Pedro Cayuqueo's Blog, page 211

Chile y el Perú: #UnaSolaFuerza

COMIENZO SUMÁNDOME al agradecimiento expresado por Pedro Pablo Kuczynski al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por el valioso apoyo prestado al Perú en las difíciles circunstancias que atraviesa -intensas lluvias e inundaciones que en el norte y centro del país siguen causando víctimas, miles de damnificados y daños materiales incalculables. Es importante señalar que, así como cuando el Perú recibió el pedido para ayudar con sus brigadas de lucha contra incendios forestales en el sur de Chile hace solo unas semanas, la respuesta en este caso fue también inmediata, decidida, y por demás generosa.

He sido testigo privilegiado de la excelencia que demuestran en sus tareas las instituciones involucradas en la gestión de desastres y de la precisa coordinación que existe entre ellas -Onemi, Interior, Defensa, cancillería, etc. – y con sus pares peruanas, a las que se suman la Iglesia y la Cruz Roja, entre otras organizaciones cuya solidaridad resulta elogiable. Cabe ahora reflexionar sobre los desafíos que traen estos desastres que de forma cada vez más imprevista, frecuente y con consecuencias más devastadoras, se suceden en la región.

Nuestra integración en este contexto no se basa en una idea o estrategia común -como el exitoso caso de la Alianza del Pacífico, ahora bastión de la apertura y liberalización comercial en el continente y en todo el Asia Pacífico- ni en una diplomacia que responde a la reciprocidad. Esta nueva forma de integración cooperativa parte de la urgencia para ser más eficientes en el empleo de los recursos disponibles y a plantear soluciones concretas frente a emergencias que afectan por igual a nuestros pueblos.

Por eso, países vecinos como Chile y Perú -además de fortalecer su gobernanza e institucionalidad- requieren coordinar medidas que refuercen sus canales de comunicación y de respuesta rápida, así como compartir aprendizajes para la prevención. Esto pasa por comprender que la preparación frente a los desastres implica también un trabajo de prospectiva sobre el manejo de los recursos naturales, un mejor ordenamiento territorial que responda al crecimiento de nuestra población, y una integración armónica de nuestras estructuras productivas -que deben responder a estos cambios que el clima y la geografía traen. Pasa también por evaluar la posibilidad de contar con un set común de recursos cuyo ocasional uso y elevado costo resultaría individualmente difícil de justificar y atender pero que, como muestra la evidencia reciente, son necesarios en estas situaciones. Este es el reto que tenemos para que el futuro nos encuentre mejor preparados y, sobre todo, unidos no solo para reaccionar antes los desastres sino para gestionar nuestro potencial de desarrollo.

Así, trabajando en el marco de esfuerzos regionales, multilaterales y académicos que buscan definir cómo los países deben enfrentar estas emergencias, habremos hecho ya una buena parte de la tarea; como el Presidente Kuczynski resumió con sencillez: “No es un tema de dinero, sino de organización”.

Chile y Perú, como países vecinos responsablemente comprometidos con causas internacionales y con la integración, deben ser además la avanzada de un proceso regional que, con una visión de futuro compartido, haga realidad el espíritu de nuestro lema ante esta situación de emergencia: #UnaSolaFuerza.

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¿Garzón o Gorsuch?

BALTAZAR GARZÓN es un exjuez español que no requiere presentación; Neil Gorsuch es un juez de EE.UU. que, en estos días, comparece ante el Senado de su país como paso previo a la votación que eventualmente lo pondrá en la Corte Suprema. Los dos han sido jueces pero, de sus palabras y acciones, se aprecian modelos radicalmente distintos de hacer justicia. ¿Cuál es el correcto?

Garzón estuvo en Chile la semana pasada. Se hizo famoso por invocar la jurisdicción universal en materias de derechos humanos para perseguir no solo a Pinochet sino que también a Bin Laden y muchos más. No vale la pena detenerse en la polémica que siempre generan sus visitas (el episodio de Mariana Aylwin nos debió haber dejado muy claro que impedir el ingreso de extranjeros es una cuestión que solo ocurre en dictaduras como la cubana y no en países libres como el nuestro). Tampoco en el caso que lo expulsó de la judicatura (por prevaricación según sentencia dictada por la unanimidad del Tribunal Supremo español). Lo que interesa ahora es su visión del rol del juez.

En entrevista a La Tercera sostuvo que el juez debe “poner a la víctima en primer plano y reivindicar los derechos humanos como premisa básica de toda actuación política, judicial o social”. Hace algunos años fue más gráfico. Cuestionó la imagen de una justicia con los ojos vendados y llamó a los jueces a tener los ojos muy abiertos: “¿Dónde están los problemas? Pues allí tiene que estar”. Los jueces no pueden estar con las elites, concluía. Nos propone, en resumen, un juez activista, reformador social, que desconoce la neutralidad para favorecer a una parte que aparece como víctima.

Gorsuch es la otra cara de la moneda. En las audiencias para su confirmación ha mostrado, como reportea NPR, “una desapasionada neutralidad judicial casi escalofriante”. Su apego a la ley y a los precedentes es total. Por eso es que ha sostenido que los jueces no pueden involucrarse en cuestiones políticas y que no deben aproximarse a los temas como si nunca antes hubieran sido decididos. Ante la pregunta de una senadora que le pedía una declaración respecto al financiamiento de una campaña, Gorsuch respondió que la ley la autorizaba y que, si querían cambiarla, “la pelota estaba del lado del Congreso”.

Pero tal vez la frase que lo refleja de la mejor forma es aquella en que afirma que “un juez a quien le gustan todas sus sentencias es muy probablemente un mal juez… promueve los resultados que prefiere en lugar de los que la ley le exige”.

¿Quién tiene la razón? ¿El juez héroe que propone Garzón o el deferente de Gorsuch? Seguramente éste último está más cerca de lo correcto: un juez no es un reformador sino que un aplicador del derecho, que se enfrenta neutralmente a las partes en contienda. La posición contraria olvida que el foro para promover el cambio social son los poderes de representación democrática y no una posición que, vestida de ropajes de imparcialidad, toma partido más allá de la ley que regula el caso.

Mucho discutimos de quién es el buen gobernante o el buen parlamentario. Pero, a veces, olvidamos quién es el buen juez. Garzón y Gorsuch nos ayudan a recordarlo.

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La fuerza del cambio

ES BASTANTE probable que quienes piensan que a Chile no le conviene pensar en una nueva Constitución sientan un cierto alivio. Al mirar el panorama político comprueban que, efectivamente, son otros los temas copan la agenda pública actual. Comprensiblemente, la atención ciudadana se concentra hoy en la necesidad de un mayor crecimiento económico, las demandas por mejores pensiones, el reclamo por más seguridad, etc. Supongo, además, que los defensores de la Constitución de 1980 observan complacidos la debilidad -¿transitoria?- que exhiben las fuerzas políticas reformistas. Después de la efervescencia de 2011, las mayorías electorales de 2013 y el ejercicio participativo de 2016, entendería que, para efectos de sus temores, esos amigos momios sintieran que “ya pasó lo peor”.

Sin ánimo de arruinarle la tranquilidad a los partidarios del status quo constitucional, quisiera plantear que, en mi opinión, ellos se equivocarían si confundieran el hecho que un tema pierda, transitoriamente, preeminencia, con el eclipse definitivo de una demanda social. La demanda por una nueva Constitución no es una moda superficial. Es un reclamo profundo y extendido. Por lo mismo, tiene una fuerza propia que sobrevive a los altibajos de la Cadem semanal. La juventud es particularmente sensible a este problema. No pasará mucho tiempo para que vuelva con mucha fuerza al centro de la agenda. Mientras tanto, hay que saludar a quienes abordan, con argumentos, los problemas de fondo involucrados. En ese sentido, quisiera invitar a leer un excelente libro nuevo. Me refiero a “Una Nueva Constitución para Chile”, de Genaro Arriagada, Jorge Burgos e Ignacio Walker. El texto, que será lanzado pasado mañana, contiene un diagnóstico reflexivo sobre nuestros problemas institucionales y discute con altura de miras cuáles serían las mejores soluciones. Se trata, sin duda, de un aporte sustantivo para el análisis de una cuestión importante.

No me cuesta mucho, en todo caso, imaginar la reacción que producen columnas como éstas en amigos conservadores. “¡Dale con la misma historia!”, “¿Hasta cuándo la majadería del cambio constitucional?” o “¿Cuándo se va a dar cuenta Zapata que esta es una idea sin destino?”.

La verdad es que ese tipo de reacciones de ninguneo las he visto muchas veces antes. Y de parte de los mismos. Las experimenté allá por 1999 cuando gente como Joaquín Lavín decía que las propuestas para eliminar los senadores designados y la inamovilidad de los comandantes en jefe le importaban un comino a la gente. Las viví allá por el 2006 cuando escuché decir que el tema del sistema electoral era una obsesión libresca. O en 2010 cuando los mismos de siempre reclamaban que el tema del voto chileno desde el extranjero no le interesaba a nadie. El hecho es que, como lo sabemos, la estrategia del ninguneo no funcionó. Los senadores designados fueron eliminados. El binominal ya no corre. Este noviembre nuestros compatriotas en Suecia o Australia van a poder votar.

La demanda por más y mejor democracia está viva. A diferencia del ninguneo complaciente de la derecha, propuestas como las de Arriagada, Burgos y Walker contribuyen a enriquecer ese debate y señalan caminos de salida.

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Hacia una comprensión íntegra del derecho a la vida

Esta columna fue escrita junto a Ignacio Guzmán, de Construye Sociedad

Este sábado 25 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Niño por Nacer y en nuestro país hubo celebraciones en todas las grandes ciudades. Y con razón, pues la inminente aprobación del proyecto de ley que legaliza el aborto en tres causales constituye una amenaza al primero y más fundamental de los derechos humanos, cual es el derecho a la vida. Sin embargo, nos parece que existen igualmente otras circunstancias que lo amenazan y que suelen no ser consideradas como tales en el debate público: después de todo, este derecho implica no sólo que no se interrumpa el embarazo, sino también que existan las condiciones que hagan posible vivir de manera digna.

Sabido es que el Servicio Nacional de Menores, institucionalidad destinada a acoger a niños y jóvenes en marginalidad, está en deuda. A los dramáticos casos de muertes por abandono e incluso de torturas que conocimos por la prensa, se suma la indiferencia histórica del Estado: en la Ley de Presupuesto del año 2016, se le asignaron apenas 225.000 millones de pesos (para poner en perspectiva esta cifra, el proyecto de gratuidad universitaria asciende a 1.189.152 millones de pesos). Esto ayuda a contextualizar cómo es que la mitad de la población penal haya pasado alguna vez por este sistema, o que uno de cada cuatro indigentes pasara parte de su infancia en un centro residencial. Aunque sin duda aporta, la solución para garantizar una vida digna para estos niños está lejos de ser puramente presupuestaria; el recién anunciado proyecto de ley que separa la protección de la infancia y la reinserción social en servicios distintos, podría significar un primer avance. Además, se hace necesaria más creatividad: ampliar la cobertura transitoria de hogares o familias de acogida, que en Chile tienen índices de violencia seis veces menores a las instalaciones del Sename, va en línea con las recomendaciones internacionales apuntadas por un informe del IES; o trabajar con las familias, para permitir que estos niños y jóvenes vuelvan a sus hogares.

Junto con ello, se hace necesario facilitar la vida en el primer núcleo que la hace posible: la familia. En ese sentido, se agradecen los esfuerzos recientes por poner el tema de la jornada laboral sobre el debate, siendo indudable que un trabajador que pasa diariamente nueve horas en su trabajo, más al menos dos horas de traslado, dispone de escaso tiempo para dedicar a la vida familiar. Sin embargo, tan cierto como que el promedio de horas trabajadas en Chile es de los más altos de la OCDE, es que nuestra productividad laboral está muy por debajo de la media, superando solo a México dentro de este grupo. En este sentido, la respuesta no pasa por disminuciones repentinas de las horas de trabajo, sino por fijarse un horizonte de mediano plazo en el cuál, mediante un proceso gradual y acompañado de reformas que eleven la productividad, sea factible alcanzar una menor carga laboral. De lo contrario, podría ocurrir lo de Corea del Sur el 2004, que tras reducir su jornada de 44 a 40 horas, no tuvo impacto en los niveles de satisfacción de los trabajadores ni de sus familias, ante la dificultad de realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo.

Reformar el Sename e impulsar políticas que permitan aumentar el tiempo familiar, son sólo algunos de los innumerables desafíos que exige una postura a favor de la vida; además, por supuesto, de actuar con coherencia ante la inminente votación del proyecto de ley de aborto. Es de esperar que esta fecha contribuya a que todos quienes suscriben la preeminencia de este derecho, y en especial quienes competirán en la carrera presidencial, asuman un compromiso aún más firme por impulsar políticas públicas que comprendan de manera íntegra la defensa de la vida.

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Masvida y las preexistencias

Se debe evitar que el caso Masvida se transforme en una práctica de “limpieza de cartera”; eufemismo para señalar que los clientes/usuarios “poco rentables” o aquellos con preexistencias, más la tercera edad, sean traspasados al sistema público salud, incrementando con ello, las utilidades globales del sistema privado de salud; a través del desmedro de sus clientes.

El Congreso tiene la responsabilidad de evitar que inversionistas, directores y gerentes de primera línea de Masvida vuelvan a invertir o trabajar en el área de la salud, de lo contrario, podemos estar frente a una práctica para expulsar clientes desde el sistema privado de salud hacia el sistema público. Impedir que inversionistas, directores y gerencia de primera línea vuelvan a participar en el sistema de salud coartará el replicar esta práctica en otra Isapre y luego otra y otra, hasta haber incrementado en el largo plazo la rentabilidad del sistema privado de salud.

El Congreso debe legislar para evitar que inversionistas, directores y gerentes de primera línea de Masvida vuelvan a invertir en el área de salud, de lo contrario veremos Isapres quebrando y reviviendo -con inyecciones de capital- cada vez que se logre trasferir, al sistema público de salud a la

tercera edad y a los usuarios que, a las Isapres, les parezca poco rentables.

Las soluciones para los clientes actuales de la Isapre Masvida se van acotando: (1) La Isapre es comprada o absorbida por otra empresa que adquiere la cartera de clientes total, así como está. (2) La Superintendencia intermedia el traspaso o compra de la cartera de cliente a una o varias Isapres armando “paquetes-ciegos” de clientes que permita el traspaso total a una o varias Isapres la cartera de clientes y con ellos evitar se perjudique a los clientes actuales de Masvida ó (3) Dejar a los

clientes a su merced, castigando a quienes tienen una enfermedad preexiste ahora y que no tenían al momento de tomar el “seguro” de salud. También perjudicar a toda la tercera edad que deberá dejar el sistema privado de salud por siempre, aunque hayan sido leales pagadores.

Para como están las cosas en Chile, cada vez que una solución demanda la intervención de la Clase Política, la alternativa tres, el castigo al usuario/cliente de la tercera edad y aquellos con preexistencias es lo más probable que termine sucediendo. Es el contraste de salvataje y permisión magnánimo que suele hacerse a las empresas en comparación con el cuidado y apoyo a la ciudadanía. En fin.

El sistema de Isapres logró, en los primeros tres trimestres del 2016 una utilidad de $28.872 millones.  El año 2015 las utilidad fue de $37.244 millones y aun así el sistema privado, que “goza de muy buena salud”, no está obligado a absorber a los clientes “sensibles” de Masvida; cuando deberían.

Lo que está pasando es grave, se debe cuidar y proteger a los clientes de MásVida y asegurar que el desamparo en que se encuentran, no vuelva a ocurrir. Soluciones hay y … ¿voluntad?

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Voluntad de integración

La reunión ministerial convocada por Chile y la Alianza del Pacífico (AP), en Viña del Mar, para discutir las distintas alternativas para el libre comercio en Asia Pacífico, tuvo un impacto mundial. Los medios internacionales más diversos así lo demostraron. En un momento de incertidumbre y de auge de la retórica proteccionista, en Viña dimos una señal inequívoca de apertura y de compromiso con una globalización que beneficie a todos.

La reunión surgió a partir de una iniciativa de Chile en su condición de presidente pro témpore de la Alianza. Siguiendo un diálogo virtual previo entre los presidentes Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Pedro Pablo Kuczynski y Enrique Peña Nieto, los cancilleres y ministros de Comercio adoptamos un paso decisivo para el futuro de la región, que marcó el encuentro de Viña: la Alianza iniciará conversaciones con socios de Asia Pacífico para lograr acuerdos de libre comercio, con altos estándares de calidad y en plazos breves.

Todo país que suscriba un acuerdo de esta naturaleza con la AP será considerado “miembro asociado” de la Alianza. Existirán, entonces, tres categorías en el bloque: miembro pleno, miembro asociado y observador. Esta decisión da inicio a una nueva etapa de la Alianza. Seguiremos profundizando nuestra relación intra-bloque (aún falta mucho por hacer); pero, a la vez, avanzaremos hacia el objetivo de establecer acuerdos comerciales de alta calidad con nuestros vecinos de la costa oeste del Pacífico. La AP puede convertirse así en una plataforma clave para concretar la integración económica de Asia-Pacífico.

En cuanto al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), los 11 signatarios acordamos mantener contactos y reunirnos nuevamente para evaluar diferentes opciones de cómo proceder. Para Chile y sus socios TPP este instrumento, dotado de altos estándares y disciplinas, puede servir de referencia clave para fortalecer nuestro trabajo conjunto de integración.

Igualmente, los ministros y altos funcionarios dejamos establecido que existen varios modelos o enfoques (bilaterales, regionales y multilaterales) para avanzar hacia el libre comercio; que ninguno debe ser descartado y que, de hecho, pueden ser complementarios.

Paralelamente, los ministros de la Alianza del Pacífico decidimos reunirnos con nuestros pares del Mercosur en abril, para continuar con la elaboración de un plan de acción común que genere más comercio y acercamiento entre los dos bloques. Así, nuestro planteamiento de convergencia en la diversidad se hace realidad, pues hay consenso en avanzar en temas de común interés, sin perjuicio de que existan áreas en las que tengamos diferencias.

En el mundo de hoy, navegar en conjunto con nuestros socios nos llevará más rápido hacia un mayor crecimiento y desarrollo. El comercio no es un juego de suma cero; podemos ganar o perder juntos. Es hora de retomar el rumbo del progreso colectivo e inclusivo, y así quedó claro en Viña.

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Planes mal entendidos

Son recurrentes los comentarios que atribuyen a la falta de un “Plan Regulador” el caos urbanístico en diversos barrios y ciudades de Chile. La carencia de buenas plazas, mejores veredas o edificios más bellos también se atribuye a la falta de planificación. Más aún, el causante de la escasa inversión urbana asociada a la movilidad -avenidas o ciclovías- también se le achaca a los planes reguladores en no pocos casos. El problema de fondo es que los planes reguladores, tal como están definidos en nuestro ordenamiento jurídico, son en esencia mera regulación urbana y no planificación. Así es. En estricto rigor, los planes reguladores son regulación urbanística y no planificación urbana. Se controla cómo se desarrollará el stock construido (privado), pero se está lejos de poner sobre la mesa una “visión de ciudad”, un plan de inversiones, y menos aún herramientas de gestión para implementarlo. El descrédito de la planificación urbana en Chile, pasa en parte no menor, por un mal entendimiento de la misma. Los planes reguladores fundamentalmente regulan y escasamente planifican la ciudad. Hoy le pedimos a un plan regulador algo que no nos puede dar.

Los planes reguladores se aprueban habitualmente a destiempo de la realidad, con desfases de diagnósticos de hasta 10 años. Desfases que los dejan, muchas veces, obsoletos no solo respecto del desarrollo de iniciativas privadas, sino de los proyectos de inversión pública, de la realidad socioeconómica y también demográfica. La realidad supera con creces al instrumento. Un ejemplo varias veces citado es de la Radial Nororiente, que se encuentra construida; sin embargo, en el Plan Metropolitano, aún está vigente una Radial que no se ajusta a la realidad, cuya necesidad de ejecución es discutible y, más aún, su factibilidad improbable.

Pensemos en el sector eléctrico como punto de comparación. El rezago de las inversiones respecto de la demanda energética no tiene nada que ver con la regulación, sino con la falta de planificación. El sector eléctrico es uno de los más completos y sofisticados en lo que a regulación se refiere, sin embargo, el adelantarse a los escenarios de desarrollo o la definición de inversiones estratégicas, etc., no puede suplirse con regulación.

Asimismo, aún cuando hubiese real planificación urbana, que defina escenarios de largo plazo, con inversiones y gestión de por medio, no podemos descansar en que con la sola planificación nuestras ciudades serán más bellas o estéticas. Es el diseño urbano el llamado a definir y guiar el actuar físico de “públicos y privados”, para que nuestros entornos sean bellos y constituyan el marco adecuado para que la arquitectura sea la apropiada a cada lugar.

En resumen, debemos avanzar primero en ponernos de acuerdo en cada concepto. Sin ese acuerdo es difícil no seguir dando pasos erráticos. Con eso claro, veamos cómo podemos perfeccionar nuestra regulación urbanística, cómo podemos implementar verdadera planificación urbana y, finalmente, cómo con la incorporación del diseño podemos agregar calidad, carácter y belleza a nuestros barrios y ciudades.

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Carabineros y las campañas presidenciales

EN LAS últimas semanas se ha conocido una millonaria defraudación al interior de Carabineros de Chile. A la fecha son inciertos los montos involucrados y el total de funcionarios y civiles que habrían participado. No obstante, ya se avizora que se trataría del caso de defraudación de fondos públicos más grande y complejo que ha conocido nuestro sistema procesal penal.

Como es obvio, el caso no ha dejado a nadie indiferente. Carabineros es por lejos una de las instituciones estatales de mayor prestigio y que genera más confianza en la ciudadanía, según encuestas de opinión pública de diverso tipo. De otra parte, resulta indudable que cumple una función clave para el estado de derecho contar con policías legitimadas ante la ciudadanía; por lo mismo, es un valor que debemos cuidar como país.

En este contexto, el caso ofrece la posibilidad de tener una mirada un poco más compleja acerca de la institución y sobre la evidente necesidad de iniciar un debate serio para democratizar, profesionalizar y modernizar su trabajo. La paradoja que se produce es que los altos niveles de confianza pública con que cuenta la institución, junto con ser un enorme capital, parecieran haber jugado el rol de obstaculizar este proceso de discusión. Lo que se aprecia es que, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, diversas autoridades se han preocupado más de ser una suerte de voceros del punto de vista policial, que de mirar objetivamente su funcionamiento. De esta forma se suelen esgrimir eslóganes de todo tipo para responsabilizar a otros actores del sistema por los fracasos, más que mirar los datos y la evidencia disponible que dan cuenta de algunos problemas importantes del trabajo policial, generando un verdadero punto ciego. Esto ha llevado a que las políticas públicas más relevantes en el sector en los últimos años, hayan sido los aumentos de presupuesto, de dotación y la propuesta de reformas legales de reforzamiento de sus facultades. Es más, estas políticas han sido la promesa central contenida en los programas de varios candidatos a la presidencia en las dos o tres últimas elecciones. El impacto de ello no ha sido menor. Por ejemplo, en la actualidad, la principal proporción del gasto público que se invierte en materia de delincuencia está asignado a las policías (49,1% del total) y dentro de ellas a Carabineros (38%), todo esto en un contexto de aumento significativo del mismo entre los años 2013 y 2015 (9,2%). En forma paralela, no ha habido una mejor regulación de los deberes y mecanismos de rendición de cuentas ni los sistemas de control democrático en el uso de estos recursos y facultades.

Las campañas presidenciales ofrecen la oportunidad de plantear el desafío de pensar y discutir qué policía queremos en el contexto actual y, especialmente, cómo podemos hacer de Carabineros una institución más democrática, profesional y moderna. Esto supone cambiar el foco de cómo se ha discutido el tema hasta ahora, y hacer una reflexión seria basada en evidencia y en un conocimiento más profundo sobre el trabajo y funcionamiento de las policías en Chile. La invitación para los distintos candidatos es a dejar de lado los eslóganes fáciles y las propuestas de siempre, para comprometerse en una mirada más profunda, de largo plazo y concebida como una política de Estado.

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La polémica inoportuna

La Ministra Alejandra Krauss, sorpresivamente anunció que la línea del gobierno iba a ser que el 5% adicional de cotización que se hará para aumentar las pensiones no iba a ser administrado por las AFP. El enojo del Ministerio de Hacienda era esperable, pero lo que fue inédito fue el duro comunicado con el que rechazó la posición de trabajo.

En general Hacienda ha defendido siempre sus puntos con estrategias de silencio. Un economista por aquí, otro por allá que critica a otros ministerios por populistas, la Dirección de Presupuestos haciendo lo suyo cortando recursos o evaluando mal programas, algún que otro off y en casos muy extremos, una visión general del Ministro en algún seminario Icare u otra zona de confort similar.

Pero nunca Hacienda opera entrando a la arena donde corre la sangre de los toros. Y muchísimo menos en la misma semana donde va a ocurrir la marcha no + AFP. Si en las marchas anteriores, los manifestantes portaban carteles pidiéndole matrimonio al diputado Andrade, por la polémica pensión de su esposa, ahora será el turno del Ministro de Hacienda, quien aparecerá en los carteles como escudero de las odiadas AFP.

Para el gobierno la reactivación de esta polémica es un pésimo negocio. No solo porque ocurre en la semana del movimiento ciudadano más masivo durante este gobierno, sino porque había sido también la semana que el gobierno había buscado un reimpulso legislativo con la firma de dos proyectos emblématicos: los que reforman la CONAF y el Sename. Ambos lanzamientos era la respuesta a la contingencia reciente, donde el gobierno había quedado en entredicho. Y por cierto, les habían reventado crisis, sin hacer los cambios institucionales que se habían prometido hace mucho.

En primer lugar, la reforma al SENAME era la respuesta a la serie de revelaciones sobre el trato que reciben en esa institución los menores y la crisis provocada por la seguidilla de caídas de directores de la institución a cargo de proteger a los menores.

En el segundo lugar, la reforma a la CONAF es la manera que tiene el gobierno de decir que leyó correctamente los problemas de manejo de los incendios en el verano. Y si bien, por razones inexplicables, había decidido dejar en su cargo al director, convertido en meme por su frase que los aviones no apagan incendios, la reforma a dicha institución tenía un consenso amplio y permitía anotarse un punto valioso para la Moneda.

Ahora, con la instalación de la polémica entre Trabajo y Hacienda por el tema del manejo del 5% y las duras palabras de estos días, la presión cambiará de sentido. Se instalará la necesidad de legislar rápido sobre el tema, pues la DC se comprometió a apoyar con todo a la Ministra Krauss y toda dilación será entendida como un triunfo de Hacienda.

Una legislación rápida puede calmar a las tropas de la Nueva Mayoría, pero será una jugada muy riesgosa. En primer lugar, nunca será suficiente para el movimiento ciudadano, que dirá un argumento con una lógica aplastante. Si el gobierno considera que las AFP no deben administrar el 5% adicional ¿Por qué entonces permite que siga administrando las cotizaciones actuales que alcanzan un 10%?

Por otro lado, el gobierno, para que pueda ser aprobada los cambios al sistema de pensiones, deberá tener un acuerdo con la derecha. No hacerlo permitirá al candidato Piñera, volver al discurso que la Moneda no renunciará a la retroexcavadora hasta el último día. Y no hay deseos en la oposición, en año electoral, de darle tal regalo a la Moneda.

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Los estadounidenses blancos se están muriendo

En Estados Unidos, los hombres blancos de mediana edad y con menos educación se están muriendo a un ritmo inusitado. De hecho, su tasa de mortalidad es mayor que la de los hispanos o los negros de su misma edad y de su mismo nivel educativo. La mortalidad de los blancos menos educados es también mucho más alta ahora de lo que había sido hasta comienzos de este siglo. Este es un fenómeno exclusivamente estadounidense. En otros países desarrollados no sucede.

Esta es una de las conclusiones de un estudio que acaban de presentar en Washington el Premio Nobel de Economía Angus Deaton y Anne Case, una destacada economista de la U. de Princeton (y esposa de Deaton).

Ya en 2015, estos dos economistas habían causado revuelo con un estudio que por primera vez documentaba el trágico aumento de las muertes entre los estadounidenses blancos sin estudios universitarios. Mientras que en 1999 su tasa de mortalidad era un 30% más baja que la de los negros de sus mismas características, para 2015 la mortalidad de los blancos era un 30% más alta que la de los afroamericanos.

Estos cambios en EE.UU. revierten décadas de progreso. Durante el siglo pasado, y aun hoy, la mortalidad a nivel mundial ha venido cayendo al 2% cada año, en todos los países y en todas las categorías demográficas. Pero los norteamericanos blancos sin mucha preparación académica son la excepción. ¿Qué pasó? Pues que, en este grupo, los suicidios y las muertes por sobredosis de drogas y por alcoholismo aumentaron drásticamente. El cáncer y las enfermedades cardiacas también se agudizaron, así como la obesidad. Desde el 2000, las muertes por estas causas entre los blancos no hispanos, entre 50 y 54 años de edad, se han duplicado. Y para 2015 morían a una tasa dos veces mayor que la de las mujeres blancas con las mismas características (y cuatro veces más que la de los hombres blancos que alcanzaron a ir a la universidad).

Una explicación común para esta tragedia es el desempleo que afectó duramente a este grupo de trabajadores, tanto a causa de la crisis como por la globalización y la automatización de la producción, que están haciendo desaparecer los puestos de trabajo de baja calificación.

Deaton y Case no dudan de que el desempleo y la consecuente caída en los ingresos son factores importantes. Pero según ellos no son suficiente explicación. ¿Cómo se explica, si no, que los hispanos y negros que también perdieron sus empleos e ingresos aumentaran su longevidad? ¿Y por qué entre los trabajadores europeos que fueron víctimas de los embates de la gran recesión de 2008 y las políticas de austeridad no se dan las letales tendencias que afectan a los trabajadores blancos estadounidenses? Es más, en Europa, la longevidad de quienes tienen menos años de estudio (y menos ingresos) ha seguido subiendo -y a más velocidad- que la de los europeos con mayor nivel educativo.

Según los dos economistas, las causas más profundas de este fenómeno tienen que ver con lo que ellos llaman “desventajas acumulativas”. Estas son condiciones debilitantes y hábitos disfuncionales que este grupo humano ha ido acumulando durante toda su vida como reacción a profundas transformaciones económicas y sociales. Con frecuencia comenzó con el abandono de los estudios secundarios y la entrada temprana en el mercado de trabajo en épocas de empleos abundantes y salarios atractivos. Son hombres que no ven un futuro mejor ni para ellos ni para su familia.

Esta desesperanza causa gran sufrimiento. En Estados Unidos, la mitad de los hombres desempleados toma medicinas contra el dolor y dos tercios consume opioides. El abuso de estas drogas se ha convertido en una gravísima epidemia. En 2015, más estadounidenses fallecieron por sobredosis de drogas que por armas de fuego y accidentes de tránsito. ¿La abrumadora mayoría de las víctimas? Hombres blancos.

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