto canales de diálogo y participación, en Chile observamos tanquetas y fuerzas especiales. Donde ellos han apostado por autonomía y empoderamiento, acá observamos paternalismo y subvaloración.

Si, de Suecia se puede aprender y bastante. No es un jardín de rosas, aclaro. Conflictos existen pero el abordaje político garantiza no se desborden. Presidenta Bachelet, el mensaje pareciera ser claro; no nos den una mano, sáquennos mejor las manos de encima. Tal como hacen los suecos.

La cuenta de Jouannet

“Hoy quiero pedir perdón a las víctimas de la violencia rural dado que como Estado desde hace muchos años hemos fallado”. Palabras del intendente Andrés Jouannet en su primera cuenta pública realizada esta semana en el hotel Dreams de Temuco. Lo demás, un listado de inversiones, proyectos, metas cumplidas, otras por cumplir, en fin, lo de siempre.

Lo del perdón fue lo más político de su discurso. Y también lo más sectario que he escuchado en boca de una autoridad de gobierno. Uno habría esperado un perdón para todas las víctimas de la violencia y la negligencia estatal, incluido los mapuches a quienes –lo consignan los informes anuales del INDH- se les han violado sus derechos de manera recurrente.

No fue así.

Jouannet prefirió alinearse solo con un sector de la región, los agricultores, parceleros y transportistas dueños de camiones, a quienes pidió “ver el vaso medio lleno” asegurando vendrían tiempos mejores. Difícil resulta creerlo a estas alturas; el conflicto y la violencia, lejos de amainar como intentó inútilmente demostrar, se han agravado a niveles nunca vistos.

Aún no repara en ello pero Jouannet pasará a la historia como el intendente en cuyo mandato hizo su aparición un nuevo grupo armado en el conflicto sureño. “Weichan Auka Mapu” es su nombre y significa “Lucha del territorio rebelde”. Se trataría del relevo generacional de la CAM, rumorean algunos. Hace una semana el nuevo grupo se atribuyó una treintena de sabotajes a maquinarias, fundos forestales y haciendas, en un comunicado público que fue su estreno en sociedad. También se adjudicaron la seguidilla de ataques a iglesias católicas y evangélicas de los últimos meses, otra novedad de la administración Jouannet. ¿Cómo puede asegurar entonces el intendente, tan suelto de cuerpo, que el conflicto ha disminuido con su llegada?

Lo señalé en 2015. El gobierno central renunció con Jouannet a la posibilidad de un abordaje político del conflicto, a establecer una hoja de ruta de solución, optando una vez más por la inconducente contención policial. Así lo prueba el sorprendente incremento de unidades, medios y recursos para Carabineros de Chile.

También, por cierto, medidas que resultan incomprensibles para la ciudadanía, como transformar un ex Liceo Intercultural en Base de Operaciones de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Sucedió en Ercilla, donde se educaban cerca de doscientos niños mapuches de comunidades pobres.

Entre educar y reprimir, La Moneda pareciera haber optado en la llamada zona roja del conflicto por lo segundo. No se requiere ser politólogo para advertir hacia donde conducen tales decisiones. Siembra vientos y cosecha tempestades, advierten al respecto los mayores en el campo.

A ello se suma otro antecedente revelador.  No existe hoy ninguna “mesa de diálogo” o “mesa de trabajo” entre autoridades y organizaciones mapuche que busque descomprimir el conflicto. Primera vez desde el retorno de la democracia.  Es la renuncia de la política. De allí la salida de Francisco Huenchumilla, un político con visión de estado y el arribo de Andrés Jouannet, el intendente funcionario y obediente.

Este cambio de autoridades, de buenas a primeras, nada tiene de objetable. En este Chile democrático a medias, es atribución del Ejecutivo nombrar o remover los jefes regionales. Ello depende de coyunturas políticas, cálculos electorales (se aproximan municipales y parlamentarias, no olvidar) o simple rotación partidista de cargos.

El tema es que La Araucanía no es una región cualquiera del país. No es Talca, por así decirlo, donde la prioridad del intendente puede oscilar entre proyectos de inversión, desarrollo productivo y seguridad pública. No. Si algo requiere La Araucanía es política. Y autoridades con la mirada puesta en las próximas generaciones.

Ello es precisamente lo que falta.

La traición de la palabra

Pocos pueblos y culturas conozco que otorguen, como los mapuche en el sur de Chile y Argentina, un valor tan trascendental a la palabra. Casi sagrado, a decir verdad. Y también a los acuerdos que de ella se derivan. No había otra posibilidad, gustaba reflexionar mi abuelo Alberto Millaqueo, descendiente de lonkos del fértil valle del Cautín. Una sociedad sin estado e instituciones coercitivas en el sentido occidental, en la palabra y su cumplimiento basaba su estabilidad y cohesión social. También su sistema político, normativo y gobernanza.

Sí, el gobierno de los mapuche era el gobierno de la palabra. Y el de los acuerdos políticos. Y el de la alta diplomacia, como comprobaron por tres siglos fascinados los conquistadores españoles. Los mapuche eran democráticos cuando el concepto, en la Europa de los monarquías, ni siquiera soñaba aún con existir. Mucho menos en el reino de Felipe II, aquel vasto imperio donde fanfarroneaba no se ponía el sol. Ponía, en pasado, ya que el mismo día que sus soldados pisaron Wallmapu se les vino encima la noche de los tiempos.

A Valdivia y García Oñez de Loyola, ambos gobernadores del Reino de Chile, tal exceso de confianza les hizo perder la cabeza. Literalmente.

El carácter ágrafo del mapuzugun ahorró a nuestros ancestros no solo toneladas de papel y un gastadero de tinta; también infinidad de malos ratos y decepciones. Los españoles, que escribían desde antiguo la bella lengua de Cervantes, gustaban confiar de los papeles y los escritos. Y desconfiar de la palabra sin registro. La guerra y sus costos obligó a ambos bandos a buscar un salomónico punto intermedio. Nacieron así los Parlamentos. Allí se hablaba mucho, como gustaba a los mapuche. Y en papel se redactaban los acuerdos, como gustaba a los hispanos.

Fueron 48 los Parlamentos celebrados entre 1593 y 1803. Fue por siglos la primera prioridad de cada gobernador entrante; ratificar el anterior o convocar lo más pronto posible uno nuevo. Estas verdaderas juntas diplomáticas no solo terminaron con la guerra abierta llevando relativa tranquilidad a la Frontera; permitieron además el florecimiento de la cultura mapuche y su expansión Allende los Andes vía el comercio ganadero y textil.

La guerra y los conflictos, concordaron ambos bandos, resultaban mal negocio. La paz, en cambio, cotizaba al alza en ambas Capitanías Generales. Convivencia pacífica, le llama hoy el derecho internacional.

Dignos y honorables fueron los jefes españoles en la Colonia. Y digna y honorable fue la respuesta mapuche. Mi abuelo, que además de la tierra sabía cultivar la memoria, gustaba contarnos de Ambrosio O’Higgins, gobernador de Chile y más tarde Virrey del Perú. Con los mapuche, nos decía, un caballero por donde se le mirase. También de cómo, en las guerras de independencia, lonkos de diversos territorios guerrearon a favor de España y contra los chilenos. Honraban la palabra dicha y comprometida por sus mayores en los Parlamentos. Y al hacerlo, también honraban a sus clanes y linajes. Hasta hoy sus apellidos gozan de admiración y respeto.

Chile y gran parte de los historiadores del siglo XIX nunca perdonaron aquello. Le llamaron “traición”. Y al honor mapuche, “anti patriotismo”. “En los indios no se puede confiar”, escribió Barros Arana, furibundo, al justificar el avance militar sobre nuestras tierras. Lo mismo hizo Benjamín Vicuña Mackenna. El mote sigue vigente hasta nuestros días. Y se ha sumado a otros más actuales, como el “bárbaros y salvajes” de mediados del siglo XIX, el “flojos y borrachos” de comienzos del XX, el “pobres y comunistas” de la Guerra Fría y el “violentos y terroristas” de la actualidad. Perlas del racismo criollo que pueblan todavía almuerzos familiares de domingo, charlas de café y redes sociales.

¿Dónde está, a su juicio, el origen del actual conflicto?, pregunté a un lonko de Arauco en una de mis primeras coberturas como periodista. “En la traición de Patricio Aylwin”, me respondió, sin dudarlo. Hacía referencia al Pacto de Nueva Imperial, firmado entre el entonces candidato de la Concertación y los pueblos indígenas el año 1989. Aylwin, buscando apoyos para las presidenciales, prometió aquella vez el oro y el moro a un movimiento indígena esperanzado en el retorno de la democracia. La principal promesa de campaña, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado. La de 1980, aquella que el mismo había preferido no discutir al dictador.

No pasó mucho con lo pactado solemnemente en Nueva Imperial. Sí, se legisló una nueva Ley Indígena y se creó la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero aquello, seamos serios, ya existía como institucionalidad pública desde comienzos del 50’. Conadi antes se llamó Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN, 1953-1972) y después Instituto de Desarrollo Indígena (IDI, 1972-1978). Lo mismo aconteció con la ley promulgada el año 1993; una reedición de anteriores textos legales, el último promulgado por la UP en 1972. Fue en síntesis lo único que hizo Aylwin en materia indígena; reedificar aquello que los militares habían desmantelado. Y no digamos que de la mejor forma. Recuerden que todo se hizo “pactando”.  O lo que es lo mismo, en la medida de lo posible.

De la entonces principal promesa, el ansiado reconocimiento constitucional, nunca más supieron lonkos y dirigentes. Ni en sus cuatro años de mandato ni tampoco en los siguientes tres de gobiernos de la Concertación. Hasta hoy, mes de abril del año 2016, los mapuche y otros ocho pueblos originarios siguen sin ser reconocidos en la Carta Magna. Chile y Uruguay, los únicos estados blancos químicamente puros que descienden de los barcos en la región. Y no de naciones preexistentes al estado como consignan Argentina, Colombia y Bolivia, entre otros países.

De lo que sí supieron aquellos mapuche fue de represión y cárcel. Poco se dice, pero Aylwin inauguró, junto al entonces intendente de La Araucanía, Fernando Chuecas, el actual desfile de lonkos y comuneros por tribunales de justicia. Y no precisamente en la medida de lo posible. Tan solo en 1992, 144 mapuche terminaron tras las rejas por reclamar tierras y crear la bandera mapuche. ¡144! Eran liderados por un joven Aucán Huilcamán. A todos se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Fueron encarcelados por usurpación de tierras y desórdenes públicos el mismo año de los “festejos” oficiales por el Quinto Centenario.

Esta sería, junto a la profundización del modelo neoliberal -otra característica central de su mandato- la mecha que encendió la pradera en el sur. Y con ello la renuncia a las vías institucionales de parte importante del activismo mapuche. Para los desmemoriados, así nació más tarde la CAM en el gobierno de Eduardo Frei. ¿Les suenan las represas Pangue y Ralco o los camiones ardiendo en aquella cuesta de Lumaco?

Fernando Paulsen, con quien intercambio ideas sobre esta columna, me advierte que el de Aylwin fue un gobierno signado por el temor a la bota militar y a una regresión política. Y que cuando el miedo domina a un gobierno, la virtud y la dignidad no es precisamente lo que campea. Puede ser. Pero hoy, cuando la beatificación del ex mandatario pareciera avanzar a paso firme, oportuno resulta hacer memoria. Memoria histórica para reivindicar el valor de la palabra y los acuerdos en la cultura mapuche. Y memoria contingente para calibrar la responsabilidad de los jefes de estado en el descalabro sureño actual.

Duro resulta el juicio en materia indígena del gobierno de Patricio Aylwin. Y es que duro es el juicio del pueblo mapuche sobre Chile.

La República representa desde su origen para los mapuche la traición de la palabra y los acuerdos. Así lo prueban las cartas que lonkos como Mañil y Calfucura intercambiaron con las autoridades a mediados del siglo XIX. Y la seguidilla de decisiones políticas que culminaron más tarde con la guerra de ocupación. Despojo, robo y asesinato, la santísima trinidad del arribo del estado y los colonos a Wallmapu. Y luego, el deshonor transformado en política de estado. La mentira y la tomadura de pelo, frecuente en gobiernos de diverso cuño en un siglo de pésima historia. El de Aylwin, uno más de una larga lista que se extiende hasta nuestros días con Bachelet.

Y todavía hay quienes se preguntan, consternados, cómo diablos fue que llegamos al escenario de violencia actual.

 

Hora de decir basta

La violencia social en todo conflicto estalla entre otras razones cuando los políticos profesionales, aquellos mandatados a mediar entre los conflictos sociales y el poder, dejan de cumplir su rol. En ellos y sus colectividades recae en las democracias modernas el gobierno de los asuntos públicos y la cohesión social, entre otras tareas. ¿Quiénes son estos políticos profesionales en el caso del conflicto estado chileno-pueblo mapuche?

Son, en primer lugar, las autoridades de gobierno electas por la ciudadanía cada tanto. De la presidenta al último y más humilde seremi regional, pasando por ministros y subsecretarios, todos cargos de confianza del Ejecutivo. También lo son diputados y senadores que –tal como los griegos antiguos- han hecho de los asuntos públicos su vocación y forma de ganarse la vida. Y por cierto, también lo son alcaldes y concejales, los representantes del “estado” en el nunca bien ponderado nivel comunal.

No nos hagamos más los lesos. Sobre estos políticos profesionales recae gran parte de la responsabilidad del escenario actual de violencia que vivimos en la zona sur. Por acción u omisión, desinterés premeditado, cálculo político-electoral, mera ignorancia o simple flojera, son ellos en última instancia quienes han permitido que el conflicto se desborde por lado y lado. Al punto de entregar a jueces, fiscales y policías la bendita resolución del problema.

Es cierto, en primera instancia la responsabilidad es de los actores directos involucrados en la trama. Pero decirlo resulta una obviedad a estas alturas del conflicto. No serán activistas mapuche radicales o latifundistas armados en sus campos quienes resolverán, entre ellos, el entuerto. Ello sería la renuncia absoluta de la política y decretar, lisa y llanamente, la ley de la selva. El Far West. Y un baño de sangre que puedo apostar nadie en su sano juicio desea.

No. Quienes deben resolver el conflicto son –guste o no- los mismos políticos profesionales que en poco tiempo más sonreirán a su puerta buscando el voto. Y prometiendo el oro y el moro. De allí que cuando las cosas amenazan con desbordarse sin retorno –como ya han comprobado tristemente las iglesias en zona mapuche- bien vale recordar a ellos su responsabilidad. Y el mandato que los electores les depositaron en las urnas.

¿Tiene la ciudadanía herramientas para fiscalizar aquello? Pocas la verdad. La más efectiva y cercana, el voto en las urnas. Si usted considera que su diputado o senador poco y nada ha contribuido a resolver el tema, no vote por él o ella nuevamente. La oferta electoral de seguro será variada y opciones alternativas tendrá. Lo importante es que vote informado. O más bien asustado. El próximo campo en toma perfectamente podría ser el suyo. O el próximo activista mapuche baleado, un sobrino.

Otra herramienta, pero que requiere una cuota mayor de compromiso (o de hartazgo) es la movilización social. Hablo de gestar una plataforma ciudadana que permita dar cauce político al descontento. ¿Le suenan “Los Indignados” en España? ¿En qué minuto a los habitantes de la región, mapuche y chilenos, se nos colmará la paciencia con un conflicto donde políticos de uno y otro lado pescan hace décadas a rio revuelto? Es la pregunta que ronda por diversos círculos en Temuco.

Como sea. Es hora de exigir a los políticos profesionales que cumplan su papel. Todos, cual más, cual menos, han pecado de irresponsabilidad frente a un conflicto que desangra a diario nuestra convivencia social e hipoteca la posibilidad de un destino común. Llegó la hora de decir basta.

Una herida que no sana

Lo acontecido con el caso Luchsinger Mackay reabre una herida que divide, como pocas, a La Araucanía. Una herida que aún no cicatriza del todo. Basta escarbar un poco y sangra. Duele. Enrabia a víctimas de lado y lado. Y también conmueve.

Pocos casos judiciales he visto que polaricen tanto a chilenos y mapuches. No hay medias tintas al respecto. Las posiciones son totales, absolutas. De uno y otro lado. Y ello en nada contribuye a la búsqueda de justicia. O a una sana convivencia interétnica.

Para los mapuches el despojo y la violencia racista fueron la carta de presentación de Chile y los colonos en Wallmapu. Y esa herida tampoco ha cicatrizado. Sigue abierta. Es un dolor y una rabia que se traspasan de generación en generación. Y que cada tanto, sangra. O hace sangrar. Fue lo que aconteció aquella noche con el matrimonio. No, ellos no merecían morir calcinados, suplicando a medianoche un auxilio que nunca llegó. Tampoco, por cierto, merecían morir asesinados Matías Catrileo, Alex Lemún o Jaime Mendoza Collio, todos por agentes del Estado y a mansalva.

Y es que ninguna vida sobra. ¿Será acaso tan difícil de entender?

La reapertura del caso y la detención de los 11 comuneros, cuya responsabilidad compete dilucidar al tribunal y no a las redes sociales, me hicieron reflexionar sobre la violencia. Y la estupidez asociada a quienes, de lado y lado, la siguen justificando como método.

Quiero contarles algo. A las pocas semanas del atentado tuve la oportunidad de visitar la hacienda Lumahue. Y lo hice junto a dos colegas de Associated Press. Uno de ellos, el fotógrafo Rodrigo Abd, premiado ese mismo año con el Pulitzer por su cobertura de la guerra civil en Siria.  Autorizados por Carabineros recorrimos toda la propiedad. También charlamos con el cuidador del fundo, un hombre mayor que -entre lágrimas- nos relató lo acontecido. Su dolor más grande, nos confidenció, era la soledad que se apoderó desde entonces del lugar.

No sólo habían muerto sus patrones. Algo del lugar, tal vez una energía, una fuerza, “un newen, como dicen los mapuche”, había partido con ellos, nos dijo. Sí, el cuidador conocía la cultura mapuche. Eran sus vecinos. El mismo, posiblemente, era indígena. Sus rasgos así lo delataban.  A Rodrigo, que venía de cubrir el horror de una guerra, le bastó esa charla para entender el fondo del conflicto. “Aquí no se trata de terrorismo”, me dijo más tarde, al regresar a Temuco. “Esto trata de aprender a convivir, de construir comunidad entre blancos y mapuches”, concluyó.

Rodrigo buscaba fotografiar guerrilleros armados y militares en los campos, un nuevo Chiapas, me lo comentó apenas aterrizó en Maquehue. Nada de ello. Sólo los escombros de una hacienda. Y la vida de una pareja de ancianos consumida por el fuego.

Es lo que muestran las fotos que tomamos aquel día.

Evo, un demócrata satisfecho

Evo Morales tiene una muy mala costumbre; cada vez que puede, consulta al pueblo alguna medida o idea que en otros tiempos simplemente se imponía desde Palacio Quemado por las armas. O bien por el peso de la noche colonial. Lo hizo en 2006, cuando mediante una Asamblea Constituyente los bolivianos acordaron pasar de la Colonia a vivir en el siglo XXI. Aquel pacto social no sólo refundó un Estado blanco y racista en una república plurinacional y plurilingüe. También transformó en ciudadanos con derechos a la gran mayoría de la población que lo compone, los indígenas.

El propio Evo Morales Ayma, uno de ellos.

Desde entonces, Morales tuvo otra mala costumbre: ganar todas las elecciones a las cuales se presentó y por amplia mayoría. Es el mandatario que más tiempo ha gobernado en Bolivia. Su primera elección la ganó con el 54% de los votos. Dos años después superó un referéndum revocatorio con el 67% del apoyo. En 2009, tras reformar la Constitución, volvió a ser elegido presidente con el 64% de los sufragios y cinco años después, en octubre de 2014, hizo lo propio con un 61%.

Previo a la consulta del fin de semana, la encuesta Ipsos cifró en 58% el respaldo de la población a su gestión como gobernante. Una cifra escandalosamente alta si la comparamos con Michelle Bachelet en nuestro país. O con Maduro en Venezuela, el recurrente e insólito punto de comparación de sus opositores en todo el continente. Y es que la figura de Evo es sinónimo de estabilidad institucional, profundización democrática y crecimiento económico sostenido. Todo lo contrario del delfín de Chávez.

En 2015, un 4,8% creció la economía boliviana. Y 20 puntos cayó la pobreza extrema. Hasta el Banco Mundial se rindió ante sus cifras macroeconómicas y la disciplina de su política fiscal. Hoy, Bolivia, la misma que en los 80 enfrentó una severa hiperinflación, está entre los cinco países con mejor percepción de su economía en la región. De postularse en 2019, Morales de seguro ganaría la elección. En ello coincidían todos los analistas bolivianos hasta antes del domingo.

Pero el pueblo, sabiamente, dijo no.

Después de un recuento que se prolongó más de 48 horas, el 51,30% de los bolivianos rechazó cambiar la Constitución para posibilitar su reelección en 2019. Esta derrota, inusual para el mandatario, fue asumida, sin embargo, con mucha serenidad. No se trató de una derrota aplastante. Fue un triunfo del No con sabor a empate técnico que Morales ha preferido no polemizar.

Previo a la consulta ya lo había adelantado a los medios: “Gane lo que gane, se respeta”. Y cumplió su palabra. “Quiero decirles, respetamos los resultados, es parte de la democracia”, ratificó el pasado miércoles desde Palacio Quemado.

Pablo Stefanoni, periodista y ex director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, relató en la previa del referéndum un revelador diálogo entre Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera. “¿Cómo va a estar preocupado, amargado?, debemos estar felices, contentos, hemos hecho mucho. Aunque no aprueben nuestra reelección, no importa, hicimos historia gracias al pueblo boliviano”, dijo a su fiel escudero ante sus dudas del resultado. A los egos políticos heridos, Morales lúcidamente anteponía el peso de su legado.

También dudo que Morales buscase perpetuarse en el poder o batir el récord de Chávez o los hermanos Castro. Pocos saben que la propuesta original del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante, era someter a consulta la “reelección indefinida”. Fue Morales quien aceptó que sólo fuese hasta 2025. Así lo aclaró el propio mandatario en una extensa entrevista concedida a los corresponsales del Financial Times y El País el pasado fin de semana.

Allí charló de todo, distendido, bromista, lejos de la imagen contrariada o confrontacional con que los medios latinoamericanos, especialmente los chilenos, gustan retratarlo.

“Si pese a todos sus logros pierde este referéndum, ¿se sentiría muy decepcionado?”, le preguntó Javier Lafuente, de El País. “No, porque yo estoy preparado. Con semejante récord me voy feliz y contento a mi chaco. Jamás voy a claudicar en mis principios. Me quedaré apoyando desde abajo. Me encantaría ser dirigente deportivo, me encanta el deporte”, respondió Morales, recordando sus inicios en Chimoré como futbolista amateur y líder sindical. “¿De la FIFA?”, bromeó Lafuente. “No, aunque se trabaja poco y se gana más”, devolvió el mandatario entre risas.

Simón Bolívar, a quien de seguro el Presidente Nicolás Maduro lee muy poco, señaló en 1819 en el Congreso de Angostura que “nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo”, añadiendo que “la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos”.

Bolivia, el Estado que con su nombre rinde homenaje al libertador de América, es hoy por hoy la democracia más genuinamente bolivariana de la región. De allí mi alegría por el triunfo del No en el referéndum. Libera a Morales de una responsabilidad que sospecho no buscó y que se origina en la dificultad del recambio en las filas del MAS. Es cierto, García Linera o el canciller David Choquehuanca figuran como relevos naturales para el 2019. Pero lejos están ambos de su carisma y popularidad.

Así y todo, a cuatro años de la próxima presidencial, el MAS tiene cosas mucho más urgentes de las cuales preocuparse. La principal de ellas, cómo enfrentar la corrupción interna que -ya lo advertía Bolívar- ha permeado ministerios y diversas instituciones. El saqueo del ya extinto Fondo Indígena, el escándalo más bullado. Entre los más de 200 procesados hay directivos de la entidad, dirigentes sindicales, ex autoridades del Poder Ejecutivo y senadores del oficialismo.

Otro tanto acontece con los gobiernos locales adscritos al MAS. “Tenemos ejemplos de alcaldes que si no están en la cárcel están procesados”, reconoció el propio Morales ante los corresponsales extranjeros. “Estos temas de corrupción nos han afectado y debemos actuar”, agregó.

No cabe duda que tras 2019, Morales seguirá figurando como un excepcional líder político regional. Tal vez lo veamos en la ONU dada su condición de referente de los pueblos indígenas a nivel mundial. O, quizás, por qué no, volviendo a Palacio Quemado en el futuro. Recién habrá cumplido los 60 años. Y currículum tiene de sobra. Basta señalar que en una década al frente del gobierno, Bolivia ha celebrado uno de los mayores cambios sociales y económicos de toda su historia. No es poca cosa.