Álvaro Bisama's Blog, page 56

SANNA: compromiso con la corresponsabilidad parental

Transcurridos seis años desde la extensión del permiso postnatal, es interesante evaluar esta política pública desde la óptica de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, de los 580.000 permisos entregados entre octubre de 2011 y agosto de 2017, algo más de 1.300 han sido traspasados al padre. Este 0,2% del total contrasta dramáticamente con lo que ocurre en países como Suecia, donde esa cifra supera el 25%.

Entre las causas de este bajo uso destaca el factor cultural. Aún se considera a las mujeres como las principales responsables del cuidado de los hijos y muchos padres sienten temor de que la decisión de tomarse el permiso sea percibida como una falta de compromiso con su trabajo.

Pero también influye el diseño de esta política pública. Primero, porque el permiso es un derecho de la madre y ella puede optar a traspasarle al padre hasta seis de las últimas 12 semanas que le corresponden. A diferencia de lo que ocurre en Chile, existe evidencia significativa sobre la importancia de reservar días de permiso para el padre a fin de fomentar su uso, sobre todo cuando la brecha salarial entre ambos es significativa; si el padre no usa el permiso éste se pierde, pero si lo hace, no afecta el permiso de la madre y se legitima su uso en su espacio de trabajo. Segundo, tampoco ayuda que el permiso solo pueda usarse durante los primeros meses de crianza -periodo en que la madre tiene un rol más importante- o las trabas para usarlo a media jornada; permisos flexibles o que se extienden hasta que el niño tiene varios años, disminuyen los costos financieros para las familias y fomentan su uso por el padre.

Haciéndose cargo de estas falencias, el gobierno ingresó un proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padecen ciertas condiciones graves de salud (conocido como SANNA). El objetivo es entregar a los padres y madres trabajadores un permiso de cuidado pagado para que puedan ausentarse de su trabajo durante un tiempo determinado. En su diseño, esta política contempló la entrega al padre y a la madre de un número equivalente de días de permiso que son de uso exclusivo. Además, quienes no pueden dejar del todo sus trabajos, pueden transformar los días de permiso en medias jornadas equivalentes, contando con la flexibilidad necesaria para adecuar su horario laboral.

Durante la tramitación legislativa, este diseño ha sido desafiado por las habituales resistencias que enfrentan los cambios culturales y por la legítima demanda de que sean las familias quienes determinen la distribución del permiso. Si bien esto puede parecer razonable, no reservar días de uso exclusivo para el padre probablemente se traducirá en que las mujeres terminen cargando con el cuidado de los hijos, encareciendo aún más la maternidad y reforzando la distribución por género del cuidado infantil.

Si bien queda tiempo para que este proyecto sea ley, es esencial que durante su tramitación no se altere el objetivo de garantizar el mejor cuidado de los hijos, pero reconociendo la importancia de que ambos padres sean parte de éste. Así, se evitará reducir las opciones laborales de las mujeres y se contribuirá a que puedan compatibilizar de mejor manera su vida laboral y familiar.

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Directores ADP en liceos públicos

Hay consenso de que el director de un colegio juega un rol crucial en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Un director con liderazgo efectivo es capaz de establecer un rumbo claro, motivar a los profesores, rediseñar la organización e inducir una gestión curricular y pedagógica adecuada a las capacidades de los estudiantes. Una de las causas en la baja calidad de la educación pública es la ausencia de líderes directivos con autoridad y responsabilidad, capacidad de gestión, y autonomía.

La ley 20.501 sobre calidad y equidad impulsada por el gobierno anterior dio un paso crucial para atraer talentos al establecer la obligación de concursar por la Alta Dirección Pública (ADP) los cargos de directores de colegios municipales. A la fecha se han nombrado alrededor de 2.000 nuevos directores.

¿Cómo se evalúa este nuevo modelo? Ha sido un avance, pero con dificultades en la marcha. Estudios de percepción de los recién nombrados revelan que se valora positivamente la transparencia y no discriminación de los procesos, pero critican que las nuevas atribuciones que la ley otorga a los directores no se hagan realidad en la práctica. La norma que permite desvincular al 5% de los docentes mal evaluados o de poder remunerar a los mejores docentes o las prerrogativas para formar sus propios equipos se usa poco. La mayoría declara que no depende de ellos sino de la voluntad y recursos financieros del sostenedor, o sea, del alcalde.

Asimismo, los convenios de desempeño no son bien evaluados. En materia de remuneraciones, se da el contrasentido de que un profesor puede alcanzar un pago mayor al director, según avanza en la carrera docente. Si bien se advierte un mejor clima laboral, estudios cuantitativos revelan que no hay evidencia de mejoras en las pruebas estandarizadas Simce y PSU. (Ver Documento de Trabajo Clapes UC N° 28, diciembre 2016, de Manuela Errázuriz, Macarena Kutscher, y Carlos Williamson).

¿Cómo cambia esto con la desmunicipalización? La llamada nueva educación pública crea 70 Servicios Locales (SLE), desplazando a los municipios en la gestión escolar. Cada servicio local administra los colegios a su cargo; sin embargo, los directores de colegios no adquieren mayor autonomía. Solo proponen al director ejecutivo el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento, pero no deciden; proponen los perfiles para reclutar a los docentes y participan en la selección, pero no son la última palabra y la dotación total de los docentes de los colegios la fija el director ejecutivo.

En consecuencia, los SLE arriesgan repetir los defectos del modelo municipal que puede definirse como descentralización precaria e incompleta. En tanto no se cree una verdadera carrera directiva, empoderando a los directores, con incentivos económicos vinculados a la responsabilidad del cargo y permitiendo que desarrollen su liderazgo, la educación pública seguirá mostrando una arquitectura defectuosa.

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Una deuda de justicia

Diversas voces han señalado que el mayor problema que enfrenta Chile es el dramático envejecimiento de la población. Se trata de un desafío que tiene dos facetas. La primera es cómo aumentar nuestras tasas de natalidad, dramáticamente bajas. La otra, donde quiero detenerme, es cómo vamos a dar un trato adecuado a nuestros adultos mayores. Se trata de una cuestión elemental de justicia, porque de ellos hemos recibido todo lo que tenemos y no es justo que los olvidemos.

Nuestro país no está preparado para enfrentar este problema, y se nota. La situación de muchos adultos mayores no puede ser peor, expuestos al abandono, la soledad, una salud deteriorada, dificultades para movilizarse e incluso violencia intrafamiliar.

Un Urge contar con una política pública que aborde sus problemas de manera integral. Su importancia va mucho más allá de las ideologías partidistas y debería ser objeto de un amplio consenso, porque no nos podemos dar el lujo de que los programas que los atienden no se prolonguen en el tiempo y deban cambiar con cada nuevo gobierno.

¿Qué debería abarcar esta política pública?

Obviamente debe ocuparse de las diversas dimensiones del ser humano, comenzando por la salud: Chile padece un alarmante déficit de geriatras, que es necesario remediar cuanto antes, porque las necesidades de las personas mayores son muy diferentes de las del resto de la población. El carácter singular de su corporalidad exige tenerlos en cuenta a la hora de planear los espacios. Así, es imprescindible que las ciudades les resulten amables, que puedan circular con facilidad. Las comunas deben facilitarles espacios para reunirse y conocer otras personas. Es una manera práctica y sencilla de alejar de ellos el drama de la soledad.

Pero también es necesario ocuparse de su espíritu. Una de las experiencias más duras de la vejez es la de sentirse inútil o prescindible. De ahí la importancia de que puedan realizar ciertos trabajos por horas u ocuparse en actividades de voluntariado, que les proporcionarán grandes satisfacciones.

La atención a sus necesidades espirituales incluye atender a otras dimensiones de sus vidas, como el entretenimiento y la cultura. En todos estos campos resulta imprescindible contar con la vitalidad de la sociedad civil. Experiencias como las de Fundación Las Rosas permiten que muchos adultos mayores enfrenten esta etapa de sus vidas con esperanza y dignidad.

El momento actual es propicio, porque las próximas elecciones nos llevan a pensar en el futuro. Y habrá buen futuro si no respetamos el pasado.

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Desmunicipalización: ¿y ahora qué?

Hace algunas semanas se aprobó, luego de prácticamente dos años de tramitación legislativa, la ley que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública. Se trata de un paso histórico para la educación escolar. Es también la concreción de un anhelo del mundo social y educacional, que había demandado, con razones fundadas, que el Estado volviera a hacerse responsable por la educación pública (en el cual hoy estudian más de 1,3 millones de niños, niñas y jóvenes). Desde el mismo momento en que se ejecutó el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios (plena dictadura), comenzó el debilitamiento progresivo de la educación estatal y se hizo evidente la inconveniencia de alojar en este nivel institucional la provisión educacional. Era el momento para corregir el rumbo y la legislación aprobada es un primer paso fundamental.

Si bien la ley aborda distintos problemas y tiene muchísimos detalles, en lo sustantivo hace tres cosas. Primero, crea una nueva figura institucional perteneciente al Estado, de giro único y descentralizada, responsable de administrar las escuelas públicas, con capacidades y recursos antes inexistentes, y dentro de un sistema nacional coordinado. En segundo término, la normativa aprobada establece un modelo de transición que – aunque más lento que lo que se necesita – fija un proceso de traspaso responsable y con posibilidades de ser perfeccionado en el tiempo. En tercer término, la ley de educación pública dota a las escuelas y sus equipos de mejores condiciones para conducir el cambio educativo, entregando atribuciones fundamentales a las escuelas y estableciendo una lógica de trabajo en red y colaboración inédita para nuestro sistema escolar.

Aun cuando lo lógico sería que el juicio a esta nueva ley se realice en función de su capacidad para hacer lo que se propuso hacer (“desmunicipalizar”, para crear un nuevo y mejor sistema), una vez aprobada esta transformación, las reacciones públicas han sido más bien pobres y parciales. Algunos sectores y actores han preferido concentrarse en lo que este proyecto simplemente no hace, ratificando una cierta incapacidad de reconocer el avance fundamental que éste y otros cambios significan; mientras que otros han hecho un esfuerzo decidido por debilitar este proceso antes de su puesta en marcha, instalando ideas falsas sobre la ley (como por ejemplo que el nuevo sistema sería centralizado) y utilizando como herramienta la supuesta bondad de mantener algunas excepciones (municipios de “buen desempeño”) fuera del nuevo sistema por un lapso mayor de tiempo que el resto de las escuelas y comunas.

Pero lo cierto es que, aprobado este cambio, hoy más bien debiéramos poner la atención en los dos desafíos principales que enfrentará la nueva educación pública de aquí en adelante: lograr una implementación verdaderamente transformadora y complementar este cambio institucional con otras políticas urgentes para su recuperación.

¿Qué significa una implementación transformadora de la desmunicipalización? En primer lugar, que este proceso de implementación debe tener como foco central el cambio pedagógico y el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad. Como todo cambio institucional, la presión de esta primera fase estará puesta en las tareas administrativas y de gestión, lo que deberá ser contrarrestado por los Servicios Locales con una selección exigente y rápida de los equipos de apoyo técnico, la activación de las redes de trabajo colaborativo entre docentes y directivos y la liberación de carga burocrática a las escuelas para que éstas puedan centrarse en innovar y mejorar la calidad de la enseñanza. En segundo término, los primeros pasos de este proceso deben darse con una amplia participación de los actores en función de la mejora educativa. La creación de esta institucionalidad local abre la oportunidad de recomponer la confianza en el sistema público a través de un rol mucho más protagónico de los docentes, asistentes, estudiantes y familias en las decisiones educacionales críticas – como la definición de una estrategia de mediano plazo para la mejora de la educación en el territorio – que los Servicios Locales deberán tomar en su primera fase de instalación. Estos actores y la ciudadanía local en general tendrán además el deber de demandar a las autoridades locales, entrantes y salientes, que el proceso de transición se haga con calidad (también exigiendo que los supuestos “buenos municipios” sigan haciendo un buen trabajo) y cautelando siempre el bien mayor: los estudiantes y su proceso de aprendizaje.

Pero una buena implementación no será suficiente. La desmunicipalización requerirá – además de la compleja ejecución y mejora de las Leyes de Inclusión y Carrera Docente – otras reformas complementarias para que el cambio institucional se traduzca efectivamente en una nueva educación pública. La primera de estas reformas es la urgente modificación a la normativa curricular y de evaluación de la calidad (lo que implica iniciar un proceso gradual de ajuste a la actual racionalidad curricular, así como también reformar estructuralmente el hoy denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad), pues ambos estrechan el proceso educativo e inhiben la innovación pedagógica, de la cual la educación pública debe ser líder. La segunda reforma complementaria indispensable es la creación de un nuevo sistema de financiamiento de las escuelas públicas, hoy asfixiadas por una lógica de competencia que nada ha aportado a mejorar la educación escolar. La tercera y última es un plan de expansión y crecimiento de la educación pública, indispensable para comprometer a todos los actores en su recuperación, y para lo cual el instrumento de la Estrategia Nacional de Educación Pública – establecido en la nueva legislación – es una oportunidad única.

La buena implementación de esta reforma a la educación escolar pública, junto con los cambios complementarios indispensables, se transformarán en una prioridad ineludible del próximo gobierno. En este marco, será tarea de todos monitorear rigurosamente este proceso de cambio y hacer de la educación pública el foco central de la agenda educacional.

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El juego de tronos ha comenzado

“El acto de votar requiere que el ciudadano no haga una sola elección, sino dos. Debe elegir entre opciones rivales de candidatos o partidos. Pero también debe decidir si votar en absoluto” Campell en su libro el votante americano explica de manera detallada esta doble elección, que hoy más que nunca cobra especial fuerza en nuestro sistema electoral.  A partir del debate de la Archi donde pudimos escuchar a todos los candidatos al sillón presidencial podemos decir que las cartas están en la mesa. Han comenzando los últimos 30 días de la campaña donde podremos ver con más fuerza a los candidatos. Tendremos la posibilidad de verlos todas las noches en sus franjas, y podrán hacer campaña pública en las diferentes calles del país. Habrá que estar atentos a los últimos movimientos de cada comando que deberán sacar cálculo hasta el último día. Aún existe un número importante de personas que declaran que no saben si van a votar y que aún no saben por quien votar. Todo indica que habrá una segunda vuelta donde el ex presidente Piñera corre con bastante ventaja, la duda persiste con quien.

Lo anterior, corre también para quienes son candidatos a la Cámara y al Senado que postulan al congreso. Para ellos además debuta un nuevo sistema de elección, donde los diputados y senadores incumbentes corren con ventajas, y donde la lógica del sistema binominal será reemplazada por una proporcional. Es decir se acaba el doblaje y se cambia por arrastre. Similar a lo que ocurre en la elección de concejales.

El desafío de todos es muy importante. En un estudio de la facultad de la gobierno realizado con posterioridad a la última elección municipal el 56% de los entrevistados se declaro inactivo políticamente. Es decir que no participo, no vio, no voto en nada vinculado a las elecciones. Pareciera fundamental para los candidatos lograr movilizar a parte de este grupo, pero también para nuestro sistema. La legitimad va de mano de una mayor participación por parte de la ciudadanía, y esta es una deuda aún pendiente.

Esta será una elección histórica. Estamos en presencia de una elección única. Será la primera elección con voto voluntario, sistema proporcional, aplicación de cuotas en las plantillas y nuevo sistema de financiamiento de las campañas. El desafío es importante porque hoy no sólo deben convencer que voten por ellos, en primer lugar deben convencer que voten. El juego de tronos ha comenzado.

 

 

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Presupuesto 2018: una postergación al conocimiento desde las ciencias sociales

Tras la polémica suscitada por la disminución en el presupuesto 2018 para las iniciativas vinculadas a la ciencia llamada tradicional, puntualmente Fondecyt, podemos observar también que áreas tan relevantes para el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento de nuestra democracia, como educación, seguridad pública, capacitación y ciencias, verán mermados sus recursos para llevar adelante iniciativas que vayan en directo beneficio de la población.

Sin perjuicio de lo anterior quiero enfocarme en lo que ha marcado la tónica de esta discusión, concretamente lo que respecta a las ciencias. Porque mucho se habla de la importancia del conocimiento, pero desde hace años que los fondos destinados a las ciencias sociales y humanidades están descuidadas por cuanto las instituciones estatales que deben proveer de fondos para investigación académica se inclinan a ciertas disciplinas las autodenominadas “disciplinas duras., Ello ha marcado la tónica en cuanto a la adjudicación de presupuestos destinados a la investigación coartando las posibilidades a quienes, desde las ciencias sociales las humanidades, buscan aportar al desarrollo y la comprensión de fenómenos que están sucediendo y cuyas dimensiones pudieran ser insospechadas. ¿Ejemplos? Por supuesto que los hay e inician con la llegada de inmigrantes a nuestro país, procedentes desde los más diversos lugares. Otros ejemplos son los cambios demográficos en cuanto a la conformación de las familias, donde la estructura ha cambiado y hoy constatamos una baja ostensible en cuanto a nacimientos en un fenómeno que, de paso, se condice con el aumento de nuestras expectativas de vida que, en promedio, se acercan a los 85 años. Otro tema importante, y que ha marcado visiblemente la agenda pública, son las pensiones las cuales ante el aumento de los años de vida se convierten en un tema de suma importancia toda vez que necesitamos, por ejemplo, no sólo replantear la edad de jubilación de los trabajadores para aumentar su cotización sino también, y desde una perspectiva social, cómo hacemos para fortalecer las estructuras y pilares de nuestra nación para entregarle un merecido reconocimiento, desde la óptica de la justicia social, a quienes han dedicado su vida entera a sacar adelante a sus familias, sus proyectos de vida, alcanzar el anhelado bienestar y aportar con su trabajo a Chile. Qué duda cabe que son precisamente, las ciencias sociales, las llamadas a generar respuestas a las urgencias y demandas ciudadanas. Aclaro que no se trata de favorecer unas ciencias por sobre otras, sino de lograr un justo equilibrio y terminar con lo que, a mí juicio, no sólo obedece a una postergación sino también un acto discriminatorio entendiendo que en el mundo social hay personas que tienen amplias capacidades para hacer su aporte al desarrollo del país y a la comprensión de los fenómenos sociales.

Una de las mayores riquezas que presenta nuestro país es la tolerancia y el respeto hacia su diversidad. La posibilidad de analizar y estudiar fenómenos desde distintas miradas sin lugar a dudas enriquece el debate, lo hace sano e inclusivo, atento a escuchar las voces ciudadanas que bastante tienen que aportar. Los grandes avances de la humanidad han comenzado gracias al estudio, desarrollo y reflexión desde las ciencias sociales y las humanidades, en que se reflejan la ética, la filosofía, el derecho, la sociología, la antropología y las comunicaciones, entre otros. Si lo que queremos realmente es avanzar hacia líneas orientadas a la libertad y el progreso debemos necesariamente abrir la discusión y terminar con los sesgos entendiendo que, evidencia mediante, las posiciones extremas nunca serán buenas en términos de reflexión y diálogo. Nuestro país tiene académicos e investigadores con diferentes talentos y todos merecen ser apoyados por las políticas del Estado, sin sesgo.

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Macri al poder

El significado de las elecciones en Argentina es la llegada de Mauricio Macri al poder. Hace dos años, solo había llegado al gobierno. Pero en Argentina existe una diferencia muy clara entre el gobierno y el poder.

En las elecciones de marzo de 1973, el peronismo acuñó la fórmula “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”. Eso significaba que Héctor J. Cámpora llegaría formalmente a la presidencia de la república, pero en condiciones de extrema fragilidad. El verdadero poder residía en Perón, que manejaba los hilos desde Madrid. Y bastó una decisión del general para forzar la renuncia de Campora, tres meses después de asumir.

Lo mismo ocurrió en 2001 con Fernando De la Rua. La victoria peronista en las elecciones de medio término estableció  la distinción: el presidente radical estaba en el gobierno, pero el poder estaba en manos del peronismo, liderado por el presidente del senado, Eduardo Duhalde. Dos meses después de aquellas elecciones parlamentarias, De la Rúa abandonaba el cargo a bordo de un helicóptero.

En 2015, Macri ganó ajustadamente las elecciones y llegó a la presidencia. Asumió el gobierno, pero en condiciones de extrema fragilidad. El peronismo dominaba las dos ramas del Congreso, la mayoría de las provincias y casi la totalidad del Poder Judicial, férreamente presionado por su agrupación “Justicia Legítima”. A ello se sumaban los sindicatos y las fuerzas movilizadas y subvencionadas con recursos del Estado, como los piqueteros y grupos equivalentes, capaces de cortar calles y rutas, para hacer insoportable la vida en las grandes ciudades. En esas condiciones, muchos calculaban que Macri no sería capaz de cumplir su mandato constitucional de cuatro años: tenía serias posibilidades de fracasar.

Consciente de esta debilidad, el kirchnerismo se dedicó estos dos años, a deslegitimar a Macri y hacerlo fracasar. Cristina Fernandez se negó a entregarle los atributos presidenciales el día de la asunción del mando, el 10 de diciembre de 2015. Organizó actos y movilizaciones, donde sus partidarios coreaban la consigna ya tradicional: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Y los piqueteros y militantes K reactivaron su desgastante estrategia de cortes de calles y rutas, para debilitar al gobierno e impedir la gobernabilidad.

La explotación política de la muerte de Santiago Maldonado fue parte de esta estrategia. El joven murió accidentalmente, ahogado y por hipotermia, en el río Chubut, el 1 de agosto. Pero el kirchnerismo trató de utilizar esta desgracia para su rédito político. Construyó un relato de “desaparición forzada de persona”, a partir de testigos falsos. “Macri ya tiene su primer desaparecido”, tituló Horacio Verbitsky, el intelectual orgánico del kirchnerismo, en el diario militante K, Pagina/12. Y los dirigentes K lanzaron furibundas campañas para culpar a Macri de este episodio en los medios, redes sociales y movilizaciones masivas. Su accionar fue tan intenso, que lograron instalar el “escándalo” en la prensa mundial. Su estrategia de comunicación fue asociar a Macri con las técnicas represivas del régimen militar; este accidente, en la lectura militante K, era la prueba de su slogan de campaña: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Todo se derrumbó cuando el cuerpo fue encontrado, tras dos meses en el agua, y los 50 peritos que realizaron la autopsia reconocieron que el mismo no presentaba muestras de violencia; había muerto por accidente.

El kirchnerismo se atrevió a realizar estas maniobras por la debilidad de Macri. En estos dos años, los dirigentes K lo entendieron como un breve paréntesis, hasta el retorno triunfal de la “reina” Cristina. Para ellos, la ajustada derrota de 2015 se debía superar en poco tiempo, para volver a la “normalidad”. En sus palabas y sus acciones, mostraban un concepto esencial: Macri era muy débil; solo estaba en el gobierno, transitoriamente; pero el poder real seguía en manos K.

Todo esto se derrumbó en las elecciones del 22 de octubre. Cambiemos, la joven fuerza política liderada por Mauricio Macri, obtuvo el 42% de los votos nacionales; sus bloques parlamentarios crecieron, tanto en diputados como en senadores. No alcanzaron la mayoría, pero  en ambas cámaras, se convirtieron en la primera fuerza política nacional, por sobre el peronismo. Esta situación no se veía en el parlamento argentino desde 1966.

Además, Macri ganó en todas las provincias grandes: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Capital Federal. También ganó en Entre Ríos. Se impuso en el feudo de los Kirchner y los Menem: Santa Cruz y La Rioja; ganó también buena parte de la  Patagonia, incluyendo Neuquen y Río Negro. Retuvo Jujuy y venció en Salta y Chaco, bastiones peronistas inexpugnables.

Por su parte, Cristina Kirchner quedó reducida a un 21% de la votación nacional; solo pudo ganar dos provincias despobladas del sur (Tierra del Fuego y Chubut, por un puñado de votos). Su flamante agrupación, Unidad Ciudadana, quedó reducida a un partido provincial del Conurbano Bonaerense, único territorio donde mantiene una cantidad de votos significativa (3,5 millones). Ella obtuvo una banca por minoría en el Senado. Pero cuando ingrese al cuerpo, tendrá apenas un bloque de 10 senadores, contra 22 del peronismo y 24 de Cambiemos. Después de gobernar con la suma del poder público durante  8 años, Cristina apenas va a liderar la tercera fuerza del Senado.

Más allá de los números, lo que viene ahora es un nuevo ciclo, con Macri efectivamente en el poder. El primer indicador va a ser la libertad de la Justicia. Tras una década amordazada y presionada por el gobierno K, y dos años de timoratas actitudes, ahora los jueces se van a sentir en libertad para activar los expedientes y poner en marcha la maquinaria judicial frente a la corrupción K. En los próximos días, el escenario político argentino se trasladará a los Tribunales, donde van a desfilar los exministros, el exvicepresidente y la expresidente Cristina, para declarar en las numerosas causas de corrupción. Como símbolo, el superministro K, Julio De Vido, al frente de la administración durante 12 años, y con dos pedidos de prisión preventiva de dos jueces diferentes, pidió hoy licencia a su banca de Diputado. No le gustaría que el próximo miércoles, la televisión filme cómo le colocan las esposas para llevarlo detenido directamente desde el Congreso.

 

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Irresponsabilidad

En un texto programático difundido por el comando del candidato presidencial Alejando Guillier, se plantea que un eventual gobierno de Sebastián Piñera implicaría un riesgo para las familias de la clase media chilena, pues perderían la posibilidad de que sus hijos estudien con gratuidad, ya que Piñera supuestamente acabaría con ese sistema. Además, el citado escrito dice que un segundo gobierno de Piñera sería un riesgo para quienes quieran trabajar en empleos decentes, o dignos. En definitiva, la presentación busca reforzar una cercanía con el gobierno de la Presidenta Bachelet y con sus reformas.

Ahora bien, el grave problema de estos planteamientos es su extraordinaria lejanía con la realidad que vive el país, amén de la falacia en que se basan aquellos supuestos. Vamos por parte:

En primer lugar, habría que decir que una cosa es proponer reformas que intenten cambiarlo todo, y otra muy diferente es que esas transformaciones estén bien hechas y se puedan llevar a cabo. Pues bien, resulta que en el ámbito de la educación con gratuidad, cuando el actual gobierno tenía que cumplir con los recursos de la subvención establecida en La Ley de Inclusión, el Ejecutivo congeló el monto de la subvención mensual para 2018 incluida en el presupuesto, en vez de aumentarla a $10.791 por estudiante como establecía la citada ley. Los miles de sostenedores privados que creyeron en el gobierno y pasaron desde colegios subvencionados a gratuitos, son engañados a la “primera de cambio”; cabe destacar acá que esta reducción de recursos también afecta a los colegios municipales. Y los 2,8 millones de estudiantes involucrados se verán afectados con un menor financiamiento, pues a pesar del fuerte incremento de 3,9% que incluye el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, no hay suficiente dinero para la gratuidad escolar.

Uno de los principales hitos del “legado” de la Presidenta Bachelet, está desfinanciado desde sus inicios. Sin embargo los cercanos al gobierno, como el candidato Guillier, le asignan un grado de riesgo a la campaña del presidenciable que lidera todas las preferencias, pero se olvidan de la falta de credibilidad y financiamiento que exhiben la mayoría de las reformas gubernamentales.

El citado informe también menciona el riesgo latente de un posible gobierno de Sebastián Piñera para quienes quieran trabajar en empleos decentes, obviando el hecho de que con el actual gobierno la precariedad laboral ha escalado hasta un 24%, nivel que no se vía desde el año 2009. ¿Trabajos dignos menciona Alejandro Guillier? Ahí está el “empleo calle”, que ahora se ve por todos lados, mientras se continúan perdiendo miles de puestos de trabajo en el sector privado, con leyes sociales y contrato. Estas son las materias, entre otras, que alimentan la desconfianza que existe con el accionar del gobierno, incluyendo su irresponsable endeudamiento público, que se duplicó desde US$ 33 mil millones en el año 2013, a US$ 70 mil millones para el año 2017. El FMI acaba de emitir un informe en el cual manifiesta su preocupación por el acelerado deterioro fiscal de Chile, que se debe al paupérrimo crecimiento económico de los últimos cuatro años, y al excesivo nivel de gastos en programas y reformas mal elaboradas.

Ahora bien, una parte importante del deterioro y endeudamiento se explica por el asombroso aumento del Empleo con Apoyo Fiscal de este año, que se incrementó en 225.000 puestos sólo durante el último trimestre para el cual hay cifras oficiales. ¿A qué se dedican estos trabajadores, y un sinnúmero de otros en similares condiciones? Pues, no existe información al respecto, pero sí se sabe que esos gastos forman parte de la irresponsabilidad con que ha actuado este gobierno, y el legado de cuantiosas deudas que le deja al próximo.   

 

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Escasez, ideología y prioridades

El presupuesto de educación superior y el virtual estancamiento de los fondos asignados a Fondecyt sorprendieron, aunque no demasiado, a la comunidad científica nacional. Como se ha mencionado varias veces, el gasto de Chile en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB, es muy bajo (cerca de 0,35%) en condiciones que debiéramos tender a llegar, en un plazo relativamente breve, al 1%. Retroceder en esta materia, en la cual ya hay deficiencias, es especialmente nocivo y una demostración de miopía por parte del Ministerio de Educación. ¿A qué puede deberse esta decisión?

La primera es la escasez de fondos. Efectivamente este gobierno ha sido entusiasta en gasto público -en particular en contratación de personal – y flojo en crecimiento económico, por lo que la restricción presupuestaria es evidente. Sin embargo, tampoco hablamos de cifras demasiado altas en el contexto de educación. El financiamiento de CONICYT solo significa cerca del 4% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Convenio marco de la Universidades Estatales (que beneficia solo a 16 instituciones) alcanza este año los 23.000 millones, cifra un poco mayor a lo que se gasta en un año de Fondecyt disponible para los alrededor de 12.000 investigadores, que trabajan en todas las universidades y centros de investigación del país. Visto de otra forma, si los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que el gobierno eliminó de un plumazo sin explicarle a nadie, se asignaran a Fondecyt, se duplicaría la inversión pública de este tipo de proyectos de investigación.

La segunda es la ideología. Los fondos públicos de Fondecyt se asignan competitivamente a los mejores proyectos de investigación, propuestos por académicos y apoyados por universidades o centros de investigación. Si bien siempre es posible mejorar las metodologías de asignación – y en particular las de rendición – se trata de una herramienta justa, que no discrimina y se esfuerza por elegir los mejores proyectos, sin importar de donde vengan. Esto permite movilizar la capacidad de investigación de todas las instituciones e investigadores del país, aprovechando mejor la diversidad de nuestro sistema. Algunos sectores políticos, que tienen un espacio en el presente gobierno critican fuertemente este tipo de políticas, por considerarlas “privatizadoras” y en su lugar proponen un financiamiento fiscal basal para investigación solo para universidades estatales o pertenecientes al Cruch. Esta propuesta discrimina a los investigadores de instituciones privadas, además de entregar la asignación de recursos a las burocracias internas de las universidades, en lugar de una competencia abierta y ciega. Se debe buscar que los recursos públicos financien el mejor proyecto, y no el preferido del decano. Además, los recursos Fondecyt, al asignarse directamente a los investigadores, permiten que la gestión y uso de los recursos se haga según el criterio de quien está más cerca de la actividad de investigación y no, nuevamente, de la burocracia. Los fondos concursables son más justos y también más eficientes.

La tercera explicación, y quizás la más evidente, son las prioridades políticas del Ministerio de Educación. El esfuerzo fiscal en el presupuesto está concentrado en financiar la gratuidad en educación superior, y prácticamente todo el resto de las necesidades del sistema quedan en segundo plano. Solo eso podría explicar el grosero y torpe error de congelar los fondos de la Ley de Inclusión, así como también la restricción  de los recursos para investigación. Dado el escenario electoral, solo queda concluir que el gobierno busca a toda costa centrar sus esfuerzos en los réditos políticos que pueda traer la gratuidad, aun cuando ello pueda pasar a llevar prioridades que los científicos chilenos y la OCDE han definido como necesaria para el desarrollo del país.

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Otra vez la Constitución

En política saber leer los tiempos es tan importante como hacer la propuesta adecuada. En el tema constitucional las últimas dos semanas muestran que ni los tiempos ni las propuestas parecen ser las acertadas. Partamos por el problema de oportunidad. Primero el gobierno dijo que enviaría el proyecto de nueva Constitución en octubre. Después Eyzaguirre afirmó que sería en enero. Y ahora se sabe que lo enviarían entre la primera y segunda vuelta. Lo que motiva este confuso itinerario es que algunos en el gobierno creen que eso podría influir en el resultado de la elección presidencial.

Hay, ante todo, cierta candidez; es ingenuo pensar que con la Constitución podrá emularse lo que se hizo hace ya casi dos décadas con las reformas laborales en la elección Lagos-Lavín. A diferencia de lo que ocurrió entonces, ante la reforma constitucional no hay una opción binaria (sí o no), sino que diferencias de matices que, por más profundos que puedan ser, no lograrán generar el mismo efecto. Pero hay más. El uso electoral que intentará hacer el gobierno terminará deslegitimando aún más un proceso que ya está bastante cuestionado. Podría incluso echar tierra sobre la idea misma de cambio constitucional que, hay que reconocerlo, se ha ido extendiendo entre diversos sectores (muestra de esto último es que silenciosamente avanza una moción transversal que aborda algunos temas). Una forma de terminar con la confluencia es polarizando el tema; y es probable que ese sería el efecto que tendría el envío del proyecto con afanes electorales.

Pero en todo esto también hay un problema de contenido. Aunque todavía nadie conoce las sorpresas que nos dará el nuevo texto, la consulta indígena nos mostró algunas. Ahí supimos que “el Estado” llegó a acuerdos con los dirigentes, según consigna la página web del MDS.

También sabemos, como informó La Tercera, que el gobierno ofreció reservar un 10% de los escaños en el Congreso a los pueblos indígenas. Todo esto admite muchas preguntas.

¿Por qué se rompe con la vieja regla democrática de una persona un voto? ¿Por qué optar por una representación étnica y no una ideológica como ha sido la tradición en Chile? ¿Por qué el gobierno intenta comprometer al “Estado”?

Y la pregunta más obvia es si el representante que alguien eligió para negociar acuerdos con los pueblos indígenas es el adecuado: el ministro Barraza, lo sabe bien el subsecretario Aleuy, no tiene problemas en enemistarse incluso con su propia coalición para ganarse el favor de algunos dirigentes.

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