Pedro Cayuqueo's Blog, page 207

La teleserie previsional: mala forma y peor contenido

Los anuncios en materia previsional, que se han ido filtrando desde la mesa de conversaciones del Ejecutivo, se han tomado los titulares de los medios de comunicación. Lamentablemente, no porque sean soluciones técnicamente valorables, sino por los conflictos internos que trasuntan, las influencias de la llamada posverdad y lo más grave, por significar retrocesos en la solución del problema de fondo; mejores pensiones para todos los trabajadores.

El tema partió con el impasse de la Ministra del Trabajo, que adelantó uno de los anuncios  principales; el destino del 5% de cotización adicional, con su ya famosa frase, en la saga de la legendaria “retroexcavadora”; “ni un peso más para las AFP’s”. El Ministro de Hacienda reaccionó con disgusto, lamentablemente no motivado por lo equivocado del postulado, sino por la filtración antes de tiempo. El concepto detrás de esta frase es un claro tributo a la era de la posverdad, ya que involucra una opción que, en vez de favorecer a los trabajadores, los perjudica. Esto por dos razones; la primera es que si hay algo que ha funcionado bien en nuestro sistema previsional es la administración de los fondos por parte de las AFP’s, y la segunda es que si son éstas las que manejan la cotización, no habría ningún costo adicional para los afiliados -la comisión es un porcentaje del ingreso mensual del trabajador, no del fondo-, lo que no sería factible bajo cualquier otra alternativa. Pero la gravedad de estos dichos errados va más allá, por cuanto contribuyen en forma importante a la campaña de desinformación y mentiras en materia previsional que lleva ya varios años. Mal la podremos revertir si son los Ministros de Estado sus principales auspiciadores.

Tampoco es buena noticia que esa cotización adicional sea “con cargo al empleador”. Sabemos que eso es una ficción, y que finalmente se trata de un impuesto al trabajo formal, reconocidamente el más ineficiente y regresivo de los tributos ¿De qué magnitud es este impuesto? Utilizando los datos de cotizantes dependientes e ingreso promedio imponible actual, sería la nada despreciable cifra de US$ 3.700 millones anuales, equivalente a la mitad de lo que se esperaba recaudar con la reforma tributaria de 2014.

Sumándose a las malas ideas, sólo la mitad de esta cotización adicional iría a las cuentas individuales, y con el resto se crearía un mini sistema de reparto, que no por ser de menor envergadura deja de tener todos los problemas de ese esquema, cuando además la demografía juega claramente en contra. El resto iría supuestamente a las cuentas individuales, aunque sólo supuestamente, ya que al no ser heredable, de acuerdo a otra de las filtraciones de la mesa de conversaciones, no parece claro entonces el derecho de propiedad sobre los fondos. Esto, además de tener probables vicios constitucionales, genera un problema práctico entre el retiro programado, que tiene opción de herencia, y la renta vitalicia. Obviamente se genera un incentivo a optar por la segunda opción, que no estaría expuesta a expropiación en caso de fallecimiento.

Por último, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, contraviniendo su nombre, se ha manifestado en contra de ir igualando paulatinamente la edad de jubilación de hombres y mujeres, a pesar de que esta diferencia en la edad de retiro es la causa más importante para explicar la brecha en las jubilaciones de ambos.

En definitiva, con lo que se conoce hasta ahora, si finalmente el gobierno manda al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional, pasaría a ser el broche de oro de las negativas reformas estructurales que nos está dejando de herencia.

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Reflexiones sobre la democracia representativa en Chile

La democracia representativa es una alianza un tanto incómoda, así lo relata Hanna Pitkin (2004) en su ensayo del mismo nombre (an uneasy Alliance). La autora plantea que desde sus orígenes, la democracia consistió en un ejercicio político directo de los ciudadanos, que nace en la antigua Grecia, en que los hombres libres votaban y participaban en asambleas, sin cuerpos políticos intermedios. No obstante, para poder avanzar en eficiencia gubernamental las repúblicas modernas, decidieron incorporar la representación utilizada por las monarquías, quienes enviaban a sus representantes a cobrar los tributos a distintas partes de los reinos, a vigilar controversias y resolver asuntos de gobierno.

Tal como la conocemos en estos días, la democracia representativa en ciertas oportunidades tiende a sufrir tensiones (debe ser por este forzado matrimonio), por lo que el concepto de representación política ha sufrido fuertes cuestionamientos en estos tiempos.

Pitkin (1967; 2004) nuevamente nos entrega un marco analítico para poder encuadrar las distintas acepciones de un término tan complejo. Ella hace referencia particularmente a dos conceptos de representación: descriptiva y sustantiva, que vale la pena desarrollar, para intentar comprender los fenómenos políticos que están sucediendo en el Chile actual.

La representación descriptiva se refiere a que los representantes actúan basados en la conexión que poseen con sus grupos de electores y actúa en la lógica del reflejo/semejanza (espejo). En cambio, la representación sustantiva conlleva al ejercicio de la representación política por medio de la detección de los intereses ciudadanos, y se espera que el “representante actúe a favor del interés de los representados” (Pitkin, 1967).

Diversos estudios de opinión púbica han reflejado sistemáticamente el desgaste de los partidos políticos en Chile, particularmente en los últimos diez años, éstos han venido decayendo estrepitosamente, alcanzando en la actualidad su nivel de confianza institucional más bajo, el cual no supera el 3% (equivalente al margen de error de cualquier encuesta). Por lo que se podría deducir que los partidos tradicionales ya no representan a nadie.

En un contexto de desencanto y de desgaste de los cuerpos representativos convencionales, han emergido una serie de alternativas, como Revolución Democrática, Movimiento Autonomista/Izquierda Autónoma, y otros grupos de izquierda que lograron confluir en el denominado Frente Amplio. Por otro lado, al interior del Partido Socialista Fernando Atria dio un respiro al conservadurismo y ha obligado a que se retomen una serie de discusiones políticas, al parecer olvidadas, fortaleciendo a uno de los sectores más críticos al establishment, y que pese a la renovación de rostros, cabe destacar que siempre ha existido en esas filas.

El domingo recién pasado el Partido Socialista celebró sus elecciones internas. Para sorpresa de la opinión pública, pese a su aparente falta de musculatura política, logró convocar una cantidad similar de adherentes a votar, que en la polarizada elección de 2015, alcanzando por completo su proceso de refichaje en todos los rincones del país.

El escenario esta vez resultó algo extraño. En un escenario que se plantea como desgastado y con mucha crítica (a veces beligerante) contra del conservadurismo político y el statu quo que representan los/as mismos /as de siempre, la lista C Unidad Socialista, que hizo confluir a los sectores mayoritarios del Partido Socialista, excluidos Izquierda Socialista (sector de Atria), Osvaldo Andrade, Maya Fernández Allende y Gonzalo Durán, alcanzó el 20% de la votación, versus el 80% que obtuvo la lista continuista a la gestión de Isabel Allende.

Es de común conocimiento la capacidad de movilizar personas que posee el Partido Socialista. Después de este ejercicio electoral quedó demostrado que sigue siendo un partido con raíces sociales fuertes, y que justamente son esas bases las que entregaron un contundente apoyo a una propuesta “moderada”, y que prometía compactar al Partido Socialista, a modo de prepararse para la difícil contienda presidencial del presente año, en que puede pasar cualquier cosa.

¿Qué nos dice este resultado? Hoy en día es difícil pronosticar resultados electorales futuros. En un escenario de descontento social e inmovilismo ciudadano, en un contexto de alto fraccionamiento del sistema de partidos y dificultades de ordenamiento de las élites partidarias, por lo que es probable que pueda pasar cualquier cosa. Sin embargo, es preciso hacer un alto en este punto, pues hay dos hechos que permiten una reflexión mayor.

Es importante aclarar que por lo general, no se deben comparar elecciones de diferente naturaleza, por lo que se recurrirá a la elección municipal de 2016 sólo para ejemplificar.

La elección en la comuna de Valparaíso y el triunfo del Frente Amplio el 2016, contó con un 69% de abstención electoral, en que las personas que habitan los cerros y aquellas menos educadas, decidieron simplemente marginarse de la elección. El alcalde Jorge Sharp obtuvo su triunfo, no sólo por el respaldo de sus adherentes, también contó con los votos de la Nueva Mayoría y de la Alianza, particularmente de sectores más educados, quiénes cansados de una deficiente y clientelista gestión municipal, no vieron otra opción plausible que apoyarlo, situación que le permitió ganar, pero contrario a lo que se piensa, no logró movilizar a los desencantados, pues la comuna registra incluso 3% más de abstención que la elección de 2012. Es importante agregar también, que las elecciones municipales (para tener cuidado con las comparaciones), poseen desde hace algunos años mayor volatilidad que otras. Por lo que no resulta extraño que desafiantes hagan perder a incumbentes que llevan años en sus cargos (Luna & Altman, 2011).

 

El segundo hecho es precisamente lo que pasó con el sector de “izquierda” del Partido Socialista, que si bien logró movilizar personas, no pudo reclutar un número significativo de militantes que le permitiera disputar la hegemonía del aparente conservadurismo encabezado por Álvaro Elizalde.

Si pensamos entonces en el concepto de representación sustantiva, de sectores que se atribuyen la delegación de poder de las bases, será necesario detenerse a pensar y reflexionar sobre el posible éxito del Frente Amplio.

Beatriz Sánchez, sin duda es una de las figuras más atractivas en la carrera presidencial. Nadie dudaría jamás de su profesionalismo, franqueza y carisma, pero su grupo político si bien está aglutinando el enojo colectivo, la plantilla parlamentaria, ha sido poco estudiada, y procura crecer a costa de la Nueva Mayoría y no de la derecha. Situación que podría complicar los ánimos, encontrando reacciones beligerantes en su contra, por parte de sectores con quienes deberían tender puentes, en un Chile que requiere de transformaciones profundas. Obviando el componente de la representación sustantiva del pueblo, incluso sin formar parte de éste.

La ciencia política afirma que los electores, siempre buscarán situarse en posiciones intermedias, alejándose de la confrontación dura y radical en la arena política (teoría del votante medio), por muy mediática que sea la candidatura, los votantes tenderán a rechazar el conflicto, la confrontación y las posiciones extremas.

Será preciso observar entonces los acontecimientos en este convulsionado año electoral, que recién comienza.

Fuentes:

 

Luna, J. P., & Altman, D. (2011). Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization. Latin American Politics and Society, 53(2), 1-28.

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. Univ of California Press.

 

Pitkin, H. F. (2004). Representation and democracy: uneasy alliance. Scandinavian Political Studies, 27(3), 335-342.

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Proyecto de ley sobre la protección y tratamiento de datos: un avance necesario

En nuestra vida cotidiana, muchas veces no estamos conscientes de la cantidad de datos personales que diariamente entregamos a terceros, mediante el uso de aplicaciones en nuestro celular, la navegación que hacemos en internet o nuestros hábitos de consumo reflejados en una tarjeta de crédito, ni sabemos de qué modo se utiliza esa información. Con el fin de tener un regimen legal acorde a un estándar internacional que regule el tratamiento de dicha información, el pasado 13 de marzo finalmente se firmó el proyecto de ley que busca actualizar e introducir modificaciones sustanciales a la actual ley No. 19.628 “Ley Sobre Protección de la Vida Privada”, comúnmente llamada Ley de Protección de Datos.

Si bien aún es incierto si se logrará aprobar el proyecto antes que finalice este gobierno y si en dicho proceso el proyecto no sufrirá ulteriores modificaciones, es importante reconocer que se trata de un gran avance respecto a la ley actual. El mismo proceso pre-legislativo fue ejemplar, en cuanto se convocó a la sociedad civil, gremios y organizaciones no gubernamentales a participar en la elaboración del mismo. Se buscó consensuar posturas y recoger la opinión de quienes más saben del tema en el país. Algo digno de imitar, en un contexto legislativo que no se ha caracterizado por el diálogo o consenso.

Ahora bien, al analizar el fondo del proyecto, existen varios puntos destacables. Entre ellos, resalta la creación de una verdadera institucionalidad encargada en velar por el correcto tratamiento de los datos personales de los ciudadanos y el otorgamiento de facultades fiscalizadoras y sancionadoras, contra entidades públicas y privadas, contra violaciones a la nueva normativa.

Se solía decir que la gran falencia de nuestra ley anterior, era que “no tenía dientes”, refiriéndose a que no tenía adecuados mecanismos de fiscalización ni sanción, más allá del recurso de habeas data, rara vez usado. En contraste, el actual proyecto contempla  la creación de una Agencia de Protección de Datos, con autonomía y presupuesto propio, encabezado por un Director seleccionado por sistema de Alta Dirección Pública, el cual junto con velar por el cumplimiento de la norma, tiene entre otras misiones realizar acciones de difusión e información a la ciudadanía en relación al respeto y protección del derecho a la vida privada y a la protección de sus datos personales.

Respecto a la sanciones, éstas pueden llegar a ser considerables dependiendo de su gravedad.  Por poner un ejemplo, no disponer de una dirección de correo electrónico a través del cual los titulares de datos puedan dirigir sus comunicaciones o ejercer sus derechos conlleva una multa de 1 a 50 UTM. Infracciones gravísimas como comunicar o ceder a terceros, a sabiendas, datos personales sensibles sin el consentimiento del titular, puede significar una sanción de 5000UTM,  que podría llegar a triplicarse hasta los 15000UTM, si ha existido reincidencia.

Si bien algunos señalan que en regímenes comparados, en la práctica la mayoría de las sanciones efectivamente  aplicadas son de mucha menor magnitud, se hace necesario poner estas cifras en su contexto internacional. La Information Commisioner’s Office (ICO) la institución a cargo de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en el Reino Unido, el año pasado aplicó multas por un total de más de dos millones de libras esterlinas (1600 millones de pesos), incluyendo la multa individual más alta impuesta hasta el momento a una misma empresa en dicho país, 400 mil libras esterlinas (aproximadamente 320 millones de pesos). La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto multas, en los casos más graves, de hasta 300 mil euros (más de 200 millones de pesos).

En definitiva, la correcta protección de los datos personales de cada ciudadano es algo que en economías desarolladas es fuertemente fiscalizado. Dentro de nuestros compromisos legislativos al ingresar a la OCDE estaba justamente actualizar nuestra normativa a este nuevo estándar.

Otro rasgo destacable, que se contempla expresamente, es la coordinación con el Consejo de la Transparencia, organismo que tiene entre sus misiones velar por la transparencia de la información pública y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Otra cara de la misma moneda, por lo que se busca tener una aproximación completa al tema de la información.

Las transferencias internacionales se contemplan en detalle, poniendo requisitos precisos para transmitir nuestra información a terceros países que no tengan un estándar adecuado para su tratamiento. Esto resulta particularmente importante en un contexto en que es común la tercerización de servicios, a países con costos menores pero sin el mismo nivel de protección legal.

Desde un punto de vista jurídico, resulta interesante destacar que si bien se mantiene la regla general que el titular de los datos debe entregar su consentimiento al tratamiento de datos, salvo excepciones, se detalla con precisión las distintas formas que puede tomar este consentimiento. Este puede tomar la forma verbal, escrito, por medios electrónicos o mediante un acto afirmativo que de cuanta con claridad la voluntad del titular. Lo importante es que sea una manifestación inequívoca. Sin duda esto aclara las dudas y dificultades que imponía el estándar anterior, de consentimiento previo informado y escrito, para el correcto funcionamiento de actividades que al momento de la redacción de la ley original no eran comunes, pero hoy forman parte de la vida diaria, tales como navegar por internet, compartir información por apps, ingreso a lugares de videovigilancia, etc.

Finalmente, cabe destacar que el mismo proyecto entiende que los cambios en nuestra legislación no pueden imponerse de manera repentina, por lo que establece un periodo de 48 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para adecuar la base de datos constituidas con anterioridad a la nueva normativa. La ley misma no entratrá en vigencia sino 13 meses después de su publicación, por lo que se ha tomado una decisión consciente de darle a los distintos actores la oportunidad de adecuarse al nuevo escenario.

En conclusión, se trata de un proyecto de ley que eleva nuestro actual estándar en la materia y obliga tanto a nuestros organismos públicos, como entidades privadas, a tomar consciencia del tratamiento de nuestra información, algo que hasta la fecha ha sido subestimado tanto por nuestras autoridades, como por la ciudadanía.

 

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Pesada mochila

EL VERDADERO drama de un mal gobierno es la pesada mochila de ineficiencia y mala gestión que los ciudadanos sienten día a día en su vida cotidiana. Lamentablemente, la actual administración ha batido récords en el último mes y los chilenos tienen dudas e incertidumbre sobre la solución a sus problemas… Y a veces mucha rabia.

Hoy las personas tienen el legítimo derecho a dudar de la capacidad de reacción del gobierno frente a futuras catástrofes. Lo vimos en el verano, cuando en una comedia casi surrealista el gobierno le ponía todo tipo de obstáculos a la llegada del Supertanker a Chile, la misma aeronave que luego era aplaudida a su paso por las zonas afectadas por incendios. Hace pocos días pudimos conocer mails y WhatsApp que revelan cómo la burocracia de la Conaf dilataba la llegada del avión, insistiendo en que no servía para Chile. Qué equivocados estaban.

También hace pocos días, el duro reclamo del Contralor al atraso del nuevo plan de descontaminación del gobierno nos permitió conocer una noticia que habían hecho pasar piola: la restricción a los vehículos catalíticos facturados antes de septiembre de 2011, anunciada con bombos y platillos para mayo de este año, deberá ser postergada para 2018. La noticia se conoció sólo 32 días antes de que debiera comenzar la restricción, cuando ya muchos chilenos habían hecho el esfuerzo -quizás con crédito- de renovar su auto anterior a septiembre de 2011 para eximirse de la restricción.

Y suma y sigue.

Hoy los padres de familia de los sectores más vulnerables tampoco saben si sus hijos podrán acceder a la gratuidad en el futuro, pues vemos cómo varias universidades anuncian que podrían retirarse del sistema, ahogados por el déficit de recursos que comienzan a arrastrar. La gratuidad universal no sólo era una promesa que no se podía cumplir, sino que ahora varios rectores piden no seguir avanzando -al sexto decil comprometido- en las actuales condiciones. Hoy un santiaguino no sabe cuánto se va a demorar en llegar a su casa: subieron los tiempos de espera del Transantiago y la duración de los viajes (sin hablar de la evasión, en su máximo histórico, de 35%). La peor política pública de nuestra historia simplemente no mejora. Hoy los chilenos tienen miedo a perder su trabajo y ven con preocupación cómo sube el desempleo (6,4%), siguen cayendo los empleos estables (se perdieron 120 mil empleos asalariados en un año), con contrato y previsión, y la opción que queda es trabajar por cuenta propia (crecieron 131 mil), muchas veces en la calle. Hoy los esforzados dueños de pymes literalmente transpiran para tratar de entender la reforma tributaria…

Es por esto que la mayoría del país quiere un urgente cambio de rumbo: no resisten que se sigan postergando las definiciones y soluciones a los acuciantes problemas que los afectan. El Gobierno puede tratar de cambiar de tema, puede usar todas sus redes sociales para intentar atacar a quien figura como la mejor carta para la presidencial 2017, el ex Presidente Piñera. Pero los chilenos no son tontos y no se van a dejar engañar. El país sabe y ha vivido en carne propia los costos de una mala administración y ahora quiere un buen gobierno, preocupado de los problemas reales, se sus problemas.

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Apuestas del PS

EL PS ha despejado una traba en su camino a las elecciones de fin de año. La “consulta” se había convertido en eso. Llegaba cuando la sociedad y otros partidos ya habían clarificado suficientemente sus opciones. Los precandidatos del PS habían quedado fuera del visor ciudadano.

Pero solo ha dejado atrás la decisión de no decidir. Ahora deberá elegir entre dos candidatos ya en carrera: Lagos y Guillier. Ambos abajo en las encuestas, ambos ligados a otros partidos de la coalición. La decisión implica, un esfuerzo arduo de repechaje y un lazo de cercanía mayor con uno u otro partido aliado, al cargar la balanza en ruta a las primarias.

No es una opción fácil. Será entre el candidato que hoy pierde por menos y aquel que hoy pierde por más. Pero también entre un candidato frágil y vulnerable para los tiempos más exigentes que le esperan; que solo hace suyo vaguedades, apuntando a aquello donde más calienta el sol de los votantes; y un candidato que contiene propuestas de futuro en tiempos donde la actual obra de la coalición cosecha un rechazo abrumador. Todo esto, mientras asoma por la izquierda de la coalición el canto de sirenas de otra izquierda naciente que denuncia a la Nueva Mayoría como un conjunto de vaguedades que camuflan su indiferenciación con la derecha; o sea, la repetición del diseño de Valparaíso en la pugna entre DJ Mendez y Sharp. PC y PS son las canteras de votos del Frente Amplio.

Si la Nueva Mayoría gana con Guillier, será un gobierno que prolonga la agonía de la misma coalición. No tiene contenidos nuevos que la rejuvenezcan; solo consignas ad hoc nacidas de un seguimiento ansioso de las encuestas. Tampoco cuenta con respaldo sólido para gobernar. Guillier no es de las filas de ningún partido importante de la Nueva Mayoría y estos, en ese trance, privilegiarán su campaña parlamentaria, porque de la fortaleza de su bancada dependerá su peso relativo futuro. Ahora, si Guillier pierde, como hoy ocurriría – la suma de las preferencias por precandidatos de la Nueva Mayoría es superada por la suma de aquellos de Chile Vamos – el ajuste de cuentas en la coalición será feroz. Apostar al oportunismo no habría servido. El Frente Amplio recibirá un goteo más intenso de la izquierda de la coalición, mientras la DC deberá decidir qué hacer.

En cambio, con Lagos, gane o pierda la coalición, se tendría a futuro una centroizquierda con propuestas para el Chile que viene; o un legado de gobernabilidad seria y exitosa, en vez de la gobernabilidad mala y rechazada que caracteriza hoy a la Nueva Mayoría a ojos de la ciudadanía.

Una palabra adicional. El PS tiene en José Miguel Insulza una figura que puede ser clave en un parlamento más ingobernable. La experiencia y destreza reconocidas de Insulza darían al PS, como gobierno u oposición, un liderazgo de peso en esta etapa que se anuncia difícil. No debe derrocharlo.

Veremos si la puesta PS será por sus principios, sus valores, su identidad de largo plazo o por el sacrificio de ellos en aras de un continuismo de mal pronóstico y triunfo también discutible.

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¿Y si postergamos?

ESTA PREGUNTA intuyó la Presidenta Bachelet a días de poner en marcha el Transantiago. Sin duda una pregunta difícil, a sabiendas que el gobierno de Lagos no había cumplido con la infraestructura mínima para las velocidades requeridas por el modelo troncal-alimentador. Existía además un informe de Fundación Chile advirtiendo que la tecnología de cobro y control de flota no estaría listos. Más aún, los operadores entrarían a las calles sin las mínimas garantías; habiendo asumido enormes compromisos financieros para comprar buses-oruga, terrenos para terminales, contratación de choferes y otras condiciones exigidas.

Pocos advertimos públicamente esta situación, y es probable que antes de ponerse colorada, en mente de la Presidenta primaron los consejos de Hacienda del costo político-económico de postergar, o el optimismo mesiánico de Transportes en que la carga se acomodaría durante el viaje. La historia se juega en esos minutos estelares, momentos en que la intuición, el criterio y la experiencia ponen a prueba los liderazgos. Sin duda la fallida implementación de Transantiago cambió para siempre la historia del país y la vida en la capital.

Hoy nuevamente nos vemos enfrentados a un momento crucial, tal vez no tan crítico como hace 10 años, pero sin duda relevante respecto al futuro. En los próximos meses caducan las primeras concesiones de un tercio de los servicios de Transantiago, oportunidad que permitiría cambiar las reglas del juego y pensar en el transporte público que nos acompañará hasta mediados del siglo XXI. Lamentablemente, la contingencia, lo apremiante de los plazos y los síntomas de captura regulatoria cegaron las capacidades del exministro Gómez-Lobo para pensar en una licitación innovadora o realmente competitiva. En este contexto, las señales por parte de la nueva Ministra Paola Tapia de revisar las bases de licitación, incorporando temas tan fundamentales como un plan antievasión, -paradójicamente omitido por su antecesor-, dan espacio para preguntarse nuevamente: ¿Y si postergamos?

Lo que se ha adelantado de las bases de licitación, indica que estarían delineadas para perpetuar por 12 años más el mismo Transantiago que tenemos hoy, con buses del siglo XX. Si bien se exigiría que la flota cuente con al menos 1 bus de bajas emisiones, o la extensión por 2 años más a quienes propongan buses alternativos, no existen incentivos reales para dar un golpe a la cátedra y jugársela por un Transantiago del siglo XXI, con toda la flota de buses eléctricos o híbridos. De hecho, el polinomio tarifario, si bien plantea como factor de pago la calidad de servicio (y de los buses), incorpora elementos como el valor de los combustibles, mantención y vida útil de la flota que son radicalmente distintos entre buses eléctricos o diesel, favoreciendo a éstos últimos.

Muchos contribuyentes estaríamos a favor de aumentar el subsidio al Transantiago si el gobierno da una señal potente con tecnologías de futuro: buses eléctricos limpios, silenciosos, que mejoren la experiencia de los usuarios, reduciendo la evasión y la contaminación ambiental y acústica para Santiago. Si se postergó la restricción vehicular, todavía estamos a tiempo de postergar también la licitación del Transantiago, aprovechar está segunda oportunidad y hacer las cosas bien para cambiar la historia.

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Peligra lo común

CUANDO TODAVÍA no se inicia formalmente la carrera presidencial, somos ya testigos de una trifulca donde se cruzan acusaciones y recriminaciones, las que a ratos parecieran poco tener que ver con confrontar las posiciones del adversario sino, algo bien distinto, desacreditarlo o socavar la legitimidad de las personas que piensan diferente. Para muchos puede ser algo ingenuo, cuando no bobo, el una vez más reivindicar la necesidad de subir el nivel del debate, considerando que las pequeñas ventajas que aparentemente logramos cuando le hacemos una falta al contrincante que queda sin sanción, sólo contribuyen a seguir cuestionando la relevancia de respetar las reglas del juego.

De hecho, y ahondando en la metáfora futbolística, qué sentido tiene traer a un gran equipo, cuando la cancha donde queremos desarrollar el partido está llena de hoyos, sus contornos y límites se han desdibujado después de mucho tiempo, y nadie respeta las reglas del juego, amén de que pareciera que tampoco hay árbitro. La política es, en el más profundo de sus sentidos, algo así como un espacio de normas donde personas e ideas compiten por ganar el favor de los ciudadanos, cuyo poder que otorga el triunfo -más que un fin en sí mismo- se transforma en un valioso instrumento para alterar la vida de personas y grupos que padecen una situación objetivamente injusta. Es quizás por eso que muchos miramos el futuro con algo de pesimismo, en la medida que mientras no invirtamos de manera definitiva en mejorar nuestra política, incluso el más virtuoso elenco y con la mejor de las intenciones, no podrán alterar significativamente el marcador, consolidando la desesperanza y el desánimo que asiste a muchos por estos días.

Para demasiados ha sido rentable el disparar contra la política. No se trata de ser ciego o condescendiente respecto a sus muchas miserias, pero lo que no parece razonable es marginarse o subir a un pedestal, para desde ahí proferir todo tipo de recriminaciones e improperios, esperando que cuando les toque debutar, el respetable ahora sí les otorgue el beneficio de la duda. Es más injustificable todavía suponer que este es un problema que atañe sólo a quienes se dedican a la política de manera profesional o preferente, como si lo que ahí sucede no fuera a condicionar, más tarde o temprano, el devenir de nuestras propias vidas.

A riesgo de ser políticamente incorrecto, y reconociendo el profundo valor de la transparencia en una democracia, confieso que me preocupa la cada vez más extendida judicialización de nuestro debate político; la competencia entre fiscales, periodistas y otros fiscalizadores estatales por presentarse como los zares de la anticorrupción, acusando a diestra y siniestra -como aquel cowboy que dispara desde la cadera, para recién preguntar después-; y para qué decir de está hipócrita iconoclasia que se ha puesto de moda entre columnistas y opinólogos de la plaza, cuyos pecados –digámoslo con claridad en algunos conocidos casos- superan con creces el impudor de su ignorancia.

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Poderes en pugna

EL FALLECIMIENTO de encarcelados por delitos de “lesa humanidad” que estaban enfermos terminales e incapacitados para siquiera comprender su situación, ha comenzado a atraer la atención de la opinión pública.

Pero esa realidad de “lesa humanidad” no es la única, ya que lo cierto es que muchos de esos presos han sido condenados en juicios que no respetaron el debido proceso, un derecho humano. Algo de que hasta ahora la opinión pública no ha querido enterarse.

La negación del debido proceso no puede ser más obvia y he escrito alguna columna anterior sobre eso. La “Reforma Procesal Penal” se basó en que era necesario poner fin a la impresentable figura del juez a la vez investigador, acusador y sentenciador. Además de la necesidad de reconocer algunos derechos básicos del imputado, como a guardar silencio y recibir asesoría legal financiada por el Estado, para hacer efectivo el derecho a la defensa. La reforma contempló, dado que había procesos en marcha, una fecha de corte: los hechos que acontecieren a medida que el nuevo régimen entrara en vigencia se regirían por los nuevos procesos y los acaecidos antes, por el antiguo sistema. Este último estaba llamado a extinguirse, por lo que nadie de buena fe imaginó que se seguirían abriendo nuevos procesos conforme al fenecido sistema, lo que ha sucedido por miles, y sólo para militares y policías.

Basado en ello -más allá de los argumentos concretos que se utilizaron- se presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de inaplicabilidad en uno de los juicios “a la antigua”, que se encontraba en último trámite en la Corte Suprema, que de haber sido acogido habría significado que quedaba todo el proceso sin efecto, por inconstitucional. Y el TC ha dictado recientemente un fallo sorprendente, que ha hecho poca noticia.

Sorprendente, porque no declaró la inconstitucionalidad, basado en el argumento formal que se trata de juzgar un hecho anterior a la reforma procesal, así es que no cabía alterar el juez natural del antiguo sistema, pero sí sostuvo que nada obstaría a que esos jueces apliquen las garantías del debido proceso del régimen actual, haciendo un llamado a respetarlas en los casos que tramitan. Sorprendente, porque los “jueces naturales” desaparecieron y se ha recurrido al expediente de nombrar “ministros en visita” en tribunales inexistentes para iniciar los juicios. Sorprendente, porque no se advierte cómo ahora la Corte Suprema asegurará dichas garantías en el caso que hoy conoce y en que no las hubo; ni cómo las harán efectivas los demás jueces en los que están sustanciando, ya que las regulaciones de cada sistema no calzan.

Pero sobre todo sorprendente, porque el Tribunal Constitucional solo tiene facultades para declarar inconstitucional un precepto legal, pero no para hacer recomendaciones a otros tribunales. Es que parece que algunos ministros de TC no pudieron seguir mirando para el lado y algo debían hacer conforme a su conciencia.

Sabemos que la Corte Suprema no hará nada por acoger la recomendación y, entonces, habrá dos poderes en pugna, aunque sorda. Ahí, la opinión pública no podrá seguir haciendo como que no sabe ni importa lo que está pasando.

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Qué fácil ser solidario con plata de los demás

UNA PALABRA recurrente en las doctrinas de izquierda es la búsqueda de un país más solidario. Por cierto encomiable, pero requiere reflexionar un poco sobre lo qué es realmente la solidaridad. De otra manera es solo un slogan más del populismo. Por cierto me encanta la solidaridad como valor. La pregunta es cómo se puede lograr.

La solidaridad en la izquierda se define básicamente cómo subir los impuestos y que el gobierno de turno administre esas platas “solidariamente”. Significa, en su pensamiento, que los más ricos ayuden a los más pobres vía impuestos obligatorios, administrados por una burocracia que curiosamente siempre es creciente. Unos 150.000 nuevos empleados ha contratado este gobierno para administrar esa solidaridad. Se siguen creando instituciones estatales, jamás desaparecen las obsoletas. Entonces, hasta ahí no más llegan los recursos, y no alcanzan a llegar al pobre. Las extrañas jubilaciones discrecionales son la solidaridad en los hechos. El Sename es la expresión concreta de esa solidaridad y así podemos seguir.

La real solidaridad es, por ejemplo, lo que ocurre espontáneamente en las emergencias, es ayuda entre los ciudadanos de manera directa o a través de instituciones civiles que agrupan esfuerzos. Desafío Chile, el Hogar de Cristo, la Teletón que son ejemplos claros de solidaridad fidedigna.

La solidaridad no es lo mismo que caridad, menos lo es un sistema en que las personas dependen del Estado para siempre. La solidaridad, en definitiva, es una expresión del alma, aunque curiosamente la izquierda no acepta el concepto espiritual. La solidaridad no debe ser producto de la culpa, sino del amor en su sentido profundo. Aquí aparece el altruismo, la consciencia colectiva. La solidaridad requiere compromiso, y sobre todo la pureza de intención. En los hechos, la izquierda trata siempre de establecerse de manera indefinida en el poder ofreciendo la solidaridad o recursos de distintas maneras. Por cierto, duran hasta que se acaban los recursos, o se mantienen en el poder con feroces represiones. ¿Es solidario dar educación gratuita pero de peor calidad?

No existe entonces la solidaridad por decreto, u obligada como lo propone la izquierda. Ésta solo se logra con cambios profundos de la cultura, con tolerancia, amistad cívica, respeto, y por cierto, valores trascendentales. La izquierda, sin embargo, cree en la lucha de clases, en avanzar sin transar, y que una vez alcanzada la dictadura popular, engendrará un “hombre nuevo” que sí es solidario. La pregunta obvia es quién engendraría ese nuevo ser humano. ¿El hombre malo anterior?

La solidaridad es un acto (no una idea) mediante el cual personas realizan acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad entonces no puede ser de los gobiernos, que reciben no solo remuneraciones y privilegios, sino que votos a cambio. La solidaridad debe ser fundamentalmente una expresión de la sociedad civil y eso es lo que el Estado debe promover, incluso otorgándoles fondos complementarios. El voluntariado es solidario, y el gobierno no es precisamente un voluntariado. Hoy en promedio los empleados públicos ganan más que en el sector privado. En suma, la vía de los impuestos es una solidaridad a la fuerza lo que va contra el principio mismo.

Obviamente la magnitud de la pobreza en nuestro país es un reflejo de que los más ricos son efectivamente poco solidarios en general, ya que si lo fueran se necesitaría menos gobierno y menos burócratas que reclaman una superioridad moral que en general no tienen (“me dedico al servicio público”). Aquel que se autodeclara solidario (como la izquierda) por definición ya no lo es. Muchísimo menos si su solidaridad se ejecuta con la plata de los demás. La verdadera solidaridad es con los recursos propios, sean monetarios, objetos, servicios, o en tiempo. La solidaridad es un valor personal, es una virtud, hasta podría ser un don (lo que implica un donante y eso nos pone en el terreno espiritual). La solidaridad es colaborativa, no competitiva y reitero, no existe por decreto.

Es un tema propio de las iglesias, de las familias,y por cierto de la cultura. En Chile no hay ministerio de la cultura, sino del arte, que es una expresión de la cultura. En suma apoyo 100% la idea de una sociedad solidaria, pero no es lo que la izquierda propone y que efectivamente los más ricos practican poco. La solidaridad parte con quien está cercano, no con ideas grandilocuentes, y con los recursos propios, no de los demás.

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No es cuestión de solidaridad

“NI UN peso más para las AFP”, dijo una ministra cuyo nombre ni recuerdo ni me interesa. Es de las que agarró pega ahora que el gobierno está terminando y como lo hace con apenas un 20% de apoyo, es de las que debería estar preocupada de dejar la oficina ordenadita antes que andar mandando instrucciones al resto.

Y digo instrucciones al resto porque, estimada y anónima ministra, resulta que las platas administradas por las AFP son de nosotros. De los chilenos, de los cotizantes. ¿Me entiende? Somos nosotros los que debemos decidir dónde queremos depositar nuestras lucas y eso significa, dicho sea de paso, que el 5% adicional también es de nosotros.

¿Habrá visto la ministra el video del 5% que circula en las redes sociales? En la tele se lo mostraron a ese señor Mesina que sueña con ser presidente para, cual Cristina K, confiscar los ahorros de todos los chilenos. Puso cara de asco y advirtió que era la típica forma en que los empresarios responden a estos clamores populares. Dicho sea de paso, este mismo señor tuiteó una foto de la manifestación del domingo pasado, pero como convocó menos gente, no tuvo ningún empacho en publicar una imagen que correspondía a la marcha del año pasado. Miente, miente, que algo queda.

Leí a un tipo en tuiter que decía que esto de pelear por el 5% solamente confirma la escasa solidaridad del pueblo chileno. No señor, no se equivoque ni confunda. Los contribuyentes pagamos impuestos. Ahí radica nuestra “solidaridad”. Adicionalmente, algunas personas tienen la buena y loable costumbre de aportar en distintas causas sociales, ONG, fundaciones, teletones y demases. Pero eso es privativo de cada persona. En cambio, cuando el Estado impone “solidaridad” lo que en la práctica introduce es un impuesto. Dicho lo anterior, una cotización de 5% destinada a un fondo común, sea quien sea que la financie, no pasa de ser un nuevo impuesto.

Y le voy a contar algo adicional: no es cierto que la carga impositiva a las personas en Chile sea mucho más baja que en otros países. O comparada con la OCDE, como tanto le gusta al progresismo. Porque además de los impuestos propiamente tales, usted y yo pagamos un montón de “impuestos” disfrazados por servicios que en esos países son provistos por el Estado con calidad. Ejemplos: autopistas urbanas, movilización (porque descartemos el Transantiago como opción saludable), seguridad (porque la delincuencia en Chile se enfrenta con alarmas y guardias privados), salud (isapres y seguros privados) y la misma cotización previsional.

Así que no se metan con mi 5%. Yo elijo dónde lo ahorro, cómo lo gasto al jubilarme y, ni hablar, a quién lo heredo cuando muera.

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