Álvaro Bisama's Blog, page 81

¿Cómo podría ser una guerra con Corea del Norte?

El primer discurso de Donald Trump en Naciones Unidas era uno de los momentos más esperados en el marco de esta 72ª Asamblea General. Y fue por completo consecuente con lo que él ha dicho y hecho en los últimos ocho meses, como Presidente de Estados Unidos.

Irán, Cuba, Venezuela y el terrorismo islámico fueron algunos de los blancos a los que dirigió sus dardos. Pero Corea del Norte, sin duda, fue el que concentró la mayor parte de su artillería. Sobre todo cuando aseguró que si Pyongyang no pone fin a su programa de armas nucleares ni detiene sus ensayos con misiles balísticos, “no vamos a tener ninguna otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte (…) Estados Unidos está dispuesto, está listo y es capaz. Y esperamos que eso no sea necesario”.

El día anterior Nikki Haley —la cada vez más poderosa embajadora de EE.UU. en la ONU— ya había afirmado a CNN que “si Corea del Norte prosigue con su temerario comportamiento, y los Estados Unidos se ven en la necesidad defenderse a sí mismo o a sus aliados, Corea del Norte será destruido. Todos lo sabemos y no lo deseamos”. Un preámbulo de lo que sería el discurso del propio Trump.

El hecho de que el gobierno estadounidense asegure que “destruir” a Corea del Norte es una de las posibilidades que tiene sobre la mesa, no deja a nadie indiferente. Sobre todo considerando que no estamos hablando de algo abstracto, sino de un país de 25 millones de personas.

Ciertamente, tanto los actos como la retórica de Kim Jong-un han empujado a Trump a dejar en claro que él gobierna el país más poderoso del mundo, y que tiene los medios y la voluntad para acabar con su régimen, esgrimiendo la defensa de sus aliados asiáticos y del propio EE.UU.

Pero, ¿esto es realmente posible?

Un primer escenario sería que Corea del Norte decidiera atacar, sin provocación previa, a Corea del Sur, Japón o algún territorio estadounidense a su alcance, como la isla de Guam. El uso de armas convencionales —proyectiles con ojivas no nucleares, el uso de bombarderos, tanques, infantería— generaría una respuesta similar por parte de los actores atacados.

Si bien Norcorea tiene un ejército que supera el millón de soldados, lo cierto es que hace décadas que las guerras no están determinadas por el número de combatientes —tal como lo demostró la Primera Guerra del Golfo (1990-1991)—, sino por el uso de tecnología y el tipo de estrategia. Y, en ese contexto, Estados Unidos, Surcorea y/o Japón, obligados a responder militarmente, podrían derrotar a Kim en cuestión de semanas.

Un segundo escenario sería similar al primero, pero con la intervención de China, respaldando a Corea del Norte. En ese caso, la mayor potencia de Asia habría tomado la decisión de enfrentar a EE.UU. con consecuencias que tendrían un enorme impacto en lo militar, pero sobre todo en lo económico, generando una crisis global en el corto plazo y haciendo impredecible la duración del conflicto. Fundamentalmente porque Beijing no podría permanecer al margen, considerando que Norcorea es un antiguo aliado fronterizo que está dentro de su esfera de influencia regional.

Una tercera posibilidad sería que Estados Unidos organizara un “ataque quirúrgico de alta tecnología” sobre Norcorea. Por ejemplo, usando pulsos electromagnéticos que destruyan la electrónica de sus armas, comunicaciones y sistemas de defensa —tal como ocurrió durante la guerra contra Serbia en 1999—, mientras fuerzas especiales estadounidenses y surcoreanas toman el control de las diferentes instalaciones nucleares y de misiles norcoreanas.

El ataque podría concluir en cuestión de horas, incluso con la captura o muerte de Kim, aunque deja abierta la interrogante de cómo reaccionaría China.

Sin embargo, lo cierto es que cualquiera de los tres escenarios anteriores involucraría una crisis humanitaria a gran escala en el este de Asia, con refugiados de ambas coreas intentando escapar de las zonas de conflicto —eventualmente hacia China, Rusia o Japón— en busca de seguridad, alimentos y medicinas; sin duda, un nuevo desafío de proporciones para Naciones Unidas.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que mientras la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos se mantenga dentro de este guión recurrente de bravatas, sanciones económicas y ejercicios militares, la opción diplomática seguirá vigente. Pero basta un pequeño error, como un tiroteo en la Zona Desmilitarizada que separa ambas Coreas, el derribo de un avión de combate o que alguno de los misiles norcoreanos caiga en una zona poblada de Surcorea o Japón, para iniciar un conflicto de proporciones globales.

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Crónica de una muerte anunciada

En marzo pasado se publicó un estudio que recoge las respuestas de directores de 300 colegios municipales. Dos de cada tres afirma que el principal conflicto que enfrentan a diario es la droga, muy por encima de las movilizaciones o la delincuencia. También reconocen mayoritariamente que no cuentan con estrategias ni protocolos para enfrentar el tema y casi todos optan por derivar los casos particulares a Carabineros, amparándose en la ley 20.000. Otra respuesta inquietante es que el 51% considera la falta de participación de los padres como el problema de mayor frecuencia, antes incluso de la droga que ocupa el segundo lugar.

Esta es la situación en los establecimientos públicos, que ciertamente no difiere de los privados, como lo demuestra dramáticamente el suicidio de Nicolás, el alumno de 17 años de la Alianza Francesa, caso que ha impactado con razón, pero dada la realidad antes descrita resulta, por usar un cliché periodístico, la crónica de una muerte anunciada.

Mientras no exista prevención y estrategias particulares, generadas en conjunto con los tres estamentos involucrados -alumnos, padres y profesores-, para cada comunidad educativa, los resultados de la encuesta mencionada se seguirán repitiendo y profundizando, con resultados dramáticos y lamentables, como la muerte en soledad de Nicolás.

A partir de nuestra experiencia implementando programas preventivos del uso del tabaco, alcohol y otras drogas tanto en colegios privados como medios y también de alta vulnerabilidad social, podemos afirmar que es clave involucrar e impactar efectivamente a toda la comunidad educativa, de manera permanente en el tiempo. No sirve una charla masiva y aislada, por buena que sea. La prevención debe ser sistemática e iniciarse desde los primeros años, reforzando factores protectores y entregando herramientas a los docentes, las familias y los propios estudiantes, de manera participativa.

Los protocolos de acción construidos entre todos -y, por lo mismo, conocidos por todos- evitan las respuestas reactivas y arbitrarias. Estas acciones deben favorecer que los jóvenes puedan pedir apoyo amparados en la confianza, en lugar de ocultar una situación problemática por miedo a recibir exclusivamente sanciones. También es clave salvaguardar la información, para evitar la delicada estigmatización del que tiene el problema y establecer medidas disciplinarias por todos construidas y por todos conocidas, centradas en lo formativo y lo restaurativo, que fomenten el aprendizaje sobre la experiencia, más que la exclusión o lo meramente punitivo.

Reiteramos que esta lamentable muerte no debe prestarse para enjuiciar el actuar de una determinada institución, sino que debe invitarnos a reflexionar constructivamente sobre qué estamos haciendo como sociedad en los distintos contextos en que nuestros niños y adolescentes se desarrollan. Y cuán importante es la prevención, que es lo opuesto a la negación de la realidad.

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Suicidio colectivo

Cataluña vuelve a estar de moda, pero no por las razones de siempre: un equipo de fútbol como el Barça, la cantidad de estrellas Michelin que acumula, los diseñadores más chic o una capital que está entre las mejores del planeta. El motivo que la lleva a ocupar las portadas de todos los rotativos es la convocatoria a un referéndum unilateral de independencia. Ello me ha llevado a revisar algunas las ideas que, acerca de ella, mi entorno me devolvía mientras viví en Chile. Cada vez que aludía a mis raíces gallegas para explicar mi acento español, no faltaba el interlocutor de turno que presumía de su conocimiento de España por haber visitado Barcelona. En momentos en que los políticos independentistas, mediante referencias a un nacionalismo democrático y a la “soberanía del pueblo”, abogan por la desconexión con Madrid a través de la purga y del acoso, del atropello de la oposición y haciendo saltar por los aires su propio Estatuto de Autonomía, no deja de resultar irónico que pudieran ser los catalanes los que más contribuyan a colmar la imagen que fuera se hacen de España. Que, entre las universidades españolas, Barcelona domine el podio universitario en el ranking de Shangai no hace más que reforzarlo, aunque solo sea a nivel de círculos académicos.

¿Verá el 1 de octubre el nacimiento de una república catalana independiente? Improbable, dado el suicidio colectivo que supondría esta nueva versión del Brexit. El escepticismo inicial del Presidente Mariano Rajoy ha dado paso a una intensa arremetida judicial y policial que, día que pasa, aumenta en su escalada. El PSOE y Podemos, más ocupados hasta ahora, uno de sus primarias internas y otro, de hacer política circense, han logrado instalar la idea de que el gobierno habría abandonado el recurso a la política pero ¿no es, acaso, la garantía de la seguridad externa y la concordia interna mediante la posibilidad del uso la fuerza, generalmente basada en el derecho, lo que hace a su esencia?

A medida que se acerca la fecha, la sensación es de vértigo. Además de un nuevo capítulo en la utilización espuria de los referéndums la sociedad catalana saldrá, luego del sprint de cinco años que ha significado el procés, más movilizada pero también más dividida. La posibilidad de una salida pactada no sustituye la urgencia de acometer la actualización del modelo territorial autonómico. La actual situación ha revelado sus contradicciones e inconsistencias. Y, si todavía alguien tiene dudas, ahí está la banda terrorista ETA con sus anuncios. Habría iniciado un proceso de debate interno para decidir cuál será “su función y ciclo”, una vez culminado su desarme. Mientras tanto, ha ido entregando pistas, como la de asignarse un papel de “facilitación de la acumulación de fuerzas” independentistas.

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Tiempos modernos

Recurriendo al pragmatismo utilitarista, varios miembros de nuestra élite reclaman que el país y sus sectores políticos se modernicen. Hay que hacerlo -dicen- porque conviene mantenerse en línea con lo que las mayorías quieren. El último fue Harald Beyer. El director del CEP quiere una derecha moderna. Para él, esto significa ponerse a tono con lo que demandan las mayorías en asuntos como el aborto o el matrimonio homosexual, porque así se ganan elecciones. Lo suyo es un silogismo aparentemente impecable: si las mayorías son modernas y la derecha se hace moderna, entonces la derecha será mayoritaria.

Pero las cosas no son tan sencillas ni lineales. Felipe Kast, el más “moderno” de los candidatos en las primarias de la derecha, obtuvo un distante tercer lugar en esa votación. El ex primer ministro británico David Cameron -el ejemplo internacional que usó Beyer- terminó su carrera sorprendido por una mayoría que tomó la muy poco moderna decisión de abandonar la Unión Europea.

Hay tres consignas que repiten para justificarse quienes demandan modernidad: es lo que quieren las mayorías, es lo que exige el progreso y es lo que reclama la historia. Sin embargo, la experiencia demuestra que las primeras son volubles, que el segundo no está garantizado y puede adoptar muchas formas, y que la tercera no avanza en dirección conocida.

En lugar de escudarse en consignas, sería más transparente que los que creen en el aborto o el matrimonio homosexual lo digan sin más. porque casi la totalidad de las medidas de la agenda valórica libertaria tiene su origen no en conceptos abstractos como el progreso, la historia o la voluntad de las mayorías, sino en impulsos y deseos concretos provenientes de miembros de la elite.

A menudo esas medidas terminan dañando a los sectores vulnerables, mientras las elites que las impulsan se solazan en su estilo de vida progresista. Cuando, por ejemplo, la elite libertaria propone legislar en favor de la despenalización de las drogas, los más afectados son quienes no tienen los apoyos familiares, culturales y económicos para enfrentar el impacto de una liberalización de ese estilo. Si un miembro de la elite abusa de las drogas legalizadas, su red de apoyo lo ubicará en una clínica de rehabilitación para superar su adicción. Si lo mismo le sucede a un habitante de una población periférica, su vida y la de su familia serán un infierno.

Este efecto, denominado “desigualdad moral” por el intelectual católico norteamericano R.R. Reno, jamás es mencionado por los miembros de nuestras elites cuando promueven que nos hagamos más modernos y adoptemos la agenda valórica que a ellos les gusta.

La elite progresista a menudo hace gala de un “egoísmo refinado” -el término pertenece al comentarista conservador David Brooks- que está en la base de sus propuestas y que la lleva a satisfacer sus deseos proponiendo iniciativas perjudiciales para las mayorías que dicen interpretar.

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Haití: qué inversiones priorizar

Haití tiene necesidades profundas casi en todo: los problemas de salud incluyen las tasas más altas de mortalidad infantil, de menores de cinco años y materna en el hemisferio occidental; las carreteras están mal mantenidas; el acceso a la educación es bajo. El sistema judicial está tan quebrado que muchos esperan en prisión durante años sin juicio. Un donante internacional importante, el gobierno canadiense, retiró recientemente parte de su financiamiento: la “fatiga” del donante fue adjudicada a la corrupción y a la disfunción haitiana.

Sin embargo, Canadá ha apoyado un proyecto diseñado para examinar diferentes maneras de hacer que el dinero gastado en Haití rinda más -ya sea por gobiernos extranjeros, filántropos o por Haití misma, que tiene un presupuesto anual de USD$2 mil millones.

El proyecto, denominado “Hatí Priorise” fue dirigido por mi grupo de expertos, el Copenhagen Consensus, para generar datos sobre la manera de aumentar la prosperidad y la salud. El objetivo es aportar inspiración para el diseño de nuevas políticas.

Los investigadores estudiaron propuestas tan diversas como la vinculación de los agricultores al mercado internacional del carbono, la creación de sistemas de alerta contra inundaciones, la ampliación de la red de asistencia jurídica, la creación de una política de licencia paterna remunerada para incorporar a más mujeres a la fuerza de trabajo formal, y enseñarle a los niños en su lengua materna criollo haitiano en lugar de francés.

Un tema que surge entre los principales en la lista de prioridades: propuestas que aprovechan la corta ventana antes y después del nacimiento cuando se puede hacer la mayor diferencia en la vida de un niño. Se trata de una inversión a corto y largo plazo, con vidas salvadas casi inmediatamente, y mejoradas durante generaciones.

El acceso a la estimulación educativa a una edad muy temprana puede crear las condiciones para el éxito de los adultos. Cada dólar gastado en la educación de la primera infancia generaría reembolsos a la sociedad por un valor de $14.

El panel también respaldó la inversión para reducir el flagelo “oculto” de la deficiencia de micronutrientes. El gasto de alrededor de 5 millones de dólares en diez años para fortificar el 95% de la harina de trigo con hierro y ácido fólico evitaría anualmente 140 defectos en el tubo neural y más de 250.000 casos de anemia. El presidente haitiano estaba tan impresionado que se ha comprometido a asegurarse de que la fortificación suceda.

Para que los niños contribuyan de manera significativa a Haití cuando crezcan, es vital mejorar las condiciones para hacer negocios. Muchas personas sugieren que la mayor barrera económica de Haití es la falta de electricidad confiable. El haitiano promedio consume sólo 39kWh durante un año. Menos de un tercio tiene acceso a la electricidad – y por solo 5-15 horas al día.

Nuestros investigadores encontraron que la reforma costaría alrededor de $33 millones. Sugieren cambiar el marco institucional y normativo, corporativizar y reformar el proveedor y establecer tarifas que reflejen los costos.

El resultado sería una reducción significativa de las pérdidas y electricidad más confiable. Cada dólar generaría $22 de beneficios sociales.

Se eliminaría la fuga de $200 millones de dólares en el presupuesto de Haití. El distinguido economista haitiano Kesner Pharel señaló que “este dinero podría gastarse mejor en áreas como la salud y la educación, para lograr mucho más”.Haití y los donantes estarán mejor equipados para enfocarse en las soluciones que lograrán el mayor provecho por cada dólar gastado.

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Periodistas canallas vs. honorables senadores

El periodismo de investigación vivió días esplendorosos la semana pasada en Chile, en contraste con la oscuridad casi terminal que exhibe el Senado. Y ambas situaciones son las dos caras de una misma moneda. Gracias al excelente trabajo de Bio-Bio, Mega, Ciper y otros medios escritos y audiovisuales, nos hemos enterado de que una tercera parte de los diputados, al menos, ha pagado por informes plagiados total o parcialmente, con el consiguiente perjuicio para todos los contribuyentes. Además, dejaron al descubierto las inconsistencias y contradicciones de candidatos como Alejandro Guillier, quien en sus buenos tiempos como periodista llegó a enfrentarse a la Justicia con tal de exponer lo que, a su juicio, era incorrecto o corrupto, y de autoridades como el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien en dictadura sufrió el exilio por enfrentarse a los abusos, pero quien ahora aparece ante la opinión pública como un autócrata que se niega a rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el Ministerio Público, y desoye las exigencias de más transparencia que le llegan desde los medios de comunicación.

Muy encomiable fue el trabajo de esa docena de periodistas que durante meses estudió y  comparó cientos de informes de la Cámara de Diputados, sorteando, con paciencia y tenacidad infinitas, las barreras impuestas por la burocracia parlamentaria. Durante horas y horas, con una envidiable tolerancia a la frustración después de recibir portazo tras portazo por parte del Senado, ese puñado de reporteros realizó un trabajo de investigación serio y preciso, y expuso de forma irrefutable cuán leve e insustancial puede llegar a ser la redacción de las leyes en nuestro país y cuán millonaria puede ser la hemorragia de dinero fiscal despilfarrado.

Como antes hizo la revista Qué Pasa con el “caso Caval” y La Tercera con la trama “Mop-Gate”, los periodistas chilenos han sabido enfrentarse a los gobiernos de turno y a los políticos que han merecido reprimendas públicas por su falta de honestidad e incompetencia. No resulta sorprendente, en consecuencia, que esos mismos políticos amenazados por los periodistas se atrevan, cada cierto tiempo, a proponer más restricciones y “leyes de medios”, similares a la que han impulsado gobiernos populistas y demagógicos en Argentina, Ecuador y Venezuela.

Frente a esos ocasionales arranques revanchistas de políticos ansiosos por acallar las críticas de la prensa nacional, es imperioso que la sociedad civil se muestre atenta y precavida, pues son precisamente los ciudadanos—no los políticos—los que en primer lugar resienten la falta de libertad de información y expresión.

En estos tiempos críticos, la prensa necesita más protección que nunca y nadie, tal vez, ha expresado esa necesidad con tanta elegancia intelectual y pasión, como hizo hace algunos años el ex presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Charles Evans Hughes: “La gestión del Gobierno se ha vuelto más compleja, se han multiplicado las oportunidades de fraude y corrupción, el delito ha aumentado hasta sus cotas más altas, y el grave peligro que corremos por dejar en manos de burócratas deshonestos la salvaguardia de nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades para hacer frente a grupos criminales y a la negligencia administrativa, refuerzan la necesidad imperiosa de contar con una prensa valiente y vigilante, especialmente en las grandes ciudades. El hecho de que la libertad de prensa pueda verse menoscabada por malignos atizadores de los escándalos no hace menos necesaria la inmunidad que necesita la prensa para lidiar, sin restricciones previas, con el mal comportamiento de nuestros funcionarios”.

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Palabra de honor

De mis juegos infantiles recuerdo una escena clásica: la del niño que se comprometía a algo y, apremiado por el resto a garantizar su promesa, daba su “palabra de honor”. Era suficiente garantía, porque aun en la ingenuidad infantil intuíamos que la sanción al incumplimiento sería brutal, ya que perdido el honor los demás no volverían a jugar más con el remiso. Es que sin confianza en el cumplimiento de los compromisos no hay sociedad posible, por eso el Derecho cumple un rol esencial para la existencia de un orden social, ya que establece garantías que van más allá del honor individual, sancionando con el poder coercitivo del Estado a aquel que incumple sus obligaciones.

En todo caso, hay un requisito indispensable: que la ley, y por ende el propio Estado, cumplan siempre sus compromisos. En caso contrario, se produce la paradoja que el garante deja de ser sujeto de confianza; si eso sucede retrocedemos en dirección al estado de naturaleza idealizado por Hobbes, el del conflicto permanente, con la primacía del más fuerte por sobre el débil.

Por eso es que la ley, y particularmente los procedimientos contenidos en ella, son la primera garantía de la libertad individual, pues eliminan el arbitrio del que tiene la fuerza. Esto suelen ignorarlo los que ven en las normas una forma de acción opresiva y también los que creen que hay valores superiores al acatamiento de la ley, entre estos últimos suele darse una forma grave de soberbia disfrazada de “buenismo”.

Es lo que ha sucedido con la iniciativa del diputado del PC Hugo Gutiérrez, a la que se ha sumado la Presidenta, para eliminar el secreto que la ley estableció por un lapso de 50 años a las declaraciones contenidas en el informe de la Comisión Valech.  El Estado se comprometió -en mi lenguaje infantil “dio su palabra de honor”- a que las declaraciones que se entregaran serían secretas por el periodo señalado, pero ahora el mismo Estado pretende cambiar de opinión, incumplir su compromiso y deshonrar su palabra. No existe una buena razón que justifique el daño que se produciría para la existencia de un orden social libre y justo con tamaña felonía. Sospecho que el diputado comunista lo sabe perfectamente.

El ex Presidente Lagos ha expresado su desacuerdo con evidente molestia. Tiene toda la razón: él era Jefe del Estado cuando se adquirió ese compromiso, es él quien le puso la firma a esa ley; argüir ahora que el secreto se estableció para garantizar impunidad es una razón tan falsa como espuria, se dice de lado, solapadamente, se insinúa sin aclarar quién habría negociado esa impunidad, si el mismo Presidente o la ministra de Defensa de la época que, como nos ha recordado el propio Lagos, era la actual Presidenta Bachelet.

Por estos días está de moda hablar de legados, éste sería el peor que el PC y la Presidenta podrían dejarnos. Un país cuya palabra vale menos, cualquier niño lo sabe.

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Informe Valech

No cabe duda de que los informes Rettig y Valech han sido un aporte para establecer una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Ambos documentos debieran ser lectura obligatoria en la asignatura de “educación ciudadana” para los terceros y cuartos medios.

El debate, hoy, no está puesto en el valor histórico del Informe Valech sino en la norma que fija una moratoria de cincuenta años para hacer públicos los testimonios individuales. Se argumenta que de esta manera se protege a las víctimas, muchas de las cuales no querrían ver expuestas las vejaciones y abusos a las que fueron sometidas.

Se establece, así, una generalización que contradice los estudios más profundos sobre el tema. Anna Ornstein -sicoanalista y sobreviviente de un campo de exterminio nazi y que ha dedicado su vida a estudiar la sicología de los sobrevivientes- concluye que si algo caracteriza la vivencia interior que dejan las experiencias límites de prisión, tortura y exposición prolongada a la posibilidad de aniquilación es su singularidad y diversidad sicológica, por lo que cualquier generalización es errónea.

Hay sobrevivientes que desean que su historia sea conocida, que actúe como una denuncia, permita justicia o sirva de aprendizaje social; hay otros que experimentan vergüenza, pudor o las múltiples consecuencias de la denominada “culpa del sobreviviente”. Las víctimas se debaten entre el “grito y el silencio” diría Samuel Gerson, otro estudioso del tema.

Es también importante dilucidar cuál fue realmente el compromiso que se estableció con quienes entregaron su testimonio. Se ofreció confidencialidad, pero no se señaló cuál sería la forma que ésta adoptaría. Confidencialidad no es sinónimo de secreto. La moratoria de cincuenta años se fija después de que la Comisión Valech había concluido la recopilación de los testimonios. El compromiso de confidencialidad inicial se podía expresar de múltiples formas: en la manera de hacer públicos los testimonios individuales; en solo permitir el acceso de la justicia a ellos; en haber determinado en su momento si la confidencialidad era relevante para quien comparecía; etc.

Ahora se puede intentar hacer bien las cosas. Lo primero es derogar la norma del secreto de cincuenta años por estar fundada en una generalización sobre la sicología de las víctimas carente de sustento. Luego, poner la información, con carácter reservado, a disposición de la justicia (todas las víctimas aspiran a justicia). Y no caer en la generalización contraria: todos quieren que se dé total publicidad a su testimonio. A través de una consulta sencilla, se puede volver a escuchar a las cerca de 28 mil personas que consigna el Informe Valech sobre el uso público de sus testimonios. Volver a dar la palabra a las víctimas y sobrevivientes, y no seguir adoptando decisiones a nombre de ellas.

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Informe Valech y el secreto

La Comisión Valech individualizó a las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura. El decreto que la creó a fines de 2003 dispuso: “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.”

El informe final de la Comisión recomendó que el secreto se mantuviera por 30 años, siguiendo la experiencia internacional en estas materias. La ley que se dictó en 2004 amplió este plazo a 50 años.

A fines del año 2009, la Comisión fue convocada nuevamente (“Valech II”), en el mismo entendido de que los antecedentes se mantendrían en secreto.

¿Por qué el secreto? La respuesta no es evidente, ya que hay dos valiosos intereses en tensión.

Uno es la intimidad y dignidad de las víctimas. La experiencia que sufrieron habita en su intangible mundo interior. Quizás también en el de sus cercanos, pero, primero y muy principalmente, en ellas mismas. Es un deber moral respetar esta subjetividad.

El otro interés es el de la justicia, que busca identificar a los victimarios para juzgarlos. Los antecedentes reunidos por la Comisión podrían ser útiles a este fin.

Hace 13 años la ley resolvió la tensión garantizando por 50 años la intimidad de las víctimas y, simultáneamente, facultándolas para levantar el secreto de sus propios antecedentes cuando así lo deseen. Hoy se quiere cambiar.

Se ha propuesto levantar el secreto para los tribunales sin el consentimiento de las víctimas. Solo se necesitaría este consentimiento para hacer públicos sus nombres en los expedientes y sentencias. De no haber consentimiento, los nombres de las víctimas serían omitidos, como ocurría respecto de las víctimas de delitos sexuales en el antiguo proceso penal.

De prosperar esta iniciativa los antecedentes de las víctimas serían secretos para todos los terceros, menos para el Estado representado por los jueces. ¿Vale la pena el cambio?

Creo que no. Se alteran las reglas del juego, desconociendo una promesa que se hizo a las víctimas y al país desde el primer día. Aun cuando el acceso a los antecedentes se limite a los tribunales, ya no serán secretos. Y si bien los nombres de las víctimas podrían omitirse, la intimidad que ellas no han querido abrir quedará a disposición del Estado mucho antes de lo que prometió la ley.

Además, hay alternativas que no cambian las reglas ni desconocen promesas. El gobierno entrega beneficios a las víctimas, tiene contacto con ellas. Podría hacerles un llamado formal a que ejerzan la facultad de entregar sus antecedentes a la justicia, facilitándoles los medios para hacerlo. Esto no necesita ley.

Y, a fin de incentivarlas para que lo hagan, la ley podría contemplar una fórmula de anonimato como la que se está discutiendo. Es decir, las víctimas podrían autorizar que sus antecedentes sean enviados a los tribunales, a condición de que sus nombres sean omitidos en los procesos y sentencias.

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Ottessa Moshfegh, entrañable y cruda

El cuento norteamericano no falla a la hora de dar al menos un par de grandes libros al año. De 2017 quedará, seguro, Homesick for Another World, de Ottessa Moshfegh, una de las autoras recientemente escogidas por Granta entre las más representativas de la generación de menores de 40. Moshfegh es conocida en español gracias a Eileen (Alfaguara), un interesantísimo thriller literario, pero es por sus cuentos que merece todos los aplausos: tienen lenguaje, ritmo, capacidad para el detalle, atmósfera y personajes complejos. ¿Qué más se puede pedir?

Rodrigo Fresán llamó “neorara” a Moshfegh, mencionándola, junto a Emma Cline y Claire Vaye Watkins -otra cuentista extraordinaria, cuyo Battleborn (2012) será publicado en español el próximo año por Libros del Laurel-, como heredera de Joy Williams y su “inmaculada y turbulenta versión de realismo sucio” (hay también ecos de Flannery O’Connor). En efecto, es suficiente leer las primeras frases del primer cuento de Homesick, Bettering myself, para captar el ethos de esta escritora: “Mi clase estaba en el primer piso, al lado del salón de las monjas. Yo usaba su baño para vomitar por las mañanas”.

La narradora de Bettering myself es un típico personaje de Moshfegh: una mujer divorciada en los márgenes de la sociedad, con algún tipo de adicción, enseñando en un colegio de mala muerte y haciendo todo lo posible para que la echen (contar chistes vulgares a sus alumnos, darles los resultados de los exámenes con anticipación). Su relación intensa con el cuerpo y sus fluidos es una marca de estilo: cuando el narrador de Dancing in the moonlight recibe un correo de la mujer que le interesa, va al baño a “vomitar con alegría”; en Malibu, el tío del narrador va a todas partes con su bolsa de colostomía (su sobrino se ocupa de limpiarlo). Lo que para otros es sórdido y abyecto es aquí no solo parte natural de la vida sino también algo digno de celebración.

Moshfegh es maravillosa para retratar personajes;  Mr. Wu y No place for good people funcionan a partir de la exploración de una psiquis y sus vicisitudes. Los personajes dañados y extraños que abundan en el libro no pierden el humor pese a su desesperación: en A dark and winding road, el narrador se encuentra con una chica que va en busca de su hermano y se hace pasar por el amante gay del hermano. Otra cosa que no pierden es la autoestima, gracias a una generosa capacidad para el autoengaño: en An honest woman, Jeb puede ser derrotado por la vida, pero aún así es capaz de pensar que “él podría ser un Dios en la tierra si tan solo encontrara la tribu adecuada; qué lindo sería, que lo idolatraran y amaran”.

Esos cuentos van conformando un retrato entrañable y crudo de un Estados Unidos de ciudades e individuos alejados del sueño americano: “imagínate una calle vacía con un auto estropeado, un triciclo oxidado abandonado en la vereda, una mujer arrugada rascándose mientras riega su jardín de colores pardos, la manguera retorciéndose perversamente en su puño apretado” (así se describe en Slumming la ciudad de Alna, modelo básico de las ciudades de Homesick).

Es difícil escoger el mejor cuento: podría ser The beach boy, por la profundidad con la que se revela el drama de un viudo al enterarse de secretos de su mujer recién fallecida; Nothing ever happens here, por la sorpresiva construcción de afectos en medio del mundo de sueños frustrados de los aspirantes a triunfar en el cine; No place for good people, por su forma de balancear humor con incorrección política en esta historia de un encargado de adultos “retardados” (”la palabra no me ofende siempre que sea usada correctamente, sin compasión”). Lo cierto es que casi todos estos cuentos son perfectos.

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